Publicado en Ámbito Jurídico No. 326 el 25 de julio de 2011
El reciente estudio “Zonas francas: beneficios tributarios en el impuesto de renta”, realizado por Jorge Ramos y Karen Rodríguez, investigadores del Banco de la República, aborda temas importantes para un debate serio sobre las zonas francas (ZF).
No obstante, los medios se centraron en algunas frases aisladas de la publicación sin tener en cuenta sus posibles limitaciones y, en cambio, dejaron de lado la sustancia de la investigación. Es necesario resaltar los aportes y señalar ciertas restricciones y posibles omisiones que, de ser corregidas, contribuirán en mayor medida a la compresión del impacto de las ZF.
El objetivo del trabajo es interesante, pues se propone medir el impacto de las ZF en el recaudo de impuestos y la magnitud de los beneficios otorgados; para el análisis del primer aspecto limitan la investigación al impuesto de renta y para el segundo a la tarifa de renta y la deducción por inversión en activos fijos.
En el régimen de ZF vigente hasta 2006 las utilidades derivadas de las exportaciones tenían un impuesto del 0%, mientras que las obtenidas por bienes enviados al territorio aduanero nacional eran gravadas con la tarifa ordinaria; si fuera la actual, sería del 33%.
En el nuevo régimen, la tarifa es del 15% independientemente de si las utilidades son generadas por exportaciones o por nacionalizaciones. Valga decir, que a las utilidades que tenían impuesto del cero por ciento, les fue aumentada la tarifa al 15%; y las que tenían impuesto del 33%, les fue reducido al 15%.
De esta forma, el efecto neto depende de cuál sea la composición de las ventas de las empresas localizadas en las ZF. Si la mayor parte es para el mercado nacional, se les redujo el impuesto; pero si es para el mercado internacional, se les aumentó.
El estudio muestra que el impacto tributario de las ZF es inferior al que plantean los críticos. Pero los autores incurren en una imprecisión al incluir los recaudos y beneficios de las actividades comerciales; ellas no deberían contabilizarse, puesto que no son beneficiarias del régimen franco y por lo tanto les aplican las tarifas ordinarias del impuesto de renta. Para el caso de la deducción por inversiones en activos estas empresas podían hacer uso de ella igual que cualquier empresa del país; por lo tanto, tampoco debería incluirse en los cálculos.
De esta forma, el recaudo por impuesto de renta, descontando la actividad comercial, representó en 2008 el 0.26% del total y es 3.3 veces superior al de 2000. Y los beneficios obtenidos equivalen en 2008 al 0.54% del recaudo total de renta y es seis veces superior al de 2004.
En el número de veces que crece el recaudo de impuesto de renta influyen dos aspectos: a) El crecimiento del número de empresas beneficiarias del régimen franco; mientras que en 2000 había 96, en 2008 sumaban 325. b) La tasa ordinaria antes de 2007 sólo aplicaba a las utilidades generadas en la nacionalización de mercancías, mientras que a partir de ese año la tarifa del 15% aplica a todos los destinos.
Restando el recaudo y los beneficios se obtiene que el costo neto de las ZF en 2008 (que no calculan los autores) representó apenas el 0.28% del recaudo total del impuesto de renta. Puesto que la deducción por inversiones fue eliminada a partir del año gravable 2011, probablemente los estudios futuros encontrarán que el resultado neto puede mantenerse bajo o incluso ser positivo para la sociedad.
Para los estudios futuros, es importante tener en cuenta que antes de 2007 había dos tarifas de renta en las ZF y desde entonces sólo aplica una. Esto permitirá corregir un error en el que incurren al señalar que la tarifa efectiva de renta era del 35% y cayó a cerca del 15%.
Por último, aun cuando el objetivo del estudio no es una evaluación general de las zonas francas, y así lo señalan expresamente los autores, hacen comentarios sobre el cumplimiento de los compromisos de inversión y empleo, que no son precisos y, además de desviarlos del propósito inicial, son los que los medios convierten en “noticias”.
