Reactivación y recuperación

 

Publicado en Portafolio el 28 de agosto de 2020

La caída de -15.7% del PIB de Colombia en el segundo trimestre confirmó los temores sobre los impactos negativos de la pandemia y las medidas de contención. Se esperan mejores resultados en lo que resta del año, para lo cual son cruciales las medidas de política económica.

En esta materia es importante la diferenciación que establecen Carmen y Vincent Reinhart entre reactivación y recuperación (“The Pandemic Depression. The Global Economy Will Never Be the Same”. Foreign Affairs, Vol. 99 No. 5). Es posible que algunas economías empiecen a mostrar variaciones positivas (como ya se observa en China), pero volver al valor del PIB precovid-19 tomará más tiempo; lo primero corresponde a la reactivación, producto de la reapertura de sectores y las políticas fiscales y monetarias expansivas, mientras que lo segundo se refiere a la recuperación. Según estos autores, “en todas las peores crisis financieras desde mediados del siglo XIX, el PIB per cápita tardó un promedio de ocho años en volver al nivel anterior a la crisis”.

El problema es que la “depresión pandémica”, como la denominan los Reinhart, tiene una naturaleza regresiva porque afecta más a las economías en desarrollo y dentro de ellas a los más pobres. Las economías desarrolladas cuentan con sólidas redes de seguridad social y mayor capacidad de uso de la política fiscal, mientras que las economías en desarrollo carecen de esas redes o son muy débiles y el margen fiscal es reducido, cuando no está ya copado.

En todos los países las empresas pequeñas son las más golpeadas y ellas son la fuente de empleo de una gran cantidad de trabajadores que son remunerados con bajos salarios. Pero hay una gran diferencia en el peso relativo de estas empresas entre países; Marcela Eslava muestra que las empresas de menos de 10 trabajadores ocupan cerca del 15% de los trabajadores de Estados Unidos, mientras que en Colombia ocupan el 70% (“El empleo y los cierres por COVID19”).

De lo anterior se colige la importancia de contar con políticas que aceleren la recuperación, pero hay que dar prioridad a las de corto plazo para impulsar la reactivación. El gobierno ha implementado políticas acertadas y oportunas, pero urge fortalecer algunas de ellas.

Por ejemplo, al cierre de julio se habían entregado subsidios a la nómina (PAEF) por un monto de $2,4 billones, otorgados a 132.537 empleadores, que emplean 3,2 millones de trabajadores. Teniendo en cuenta que los empleados formales son alrededor de nueve millones, se deduce que solo el 36% de los trabajadores potenciales tuvo acceso. Y si suponemos que en Colombia hay unos dos millones de empresas y que el 50% son formales, la cobertura hasta el momento es de apenas el 13%; con 86 mil microempresas y 35.000 pequeñas beneficiadas, es evidente que la mayoría de estos segmentos empresariales no ha tenido acceso.

Son justamente las micro y pequeñas las más afectadas por la regresividad de la depresión pandémica; la consecuente destrucción del tejido empresarial repercutirá en formidables retos para restablecer el empleo y mitigar el impacto en la pobreza. Por eso, urge hacer un balance entre hacer mayores esfuerzos focalizados en esas empresas en el corto plazo o asumir los onerosos costos económicos y sociales de un largo proceso de recuperación.

Financiación con vacíos

Publicado en la revista Misión Pyme, No. 92, septiembre 2016

Cuando se mira hacia atrás se puede concluir que el mercado de capitales colombiano ha tenido notables avances: se creó un mercado de deuda pública, hay grandes inversionistas institucionales como los fondos de pensiones y las aseguradoras, se fusionaron las tres bolsas de valores, la supervisión avanzó notablemente y se creó la Superintendencia Financiera, para cumplir las funciones que antes se fragmentaban en la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores.

Aun así, el mercado adolece de grandes fallas, que son más evidentes cuando se comparan en el plano internacional. Basta ver algunos pocos indicadores.

El número de empresas listadas en la Bolsa de Colombia en 2005 era de 107, pero en 2015 se redujo a 74, lo que representa una variación negativa del 30.8%. Por contraste, la bolsa de Brasil aumentó en 1.7% el número, la de Lima en 16.2% y la de Santiago de Chile en 27.5%. Otras registraron caídas, pero de menor magnitud que la de Colombia; es el caso de México (-8.6%) y Buenos Aires (-6.6%).

Adicionalmente, el mercado es altamente concentrado, como lo evidencia el hecho de que en 2014 el 73.9% de la capitalización bursátil total está explicado por las 10 sociedades domésticas de mayor capitalización; este es el indicador más alto entre el grupo de países mencionados. Chile registró el nivel más bajo, con el 45.1%.

