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Lo que faltó en la reforma

lunes, 24 de junio de 2024

 

Publicado en Portafolio el 24 de junio de 2024

De las reformas propuestas por el gobierno, la pensional era la que tenía más probabilidades de ser aprobada por el Congreso, porque es una realidad que se necesitan cambios en el sistema pensional.

Independientemente de los debates que surgieron en torno a varios puntos del contenido y a la mecánica de aprobación del proyecto de ley, es importante tener en cuenta que sus logros son parciales y que se dejaron de lado temas de fondo, como los ajustes paramétricos y la cobertura poblacional.

Uno de los graves problemas que hay en Colombia es que en 2021 solo alrededor del 25% de los mayores de 65 años contaba con una pensión, mientras que la media de América Latina era de 46,8%, según la OIT. Como consecuencia, muchos de ellos dependen de sus familias y cuando estas no pueden o no quieren mantenerlos terminan en el abandono y en la miseria. La OIT calcula que el 53,8% de los adultos mayores no tenía ni ingreso laboral ni pensión, superando casi en 20 puntos la media de la región (34,5%).

En este aspecto hay un avance en la ley aprobada la semana pasada. El pilar solidario establece una renta básica equivalente a la línea de pobreza extrema para las mujeres mayores de 60 años y los hombres de 65 en situación de pobreza.

El otro problema es el de la baja cobertura del sistema pensional, pues en esencia hacen parte de él los trabajadores formales. Con niveles de informalidad laboral estancados por encima del 55% y con políticas poco efectivas para reducirla, la mayor parte de esa población seguirá excluida. Algunos analistas esperan que la reforma laboral contribuya a reducirla, mientras que otros piensan que su efecto será negativo.

Un tema adicional es el de las edades de jubilación. En Colombia, según el Dane, la esperanza de vida de los hombres pasó de 48 a 75 años en las últimas siete décadas y la de las mujeres de 52 a 80 años. A medida que sigue aumentando, si no se modifican las edades de jubilación, se necesitan recursos adicionales para financiar pensiones por más tiempo; las opciones son incrementar los aportes de trabajadores y empresarios o los recursos fiscales transferidos, lo que demandaría más impuestos a la sociedad. La solución debería ser una combinación de ese tipo de medidas, incluyendo una norma que ajuste de forma periódica y automática la edad de jubilación, como lo propuse en “El envejecimiento de la población: ¿un problema?” (en “Trabajo formal en Colombia: Realidad y retos”).

Colofón: como en el caso de las reformas tributarias, vamos a tener que acostumbrarnos a continuas reformas pensionales.

La carta a los candidatos

viernes, 17 de diciembre de 2021

 

Publicado el 17 de diciembre de 2021 en Portafolio

Pese al crecimiento esperado del PIB del 10% en 2021, la situación económica que enfrenta el país es muy compleja y va a requerir un paquete de reformas sólidamente estructuradas por el equipo técnico del nuevo presidente. Hay problemas de fondo que se vienen aplazando, pero el margen de maniobra se está cerrando; entre más se demoren las medidas para superarlos, menos factible será alcanzar una senda de mayor crecimiento, descenso de la pobreza, distribución más equitativa del ingreso y mejora del bienestar.

Ante ese panorama, un amplio grupo de profesionales envió una carta abierta a los candidatos y precandidatos a la Presidencia de la República, que contiene un diagnóstico de la situación y propuestas para una agenda realista de las reformas urgentes que necesita Colombia. El texto completo puede ser consultado en https://www.eltiempo.com/economia/sectores/expertos-presenta-propuestas-a-precandidatos-a-la-presidencia-638811.

La economía colombiana registra una situación fiscal difícil: hay que reducir el alto endeudamiento público, bajar el gasto y enfrentar las presiones sociales, derivadas en parte de la pandemia. El desempleo aumentó notablemente y la recuperación que se viene observando en el mercado laboral, además de ser lenta, se fundamenta en el crecimiento de la informalidad que nuevamente ronda el 63%. La pobreza y la pobreza extrema están en los niveles más altos de los últimos nueve años. La pandemia ha puesto en evidencia los problemas de baja productividad y lento crecimiento del PIB y las vulnerabilidades implícitas en una canasta exportadora altamente concentrada.

La carta propone acciones en materia de seguridad social, con el objetivo de superar las limitaciones del sistema pensional y de salud, reducir las cargas de la nómina y proteger a la población mayor de 70 años que carece de pensión. En el tema tributario se resaltan las propuestas de centros de investigación como Fedesarrollo y el Cede, a los que habría que sumar los excelentes informes técnicos de diversas misiones relacionadas con los temas de la hacienda pública.

El crecimiento económico debería superar el 5% anual, lo que demanda evolucionar hacia una estructura productiva más sofisticada, lograr exportaciones de mayor contenido tecnológico y diseñar la transición energética del país. También se requieren reformas institucionales para combatir la corrupción y superar la inoperancia estatal. En el primer asunto no solo hay que cambiar las percepciones de las personas sino acometer reformas en los entes de control. Sobre el segundo, es muy grave la presencia de agentes ilegales que suplantan al Estado en diversas zonas.

En síntesis, la carta es una invitación al debate de los candidatos con la sociedad sobre unos temas que no son los únicos, pero sí los más apremiantes de cara al futuro de Colombia.

Perdieron los pobres

jueves, 29 de julio de 2021

 

Publicado en Portafolio el jueves 29 de junio de 2021

Los organizadores de las protestas se ufanan de sus victorias pese a que, paradójicamente, su gran logro es causarle perjuicios a la población más vulnerable, cuyos intereses supuestamente representan.

Los perjudican al destruir estaciones y buses del transporte masivo, pues reducen la oferta de este servicio esencial y los obligan a desplazarse en vehículos más congestionados; además, los recursos que se gastan en reposiciones y reparaciones deberían haberse destinado a otros bienes públicos. Los perjudican con los bloqueos que encarecen los productos de primera necesidad. Los perjudican con las aglomeraciones de las marchas que en parte explican la prolongación del pico de la pandemia, el alto riesgo de colapso del sistema de salud y la muerte de muchas personas por la covid-19.

