¿Quién podrá defendernos?

 

Publicado en Portafolio el 21 de marzo de 2025 

El presidente Petro y el exministro de defensa afirman que no hay un grave problema de seguridad en Colombia. Que hay unos “focos regionales de violencia”, pero los enemigos del gobierno los magnifican para desconocer los “éxitos” de la “paz total”.

De forma un tanto ridícula Petro puso en su “diario oficial”, X, un tuit según el cual la tasa de homicidios en 2024 es más baja que la de los gobiernos de Uribe y Santos. Ese argumento tiene la misma relevancia que afirmar que la actual tasa de analfabetismo es menor que la del gobierno de Rojas Pinilla. El análisis serio de los datos muestra que la tasa de homicidios se estacionó entre 25 y 26 por cada 100 mil habitantes y que la reducción observada en 2024 es marginal (26,0 en 2023 y 25,3 en 2024). Esa no es una cifra para estar contento, pues sigue siendo muy alta en el contexto global; según Unodc (2023) la media de América fue 15,0 en 2021, la de África 12,7 y la de Asia 2,1. Lejos está el presunto éxito de la “paz total”.

En gracia de discusión, algunos indicadores de seguridad mejoraron en los dos últimos años. Pero no se puede afirmar que no existe un grave problema ni tachar de mentirosos a quienes lo aseveran. Las más recientes encuestas del Centro Nacional de Consultoría y de Guarumo-Ecoanalítica muestran que la inseguridad ocupa el segundo puesto entre los temas que más preocupan a los colombianos. ¿Serán puras ilusiones?

En alguna de las paradas que haga en el país de sus alucinantes viajes por el espacio sideral, Petro debería ser informado por sus fieles fans sobre la situación real de la seguridad en Colombia. El informe debería comunicarle que según la Defensoría del Pueblo el 71% de los municipios del país tiene presencia de grupos armados: ¡790 municipios en 32 departamentos! Este organismo lanzó alertas tempranas sobre el Catatumbo desde noviembre de 2024, pero nadie en este gobierno se enteró.

Armando Novoa, jefe negociador del gobierno, en una entrevista con María Isabel Rueda, afirmó: esos grupos “en los territorios han construido lo que algunos llaman unas gobernabilidades criminales muy potentes. Controlan las economías, el empleo, administran justicia, crean sus propios sistemas de impuestos, tienen control de los gobiernos, controlan la democracia local”. Si esto no es grave o es solo un “foco regional de violencia”, es que el presidente no sabe que eso ocurre en todos los territorios de Colombia en los que no hay presencia del Estado.

En definitiva, a la mayoría de los colombianos sí nos parece grave la situación de inseguridad en Colombia. Solo nos queda recordar al Chapulín Colorado.

¿Y dónde está la alcaldesa?

 

Publicado en Portafolio el viernes 25 de septiembre de 2020

Mientras la ciudad era vandalizada a raíz del asesinato de Javier Ordoñez, la alcaldesa Claudia López echaba culpas al gobierno, denunciaba a la policía ante las Naciones Unidas y regañaba al presidente Duque porque «él como "comandante en jefe" de la institución debía ordenar a los uniformados no usar "armas de fuego en protestas sociales ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia"» (Portafolio, septiembre 18).

La alcaldesa se olvidó del artículo 315 de la Constitución que establece que “el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio”. Según Semana (septiembre 13), “le faltó asumir que ella es la primera autoridad de la ciudad y no la oposición al Gobierno”.

No es la primera vez que la alcaldesa busca culpables en lugar de afrontar las situaciones. En junio, refiriéndose a los contagios y la falta de disciplina social en Corabastos, afirmó que “esa central es responsabilidad del Gobierno” (Portafolio, junio 5). Unas semanas antes, dijo que los migrantes venezolanos también son un problema del Gobierno (El Tiempo, abril 2). Afirmó que el coronavirus llegó a Bogotá porque el presidente no quiso cerrar antes el aeropuerto; sin embargo, en las recientes noticias sobre reapertura de El Dorado es ella la que sale autorizando la operación.

Pero hay problemas como el de las aglomeraciones de vendedores informales que inundaron las calles violando las cuarentenas y ante eso no dijo ni hizo nada. ¿Qué diferencia hay entre los miles de personas que se aglomeran alrededor de Corabastos, buscando cualquier oportunidad de ganarse unos pesos y los miles que salieron a las calles al rebusque? ¿No crean focos de contagio al no usar tapabocas y no aplicar el distanciamiento? ¿No deberían estar en casa si son beneficiarios de las transferencias monetarias del gobierno y la alcaldía?

