Populismo económico

 

Publicado en Portafolio el 10 de abril de 2026

Frente a los eslóganes populistas no hay argumento técnico que valga. No obstante, trataremos de mostrar algunos elementos para entender la situación reciente.

Uno de los equilibrios básicos en economía se relaciona con el gasto público y la inflación. Si el gobierno gasta más que sus ingresos, la diferencia (déficit fiscal), debe financiarse, teniendo en cuenta la capacidad de pago y la confianza de los prestamistas.

Este gobierno ha crecido el gasto de forma exagerada aumentando los impuestos a las empresas y la deuda del país. El crecimiento del gasto ocasionó el déficit primario (ingresos menos gastos antes de pago de la deuda) más alto de las últimas décadas. Problema uno: se ha concentrado en gastos de funcionamiento (más burocracia) y no en inversión para mejorar el bienestar de la población. Por esto, los inversionistas internacionales ven con recelo los niveles de endeudamiento público.

Problema dos: la inversión privada crece poco. Esto ocurre porque el gobierno considera a los empresarios privados enemigos del pueblo; además de subirles los impuestos, la persecución está acabando con el sector de la salud, tiene al país al borde del apagón, el sector minero-energético se está marchitando, la construcción se estancó con la eliminación del subsidio a la vivienda social y cayó la inversión extranjera directa. Por esos cambios en las reglas de juego, la inversión está en uno de los niveles más bajos en décadas y esto nos condena a mediocres tasas de crecimiento.

Problema tres: el fortalecimiento de las presiones inflacionarias. Otro equilibrio básico en la economía es el de la oferta y la demanda. Cuando el gobierno crece las nóminas de burócratas de forma desaforada, aumenta el salario mínimo a tasas exorbitantes sin justificación técnica y regala primas adicionales a los maestros, impulsa la demanda por encima de la capacidad de respuesta de la oferta.

Si este gobierno tuviera control total de la política monetaria, sería feliz imprimiendo dinero a manos llenas y bajando las tasas de interés con el argumento populista de fortalecer el crecimiento. Las experiencias de muchos países muestran que eso solo genera hiperinflaciones, desempleo y crisis económicas. Justamente, el banco central autónomo existe para evitar esos deslices del populismo. La respuesta lógica a la irresponsabilidad en el manejo fiscal es el aumento de las tasas de interés para evitar que la inflación se salga de cauce. Aun cuando esta política tiene un impacto positivo mayor en el bienestar de la población en el mediano plazo, sus argumentos no venden tanto como los de tildar de neoliberales y vendidos al capital financiero a todos los que tengan la firmeza de decirle NO a las barbaridades que propone el gobierno. La autoridad monetaria autónoma debe ser respaldada.

¿Se reactivó la economía?

 

Publicado en Portafolio el 21 de noviembre de 2025

La economía creció 3,6% en el tercer trimestre de 2025 y 2,9% en año corrido. Sin duda, un buen resultado y es útil conocer sus fuentes y la posibilidad de recuperación del crecimiento.

El 59,5% del crecimiento de la demanda interna en año corrido lo aportó el gasto de los hogares y 23,1% el gasto del gobierno; la formación bruta de capital solo aportó el 9,8% y escasamente representa el 17% del PIB.

Es notorio el aporte del gobierno; su gasto final se incrementó 14,2% anual en el tercer trimestre, que es la mayor variación en lo corrido del siglo XXI. Muy llamativo en un escenario de crisis fiscal y sin implementación de un programa de reactivación económica. Una de las posibles explicaciones a ese incremento sin precedentes es la Ley de Garantías Electorales, que empezó a regir desde el 8 de noviembre para el periodo electoral que se avecina. Los datos de la Contraloría, con base en Secop, muestran que el valor promedio de los convenios y contratos interadministrativos entre enero y agosto fue de $2,1 billones; ellos se duplicaron a un promedio de $4,0 billones en septiembre y octubre. Este efecto continuará en el último trimestre del año, pues en los primeros siete días de noviembre se comprometieron $9,0 billones; de ellos $6,1 billones se suscribieron un día antes de la entrada en vigencia de la mencionada ley; pero es evidente que esta fuente de crecimiento bajará en 2026.

El consumo de los hogares creció 4,2% anual y es el más alto desde 2022 para el tercer trimestre. A ello han contribuido los elevados incrementos del salario mínimo y el notable repunte de las remesas, que en el primer semestre ascendieron a USD6.400 millones con un crecimiento anual del 114%. El presidente anunció que el salario mínimo crecerá 11% para 2026; de ser así, se podría prolongar su impacto en la demanda. Las remesas podrían crecer teniendo en cuenta la notable salida de colombianos en los últimos años, pero podrían reducir su crecimiento con las restricciones que pretende imponerles Trump.

El problema con esas fuentes de crecimiento de la demanda es su incompatibilidad con la inflación, como ya lo hizo notar el Banco de la República. En los últimos cuatro meses la inflación aumentó y con ella las expectativas de incremento de la tasa de interés de política monetaria. Puesto que el crecimiento de la inversión es bajo, la productividad sigue estancada y los problemas fiscales se acrecientan, debemos aterrizar en un mundo en el que en los próximos años el rango de crecimiento estará entre 2.5% y 3,0%. Seguiremos sin ver el retorno a variaciones del PIB superiores al 4%.

