Aranceles y proteccionismo

Publicado en el diario La República el 9 de diciembre de 2010.


A raíz de la reciente reforma arancelaria, se han generado algunas opiniones que cuestionan los fundamentos del gobierno para adoptarla. Se pone en duda el esperado efecto sobre la competitividad y sobre la tasa de cambio; se sugiere que el objetivo es acabar con el empleo productivo y con algunos sectores estratégicos de la economía. Además, se afirma que sectores como el agropecuario tienen menor protección que la que hay en otros países, especialmente desarrollados, dejando implícito que ese es un argumento suficiente para mantener o incluso fortalecer las barreras comerciales.

La crítica se fundamenta en la forma en que se mide el grado de protección. Se argumenta que al tomar sólo los aranceles se menosprecia el impacto de las ayudas internas que utilizan muchas economías, especialmente las desarrolladas.

En relación con esas ideas, es necesario recordar que la teoría económica tiene sólidos argumentos sobre los efectos negativos del proteccionismo: distorsión en la asignación de recursos, sesgo antiexportador, ineficiencias productivas, baja innovación, rezago en la competitividad y pérdida de bienestar, al forzar a los consumidores a adquirir productos más onerosos y de menor calidad.

Además de los fundamentos teóricos, para la reforma reciente el gobierno realizó ejercicios estadísticos que demuestran su impacto positivo en el crecimiento económico y en la generación de empleos. También comprobó la eliminación de un buen número de casos de protecciones efectivas negativas y adoptó un tratamiento especial con los productos que se definieron como sensibles.

La discusión sobre la medición de la protección puede ser más compleja. La decisión del gobierno tomó como referencia el arancel nominal promedio, considerando que esa medida aproxima bien la posición relativa del país, como se muestra a continuación.

Si la protección sólo se fundamentara en el uso de medidas arancelarias, habría una base homogénea de comparación internacional, pues, a pesar de su variedad, se pueden expresar en términos equivalentes. El problema surge con la proliferación de medidas no arancelarias. ¿Cómo medir las barreras que impone un país al comercio cuando aplica aranceles ad valorem y específicos, cuotas, subsidios, ayudas internas y licencias previas de importación?

Con el fin de solucionar este problema, en las décadas recientes diferentes autores y organismos han trabajado en el desarrollo de índices de restricción al comercio. Recientemente fueron publicados los resultados de una investigación del Banco Mundial liderada por los economistas Hiau Looi Kee, Alessandro Nicita y Marcelo Olarreaga (“Estimating Trade Restrictiveness Indices”, The Economic Journal, January 2009). En ella calcularon el equivalente ad valorem de las diversas formas de protección, incluyendo las ayudas internas.

Los resultados indican que entre los 78 países para los que calcularon el índice, Colombia tiene el séptimo arancel total más alto (21%) y en el arancel para el sector agrícola, 41.7%, es el país 17.

Aun cuando hay algunas economías desarrolladas con arancel agrícola superior al de Colombia (Noruega, Suiza y Japón), el de la Unión Europea y el de Estados Unidos son menores. Este sorprendente resultado, según los autores, se debe a que las medidas no arancelarias imponen una mayor restricción a las importaciones que la que ocasionan las ayudas internas.

Según la Unctad, hasta este trabajo “nunca antes se habían calculado equivalentes ad valorem de forma tan sistemática y extensa”. Se trata, por lo tanto, de una propuesta técnica que está sujeta a debates y a mejoras. Pero en sus primeros resultados ratifica las percepciones y las razones del gobierno colombiano para adoptar la reciente reforma arancelaria.