¿Pésimo Protocolo?

Publicado en el diario La República el 7 de septiembre de 2007


En la exposición de motivos del Protocolo Modificatorio del TLC con Estados Unidos, el gobierno demuestra que éste no altera la esencia del tratado ya aprobado. El mensaje es claro: no pasamos de un TLC malo a uno bueno gracias al partido demócrata; se hacen ciertas precisiones y se obtienen algunas flexibilidades que permiten superar temas controvertidos durante el trámite legislativo del tratado.

Es natural que una decisión de política económica como ésta suscite debates tanto en el Congreso como en diferentes esferas de la opinión pública. Así ocurrió en las sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, en otros escenarios y, seguramente, ocurrirá en las próximas plenarias.

Los debates se han caracterizado por la seriedad y las posiciones bien argumentadas; no obstante, ha pasado por el Congreso uno que otro invitado poco documentado, pronunciando discursos elocuentes pero sin profundidad y criticando por criticar. Algo similar ocurre con ciertos entes que por definición se oponen a cualquier decisión del gobierno y en especial a las negociaciones comerciales.

Uno de ellos divulgó recientemente sus críticas al Protocolo, en un documento lleno de juicios de valor y carente de rigor técnico. En el caso de las nuevas cláusulas que se adicionan al Preámbulo del TLC, el tema es despachado en un corto párrafo; afirma que las exigencias de los demócratas “por si había alguna duda… refuerzan los derechos de los inversionistas”. ¿Eso es malo? ¿Por qué se refuerzan? ¿Cuál es el texto que genera esa interpretación? Silencio total.

La primera cláusula adicionada al Protocolo señala que no se puede conceder a los inversionistas extranjeros mejor trato que a los nacionales. Esto, que es mal interpretado en el documento de marras, es una especie de disciplina de trato nacional al revés. Con esta disciplina el país A se compromete a dar a los inversionistas del país B el mismo trato que da a sus nacionales (lo mismo aplica para los inversionistas de A en B). Pero es posible que el país A dé al inversionista de B mejor trato que al nacional; por ejemplo, exenciones tributarias si invierte en un sector en el que A no tiene la tecnología. Justamente el objetivo de la cláusula es evitar estas discriminaciones, poniendo en pie de igualdad a los inversionistas de ambos países.

Otra perla del documento se relaciona con el tema laboral. Afirman que el comercio internacional se basa en “el trabajo barato y en la degradación de las condiciones laborales”, cuando la experiencia internacional muestra que las empresas exportadoras remuneran mejor a los trabajadores.

Con el TLC y el Protocolo cada país se compromete a cumplir su propia legislación laboral –especialmente la referida a los derechos fundamentales de los trabajadores–, y a no deteriorarla para obtener ventajas en el comercio. De ahí coligen los críticos que para las demás actividades “el gobierno colombiano puede seguir flexibilizando la legislación laboral y empeorando las condiciones laborales”.

Concluyen afirmando que el Protocolo es proteccionista para los norteamericanos: “La ilusión de exportar con mano de obra barata se podrá realizar siempre y cuando los empresarios estadounidenses no sientan esto como una competencia para sus empresarios o la posibilidad de pérdidas de trabajo en su país”. Por lo tanto: ¡El TLC es antiexportador! ¡O sólo habrá exportaciones con mano de obra costosa por parte de empresas que sí cumplan con la legislación!

Nos quedan debiendo una respuesta: ¿El Congreso aprobará una ley que permita al gobierno colombiano mantener una legislación laboral para los exportadores hacia Estados Unidos y otra que viola los derechos fundamentales para el resto?