El país de las maravillas

 

Publicado en Portafolio el 20 de enero de 2026.

Hace unos meses el gobierno sacó pecho porque The Economist calificó a Colombia como una de las mejores economías en 2025. Pero brillaron por su ausencia las exploraciones de cuáles fueron los criterios para esa clasificación. 

Para ilustrarlo, tomemos la inflación básica, que es uno de los indicadores usados. The Economist toma la variación anual absoluta a octubre de la inflación básica con relación al 2%, que se asume como meta. Esto da lugar a varios sesgos; los países que en el año anterior se acercaron más al 2%, en la medición más reciente lo harán en menos puntos porcentuales y serán bonificados en el ranking; además, el indicador no dice nada sobre la evolución más reciente ni sobre las expectativas. Para el caso de Colombia, el indicador fue 4,3 puntos porcentuales en octubre de 2024 y 3,3 en octubre de 2025; a pesar de esa reducción, quedó en el puesto 34 entre las 36 economías evaluadas. Pero ocurre que ese 3,3 es mayor que el indicador de los meses anteriores; es decir, la foto falla al no percibir que se está revirtiendo la tendencia, que las presiones inflacionarias están creciendo y que se espera que las tasas de interés vuelvan a incrementarse.

El mismo problema que tiene el ranking de The Economist, lo tienen los exitosos balances que presenta el gobierno. La foto muestra que el desempleo bajó, que la tasa de cambio se apreció y que el salario mínimo se incrementó en términos reales en magnitudes sin precedentes. Lo que no muestra es que el país está en una crisis fiscal por la mala política fiscal y que nos deja una economía que en los próximos años crecerá al mediocre 2,5% anual.

Tampoco muestra que el bienestar de la población menos favorecida se deteriora día a día con el chuchuchu que quebró el sistema de salud, que los jóvenes pobres no podrán acceder a la educación superior porque se eliminaron los subsidios del Icetex, que miles de familias no tendrán vivienda porque se suspendió el programa Mi Casa Ya y que el exorbitante incremento del salario mínimo, que beneficia al 10% de los empleados, erosionará los ingresos reales del 100% de la población pobre y de clase media.

La inflación que ya registraba presiones alcistas las incrementará por el efecto del salario mínimo. El país queda ad portas de una crisis energética y las familias de clase media y baja deberán pagar una factura creciente de gas por la pérdida de la autonomía en el abastecimiento, resultante de la inoportuna política contra los combustibles fósiles. En fin, enderezar la economía es la titánica tarea que le espera al próximo gobierno.

Problemas y desarrollo económico

 Publicado en Portafolio el 22 de diciembre de 2023

Por donde miremos hay grandes problemas que son lastres para el desarrollo de Colombia, reducen la tranquilidad de los ciudadanos e incrementan el pesimismo y el malestar social que se refleja en las encuestas y en las elecciones: inseguridad, corrupción, informalidad laboral, colados en el transporte masivo, florecimiento de riesgosos transportes informales, evasión del Soat, fraudes a granel, bloqueos de vías urbanas y nacionales, etc.

En su gran mayoría esos problemas fueron pequeños, pero crecieron ante la ausencia de controles que hicieran cumplir las normas vigentes, la permisividad y la inacción de las autoridades y la complicidad de la ciudadanía en general. Pensemos en los colados del Transmilenio. Hace nueve años en mi columna de Portafolio llamaba la atención sobre los 70 mil colados diarios; hoy fácilmente sobrepasan el millón. En otra dimensión, siguen asesinando líderes sociales; como se hace de a poquitos pocos le paran bolas, pero, según Indepaz, desde la firma del acuerdo con las Farc, han asesinado 1.588 líderes.

¿Cuál es el costo económico y social de esos problemas? ¿Cuántos empresarios dejan de invertir o de crecer sus empresas y generar más empleos formales como podrían hacerlo en un mejor ambiente? Nadie lo ha calculado, pero es claro que representan un freno al desarrollo, el desangre de recursos públicos y la pérdida o el desvío de dineros que podrían estar mejor asignados para el crecimiento económico. Las pocas cifras que se conocen son exorbitantes; a manera de ejemplo, Transparencia por Colombia calcula que entre 2016 y 2020 se identificaron 967 hechos de corrupción, pero solo en 367 se pudo estimar una cifra del dinero comprometido; este ascendió a $92,8 billones. Como lo resalta Juan Lozano, ellos darían para la construcción de 461.000 casas o 32 hospitales de alto nivel, junto con la contratación del personal médico.

