Artículo publicado en Portafolio, el viernes 25 de mayo de 2018
Por múltiples razones el país debe emprender una lucha a muerte contra la informalidad. De ellas, considero tres prioritarias: el acceso a las pensiones, la productividad de la economía y la necesidad de enseñar a pescar.
Con relación a las pensiones, la sociedad como un todo debería vivir en permanente alarma, porque el 80% de las personas en edad de jubilación no puede acceder a ellas. Aun cuando Colombia registra notables avances en algunos indicadores sociales y persiste la cultura de solidaridad familiar, este hecho es un lunar enorme.
Paradójicamente, esos avances agravarán la situación. Menores tasas de natalidad, caída de las tasas de mortalidad y aumento de la esperanza de vida, nos pusieron en la senda del envejecimiento poblacional, hacen más compleja la sostenibilidad del sistema pensional de reparto y más oneroso el costo fiscal que toda la sociedad debe asumir, si la alta informalidad perpetúa los actuales niveles de cobertura.
Con relación a la productividad, Mckinsey calculó hace algún tiempo la productividad laboral relativa de la mano de obra informal del país y encontró que en promedio se necesitan 17 trabajadores informales de Colombia para producir lo de un trabajador de Estados Unidos.
La productividad de un trabajador del sector formal de Colombia es siete veces superior a la del informal. Esto evidencia la magnitud del impacto negativo que sufre la economía como consecuencia de las elevadas tasas de informalidad. Pese a que este índice ha descendido desde la reforma tributaria de 2012, que eliminó los parafiscales del Sena y del ICBF, su nivel se encuentra en el 62.9% para el total nacional en el primer trimestre de 2018.
Esta relación entre informalidad y productividad es fundamental para entender, entre otras cosas, por qué el país no logra diversificar las exportaciones, a pesar de los numerosos programas implementados en los últimos 50 años.
Por último, para combatir la informalidad es necesario aplicar el adagio de enseñar a pescar en lugar de regalar el pescado. Está muy bien que una economía en desarrollo tenga acceso universal a la salud, subsidiando el acceso del 50% de la población, brinde educación gratuita, regale viviendas o las subsidie, cuente con subsidios al consumo de servicios públicos, y tenga programas de alimentación para las personas menos favorecidas; pero esas acciones caritativas tienen un impacto negativo en la formalización.
Son conocidas las marrullas usadas para inscribirse en el Sisben y hacerse acreedores a diversos subsidios; de igual forma, muchos afiliados se niegan a contratarse en empleos formales por temor a perder esas dádivas.
Es lícito evaluar la política de subsidios como un éxito de la política social, porque ha contribuido a reducir la pobreza, pero también son evidentes los efectos no deseados que alimentan la informalidad y la pésima distribución del ingreso. Los indicadores de concentración del ingreso (Gini) de Colombia no solo están entre los peores del mundo, sino que se mantienen prácticamente iguales antes y después de la política de subsidios. La causa es conocida: problemas de focalización, subsidios regresivos en pensiones y educación y fuerte relación de dependencia porque la política carece de mecanismos de graduación para los beneficiarios de la generosidad del Estado.
Este es un gran reto para el nuevo presidente. Los candidatos tienen la palabra.
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Multitasking y productividad
viernes, 11 de noviembre de 2016
Publicado en la Revista MisiónPyme No. 93, octubre - noviembre de 2016
Un creciente número de economistas se plantea interrogantes sobre el impacto de la revolución tecnológica de las últimas décadas en la productividad. En general se esperaba un notable incremento, pero no ha ocurrido.
Diversas interpretaciones al fenómeno han surgido. Algunos mencionan el problema de la contabilidad nacional que no captura el abaratamiento o incluso el costo nulo que tiene para los usuarios el acceso a las nuevas tecnologías, como ocurre en el caso de las comunicaciones. Otros formulan la hipótesis del rezago que se da entre las innovaciones y el impacto en la productividad; lo ilustran con el ejemplo de la introducción de los automóviles y la tecnología del vapor, que tardaron varias décadas en reflejar su impacto en las mediciones de productividad.
Puede haber una explicación complementaria que se mueve lejos de los ámbitos de la academia económica, y se encuentra en el mundo académico de la sicología. Se trata del “multitasking”. El siquiatra Edward Hallowell lo definió como “la actividad mítica en la que las personas creen que pueden realizar dos o más tareas al mismo tiempo”.
Su relación con la productividad surge cuando en el trabajo se utilizan computadores, tabletas y celulares, mezclados con diferentes actividades, creyendo que aumentan la eficiencia, cuando en realidad pueden reducirla. Entre esas actividades están “chatear” durante las reuniones, revisar correos mientras se asiste a una conferencia, participar en las redes sociales a la vez que se elabora un informe técnico, navegar en internet mientras se atiende la llamada de un cliente, etc.
Todo nace de un mito alrededor del multitasking. Se pensó hace algunas décadas que las nuevas tecnologías permitían el desarrollo de habilidades del ser humano, hasta ahora ocultas. Pero ya hace un tiempo que los sicólogos reaccionaron y, con base en numerosos experimentos, demostraron que el cerebro humano está diseñado para realizar una sola tarea a la vez.
Por lo tanto, es imposible hacer varias labores simultáneamente, salvo que una de ellas no exija una actividad intelectual compleja; por ejemplo, caminar y hablar por teléfono, o conducir el automóvil y escuchar música. En los casos que demandan un esfuerzo intelectual no hay simultaneidad, sino una secuencia de cambios de actividad; se suspende temporalmente la redacción de un informe técnico para atender la llamada de un cliente o responder un correo electrónico. Señalan los expertos que esas interrupciones reducen la productividad, por el tiempo necesario para volver a concentrarse en la tarea que fue suspendida.
Un análisis publicado en Harvard Business Review (“The Multitasking Paradox”), detectó, mediante un programa especial, el uso que hacen del tiempo en el computador los trabajadores que cambian poco su foco de trabajo y aquellos que lo cambian con frecuencia (no incluyeron el uso de celular). Los resultados muestran que alrededor del 85% de la jornada laboral del primer trabajador fue trabajo productivo, en tanto que la del segundo apenas alcanzó un 33%.
Esos resultados comprueban el enunciado de la American Psychological Association (APA): “Hacer más de una tarea a la vez, sobre todo más de una tarea compleja, tiene un costo en la productividad” (“Multitasking: Switching costs”).
Christine Rosen comenta que “un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Irvine monitoreó las interrupciones entre los trabajadores de oficina; se encontró que gastaron en promedio veinticinco minutos para recuperarse de interrupciones tales como llamadas telefónicas o responder correo electrónico y volver a su tarea original”.
Jonathan Spira y Joshua Feintuch estiman que, con una pérdida del 28% de la jornada diaria por interrupciones, las pérdidas en productividad para una empresa de 10 mil trabajadores ascenderían a US$400 millones anuales. Calculan que para Estados Unidos las pérdidas en 2005 habrían ascendido a US$588 mil millones.
Los efectos también se observan en actividades diferentes a las laborales. Se ha comprobado que la combinación inadecuada de tecnología y educación reduce la calidad de la formación académica en las universidades que son permisivas con esas prácticas. Mediante experimentos se evidenció que los estudiantes a los que se les restringe el uso del computador en clase tienen mejor rendimiento que los que no tienen restricción; en ese y en otros estudios se fundamentan algunas propuestas para prohibir su uso en clases en Estados Unidos. Otros estudios han comprobado que el multitasking genera más cansancio, aumenta el estrés, ocasiona accidentes de tránsito e incluso puede afectar la capacidad cognoscitiva.
Hoy vemos que la tendencia al multitasking invadió los sitios de trabajo, las reuniones de amigos, los entornos académicos, los restaurantes y los espacios familiares. En general, en esos ambientes es creciente el aislamiento relativo entre personas que físicamente comparten el mismo espacio.
Al parecer, la tecnología le está jugando una mala pasada a la humanidad. Presuntamente su desarrollo aumentaría la productividad y liberaría tiempo para el ocio. Hoy, todos estamos más ocupados que nunca; no tenemos tiempo disponible porque siempre hay tareas atrasadas. Incluso, lo normal es que los trabajadores tiendan a alargar sus jornadas laborales para proyectar la imagen de lo atareados y comprometidos que están con la empresa. Para colmo de males, en las entrevistas laborales los aspirantes destacan su capacidad para el multitasking, como si fuera un atributo positivo.
¿Significa lo anterior que se debe rechazar la tecnología? Evidentemente, no. Pero sí hay que reeducar a los trabajadores, a los estudiantes, a los conductores y, en general a todos los usuarios sobre su adecuado uso. El paso inicial para las empresas es medir la eficiencia del multitasking y acudir a la creciente literatura que sugiere alternativas para reducir sus nocivos efectos.
Un creciente número de economistas se plantea interrogantes sobre el impacto de la revolución tecnológica de las últimas décadas en la productividad. En general se esperaba un notable incremento, pero no ha ocurrido.
Diversas interpretaciones al fenómeno han surgido. Algunos mencionan el problema de la contabilidad nacional que no captura el abaratamiento o incluso el costo nulo que tiene para los usuarios el acceso a las nuevas tecnologías, como ocurre en el caso de las comunicaciones. Otros formulan la hipótesis del rezago que se da entre las innovaciones y el impacto en la productividad; lo ilustran con el ejemplo de la introducción de los automóviles y la tecnología del vapor, que tardaron varias décadas en reflejar su impacto en las mediciones de productividad.
Puede haber una explicación complementaria que se mueve lejos de los ámbitos de la academia económica, y se encuentra en el mundo académico de la sicología. Se trata del “multitasking”. El siquiatra Edward Hallowell lo definió como “la actividad mítica en la que las personas creen que pueden realizar dos o más tareas al mismo tiempo”.
Su relación con la productividad surge cuando en el trabajo se utilizan computadores, tabletas y celulares, mezclados con diferentes actividades, creyendo que aumentan la eficiencia, cuando en realidad pueden reducirla. Entre esas actividades están “chatear” durante las reuniones, revisar correos mientras se asiste a una conferencia, participar en las redes sociales a la vez que se elabora un informe técnico, navegar en internet mientras se atiende la llamada de un cliente, etc.
Todo nace de un mito alrededor del multitasking. Se pensó hace algunas décadas que las nuevas tecnologías permitían el desarrollo de habilidades del ser humano, hasta ahora ocultas. Pero ya hace un tiempo que los sicólogos reaccionaron y, con base en numerosos experimentos, demostraron que el cerebro humano está diseñado para realizar una sola tarea a la vez.