De igual forma, la derrota de la reforma tributaria de Carrasquilla (RTC), que los voceros del paro proclamaron como una gran victoria, ni siquiera califica como pírrica, cuando se compara con lo que pierden los pobres frente al proyecto que el gobierno (PG) acaba de presentar al Congreso.

Para empezar, la RTC volvía permanente el programa de ingreso solidario, mientras que el PG solo lo mantiene hasta 2022. El primero tenía una cobertura para 18,8 millones de personas y el segundo para 9,8 millones.

Mientras la fracasada RTC buscaba incentivar el empleo de jóvenes mediante la exoneración de parafiscales y un subsidio a las contribuciones de pensiones y salud, el PG solo ofrece un subsidio parcial al pago de parafiscales. En la RTC ese mismo esquema se extendía a otros empleos, incluyendo el de mujeres mayores de 40 años; en cambio en el PG solo se subsidia para este grupo cerca del 40% de las contribuciones a la seguridad social.

Adicionalmente, con el programa de devoluciones de IVA y los programas de transferencias monetarias mejoraría el poder adquisitivo de los hogares de los deciles 1 y 2 en 68% y 25%; con el PG, según Benítez y Lora esas ganancias se reducen a 27% y 10%, respectivamente. Pero en el otro extremo, en la RTC se reduciría el poder adquisitivo de los deciles 9 y 10, en 2% y 4%, mientras que en el PG no cambia, es decir, saldrán beneficiados.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el de la pérdida del grado de inversión como consecuencia de la lectura que hacen las calificadoras sobre las debilidades fiscales del país. Esa pérdida incrementará el costo del endeudamiento en un monto cercano a los $4,0 billones por año, lo que implica la desviación de recursos que podrían atender necesidades básicas de la población.

Flaco favor el que le hacen los autoproclamados líderes del paro a las clases menos favorecidas del país: Lejos de solucionar los problemas que justifican el malestar social, lo que hacen es volverlos más complejos.

Los pobres y la reforma

viernes, 23 de abril de 2021

 Publicado en Portafolio el viernes 23 de abril de 2021

En medio de la avalancha de críticas generada por el proyecto de ley de reforma tributaria que hace trámite en el Congreso, no se puede perder de vista el componente de política social.

Tal vez a fuerza de ver todos los días y por todas partes vendedores ambulantes y migrantes en actividades de rebusque y pidiendo ayuda, termina pareciendo normal que estén ahí. Pero se nos olvida que su situación es dramática y que antes de la pandemia se venían cocinando múltiples manifestaciones de inconformidad que siguen latentes, con el riesgo de explotar en cualquier momento. La pandemia ha tenido dos efectos sobre ellas; por un lado, las relegó a un segundo plano porque los debates están más en las olas de covid-19, en la ocupación de las UCI y en las vacunas; pero, por otro, hizo crecer la población vulnerable con los que perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos y cayeron en la pobreza.

La exposición de motivos del proyecto de ley contiene cifras que evidencian la magnitud del problema. Si bien los ingresos se redujeron en todos los deciles como consecuencia de la pandemia, los más afectados fueron los de la población pobre; en los deciles 1, 2 y 3 cayeron en -56,8%, -32,3% y -20,1%, respectivamente, en septiembre-diciembre de 2020 respecto a 2019.

Los datos muestran que el aumento del desempleo repercutió en el incremento de la informalidad, especialmente en los deciles 3 a 7; es decir, en los segmentos de la clase media que perdieron sus empleos formales y están ahora en el rebusque. La respuesta del gobierno fue el aumento de los giros de transferencias monetarias (Familias en acción, Jóvenes en acción y Colombia Mayor), la puesta en marcha de forma anticipada de las devoluciones del IVA y la creación del Programa de Ingreso Solidario (PIS). Un análisis del investigador Jairo Nuñez comprobó que esta decisión contuvo parcialmente el aumento de la pobreza.

En ese contexto es relevante la propuesta del proyecto de reforma tributaria de fortalecer el mecanismo de transferencias monetarias con el PIS. Se busca no solo incluir alrededor de 2,4 millones de hogares pobres que no recibían transferencias en 2019, sino también a los que cayeron en pobreza por la pandemia.

Es una excelente respuesta a la emergencia por la pandemia. Pero volver permanente el PIS demanda no solo estrictos mecanismos de graduación y la corrección de los problemas de focalización, sino otras reformas que rompan los incentivos a la informalidad que hoy bordea el 65% de la población ocupada. Se trata de reformas a la financiación del sistema de salud, una nueva arquitectura al sistema pensional y cambios en los parafiscales, como lo propone el equipo de Fedesarrollo liderado por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía.

Covid-19 a domicilio

viernes, 23 de octubre de 2020

 

Publicado en Portafolio el 23 de octubre de 2020

Bogotá fue una de las ciudades que cerró la economía por más tiempo; según la alcaldesa, “primero la vida y la salud” que “privilegiar los intereses económicos”. Ese criterio explica la demora en la aprobación de los protocolos sanitarios y la dosificación de los días en que podían funcionar las empresas. Además, estableció horarios de entrada de los trabajadores para no sobrepasar del 35% el uso de Transmilenio porque eso podría desbocar la pandemia; sin embargo, en las declaraciones más recientes asegura que el transporte masivo no es un foco de contagios. A pesar de esos argumentos, la capital registra la mayor tasa de incidencia del covid-19 y la tercera de mortalidad en Colombia.

La alcaldesa olvidó que la capital no es una isla y que los procesos productivos funcionan en cadenas que integran diversas regiones del país y del mundo. Como consecuencia, la economía bogotana es la más postrada entre las principales ciudades del país. La tasa de desempleo de Colombia en el trimestre junio-agosto fue de 18,9% y la de Bogotá 24,1%; mientras la caída en el número de ocupados nacional fue de 16,2% respecto al mismo trimestre de 2019, en la capital cayeron en 21,0%.

