“Unbanked”

Publicado en el diario La República el 10 de junio de 2010

En la década del sesenta, los trabajos de Raymond Goldsmith, John Gurley y Edward Shaw establecieron la relación que hay entre el sector financiero y el desarrollo económico.

Desde entonces los gobiernos adoptan políticas orientadas a aumentar el indicador de profundización financiera (coeficiente de cartera o activos sobre el PIB).

Pero más recientemente surgió una nueva preocupación al observar que una parte considerable de la población no tiene acceso a los servicios financieros, incluso en las economías desarrolladas; a esa población se le denomina "unbanked", término que se ha traducido como "no bancarizada".

Usualmente los no bancarizados son las personas más pobres de la sociedad que no están en capacidad de asumir los costos de los servicios financieros (cuota de manejo, o retiro por cajero electrónico). Su situación se acentúa con la tendencia de los establecimientos financieros a no ubicar oficinas en los sectores más pobres; esto desanima a los potenciales clientes por los elevados costos de movilizarse a sucursales lejanas (transporte y tiempo).

En las economías que han implementado instrumentos para bancarizar esta población, se han observado mejoras notables en su calidad de vida. Mientras que los no bancarizados "ahorran" comprando activos (joyas, electrodomésticos, etc.) y deben asumir elevados costos para recuperar la liquidez cuando la necesitan, los bancarizados pueden proteger sus ahorros mediante diferentes productos de captación rentables y con bajos costos de liquidez.

Los primeros se vuelven esclavos del "gota a gota" para financiarse, lo que les impide cualquier mejora real de sus condiciones de vida. Entre tanto, los bancarizados pueden acceder al crédito formal, que les permite la adquisición de bienes o servicios difícilmente alcanzables de otra forma: vivienda, educación, mejoras locativas, vehículo para un negocio, y capital de trabajo para microempresas, entre otros.

Como consecuencia del convenio sobre microcrédito de 2002 entre el gobierno y el sistema financiero y del programa de Banca de las Oportunidades, en Colombia han empezado a mejorar los indicadores de bancarización. Las estimaciones más recientes de la Asobancaria señalan que los niveles de bancarización de la población mayor de 18 años pasaron del 47 por ciento en junio de 2006 al 57 por ciento en diciembre de 2009. Y alrededor de 1.6 millones de microempresarios recibieron por primera vez un crédito formal.

Es un avance notable, que mejora la calidad de vida de muchas personas y las conecta con los beneficios del crecimiento. Pero aún queda más del 40 por ciento de adultos sin acceso a los servicios financieros, lo que implica mayores esfuerzos y productos financieros novedosos para consolidar esta revolución silenciosa.

¿Pro ricos?

Publicado en el diario La República el 30 de septiembre de 2009

Las cifras de pobreza del país, recientemente divulgadas, generaron diversas críticas. Según una de ellas, hay políticas que incentivan el uso del capital en desmedro de la mano de obra; esto presuntamente impide reducir más el número de pobres.

¿Ha crecido demasiado el capital en Colombia y está desplazando mano de obra? Quienes eso argumentan no aportan cifras concretas.

Para el gobierno, sin recuperar la inversión es difícil crecer sostenidamente. La evolución del coeficiente entre la inversión y la población mayor de 14 y menor de 64 años (aproximación a la relación de capital por unidad de trabajo) descendió continuamente entre 1995 y 1999. En los años siguientes creció lentamente y se aceleró desde 2003. Según este cálculo, apenas hacia el año 2007 se superó el nivel que había a mediados de la década anterior.

Lo anterior quiere decir que la actual relación de capital por unidad de trabajo apenas supera el nivel de hace 12 años. ¿Los críticos preferirían que el país se quedara con un coeficiente como el de 1995 o más bajo? ¿Qué pasaría entonces con el crecimiento?

El indicador de bancarización de Colombia (cartera/PIB), aún está por debajo de los niveles previos a la crisis de los noventa. ¿Se pueden interpretar las políticas orientadas a aumentarla como pro banqueros y contra ahorradores?

Veamos algunas de las medidas “a favor” del capital que han generado polémica: las exenciones tributarias a los cultivos de tardío rendimiento y a las construcciones de hoteles, y los incentivos a las zonas francas.

Con relación a los cultivos de tardío rendimiento, es evidente su impacto en el surgimiento de la industria de biocombustibles en Colombia, en la generación de nuevos empleos y en beneficios ambientales. ¿Este incentivo aumenta los pobres en el campo? La pobreza rural no se puede entender aislada de los problemas de violencia de paramilitares, guerrilla y narcotráfico, ni del desplazamiento resultante; pero estos temas no existen en los análisis de los críticos.

En turismo, es evidente que el conflicto bloqueó el desarrollo de esta actividad y generó un atraso en la infraestructura. La exención ha sido efectiva, como lo muestra el aumento de la oferta de más de 15 mil habitaciones nuevas. Puesto que el turismo es una actividad intensiva en mano de obra y el país tiene un enorme potencial, carece de sentido afirmar que esta es una política a favor del capital.

En el tema de zonas francas es muy difícil la comprobación de la relación entre sus incentivos y los niveles de pobreza; sin embargo, cabe esperar lo contrario de lo enunciado por los críticos.

En primer lugar, la nueva regulación es muy reciente y los proyectos aprobados apenas están en proceso de construcción; esto significa que por ahora su generación de empleos se concentra en esa actividad que es intensiva en mano de obra.

En segundo lugar, para obtener los beneficios, las inversiones deben ser nuevas. Por lo tanto, independientemente de su intensidad tecnológica, crearán empleos directos nuevos en la economía y generarán demandas indirectas en sectores intensivos en mano de obra (vestuario, papelería, muebles, vigilancia, transporte, aseo, jardinería, etc.).

En tercer lugar, los beneficios no son exclusivos para las empresas grandes, como concluyen algunos analistas. Los requisitos mínimos de inversión y empleos aplican a las zonas francas uniempresariales. En las permanentes se puede instalar cualquier empresa nueva, sin importar su tamaño ni el monto de su inversión; pero, de nuevo, por tratarse de inversiones nuevas, darán lugar a nuevos empleos tanto directos como indirectos.

En síntesis, las críticas suenan bien para la audiencia… pero carecen de contundencia argumental.