Afirman que “al final del año 2010 solo se había logrado la ejecución del 18,5% de los compromisos de empleos directos y el 31,2% de los empleos indirectos”. “De la meta de inversión establecida, solo se ha ejecutado el 46,3% que corresponde a $5,6 billones”.
En el régimen actual las ZF especiales cuentan con un plazo de tres años para realizar los compromisos de inversión y las permanentes con cinco años; si no cumplen, pierden los beneficios del régimen franco. Siendo así, sólo las cinco ZF especiales aprobadas en 2007 tendrían que haber cumplido ya sus compromisos; cuatro ya lo hicieron y una pidió una prórroga de un año. Y las cinco permanentes del 2007 y todas las aprobadas de 2008 en adelante todavía tienen tiempo para cumplir.
En síntesis, el trabajo contribuye a la mejor comprensión de las ventajas y desventajas de un instrumento que, pese a las polémicas que genera, contribuye al crecimiento económico, la generación de empleo y la competitividad del país. Y es muy bueno que las evaluaciones se empiecen a hacer desde un momento tan temprano en la ejecución, pese a que ello impone restricciones al análisis y a los resultados.
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Lecciones Chinas
lunes, 4 de abril de 2011
Publicado en Ámbito Jurídico No. 318 del 28 de marzo al 10 de abril de 2011
Aun cuando es ampliamente conocida la fulgurante trayectoria económica de China desde las reformas iniciadas en 1978, el mundo no deja de sorprenderse a medida que se conocen nuevos logros. Hay muchas lecciones que Colombia puede sacar de esa experiencia.
China ya es la segunda economía del mundo por tamaño del PIB, desplazando a Japón que llevaba más de cinco décadas en esa posición. Aun cuando su PIB per cápita a precios de paridad apenas representa cerca del 15% del de Estados Unidos, el avance registrado ha sido aún más impresionante; entre 1980 y 2009 subió 52 puestos en el escalafón mundial de este indicador. Corea del Sur que es la economía que le sigue en desempeño mejoró en 29 puestos.
Entre tanto, de las economías latinoamericanas sólo Chile registra un desempeño aceptable, al mejorar 15 puestos. Las demás deterioraron su posición relativa en el contexto mundial; Colombia perdió 3, Brasil 11 y Venezuela 18.
Recientemente The Economist publicó en internet un mapa que muestra cómo el éxito de China en crecimiento económico se refleja en diversas provincias, que pasaron de ser regiones muy pobres a tener un PIB de tamaño similar o superior al de muchas naciones (“Comparing Chinese Provinces with Countries”). Cinco de ellas superan el PIB total de Colombia.
La comparación del PIB per cápita también muestra cómo varias provincias, superan el indicador de numerosas economías en desarrollo. Colombia es superada por 12 de ellas.
Son varias las medidas que adoptó China para dar ese enorme salto en poco más de tres décadas. Sin duda la más importante, fue su decisión de romper el modelo autárquico impuesto por Mao y sustituirlo por una inserción activa en la economía globalizada.
Pero hay dos aspectos adicionales que contribuyeron al éxito: la implementación de las zonas económicas especiales (ZEE) y la actitud del sector privado. Para Colombia son importantes, en primer lugar, por la coyuntura de debate sobre el balance del régimen de las zonas francas y la posibilidad de avanzar en figuras similares a las usadas por China; en segundo, por el papel del emprendimiento, que es clave en momentos en que parece despertar un nuevo clamor proteccionista en el país.
Es ampliamente conocido que las ZEE fueron creadas como grandes regiones geográficas con atractivos incentivos para la inversión y el comercio internacional. Pero es menos conocido que ellas se complementaron con instrumentos de la misma familia para impulsar el desarrollo industrial. Un trabajo reciente del Banco Mundial hace un balance de ellos (Douglas Zeng “How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China’s Rapid Development”).