La producción industrial de Bogotá cayó en agosto -17,4%; solo la supera Bucaramanga (-26,0%), pero mientras la primera explica el 26% de la caída nacional, la segunda aporta el 3%. El empleo industrial en la capital se contrajo en 12,7% ese mes, superó las ocho ciudades con las que el Dane la compara y aportó el 39% de la reducción total de Colombia. En comercio minorista las ventas reales se redujeron en 20,2%, la mayor contracción respecto a las principales regiones y explica el 42,5% del resultado del país.

Las consecuencias de esa debacle económica se apreciarán en mayor pobreza de la población bogotana. Esperemos que esos resultados no sean atribuidos por la alcaldesa al gobierno nacional, como ya se le volvió costumbre.

Lo curioso es que mientras le puso muchas trabas a la actividad económica formal para la reapertura de sus negocios, se ha hecho la de la “vista gorda” con los informales y los domiciliarios. Hace meses viene anunciando medidas para controlar las aglomeraciones y el incumplimiento del distanciamiento social en las ventas callejeras, pero hasta la fecha todo sigue igual o peor. ¿No percibirá la alcaldía que ese puede ser un factor explicativo de la concentración de contagios y muertes por covid-19 en los estratos de menores ingresos?

Por si fuera poco, los miles de trabajadores que sobreviven con las entregas a domicilio se están convirtiendo en un problema adicional sin que se tomen medidas para evitar las aglomeraciones, los basureros que generan y el uso del espacio público como sanitario. Las empresas de servicios domiciliarios se habían comprometido a establecer sitios de tránsito en los que estas personas tuvieran unas condiciones mínimas de espera, de acceso a servicios sanitarios y de higiene básica, pero tampoco han cumplido. ¿La alcaldesa que le impuso fecha de apertura, días y horarios de operación a las empresas formales no podrá obligar a las de domicilios a proteger estos trabajadores y con ello a la población bogotana crecientemente expuesta a contagios de coronavirus por la forma en que operan tales negocios?

Profesionales comprometidos

jueves, 19 de julio de 2018
Publicado en Portafolio el 19 de julio de 2018

¿Se imaginan ustedes a un pionero de la robótica, un doctor en economía, un sicólogo, y otros destacados profesores de la Universidad de Stanford diciéndole a un grupo de estudiantes de doctorado que respiren profundo mientras se concentran en cada parte de su cuerpo? ¿o que sustituyan en su cotidianidad la palabra “tener que” por “querer”? ¿o que pasen del pensar al hacer?

Pues eso ocurre en el Institutode Diseño Hasso Plattner de la Universidad de Stanford  de la Universidad de Stanford, más conocido como d.school. Se trata de cursos interdisciplinarios libres para los estudiantes que están terminando sus doctorados o maestrías. En ellos persiguen diferentes objetivos, como entender que el conocimiento debe servir para solucionar los problemas de las personas; desarrollar formas creativas de pensamiento para hacerle frente a las dificultades que aquejan a una comunidad; y aprender las ventajas del trabajo en grupos que se enriquecen con puntos de vista de diferentes áreas del conocimiento.

Para poner en práctica esas metodologías, a los estudiantes los retan con frecuencia a solucionar problemas concretos de economías pobres. Uno de los ejemplos, ocurrió en Nepal, país que tenía una alta mortalidad de bebés prematuros.

La información inicial que tuvieron los estudiantes era la limitación en el número de incubadoras disponibles en el país, la escasez de recursos para adquirir más por su elevado costo (USD20.000) y los problemas de mantenimiento por la carencia de mano de obra calificada; además, el irregular servicio de energía eléctrica interrumpía el funcionamiento y dañaba los equipos. En consonancia con ese diagnóstico, propusieron inicialmente diseñar incubadoras más baratas y fabricar baterías de apoyo.

Los estudiantes hablaron con personas de los grupos afectados y terminaron reformulando el problema: las mujeres con bebés prematuros vivían generalmente lejos de las ciudades donde estaban las incubadoras y tenían problemas de transporte y costos de desplazamiento. La solución fue el diseño de un saco de dormir (sleeping) en miniatura, en un material que se calienta en agua y permite mantener la temperatura del bebé en condiciones adecuadas; además su costo era menos del 1% del de una incubadora.

Los resultados fueron notables: reducción de la tasa de mortalidad de los bebés prematuros y la creación de una empresa del grupo de estudiantes, que ayuda con su invento a miles de bebés de economías en desarrollo.

Las metodologías y experiencias que han desarrollado en d.school las presenta uno de los fundadores y pionero de la robótica, el profesor Bernard Roth, en su libro “El hábito del logro” (ver más detalles en mi canal de YouTube “La biblioteca de Hernán”). 

Con una alta probabilidad, guiados por el título, muchos académicos del país no lo leerían. Pero debería ser un libro de cabecera de rectores, decanos y directores de centros de investigación universitarios, así como de estudiantes y empresarios.

Desconozco si alguna universidad de Colombia está tratando de emular d.school, pero en EE.UU. las universidades de élite sí lo hacen. En el país, suelen ofrecer un semestre terminal en países desarrollados; podrían, como complemento imprescindible, fomentar la creatividad y el trabajo interdisciplinario entre los estudiantes más calificados, orientándolos a solucionar algunos de los miles de problemas que afectan a las comunidades pobres. Así, además de apoyar a mucha gente, tendríamos profesionales más creativos, comprometidos y emprendedores.

Distribución del ingreso y populismo

viernes, 19 de enero de 2018
Publicado en Portafolio el 19 de enero de 2018

La creciente concentración del ingreso en las economías desarrolladas ha suscitado numerosos debates y es una de las presuntas culpables de las manifestaciones de descontento de las clases medias en Estados Unidos y en Europa.

En Colombia el interés por el tema es esporádico; pero debería ser más relevante, dado que tenemos una de las peores distribuciones del ingreso del mundo. El índice de Gini es el octavo más alto, según el PNUD, y solo nos superan Haití y algunas de las economías africanas más pobres del planeta.