Hay decisiones acertadas de la alcaldesa en pro de la ciudad; se ha anticipado al gobierno en varias ocasiones y ha manifestado sensibilidad por la situación de la población vulnerable. Pero esa cantinela de culpar al gobierno de temas que debería afrontar la alcaldía deja la sensación de que no tenemos piloto.

De igual forma podría el gobierno nacional preguntarle a la alcaldesa de quién es la responsabilidad del metro para Bogotá. Y si es de la ciudad, ¿por qué tiene la Nación que poner cuantiosas sumas de dinero que, en lugar de destinarlas a los “ricos” de la capital, podría asignarlas a mejorar las condiciones de vida de los pobres de Chocó o de La Guajira?

Ahora que vuelven las congestiones de tráfico, hay menos kilómetros de vías para los automotores, porque los volvieron ciclorrutas (una solución “hechiza” y riesgosa para los ciclistas, en lugar de hacer construcciones con diseños técnicos). Como consecuencia, los trancones serán mayores y habrá que pensar en cómo castigar a los propietarios de carros particulares; por contraste, en las economías desarrolladas incentivan el uso de los carros para no atiborrar el transporte masivo, por el mayor riesgo de contagios. La alcaldesa debe estarse preguntando cómo echarle la culpa de los problemas de movilidad capitalina al gobierno.

¿Cuántos empleados públicos?

Publicado en Portafolio el 23 de noviembre de 2018

El presidente Duque anunció su propósito de “empezar por ponerles fin a las nóminas paralelas”. La propuesta encuentra respaldo porque se interpreta como un freno al crecimiento desbordado de una burocracia ineficiente.

Opinaba el físico y matemático inglés William Kelvin (1824-1907), que “lo que no se mide, no se puede mejorar”. Ese es un principio deseable en la gestión pública, que consiste en cuantificar el problema para diseñar una solución adecuada y evaluar el impacto de las políticas.

En ese contexto, para poner fin a las nóminas paralelas se debería partir de su tamaño y de la divulgación de una estadística periódica que informe cómo se va cumpliendo el objetivo de eliminación gradual que ordenó Duque en la Directiva Presidencial 09, del 9 de noviembre de 2018.

Pero hay un problema. Según la Comisión del Gasto, “en Colombia no es tarea fácil identificar el gasto que se destina al pago de la nómina (empleados y contratistas), así como el número de servidores públicos. Determinar el verdadero tamaño de ese gasto, en consecuencia, no es posible”.

Un intento de medición está contenido en el libro recientemente publicado por Fasecolda, “El empleo formal en Colombia. Realidad y retos” (disponible en www.fasecolda.com). A partir de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, se calculó que el total de empleados públicos a nivel nacional fue de 1,86 millones en 2017; esa cifra es superior en 29% a la que estimó la Comisión del Gasto. La estimación muestra la siguiente composición: 463 mil son de planta, 412 mil de la fuerza pública, 322 mil maestros y 663 independientes.

En el estudio de Fasecolda no fue posible la discriminación del total de empleos entre el orden nacional y el territorial, por carecer de la identificación de algunas entidades; pero con el 73% de los trabajadores se calculó que el 61% del empleo público es del orden territorial y el restante 39% del nacional (de ese cálculo se excluyen la fuerza pública y los maestros).

De los identificados del orden nacional, el 55% es de planta y el restante 45% son independientes. Como la Directiva Presidencial se refiere a las “las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”, se colige que la población objetivo es una fracción del último dato.

Un elemento complementario para la eliminación de las nóminas paralelas es tener en cuenta por qué surgieron. Cómo lo sugiere la Comisión del Gasto, uno de los determinantes fue la decisión de congelar el crecimiento real del gasto de personal (Ley 617 de 2000); esto llevó al surgimiento de modalidades de contratación clasificadas en rubros de inversión. Otras fuentes del problema fueron la congelación de la planta, el problema que generó la provisionalidad de numerosos cargos, la pérdida de incentivos en la carrera administrativa y la creación de nuevas funciones del gobierno. Estos aspectos no se pueden perder de vista, pues no se trata solo de suprimir cargos, sino de mantener y mejorar la calidad de la gestión pública.

En síntesis, por deseable que sea la eliminación de las nóminas paralelas y la recuperación de esquemas transparentes de vinculación laboral en el sector público, hay que partir de una medición adecuada; la base que tiene Fasecolda puede ser un buen punto de partida.