El Petroaño 2024

 

Publicado en Portafolio el 16 de enero de 2025

En su balance del 2024, Petro afirmó que la economía creció 2,9% en octubre. Esa hábil manipulación esconde que el aumento esperado del PIB en 2024 es del 1,9% y que seguimos lejos del crecimiento deseado (más de 4%), porque a este gobierno le quedó grande diseñar y poner en marcha un plan de reactivación económica por el que clamó el país en el último año y medio.

Además, a Petro se le olvidó mencionar el desastre económico al que el Gobierno del Cambio está llevando al país, y que la mayor pérdida de bienestar recae en la población más vulnerable. Veamos algunos hechos protuberantes.

La decisión de eliminar el programa Mi Casa Ya, frustra el anhelo de vivienda propia de muchos hogares y prolonga la crisis de la construcción residencial, que es gran empleador de mano de obra no calificada.

El gobierno no pagó los subsidios por servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3; la deuda de 2024 asciende a $2,7 billones en energía y $628 mil millones en gas. Esta deuda explica el apagón en Puerto Carreño el 2 de enero. Además, ya empezamos a importar gas para el consumo de los hogares, lo que sumado a los errores de la Creg ocasionará altos incrementos de tarifas en toda la población.

El famoso chuchuchu, que agudizó la crisis de la salud, ocasionó en 2024 el cierre de 1.200 IPS, escasez de medicamentos, demoras en las citas médicas y aplazamientos de procedimientos quirúrgicos. Como consecuencia, el gasto de bolsillo de las familias está creciendo, pero, mientras la población de altos ingresos puede asumirlo, los más pobres no.

La Paz Total realmente es el Fracaso Total. Las bandas criminales operan en 24 departamentos y “gobiernan” en muchas regiones mientras el Gobierno del Cambio está cruzado de brazos. Un ejemplo del debilitamiento del Estado en 2024 fue el paro armado impuesto en el Chocó, uno de los departamentos más pobres, justo cuando vivía una emergencia por la ola invernal.

Gustavo Bolívar anunció la eliminación de los subsidios de “Colombia sin hambre", y los estudiantes que se financian con Icetex ven riesgos en la continuidad de sus estudios.

El país está ad portas de una crisis fiscal por el despelote en el manejo del presupuesto. Recortan subsidios, pero crece la burocracia; el déficit fiscal y el endeudamiento alcanzan niveles sin precedentes, y los analistas ven crecientes riesgos de sostenibilidad.

Por último, creció la corrupción. No fue solo la UNGRD para comprar congresistas, con recursos asignados a regiones pobres, sino que denunciar ante la fiscalía un caso que involucra al presidente de Ecopetrol y al hijastro de Petro, le costó el puesto al ministro Bonilla.

Difícil reforma tributaria

 

Publicado en Portafolio el jueves 21 de marzo de 2024

El 29 de diciembre el presidente Petro ofreció tramitar una reforma para “bajar de 35% a 20% el impuesto de renta corporativa”. Lo que pocos se han preguntado es cuánto valdría esa reducción y cómo se compensaría para no afectar negativamente las finanzas del gobierno central.

En una entrevista con Yamid Amat, el ministro de Hacienda afirmó que “cualquier punto que se baje en el impuesto de renta corporativo significa 2 billones de pesos”. Esto significa que los 15 puntos que el presidente ofreció rebajar equivalen a $30 billones de pesos, es decir, 1,5 veces el recaudo esperado de la reforma tributaria de 2022.

Pero en la mencionada entrevista, sin ninguna explicación, el ministro Bonilla bajó el ofrecimiento a cinco puntos (de 35% a 30%), afirmando que así se rescata el artículo contenido en el proyecto de ley de la reforma tributaria de 2022, que no fue aprobado por el Congreso. Esto reduce de $30 a $10 billones la pérdida de recaudo por el impuesto a las empresas y es el monto en el que debe incrementarse la tributación de las personas naturales, para que el efecto neto en el recaudo sea nulo.

Aun así, no luce fácil crecer la tributación de las personas naturales cuando el propio gobierno se impuso unas líneas rojas que dejan poco margen de maniobra. Ya se incrementaron notablemente las cargas de las personas con ingresos superiores a $10 millones mensuales y según el ministro no se tocarán más; además, es difícil que aumenten los gravámenes de los ingresos menores a ese monto o que amplíen la base del impuesto de renta bajando el actual umbral de la retención en la fuente.

El IVA es una fuente potencial; según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023, explica el 71,5% del costo fiscal de los gastos tributarios del 2022, que equivale a $82 billones. Sin embargo, el gobierno difícilmente tocará este impuesto, pues considera que hacerlo, por ejemplo eliminando exenciones, sería en beneficio de los más ricos.

Los impuestos al patrimonio y a los dividendos y los beneficios sectoriales son de alta sensibilidad para los empresarios, por lo que cualquier modificación plantearía un arduo debate. Otro tema es el que plantea Bonilla sobre los gastos que hacen las empresas y que constituyen parte de la compensación a los dueños o a los ejecutivos; pero ellos son un tema de fiscalización más que de reforma tributaria.

Por último, hay grandes riesgos en el trámite de una reforma tributaria. En el actual escenario de crecientes preocupaciones por el potencial incumplimiento de la regla fiscal, surgirán muchas tentaciones para incrementar las cargas de los mismos contribuyentes de siempre.

El intrincado camino del déficit fiscal

Publicado en la Revista Fasecolda No. 175, octubre de 2019

El FMI ve poco probable el escenario que plantea el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 (MFMP-2019) y, en cambio, considera necesaria la realización de una reforma tributaria que permita impulsar el crecimiento para seguir construyendo una sólida base económica.  