Por lo tanto, es imposible hacer varias labores simultáneamente, salvo que una de ellas no exija una actividad intelectual compleja; por ejemplo, caminar y hablar por teléfono, o conducir el automóvil y escuchar música. En los casos que demandan un esfuerzo intelectual no hay simultaneidad, sino una secuencia de cambios de actividad; se suspende temporalmente la redacción de un informe técnico para atender la llamada de un cliente o responder un correo electrónico. Señalan los expertos que esas interrupciones reducen la productividad, por el tiempo necesario para volver a concentrarse en la tarea que fue suspendida.
Un análisis publicado en Harvard Business Review (“The Multitasking Paradox”), detectó, mediante un programa especial, el uso que hacen del tiempo en el computador los trabajadores que cambian poco su foco de trabajo y aquellos que lo cambian con frecuencia (no incluyeron el uso de celular). Los resultados muestran que alrededor del 85% de la jornada laboral del primer trabajador fue trabajo productivo, en tanto que la del segundo apenas alcanzó un 33%.
Esos resultados comprueban el enunciado de la American Psychological Association (APA): “Hacer más de una tarea a la vez, sobre todo más de una tarea compleja, tiene un costo en la productividad” (“Multitasking: Switching costs”).
Christine Rosen comenta que “un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Irvine monitoreó las interrupciones entre los trabajadores de oficina; se encontró que gastaron en promedio veinticinco minutos para recuperarse de interrupciones tales como llamadas telefónicas o responder correo electrónico y volver a su tarea original”.
Jonathan Spira y Joshua Feintuch estiman que, con una pérdida del 28% de la jornada diaria por interrupciones, las pérdidas en productividad para una empresa de 10 mil trabajadores ascenderían a US$400 millones anuales. Calculan que para Estados Unidos las pérdidas en 2005 habrían ascendido a US$588 mil millones.
Los efectos también se observan en actividades diferentes a las laborales. Se ha comprobado que la combinación inadecuada de tecnología y educación reduce la calidad de la formación académica en las universidades que son permisivas con esas prácticas. Mediante experimentos se evidenció que los estudiantes a los que se les restringe el uso del computador en clase tienen mejor rendimiento que los que no tienen restricción; en ese y en otros estudios se fundamentan algunas propuestas para prohibir su uso en clases en Estados Unidos. Otros estudios han comprobado que el multitasking genera más cansancio, aumenta el estrés, ocasiona accidentes de tránsito e incluso puede afectar la capacidad cognoscitiva.
Hoy vemos que la tendencia al multitasking invadió los sitios de trabajo, las reuniones de amigos, los entornos académicos, los restaurantes y los espacios familiares. En general, en esos ambientes es creciente el aislamiento relativo entre personas que físicamente comparten el mismo espacio.
Al parecer, la tecnología le está jugando una mala pasada a la humanidad. Presuntamente su desarrollo aumentaría la productividad y liberaría tiempo para el ocio. Hoy, todos estamos más ocupados que nunca; no tenemos tiempo disponible porque siempre hay tareas atrasadas. Incluso, lo normal es que los trabajadores tiendan a alargar sus jornadas laborales para proyectar la imagen de lo atareados y comprometidos que están con la empresa. Para colmo de males, en las entrevistas laborales los aspirantes destacan su capacidad para el multitasking, como si fuera un atributo positivo.
¿Significa lo anterior que se debe rechazar la tecnología? Evidentemente, no. Pero sí hay que reeducar a los trabajadores, a los estudiantes, a los conductores y, en general a todos los usuarios sobre su adecuado uso. El paso inicial para las empresas es medir la eficiencia del multitasking y acudir a la creciente literatura que sugiere alternativas para reducir sus nocivos efectos.
Lecciones de Malasia
viernes, 27 de noviembre de 2015
Publicado en Portafolio el viernes 27 de noviembre de 2015
La conferencia del malasio Idris Jala fue la más interesante en la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2015-2016. Jala es un ministro sin cartera, que depende directamente del Primer Ministro, y es el director ejecutivo de Pemandu (Performance Management and Delivery Unit), entidad que tiene a su cargo la dirección del Programa de Transformación Gubernamental (PTG) y del Programa de Transformación Económica (PTE). Justamente, su intervención en el foro organizado por el Consejo Privado de Competitividad versó sobre la experiencia de Malasia en la concepción e implementación de estos dos programas.
Al comparar el PTE de Malasia con el Programa de Transformación Productiva (PTP) de Colombia, se observan grandes similitudes pero también notables diferencias. Los dos hacen parte de la política industrial del respectivo país. Se asemejan en el propósito de incrementar la productividad de un grupo determinado de sectores, que contribuirán a un mayor crecimiento del PIB, a la generación de empleo y a la diversificación de la canasta exportadora. Además, no ofrecen subsidios ni protección arancelaria ni conceden ventajas especiales; su fundamento es el trabajo conjunto de los funcionarios públicos y privados para identificar y eliminar las barreras que impiden el desarrollo sectorial.
Las grandes diferencias que hay entre los dos programas son el grado de importancia que se les da y el tipo de liderazgo con que se ejecutan. En Malasia, el PTE junto con el PTG tienen gran relevancia en los objetivos macroeconómicos, que se orientan a alcanzar en 2020 el INB per cápita de los países de ingresos altos, generar 3.3 millones de empleos y lograr una inversión US$444 mil millones.
El PTE y el PTG dependen directamente del Primer Ministro, quien al comienzo de cada semana se reúne con el director de Pemandu para evaluar los avances y las dificultades. Además, cada ministro debe rendir cuentas directamente al Primer Ministro sobre la ejecución anual de las tareas asignadas en el marco de estos programas; después su evaluación se hace pública.
A diferencia del caso malasio, en Colombia el PTP parece cada vez más relegado. Su creación en el MinCIT ha debido evolucionar para convertirse en un instrumento manejado por la Presidencia de la República, y con la gerencia de un ministro de la competitividad o de la transformación productiva.
Al no darle la relevancia requerida y dejarlo como un apéndice de Bancoldex, perdió el protagonismo que debería tener para el crecimiento económico. Muchas de las buenas ideas y de los diagnósticos de los problemas que aquejan a los sectores del programa se frenan porque el PTP no tiene la jerarquía para imponer tareas a los ministerios o a las entidades públicas de diferente nivel que no dependen del MinCIT. En consecuencia los avances del programa y de los sectores son muy lentos; esto, a su vez, evidencia por qué carece de sentido la propuesta de un ministerio de industria.
Como afirma Jala: "…la gente realmente conoce las soluciones. Las buenas ideas ya están ahí, y la gente conoce esas ideas, pero la razón por la que no nos movemos de las ideas a los resultados es porque hay obstáculos técnicos, políticos y administrativos en el sistema”. En Malasia el Pemandu puede superar esos obstáculos; en Colombia el PTP, no.
La conferencia del malasio Idris Jala fue la más interesante en la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2015-2016. Jala es un ministro sin cartera, que depende directamente del Primer Ministro, y es el director ejecutivo de Pemandu (Performance Management and Delivery Unit), entidad que tiene a su cargo la dirección del Programa de Transformación Gubernamental (PTG) y del Programa de Transformación Económica (PTE). Justamente, su intervención en el foro organizado por el Consejo Privado de Competitividad versó sobre la experiencia de Malasia en la concepción e implementación de estos dos programas.
Al comparar el PTE de Malasia con el Programa de Transformación Productiva (PTP) de Colombia, se observan grandes similitudes pero también notables diferencias. Los dos hacen parte de la política industrial del respectivo país. Se asemejan en el propósito de incrementar la productividad de un grupo determinado de sectores, que contribuirán a un mayor crecimiento del PIB, a la generación de empleo y a la diversificación de la canasta exportadora. Además, no ofrecen subsidios ni protección arancelaria ni conceden ventajas especiales; su fundamento es el trabajo conjunto de los funcionarios públicos y privados para identificar y eliminar las barreras que impiden el desarrollo sectorial.
Las grandes diferencias que hay entre los dos programas son el grado de importancia que se les da y el tipo de liderazgo con que se ejecutan. En Malasia, el PTE junto con el PTG tienen gran relevancia en los objetivos macroeconómicos, que se orientan a alcanzar en 2020 el INB per cápita de los países de ingresos altos, generar 3.3 millones de empleos y lograr una inversión US$444 mil millones.
El PTE y el PTG dependen directamente del Primer Ministro, quien al comienzo de cada semana se reúne con el director de Pemandu para evaluar los avances y las dificultades. Además, cada ministro debe rendir cuentas directamente al Primer Ministro sobre la ejecución anual de las tareas asignadas en el marco de estos programas; después su evaluación se hace pública.
A diferencia del caso malasio, en Colombia el PTP parece cada vez más relegado. Su creación en el MinCIT ha debido evolucionar para convertirse en un instrumento manejado por la Presidencia de la República, y con la gerencia de un ministro de la competitividad o de la transformación productiva.
Al no darle la relevancia requerida y dejarlo como un apéndice de Bancoldex, perdió el protagonismo que debería tener para el crecimiento económico. Muchas de las buenas ideas y de los diagnósticos de los problemas que aquejan a los sectores del programa se frenan porque el PTP no tiene la jerarquía para imponer tareas a los ministerios o a las entidades públicas de diferente nivel que no dependen del MinCIT. En consecuencia los avances del programa y de los sectores son muy lentos; esto, a su vez, evidencia por qué carece de sentido la propuesta de un ministerio de industria.
Como afirma Jala: "…la gente realmente conoce las soluciones. Las buenas ideas ya están ahí, y la gente conoce esas ideas, pero la razón por la que no nos movemos de las ideas a los resultados es porque hay obstáculos técnicos, políticos y administrativos en el sistema”. En Malasia el Pemandu puede superar esos obstáculos; en Colombia el PTP, no.
De nuevo, el Ministerio de Industria
viernes, 18 de julio de 2014
Publicado en Portafolio el 18 de julio de 2014
En días pasados el presidente de la ANDI se refirió nuevamente a la propuesta de un “Ministerio de Industria”.
Muy bueno plantear debates, pero poniéndolos en contexto. Por ejemplo, insinuar que no hay apoyos del Estado a la industria y que no hay política industrial –como lo sostienen desde hace tres años algunos analistas–, no es un buen punto de partida.