Es claro que el mercado de valores no se enfoca solo en la negociación de acciones, sino que abarca una creciente gama de títulos de emisores tanto públicos como privados. En consonancia con esa tendencia, en las últimas décadas se ha registrado un importante crecimiento del mercado de deuda en Colombia.

Pero ese mercado también está altamente concentrado en la deuda pública. En los primeros cinco meses de 2016 los TES representaron alrededor del 81% del total de papeles transados en la bolsa, mientras que la renta variable se acerca al 13% y los bonos al 2%.

Un estudio reciente de la Bolsa de Colombia muestra que el mercado de deuda privada del país es de los más pequeños de la región; el saldo de los títulos de deuda emitidos como porcentaje del PIB representó en 2014 el 6.8%, mientras que en Chile fue el 40%, en Brasil el 32% y en México el 18%. Según los autores, este mercado “todavía se encuentra muy alejado en representatividad como fuente de financiamiento de la economía y… por tanto los beneficios de tener un mercado de deuda privada desarrollado para el país están aún por alcanzarse”.

Estos resultados son de gran interés, dada el papel protagónico que se viene asignando en las últimas décadas al mercado de capitales en la financiación y el desarrollo de las empresas en el país. Ellos reflejan la poca orientación de las empresas grandes a diversificar su estructura de capital bien sea mediante la emisión de acciones o mediante la colocación de bonos de deuda. También dan una clara idea de por qué la financiación empresarial en Colombia sigue esencialmente enfocada en el sistema bancario.

Una consecuencia es la alta concentración del crédito bancario en las empresas más grandes. Los datos de la Superfinanciera muestran que 1.000 deudores reciben el 64% de la cartera comercial de los establecimientos de crédito; por contraste los siguientes 4.000 deudores obtienen el 23% de esa cartera.

Este solo hecho, hace muy difícil el acceso al crédito a la mayoría de las empresas del país, como lo destaca un estudio de la OCDE: “Aunque las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan el 99% de las empresas, el 80% del empleo en el sector privado y el 35% del PIB, sólo reciben el 14% de los préstamos para fines comerciales”.

En este contexto el problema se hace más complejo porque los bancos no son los agentes idóneos para financiar empresas nacientes o en sus primeras etapas de desarrollo. El sistema financiero tradicional maneja el ahorro de la sociedad y ello le exige gran cuidado en el uso de esos recursos y le inhibe de financiar actividades de alto riesgo. Para ello se requieren agentes especializados.

La financiación como un obstáculo al crecimiento de las empresas surge de esas particularidades del mercado de capitales y del sistema financiero tradicional. La superación del problema requiere de la creación de vehículos financieros especializados en la financiación de las empresas con diferentes grados de madurez y diversos niveles de riesgos.

Son necesarios los fondos de capital de riesgo y de capital semilla, junto con incubadoras de empresas, para impulsar el emprendimiento en sus primeras fases. Los ángeles financieros y los venture capital para empresas jóvenes y en fase de expansión. Los fondos privados de inversión para empresas más estructuradas, pero aún en crecimiento. Finalmente, el mercado de capitales para las empresas más maduras. En todas las etapas, o en la mayoría de ellas, el crédito bancario apoyaría la financiación del capital de trabajo.

El acompañamiento de los nuevos vehículos se orientaría a salidas mediante la emisión accionaria, lo que permitiría renovación en el mercado de capitales y fortalecimiento de la renta variable en ese mercado.

Como complemento, hay que fomentar en cambio la cultura empresarial sobre la propiedad de las empresas. El acompañamiento de los vehículos mencionados no implica la pérdida de control y en cambio sí potencia y acelera el crecimiento. Las universidades y el Gobierno deben ser los promotores y protagonistas del cambio cultural.

Por fortuna, ese poblamiento de agentes especializados se viene dando en los años recientes, en buena parte por la implementación de políticas públicas que generan el ambiente adecuado para su desarrollo.

Lo deseable es que se acelere el paso, que se disponga de mayor flujo de capitales y que los empresarios vean en los nuevos vehículos una fuente de crecimiento y no el riesgo de perder el control de las empresas.

Compre Colombiano

Artículo publicado en Misión Pyme No. 50 marzo 2012

El mercado interno es vital para el crecimiento de las mipymes. ¿Pero, por ejemplo, una empresa localizada en Cúcuta cómo puede vender sus productos en Cali? ¿Cómo encontrar distribuidores en el resto del país?

En el “Informe sobre el comercio mundial 2008”, la OMC señala: “El efecto mercado interno establece que un país exportará aquellos productos para los que cuente con un amplio mercado interno. En efecto, ese gran mercado sirve como base para las exportaciones”.

Esto significa que las empresas que logran crecer su producción para atender la demanda interna obtienen economías de escala que les permiten reducir sus costos de producción y ser competitivas en el mercado internacional.