El MFMP-2019 fue presentado el pasado mes de junio, con el sorprendente anuncio de que no serán necesarias más reformas tributarias y que tampoco se utilizaría el margen del déficit fiscal que aprobó el Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Esta flexibilización se dio en consideración al impacto ocasionado en el gasto por la avalancha de venezolanos que están huyendo del desastre económico de su país. El Ministerio de Hacienda cree que no será necesario el trámite de más reformas tributarias y expone los siguientes argumentos:

• La inversión aumentará como respuesta a la exención del IVA a las compras de bienes de capital, establecida en la Ley de Financiamiento. La mayor inversión repercutirá en más altas tasas de crecimiento económico y, por esa vía, en el recaudo de impuestos. 
• La focalización del gasto público. Los subsidios cruzados en los servicios públicos se basan en la estratificación socioeconómica, pero ella no es adecuada y conduce a situaciones en las cuales reciben subsidios familias que no los deberían recibir y quedan por fuera hogares que por su nivel de pobreza sí los necesitan. Adicionalmente, el mal diseño repercute en un déficit acumulado financia-do por el Gobierno; esta situación debe corregirse de forma que los segmentos de mayores ingresos financien la totalidad del subsidio a los más pobres y así se puedan reducir sustancialmente los aportes del Presupuesto General de la Nación. 
• En general, los cálculos de la Dirección Nacional de Planeación (DNP) indican que el Gobierno colombiano asigna más de $70 billones anuales en subsidios y los diagnósticos muestran que parte de ellos son regresivos, como ocurre en los casos de pensiones y educación. La propuesta es, por lo tanto, corregir esas malas asignaciones y reducir su impacto fiscal.  
• Enajenación de activos. El Gobierno es propietario de 105 empresas y participaciones accionarias con un valor patrimonial de $70 billones a diciembre de 2017. Se propone salir de aquellas inversiones que no están aportando la rentabilidad social requerida, con el fin de financiar la inversión en bienes públicos de mayor beneficio. 
• La reforma y modernización de la DIAN, sumada a la implementación de la factura electrónica. Se busca mejorar la tecnología que utiliza la DIAN e incrementar el personal vinculado a las labores de auditoría, de forma que se reduzcan la evasión y la elusión.
• Por último, se plantea un programa de austeridad que contribuya a reducir la presión de gastos.

Hasta el momento, entidades como ANIF y Fedesarrollo no ven probable ese escenario planteado por el Gobierno y consideran que es riesgoso jugarle a él. En particular, esas entidades y otros analistas han planteado inquietudes con relación a la enajenación de activos.

Por un lado, el tiempo se agota para contar con los recursos de privatizaciones para 2019 y el Gobierno no ha anunciado un programa que indique las empresas y participaciones que serán enajenadas, los mecanismos a utilizar, los cronogramas previstos, el uso que se hará de los recursos, etc. El problema es que el MFMP-2019 prevé que por este concepto deben ingresar recursos equivalentes al 0,6% del PIB; esto es, unos $6,2 billones. Si no se obtienen, el Gobierno tendrá que hacer un ajuste muy drástico en los próximos meses o se incumpliría la meta del déficit fiscal, del 2,4% del PIB. Adicionalmente, para 2020 las privatizaciones se prevén en el 0,8% del PIB y en el proyecto de Ley del Presupuesto para ese año el Gobierno ha hecho público un faltante de $8 billones.

Por otro lado, hay preocupación por la probabilidad de acudir a procedimientos heterodoxos para la enajenación y para la forma de contabilización de los recursos que ingresen por ese concepto. No sería muy claro ni fácil de aceptar que el Gobierno contabilice los recursos de las ventas de activos como ingresos y no como financiación, que es la recomendación del manual del FMI, o que se realice una venta de activos entre empresas públicas para darle liquidez al Gobierno.

En una nota reciente, un economista miembro del equipo del FMI que evalúa la economía de Colombia (Article IV Consultation) manifiesta inquietudes con relación a las perspectivas de las cuentas fiscales del país (Emilio Fernández-Corugedo, «El delicado equilibrio fiscal de Colombia»). Aun cuando no lo menciona de forma expresa, por el contenido se colige que en ese organismo no comparten el optimismo del Gobierno en el MFMP-2019 con relación al cumplimiento de la senda trazada por la regla fiscal y, además, no hacen referencia a los temas de privatizaciones y su contabilización.

El primer aspecto que destaca el economista es que las presiones de gasto se mantienen, especialmente por su rigidez, y a ellas se suma el ocasionado por la migración venezolana, que el FMI cuantifica en el 0,4% del PIB para 2020.

El segundo aspecto es que, dado que el Gobierno optó por no aplicar la recomendación del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que le permite un mayor déficit en 2019 y los años siguientes, es necesario contar con ingresos adicionales.

El tercer aspecto es la necesidad de una reforma tributaria, en particular porque las últimas no han proporcionado los ingresos suficientes. Esa reforma, como lo plantea el informe de la última evaluación de la economía colombiana, debe aumentar los ingresos entre un 2% y un 3% del PIB.