El mundo se sorprendió cuando diversas investigaciones mostraron que en Estados Unidos el 1% superior de la distribución aumentó su participación en el ingreso total del 8.9% en 1973 al 20.0% en 2010 y al 22.0% en 2015. Según Facundo Alvaredo y Juliana Londoño (“Altos ingresos e impuesto de renta en Colombia, 1993-2010”), estamos en las mismas, pues ese grupo captó el 20.4% del ingreso colombiano en 2010.

De forma complementaria, con base en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el diario alemán Welt am Sonntag calculó que en 2017 la fortuna de las cinco personas más adineradas de Estados Unidos (Bezos, Gates, Buffet, Zuckerberg y Page), que están entre los 10 más ricos del mundo, equivale al 2.1% del PIB. Por contraste, los tres con mayor riqueza en Colombia (puestos 77, 107 y 450 en el índice) representan el 11.3% del PIB, es decir, 5.4 veces más que los cinco estadounidenses; esa concentración es mayor que la de nuestros principales socios latinoamericanos: Chile el 9.3%, México el 7.9% y Perú el 2.9%.

Aun cuando estos indicadores reflejan la magnitud del problema en Colombia, no parece que estemos dispuestos a solucionarlo, pues ni se aprovechan las oportunidades del crecimiento y ni se toman las decisiones de política económica para mejorar la distribución del ingreso.

El reciente auge de crecimiento sirvió a la mayoría de las economías de Latinoamérica para mejorar la distribución del ingreso, pero Colombia lo aprovechó en menor medida. Según la Cepal, el Gini de la región se redujo en 13.2% entre 2002 y 2016, mientras que el colombiano lo hizo en 8.2%. Además, según Alvaredo y Londoño la participación del 1% superior de la distribución se mantiene estable.

La reforma tributaria aprobada en 2016 fue una oportunidad desperdiciada. Muy pocas exenciones se eliminaron y el gravamen sobre los dividendos se quedó a la mitad del camino de lo propuesto por la Comisión de Expertos. Esto impidió mejorar la capacidad redistributiva de la política fiscal.

Tampoco se logró avanzar en la aprobación de una ley para racionalizar la asignación de los subsidios y el ambiente para tramitar una reforma pensional que elimine los regresivos subsidios a las pensiones altas luce poco favorable.

Ante este panorama, todos los ciudadanos, en especial los candidatos a la presidencia, deberíamos tener presente la sentencia de François Bourguignon en su libro La globalización de la desigualdad (2017): “Demasiada desigualdad puede conducir indirectamente a grandes daños económicos a través de la política. En efecto, las tensiones sociales, la inestabilidad política, los gobiernos populistas o simplemente las decisiones populistas que surgen de la percepción pública de una desigualdad excesiva son potencialmente perjudiciales para la economía”.

Vivir con US$2 diarios y ahorrar

miércoles, 22 de agosto de 2012
Publicado en la edición No. 54 de la Revista Misión Pyme, agosto de 2012

La definición internacional de pobreza adoptada por el Banco Mundial corresponde a personas que viven con menos de US$2 diarios y la de pobreza extrema a las que viven con menos de US$1.25 diarios.

A primera vista parece absurdo que eso pueda ser posible. Pero las estimaciones más recientes del Banco Mundial indican que en 2008 había 2.470 millones de pobres en el mundo y 7.2 millones en Colombia (en 2010); de ellas, estaban en pobreza extrema 1.290 millones y 3.7 millones, respectivamente.

Con ese criterio, una familia colombiana de cuatro personas con un solo ingreso, se clasifica como pobre si recibe menos de $432.000 por mes y pobre extrema si percibe menos de $216.000 mensuales. Se trata de ingresos inferiores al salario mínimo ($566.700).

Cuesta trabajo creer que una persona pueda siquiera alimentarse con semejantes ingresos, de forma que resulta descabellada la pregunta de si, además, puede ahorrar… Pero la respuesta es: ¡sí!

Así lo evidencia una investigación de Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford y Orlanda Ruthven realizada en Bangladesh, India y Suráfrica y publicada en el libro “Las finanzas de los pobres. Cómo viven los pobres del mundo con dos dólares al día”.

Observaron los autores que los ingresos pueden ser en promedio de dos dólares diarios por persona, pero en la realidad son muy inestables; así como hay días en que perciben una cifra superior, hay otros en que no perciben nada. Esto hace obligatorio el ahorro, para poder cubrir las necesidades básicas de la familia cada día y reducir el riesgo de pasar hambre. Y en ese contexto, tanto la retención de parte de los ingresos diarios, como el endeudamiento, se consideran ahorro.

Así lo señalan Collins y sus colegas: “tanto al pedir como al hacer préstamos, las familias han descubierto formas de lidiar con las fuerzas económicas, psicológicas y sociales que hacen que sea tan complicado reunir sumas considerables de dinero…. Si eres pobre, pedir prestado puede ser la forma más rápida de ahorrar”.

La investigación comprobó que aun en esos niveles de pobreza se utilizan múltiples instrumentos con el fin de allegar los recursos necesarios para costear un tratamiento médico, un funeral, la boda de una hija, o la entrada de los hijos al colegio. Cualquiera de esos gastos representa sumas enormes para la escala de ingresos.

Los autores documentan un caso en Suráfrica de una persona que recibía una pensión de US$115, con la cual se mantenían cinco personas; cuando murió tenía una deuda de US$108 con un tendero, contraída para pagar los gastos médicos. En esas circunstancias la familia tuvo que afrontar los costos del funeral que ascendieron a US$2.400; un poco más del 50% fue cubierto con seguros funerarios y sociedades de ahorros que tenía la difunta en su “cartera financiera”.

Las carteras financieras de los pobres son más complejas de lo que se cree: ahorro en efectivo en casa, dinero “depositado” con vecinos, “natilleras” o cadenas, pago a particulares por recaudar ahorro diario, depósitos en microfinancieras, préstamos sin intereses por vecinos o familiares, microcréditos, deuda con tenderos, créditos con agiotistas, seguros funerarios, compra de joyas, y préstamo de alimentos con vecinos, entre otros.

Estos conocimientos ayudarán a entender mejor cómo sobreviven tantos seres humanos con tan exiguos recursos y cómo afinar los instrumentos que se diseñen para combatir la pobreza.