En general, los empresarios de las mipymes no logran tal efecto en Colombia. Este segmento empresarial se enfoca más en el mercado local o en el regional y son escasas las excepciones de empresas que logran presencia amplia en el mercado nacional.

En parte la situación se explica por problemas de información. Muchos empresarios no tienen los mecanismos para establecer los contactos con potenciales compradores de otra región del país, desconocen si los canales de distribución operan de forma similar y cómo insertarse en ellos, no saben cuáles son los gustos de los consumidores en otros departamentos, etc. De esta forma, el tamaño del mercado objetivo es relativamente reducido, lo que limita el crecimiento de las empresas.

Con el fin de solucionar ese problema, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) comenzó a implementar un nuevo instrumento de su política industrial desde mediados de 2011: el programa Compre Colombiano.

Esta iniciativa tiene su antecedente en el cierre del mercado venezolano. Las empresas de los departamentos de frontera empezaron a sufrir el impacto de la abrupta caída de la demanda y la dinámica económica regional se debilitó.

Surgió la idea de reorientar hacia el mercado nacional la producción que antes se exportaba a Venezuela. Entonces el MCIT diseñó una macrorueda de negocios en Cúcuta a mediados de 2010 bajo la coordinación técnica de Proexport, entidad con amplia experiencia en este tipo de eventos aplicados al comercio internacional. La macrorueda fue exitosa y dejó una semilla.

El MCIT resolvió capitalizar esta experiencia y volverla un programa estable. Para ello acordó una alianza con Propaís, Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, con el objetivo de utilizar las macroruedas como un instrumento para el desarrollo de las empresas con base en el mercado interno.

Si, a manera de ejemplo, se va a realizar una macrorueda en Manizales, Propaís hace la promoción entre las mipymes de la región e invita compradores de otros departamentos, interesados en la oferta productiva identificada. Los resultados esperados son la formación de redes de contactos, el conocimiento de los productos locales en otras regiones y, de ser posible, la concreción de negocios.

El éxito ha sido impresionante. En los primeros seis meses de vida de Compre Colombiano se realizaron 11 macroruedas, participaron alrededor de 1.400 mipymes, y se concretaron 6.773 citas en las que se propiciaron negocios –entre cerrados y proyectados– por un monto superior a los $40 mil millones. Para 2012 el objetivo de Compre Colombiano es al menos duplicar esos resultados.

Es hora de que las mipymes obtengan el efecto mercado interno, aprovechando este nuevo instrumento de la política industrial.

¿Exportar para crecer?

Artículo publicado en la revista MisiónPyme No. 32 de febrero de 2010

Las décadas de políticas proteccionistas del modelo sustitutivo de importaciones dejaron en el sector empresarial profundas huellas difíciles de borrar. Una de ellas es la escasa vocación exportadora.

Según el censo económico de 2005 en Colombia hay 1.5 millones de empresas. De ellas, escasamente 11.500 exportaron en 2008; aun cuando el número viene creciendo (en 2000 eran 7.648), sigue siendo bajo para una economía abierta.

Los datos del Dane muestran que sólo 671 empresas (6% del total) registraron exportaciones superiores a US$5 millones y contribuyeron con el 91% del total exportado en 2008. En el otro extremo, 8.842 (79% del total) exportaron menos de US$500 mil por empresa y aportaron escasamente el 2% del valor exportado.

Adicionalmente, la presencia de un buen número de empresas en los mercados internacionales no es estable. Siguiendo la metodología de clasificación de empresas exportadoras de Eaton, Eslava, Kugler y Tybout (“Export Dynamics in Colombia: Firm-Level Evidence”), en promedio, el 44.6% son empresas continuas (exportaron en tres años consecutivos), mientras que el restante 55.4% son entrantes o salientes.

Cabe preguntarse por qué es importante aumentar el número de empresas exportadoras y lograr mayor estabilidad en los mercados internacionales. La respuesta tiene una dimensión macroeconómica y una microeconómica.

En la dimensión macroeconómica, hay un impacto notable en el proceso de producción y de logística para la exportación que contribuye a la generación de valor agregado y empleos. Si, por ejemplo, Colombia produjera café únicamente para consumo interno, habría empleo directo para 50 mil familias en el sector rural; pero con la producción de excedentes para exportación se emplean 500 mil familias.

Y el efecto no para ahí, pues el impacto más importante es servir como vehículo de acceso a las importaciones. Sin exportar, el país no podría comprar bienes, servicios, tecnología y conocimientos que no produce; y no acceder a ellos implicaría un creciente rezago frente al resto del mundo.

En la dimensión microeconómica, es crucial tener conciencia del impacto de la globalización en la fragmentación de los procesos de producción. Hoy en día muchos productos son la suma de partes producidas en diferentes regiones del mundo. Los empresarios deben entender que realizar todo el proceso de producción “bajo un mismo techo” es algo que va quedando obsoleto.

