¿Leer o no leer?

 

Publicado en Portafolio el 17 de septiembre de 2025

La influencer española María Pombo encendió una polémica que traspasó fronteras, al afirmar: “…que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima, no sois mejores porque os guste leer”.

El debate tomó unas dimensiones y unas direcciones inusitadas. Me llamó la atención lo que opinaron algunos escritores. Juan José Millás afirmó: "Yo estoy de acuerdo. Para leer hay que estar mal”. Sergio del Molino dijo: “algunas de las peores personas que he conocido en mi vida eran lectores voraces. Algunas, incluso, eran críticos literarios. La grandeza de leer es que no sirve para nada, es un vicio perfectamente inútil y solitario, tan egoísta como absurdo”. Juan Esteban Constaín señaló: “La historia está llena de casos, de hecho, en los que la lectura y la ilustración fueron un estímulo de la perversidad y el retorcimiento de quienes las cultivaban, tanto peores cuantos más libros había en su biblioteca”.

Creo que esas apreciaciones individuales son obvias; ser buena persona o mala persona, en últimas, no demanda ser lectores. El gran vacío que percibo en el debate es el de las implicaciones sociales de la lectura. ¿Tendrá algo que ver la comprensión lectora con la capacidad de desenvolverse en las sociedades modernas?

En diciembre pasado la OCDE publicó los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta (PIAAC), que evalúa lectura, matemáticas y resolución adaptativa de problemas. Su importancia radica en que “estas competencias permiten que una mayor parte de la población participe de manera más eficaz en los procesos sociales, económicos y democráticos, contribuyendo al bienestar colectivo”.

Colombia lamentablemente no participó en ese programa. Los resultados de Chile, nos sirven como referencia, pero considerando que podríamos estar peor; en las pruebas de lectura de PISA 2022, aplicado a jóvenes de secundaria, Colombia quedó de 55 mientras Chile quedó de 38.

Chile ocupó el último lugar entre los 31 países del PIAAC y en lectura, el 53% de los adultos quedó en nivel 1 o inferior; en Finlandia, que ocupó el primer lugar, solo se ubicó el 12% de sus adultos. Siendo generosos, las personas en ese nivel escasamente entienden lo que leen. En los niveles superiores solo quedó el 2% de los adultos de Chile, y el 35% de los de Finlandia. En esos niveles las personas pueden entender textos complejos y hacer inferencias.

En este contexto, creo que el debate internacional debe pasar de lo anecdótico a la preocupación de gobiernos como el de Colombia por proveer a los ciudadanos con unas mejores competencias para la vida en el mundo actual; sin duda, la comprensión lectora es una de ellas, fundamentada en la calidad de la educación.

Del pesimismo al optimismo

Publicado en Portafolio el viernes 19 de junio de 2020

La reciente actualización de las “Perspectivas económicas” de la OCDE es más pesimista en su proyección del PIB de Colombia para el 2020 que la del consenso de los analistas privados: -6,1% y -4,0%, respectivamente. En cambio, para el 2021 es más optimista sobre la recuperación esperada (4,3% y 3,7%).

La OCDE también incluye un escenario en el que podemos agravar la crisis con la indisciplina social, que se materializaría en una “segunda ola” de la pandemia; en esa situación, el PIB caería -7,9% este año y apenas crecería 2,8% en el próximo.

Sin duda, estamos en la crisis económica más profunda de Colombia desde la Gran Depresión, pero podríamos salir rápidamente de ella, aun cuando no hay acuerdo entre los economistas sobre los efectos del desmonte de las restricciones impuestas por el covid-19. Para algunos, poco servirán las inyecciones de liquidez y el impulso a la demanda con mayor gasto público, porque los patrones de consumo cambiarán radicalmente. Las familias ahorrarán más, debilitando la demanda, por incertidumbre en la estabilidad de sus ingresos en el futuro y porque no se sabe cuándo terminará la pandemia.

Para otros, la recuperación será rápida, justamente porque no se trata de una crisis de demanda ni de capacidad de las empresas para crecer su oferta. Lo ilustra el caso de China, cuyo PIB disminuyó -6,8% en el primer trimestre de 2020, pero ha respondido pronto al desmonte de la cuarentena y las restricciones de movilidad; su PMI manufacturero, que cayó más que en el periodo de la crisis mundial de 2008-2009, ya volvió por encima de 50, que es el nivel de referencia para esperar un ritmo normal de crecimiento.

En Colombia, en un entorno de proyecciones de crecimiento cada vez más negativas, hay algunos indicios que permiten abrigar la esperanza de una recuperación rápida. El PMI manufacturero de mayo registró un rebote similar al observado en las economías desarrolladas. El consumo en ese mes cayó en términos reales mucho menos de lo esperado, por el efecto positivo de los programas de ayuda del gobierno. Los precios del petróleo bordean los US$40 por barril y los contendores de esa guerra ya entendieron el absurdo de dejar desplomar los precios. El índice de confianza del consumidor no siguió cayendo y refleja optimismo de los hogares sobre la situación de la economía en los próximos doce meses.

Adicionalmente, en el mercado laboral, las cosas pueden ser menos graves de lo que reflejan la tasa de desempleo y la disminución de más de cinco millones en el número de personas ocupadas; según el Dane, con base en la Pila, se observa que el trabajo formal no cayó tan estruendosamente como lo hizo el total del empleo. Esto podría mostrar que la caída de 5,3 millones de ocupados entre abril de 2019 y abril de 2020 refleja el problema de alta informalidad laboral; a estas personas el confinamiento las pasó automáticamente de “empleados” a “inactivos”.