Mendigos

martes, 27 de julio de 2010
Artículo publicado en Ámbito Jurídico No. 302, del 26 de julio al 8 de agosto de 2010


En una de sus visitas a Colombia, Muhammad Yunus, pionero del desarrollo del microcrédito, se refirió al origen de una línea de crédito especial del Grameen Bank, creada en 2003.

Un día al salir del banco una pordiosera le pidió una limosna. Yunus se quedó observándola y le preguntó por qué pedía dinero siendo una persona sana que podría desarrollar actividades productivas. La mendiga le contestó que nadie le daba trabajo y que seguramente él mismo, al verla con esa facha, no la contrataría.

Entonces Yunus le dijo que, en lugar de darle una limosna, él estaba dispuesto a hacerle un préstamo por el equivalente a unos pocos dólares; con ellos, podría comprar dulces o galletas o juguetes, para que los vendiera por las calles que recorría. Al cabo de una semana debía devolver el dinero más unos intereses.

Una semana después, a la salida del banco lo esperaba la mendiga para hacer el pago acordado y solicitarle otro crédito en iguales condiciones. El proceso se repitió varias veces y Yunus observó cómo la actitud de la mujer cambió notablemente.

En Bangladesh, como en muchos países en desarrollo, las personas, en especial las mujeres, se ven enfrentadas a la mendicidad como consecuencia de múltiples causas: desastres naturales, muerte del miembro de la familia que tenía empleo, abandono o repudio de la pareja, y discapacidad, entre otras. Por lo general los programas sociales de los gobiernos no llegan a estas personas.

Entusiasmado con lo observado, Yunus propuso a la Junta Directiva del Grameen que cada empleado del banco “adoptara” un mendigo para prestarle sumas pequeñas por periodos semanales y, obviamente, sin ningún tipo de garantía. Aún los que conocían de cerca a Yunus, dudaron de su cordura, pero finalmente la idea se impuso. Al cabo de unos meses, muchos empleados estaban solicitando autorización para que les permitieran “adoptar” más mendigos.

La línea diseñada tiene condiciones especiales. Inicialmente se prestan montos pequeños, que van creciendo a medida que hay un historial de cumplimiento de las obligaciones. Los préstamos a mendigos no tienen intereses y los plazos los define el cliente. Por ejemplo, un deudor que inicia con un crédito equivalente a 1,50 dólares y decide pagar cuotas semanales de 3,4 centavos de dólar, tendrá un plazo de 44 semanas. Adicionalmente, se les da sin costo un seguro de vida y uno de crédito.

Actualmente el programa presta a más de 100 mil mendigos y el crédito promedio está entre 12 y 15 dólares; en la práctica, la mayoría de estos clientes son vendedores ambulantes. Según Yunus, "18.000 han dejado de mendigar gracias al éxito del puerta a puerta, y otros muchos mendigan ya solo a tiempo parcial… a los mendigos les gustó la idea y muy pronto sabían qué casas son buenas para mendigar y cuáles para vender; en el fondo han hecho una segmentación del mercado".

Desde mediados de los años setenta, cuando surgió el microcrédito, se comprobó que los pobres son muy cumplidos con sus obligaciones financieras. Pero más importante aún fue constatar que el acceso al crédito formal mejora las condiciones de vida de los receptores.

La experiencia con los mendigos demuestra que esas características se cumplen incluso con los más pobres entre los pobres. A diferencia de la caridad, los microcréditos rescatan su dignidad como seres humanos; a pesar de no pagar intereses, el sólo hecho de saber que no es una limosna lo que reciben, les permite valorarse. Al recuperar la capacidad de subsistencia mediante el trabajo, mejoran las condiciones de vida y aumenta la posibilidad ahorrar y de educar a los hijos.

En el caso de Colombia, hasta comienzos del presente siglo el microcrédito era realizado por unas pocas ONGs. Pero ellas tenían una drástica restricción de recursos, pues al no tener licencia para captar dinero del público, dependían del apoyo de ONGs, otros organismos internacionales y créditos del sistema financiero, que hacían su labor muy costosa.

Algunas ONGs hicieron el esfuerzo de convertirse en establecimientos de crédito para poder captar recursos de ahorro del público y, al tiempo, algunas entidades del sector financiero empezaron a manifestar su interés en el microcrédito.

Esa labor silenciosa que venían desempeñando las ONGs especializadas y algunos establecimientos de crédito se fortaleció desde 2002, con las políticas del gobierno. Primero, mediante el convenio con el sector financiero en 2002 y segundo, con el programa Banca de las Oportunidades.

Las cifras evidencian el impacto de la política gubernamental. Entre 2006 y 2010 se otorgaron 5.6 millones de microcréditos y los desembolsos ascendieron a 16,6 billones de pesos. El acceso a los servicios financieros (bancarización) pasó del 47% al 57% de la población mayor de 18 años.

Pero también es claro que aún queda camino por recorrer. Los más pobres siguen en manos de los agiotistas y los mendigos son como parias que no cuentan ni siquiera para los prestamistas informales.

La reciente alianza del Grameen Bank con un grupo colombiano y la entrada de nuevos establecimientos financieros especializados en microfinanzas, sumadas a la continuidad que el nuevo gobierno le dé al programa de Banca de las Oportunidades, son la garantía para llegar con servicios financieros a más y más pobres. Ojalá lleguemos a un escenario en el que la mendicidad se reduce a su mínima expresión en Colombia, porque esos seres humanos se han reincorporado a la sociedad.

¿Pro ricos?

jueves, 14 de enero de 2010
Publicado en el diario La República el 30 de septiembre de 2009

Las cifras de pobreza del país, recientemente divulgadas, generaron diversas críticas. Según una de ellas, hay políticas que incentivan el uso del capital en desmedro de la mano de obra; esto presuntamente impide reducir más el número de pobres.

¿Ha crecido demasiado el capital en Colombia y está desplazando mano de obra? Quienes eso argumentan no aportan cifras concretas.