En este contexto las mipymes tienen grandes ventajas. Son más flexibles, pueden aprovechar economías de escala y adoptar más rápidamente las nuevas tecnologías.
Para aprovechar esas oportunidades, Bancoldex, Proexport y las cámaras de comercio realizan una labor de formación de exportadores y el gobierno está simplificando los trámites de exportación y asegurando mercados con los TLC. Queda entonces en manos de los empresarios la decisión de insertarse en las cadenas globales de valor, ampliar sus horizontes y crecer más.

BPO… portunidades a la vista

Publicado en la revista MisiónPyme de diciembre de 2008

BPO&O es la sigla en inglés de Business Process Outsourcing and Offshoring. Esas palabrejas se suelen traducir como “tercerización” de servicios de las empresas.

El avance de la tecnología de comunicaciones y de transporte, y la reducción de sus costos, está repercutiendo en el mundo globalizado en un cambio estructural en la forma de producir bienes y servicios: la fragmentación geográfica de los procesos de producción.

Un creciente número de sectores y empresas están separando etapas de sus procesos de producción y concentrándolas en un solo sitio geográfico, al tiempo que algunas de ellas son contratadas con otras empresas (son “tercerizadas”) ubicadas en economías subdesarrolladas. De esta forma, las empresas vuelven más eficientes sus procesos de producción y reducen costos; y en los países receptores se crean nuevas empresas que generan riqueza y empleos de calidad.

Así, por ejemplo, en la India hay empresas que llevan la contabilidad de compañías norteamericanas, o que atienden a los clientes de todo el mundo de una aerolínea o que transcriben datos médicos para un hospital de un país desarrollado.

El economista Alan Blinder calculó para Estados Unidos la cantidad y los tipos de trabajos que podrán moverse en el futuro hacia otras regiones de la tierra. Dividió los trabajos en dos grupos: servicios personalizados y no personalizados. En los primeros, el prestador necesariamente debe ubicarse en el mismo sitio que el consumidor; por ejemplo, los peluqueros y los taxistas. En los segundos, no es necesaria la presencia física del prestador; por ejemplo, interpretación de exámenes médicos y atención al cliente.

Con base en esa taxonomía, Blinder estima que alrededor de 30 millones de trabajos se moverán desde Estados Unidos hacia el resto del mundo. Y McKinsey calcula que las oportunidades de negocios en ese mercado valdrán US$90 mil millones en 2012.

¡Qué tal si lográramos traer a Colombia uno o dos millones de esos trabajos! Hay que atraer los que más se pueda y hay que moverse rápido, pues otros países están en la competencia por ellos.

Colombia ya está dando pasos concretos para hacerlo. En la estrategia de transformación productiva, que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, uno de sus pilares es el desarrollo de sectores nuevos y emergentes; su implementación se basa en alianzas público-privadas, en las que gobierno, empresas y academia trabajan empujando para el mismo lado.

El BPO es uno de los sectores incluidos en esa estrategia. Actualmente se está construyendo el plan de negocios y se cuenta con una identificación de las tareas necesarias para mejorar el entorno de negocios.

Dado que en el país es incipiente el desarrollo del BPO, el sector se concentra en las tareas de menor complejidad; pero la idea es evolucionar hacia las más complejas y de mayor valor agregado.

Hay campos muy adecuados para las PYMES y buenas oportunidades para crecer.

Las mejores mipymes

Publicado en el diario La República el 3 de julio de 2008


La financiación es un obstáculo que impide el desarrollo de las mipymes. El problema está relacionado con dos aspectos: el reducido tamaño del sector financiero y la inexistencia de instituciones especializadas en los altos riesgos implícitos en la orientación de recursos hacia empresas nuevas.

La literatura económica ha demostrado la correlación que existe entre el tamaño del sector financiero y el potencial de desarrollo de un país. De ahí se han derivado muchas políticas para impulsar el desarrollo del sistema bancario y del mercado de capitales.

Menor interés se ha puesto en el desarrollo de fondos de capital de riesgo y otras instituciones que ofrecen capital a las empresas en sus primeras etapas de crecimiento.

Consciente de estos hechos, el gobierno viene implementando las políticas que permitan ampliar y diversificar la oferta de financiación para las mipymes. Entre ellas sobresale la orientada al establecimiento de un entorno adecuado para la creación del sector de fondos de capital privado; se espera que en una etapa posterior, surja el segmento de fondos de capital de riesgo.

Pero también es importante adelantar labores desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué pasa si crecen los recursos disponibles y no hay quién los demande? ¿O si hay empresas que demandan los recursos pero no cumplen con los requisitos que exigen las instituciones especializadas?