Al señalar las limitaciones que persisten en las finan-zas, se sugiere indirectamente cuál debería ser el norte de esa reforma, tal como se formuló en las recomendaciones del último informe de evaluación realizado por el FMI: ampliación de la base tributaria de la renta de personas, supresión de los regímenes preferenciales para las empresas, aumento de la base del IVA y sistema de transferencia a los hogares vulnerables para compensar el pago de este impuesto. También se respalda la mejora en la eficiencia de la DIAN con la modernización de sistemas y la implantación de la factura electrónica. 

Son evidentes las coincidencias entre estas apreciaciones del economista del FMI y las contenidas en los informes de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública.

En síntesis, mientras el Gobierno considera que "el panorama fiscal está despejado", los analistas privados ven con reserva ese optimismo y el FMI señala que en materia fiscal Colombia enfrenta un "delicado equilibrio". Los argumentos que esgrime el Ministerio de Hacienda para sustentar su visión son razonables e incluso deseables, pero los riesgos que se asumen son muy altos, por los tiempos que toman algunas de las propuestas y por el difícil cumplimiento de otras. Quizás habría que mantener esa línea, pero sin desechar las recomendaciones del FMI y de los analistas económicos.

La migración venezolana: un tsunami

Publicado en la Revista Fasecolda No. 174.

El tema de la migración venezolana sigue ganado espacios en los medios de comunicación y en las redes sociales. Además, a las principales ciudades del país arriban cada vez más familias de esa nacionalidad, en un flujo que no parece tener fin.

Aun así, hay indicios de que no hemos captado la real dimensión del problema. Una aproximación la brindan las finanzas públicas. Recientemente el Comité Consultivo para la Regla Fiscal, considerando el impacto del choque migratorio, flexibilizó la meta del déficit fiscal para este y los próximos años. No obstante, para la mayoría de los colombianos esa es una decisión que, además de que solo la entiende un reducido grupo de iniciados, poco y nada les dice sobre el volumen de migración.

El objetivo de este artículo es resaltar la importancia que tiene el choque migratorio y destacar su magnitud frente a fenómenos similares en el contexto mundial.

Migrantes y refugiados en el mundo

En la literatura especializada, el concepto de migrante se refiere a las personas que se movilizan desde su lugar de residencia hacia otras partes del mismo país o hacia otros países. 

Hay casos en los que el movimiento de personas no se da por voluntad propia; algunos deben salir de su hábitat tradicional para proteger su vida y la de sus familias, como consecuencia de hechos políticos, económicos, sociales, culturales y naturales. A esa figura se le clasifica como desplazamiento forzado; si la población afectada se mueve a otra región dentro del mismo país, se denomina desplazamiento interno y si es hacia otro país, se identifican como refugiados.

La publicación más reciente de las Naciones Unidas (Acnur, 2018) indica que el stock de migrantes ascendió a 258 millones de personas en 2017 (gráfico 1), con una tasa media anual de crecimiento del 2,4%, que duplica la tasa de crecimiento de la población mundial. El 58% de ellos llegó a las economías desarrolladas.

En el caso del desplazamiento forzado, según Naciones Unidas, en 2017 el stock llegó a 68,5 millones de personas, de los cuales 40 millones corresponden a desplazamiento interno, 25,4 millones a refugiados y 3,1 millones a personas que están solicitando asilo.

Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos, con un stock de 7,7 millones de personas en 2017, explicados por el conflicto interno. Le sigue Siria con 6,2 millones de desplazados, como consecuencia de la guerra civil que asola a ese país desde 2011. El tercer lugar corresponde a la República Democrática del Congo, con 4,4 millones de personas.

Con relación a los refugiados, el primer puesto lo ocupa Siria, por la mencionada guerra civil, con 6,3 millones de personas (gráfico 2). El segundo lugar lo ocupa Afganistán y el tercero Sudán del Sur. Sumando a ellos a Myanmar y Somalia, estos cinco países contribuyen con el 68% de los refugiados.

La evidencia empírica muestra que, en general, los refugiados tienden a concentrarse en los países vecinos a aquel del cual están saliendo; esto se explica por afinidades culturales, históricas y de idioma, entre otros factores.

En el caso de Siria, el 80,4% de los refugiados se ubicó en tres países vecinos: Turquía, Líbano y Jordania; en el de Afganistán, el 89,3% en dos países: Pakistán e Irán. Un hecho importante que se deduce de ese comportamiento es que la mayor parte del problema de los refugiados se refleja en las economías en desarrollo más que en las desarrolladas. Las estadísticas muestran que las 10 economías desarrolladas que reciben más refugiados apenas captan el 12% del total; Alemania que es la primera, no alcanzaba a un millón de personas en 2017, mientras que Turquía, Pakistán y Uganda superan ampliamente esa cifra (Cuadro 1).

Migración venezolana

La Organización Internacional de Migraciones y Acnur (R4V, 2019) calculan que a marzo de 2019 el total de venezolanos refugiados y migrantes asciende a 3,7 millones de personas. El grueso de esa población se concentra en Colombia y Perú (32,4% y 19,7%, respectivamente).

Dos aspectos emergen de esas cifras. Por un lado, no se discrimina el número de refugiados del de migrantes, lo que refleja las dificultades de recolección de datos en el caótico proceso de salida de Venezuela. Por otro, los analistas dan por descontado que esa cifra subestima el número real, porque no se cuenta con sistemas estadísticos adecuados, especialmente en países como Colombia que tienen una tradición de cierre frente a la migración; a ello hay que adicionarle que la frontera colombo–venezolana abarca un poco más de 2.200 kilómetros con innumerables puntos de paso de un país a otro.