En cambio, sin ser exhaustivos, se pueden mencionar numerosas acciones de los últimos años que, además de ser “apoyos” a ese sector, en cualquier lugar del mundo se denominan “política industrial”:
1. Exenciones tributarias a las zonas francas. 2. Diferimiento arancelario para bienes de capital y materias primas no producidos. 3. Eliminación de la sobretasa a la energía. 4. Reducción de sobrecostos a la nómina con la eliminación de parafiscales. 5. Subsidio a la tasa de interés de viviendas nuevas, con repercusión en la demanda de más de 25 sectores industriales. 6. Negocios impulsados por Compre Colombiano para fortalecer el mercado interno. 7. Oportunidades de negocios abiertas por Proexport Colombia. 8. Creación del Instituto Nacional de Metrología. 9. Creación del Centro de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales, con el objetivo de identificar y remover los obstáculos al desarrollo del potencial de exportación. 10. Incentivos tributarios de la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 11. Imposición de aranceles mixtos a las importaciones de calzado y confecciones. 12. Desembolsos de créditos de Bancoldex para modernización, por más de 11 billones de pesos en los últimos cuatro años. 13. Establecimiento del Profia, para el fortalecimiento del sector de autopartes. 14. El programa Bancoldex Capital para la promoción de los fondos de capital. 15. Créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías por más de 25 billones de pesos para las mipymes en cuatro años.
Además, hay políticas enfocadas en el mediano y largo plazo, como el Programa de Transformación Productiva que persigue el desarrollo de sectores de clase mundial; los acuerdos comerciales, que abren mercados en condiciones preferenciales para las exportaciones; la formalización empresarial que busca eliminar el lastre de la informalidad sobre la productividad; iNNpulsa Colombia, que estimula el emprendimiento dinámico innovador; la política de emprendimiento, orientada a enriquecer el tejido empresarial.
Como parte de la política industrial, se destinan recursos a la contratación de estudios especializados, que luego se plasman en decisiones de tipo transversal o sectorial; por ejemplo, la reforma a la ley de Habeas Data, el proyecto de ley anticontrabando que cursa en el Congreso y el estudio de costos de energía, que es parte de la política de reducción de costos de producción de las empresas.
Es hora de bajar la discusión de las ramas y comenzar debates puntuales sobre dónde se requieren ajustes y cuáles son las justificaciones, cuáles programas y políticas se deben fortalecer y cuáles suprimir. También sería deseable medir cuánto nos cuesta la política industrial a todos los ciudadanos.
En síntesis, más que un ministerio de industria, lo que hace falta en Colombia es una presentación integral y periódica de los objetivos de la política industrial, sus múltiples programas, los costos de cada uno, la evaluación de sus impactos, etcétera. La propuesta es emular el libro blanco de la política industrial de países como Japón, Taiwán, Corea y la Unión Europea.
En días pasados el presidente de la ANDI se refirió nuevamente a la propuesta de un “Ministerio de Industria”.
Muy bueno plantear debates, pero poniéndolos en contexto. Por ejemplo, insinuar que no hay apoyos del Estado a la industria y que no hay política industrial –como lo sostienen desde hace tres años algunos analistas–, no es un buen punto de partida.
En cambio, sin ser exhaustivos, se pueden mencionar numerosas acciones de los últimos años que, además de ser “apoyos” a ese sector, en cualquier lugar del mundo se denominan “política industrial”:
1. Exenciones tributarias a las zonas francas. 2. Diferimiento arancelario para bienes de capital y materias primas no producidos. 3. Eliminación de la sobretasa a la energía. 4. Reducción de sobrecostos a la nómina con la eliminación de parafiscales. 5. Subsidio a la tasa de interés de viviendas nuevas, con repercusión en la demanda de más de 25 sectores industriales. 6. Negocios impulsados por Compre Colombiano para fortalecer el mercado interno. 7. Oportunidades de negocios abiertas por Proexport Colombia. 8. Creación del Instituto Nacional de Metrología. 9. Creación del Centro de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales, con el objetivo de identificar y remover los obstáculos al desarrollo del potencial de exportación. 10. Incentivos tributarios de la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 11. Imposición de aranceles mixtos a las importaciones de calzado y confecciones. 12. Desembolsos de créditos de Bancoldex para modernización, por más de 11 billones de pesos en los últimos cuatro años. 13. Establecimiento del Profia, para el fortalecimiento del sector de autopartes. 14. El programa Bancoldex Capital para la promoción de los fondos de capital. 15. Créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías por más de 25 billones de pesos para las mipymes en cuatro años.
Además, hay políticas enfocadas en el mediano y largo plazo, como el Programa de Transformación Productiva que persigue el desarrollo de sectores de clase mundial; los acuerdos comerciales, que abren mercados en condiciones preferenciales para las exportaciones; la formalización empresarial que busca eliminar el lastre de la informalidad sobre la productividad; iNNpulsa Colombia, que estimula el emprendimiento dinámico innovador; la política de emprendimiento, orientada a enriquecer el tejido empresarial.
Como parte de la política industrial, se destinan recursos a la contratación de estudios especializados, que luego se plasman en decisiones de tipo transversal o sectorial; por ejemplo, la reforma a la ley de Habeas Data, el proyecto de ley anticontrabando que cursa en el Congreso y el estudio de costos de energía, que es parte de la política de reducción de costos de producción de las empresas.
Es hora de bajar la discusión de las ramas y comenzar debates puntuales sobre dónde se requieren ajustes y cuáles son las justificaciones, cuáles programas y políticas se deben fortalecer y cuáles suprimir. También sería deseable medir cuánto nos cuesta la política industrial a todos los ciudadanos.
En síntesis, más que un ministerio de industria, lo que hace falta en Colombia es una presentación integral y periódica de los objetivos de la política industrial, sus múltiples programas, los costos de cada uno, la evaluación de sus impactos, etcétera. La propuesta es emular el libro blanco de la política industrial de países como Japón, Taiwán, Corea y la Unión Europea.
Informalidad y productividad
jueves, 30 de septiembre de 2010
Artículo publicado en el diario La República el 30 de septiembre de 2010
La productividad laboral relativa de Colombia repuntó entre 2003 y 2008. Este indicador, que muestra el valor agregado por trabajador de un país con relación al obtenido por uno de Estados Unidos, cayó de 32 a 24 por ciento entre 1989 y 2003; a partir de ese año se recuperó y llegó a 28 por ciento en 2007, tuvo una ligera corrección a la baja en 2008 y cabe esperar una reducción adicional en 2009, por cuenta de la crisis mundial.
Se deduce, que aún con el repunte reciente, la productividad del país, lejos de converger con la de Estados Unidos, se distanció. Comportamiento similar se registró en las principales naciones de América Latina; sin embargo, Colombia es de los países que menos redujo este indicador.
El contraste son las economías asiáticas en vías de desarrollo. Tanto en los “tigres” antiguos como en los nuevos su productividad laboral relativa ha crecido más que la de Estados Unidos, con lo cual están cerrando la brecha.
Colombia todavía registra una productividad laboral mayor que la de países como China, India, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Pero, con los resultados comentados, las distancias se están cerrando aceleradamente.
Con relación a la productividad total de factores, según Fidel Jaramillo, del BID, “mientras que los países de Asia Oriental más que duplicaron su productividad en los últimos 50 años, América Latina la ha reducido y Colombia apenas la ha aumentado”.
Aun cuando son múltiples los factores que explican este rezago y sobre el tema hay una abundante literatura, es aceptado que la informalidad tiene una estrecha relación con la productividad.
El actual ministro de la Protección Social afirmó en un estudio que no es fácil establecer si la relación causal es la alta informalidad explicada por la baja productividad, o ésta como una resultante de la primera (“Informalidad empresarial en Colombia”). No obstante, según Santa María “es evidente que la puerta de entrada al sendero de una mayor productividad es una reducción en la incidencia de la informalidad”.
Los trabajos de la consultora McKinsey & Company apuntan en esa dirección. Estiman que la productividad laboral en Colombia es el 20 por ciento de la de Estados Unidos; pero la del sector formal es del 41 por ciento, mientras la del informal, que absorbe el 58 por ciento de la fuerza laboral, es apenas del seis por ciento.
Dado que el trabajo formal es siete veces más productivo que el informal, es evidente el impacto positivo que tendría el país en competitividad, empleo y crecimiento si logra reducir la informalidad. Se trata de un monstruo de mil cabezas, pero hay que combatirlo para alcanzar e incluso superar las metas del gobierno de 2.4 millones de empleos nuevos y 500 mil informales menos.
La productividad laboral relativa de Colombia repuntó entre 2003 y 2008. Este indicador, que muestra el valor agregado por trabajador de un país con relación al obtenido por uno de Estados Unidos, cayó de 32 a 24 por ciento entre 1989 y 2003; a partir de ese año se recuperó y llegó a 28 por ciento en 2007, tuvo una ligera corrección a la baja en 2008 y cabe esperar una reducción adicional en 2009, por cuenta de la crisis mundial.
Se deduce, que aún con el repunte reciente, la productividad del país, lejos de converger con la de Estados Unidos, se distanció. Comportamiento similar se registró en las principales naciones de América Latina; sin embargo, Colombia es de los países que menos redujo este indicador.
El contraste son las economías asiáticas en vías de desarrollo. Tanto en los “tigres” antiguos como en los nuevos su productividad laboral relativa ha crecido más que la de Estados Unidos, con lo cual están cerrando la brecha.
Colombia todavía registra una productividad laboral mayor que la de países como China, India, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Pero, con los resultados comentados, las distancias se están cerrando aceleradamente.
Con relación a la productividad total de factores, según Fidel Jaramillo, del BID, “mientras que los países de Asia Oriental más que duplicaron su productividad en los últimos 50 años, América Latina la ha reducido y Colombia apenas la ha aumentado”.
Aun cuando son múltiples los factores que explican este rezago y sobre el tema hay una abundante literatura, es aceptado que la informalidad tiene una estrecha relación con la productividad.
El actual ministro de la Protección Social afirmó en un estudio que no es fácil establecer si la relación causal es la alta informalidad explicada por la baja productividad, o ésta como una resultante de la primera (“Informalidad empresarial en Colombia”). No obstante, según Santa María “es evidente que la puerta de entrada al sendero de una mayor productividad es una reducción en la incidencia de la informalidad”.