El gobierno aprobó inicialmente cuatro ZEE, con el fin de experimentar y evaluar el impacto de la apertura económica. Comprobado su éxito, en 1984 dio un paso adicional con la constitución de 14 zonas de desarrollo económico y tecnológico (ZDET); ellas son de menor tamaño que las ZEE y se ubican cerca de grandes ciudades. Actualmente hay siete ZEE y 69 ZDET. Adicionalmente, desde 1988 se iniciaron las zonas de desarrollo industrial de alta tecnología (ZDIAT), asociando centros de investigación, universidades y empresas grandes y medianas para el desarrollo de productos de alta tecnología; en 2010 había 54 ZDIAT.
A ellas se suman las zonas de libre comercio y las zonas de procesamiento de exportaciones que son las que más se asimilan a las zonas francas que existen en Colombia. China cuenta hoy con 15 y 61 zonas, respectivamente.
Su impacto económico es notable. Zeng indica que en 2006 las cinco ZEE y las 54 ZDET que entonces existían, generaron 19 millones de empleos (2.5% del total), cerca del 10% del PIB y el 37% de las exportaciones de China. El impacto de los otros instrumentos es difícil de medir por problemas de agregación, pero según los cálculos del investigador todas las zonas aportaron en ese año 18.5% del PIB y cerca del 60% de las exportaciones.
Con relación al otro tema, se acepta que el éxito de esta economía es producto del “capitalismo de Estado” a la China, caracterizado por una alta intervención burocrática. Sin embargo, The Economist destaca que, si bien el Estado ha jugado un papel decisivo en el proceso, mediante la provisión de bienes públicos y la erradicación de obstáculos físicos y tecnológicos, sin el concurso del sector privado quizás los resultados hubieran sido otros.
La publicación destaca la tendencia decreciente que tienen las empresas estatales en la industria y reseña investigaciones que demuestran la menor eficiencia y la menor rentabilidad de estas con relación a las privadas.
Resultan sorprendentes los casos de emprendimientos exitosos que se conocen en China a la luz de la apertura económica, algunos de ellos incluso desde la informalidad. Los cuarenta años de autarquía maoísta con la supresión de la propiedad privada, el adormilamiento del espíritu de innovación y la represión a cualquier intento de desarrollo de la actividad privada no mataron la iniciativa de emprendimiento que despertó con el cambio de modelo de desarrollo.
Contrasta esta historia con la de Colombia, en la que segmentos empresariales se acostumbraron a la comodidad de capturar rentas públicas bajo los esquemas del proteccionismo y, aun dos décadas después de la apertura económica, se niegan a abandonarlas y a reconocer que el mundo cambió. Al paso que vamos, Colombia corre el riesgo de seguir siendo el “Tíbet de América Latina”, como lo sentenció Alfonso López Michelsen.
¿Pro ricos?
jueves, 14 de enero de 2010
Publicado en el diario La República el 30 de septiembre de 2009
Las cifras de pobreza del país, recientemente divulgadas, generaron diversas críticas. Según una de ellas, hay políticas que incentivan el uso del capital en desmedro de la mano de obra; esto presuntamente impide reducir más el número de pobres.
¿Ha crecido demasiado el capital en Colombia y está desplazando mano de obra? Quienes eso argumentan no aportan cifras concretas.
Para el gobierno, sin recuperar la inversión es difícil crecer sostenidamente. La evolución del coeficiente entre la inversión y la población mayor de 14 y menor de 64 años (aproximación a la relación de capital por unidad de trabajo) descendió continuamente entre 1995 y 1999. En los años siguientes creció lentamente y se aceleró desde 2003. Según este cálculo, apenas hacia el año 2007 se superó el nivel que había a mediados de la década anterior.
Lo anterior quiere decir que la actual relación de capital por unidad de trabajo apenas supera el nivel de hace 12 años. ¿Los críticos preferirían que el país se quedara con un coeficiente como el de 1995 o más bajo? ¿Qué pasaría entonces con el crecimiento?
El indicador de bancarización de Colombia (cartera/PIB), aún está por debajo de los niveles previos a la crisis de los noventa. ¿Se pueden interpretar las políticas orientadas a aumentarla como pro banqueros y contra ahorradores?
Veamos algunas de las medidas “a favor” del capital que han generado polémica: las exenciones tributarias a los cultivos de tardío rendimiento y a las construcciones de hoteles, y los incentivos a las zonas francas.