Un grupo de economistas venezolanos utilizó la información de las cuentas de Facebook para expatriados, con el propósito de hacer una estimación del número de migrantes; de paso, lograron estimar la composición por edades, excluyendo los menores de 13 años (Santos, 2018). Con esa metodología calculan que hasta diciembre de 2018 habían salido de Venezuela 4,9 millones de personas mayores de 13 años; se estableció, adicionalmente, que a Colombia llegaron 1,6 millones (32,4% del total), a Estados Unidos 705 mil (14,5%) y a Perú 630 mil (12,9%) (cuadro 2).

Varios aspectos sobresalen en esos resultados. En primer lugar, aun cuando se trata de cálculos mediante herramientas no convencionales, se fortalece la presunción de que hay una subestimación de la migración, que podría superar el 30%. En segundo lugar, mientras que en la primera fuente se verifica la tendencia a migrar hacia los países vecinos, en la segunda aparece Estados Unidos en segundo lugar, con un porcentaje importante. En tercer lugar, se corrobora que Brasil es un caso que rompe con la idea de migrar al vecindario, pues el número de migrantes que ha recibido es insignificante, según ambas fuentes: 96 mil en la primera y 86 mil en la segunda. La explicación podría radicar en la barrera del idioma.

Para el caso de Colombia el tema es crucial, toda vez que es el principal receptor. Un documento de Migración Colombia (2018) calcula que los menores de 17 años representaban el 15% de los migrantes venezolanos. Aplicando la misma relación a la estimación de Santos (2018), indicaría que el país recibió 1,8 millones de personas hasta diciembre de 2018.

Es evidente la diferencia que conlleva diseñar una política para atender 1,2 o 1,8 millones de personas. De ahí la urgencia de desarrollar e implementar mediciones más adecuadas de la población migrante que está llegando a Colombia.

Conclusiones

Colombia está frente a un verdadero tsunami. Esto se comprueba al comparar los datos de los migrantes que han arribado con las estadísticas internacionales; el país no solo se perfila como el segundo receptor de refugiados a nivel global, sino que la oleada reciente registra una dinámica muy superior a la de casos como el originado por la guerra civil de Siria.

A ese hecho hay que adicionarle que Colombia registra 7,7 millones de desplazados del conflicto y que tiene 14 millones de trabajadores en la informalidad. En ese contexto, y dado el perfil educativo de los migrantes y la situación de pobreza en la que están llegando, hay que reducir el optimismo frente a las bondades teóricas que se esperan de la migración en materia de crecimiento económico, aumento de la productividad y fortalecimiento del emprendimiento.

Queda claro que el problema es muy superior al que se ha calculado hasta ahora y que los impactos económicos y sociales de corto plazo pueden ser más negativos de lo que se prevé. El gobierno debería dar mayor prioridad al tema, antes de que se convierta en un lastre para la recuperación de la actividad económica.

Referencias

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR (2018). Tendencias globales. Desplazamiento forzado 2017. Ginebra, Suiza. Recuperado de: https://www.acnur.org/5b2956a04.pdf

Migración Colombia (2018). “Todo lo que quiere saber sobre la migración venezolana y no se lo han contado”. Recuperado de: http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/Todo%20sobre%20Venezuela.pdf 

R4V – Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (2019) “Refugiados y Migrantes Venezolanos en la región, hasta marzo de 2019”. R4V, 11 de abril. Recuperado de: https://r4v.info/en/documents/details/68962

Santos, M.A. (2018). “¿Cuántos son y qué perfil tienen los venezolanos en el exilio? Una aproximación a través de Facebook”. Recuperado de: https://prodavinci.com/cuantos-son-y-que-perfil-tienen-los-venezolanos-en-el-exilio-una-aproximacion-a-traves-de-facebook/

La reforma que quiso ser estructural…

Publicado en la revista Fasecolda No. 173 - 2019

Con el trámite de la Ley de Financiamiento el país perdió otra oportunidad de avanzar en la dirección correcta para superar los problemas de las finanzas públicas.

El concepto de reforma estructural está tan trillado que ya nadie sabe a qué se refiere. En ese contexto, es útil tener como referencia una definición. En Colombia una reforma tributaria estructural debe ser aquella que supere los problemas de fondo que tienen las finanzas públicas, tanto del lado del gasto como del ingreso; ella debe brindar a los contribuyentes unas reglas de juego estables, con el fin de superar el “pico y placa tributario” (ya se da por hecho que en los años pares hay reforma).

Son numerosos los estudios técnicos que han hecho recomendaciones sobre el abanico de medidas que se deben adoptar para tal fin. Los más recientes son los dos libros que recogen las conclusiones de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria y de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública. Todos estos documentos brindan al gobierno una carta de navegación para llevar a buen puerto las finanzas y recuperar el poder de la política fiscal como un instrumento de redistribución del ingreso y como política contracíclica cuando sea necesario.

Un pasito p’lante y dos para’trás

El proyecto de ley de financiamiento tal como fue presentado por el gobierno al Congreso, si bien distaba del ideal reflejado en los libros de las Comisiones, contenía elementos que permitían avanzar en la dirección correcta: reducción de las exclusiones y exenciones al IVA, ampliación de la base del impuesto de renta, reducción de las tasas corporativas y exención del IVA a las compras de bienes de capital, entre otras.

