Publicado en el diario La República el 10 de junio de 2010
En la década del sesenta, los trabajos de Raymond Goldsmith, John Gurley y Edward Shaw establecieron la relación que hay entre el sector financiero y el desarrollo económico.
Desde entonces los gobiernos adoptan políticas orientadas a aumentar el indicador de profundización financiera (coeficiente de cartera o activos sobre el PIB).
Pero más recientemente surgió una nueva preocupación al observar que una parte considerable de la población no tiene acceso a los servicios financieros, incluso en las economías desarrolladas; a esa población se le denomina "unbanked", término que se ha traducido como "no bancarizada".
Usualmente los no bancarizados son las personas más pobres de la sociedad que no están en capacidad de asumir los costos de los servicios financieros (cuota de manejo, o retiro por cajero electrónico). Su situación se acentúa con la tendencia de los establecimientos financieros a no ubicar oficinas en los sectores más pobres; esto desanima a los potenciales clientes por los elevados costos de movilizarse a sucursales lejanas (transporte y tiempo).
En las economías que han implementado instrumentos para bancarizar esta población, se han observado mejoras notables en su calidad de vida. Mientras que los no bancarizados "ahorran" comprando activos (joyas, electrodomésticos, etc.) y deben asumir elevados costos para recuperar la liquidez cuando la necesitan, los bancarizados pueden proteger sus ahorros mediante diferentes productos de captación rentables y con bajos costos de liquidez.
Los primeros se vuelven esclavos del "gota a gota" para financiarse, lo que les impide cualquier mejora real de sus condiciones de vida. Entre tanto, los bancarizados pueden acceder al crédito formal, que les permite la adquisición de bienes o servicios difícilmente alcanzables de otra forma: vivienda, educación, mejoras locativas, vehículo para un negocio, y capital de trabajo para microempresas, entre otros.
Como consecuencia del convenio sobre microcrédito de 2002 entre el gobierno y el sistema financiero y del programa de Banca de las Oportunidades, en Colombia han empezado a mejorar los indicadores de bancarización. Las estimaciones más recientes de la Asobancaria señalan que los niveles de bancarización de la población mayor de 18 años pasaron del 47 por ciento en junio de 2006 al 57 por ciento en diciembre de 2009. Y alrededor de 1.6 millones de microempresarios recibieron por primera vez un crédito formal.
Es un avance notable, que mejora la calidad de vida de muchas personas y las conecta con los beneficios del crecimiento. Pero aún queda más del 40 por ciento de adultos sin acceso a los servicios financieros, lo que implica mayores esfuerzos y productos financieros novedosos para consolidar esta revolución silenciosa.
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Mercado de pobres
Publicado en la revista MisiónPyme de octubre de 2008
“Los pobres no tienen poder adquisitivo”. “En las economías pobres, los mercados son estrechos por la baja capacidad de compra de su población”. Afirmaciones de este estilo se han convertido en “verdades de a puño” que nadie discute… O mejor, que nadie discutía hasta que se demostró que son preconcepciones que generan un círculo vicioso.
Tiene que aparecer uno que otro gurú que se sale de los cánones para enseñarnos lo que debimos ver con mucha anticipación. Eso pasa con los pobres y su capacidad de compra. Las empresas rara vez piensan en ese segmento, que representa el mayor porcentaje de la población, como un mercado potencial. Por ello los barrios marginales de muchas ciudades del mundo no cuentan con servicios formales de transporte, salud, bancos, y alimentos manufacturados de calidad, entre otros.
Muhammad Yunus demostró desde hace varias décadas que incluso la población en pobreza extrema tiene capacidad de pago y cumple como pocos con sus obligaciones financieras. Además, comprobó que al brindarles acceso a los servicios financieros formales, mejoran su alimentación y el acceso a la educación y la salud.
Más recientemente C. K. Prahalad extendió esas conclusiones a otras áreas. Afirmó que si bien es cierto que la capacidad de compra individual es baja, en su conjunto los pobres constituyen un enorme mercado que no ha sido aprovechado por las empresas.