Con relación a los cultivos de tardío rendimiento, es evidente su impacto en el surgimiento de la industria de biocombustibles en Colombia, en la generación de nuevos empleos y en beneficios ambientales. ¿Este incentivo aumenta los pobres en el campo? La pobreza rural no se puede entender aislada de los problemas de violencia de paramilitares, guerrilla y narcotráfico, ni del desplazamiento resultante; pero estos temas no existen en los análisis de los críticos.
En turismo, es evidente que el conflicto bloqueó el desarrollo de esta actividad y generó un atraso en la infraestructura. La exención ha sido efectiva, como lo muestra el aumento de la oferta de más de 15 mil habitaciones nuevas. Puesto que el turismo es una actividad intensiva en mano de obra y el país tiene un enorme potencial, carece de sentido afirmar que esta es una política a favor del capital.
En el tema de zonas francas es muy difícil la comprobación de la relación entre sus incentivos y los niveles de pobreza; sin embargo, cabe esperar lo contrario de lo enunciado por los críticos.
En primer lugar, la nueva regulación es muy reciente y los proyectos aprobados apenas están en proceso de construcción; esto significa que por ahora su generación de empleos se concentra en esa actividad que es intensiva en mano de obra.
En segundo lugar, para obtener los beneficios, las inversiones deben ser nuevas. Por lo tanto, independientemente de su intensidad tecnológica, crearán empleos directos nuevos en la economía y generarán demandas indirectas en sectores intensivos en mano de obra (vestuario, papelería, muebles, vigilancia, transporte, aseo, jardinería, etc.).
En tercer lugar, los beneficios no son exclusivos para las empresas grandes, como concluyen algunos analistas. Los requisitos mínimos de inversión y empleos aplican a las zonas francas uniempresariales. En las permanentes se puede instalar cualquier empresa nueva, sin importar su tamaño ni el monto de su inversión; pero, de nuevo, por tratarse de inversiones nuevas, darán lugar a nuevos empleos tanto directos como indirectos.
En síntesis, las críticas suenan bien para la audiencia… pero carecen de contundencia argumental.
Las cifras de pobreza del país, recientemente divulgadas, generaron diversas críticas. Según una de ellas, hay políticas que incentivan el uso del capital en desmedro de la mano de obra; esto presuntamente impide reducir más el número de pobres.
¿Ha crecido demasiado el capital en Colombia y está desplazando mano de obra? Quienes eso argumentan no aportan cifras concretas.
Para el gobierno, sin recuperar la inversión es difícil crecer sostenidamente. La evolución del coeficiente entre la inversión y la población mayor de 14 y menor de 64 años (aproximación a la relación de capital por unidad de trabajo) descendió continuamente entre 1995 y 1999. En los años siguientes creció lentamente y se aceleró desde 2003. Según este cálculo, apenas hacia el año 2007 se superó el nivel que había a mediados de la década anterior.
Lo anterior quiere decir que la actual relación de capital por unidad de trabajo apenas supera el nivel de hace 12 años. ¿Los críticos preferirían que el país se quedara con un coeficiente como el de 1995 o más bajo? ¿Qué pasaría entonces con el crecimiento?
El indicador de bancarización de Colombia (cartera/PIB), aún está por debajo de los niveles previos a la crisis de los noventa. ¿Se pueden interpretar las políticas orientadas a aumentarla como pro banqueros y contra ahorradores?
Veamos algunas de las medidas “a favor” del capital que han generado polémica: las exenciones tributarias a los cultivos de tardío rendimiento y a las construcciones de hoteles, y los incentivos a las zonas francas.
Con relación a los cultivos de tardío rendimiento, es evidente su impacto en el surgimiento de la industria de biocombustibles en Colombia, en la generación de nuevos empleos y en beneficios ambientales. ¿Este incentivo aumenta los pobres en el campo? La pobreza rural no se puede entender aislada de los problemas de violencia de paramilitares, guerrilla y narcotráfico, ni del desplazamiento resultante; pero estos temas no existen en los análisis de los críticos.