Pero los objetivos se perdieron a las primeras de cambio. Los débiles argumentos técnicos, pero poderosos desde el punto de vista político, sobre la supuesta regresividad de gravar con IVA la canasta de consumo, llevaron al partido de gobierno a unirse al coro de opositores. Por eso, muy pronto fue descartada esa modificación con la que el gobierno esperaba recaudar cerca de $7 billones. 

De ahí para adelante, los políticos se tomaron el liderazgo del proyecto de ley y aplicaron su creatividad sin fundamento técnico, para terminar aprobando una reforma que muestra “cómo no se debe legislar en materia tributaria”, según Horacio Ayala, exdirector de la DIAN. En otras esferas fue calificada como un “Frankenstein tributario” y algunos la ven como una exótica “ley de desfinanciamiento”.

Todos esos calificativos surgieron por el contenido final de la ley. De una parte, redujo la tarifa de renta corporativa tres puntos adicionales a los que preveía ya la reforma tributaria de 2016 (se calcula que cada punto reduce los ingresos en 0.8% del PIB). De otra, no solo dejó intactas las muchas exenciones y tratos preferenciales, sino que creó otras adicionales al impuesto de renta: a la economía naranja, por 7 años; al aumento en productividad del sector agropecuario, 10 años; al aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, hasta 2036; a la venta de energía eléctrica con fuentes alternativas (eólica, biomasa, etc.), 15 años; al transporte fluvial en embarcaciones de bajo calado, 15 años; y, además, estabilidad jurídica para las “mega-inversiones” (del orden de US$300 millones y creación de 250 empleos), con un impuesto de renta preferencial del 27%. Por último, estableció una sobretasa al impuesto de renta de las entidades financieras, sustentada mediante el curioso argumento de que es un sector al que le ha ido muy bien. 

2019: Problemas que vienen y van

La Ley de Presupuesto General de la Nación fue aprobada por un monto de $259 billones y según el propio gobierno, en sus proyecciones de ingresos hacían falta $14 billones para financiarlo; pero la Ley de Financiamiento, apenas le dará el 50%. De ahí surge la pregunta sobre cómo se van a conseguir los recursos faltantes para 2019.

Según el “Plan financiero 2018” esa porción se va a cubrir con la venta de activos públicos. Según el Conpes 3927 el gobierno es dueño o tiene participación en 109 empresas; no obstante, los procesos de privatización toman tiempo. La opción de corto plazo es vender el 8,5% de Ecopetrol, con base en la autorización de la Ley 118 de 2006; por esta vía se podrían obtener entre $9 y $10 billones. Hace unos meses el Ministro de Hacienda mencionó esa posibilidad, pero recientemente el presidente de Ecopetrol afirmó que él no ve la necesidad de esa venta y que, además, podría tomar dos años.

En ese contexto, si persiste la opinión del ministro, habría que tener en cuenta varios aspectos. El primero, que esos recursos deberían orientarse a inversión y no a gastos de funcionamiento. El segundo, que la fuerte sensibilidad de la opinión pública será aprovechada por ciertos políticos para torpedear la venta. El tercero, si la venta requiere de dos años, no sería una solución al problema de corto plazo.

Una opción es la austeridad, pero ella tiene límites. El año anterior el gobierno tuvo que congelar gastos para cumplir con el déficit previsto en la regla fiscal. En el presente, el Ministro Carrasquilla congeló $14 billones del presupuesto y está dando recursos a cuentagotas a las entidades públicas. Aun cuando en el trámite de la Ley de Presupuesto el gobierno hizo esfuerzos para no reducir la inversión, lo más probable es que se vea precisado a echar para atrás ese propósito.

Otro aspecto a tener en cuenta es que se prevé un incremento del 10,5% en los ingresos tributarios, con base en un crecimiento del PIB de 3,5%. Esta proyección es más optimista que la del sector privado, pues Fedesarrollo y Anif le apuestan al 3,3% y la media de los analistas privados al 3,0%. Además, el panorama mundial es de desaceleración, por lo que probablemente las proyecciones de Colombia se revisen a la baja en el transcurso del año, tornando irreal el incremento esperado del recaudo tributario.

Por último, los fallos a las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Financiamiento pueden agravar los problemas fiscales del gobierno.

2020: La espada de Damocles

Varios analistas calculan que la Ley de Financiamiento acentúa la tendencia descendente de los ingresos del Gobierno Central. Según Anif, en 2020 la Ley genera un faltante de 0,1% del PIB, que seguirá aumentando hasta el 0,5% en 2022 (cuadro 1). Para Fedesarrollo, el déficit fiscal estimado en 2020 es de -3,2% del PIB, cuando el proyectado en la regla fiscal es de -2,2%, y seguirá ampliándose hasta generar una brecha de casi dos puntos del PIB en 2022 (gráfico 1).

El interrogante es cómo se financiará el 2020. Lo más viable sería presentar una ley de presupuesto con menor gasto, es decir, con mayor austeridad. Esa sería una condición necesaria para no tener que tramitar una reforma tributaria este año y postergarla hasta el entrante.

El problema adicional es que las calificadoras están muy pendientes de lo que pasa con las finanzas públicas. Moody’s destacó la incapacidad para superar las rigideces fiscales estructurales y su preocupación porque afectan la capacidad de respuesta del gobierno a choques externos y dificultan el cumplimiento de la regla fiscal. Fitch se sumó a esta última posición y considera poco probable el cumplimiento de la meta de déficit de 2020.

No patear la pelota

Es evidente que Colombia debe solucionar pronto su problema fiscal. El margen de maniobra se cerró, está en riesgo la calificación de los bonos soberanos y ya no se puede seguir pateando la pelota hacia adelante.