Con el propósito de avanzar en el componente de demanda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con el diario La República y Acopi, está construyendo un indicador de las mejores mipymes del país. El indicador es un ranking de las 50 empresas jóvenes –definidas como aquellas de menos de 20 años de edad– con mayor crecimiento en las ventas durante los últimos cuatro años, independientemente de su sector de actividad. El supuesto implícito es que ellas están ubicadas en un nicho de mercado de alto crecimiento y que son competitivas, dado que mantienen su ritmo de crecimiento en el periodo de análisis. También es evidente que en las empresas que tienen estas características la financiación es una variable crítica.

Puesto que uno de los requisitos para formar parte del índice es la manifestación expresa del interés en recibir recursos de fondos de inversión, se cumple con el objetivo de hacer visibles para esas instituciones al grupo de las mejores mipymes del país.

Los fondos de inversión hacen aportes de capital a las empresas, ampliando su patrimonio. La ventaja de esta forma de vinculación es que no afectan el flujo de caja, como lo hace un préstamo tradicional, y aumentan el potencial de crecimiento de la empresa. Además, le permite a las empresas aprovechar aún más la ventaja de estar en un nicho de mercado dinámico.

Usualmente los fondos de inversión mantienen su participación en las empresas alrededor de cinco años. Consideran que ese tiempo es suficiente para apalancar el crecimiento y la valorización, lo que les permite realizar sus ganancias, bien sea mediante la venta al empresario o a otro inversionista o, en el mejor de los casos, emitiendo acciones en el mercado de capitales. Queda al final una empresa más grande, aprestigiada, con mayores opciones de financiación y con facilidad de acceso al mercado de capitales.

Son grandes las ventajas de tener una mayor diversificación en las fuentes de capital a que pueden acceder todos los sectores de la actividad económica. Y la economía se beneficia porque mejoran el potencial de crecimiento de las empresas y su contribución al incremento del PIB y a la generación de empleos formales. Colombia necesita que las mejores mipymes sean visibles y se postulen para integrar el índice.

Sistema financiero “completo”

Publicado en el diario La República el 20 de febrero de 2008


Colombia tiene un sistema financiero “incompleto”. Al tener un mercado de capitales muy pequeño y un reducido número de instituciones especializadas en la financiación de firmas nacientes y jóvenes, toda la presión de la demanda de recursos se enfoca en la banca, que es la principal fuente de financiación para las empresas y las familias. Muchas empresas que no tienen acceso al crédito bancario se ven supeditadas a financiarse con recursos propios, crédito de proveedores y el mercado extrabancario, lo que termina restringiendo sus posibilidades de crecimiento.

Los gobiernos de los últimos 40 años han tratado de cambiar esta estructura, buscando el desarrollo del mercado de capitales. Se han realizado múltiples diagnósticos del problema, tanto públicos como privados, mediante estudios, seminarios, consultas a expertos internacionales y gran cantidad de libros y artículos.

De ellos se han derivado numerosas recomendaciones, varias de las cuales se han plasmado en decisiones de política económica: incentivos tributarios, eliminación de las diferencias tributarias entre sociedades, supresión de la doble tributación, leyes de democratización accionaria, leyes que privilegian la participación de trabajadores en los procesos de privatización, establecimiento de inversionistas institucionales (fondos de pensiones y cesantías), creación de un mercado “balcón” para empresas medianas y pequeñas, fomento al gobierno corporativo en empresas en las que invierten los fondos de pensiones, simplificación de trámites en la emisión de bonos y normas sobre acciones preferenciales, entre otras.

Aún así, el mercado de capitales sigue siendo incipiente. Se logró un desarrollo importante del mercado de deuda pública y, en menor grado, del de deuda privada. Pero en el mercado accionario los resultados son desalentadores: el número de empresas que cotizan en bolsa pasó de más de 180 a comienzos de los años noventa a un poco más de 100 actualmente y muy pocas de ellas son de alta bursatilidad.

Esto no sería problema si tuviéramos un sector financiero grande. Pero el indicador de profundización financiera muestra que es pequeño para las necesidades de desarrollo del país. Además, la crisis de finales de la década anterior lo redujo aún más.

Tal vez el problema radica en el enfoque de los diagnósticos sobre el mercado de capitales. Ellos han tendido a centrarse en las empresas maduras y poco o nada en las empresas nacientes. Esto, desde luego permitió eliminar diversos obstáculos, pero muchas empresas mantuvieron sus preferencias por el crédito bancario y la baja “exposición” de la propiedad en el mercado accionario. Tendríamos que explicarnos por qué pocas empresas nuevas llegan a la bolsa y qué está pasando con la oferta de capital para ellas.

En los países con sistemas financieros “completos” existen ángeles financieros, fondos de capital de riesgo, fondos de inversiones y otras instituciones especializadas en la financiación de empresas nacientes y en desarrollo, además de los bancos y los mercados de capitales con amplia diversidad de instrumentos. Por eso la estructura de capital de las empresas puede ser más diversificada.