En turismo, es evidente que el conflicto bloqueó el desarrollo de esta actividad y generó un atraso en la infraestructura. La exención ha sido efectiva, como lo muestra el aumento de la oferta de más de 15 mil habitaciones nuevas. Puesto que el turismo es una actividad intensiva en mano de obra y el país tiene un enorme potencial, carece de sentido afirmar que esta es una política a favor del capital.
En el tema de zonas francas es muy difícil la comprobación de la relación entre sus incentivos y los niveles de pobreza; sin embargo, cabe esperar lo contrario de lo enunciado por los críticos.
En primer lugar, la nueva regulación es muy reciente y los proyectos aprobados apenas están en proceso de construcción; esto significa que por ahora su generación de empleos se concentra en esa actividad que es intensiva en mano de obra.
En segundo lugar, para obtener los beneficios, las inversiones deben ser nuevas. Por lo tanto, independientemente de su intensidad tecnológica, crearán empleos directos nuevos en la economía y generarán demandas indirectas en sectores intensivos en mano de obra (vestuario, papelería, muebles, vigilancia, transporte, aseo, jardinería, etc.).
En tercer lugar, los beneficios no son exclusivos para las empresas grandes, como concluyen algunos analistas. Los requisitos mínimos de inversión y empleos aplican a las zonas francas uniempresariales. En las permanentes se puede instalar cualquier empresa nueva, sin importar su tamaño ni el monto de su inversión; pero, de nuevo, por tratarse de inversiones nuevas, darán lugar a nuevos empleos tanto directos como indirectos.
En síntesis, las críticas suenan bien para la audiencia… pero carecen de contundencia argumental.
Zonas francas ¿para qué?
miércoles, 13 de enero de 2010
Publicado en el diario La República el 15 de mayo de 2009
La nueva legislación colombiana de zonas francas es exitosa en sus objetivos principales: el incentivo a la inversión nueva, la generación de empleos formales y la transformación productiva.
Mientras que en el régimen aplicado entre 1958 y 2007 se crearon 11 zonas francas en el país, desde la reglamentación de la Ley 1004 de 2005, mediante los decretos 383 y 4051 de 2007, se han aprobado 47, con compromisos de inversión por $11 billones, y están en trámite otras 12, con inversiones por $1.1 billones. Adicionalmente, las aprobadas crearán 42 mil empleos directos y 92 mil indirectos.
¿Pero qué son las zonas francas? ¿Qué tan exóticas son en el mundo? ¿Por qué el gobierno las fomenta? ¿Qué hacen otros países? ¿Cuáles son los beneficios?
La zona franca comprende una porción de territorio en la que se establecen unas reglas tributarias y un régimen aduanero especiales. Para el caso de Colombia, las empresas que se ubican en ellas tienen un impuesto de renta del 15% y un arancel del 0%. La producción que estas empresas ingresan al territorio aduanero nacional debe pagar los aranceles correspondientes a cada producto y los demás impuestos vigentes.
La creciente globalización les ha dado mayor relevancia y su crecimiento se viene acelerando en las décadas recientes. En 1975 las utilizaban 73 países y en 2006 ya lo hacían 130. Se calcula que actualmente hay más de 516 mil empresas ubicadas en ellas, generan 66 millones de empleos y explican más del 50% de las exportaciones en la mayoría de los países.
Estas zonas aduaneras especiales datan de varios siglos. En la publicación del Banco Mundial “Special Economic Zones”, se mencionan como las más antiguas las de Gibraltar (1704), Singapur (1819), Hong Kong (1848), Hamburgo (1888) y Copenhague (1891). Hoy en día las hay en países con diferente nivel de desarrollo, como Estados Unidos, China, Vietnam y El Salvador.
Las zonas francas pueden abarcar toda una región, como Guangzhou en China (218 km2); estar ubicadas en un terreno específico en el que se instalan las empresas que tienen el beneficio; y también pueden ser una sola empresa.