El círculo vicioso en que cayó el país, de hacer reformas tributarias cada dos años sin que se logre una que sea realmente estructural, tiene graves consecuencias que es necesario poner a la vista: hay inversionistas extranjeros que prefieren no venir a un país con tan alta inestabilidad en las reglas de juego de la tributación; la política fiscal perdió su potencial redistributivo y seguimos con una de las peores distribuciones del ingreso del mundo; los subsidios están mal focalizados y perpetúan la informalidad; los impuestos territoriales siguen sin espacio para una reforma que también es urgente; y, finalmente, le seguimos dando largas a la reforma pensional, mientras el 80% de las personas en edad de jubilación no tiene acceso a una pensión.

Solo cabe esperar que la próxima reforma sí logre ser estructural.

Problema fiscal a la vista

Publicado en Portafolio el viernes 22 de junio de 2018

El principal problema económico que recibe el nuevo gobierno es la situación fiscal. El panorama es cada vez más lóbrego, tanto en los ingresos como en los gastos.

La complejidad del problema se refleja en los cambios que introdujo recientemente la Comisión Consultiva de la Regla Fiscal (CCRF), al permitir un mayor déficit fiscal como meta para los próximos años y aplazar su convergencia al déficit estructural de -1.0% del PIB desde 2020 hasta 2027.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, el Gobierno reconoce que a pesar de la caída del PIB potencial, como consecuencia de la contracción de la inversión, la recuperación de la economía ha sido más lenta de la esperada y, como consecuencia, se amplió la brecha negativa del producto.

Lógicamente, el menor crecimiento del PIB repercute en ingresos tributarios más bajos que los proyectados y generan dificultades para financiar el presupuesto. Pero la presión era mayor a la estimada, porque se suponía una elasticidad unitaria de los ingresos tributarios no petroleros, cuando en realidad es mayor, como lo reconoció la CCRF al adoptar ahora una elasticidad de 1.15. Esto explicaría parte de las afugias del Gobierno para alcanzar las metas de 2017 y 2018.

A pesar de estos ajustes al déficit fiscal, Fedesarrollo sostiene que los menores ingresos esperados harán muy difícil el logro de las metas revisadas, y, si no se adoptan los correctivos necesarios, el déficit será muy superior.

Es este el panorama que las calificadoras de riesgo están siguiendo con mucha atención. Según Mauro Leos, de Moody’s, el “espacio fiscal” de Colombia ha tendido a agotarse en los años recientes; esto, porque la deuda gubernamental como porcentaje del PIB aumentó en más de 10 puntos y, además, el pago de intereses como porcentaje de los ingresos también está creciendo.

El nivel del “espacio fiscal” de Colombia no corresponde al de las otras economías de la región que tienen grado de inversión, sino a las que tienen grado especulativo. En semejante escenario, el nuevo Gobierno tiene muy poco margen de maniobra para permitirse la ampliación del déficit y su financiación con deuda.

La opción sería una fuerte reducción de gastos, aún más drástica que la implementada desde el choque petrolero, pero su rigidez le pone límites. Leos señala que el 85% del presupuesto de Colombia está amarrado a gastos “obligatorios” y que en el Índice de Flexibilidad del Gasto sólo superamos a Costa Rica y Brasil, países que tienen grado especulativo. Además, a la inversión pública, que ha sido el comodín del ajuste en los programas de austeridad, ya no le queda mucho margen para mayores recortes, a lo cual habría que sumar su efecto negativo en el PIB potencial.

En síntesis, la única opción viable es tramitar una reforma estructural, para cambiar el balance de la carga tributaria entre empresas y personas naturales, y las reformas al gasto, que aumenten su flexibilidad y mejoren su eficiencia. Los pasos a seguir están planteados en los informes de las Comisiones de Expertos y del Gasto y en numerosos documentos técnicos de expertos nacionales y extranjeros.

No aprovechar el capital político al comienzo del Gobierno para hacer las reformas, puede tener funestas consecuencias para Colombia en el mediano plazo.

La reforma estructural ya comenzó

Publicado en Portafolio el 26 de octubre de 2015

La mayoría de los colombianos no nos dimos cuenta, pero la reforma tributaria estructural comenzó por donde menos se esperaba: por la reducción de los ingresos del Gobierno.

En efecto, la caída del precio internacional del petróleo desplomó la renta petrolera del Gobierno; ella está conformada por los impuestos de renta y CREE petroleros y los dividendos que le corresponden de las utilidades de Ecopetrol. Mientras que en 2013 la renta ascendió a $23.6 billones y representó el 19.7% del ingreso total del Gobierno Nacional Central, en 2016 apenas llegará a $3.3 billones, equivalentes al 2.5% del total. Para tener una referencia de lo que esa contracción significa, basta recordar que el recaudo estimado de la reforma tributaria de 2014 asciende a $12.5 billones.

Esta reducción de los ingresos es estructural por tres razones. Una, porque se estima que los precios internacionales del hidrocarburo se mantendrán bajos en los próximos años. Dos, porque Colombia solo cuenta con seis o siete años de reservas de petróleo y se espera que la producción se mantenga alrededor de un millón de barriles diarios. Tres, porque el drástico recorte de inversión en Ecopetrol y en las demás empresas petroleras limita la exploración y baja la probabilidad de nuevos hallazgos que incrementen las reservas.