Los trabajos de la consultora McKinsey & Company apuntan en esa dirección. Estiman que la productividad laboral en Colombia es el 20 por ciento de la de Estados Unidos; pero la del sector formal es del 41 por ciento, mientras la del informal, que absorbe el 58 por ciento de la fuerza laboral, es apenas del seis por ciento.
Dado que el trabajo formal es siete veces más productivo que el informal, es evidente el impacto positivo que tendría el país en competitividad, empleo y crecimiento si logra reducir la informalidad. Se trata de un monstruo de mil cabezas, pero hay que combatirlo para alcanzar e incluso superar las metas del gobierno de 2.4 millones de empleos nuevos y 500 mil informales menos.
¿Competitividad engañosa?
jueves, 14 de enero de 2010
Publicado en el diario La República el 15 de octubre de 2009
En un artículo reciente, un analista hace un llamado a no engañarnos con el tema de la competitividad. Afirma que no podemos quedarnos con el cuento de que somos el país más competitivo de la región y plantea la necesidad de afrontar los desafíos que el gobierno no ha querido asumir.
La competitividad no es un tema nuevo de debate en Colombia, como no lo son las políticas que buscan superar los cuellos de botella que la afectan. Lauchlin Currie, en su “Desarrollo económico acelerado”, afirmaba en los años sesenta que el problema del subdesarrollo de Colombia estaba relacionado con la baja productividad.
Como lo muestra la CAF (“Camino a la transformación productiva en América Latina”), el atraso relativo de la productividad laboral de Colombia se amplió durante las décadas siguientes al diagnóstico de Currie.
¿Por qué no celebrar que Colombia haya quedado como el mejor país en América Latina en el Doing Business 2010 del Banco Mundial? Es cierto que se trata de un escalafón limitado al impacto de la regulación gubernamental en los costos de hacer negocios. Pero precisamente venimos de décadas de regulaciones que no hicieron otra cosa que erigir barreras artificiales, fomentar un sesgo antiexportador y crear mercados cautivos que bloquearon la competitividad de las empresas.
Por eso la tarea de modernizar la regulación no termina con el éxito reciente. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo afirmó en un artículo: “Tenemos mucho por hacer... En el pago de impuestos hicimos el mayor avance en el Informe de 2010, y eso es importante; pero quedamos en el puesto 115, que dista de ser satisfactorio. Más complicada aún es la situación en cumplimiento de contratos con el puesto 152, pues refleja un problema estructural que hay con la acumulación de procesos que hace lento el actuar de la justicia”.
La celebración tampoco implica dormirse en los laureles del escalafón del Doing Business, o el desconocimiento de los demás factores que han rezagado al país. La política de competitividad se fortaleció con una nueva institucionalidad nacional y regional, con amplia participación del sector privado y la academia. En ese escenario se mejoran los diagnósticos y se diseñan las acciones necesarias para superar los problemas; obviamente el listado de tareas es amplio, y su desarrollo es gradual.
Adicionalmente el gobierno adelanta otras metas ambiciosas en materia de competitividad, como las de la política de transformación productiva, que pretende el desarrollo de sectores de clase mundial. Se trata de sectores que alcanzan los estándares de competitividad más altos del mundo, cuyos productos registran un elevado dinamismo en los mercados internacionales y en los cuales se genera un valor agregado por trabajador/año superior a US$90.000. Actualmente no hay en Colombia ni una sola actividad sectorial que cumpla tales requisitos.
Esa estrategia presupone que los sectores de clase mundial impulsan la competitividad de otros sectores de la economía. Esto ocurrirá, en parte, por los encadenamientos productivos y, en parte, porque la mejora del entorno para los sectores de clase mundial implica la adopción de políticas transversales que benefician todas las actividades productivas. Es el caso del bilinguismo, el fortalecimiento de las relaciones entre universidades y empresas, la formación de profesionales, técnicos y tecnólogos de alto nivel, la mejora en la infraestructura, la creación de nuevas fuentes de financiación, etc.
Es evidente que el gobierno afrontó el desafío de la competitividad; por eso se está avanzando, se están viendo resultados concretos y hay razones para celebrar. Cierto que falta mucho camino por recorrer, pero las décadas del letargo proteccionista no se pueden sacudir de la noche a la mañana.
En un artículo reciente, un analista hace un llamado a no engañarnos con el tema de la competitividad. Afirma que no podemos quedarnos con el cuento de que somos el país más competitivo de la región y plantea la necesidad de afrontar los desafíos que el gobierno no ha querido asumir.
La competitividad no es un tema nuevo de debate en Colombia, como no lo son las políticas que buscan superar los cuellos de botella que la afectan. Lauchlin Currie, en su “Desarrollo económico acelerado”, afirmaba en los años sesenta que el problema del subdesarrollo de Colombia estaba relacionado con la baja productividad.
Como lo muestra la CAF (“Camino a la transformación productiva en América Latina”), el atraso relativo de la productividad laboral de Colombia se amplió durante las décadas siguientes al diagnóstico de Currie.
¿Por qué no celebrar que Colombia haya quedado como el mejor país en América Latina en el Doing Business 2010 del Banco Mundial? Es cierto que se trata de un escalafón limitado al impacto de la regulación gubernamental en los costos de hacer negocios. Pero precisamente venimos de décadas de regulaciones que no hicieron otra cosa que erigir barreras artificiales, fomentar un sesgo antiexportador y crear mercados cautivos que bloquearon la competitividad de las empresas.
Por eso la tarea de modernizar la regulación no termina con el éxito reciente. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo afirmó en un artículo: “Tenemos mucho por hacer... En el pago de impuestos hicimos el mayor avance en el Informe de 2010, y eso es importante; pero quedamos en el puesto 115, que dista de ser satisfactorio. Más complicada aún es la situación en cumplimiento de contratos con el puesto 152, pues refleja un problema estructural que hay con la acumulación de procesos que hace lento el actuar de la justicia”.
La celebración tampoco implica dormirse en los laureles del escalafón del Doing Business, o el desconocimiento de los demás factores que han rezagado al país. La política de competitividad se fortaleció con una nueva institucionalidad nacional y regional, con amplia participación del sector privado y la academia. En ese escenario se mejoran los diagnósticos y se diseñan las acciones necesarias para superar los problemas; obviamente el listado de tareas es amplio, y su desarrollo es gradual.
Adicionalmente el gobierno adelanta otras metas ambiciosas en materia de competitividad, como las de la política de transformación productiva, que pretende el desarrollo de sectores de clase mundial. Se trata de sectores que alcanzan los estándares de competitividad más altos del mundo, cuyos productos registran un elevado dinamismo en los mercados internacionales y en los cuales se genera un valor agregado por trabajador/año superior a US$90.000. Actualmente no hay en Colombia ni una sola actividad sectorial que cumpla tales requisitos.
Esa estrategia presupone que los sectores de clase mundial impulsan la competitividad de otros sectores de la economía. Esto ocurrirá, en parte, por los encadenamientos productivos y, en parte, porque la mejora del entorno para los sectores de clase mundial implica la adopción de políticas transversales que benefician todas las actividades productivas. Es el caso del bilinguismo, el fortalecimiento de las relaciones entre universidades y empresas, la formación de profesionales, técnicos y tecnólogos de alto nivel, la mejora en la infraestructura, la creación de nuevas fuentes de financiación, etc.
Es evidente que el gobierno afrontó el desafío de la competitividad; por eso se está avanzando, se están viendo resultados concretos y hay razones para celebrar. Cierto que falta mucho camino por recorrer, pero las décadas del letargo proteccionista no se pueden sacudir de la noche a la mañana.
Transformación productiva
Publicado en Ámbito Jurídico el 21 de septiembre de 2009
Recientemente el gobierno presentó en sociedad el programa de transformación productiva, cuyo objetivo es el desarrollo de sectores de clase mundial en Colombia. Este es un complemento importante de la política de internacionalización, pues contribuye a mejorar la competitividad del país y a la diversificación de las exportaciones con productos de mayor valor agregado.
La evidencia empírica muestra que las economías no alcanzan niveles de productividad laboral iguales en todos los sectores. Incluso las naciones más avanzadas apenas tienen cuatro o cinco ramas de producción en las que son líderes globales en productividad. Esos son los sectores de clase mundial. Las demás actividades productivas son impulsadas por ellos, por sus encadenamientos productivos, pero no necesariamente logran los estándares internacionales.
En Japón, por ejemplo, los sectores de acero, metalmecánica, electrónica, autopartes y automóviles tienen una productividad laboral superior a la que registran en los Estados Unidos. En las demás actividades su productividad es inferior.
Lo cierto es que en cada nación hay algunas pocas actividades sobresalientes y ningún país del mundo se destaca haciendo de todo. Esta es una justificación más para la especialización productiva y la profundización del comercio internacional.
A partir de esas observaciones, ampliamente documentadas por el McKinsey Global Institute, se formula la posibilidad de que los gobiernos puedan coadyuvar al desarrollo de algunos sectores, con el fin de incrementar la competitividad de los países. Esas políticas se han implementado exitosamente en España, Irlanda, India, China, Emiratos Árabes, Filipinas, y Marruecos, entre otros.
Colombia no tiene sectores de clase mundial. De hecho, la productividad laboral media del país equivale al 20% de la de Estados Unidos, según los cálculos de la firma McKinsey, y las actividades con la productividad más alta apenas alcanzan el 50% de la estadounidense. La política de transformación productiva busca aumentarla.
Mediante una alianza público-privada, y con base en todos los estudios de competitividad sectorial que se han elaborado en el país, se inició la primera oleada del programa de transformación productiva con ocho sectores que tienen potencial y cuyos empresarios quieren asumir el reto. Ellos se subdividen en dos grupos: más y mejor de lo bueno y nuevos y emergentes.
Más y mejor de lo bueno incluye sectores ya establecidos y con amplia trayectoria en los mercados internacionales, pero que necesitan reingeniería para fortalecer su posición frente a los competidores del resto del mundo o para adaptarse a los cambios en las tendencias del consumo. Lo integran la industria de la comunicación gráfica; autopartes; energía eléctrica, bienes y servicios conexos; y la cadena textil, confección diseño y moda.
Nuevos y emergentes son sectores incipientes en Colombia, pero con un gran potencial de crecimiento mundial en las próximas décadas. Incluye el turismo de salud; cosméticos y artículos de aseo; software y tecnologías de la información; y los servicios tercerizados a distancia (BPO&O).
Como existe el oficio de criticar, hay quienes opinan que los del grupo más y mejor de lo bueno no pueden ser de clase mundial y que sólo están ahí porque aportaron dinero. Esto amerita algunas precisiones.