En los gobiernos recientes se ha trabajado en la creación de un entorno favorable para el desarrollo institucional que aumente la oferta de capital a las empresas nuevas. El microcrédito ha tenido particular impulso y empiezan a hacer presencia los fondos de capital de riesgo y de capital semilla. Además, el gobierno busca canalizar el interés de los fondos de inversión hacia mipymes con alto potencial de crecimiento.

Esas políticas, complementadas con el fomento al emprendimiento y la orientación de la educación superior a la formación de empresarios, pueden propiciar el crecimiento de un mayor número de empresas que potencialmente estén mejor preparadas para el mercado de capitales. ¿Lograremos un sistema financiero “completo”?

Trabajo como barrera no arancelaria

Publicado en Ámbito Jurídico el 3 de diciembre de 2007


Hay una protuberante contradicción entre quienes por criticar el TLC con EE UU no dudan en pasar por encima de otros temas que vienen defendiendo. Tal es el caso del capítulo laboral del tratado y la necesidad de mejorar la calidad del empleo en Colombia.

Los niveles de informalidad bordean el 60% del empleo en el país, con profundas repercusiones negativas tanto en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, como en la productividad del país. Los cálculos de McKinsey indican que la productividad laboral en el sector informal del país equivale al 6% de la productividad laboral de EE UU, mientras que la productividad del sector formal equivale al 41%. El problema es grave pues la brecha entre los dos países se viene ampliando en las últimas décadas.

Las hipótesis de mayor aceptación sobre las causas de la informalidad apuntan a las cargas parafiscales sobre la nómina, los incentivos perversos que generan las políticas asistencialistas (reducen las alicientes a buscar un mejor empleo) y la evasión de impuestos por parte de las empresas. Los empleados informales no cuentan con prestaciones sociales ni protección frente a los riesgos laborales y, con frecuencia, no reciben la remuneración mínima legal. De ahí que tirios y troyanos estén en desacuerdo con estas prácticas y propendan por la formalización de la economía y la mejora en las condiciones laborales de los asalariados.

¿Qué dice el TLC en materia laboral? ¿Va en contra de ese anhelo de un mejor empleo para los colombianos? En términos generales el tratado apunta en su capítulo laboral a tres objetivos: incorporación de los acuerdos de la OIT sobre derechos fundamentales de los trabajadores en la legislación nacional; observancia de la propia legislación laboral; y, compromisos para no deteriorarla con el propósito de obtener ventajas comerciales. Es evidente que su contenido está en armonía con los planteamientos ya señalados sobre eliminación del trabajo informal.

No obstante, en los debates para la aprobación del TLC y del protocolo modificatorio surgió la exótica hipótesis de que el capítulo laboral creará barreras no arancelarias para las exportaciones colombianas hacia los EE UU.

La hipótesis tiene la siguiente secuencia: 1. El protocolo modificatorio suprimió el mecanismo de consulta en el capítulo laboral para la solución de inconvenientes en la implementación del tratado; por lo tanto, éstos irán directamente al mecanismo general de solución de controversias. 2. Es evidente la carencia de herramientas para que el Gobierno asegure la efectiva aplicación de las leyes. Como ejemplo se menciona que la legislación prohíbe la explotación del trabajo infantil, pero todos los días en cualquier calle de nuestras ciudades se ven niños trabajando. 3. No hay forma de que las mipymes cumplan con la legislación laboral por lo onerosa que es. 4. Las exportaciones de las mipymes serán atacadas por los empresarios de EE UU, argumentando ante el mecanismo de solución de controversias el incumplimiento del capítulo laboral. 5. Se impondrán sanciones pecuniarias o comerciales a Colombia, lo que impedirá las exportaciones de las mipymes a los EE UU. Conclusión, el capítulo laboral es una barrera no arancelaria al comercio.

Varios problemas hay con la hipótesis de marras. En primer lugar, no es cierto que se hayan eliminado las consultas en el capítulo laboral; siguen existiendo las consultas cooperativas y las decisiones del Consejo de Asuntos Laborales –integrado por los ministros del ramo– como un paso obligado antes de ir al órgano general de solución de controversias. La lectura cuidadosa del párrafo 7 del artículo 17.7 –como quedó en el protocolo modificatorio– permite comprobarlo: “Ninguna de las Partes podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias conforme a este Acuerdo por un asunto que surja en relación con el presente Capítulo sin haber intentado previamente resolverlo de acuerdo con este Artículo”.

En segundo lugar, llegar a una sanción pecuniaria o comercial no es tan sencillo, pues no basta con que una empresa incumpla la legislación; tiene que ser un problema persistente y relativamente ampliado. Así lo señala el artículo 17.3, tal como quedó con el protocolo: “Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral… por medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo”.