Con la modificación reciente de la legislación colombiana, además de las zonas francas ubicadas en un terreno específico, ahora el país cuenta con las uniempresariales. Se trata de empresas de tamaño grande que deben realizar unos montos de inversión mínimos y generar determinado número de empleos, como condiciones para obtener los beneficios tributarios y arancelarios.
Un aspecto importante es que se trata por lo general de empresas nuevas. No obstante, la legislación prevé el caso de empresas existentes que pueden ubicarse en zonas francas, pero deben cumplir con unos requisitos mayores en inversión y tener un efecto neutro sobre la tributación; esto significa que los impuestos que pague deben ser similares a los que venían tributando.
Algunos analistas creen que el número de zonas francas aprobadas en los dos últimos años en Colombia son excesivas. Evidentemente desconocen que en Estados Unidos hay más de 250 (de las cuales 20 son públicas), en México 109, en Costa Rica 139, en Hungría 160, en China 187 y en Vietnam 185.
Además de los beneficios directos ya mencionados en materia de empleo e inversión, las zonas francas tienen otra serie de impactos potenciales que incluyen la generación de empleos indirectos, la diversificación de las exportaciones, la transferencia de tecnología y el desarrollo regional.
Todas las experiencias internacionales muestran que las zonas francas son un instrumento importante que complementa otras herramientas de inserción en la economía global. Y por eso, se están impulsando en Colombia.
La nueva legislación colombiana de zonas francas es exitosa en sus objetivos principales: el incentivo a la inversión nueva, la generación de empleos formales y la transformación productiva.
Mientras que en el régimen aplicado entre 1958 y 2007 se crearon 11 zonas francas en el país, desde la reglamentación de la Ley 1004 de 2005, mediante los decretos 383 y 4051 de 2007, se han aprobado 47, con compromisos de inversión por $11 billones, y están en trámite otras 12, con inversiones por $1.1 billones. Adicionalmente, las aprobadas crearán 42 mil empleos directos y 92 mil indirectos.
¿Pero qué son las zonas francas? ¿Qué tan exóticas son en el mundo? ¿Por qué el gobierno las fomenta? ¿Qué hacen otros países? ¿Cuáles son los beneficios?
La zona franca comprende una porción de territorio en la que se establecen unas reglas tributarias y un régimen aduanero especiales. Para el caso de Colombia, las empresas que se ubican en ellas tienen un impuesto de renta del 15% y un arancel del 0%. La producción que estas empresas ingresan al territorio aduanero nacional debe pagar los aranceles correspondientes a cada producto y los demás impuestos vigentes.
La creciente globalización les ha dado mayor relevancia y su crecimiento se viene acelerando en las décadas recientes. En 1975 las utilizaban 73 países y en 2006 ya lo hacían 130. Se calcula que actualmente hay más de 516 mil empresas ubicadas en ellas, generan 66 millones de empleos y explican más del 50% de las exportaciones en la mayoría de los países.
Estas zonas aduaneras especiales datan de varios siglos. En la publicación del Banco Mundial “Special Economic Zones”, se mencionan como las más antiguas las de Gibraltar (1704), Singapur (1819), Hong Kong (1848), Hamburgo (1888) y Copenhague (1891). Hoy en día las hay en países con diferente nivel de desarrollo, como Estados Unidos, China, Vietnam y El Salvador.
Las zonas francas pueden abarcar toda una región, como Guangzhou en China (218 km2); estar ubicadas en un terreno específico en el que se instalan las empresas que tienen el beneficio; y también pueden ser una sola empresa.
Con la modificación reciente de la legislación colombiana, además de las zonas francas ubicadas en un terreno específico, ahora el país cuenta con las uniempresariales. Se trata de empresas de tamaño grande que deben realizar unos montos de inversión mínimos y generar determinado número de empleos, como condiciones para obtener los beneficios tributarios y arancelarios.
Un aspecto importante es que se trata por lo general de empresas nuevas. No obstante, la legislación prevé el caso de empresas existentes que pueden ubicarse en zonas francas, pero deben cumplir con unos requisitos mayores en inversión y tener un efecto neutro sobre la tributación; esto significa que los impuestos que pague deben ser similares a los que venían tributando.