El desarrollo de sectores de clase mundial exige un compromiso total del sector privado y de sus agremiaciones. El proyecto demanda dinero y este es aportado en parte por los empresarios y en parte por el gobierno; por lo tanto, la crítica mencionada carece de fundamento, pues es un requisito para todos los participantes en el programa.
Pero el aporte de recursos no es para comprar ningún tipo de protección. El programa de transformación productiva se basa en un trabajo conjunto de gobierno, empresarios y academia para lograr unas condiciones favorables al desarrollo de los sectores. Por lo tanto, no hay subsidios, ni protección arancelaria, ni restricción a los competidores del resto del mundo.
Adicionalmente, se reconoce un elemento importante de la dinámica de las estructuras productivas de los países; esto es, que las actividades que hoy son destacadas, mañana no lo serán y darán paso a otras más modernas o en las que se descubran ventajas que ya no tienen los sectores “viejos”.
En el caso de las confecciones, por ejemplo, aún cuando una opción es ceder el paso a la producción de China e India que hoy nos compiten con sus bajos costos salariales en los mercados internacionales y en el mercado local, también existe la opción de avanzar hacia una producción diferenciada y con mayor valor agregado.
Así lo demuestran casos como el de la empresa española Zara que, no sólo se ha logrado mantener en el mercado, pese a que Europa tiene salarios mucho más elevados, sino que se ha convertido en un líder mundial de innovación en ese sector. Variedad de diseños, flexibilidad, reducidos tiempos de entrega de productos, rápida adaptación a los cambios del consumidor y bajos inventarios, son algunos de los elementos de su exitoso modelo de negocios.
¿Puede el sector de confecciones de Colombia evolucionar de forma que pueda reposicionarse en el mercado doméstico y en el internacional? Todo depende del grado de compromiso de los empresarios para mantener firme el rumbo que establezcan en su plan de negocios, para fortalecerse gremialmente y para liderar el cambio.
No necesariamente todos los sectores que iniciaron el programa tienen garantizado el éxito. Y por eso son necesarias nuevas oleadas, hasta que tengamos los sectores que nos conviertan en jugadores de clase mundial.
Recientemente el gobierno presentó en sociedad el programa de transformación productiva, cuyo objetivo es el desarrollo de sectores de clase mundial en Colombia. Este es un complemento importante de la política de internacionalización, pues contribuye a mejorar la competitividad del país y a la diversificación de las exportaciones con productos de mayor valor agregado.
La evidencia empírica muestra que las economías no alcanzan niveles de productividad laboral iguales en todos los sectores. Incluso las naciones más avanzadas apenas tienen cuatro o cinco ramas de producción en las que son líderes globales en productividad. Esos son los sectores de clase mundial. Las demás actividades productivas son impulsadas por ellos, por sus encadenamientos productivos, pero no necesariamente logran los estándares internacionales.
En Japón, por ejemplo, los sectores de acero, metalmecánica, electrónica, autopartes y automóviles tienen una productividad laboral superior a la que registran en los Estados Unidos. En las demás actividades su productividad es inferior.
Lo cierto es que en cada nación hay algunas pocas actividades sobresalientes y ningún país del mundo se destaca haciendo de todo. Esta es una justificación más para la especialización productiva y la profundización del comercio internacional.
A partir de esas observaciones, ampliamente documentadas por el McKinsey Global Institute, se formula la posibilidad de que los gobiernos puedan coadyuvar al desarrollo de algunos sectores, con el fin de incrementar la competitividad de los países. Esas políticas se han implementado exitosamente en España, Irlanda, India, China, Emiratos Árabes, Filipinas, y Marruecos, entre otros.
Colombia no tiene sectores de clase mundial. De hecho, la productividad laboral media del país equivale al 20% de la de Estados Unidos, según los cálculos de la firma McKinsey, y las actividades con la productividad más alta apenas alcanzan el 50% de la estadounidense. La política de transformación productiva busca aumentarla.
Mediante una alianza público-privada, y con base en todos los estudios de competitividad sectorial que se han elaborado en el país, se inició la primera oleada del programa de transformación productiva con ocho sectores que tienen potencial y cuyos empresarios quieren asumir el reto. Ellos se subdividen en dos grupos: más y mejor de lo bueno y nuevos y emergentes.
Más y mejor de lo bueno incluye sectores ya establecidos y con amplia trayectoria en los mercados internacionales, pero que necesitan reingeniería para fortalecer su posición frente a los competidores del resto del mundo o para adaptarse a los cambios en las tendencias del consumo. Lo integran la industria de la comunicación gráfica; autopartes; energía eléctrica, bienes y servicios conexos; y la cadena textil, confección diseño y moda.
Nuevos y emergentes son sectores incipientes en Colombia, pero con un gran potencial de crecimiento mundial en las próximas décadas. Incluye el turismo de salud; cosméticos y artículos de aseo; software y tecnologías de la información; y los servicios tercerizados a distancia (BPO&O).
Como existe el oficio de criticar, hay quienes opinan que los del grupo más y mejor de lo bueno no pueden ser de clase mundial y que sólo están ahí porque aportaron dinero. Esto amerita algunas precisiones.
El desarrollo de sectores de clase mundial exige un compromiso total del sector privado y de sus agremiaciones. El proyecto demanda dinero y este es aportado en parte por los empresarios y en parte por el gobierno; por lo tanto, la crítica mencionada carece de fundamento, pues es un requisito para todos los participantes en el programa.
Pero el aporte de recursos no es para comprar ningún tipo de protección. El programa de transformación productiva se basa en un trabajo conjunto de gobierno, empresarios y academia para lograr unas condiciones favorables al desarrollo de los sectores. Por lo tanto, no hay subsidios, ni protección arancelaria, ni restricción a los competidores del resto del mundo.
Adicionalmente, se reconoce un elemento importante de la dinámica de las estructuras productivas de los países; esto es, que las actividades que hoy son destacadas, mañana no lo serán y darán paso a otras más modernas o en las que se descubran ventajas que ya no tienen los sectores “viejos”.
En el caso de las confecciones, por ejemplo, aún cuando una opción es ceder el paso a la producción de China e India que hoy nos compiten con sus bajos costos salariales en los mercados internacionales y en el mercado local, también existe la opción de avanzar hacia una producción diferenciada y con mayor valor agregado.
Así lo demuestran casos como el de la empresa española Zara que, no sólo se ha logrado mantener en el mercado, pese a que Europa tiene salarios mucho más elevados, sino que se ha convertido en un líder mundial de innovación en ese sector. Variedad de diseños, flexibilidad, reducidos tiempos de entrega de productos, rápida adaptación a los cambios del consumidor y bajos inventarios, son algunos de los elementos de su exitoso modelo de negocios.
¿Puede el sector de confecciones de Colombia evolucionar de forma que pueda reposicionarse en el mercado doméstico y en el internacional? Todo depende del grado de compromiso de los empresarios para mantener firme el rumbo que establezcan en su plan de negocios, para fortalecerse gremialmente y para liderar el cambio.
No necesariamente todos los sectores que iniciaron el programa tienen garantizado el éxito. Y por eso son necesarias nuevas oleadas, hasta que tengamos los sectores que nos conviertan en jugadores de clase mundial.
Trabajo como barrera no arancelaria
miércoles, 30 de diciembre de 2009
Publicado en Ámbito Jurídico el 3 de diciembre de 2007
Hay una protuberante contradicción entre quienes por criticar el TLC con EE UU no dudan en pasar por encima de otros temas que vienen defendiendo. Tal es el caso del capítulo laboral del tratado y la necesidad de mejorar la calidad del empleo en Colombia.
Los niveles de informalidad bordean el 60% del empleo en el país, con profundas repercusiones negativas tanto en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, como en la productividad del país. Los cálculos de McKinsey indican que la productividad laboral en el sector informal del país equivale al 6% de la productividad laboral de EE UU, mientras que la productividad del sector formal equivale al 41%. El problema es grave pues la brecha entre los dos países se viene ampliando en las últimas décadas.
Las hipótesis de mayor aceptación sobre las causas de la informalidad apuntan a las cargas parafiscales sobre la nómina, los incentivos perversos que generan las políticas asistencialistas (reducen las alicientes a buscar un mejor empleo) y la evasión de impuestos por parte de las empresas. Los empleados informales no cuentan con prestaciones sociales ni protección frente a los riesgos laborales y, con frecuencia, no reciben la remuneración mínima legal. De ahí que tirios y troyanos estén en desacuerdo con estas prácticas y propendan por la formalización de la economía y la mejora en las condiciones laborales de los asalariados.
¿Qué dice el TLC en materia laboral? ¿Va en contra de ese anhelo de un mejor empleo para los colombianos? En términos generales el tratado apunta en su capítulo laboral a tres objetivos: incorporación de los acuerdos de la OIT sobre derechos fundamentales de los trabajadores en la legislación nacional; observancia de la propia legislación laboral; y, compromisos para no deteriorarla con el propósito de obtener ventajas comerciales. Es evidente que su contenido está en armonía con los planteamientos ya señalados sobre eliminación del trabajo informal.
No obstante, en los debates para la aprobación del TLC y del protocolo modificatorio surgió la exótica hipótesis de que el capítulo laboral creará barreras no arancelarias para las exportaciones colombianas hacia los EE UU.
La hipótesis tiene la siguiente secuencia: 1. El protocolo modificatorio suprimió el mecanismo de consulta en el capítulo laboral para la solución de inconvenientes en la implementación del tratado; por lo tanto, éstos irán directamente al mecanismo general de solución de controversias. 2. Es evidente la carencia de herramientas para que el Gobierno asegure la efectiva aplicación de las leyes. Como ejemplo se menciona que la legislación prohíbe la explotación del trabajo infantil, pero todos los días en cualquier calle de nuestras ciudades se ven niños trabajando. 3. No hay forma de que las mipymes cumplan con la legislación laboral por lo onerosa que es. 4. Las exportaciones de las mipymes serán atacadas por los empresarios de EE UU, argumentando ante el mecanismo de solución de controversias el incumplimiento del capítulo laboral. 5. Se impondrán sanciones pecuniarias o comerciales a Colombia, lo que impedirá las exportaciones de las mipymes a los EE UU. Conclusión, el capítulo laboral es una barrera no arancelaria al comercio.