En tercer lugar, la hipótesis no es consistente con el objetivo de reducir la informalidad. En últimas, la hipótesis dice implícitamente que las mipymes exportadoras no cumplen la legislación laboral y, por lo tanto, son informales. También dice que el Gobierno cometió un error al asumir el compromiso de hacer cumplir la legislación laboral porque pone en riesgo el acceso de las empresas informales al mercado de EE UU. Lo primero es parcialmente cierto, en tanto que lo segundo, además de absurdo, es falso.

Si el Gobierno no tiene herramientas para hacer cumplir la ley y las empresas se escudan en ello para deteriorar las condiciones laborales de los empleados, no se puede concluir que se está creando una barrera no arancelaria. Lo que es importante y urgente es corregir la situación, acudir a mecanismos de cooperación laboral, como los previstos en el tratado, y superar los problemas de informalidad. ¿O es que los autores de la hipótesis piensan que se puede eliminar la informalidad sin forzar el cumplimiento de las leyes?

Mipymes en Bolsa

Publicado en el diario La República el 17 de octubre de 2007


Décadas de discusión, estudios y decisiones sobre el mercado de capitales en Colombia, dejan resultados poco alentadores. No se pueden desconocer los avances en el mercado de deuda pública y privada, pero el accionario sigue de capa caída; el número de empresas en bolsa disminuye y son muy pocas las acciones de alta bursatilidad.

¿Por qué no aparecen nuevas empresas en bolsa? Dos elementos explicativos pueden ser la tipología de empresarios y la oferta de capital disponible.

Los empresarios en Colombia son de tres clases: los silvestres, los del rebusque y los formados. Los primeros tienen dotes innatas y han levantado a pulso importantes empresas; generalmente son reacios a compartir la propiedad y poco gustan de inscribir en bolsa sus empresas.

Los segundos son aquellos que no encontraron empleo o fueron despedidos de sus trabajos después de varios años y usaron los ahorros o la indemnización en la creación de empresas; las tasas de fracaso son elevadas, usualmente el crecimiento se frena por baja disponibilidad de capital y rara vez llegan a la bolsa.

Por último, están aquellos que han tenido la fortuna de ser parte del cambio de enfoque de algunas universidades que, en vez de formar empleados, se han preocupado por formar potenciales empleadores. A diferencia de los anteriores, los formados valoran la revelación de información a los mercados y son proclives a compartir la propiedad de la empresa para apalancar su crecimiento. Lamentablemente son la minoría.

Es evidente la importancia de la educación en la formación de emprendedores y su impacto en el número de empresas que se inscriben en bolsa. Los países desarrollados entendieron que los empresarios se pueden formar desde temprana edad y por eso en la Unión Europea hay directrices sobre la enseñanza de temas empresariales desde la primaria. En Colombia esta formación es incipiente, no generalizada y concentrada en la educación superior.

Con relación a la disponibilidad de capital, el problema estriba en escasa diversificación de la oferta, baja profundización financiera del país y concentración de la cartera bancaria. El país no cuenta con una adecuada oferta especializada en empresas nacientes y en primeras etapas de desarrollo; además, la financiación extrabancaria, que es frecuente en las mipymes, es un lastre para su crecimiento.

La evidencia empírica internacional muestra una relación directa entre el tamaño del sector financiero y el desarrollo económico. En Colombia el sector, además de ser pequeño, se redujo con la crisis financiera de finales de los noventa; mientras que en 1997 la cartera era 39.7% del PIB, en 2007 se estima en 29.7%.

Puesto que los empresarios silvestres y los del rebusque prefieren la financiación bancaria, absorben la mayor parte de la oferta de crédito, quitando espacio a las mipymes nuevas. Según la Superfinanciera, 5.000 empresas concentraron el 74% de la cartera comercial del sector financiero en marzo de 2007, dejando sólo $15.8 billones para atender la demanda de 1.388.712 empresas.

El país viene mejorando el ambiente para el florecimiento de fondos de capital de riesgo y fondos privados. Así, la Asociación Latinoamericana de Fondos de Capital de Riesgo destaca cómo “Colombia ha visto la creación de varios fondos nuevos bajo la Resolución 470 de 2006, relacionada con el establecimiento de fondos de capital privado”. Además, ya existen algunos fondos de capital de riesgo y Bancoldex iniciará un fondo de capital semilla de $2 mil millones… Pero se necesitan muchos fondos más.

Con una oferta diversificada de capital para la expansión de empresas jóvenes y con mayor número de empresarios formados –ojalá desde la primaria–, cabe esperar un mercado accionario más profundo en el mediano plazo.