Para el gobierno, sin recuperar la inversión es difícil crecer sostenidamente. La evolución del coeficiente entre la inversión y la población mayor de 14 y menor de 64 años (aproximación a la relación de capital por unidad de trabajo) descendió continuamente entre 1995 y 1999. En los años siguientes creció lentamente y se aceleró desde 2003. Según este cálculo, apenas hacia el año 2007 se superó el nivel que había a mediados de la década anterior.

Lo anterior quiere decir que la actual relación de capital por unidad de trabajo apenas supera el nivel de hace 12 años. ¿Los críticos preferirían que el país se quedara con un coeficiente como el de 1995 o más bajo? ¿Qué pasaría entonces con el crecimiento?

El indicador de bancarización de Colombia (cartera/PIB), aún está por debajo de los niveles previos a la crisis de los noventa. ¿Se pueden interpretar las políticas orientadas a aumentarla como pro banqueros y contra ahorradores?

Veamos algunas de las medidas “a favor” del capital que han generado polémica: las exenciones tributarias a los cultivos de tardío rendimiento y a las construcciones de hoteles, y los incentivos a las zonas francas.

Con relación a los cultivos de tardío rendimiento, es evidente su impacto en el surgimiento de la industria de biocombustibles en Colombia, en la generación de nuevos empleos y en beneficios ambientales. ¿Este incentivo aumenta los pobres en el campo? La pobreza rural no se puede entender aislada de los problemas de violencia de paramilitares, guerrilla y narcotráfico, ni del desplazamiento resultante; pero estos temas no existen en los análisis de los críticos.

En turismo, es evidente que el conflicto bloqueó el desarrollo de esta actividad y generó un atraso en la infraestructura. La exención ha sido efectiva, como lo muestra el aumento de la oferta de más de 15 mil habitaciones nuevas. Puesto que el turismo es una actividad intensiva en mano de obra y el país tiene un enorme potencial, carece de sentido afirmar que esta es una política a favor del capital.

En el tema de zonas francas es muy difícil la comprobación de la relación entre sus incentivos y los niveles de pobreza; sin embargo, cabe esperar lo contrario de lo enunciado por los críticos.

En primer lugar, la nueva regulación es muy reciente y los proyectos aprobados apenas están en proceso de construcción; esto significa que por ahora su generación de empleos se concentra en esa actividad que es intensiva en mano de obra.

En segundo lugar, para obtener los beneficios, las inversiones deben ser nuevas. Por lo tanto, independientemente de su intensidad tecnológica, crearán empleos directos nuevos en la economía y generarán demandas indirectas en sectores intensivos en mano de obra (vestuario, papelería, muebles, vigilancia, transporte, aseo, jardinería, etc.).

En tercer lugar, los beneficios no son exclusivos para las empresas grandes, como concluyen algunos analistas. Los requisitos mínimos de inversión y empleos aplican a las zonas francas uniempresariales. En las permanentes se puede instalar cualquier empresa nueva, sin importar su tamaño ni el monto de su inversión; pero, de nuevo, por tratarse de inversiones nuevas, darán lugar a nuevos empleos tanto directos como indirectos.

En síntesis, las críticas suenan bien para la audiencia… pero carecen de contundencia argumental.

Mercado de pobres

miércoles, 30 de diciembre de 2009
Publicado en la revista MisiónPyme de octubre de 2008

“Los pobres no tienen poder adquisitivo”. “En las economías pobres, los mercados son estrechos por la baja capacidad de compra de su población”. Afirmaciones de este estilo se han convertido en “verdades de a puño” que nadie discute… O mejor, que nadie discutía hasta que se demostró que son preconcepciones que generan un círculo vicioso.

Tiene que aparecer uno que otro gurú que se sale de los cánones para enseñarnos lo que debimos ver con mucha anticipación. Eso pasa con los pobres y su capacidad de compra. Las empresas rara vez piensan en ese segmento, que representa el mayor porcentaje de la población, como un mercado potencial. Por ello los barrios marginales de muchas ciudades del mundo no cuentan con servicios formales de transporte, salud, bancos, y alimentos manufacturados de calidad, entre otros.

Muhammad Yunus demostró desde hace varias décadas que incluso la población en pobreza extrema tiene capacidad de pago y cumple como pocos con sus obligaciones financieras. Además, comprobó que al brindarles acceso a los servicios financieros formales, mejoran su alimentación y el acceso a la educación y la salud.

Más recientemente C. K. Prahalad extendió esas conclusiones a otras áreas. Afirmó que si bien es cierto que la capacidad de compra individual es baja, en su conjunto los pobres constituyen un enorme mercado que no ha sido aprovechado por las empresas.

En parte esa capacidad se evidencia en lo que Prahalad denomina la “sanción por pobreza”; esto significa que los pobres pagan unos costos superiores por acceso a los bienes y servicios que los asumidos por sectores de ingresos superiores. Es algo que podemos verificar en nuestro medio; los costos financieros que sufragan los más pobres con sistemas como el “gota a gota” son absurdos: ¡Hasta 20% diario!

Los pobres también ahorran pese a la “sanción por pobreza” que tienen que asumir por la carencia de sucursales bancarias. En Colombia es habitual entre la población de menores ingresos hacer “ahorros” mediante la compra de joyas o electrodomésticos (por eso se ven antenas de televisión en los sectores más deprimidos); cuando tienen necesidad de efectivo, acuden a las casas de empeño, por lo que sus costos de acceso a la liquidez son mucho más onerosos que los de la población con acceso al sistema financiero.

Aprovechar este mercado potencial y a la vez contribuir a la eliminación de la sanción por pobreza es un reto para las empresas formales. La mayoría de las experiencias exitosas en este campo es de empresas multinacionales, pero las mipymes locales tienen ventajas como la flexibilidad tecnológica y el conocimiento de la población (hábitos, preferencias, etc.), de las cuales pueden sacar partido.

Como dicen los expertos en estrategias empresariales, es la hora de formular modelos de negocio innovadores que permitan atender a los más pobres. Y habrá dos ganadores: las empresas y la población víctima de la sanción por pobreza.