En este contexto es fundamental el sostenimiento de las políticas gubernamentales orientadas a apoyar el consumo y contener la quiebra de empresas. Es necesario mitigar el impacto económico y social en los sectores más afectados y fortalecer los mensajes sobre la disciplina social para evitar la temida “segunda ola”.

Colombia camino a la OCDE

Publicado en la revista Misión Pyme no. 77, agosto de 2014

El tema de la adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) ha levantado diversas opiniones. A algunos les parece uno más de los TLC que, en opinión de un exministro, nos tienen indigestos; para otros simplemente al gobierno se le metió la pretenciosa idea de “codearse” con las economías desarrolladas; y para los más pesimistas, es otra política neoliberal para seguir entregando el país a los imperialistas. 

Es importante que todos los ciudadanos, y especialmente los empresarios, entiendan lo que eso significa y las repercusiones que puede tener para el país. En un mundo crecientemente globalizado, no entender las decisiones que toma un gobierno impide que los beneficios esperados sean aprovechados y, por el contrario, puede impactar negativamente a las empresas y al bienestar de la población.

Lo cierto es que este organismo, el club de las buenas prácticas, como lo denominó el presidente Santos, cuenta con 34 miembros, que incluyen todas las economías desarrolladas, por lo que suelen denominarlo el “club de los países ricos”, y un selecto grupo de economías en transición y emergentes, entre las que están México y Chile.

El objetivo de este organismo es “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La Ocde ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes”.

Colombia ha avanzado en la calidad de sus políticas públicas, hecho que es reconocido internacionalmente. Se han implementado reformas estructurales que mejoraron la estabilidad y la credibilidad de las decisiones en materia económica y social. Es el caso de la creación de la autoridad monetaria independiente y la prohibición de otorgarle créditos al gobierno, la regla fiscal y la ley de responsabilidad fiscal, entre otras.

Pero en otros casos se han adoptado normas que, aunque son deseables, no tienen una aplicación práctica o plena. También hay casos en los que las normas que nacen como una buena iniciativa terminan siendo colchas de retazos por el afán de satisfacer múltiples intereses contradictorios.

La Ocde como foro de discusión de políticas públicas busca mejorar la normatividad en su gestación, construcción e implementación. De igual forma, contrasta las normas vigentes con las mejores prácticas internacionales y sugiere los cambios necesarios para hacerlas operativas y minimizar los efectos no deseados.

El proceso de adhesión

En términos generales, el proceso de adhesión abarca dos elementos. El primero es un memorando del gobierno expresando su posición sobre cada uno de los 250 instrumentos legales de la Ocde. Estos instrumentos son acuerdos o convenios –como el de combate a la corrupción o el de intercambio de información sobre impuestos–, y estándares o recomendaciones –como las de gobierno corporativo.

Las recomendaciones subrayan las buenas prácticas en diferentes campos, con el fin de mejorar la calidad de las políticas. Por ejemplo, para el caso del sector de seguros hay una recomendación sobre la administración de reclamaciones de seguros.

La recomendación incluye un listado de diez buenas prácticas para el proceso de reclamaciones por siniestros. Ellas abarcan las políticas de transparencia e información al asegurado, reclamante o beneficiario desde el mismo momento de suscripción de la póliza; respuestas oportunas, acciones para evitar fraudes, atención de quejas y reclamos, personal idóneo para las labores, creación de bases de datos sobre fraude y sobre eficiencia en los procesos de respuesta, etcétera.

El segundo son los exámenes técnicos realizados por los 23 comités técnicos establecidos en la Ocde. Los comités de expertos no tienen un tiempo establecido para producir su informe. Por ejemplo, en el informe recientemente presentado sobre desarrollo territorial se tomaron 13 meses y realizaron más de 60 entrevistas en diferentes regiones del país.

La tarea de cada comité técnico se orienta a evaluar la compatibilidad que existe entre la normativa de la OMC y las normas del país evaluado. Para ello hacen una revisión exhaustiva de la regulación en sus áreas de competencia, el funcionamiento de los mercados, las tendencias, los productos y servicios ofrecidos a los consumidores, la aplicación del gobierno corporativo, la percepción de los empresarios, las instituciones de defensa de los consumidores, la educación de los agentes relacionados, etcétera.

Adicionalmente, cada comité formula las recomendaciones y modificaciones normativas necesarias para elevar los estándares. En este aspecto, aun cuando Colombia no es miembro, desde el momento mismo en que manifestó su interés de ingresar a la organización, se ha beneficiado de estudios específicos y recomendaciones en temas como la estructura arancelaria, la eliminación de parafiscales y la simplificación de la estructura del IVA.

La membresía de Colombia en la Ocde es de gran trascendencia para el país. Le brinda acceso a la asesoría del más alto nivel para la toma de decisiones de política económica y social, la posibilidad de compararse con las mejores prácticas en el mundo y de mejorar la calidad de la regulación.

El sector empresarial será beneficiado con un Estado más eficiente, lo que redundará en menores costos de transacción de las empresas. Además, el ambiente de negocios será más favorable a la inversión y ayudará a reforzar los logros alcanzados con los TLC y los acuerdos de protección de inversiones.

Finalmente, los consumidores serán favorecidos con las mejores prácticas del gobierno y las empresas en materia de gobierno corporativo, transparencia, defensa del cliente y educación