¿Zonas poco francas?

Publicado en el diario La República el 26 de junio de 2008


Algunos analistas económicos afirman que los escenarios de proyección del PIB deben incluir el impacto negativo de la nueva legislación de zonas francas y de los contratos de estabilidad jurídica. En su opinión, esas normas ocasionarán una reducción de los ingresos tributarios y, por lo tanto, obstaculizarán la superación de los problemas fiscales del país.

En realidad, los efectos esperados serán positivos y las razones son sencillas: 1) El régimen actual de zonas francas aplica a inversiones nuevas que amplían la base de contribuyentes. 2) Los beneficios están vinculados a la generación de empleos formales, lo que reduce la informalidad laboral, aumenta los aportes parafiscales y mejora los recaudos por retenciones sobre ingresos laborales. 3) La normatividad es exigente con las empresas existentes que soliciten su inclusión en el régimen franco.

En el caso de estas últimas empresas la legislación señala montos de inversión en cuantías tales que los impuestos esperados no sean inferiores a los que venían tributando; adicionalmente, para ningún caso se permite la inclusión de activos previamente usados en el país. Así, en el peor escenario, los impuestos recaudados serán similares, pero la capacidad de producción de la economía se incrementará.

Con relación a los contratos de estabilidad jurídica, su objetivo es brindar a las nuevas inversiones un seguro temporal relacionado con las variables a las que sea más sensible el negocio y cuya variación podría ocasionar deterioro de las rentabilidades esperadas del proyecto. Solucionan así uno de los problemas que más afecta las decisiones de inversión: la inestabilidad en las reglas de juego.

Colombia tiene una de las tasas nominales de tributación corporativa más altas del mundo, lo que es insostenible en el contexto de una economía globalizada. Por lo tanto, cabe esperar que las tasas tiendan a disminuir en el mediano plazo, en cuyo caso es inocua la protección mediante contratos de estabilidad jurídica. Aun cuando hay empresas que la han incluido en los contratos, su impacto real en los recaudos será marginal teniendo en cuenta esta tendencia.

Tanto las zonas francas como los contratos de estabilidad son instrumentos efectivos de impulso a la inversión que Colombia necesita, como lo demuestran los resultados logrados en el corto tiempo que llevan vigentes.

Con la anterior regulación, después de 50 años sólo se crearon 11 zonas francas en el país. En el tiempo que lleva la nueva legislación se han aprobado 28 con un monto de inversión de US$ 1.900 millones y un potencial de generación de 26 mil empleos directos y 66 mil indirectos. Además hay seis solicitudes en trámite por un monto de US$ 158 millones que pueden generar 11 mil empleos directos y 13 mil indirectos.

A la fecha hay 14 contratos de estabilidad jurídica firmados para inversiones por US$ 1.480 millones y generación de más de seis mil empleos directos y 20 mil indirectos. Además, hay 11 aprobados con inversiones por US$ 1.300 millones y potencial de 7.000 empleos directos y 5.000 indirectos.

En suma, estos dos instrumentos aseguran al país cuantiosas inversiones en los próximos años y ninguna de ellas significa reducción de los ingresos tributarios. ¿Cuántos impuestos pagarán estas inversiones una vez estén operando las empresas ampliadas o nuevas? Además, ¿cuántos impuestos se generarán en las actividades beneficiadas por la demanda adicional de las nuevas empresas?
Un atributo positivo adicional de estas inversiones es que, con toda seguridad, amplían la capacidad potencial de crecimiento de la economía. Esto contribuye a que el país haga sostenibles tasas de crecimiento superiores al 5% como las que tenemos actualmente. Y, por supuesto, una economía que crece sostenidamente a tasas más altas, genera más ingresos tributarios a la Nación.