Lecciones chinas

Publicado en el diario La República el 13 de junio de 2008


China fue la economía más rica del mundo y también la más pobre. Desde 1978 viene recuperando peso relativo y en pocos años será nuevamente la economía más grande, aun cuando no la de mayor ingreso per cápita.

Las investigaciones de Angus Maddison muestran que entre los siglos I y XIV China fue la nación con el ingreso per cápita más alto y en el año 1500 era la economía más grande, con el 24.9% del PIB mundial. Ese éxito se basó en buena medida en su apertura al comercio mundial y en su poderío naval.

Pero, según Maddison, “China volvió la espalda a la economía mundial a principios del siglo XV, época en que su tecnología marítima era superior a la de Europa”. A partir de entonces su PIB per cápita se mantuvo constante y desde el siglo XIX comenzó a caer. En 1950, el PIB per cápita real apenas era el 75% del registrado en 1850 y el PIB total representaba el 4.6% del valor agregado mundial.

El régimen socialista instaurado desde finales de los años cuarenta optó por un modelo autárquico. En las décadas siguientes logró revertir la caída del ingreso per cápita, pero aún así en 1978 China era uno de los países más pobres del mundo.

La decisión de terminar el periodo de autarquía a finales de los setenta y virar hacia un modelo de libre mercado cambió radicalmente el desempeño económico. En las últimas décadas es la economía que más crece en el mundo y la más exitosa en la reducción de la pobreza.

Estas experiencias son una rica fuente de la cual los estudiosos del desarrollo tratan de sacar lecciones para otras naciones. La más obvia, es la relación directa que se observa entre el crecimiento y la inserción activa en la economía mundial.

Con relación al periodo post-reformas de finales de los setenta, un artículo reciente de David Dollar, del Banco Mundial, identifica como las causantes del despegue económico las políticas adoptadas en cuatro frentes.

El primero es el cambio de sistema, que permitió el paso de una economía centralmente planificada a una en la que la producción es realizada en su mayor parte por el sector privado bajo condiciones de mercado. Se incluyen aquí las políticas de incentivos a la inversión extranjera y el mejoramiento del entorno para los negocios.

El segundo, la apertura económica, que incluyó no solo la reducción de aranceles, sino la eliminación de barreras administrativas y la mejora de la eficiencia de los puertos y del sistema de aduanas.

El tercero, el desarrollo de la infraestructura mediante esquemas de financiación privada. A pesar de ser un país de ingresos bajos, ha logrado que las carreteras, la generación de energía, los puertos y los ferrocarriles operen con tarifas que permiten recuperar las inversiones y ser rentables.

El cuarto, las políticas relacionadas con la agricultura. En ese sector se iniciaron las reformas sustituyendo los esquemas de producción colectiva por emprendimiento privado, la liberalización de los mercados y el fortalecimiento de la investigación.

En términos generales Dollar destaca el criterio de temporalidad en varios incentivos, la importancia de hacer “pilotos” antes de generalizar la aplicación de determinadas políticas, el pragmatismo y el papel de las regulaciones regionales en el desarrollo de la infraestructura y la atracción de inversión.

Es evidente que las lecciones no se pueden calcar de una economía a otra. Hay que partir de las características propias, la historia, las dotaciones de recursos y las ventajas en el mundo global. Por eso, la principal lección es: si uno de los países más pobres del mundo pudo, nosotros también podemos.

Alimentos vs. combustibles

Publicado en el diario La República el 6 de mayo de 2008


Los altos precios internacionales de los alimentos están generando problemas a nivel mundial. Hay protestas en varios países por su escasez y la FAO declaró 36 países en crisis alimentaria. Los países importadores de alimentos bajan aranceles y los exportadores ponen barreras. La Cepal estima que el aumento de precios puede lanzar a la pobreza a 10 o 15 millones de personas en América Latina y el Banco Mundial teme que 100 millones de habitantes engrosen las filas de la pobreza en todo el mundo.

En la explicación del problema no hay una causa única, sino una desafortunada confluencia de factores. Sin embargo, hay analistas que tienden a señalar los biocombustibles como el factor de mayor peso en las alzas de precios, por su creciente consumo de maíz y azúcar y por el incremento de áreas de cultivo a costa de otros alimentos. Aun cuando es evidente que algún impacto deben tener, las cifras indican que no necesariamente son el motor del problema.

En primer lugar, no son los precios del maíz y el azúcar los que más están creciendo; los superan los incrementos del arroz y el trigo. En segundo lugar, no parece que la ampliación de áreas de cultivos para biocombustibles tenga la magnitud suficiente para explicar un impacto tan grande en el precio de otros alimentos.

Los estimativos de USDA muestran que el área cosechada de maíz en el mundo apenas creció en 1.7% anual en el año agrícola 2006/2007 y países como Estados Unidos y los principales productores de la UE tuvieron variaciones negativas. Para la cosecha 2007/2008 se espera la recuperación de las áreas en el mundo y en Estados Unidos, pero no en la UE.

Las cifras del arroz no indican desplazamiento por los biocombustibles. El área sembrada en el mundo creció en los últimos cuatro años agrícolas y se espera que también lo haga en el año 2007/2008; la producción mundial sigue igual tendencia y registra los niveles históricos más altos. Sin embargo, el consumo crece más rápido, ocasionando la reducción de los inventarios; ellos han decrecido continuamente en lo corrido del siglo y apenas se espera un ligero repunte en el 2007/2008.

Según USDA, la reciente subida de los precios del arroz se relaciona con restricciones a las exportaciones: Vietnam impuso un control que recortará la oferta en un millón de toneladas; China estableció un impuesto y cuotas, Egipto las prohibió entre abril y agosto del presente año e India las limitó. Además varios países importadores aumentaron sus compras para evitar el desabasteciendo. Moisés Naim resumió la situación así: “Los precios del arroz subieron porque tanto los países productores como los consumidores entraron en pánico”.