Varios problemas hay con la hipótesis de marras. En primer lugar, no es cierto que se hayan eliminado las consultas en el capítulo laboral; siguen existiendo las consultas cooperativas y las decisiones del Consejo de Asuntos Laborales –integrado por los ministros del ramo– como un paso obligado antes de ir al órgano general de solución de controversias. La lectura cuidadosa del párrafo 7 del artículo 17.7 –como quedó en el protocolo modificatorio– permite comprobarlo: “Ninguna de las Partes podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias conforme a este Acuerdo por un asunto que surja en relación con el presente Capítulo sin haber intentado previamente resolverlo de acuerdo con este Artículo”.
En segundo lugar, llegar a una sanción pecuniaria o comercial no es tan sencillo, pues no basta con que una empresa incumpla la legislación; tiene que ser un problema persistente y relativamente ampliado. Así lo señala el artículo 17.3, tal como quedó con el protocolo: “Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral… por medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo”.
En tercer lugar, la hipótesis no es consistente con el objetivo de reducir la informalidad. En últimas, la hipótesis dice implícitamente que las mipymes exportadoras no cumplen la legislación laboral y, por lo tanto, son informales. También dice que el Gobierno cometió un error al asumir el compromiso de hacer cumplir la legislación laboral porque pone en riesgo el acceso de las empresas informales al mercado de EE UU. Lo primero es parcialmente cierto, en tanto que lo segundo, además de absurdo, es falso.
Si el Gobierno no tiene herramientas para hacer cumplir la ley y las empresas se escudan en ello para deteriorar las condiciones laborales de los empleados, no se puede concluir que se está creando una barrera no arancelaria. Lo que es importante y urgente es corregir la situación, acudir a mecanismos de cooperación laboral, como los previstos en el tratado, y superar los problemas de informalidad. ¿O es que los autores de la hipótesis piensan que se puede eliminar la informalidad sin forzar el cumplimiento de las leyes?
Hay una protuberante contradicción entre quienes por criticar el TLC con EE UU no dudan en pasar por encima de otros temas que vienen defendiendo. Tal es el caso del capítulo laboral del tratado y la necesidad de mejorar la calidad del empleo en Colombia.
Los niveles de informalidad bordean el 60% del empleo en el país, con profundas repercusiones negativas tanto en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, como en la productividad del país. Los cálculos de McKinsey indican que la productividad laboral en el sector informal del país equivale al 6% de la productividad laboral de EE UU, mientras que la productividad del sector formal equivale al 41%. El problema es grave pues la brecha entre los dos países se viene ampliando en las últimas décadas.
Las hipótesis de mayor aceptación sobre las causas de la informalidad apuntan a las cargas parafiscales sobre la nómina, los incentivos perversos que generan las políticas asistencialistas (reducen las alicientes a buscar un mejor empleo) y la evasión de impuestos por parte de las empresas. Los empleados informales no cuentan con prestaciones sociales ni protección frente a los riesgos laborales y, con frecuencia, no reciben la remuneración mínima legal. De ahí que tirios y troyanos estén en desacuerdo con estas prácticas y propendan por la formalización de la economía y la mejora en las condiciones laborales de los asalariados.
¿Qué dice el TLC en materia laboral? ¿Va en contra de ese anhelo de un mejor empleo para los colombianos? En términos generales el tratado apunta en su capítulo laboral a tres objetivos: incorporación de los acuerdos de la OIT sobre derechos fundamentales de los trabajadores en la legislación nacional; observancia de la propia legislación laboral; y, compromisos para no deteriorarla con el propósito de obtener ventajas comerciales. Es evidente que su contenido está en armonía con los planteamientos ya señalados sobre eliminación del trabajo informal.
No obstante, en los debates para la aprobación del TLC y del protocolo modificatorio surgió la exótica hipótesis de que el capítulo laboral creará barreras no arancelarias para las exportaciones colombianas hacia los EE UU.
La hipótesis tiene la siguiente secuencia: 1. El protocolo modificatorio suprimió el mecanismo de consulta en el capítulo laboral para la solución de inconvenientes en la implementación del tratado; por lo tanto, éstos irán directamente al mecanismo general de solución de controversias. 2. Es evidente la carencia de herramientas para que el Gobierno asegure la efectiva aplicación de las leyes. Como ejemplo se menciona que la legislación prohíbe la explotación del trabajo infantil, pero todos los días en cualquier calle de nuestras ciudades se ven niños trabajando. 3. No hay forma de que las mipymes cumplan con la legislación laboral por lo onerosa que es. 4. Las exportaciones de las mipymes serán atacadas por los empresarios de EE UU, argumentando ante el mecanismo de solución de controversias el incumplimiento del capítulo laboral. 5. Se impondrán sanciones pecuniarias o comerciales a Colombia, lo que impedirá las exportaciones de las mipymes a los EE UU. Conclusión, el capítulo laboral es una barrera no arancelaria al comercio.
Varios problemas hay con la hipótesis de marras. En primer lugar, no es cierto que se hayan eliminado las consultas en el capítulo laboral; siguen existiendo las consultas cooperativas y las decisiones del Consejo de Asuntos Laborales –integrado por los ministros del ramo– como un paso obligado antes de ir al órgano general de solución de controversias. La lectura cuidadosa del párrafo 7 del artículo 17.7 –como quedó en el protocolo modificatorio– permite comprobarlo: “Ninguna de las Partes podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias conforme a este Acuerdo por un asunto que surja en relación con el presente Capítulo sin haber intentado previamente resolverlo de acuerdo con este Artículo”.
En segundo lugar, llegar a una sanción pecuniaria o comercial no es tan sencillo, pues no basta con que una empresa incumpla la legislación; tiene que ser un problema persistente y relativamente ampliado. Así lo señala el artículo 17.3, tal como quedó con el protocolo: “Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral… por medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo”.
En tercer lugar, la hipótesis no es consistente con el objetivo de reducir la informalidad. En últimas, la hipótesis dice implícitamente que las mipymes exportadoras no cumplen la legislación laboral y, por lo tanto, son informales. También dice que el Gobierno cometió un error al asumir el compromiso de hacer cumplir la legislación laboral porque pone en riesgo el acceso de las empresas informales al mercado de EE UU. Lo primero es parcialmente cierto, en tanto que lo segundo, además de absurdo, es falso.
Si el Gobierno no tiene herramientas para hacer cumplir la ley y las empresas se escudan en ello para deteriorar las condiciones laborales de los empleados, no se puede concluir que se está creando una barrera no arancelaria. Lo que es importante y urgente es corregir la situación, acudir a mecanismos de cooperación laboral, como los previstos en el tratado, y superar los problemas de informalidad. ¿O es que los autores de la hipótesis piensan que se puede eliminar la informalidad sin forzar el cumplimiento de las leyes?
De pobres a ricos
Publicado en Ámbito Jurídico el 8 de octubre de 2007
¿El nivel de desarrollo de Colombia avanzó en las últimas décadas? Sin duda. Los indicadores así lo demuestran: entre 1966 y 2004 la economía creció al 4% anual y el PIB per cápita al 1.9%; las exportaciones per cápita se multiplicaron por 13; la competitividad relativa mejoró; los indicadores de mortalidad bruta e infantil tienen tendencia descendente; la expectativa de vida, los indicadores de acceso a la educación, alfabetismo y cobertura de salud mejoraron continuamente.
¿Esto es suficiente? No lo es. El país no sólo necesita crecer, sino hacerlo a ritmos superiores a los de otros países; lo contrario implicaría rezagarse, seguir siendo pobres y aumentar las brechas con relación al bienestar de la población de los países desarrollados.
Colombia superó en apenas 0.1 puntos porcentuales el crecimiento del PIB per cápita mundial. Lamentablemente ese resultado no es suficiente para marcar la diferencia que permite a los países pasar de pobres a ricos. Angus Maddison muestra que Estados Unidos logró la supremacía económica con un crecimiento promedio del PIB per cápita de 1.7% anual entre 1820 y 1998, superando la media mundial en 0.5 puntos porcentuales. Los recientes casos de éxito de Asia, Irlanda y Chile superan el crecimiento del PIB per cápita mundial en más de un punto porcentual, con diferencias máximas en Corea y China (4.4 y 5.2 puntos porcentuales, respectivamente).
Varios análisis recientes comprueban que otros países están creciendo consistentemente más que nosotros y nuestra región. El nobel de economía Edward Prescott señala que “entre 1950 y 2001, el PIB per cápita de Europa se incrementó en 68% con relación al de Estados Unidos; el de Asia se incrementó en 244%, mientras que el de América Latina decreció en 21%”. Este resultado lo atribuye a los modelos proteccionistas adoptados desde la década del cincuenta.
La CAF en su último Reporte de Economía y Desarrollo destaca cómo entre 1960 y 1980 la productividad laboral colombiana avanzó lentamente con relación a la de Estados Unidos; a partir de este año se rezagó continuamente. Entre tanto, las economías asiáticas, que en los sesenta tenían similar nivel de desarrollo al nuestro, han incrementado su productividad tres veces más que la de Colombia y Latinoamérica. Estos resultados son corroborados por los datos que publicó la OIT hace unas pocas semanas; ellos indican que el PIB generado por un trabajador en Colombia apenas representó el 24% del obtenido por uno estadounidense en 2005 (en 1989 representaba el 32%).
Por último, el informe presentado por el profesor de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann al gobierno nacional, demuestra que las características de la canasta exportadora del país (diversificación, calidad, etcétera) contribuyen poco a impulsar el crecimiento económico. Por eso concluye que “en el corto plazo, el desafío para el crecimiento de Colombia es un desafío relacionado con las exportaciones”.
El gobierno tiene como objetivo superar estos problemas y buscar una senda de mayor crecimiento para cerrar las brechas de ingresos, con base en dos políticas: la inserción activa en la economía global y la transformación productiva.
Es un hecho que el panorama de la integración comercial de Colombia cambió sustancialmente en los últimos años y que seguirá haciéndolo en los próximos. Se espera que hacia el 2010 tengamos acceso preferencial permanente a un mercado de más de 1.300 millones de consumidores de 52 países.
Pero los tratados comerciales sin una economía competitiva de poco sirven; no sólo el mercado local se torna vulnerable, sino que se pierde la oportunidad de aprovechar el acceso preferencial. De ahí la importancia de la política de transformación productiva propuesta por el gobierno con fundamento en tres pilares: sectores de clase mundial, formalización laboral y empresarial, y salto en la productividad y el empleo.