Tenemos leyes, jueces, cortes judiciales, policía e incentivos para los delincuentes que colaboran con la justicia, pero poco funcionan en la práctica; en los índices globales de “imperio de la ley” Colombia aparece en los últimos lugares.

Como no hay un solo problema, sino que ellos abundan y son inmanejables, es imperativo convencernos de que el desarrollo es un tema de decisión. Los grupos dirigentes en lugar de alimentar la polarización deberían aprovechar el fin de año para reflexionar sobre cómo lograr una coalición o un pacto que apoye la decisión de tomar la vía del desarrollo, de recuperar la cultura ciudadana, de reducir o eliminar muchas de las fuentes de pésima asignación de los recursos y hacer sentir la presencia del Estado como garantía para la tranquilidad, el bienestar de la población y la recuperación del territorio.

La carta a los candidatos

 

Publicado el 17 de diciembre de 2021 en Portafolio

Pese al crecimiento esperado del PIB del 10% en 2021, la situación económica que enfrenta el país es muy compleja y va a requerir un paquete de reformas sólidamente estructuradas por el equipo técnico del nuevo presidente. Hay problemas de fondo que se vienen aplazando, pero el margen de maniobra se está cerrando; entre más se demoren las medidas para superarlos, menos factible será alcanzar una senda de mayor crecimiento, descenso de la pobreza, distribución más equitativa del ingreso y mejora del bienestar.

Ante ese panorama, un amplio grupo de profesionales envió una carta abierta a los candidatos y precandidatos a la Presidencia de la República, que contiene un diagnóstico de la situación y propuestas para una agenda realista de las reformas urgentes que necesita Colombia. El texto completo puede ser consultado en https://www.eltiempo.com/economia/sectores/expertos-presenta-propuestas-a-precandidatos-a-la-presidencia-638811.

La economía colombiana registra una situación fiscal difícil: hay que reducir el alto endeudamiento público, bajar el gasto y enfrentar las presiones sociales, derivadas en parte de la pandemia. El desempleo aumentó notablemente y la recuperación que se viene observando en el mercado laboral, además de ser lenta, se fundamenta en el crecimiento de la informalidad que nuevamente ronda el 63%. La pobreza y la pobreza extrema están en los niveles más altos de los últimos nueve años. La pandemia ha puesto en evidencia los problemas de baja productividad y lento crecimiento del PIB y las vulnerabilidades implícitas en una canasta exportadora altamente concentrada.

La carta propone acciones en materia de seguridad social, con el objetivo de superar las limitaciones del sistema pensional y de salud, reducir las cargas de la nómina y proteger a la población mayor de 70 años que carece de pensión. En el tema tributario se resaltan las propuestas de centros de investigación como Fedesarrollo y el Cede, a los que habría que sumar los excelentes informes técnicos de diversas misiones relacionadas con los temas de la hacienda pública.

El crecimiento económico debería superar el 5% anual, lo que demanda evolucionar hacia una estructura productiva más sofisticada, lograr exportaciones de mayor contenido tecnológico y diseñar la transición energética del país. También se requieren reformas institucionales para combatir la corrupción y superar la inoperancia estatal. En el primer asunto no solo hay que cambiar las percepciones de las personas sino acometer reformas en los entes de control. Sobre el segundo, es muy grave la presencia de agentes ilegales que suplantan al Estado en diversas zonas.

En síntesis, la carta es una invitación al debate de los candidatos con la sociedad sobre unos temas que no son los únicos, pero sí los más apremiantes de cara al futuro de Colombia.

Crecimiento versus bienestar

 

Publicado en Portafolio el viernes 19 de noviembre de 2021

Sin duda, el crecimiento económico es muy importante. Pero más relevante es cómo se distribuyen sus beneficios entre las personas de un país y contribuyen a mejorar el bienestar.

Esa es una preocupación de la economía y por décadas ha generado amplios debates sobre cómo medir las ganancias en el bienestar de la población. En 2008 el presidente francés Nicolás Sarkozy convocó una comisión de alto nivel para “la medición del desarrollo económico y del progreso social”, liderada por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi.