En parte esa capacidad se evidencia en lo que Prahalad denomina la “sanción por pobreza”; esto significa que los pobres pagan unos costos superiores por acceso a los bienes y servicios que los asumidos por sectores de ingresos superiores. Es algo que podemos verificar en nuestro medio; los costos financieros que sufragan los más pobres con sistemas como el “gota a gota” son absurdos: ¡Hasta 20% diario!
Los pobres también ahorran pese a la “sanción por pobreza” que tienen que asumir por la carencia de sucursales bancarias. En Colombia es habitual entre la población de menores ingresos hacer “ahorros” mediante la compra de joyas o electrodomésticos (por eso se ven antenas de televisión en los sectores más deprimidos); cuando tienen necesidad de efectivo, acuden a las casas de empeño, por lo que sus costos de acceso a la liquidez son mucho más onerosos que los de la población con acceso al sistema financiero.
Aprovechar este mercado potencial y a la vez contribuir a la eliminación de la sanción por pobreza es un reto para las empresas formales. La mayoría de las experiencias exitosas en este campo es de empresas multinacionales, pero las mipymes locales tienen ventajas como la flexibilidad tecnológica y el conocimiento de la población (hábitos, preferencias, etc.), de las cuales pueden sacar partido.
Como dicen los expertos en estrategias empresariales, es la hora de formular modelos de negocio innovadores que permitan atender a los más pobres. Y habrá dos ganadores: las empresas y la población víctima de la sanción por pobreza.
“Los pobres no tienen poder adquisitivo”. “En las economías pobres, los mercados son estrechos por la baja capacidad de compra de su población”. Afirmaciones de este estilo se han convertido en “verdades de a puño” que nadie discute… O mejor, que nadie discutía hasta que se demostró que son preconcepciones que generan un círculo vicioso.
Tiene que aparecer uno que otro gurú que se sale de los cánones para enseñarnos lo que debimos ver con mucha anticipación. Eso pasa con los pobres y su capacidad de compra. Las empresas rara vez piensan en ese segmento, que representa el mayor porcentaje de la población, como un mercado potencial. Por ello los barrios marginales de muchas ciudades del mundo no cuentan con servicios formales de transporte, salud, bancos, y alimentos manufacturados de calidad, entre otros.
Muhammad Yunus demostró desde hace varias décadas que incluso la población en pobreza extrema tiene capacidad de pago y cumple como pocos con sus obligaciones financieras. Además, comprobó que al brindarles acceso a los servicios financieros formales, mejoran su alimentación y el acceso a la educación y la salud.
Más recientemente C. K. Prahalad extendió esas conclusiones a otras áreas. Afirmó que si bien es cierto que la capacidad de compra individual es baja, en su conjunto los pobres constituyen un enorme mercado que no ha sido aprovechado por las empresas.
En parte esa capacidad se evidencia en lo que Prahalad denomina la “sanción por pobreza”; esto significa que los pobres pagan unos costos superiores por acceso a los bienes y servicios que los asumidos por sectores de ingresos superiores. Es algo que podemos verificar en nuestro medio; los costos financieros que sufragan los más pobres con sistemas como el “gota a gota” son absurdos: ¡Hasta 20% diario!
Los pobres también ahorran pese a la “sanción por pobreza” que tienen que asumir por la carencia de sucursales bancarias. En Colombia es habitual entre la población de menores ingresos hacer “ahorros” mediante la compra de joyas o electrodomésticos (por eso se ven antenas de televisión en los sectores más deprimidos); cuando tienen necesidad de efectivo, acuden a las casas de empeño, por lo que sus costos de acceso a la liquidez son mucho más onerosos que los de la población con acceso al sistema financiero.
Aprovechar este mercado potencial y a la vez contribuir a la eliminación de la sanción por pobreza es un reto para las empresas formales. La mayoría de las experiencias exitosas en este campo es de empresas multinacionales, pero las mipymes locales tienen ventajas como la flexibilidad tecnológica y el conocimiento de la población (hábitos, preferencias, etc.), de las cuales pueden sacar partido.
Como dicen los expertos en estrategias empresariales, es la hora de formular modelos de negocio innovadores que permitan atender a los más pobres. Y habrá dos ganadores: las empresas y la población víctima de la sanción por pobreza.
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