Adiós Mipymes

Publicado en Ámbito Jurídico el 13 de agosto de 2007

Una de las etapas que se surten para la adopción de medidas de política económica es la revisión de experiencias internacionales. Es un procedimiento válido y útil, salvo en los casos en que el país es el innovador mundial en una política. El proceso tiene en cuenta que no hay países perfectos y que el objetivo no es convertir a Colombia en un clon de otro país. El estudio de experiencias permite aprender de las políticas que han dado buenos resultados, corregir los problemas de implementación y evitar los efectos no deseados.

En los debates sobre el TLC viene ocurriendo algo muy particular, pues algunos contradictores se van lanza en ristre contra las experiencias internacionales que menciona el gobierno, por considerarlas inadecuadas; no obstante, no dudan en acudir a ellas para favorecer sus posiciones. El problema estriba con frecuencia en la debilidad argumental, basada en el discurso político sin sustento en hechos mensurables.

Es el caso de los efectos esperados del TLC sobre el sector de las mipymes (alrededor del 97% de las empresas colombianas). Los opositores no sólo califican de “ridículo” al presidente de Acopi, por afirmar que las pymes son ganadoras en el TLC, sino que vaticinan la “barrida” de este segmento empresarial; su argumento se basa en la experiencia mexicana que ocasionó la presunta desaparición de 250 mil empresas y el crecimiento del empleo únicamente en la actividad de maquila, bajo condiciones de “envilecimiento” de la fuerza laboral.

Cierto es que la evaluación de los impactos del NAFTA en México es fuente de controversia. En parte por la persistencia de diversos problemas estructurales de vieja data, el profundo deterioro de los indicadores macroeconómicos y sociales como resultado de la crisis del tequila, y la carencia de algunas políticas complementarias al proceso de integración –a un Secretario de Hacienda se le atribuye la frase: “La mejor política industrial es no tener política industrial”–. Y en parte porque no se consultan las cifras que ponen en contexto real la experiencia mexicana y que muestran que dista de ser el estruendoso fracaso pregonado por algunos.

En el caso que nos ocupa, las cifras oficiales no avalan los argumentos de los críticos sobre el impacto en las mipymes. Los censos económicos indican que el total de empresas de México aumentó de 2.2 a 3.0 millones entre 1993 y 2003. Lejos de desaparecer 250 mil empresas, su número se incrementó en alrededor de 800 mil; curiosamente la mayor parte de ese crecimiento (78%) se registró entre 1993 y 1998, a pesar del impacto negativo del efecto tequila.

La evaluación por tamaños de empresa revela que entre 1999 y 2003 las grandes empresas perdieron participación (de 0.3% a 0.2% del total) y que, por lo tanto, las mipymes la aumentaron. No se tuvo acceso a los datos desagregados del censo de 1993 para hacer la comparación por tamaños de empresas, pero se puede colegir que las mipymes no fueron “barridas” entre ese año y 1999. Según el censo de 1999, el número de empresas grandes era 8.474; cualquiera que haya sido su crecimiento, es evidente que alrededor del 99% del aumento en el número total de empresas es explicado por las mipymes.

Con relación al empleo, la primera referencia a su evolución es la tasa de desempleo. Su nivel era de 2.4% en 1993; con la crisis del tequila se elevó hasta cerca del 5% y actualmente está 3.3%.

Las cifras para el periodo 1998–2004 muestran que el número total de ocupados se incrementó en 3.6 millones de personas, con una tasa media anual de crecimiento superior a la de la población –los datos más recientes no son directamente comparables con los del periodo mencionado–. Sin incluir el sector agropecuario, que registra una tendencia descendente en la ocupación, el aumento fue de 4.3 millones de empleos; de ellos, el 54% son explicados por las microempresas, el 22% por las empresas grandes y el 13% por las empresas pequeñas.

La actividad de la maquila creció el número de empleos en 448 mil puestos entre 1996 y 2006, de los cuales el 73% correspondió a obreros. Estos niveles, si bien son inferiores a los registrados en el año 2000, vienen creciendo desde 2003. Las variaciones acumuladas reales de las remuneraciones a los obreros de la maquila fueron del 19% durante el periodo mencionado y las de las prestaciones sociales y contribuciones patronales del 20.9%. Aun cuando en algunos años las variaciones reales fueron negativas han sido más que compensadas por los años con variación positiva.

Contrario a lo esperado por los contradictores, los datos anteriores evidencian la utilidad de las experiencias internacionales en el análisis de la política económica. Permiten corroborar que las mipymes no tienen por qué ser “barridas” en los procesos de integración, que su participación en el número de empresas, en el mercado y en la generación de empleo puede aumentar, y que las remuneraciones reales de los sectores vinculados al comercio internacional pueden mejorar. También permiten apreciar lo fácil que es lanzar juicios de valor sin consultar con la realidad.