A partir de la literatura que surgió del informe de esa comisión, la OCDE diseñó e implementó lo que denomina el “Marco de bienestar de la OCDE”, que tiene cuatro características relevantes: 1. Se concentra en las personas y no en el sistema económico. 2. Se enfoca en dos dimensiones denominadas el bienestar actual y recursos para el bienestar futuro. 3. El análisis de la distribución del bienestar en la población. 4. La incorporación de aspectos objetivos y subjetivos.

Un ejemplo de aplicación de la segunda es la educación. Se suele dar importancia al gasto en educación o al número de estudiantes que se gradúan; en la dimensión actual se considera más relevante el desempeño de los estudiantes. Esto no significa desechar las primeras variables, sino complementarlas con el enfoque en las personas.

Esa metodología es aplicada por la OCDE a sus países miembro y los resultados son publicados (How’s Life?) para orientar decisiones de política. Ahora propone a los países latinoamericanos desarrollar indicadores para que puedan aplicar un “enfoque de bienestar en la política”. En octubre del 2021 la OCDE publicó un interesante libro titulado “How’s Life in Latin America?: Measuring Well-being for Policy Making”. Ahí se plantean enfoques participativos y multidimensionales que “pueden contribuir a reforzar el contrato social entre gobierno y ciudadanos”.

Los recursos para el bienestar futuro abarcan el capital económico, el capital humano, el capital social y el capital natural. El análisis de los planes de desarrollo de 15 países de la región evidencia que los dos últimos prácticamente no se toman en cuenta. Pero, como destaca la OCDE, “las recientes revueltas son un indicio de la fragilidad del contrato social en la región, que presenta un apoyo cada vez menor a la democracia electoral, escasa confianza en el gobierno, y altos niveles de percepción de la corrupción, discriminación y sensación de que la distribución de los ingresos es injusta”.

El enfoque de bienestar para las políticas públicas es una excelente propuesta de la OCDE que deberían incorporar los candidatos a la presidencia de Colombia en sus discursos, en especial cuando la inconformidad está asociada a problemas del contrato social.

Hecatombe social y paro

Publicado en Portafolio el 12 de diciembre de 2019

Los 13 puntos del llamado “Comité Nacional de Paro” y las declaraciones de los manifestantes a los medios, dan la impresión de que el país está al borde del colapso y que la situación social se ha tornado intolerable.

Es evidente la diferencia de nuestro nivel de vida con el de los países desarrollados, ¿pero será que estamos deteriorando el bienestar y acercándonos a los países más atrasados del mundo? ¿Estaremos a punto de ingresar a lo que Paul Collier denominó el “Club de la miseria”? La evaluación de los principales indicadores entre 2000 y 2018 (salvo que se indique otro periodo) nos muestra claramente en qué dirección está transitando Colombia.

El PIB per cápita a precios de paridad más que se duplicó; pasamos de US$6.695 a US$14.999 y entramos al grupo de los países de ingresos medios altos. En ese mismo periodo el salario mínimo se incrementó el 31% en términos reales.

Aun cuando la concentración del ingreso es de las más altas del mundo, el coeficiente de Gini bajó de 0,572 a 0,517 entre 2002 y 2018; curiosamente, las reformas tributaria y pensional que el “comité” pide no tramitar, mejorarían sustancialmente ese indicador. Simultáneamente la pobreza monetaria bajó del 49,7% al 27,0% de los hogares en el mismo periodo, y la población en pobreza extrema cayó del 17,7% al 7,2%; esto significa que 6,9 millones de personas salieron de la pobreza y 3,6 millones de la pobreza extrema.

Las continuas mejoras en la salud permiten mantener la tendencia descendente de la tasa de mortalidad infantil; esta pasó de 18,5 a 10,8 por cada 100 mil nacidos vivos en los hombres y de 23,6 a 13,6 en las mujeres.

En materia de educación, también hay cambios sustanciales: la inscripción escolar en el nivel secundario aumentó del 73,1% al 97,5% y el terciario del 24,5% al 55,3%. Persisten los problemas de calidad, como lo demuestran las pruebas Pisa, pero una de las talanqueras está en los docentes que se resisten a ser evaluados.

La tasa de desempleo en 13 ciudades bajó de 17,3% a 10,8% y la de informalidad, medida por afiliación a pensiones, que era del 70,5% en enero-marzo de 2007 disminuyó a 62,8% en enero-marzo de 2019; en ese periodo el número de afiliados a pensiones se incrementó de 4.9 a 8,2 millones de trabajadores. Esta reducción de la informalidad fue posible por la eliminación de los parafiscales del Sena y el ICBF y la tendencia se podría mantener con las reformas laboral y pensional.