Con los sectores de clase mundial se incentivará la inversión, nacional y extranjera, hacia sectores que puedan tener un impacto notable en la economía. Son sectores competitivos en el mercado internacional, con tecnología de punta, alto valor agregado, exportaciones de mayor calidad orientadas a mercados de niveles de ingreso alto y uso de mano de obra calificada. Se espera no sólo la generación de empleos sino un efecto derrame que se refleje en la demanda de producción de empresas nacionales, genere procesos de aprendizaje, transferencia de tecnología y aumento de productividad.
El alto grado de informalidad de la economía (59%) es un lastre para la competitividad. Es necesaria una lucha frontal para reducirla. Los cálculos del gobierno indican que disminuir la informalidad a un nivel como el de Chile (36%) podría elevar la productividad laboral relativa de un 20% a un 30% de la observada en Estados Unidos.
Los programas de competitividad se han fortalecido y se rediseñó la arquitectura institucional con el Sistema Nacional de Competitividad. Para el caso de las mipymes el gobierno aprobó recientemente un documento Conpes en el que se formula un enfoque integral de la política de desarrollo empresarial. Se espera diversificar y fortalecer las fuentes de financiación, impulsar la investigación y la transferencia de tecnología, entre otros.
Colombia tiene los diseños de política para alcanzar metas ambiciosas: ser el segundo o tercer país más competitivo de Latinoamérica, clasificarse como una economía de ingreso medio alto, tener más empleos de calidad, menos pobreza y mejor nivel de vida ¿Cerramos los ojos ante la evidencia y nos seguimos negando a ver más allá de las fronteras? ¿O aceleramos el paso y nos damos la oportunidad de saltar de pobres a ricos?
¿El nivel de desarrollo de Colombia avanzó en las últimas décadas? Sin duda. Los indicadores así lo demuestran: entre 1966 y 2004 la economía creció al 4% anual y el PIB per cápita al 1.9%; las exportaciones per cápita se multiplicaron por 13; la competitividad relativa mejoró; los indicadores de mortalidad bruta e infantil tienen tendencia descendente; la expectativa de vida, los indicadores de acceso a la educación, alfabetismo y cobertura de salud mejoraron continuamente.
¿Esto es suficiente? No lo es. El país no sólo necesita crecer, sino hacerlo a ritmos superiores a los de otros países; lo contrario implicaría rezagarse, seguir siendo pobres y aumentar las brechas con relación al bienestar de la población de los países desarrollados.
Colombia superó en apenas 0.1 puntos porcentuales el crecimiento del PIB per cápita mundial. Lamentablemente ese resultado no es suficiente para marcar la diferencia que permite a los países pasar de pobres a ricos. Angus Maddison muestra que Estados Unidos logró la supremacía económica con un crecimiento promedio del PIB per cápita de 1.7% anual entre 1820 y 1998, superando la media mundial en 0.5 puntos porcentuales. Los recientes casos de éxito de Asia, Irlanda y Chile superan el crecimiento del PIB per cápita mundial en más de un punto porcentual, con diferencias máximas en Corea y China (4.4 y 5.2 puntos porcentuales, respectivamente).
Varios análisis recientes comprueban que otros países están creciendo consistentemente más que nosotros y nuestra región. El nobel de economía Edward Prescott señala que “entre 1950 y 2001, el PIB per cápita de Europa se incrementó en 68% con relación al de Estados Unidos; el de Asia se incrementó en 244%, mientras que el de América Latina decreció en 21%”. Este resultado lo atribuye a los modelos proteccionistas adoptados desde la década del cincuenta.
La CAF en su último Reporte de Economía y Desarrollo destaca cómo entre 1960 y 1980 la productividad laboral colombiana avanzó lentamente con relación a la de Estados Unidos; a partir de este año se rezagó continuamente. Entre tanto, las economías asiáticas, que en los sesenta tenían similar nivel de desarrollo al nuestro, han incrementado su productividad tres veces más que la de Colombia y Latinoamérica. Estos resultados son corroborados por los datos que publicó la OIT hace unas pocas semanas; ellos indican que el PIB generado por un trabajador en Colombia apenas representó el 24% del obtenido por uno estadounidense en 2005 (en 1989 representaba el 32%).
Por último, el informe presentado por el profesor de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann al gobierno nacional, demuestra que las características de la canasta exportadora del país (diversificación, calidad, etcétera) contribuyen poco a impulsar el crecimiento económico. Por eso concluye que “en el corto plazo, el desafío para el crecimiento de Colombia es un desafío relacionado con las exportaciones”.
El gobierno tiene como objetivo superar estos problemas y buscar una senda de mayor crecimiento para cerrar las brechas de ingresos, con base en dos políticas: la inserción activa en la economía global y la transformación productiva.
Es un hecho que el panorama de la integración comercial de Colombia cambió sustancialmente en los últimos años y que seguirá haciéndolo en los próximos. Se espera que hacia el 2010 tengamos acceso preferencial permanente a un mercado de más de 1.300 millones de consumidores de 52 países.
Pero los tratados comerciales sin una economía competitiva de poco sirven; no sólo el mercado local se torna vulnerable, sino que se pierde la oportunidad de aprovechar el acceso preferencial. De ahí la importancia de la política de transformación productiva propuesta por el gobierno con fundamento en tres pilares: sectores de clase mundial, formalización laboral y empresarial, y salto en la productividad y el empleo.
Con los sectores de clase mundial se incentivará la inversión, nacional y extranjera, hacia sectores que puedan tener un impacto notable en la economía. Son sectores competitivos en el mercado internacional, con tecnología de punta, alto valor agregado, exportaciones de mayor calidad orientadas a mercados de niveles de ingreso alto y uso de mano de obra calificada. Se espera no sólo la generación de empleos sino un efecto derrame que se refleje en la demanda de producción de empresas nacionales, genere procesos de aprendizaje, transferencia de tecnología y aumento de productividad.
El alto grado de informalidad de la economía (59%) es un lastre para la competitividad. Es necesaria una lucha frontal para reducirla. Los cálculos del gobierno indican que disminuir la informalidad a un nivel como el de Chile (36%) podría elevar la productividad laboral relativa de un 20% a un 30% de la observada en Estados Unidos.
Los programas de competitividad se han fortalecido y se rediseñó la arquitectura institucional con el Sistema Nacional de Competitividad. Para el caso de las mipymes el gobierno aprobó recientemente un documento Conpes en el que se formula un enfoque integral de la política de desarrollo empresarial. Se espera diversificar y fortalecer las fuentes de financiación, impulsar la investigación y la transferencia de tecnología, entre otros.
Colombia tiene los diseños de política para alcanzar metas ambiciosas: ser el segundo o tercer país más competitivo de Latinoamérica, clasificarse como una economía de ingreso medio alto, tener más empleos de calidad, menos pobreza y mejor nivel de vida ¿Cerramos los ojos ante la evidencia y nos seguimos negando a ver más allá de las fronteras? ¿O aceleramos el paso y nos damos la oportunidad de saltar de pobres a ricos?
Blindaje anti-revaluación
Publicado en el diario La República el 4 de octubre de 2007
El PIB del segundo trimestre indica que la economía mantiene su dinámica. Todos los sectores crecieron más que en igual periodo de 2006, con excepción del sector de la construcción que aminoró su crecimiento.
De los 48 subsectores que el Dane desagrega en la presentación del PIB, 36 crecieron más que en el segundo trimestre de 2006; este resultado mejora el observado en igual periodo del año anterior, cuando sólo 19 subsectores tuvieron un crecimiento superior al de 2005.
Además, las cifras mensuales de empleo, industria manufacturera y comercio minorista corroboran que la economía no registra señales de desaceleración.
Estos resultados y la marcada apreciación del peso en el presente año no parecen compatibles. Conceptualmente, la revaluación supone menor competitividad de las exportaciones y probables impactos negativos en producción y empleo ¿Qué puede explicar esta aparente contradicción? Una lista no exhaustiva debe incluir los siguientes factores:
1. La incertidumbre es el entorno natural en el que se desenvuelven los empresarios y ellos no son indiferentes a los cambios en las variables que los impactan. Frente al riesgo cambiario la respuesta lógica es la cobertura, para lo cual cuentan con varias alternativas.
La primera tiene que ver con las importaciones de insumos y bienes de capital. Esta cobertura se puede medir como el cociente entre las importaciones y las exportaciones de cada empresa; en el primer semestre de 2007 el 40% del valor exportado por el país tuvo una cobertura superior al 20%, el 24% una cobertura entre 1 y 20% y el 36% no tuvo cobertura.
La segunda es el endeudamiento privado externo, que creció US$1.775 millones hasta mayo de 2007, mientras que en igual periodo de 2006 se había reducido en US$108 millones.
Por último, están los instrumentos financieros. El mercado de forwards del sector real ha crecido notablemente; los promedios de US$1.000 millones en 2004, tanto en compra como en venta, dieron paso a niveles superiores a US$5.000 millones en 2007.
2. Aumento de la productividad. En el caso del sector industrial los cálculos del Dane indican que la productividad laboral creció al 9% anual durante el segundo trimestre de 2007.
3. La utilización de las medidas de apoyo que el gobierno ha adoptado con el fin de preservar el empleo y evitar la pérdida de mercados internacionales.
4. Reducción de márgenes de utilidad o absorción de pérdidas, cuando se percibe que el problema es transitorio.
Todas estas acciones amortiguan el impacto negativo que puede ocasionar la apreciación de la moneda y contribuyen a explicar por qué los indicadores de actividad económica siguen siendo positivos.
Adicionalmente, la mejora en los precios internacionales –no sólo de los productos básicos– ha contribuido a atenuar los impactos. Para examinar el tema se calcularon los precios implícitos promedio para los principales 35 productos de exportación –que representaron el 54% del total en el primer semestre de 2007–; luego se expresaron en moneda local y se promediaron por semestre.
Los resultados indican que 18 productos tuvieron variaciones positivas anuales y, por lo tanto, compensaron la caída de la tasa de cambio. Los otros 17 registraron caídas, pero sólo 7 en mayor magnitud que la revaluación promedio del primer semestre (9.5% anual).
Lo anterior no desconoce que hay empresas golpeadas por la revaluación o que se han visto abocadas a la quiebra. Muestra que algunas no han tenido alternativas, mientras que otras han adoptado estrategias de compensación, aplicando el dicho popular: “camarón que se duerme…”.
El PIB del segundo trimestre indica que la economía mantiene su dinámica. Todos los sectores crecieron más que en igual periodo de 2006, con excepción del sector de la construcción que aminoró su crecimiento.