El Gobierno afrontó la caída estructural de los ingresos en 2015 con recursos de la reforma tributaria de 2014, recortes de gasto y mayor endeudamiento; de esta forma, el déficit fiscal se revisó al alza de 2.4% a 3.0% del PIB. En 2016, se presupuestó mayor reducción del gasto y más deuda, con un déficit proyectado de 3.6% del PIB.

El problema no termina ahí, pues desde 2019 disminuye el gravamen a los movimientos financieros y el CREE (que aumenta hasta 2018 para compensar la reducción y eliminación del impuesto a la riqueza). Además, para ajustarse al déficit estructural establecido en la Ley de Regla Fiscal, se requieren más ingresos desde 2020. Por último, las proyecciones del Gobierno se muestran optimistas con relación a la renta petrolera, que aumenta del 0.4% del PIB en 2016 a 0.8% desde 2017; esa cifra parece poco probable, dados los escenarios de precios y producción ya mencionados.

Este panorama plantea grandes retos. El Gobierno no puede usar la flexibilidad de la regla fiscal aumentando la deuda permanentemente, por el riesgo de perder credibilidad en el manejo de las finanzas públicas. Tampoco tiene margen para aumentar ingresos mediante otra reforma fiscalista por la elevada tasa efectiva de tributación que hoy se aplica a las empresas.

Por lo tanto, es imperativo seguir ajustando por el lado del gasto; pero no con la inversión, que ha sido la sacrificada hasta ahora, sino con los gastos de funcionamiento, acometiendo las reformas que rompan la rigidez que los caracteriza. También hay que revisar los incentivos a la exploración petrolera.

Por último, el Gobierno tiene el compromiso de adelantar una reforma tributaria estructural que disminuya la elevada tasa efectiva de tributación de las empresas, que hoy actúa como un lastre sobre su competitividad.

De cómo se enfrenten estos retos, depende en gran medida la posibilidad de que la economía retome la senda que la llevó a ser una de las estrellas del crecimiento en América Latina.

El centavo para el peso

Publicado en el diario La República el 4 de agosto de 2011

Como suele suceder con la política económica, la reforma arancelaria adoptada a finales del año anterior fue de buen recibo para unos segmentos del empresariado y de la opinión y sometida a una lluvia de críticas por otros.

Entre las críticas, se censuró el uso de la clasificación Cuode como base, porque presuntamente es obsoleta; y se dijo que el déficit fiscal se iba a incrementar en un billón de pesos y que el país se iba a llenar de productos importados que acabarían con la producción nacional.

No existe clasificación perfecta, por lo que siempre hay margen para la crítica; pero los críticos no ofrecen un criterio serio y riguroso que sustituya o mejore el propósito del gobierno de tener un referente técnico lo más objetivo posible. Justamente reconociendo las imperfecciones de la clasificación, se han realizado dos ajustes a la reforma de noviembre de 2010.

Con relación al presunto hueco fiscal que se iba a generar con la reforma, los hechos muestran lo contrario. Por la dinámica de las importaciones, los recaudos, lejos de caer, crecieron 5.7% anual en el acumulado entre noviembre de 2010 y mayo de 2011.

Por lógica elemental, una reducción de aranceles debería ocasionar una caída del recaudo; así lo esperaba el gobierno, aun cuando en menor cuantía a la sugerida por algunos analistas, pues parte de la reducción sería compensada por el impacto positivo del mayor crecimiento del PIB en la tributación. Pero como el recaudo creció, el resultado ahora es interpretado como evidencia de enfermedad holandesa y aceleración de la desindustrialización.

¿Acaso se llenó el país de productos importados? Esta crítica pareciera comprobarse con el notable crecimiento que registran las importaciones. No obstante, basta ver su tendencia durante los últimos años –no sólo en Colombia, sino en cualquier país del mundo–, para entender que ellas van de la mano de las exportaciones. A medida que crecen estas últimas, el país tiene mayor capacidad de compra en los mercados internacionales, lo que permite la adquisición de los bienes, servicios y tecnología que no se producen localmente o que se producen en cantidades insuficientes para atender la demanda interna.

Así, en el acumulado a mayo las exportaciones están creciendo al 36% anual y las importaciones al 41%, a la vez que se registra un superávit de US$1.763 millones en la balanza comercial.

Los análisis periódicos que elabora el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para hacer seguimiento a la reforma arancelaria no han detectado un cambio estructural en el comportamiento de las importaciones, a partir de noviembre de 2010. Sólo en un tipo de producto se registró un salto atípico entre abril y mayo de 2011, pero es prematuro afirmar si es un cambio estructural; es necesario esperar a los resultados de los meses siguientes para precisarlo.

En cambio se observa que las importaciones de bienes de capital y de insumos crecen más que las de bienes de consumo, de donde resulta endeble el argumento de desindustrialización inducida por la reducción de los aranceles. Esto último lo corrobora el buen crecimiento de la producción industrial y las positivas expectativas de los empresarios en las encuestas de opinión, tanto de la Andi como de Fedesarrollo.

En las decisiones económicas del gobierno los analistas continuamente perciben que “faltó un centavo para el peso”; esto es parte de la naturaleza de la política económica, pues ella no ocasiona los mismos efectos en todos los agentes económicos. En plata blanca eso significa que siempre hay razones para criticar. Desde luego los comentarios y las críticas son parte esencial de la construcción de buenas políticas, pero algunos críticos parecen adoptarlas como profesión y no como contribución.