El nobel de economía Joseph Stiglitz recuerda que: “Hay personas que dicen que, de hecho, el conflicto no se produce cuando las cosas están mal de verdad, sino cuando están mejorando, pero no mejoran lo suficientemente deprisa; cuando se le da a la gente la sensación de que las cosas podrían ir mejor, sus aspiraciones cambian, pero se decepcionan”. Él no comparte esa apreciación, pero me parece que, a la luz de los datos, es la explicación que mejor se acomoda a nuestra realidad.

Parafraseando a Johan Norberg, termino enunciando que los colombianos “vivimos en el mejor momento de nuestra historia” …Pero, nunca estaremos contentos y, al paso que vamos, seguiremos creyendo que la situación es cada día peor.

Patentes, ¿solo monopolio?

Publicado en el diario La República el 15 de mayo de 2007

Los sistemas de patentes surgieron en el mundo hace varios siglos, con el objetivo de incentivar las invenciones que contribuyen al bienestar de la humanidad. El incentivo consiste en un derecho de exclusividad, mediante el cual sólo el innovador puede ceder o fabricar y comerciar su invención durante un periodo mínimo de 20 años.

En términos escuetos, aun cuando no precisos, el Estado otorga un poder de monopolio a los innovadores. Pero lo hace a cambio de la entrega simultánea de los conocimientos que les permitieron llegar a la innovación y del restablecimiento de la competencia al vencimiento de la patente, mediante la libertad de fabricación por parte de cualquier empresa.

Si alguien recibe por ley el privilegio de ser el oferente único en un mercado, es apenas obvio que su poder tienda a reflejarse en precios superiores a los de un mercado de competencia perfecta. En ese contexto es simplista, por decir lo menos, la posición de aquellos críticos que “descubren” que las patentes acarrean costos sociales vía mayores precios. Ese “descubrimiento” conduce a visiones parcializadas del impacto de las patentes en la sociedad.

No obstante, tienen razón al pensar que es necesario contar con estudios que contrasten los efectos teóricos de ceder esos derechos de exclusividad con los que se observan en la realidad.

Teóricamente se reconoce que las patentes generan al menos 4 impactos en la sociedad: incentivo a las labores de investigación y desarrollo; sobrecosto en precios al consumidor; difusión de conocimientos; y mejora del bienestar de la población.

En el mundo el debate abarca varios de esos aspectos. Así, hay estudios recientes que verifican su influencia en la investigación, pero condicionada a la existencia de un sistema nacional de innovación. En Jordania y Brasil, por ejemplo, la investigación biomédica, que era nula, se desarrolló con la reforma al sistema de patentes. Michael Ryan destaca que “al menos 3 firmas brasileñas y al menos 5 jordanas establecieron actividades de investigación y desarrollo, estrategias gerenciales de propiedad intelectual y crecimiento de portafolios de patentes de sus propios esfuerzos de innovación”.

También hay estudios sobre la mejora en el bienestar de la población. Frank Lichtenberg encontró en una muestra de 52 países que la expectativa de vida de la población mejoró en cerca de dos años entre 1982 y 2001 y que el 40% de ese incremento era atribuible a los nuevos medicamentos.

En Colombia el debate se ha centrado en los precios –especialmente de medicamentos–, en el marco de la negociación del TLC con Estados Unidos. Puesto que en su mayoría han sido realizados por críticos del TLC, su enfoque es demostrar lo evidente: que los monopolios fijan precios que no son de competencia y que ello impone un costo a la sociedad. Como el objetivo de los estudios es político, se simulan escenarios que no existen en el texto del TLC y a renglón seguido se estiman unos costos, por supuesto irreales.

Más allá de la discusión sobre el realismo o la creatividad para calcular los costos de las patentes, el debate debería trascender lo evidente y buscar respuestas a preguntas más amplias: ¿Colombia está creando una institucionalidad que sumada a la protección de patentes incentive la investigación de las empresas nacionales? ¿Las empresas del país usan los conocimientos divulgados por innovadores en sus solicitudes de patentes? ¿Mejora el bienestar de los colombianos con el sistema de patentes? ¿Cuáles medidas se deben adoptar para corregir las fallas que se están presentando en estos temas? ¿Terminada la protección, sí entran competidores al mercado?