En el caso del trigo presuntamente podría haber un desplazamiento hacia otros cultivos, dado que las áreas cosechadas han caído en la UE; no obstante, las de maíz también cayeron en varios de esos países y no se cuenta con datos de producción de los otros bienes utilizados en la fabricación de etanol. Adicionalmente, se espera que el área cosechada mundial se incremente en 2007/2008 hasta niveles similares a los de 2005/2006. En los resultados de este cultivo es muy importante la sequía en Australia que ocasionó una reducción de su producción de 58% en 2006/2007 y la caída de sus exportaciones.

Puesto que en los productos analizados los inventarios superan el volumen de exportaciones mundiales, se puede plantear como hipótesis que las fuentes más importantes de los elevados precios de los alimentos estarían relacionadas con dos fenómenos: hay fuertes impactos del cambio climático y hay producción suficiente pero las fallas de mercado impiden una distribución óptima.

De pobres a ricos

Publicado en Ámbito Jurídico el 8 de octubre de 2007


¿El nivel de desarrollo de Colombia avanzó en las últimas décadas? Sin duda. Los indicadores así lo demuestran: entre 1966 y 2004 la economía creció al 4% anual y el PIB per cápita al 1.9%; las exportaciones per cápita se multiplicaron por 13; la competitividad relativa mejoró; los indicadores de mortalidad bruta e infantil tienen tendencia descendente; la expectativa de vida, los indicadores de acceso a la educación, alfabetismo y cobertura de salud mejoraron continuamente.

¿Esto es suficiente? No lo es. El país no sólo necesita crecer, sino hacerlo a ritmos superiores a los de otros países; lo contrario implicaría rezagarse, seguir siendo pobres y aumentar las brechas con relación al bienestar de la población de los países desarrollados.

Colombia superó en apenas 0.1 puntos porcentuales el crecimiento del PIB per cápita mundial. Lamentablemente ese resultado no es suficiente para marcar la diferencia que permite a los países pasar de pobres a ricos. Angus Maddison muestra que Estados Unidos logró la supremacía económica con un crecimiento promedio del PIB per cápita de 1.7% anual entre 1820 y 1998, superando la media mundial en 0.5 puntos porcentuales. Los recientes casos de éxito de Asia, Irlanda y Chile superan el crecimiento del PIB per cápita mundial en más de un punto porcentual, con diferencias máximas en Corea y China (4.4 y 5.2 puntos porcentuales, respectivamente).

Varios análisis recientes comprueban que otros países están creciendo consistentemente más que nosotros y nuestra región. El nobel de economía Edward Prescott señala que “entre 1950 y 2001, el PIB per cápita de Europa se incrementó en 68% con relación al de Estados Unidos; el de Asia se incrementó en 244%, mientras que el de América Latina decreció en 21%”. Este resultado lo atribuye a los modelos proteccionistas adoptados desde la década del cincuenta.

La CAF en su último Reporte de Economía y Desarrollo destaca cómo entre 1960 y 1980 la productividad laboral colombiana avanzó lentamente con relación a la de Estados Unidos; a partir de este año se rezagó continuamente. Entre tanto, las economías asiáticas, que en los sesenta tenían similar nivel de desarrollo al nuestro, han incrementado su productividad tres veces más que la de Colombia y Latinoamérica. Estos resultados son corroborados por los datos que publicó la OIT hace unas pocas semanas; ellos indican que el PIB generado por un trabajador en Colombia apenas representó el 24% del obtenido por uno estadounidense en 2005 (en 1989 representaba el 32%).

Por último, el informe presentado por el profesor de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann al gobierno nacional, demuestra que las características de la canasta exportadora del país (diversificación, calidad, etcétera) contribuyen poco a impulsar el crecimiento económico. Por eso concluye que “en el corto plazo, el desafío para el crecimiento de Colombia es un desafío relacionado con las exportaciones”.

El gobierno tiene como objetivo superar estos problemas y buscar una senda de mayor crecimiento para cerrar las brechas de ingresos, con base en dos políticas: la inserción activa en la economía global y la transformación productiva.

Es un hecho que el panorama de la integración comercial de Colombia cambió sustancialmente en los últimos años y que seguirá haciéndolo en los próximos. Se espera que hacia el 2010 tengamos acceso preferencial permanente a un mercado de más de 1.300 millones de consumidores de 52 países.

Pero los tratados comerciales sin una economía competitiva de poco sirven; no sólo el mercado local se torna vulnerable, sino que se pierde la oportunidad de aprovechar el acceso preferencial. De ahí la importancia de la política de transformación productiva propuesta por el gobierno con fundamento en tres pilares: sectores de clase mundial, formalización laboral y empresarial, y salto en la productividad y el empleo.

Con los sectores de clase mundial se incentivará la inversión, nacional y extranjera, hacia sectores que puedan tener un impacto notable en la economía. Son sectores competitivos en el mercado internacional, con tecnología de punta, alto valor agregado, exportaciones de mayor calidad orientadas a mercados de niveles de ingreso alto y uso de mano de obra calificada. Se espera no sólo la generación de empleos sino un efecto derrame que se refleje en la demanda de producción de empresas nacionales, genere procesos de aprendizaje, transferencia de tecnología y aumento de productividad.

El alto grado de informalidad de la economía (59%) es un lastre para la competitividad. Es necesaria una lucha frontal para reducirla. Los cálculos del gobierno indican que disminuir la informalidad a un nivel como el de Chile (36%) podría elevar la productividad laboral relativa de un 20% a un 30% de la observada en Estados Unidos.

Los programas de competitividad se han fortalecido y se rediseñó la arquitectura institucional con el Sistema Nacional de Competitividad. Para el caso de las mipymes el gobierno aprobó recientemente un documento Conpes en el que se formula un enfoque integral de la política de desarrollo empresarial. Se espera diversificar y fortalecer las fuentes de financiación, impulsar la investigación y la transferencia de tecnología, entre otros.

Colombia tiene los diseños de política para alcanzar metas ambiciosas: ser el segundo o tercer país más competitivo de Latinoamérica, clasificarse como una economía de ingreso medio alto, tener más empleos de calidad, menos pobreza y mejor nivel de vida ¿Cerramos los ojos ante la evidencia y nos seguimos negando a ver más allá de las fronteras? ¿O aceleramos el paso y nos damos la oportunidad de saltar de pobres a ricos?