De los 48 subsectores que el Dane desagrega en la presentación del PIB, 36 crecieron más que en el segundo trimestre de 2006; este resultado mejora el observado en igual periodo del año anterior, cuando sólo 19 subsectores tuvieron un crecimiento superior al de 2005.
Además, las cifras mensuales de empleo, industria manufacturera y comercio minorista corroboran que la economía no registra señales de desaceleración.
Estos resultados y la marcada apreciación del peso en el presente año no parecen compatibles. Conceptualmente, la revaluación supone menor competitividad de las exportaciones y probables impactos negativos en producción y empleo ¿Qué puede explicar esta aparente contradicción? Una lista no exhaustiva debe incluir los siguientes factores:
1. La incertidumbre es el entorno natural en el que se desenvuelven los empresarios y ellos no son indiferentes a los cambios en las variables que los impactan. Frente al riesgo cambiario la respuesta lógica es la cobertura, para lo cual cuentan con varias alternativas.
La primera tiene que ver con las importaciones de insumos y bienes de capital. Esta cobertura se puede medir como el cociente entre las importaciones y las exportaciones de cada empresa; en el primer semestre de 2007 el 40% del valor exportado por el país tuvo una cobertura superior al 20%, el 24% una cobertura entre 1 y 20% y el 36% no tuvo cobertura.
La segunda es el endeudamiento privado externo, que creció US$1.775 millones hasta mayo de 2007, mientras que en igual periodo de 2006 se había reducido en US$108 millones.
Por último, están los instrumentos financieros. El mercado de forwards del sector real ha crecido notablemente; los promedios de US$1.000 millones en 2004, tanto en compra como en venta, dieron paso a niveles superiores a US$5.000 millones en 2007.
2. Aumento de la productividad. En el caso del sector industrial los cálculos del Dane indican que la productividad laboral creció al 9% anual durante el segundo trimestre de 2007.
3. La utilización de las medidas de apoyo que el gobierno ha adoptado con el fin de preservar el empleo y evitar la pérdida de mercados internacionales.
4. Reducción de márgenes de utilidad o absorción de pérdidas, cuando se percibe que el problema es transitorio.
Todas estas acciones amortiguan el impacto negativo que puede ocasionar la apreciación de la moneda y contribuyen a explicar por qué los indicadores de actividad económica siguen siendo positivos.
Adicionalmente, la mejora en los precios internacionales –no sólo de los productos básicos– ha contribuido a atenuar los impactos. Para examinar el tema se calcularon los precios implícitos promedio para los principales 35 productos de exportación –que representaron el 54% del total en el primer semestre de 2007–; luego se expresaron en moneda local y se promediaron por semestre.
Los resultados indican que 18 productos tuvieron variaciones positivas anuales y, por lo tanto, compensaron la caída de la tasa de cambio. Los otros 17 registraron caídas, pero sólo 7 en mayor magnitud que la revaluación promedio del primer semestre (9.5% anual).
Lo anterior no desconoce que hay empresas golpeadas por la revaluación o que se han visto abocadas a la quiebra. Muestra que algunas no han tenido alternativas, mientras que otras han adoptado estrategias de compensación, aplicando el dicho popular: “camarón que se duerme…”.
¿Colombia Compite?
martes, 29 de diciembre de 2009
Publicado en el diario La República el 15 de agosto de 2007
La regla de juego en la economía globalizada se llama competitividad. En el mercado doméstico y en el internacional, los empresarios enfrentan la competencia de países que antes no les competían y los productores de no transables ven cómo muchos de esos bienes ahora son transables.
Frente a ese fenómeno, el gobierno adoptó una estrategia que tiene dos componentes: la política de internacionalización y la de transformación productiva.
La primera se fundamenta en el papel del comercio internacional como palanca del crecimiento económico. La ejecución se manifiesta en una participación activa en la OMC y el desarrollo de una amplia agenda de negociaciones comerciales.
La segunda se orienta al fortalecimiento de la competitividad como instrumento para afrontar la creciente competencia de otros países y para aprovechar el acceso preferencial a los mercados de los principales socios comerciales. El acceso preferencial a otros mercados brinda una ventaja temporal que se diluye al aumentar el número de negociaciones de los países socios; sólo la competitividad permitirá mantener las tajadas del mercado logradas por entrar antes.
Cuando algunos analistas señalan que el gobierno comete un error al adelantar negociaciones comerciales y no tener una agenda interna de competitividad, implícitamente parten de una premisa errada: pensar que Colombia no compite en la actualidad.
Aparentemente la premisa tiene fundamentos. No estamos bien en el escalafón de competitividad del World Economic Forum (65 entre 125 países) ni en el de IMD (38 entre 55 países). La CAF y el nobel de economía Edward Prescott concluyen que las políticas de sustitución de importaciones acarrearon el rezago de la productividad laboral de Colombia y América Latina con relación a la de Estados Unidos. Además, en diversos escenarios se llama la atención sobre una larga lista de factores que afectan nuestra competitividad: atraso en obras de infraestructura; bajo gasto en investigación y desarrollo; demasiados trámites para hacer negocios; inestabilidad en las reglas del juego; justicia inoperante e impunidad; deficiencias en educación; cargas fiscales onerosas; puertos ineficientes, etc.
¿Esto significa que Colombia no está lista para la globalización o para los acuerdos comerciales? Cabe preguntarse si, por ejemplo, la China de 1978 con un ingreso per cápita de US$ 150 dólares (Colombia ya superaba los US$ 1.500) ya estaba “lista” para abrirse a los mercados internacionales. En un documento de 1997 el gobierno de Australia señala: “China promedia 1.1 kilómetros de carreteras por 100 km2 (versus 7 km/100 km2 en Estados Unidos) e incluso en las áreas costeras más desarrolladas tiene 2.5 km/100 km2. De 1.1 millones de km de vías, sólo 8.500 km son vías modernas y apenas 23% son asfaltadas”.
Aún con las deficiencias mencionadas, Colombia tiene presencia en los mercados internacionales; registra ventajas competitivas medidas y comprobadas en mercados como el de Estados Unidos; y duplicó las exportaciones en los últimos 5 años, no sólo por los altos precios de los productos básicos, sino también por la diversificación de las exportaciones.
Las políticas de competitividad implementadas desde finales de la década anterior reflejan una estrecha sintonía entre gobierno, academia y sector privado en la construcción de la agenda interna, proceso que tiende a consolidarse con la nueva institucionalidad del Sistema Nacional de Competitividad. El reto propuesto es avanzar a mayor velocidad, evolucionar hacia exportaciones con más valor agregado, desarrollar sectores de talla mundial, reducir la informalidad y crecer más la economía. El nutrido grupo de participantes en el X Colombia Compite abordó con entusiasmo estos temas; quedó definido un norte y muchas tareas para alcanzar la visión propuesta: ser uno de los tres países más competitivos de Latinoamérica.
La regla de juego en la economía globalizada se llama competitividad. En el mercado doméstico y en el internacional, los empresarios enfrentan la competencia de países que antes no les competían y los productores de no transables ven cómo muchos de esos bienes ahora son transables.
Frente a ese fenómeno, el gobierno adoptó una estrategia que tiene dos componentes: la política de internacionalización y la de transformación productiva.
La primera se fundamenta en el papel del comercio internacional como palanca del crecimiento económico. La ejecución se manifiesta en una participación activa en la OMC y el desarrollo de una amplia agenda de negociaciones comerciales.
La segunda se orienta al fortalecimiento de la competitividad como instrumento para afrontar la creciente competencia de otros países y para aprovechar el acceso preferencial a los mercados de los principales socios comerciales. El acceso preferencial a otros mercados brinda una ventaja temporal que se diluye al aumentar el número de negociaciones de los países socios; sólo la competitividad permitirá mantener las tajadas del mercado logradas por entrar antes.
Cuando algunos analistas señalan que el gobierno comete un error al adelantar negociaciones comerciales y no tener una agenda interna de competitividad, implícitamente parten de una premisa errada: pensar que Colombia no compite en la actualidad.
Aparentemente la premisa tiene fundamentos. No estamos bien en el escalafón de competitividad del World Economic Forum (65 entre 125 países) ni en el de IMD (38 entre 55 países). La CAF y el nobel de economía Edward Prescott concluyen que las políticas de sustitución de importaciones acarrearon el rezago de la productividad laboral de Colombia y América Latina con relación a la de Estados Unidos. Además, en diversos escenarios se llama la atención sobre una larga lista de factores que afectan nuestra competitividad: atraso en obras de infraestructura; bajo gasto en investigación y desarrollo; demasiados trámites para hacer negocios; inestabilidad en las reglas del juego; justicia inoperante e impunidad; deficiencias en educación; cargas fiscales onerosas; puertos ineficientes, etc.
¿Esto significa que Colombia no está lista para la globalización o para los acuerdos comerciales? Cabe preguntarse si, por ejemplo, la China de 1978 con un ingreso per cápita de US$ 150 dólares (Colombia ya superaba los US$ 1.500) ya estaba “lista” para abrirse a los mercados internacionales. En un documento de 1997 el gobierno de Australia señala: “China promedia 1.1 kilómetros de carreteras por 100 km2 (versus 7 km/100 km2 en Estados Unidos) e incluso en las áreas costeras más desarrolladas tiene 2.5 km/100 km2. De 1.1 millones de km de vías, sólo 8.500 km son vías modernas y apenas 23% son asfaltadas”.
Aún con las deficiencias mencionadas, Colombia tiene presencia en los mercados internacionales; registra ventajas competitivas medidas y comprobadas en mercados como el de Estados Unidos; y duplicó las exportaciones en los últimos 5 años, no sólo por los altos precios de los productos básicos, sino también por la diversificación de las exportaciones.
Las políticas de competitividad implementadas desde finales de la década anterior reflejan una estrecha sintonía entre gobierno, academia y sector privado en la construcción de la agenda interna, proceso que tiende a consolidarse con la nueva institucionalidad del Sistema Nacional de Competitividad. El reto propuesto es avanzar a mayor velocidad, evolucionar hacia exportaciones con más valor agregado, desarrollar sectores de talla mundial, reducir la informalidad y crecer más la economía. El nutrido grupo de participantes en el X Colombia Compite abordó con entusiasmo estos temas; quedó definido un norte y muchas tareas para alcanzar la visión propuesta: ser uno de los tres países más competitivos de Latinoamérica.
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