Algunos analistas creen que el número de zonas francas aprobadas en los dos últimos años en Colombia son excesivas. Evidentemente desconocen que en Estados Unidos hay más de 250 (de las cuales 20 son públicas), en México 109, en Costa Rica 139, en Hungría 160, en China 187 y en Vietnam 185.
Además de los beneficios directos ya mencionados en materia de empleo e inversión, las zonas francas tienen otra serie de impactos potenciales que incluyen la generación de empleos indirectos, la diversificación de las exportaciones, la transferencia de tecnología y el desarrollo regional.
Todas las experiencias internacionales muestran que las zonas francas son un instrumento importante que complementa otras herramientas de inserción en la economía global. Y por eso, se están impulsando en Colombia.
¿Zonas poco francas?
miércoles, 30 de diciembre de 2009
Publicado en el diario La República el 26 de junio de 2008
Algunos analistas económicos afirman que los escenarios de proyección del PIB deben incluir el impacto negativo de la nueva legislación de zonas francas y de los contratos de estabilidad jurídica. En su opinión, esas normas ocasionarán una reducción de los ingresos tributarios y, por lo tanto, obstaculizarán la superación de los problemas fiscales del país.
En realidad, los efectos esperados serán positivos y las razones son sencillas: 1) El régimen actual de zonas francas aplica a inversiones nuevas que amplían la base de contribuyentes. 2) Los beneficios están vinculados a la generación de empleos formales, lo que reduce la informalidad laboral, aumenta los aportes parafiscales y mejora los recaudos por retenciones sobre ingresos laborales. 3) La normatividad es exigente con las empresas existentes que soliciten su inclusión en el régimen franco.
En el caso de estas últimas empresas la legislación señala montos de inversión en cuantías tales que los impuestos esperados no sean inferiores a los que venían tributando; adicionalmente, para ningún caso se permite la inclusión de activos previamente usados en el país. Así, en el peor escenario, los impuestos recaudados serán similares, pero la capacidad de producción de la economía se incrementará.
Con relación a los contratos de estabilidad jurídica, su objetivo es brindar a las nuevas inversiones un seguro temporal relacionado con las variables a las que sea más sensible el negocio y cuya variación podría ocasionar deterioro de las rentabilidades esperadas del proyecto. Solucionan así uno de los problemas que más afecta las decisiones de inversión: la inestabilidad en las reglas de juego.
Colombia tiene una de las tasas nominales de tributación corporativa más altas del mundo, lo que es insostenible en el contexto de una economía globalizada. Por lo tanto, cabe esperar que las tasas tiendan a disminuir en el mediano plazo, en cuyo caso es inocua la protección mediante contratos de estabilidad jurídica. Aun cuando hay empresas que la han incluido en los contratos, su impacto real en los recaudos será marginal teniendo en cuenta esta tendencia.
Tanto las zonas francas como los contratos de estabilidad son instrumentos efectivos de impulso a la inversión que Colombia necesita, como lo demuestran los resultados logrados en el corto tiempo que llevan vigentes.
Con la anterior regulación, después de 50 años sólo se crearon 11 zonas francas en el país. En el tiempo que lleva la nueva legislación se han aprobado 28 con un monto de inversión de US$ 1.900 millones y un potencial de generación de 26 mil empleos directos y 66 mil indirectos. Además hay seis solicitudes en trámite por un monto de US$ 158 millones que pueden generar 11 mil empleos directos y 13 mil indirectos.
A la fecha hay 14 contratos de estabilidad jurídica firmados para inversiones por US$ 1.480 millones y generación de más de seis mil empleos directos y 20 mil indirectos. Además, hay 11 aprobados con inversiones por US$ 1.300 millones y potencial de 7.000 empleos directos y 5.000 indirectos.
En suma, estos dos instrumentos aseguran al país cuantiosas inversiones en los próximos años y ninguna de ellas significa reducción de los ingresos tributarios. ¿Cuántos impuestos pagarán estas inversiones una vez estén operando las empresas ampliadas o nuevas? Además, ¿cuántos impuestos se generarán en las actividades beneficiadas por la demanda adicional de las nuevas empresas?
Un atributo positivo adicional de estas inversiones es que, con toda seguridad, amplían la capacidad potencial de crecimiento de la economía. Esto contribuye a que el país haga sostenibles tasas de crecimiento superiores al 5% como las que tenemos actualmente. Y, por supuesto, una economía que crece sostenidamente a tasas más altas, genera más ingresos tributarios a la Nación.
Algunos analistas económicos afirman que los escenarios de proyección del PIB deben incluir el impacto negativo de la nueva legislación de zonas francas y de los contratos de estabilidad jurídica. En su opinión, esas normas ocasionarán una reducción de los ingresos tributarios y, por lo tanto, obstaculizarán la superación de los problemas fiscales del país.
En realidad, los efectos esperados serán positivos y las razones son sencillas: 1) El régimen actual de zonas francas aplica a inversiones nuevas que amplían la base de contribuyentes. 2) Los beneficios están vinculados a la generación de empleos formales, lo que reduce la informalidad laboral, aumenta los aportes parafiscales y mejora los recaudos por retenciones sobre ingresos laborales. 3) La normatividad es exigente con las empresas existentes que soliciten su inclusión en el régimen franco.
En el caso de estas últimas empresas la legislación señala montos de inversión en cuantías tales que los impuestos esperados no sean inferiores a los que venían tributando; adicionalmente, para ningún caso se permite la inclusión de activos previamente usados en el país. Así, en el peor escenario, los impuestos recaudados serán similares, pero la capacidad de producción de la economía se incrementará.
Con relación a los contratos de estabilidad jurídica, su objetivo es brindar a las nuevas inversiones un seguro temporal relacionado con las variables a las que sea más sensible el negocio y cuya variación podría ocasionar deterioro de las rentabilidades esperadas del proyecto. Solucionan así uno de los problemas que más afecta las decisiones de inversión: la inestabilidad en las reglas de juego.
Colombia tiene una de las tasas nominales de tributación corporativa más altas del mundo, lo que es insostenible en el contexto de una economía globalizada. Por lo tanto, cabe esperar que las tasas tiendan a disminuir en el mediano plazo, en cuyo caso es inocua la protección mediante contratos de estabilidad jurídica. Aun cuando hay empresas que la han incluido en los contratos, su impacto real en los recaudos será marginal teniendo en cuenta esta tendencia.
Tanto las zonas francas como los contratos de estabilidad son instrumentos efectivos de impulso a la inversión que Colombia necesita, como lo demuestran los resultados logrados en el corto tiempo que llevan vigentes.
Con la anterior regulación, después de 50 años sólo se crearon 11 zonas francas en el país. En el tiempo que lleva la nueva legislación se han aprobado 28 con un monto de inversión de US$ 1.900 millones y un potencial de generación de 26 mil empleos directos y 66 mil indirectos. Además hay seis solicitudes en trámite por un monto de US$ 158 millones que pueden generar 11 mil empleos directos y 13 mil indirectos.
A la fecha hay 14 contratos de estabilidad jurídica firmados para inversiones por US$ 1.480 millones y generación de más de seis mil empleos directos y 20 mil indirectos. Además, hay 11 aprobados con inversiones por US$ 1.300 millones y potencial de 7.000 empleos directos y 5.000 indirectos.
En suma, estos dos instrumentos aseguran al país cuantiosas inversiones en los próximos años y ninguna de ellas significa reducción de los ingresos tributarios. ¿Cuántos impuestos pagarán estas inversiones una vez estén operando las empresas ampliadas o nuevas? Además, ¿cuántos impuestos se generarán en las actividades beneficiadas por la demanda adicional de las nuevas empresas?
Un atributo positivo adicional de estas inversiones es que, con toda seguridad, amplían la capacidad potencial de crecimiento de la economía. Esto contribuye a que el país haga sostenibles tasas de crecimiento superiores al 5% como las que tenemos actualmente. Y, por supuesto, una economía que crece sostenidamente a tasas más altas, genera más ingresos tributarios a la Nación.
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