Publicado en Ámbito Jurídico No. 346 del 28 de mayo al 10 de junio de 2012
En el foro sobre el TLC realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá, el Alcalde Petro y su Secretario de Desarrollo Económico, Jorge Pulecio anunciaron los fundamentos del Plan de Desarrollo de la ciudad.
Pulecio lo expresó así: “Dos proposiciones de entrada. En lo económico, como muy bien lo planteó el alcalde Gustavo Petro… el privilegio de las políticas públicas está en la consolidación del mercado interior. Y en segundo lugar, las políticas públicas se van a basar en el modelo de desarrollo endógeno”.
En ninguna parte del Plan de Desarrollo aparece la expresión “modelo de desarrollo endógeno” y solo se menciona una vez el concepto de “políticas de desarrollo endógeno”. Lo deseable es que no se parezca a las experiencias del vecindario.
Los pocos elementos mencionados en el foro indican que el crecimiento se basará en el mercado interno, para lo cual es necesario incrementar los ingresos de las personas; y como el gasto de las familias bogotanas, caracterizadas por un alto nivel de pobreza, se concentra en transporte, servicios públicos, vivienda y alimentos (son el 77.6% en el decil 1), pues hay que cambiar los precios relativos para generar un excedente que permita nuevos gastos de las familias.
El Alcalde dio dos puntadas sobre lo que será la política de cambio de los precios relativos en favor de los más pobres. La primera, es el programa de regalar seis metros cúbicos mensuales de agua a 617 mil familias; esto, se supone, les libera ingresos para otros consumos, que aumentan la demanda interna e impulsan el crecimiento de las empresas.
Queda el interrogante de cómo financiar ese regalo, pues como dicen los economistas, “no hay almuerzo gratis”. Si lo hacen con cargo al presupuesto del Distrito, no se harán otros bienes públicos (escuelas, hospitales, vías) que podrían generar externalidades positivas superiores a las de regalar agua. Si se hace con los ineficientes subsidios cruzados, las familias que pagan más, reducen otros consumos, y entonces la demanda interna como un todo no aumenta.
El segundo, es el cambio en las reglas de juego que rigen el transporte privado, esto es, modificar los acuerdos contractuales. Se postula que hay unos crecientes costos operacionales que son trasladados a los pasajeros, lo que reduce su ingreso real y por lo tanto la demanda interna.
Por lo señalado en el Plan de Desarrollo, el problema es que las rentas que se generan se quedan en manos privadas y no son distribuidas entre públicas y privadas. Pero no es muy claro cómo se relacionan esas rentas con los costos operacionales de las empresas.
Si la modificación fuera para impedir que el crecimiento de los costos operacionales se refleje en los precios, las consecuencias pueden ser nefastas: deterioro en el mantenimiento de los vehículos, reducción de los salarios reales de los empleados, despido de trabajadores, etcétera.
Las alternativas esbozadas pero no desarrolladas en el Plan, aparentemente consisten en subsidiar a los transportadores o a los usuarios con otras fuentes (alquiler de locales, peajes urbanos), que harían aún más complejo y menos transparente el sistema.
Estas “metodologías” de cambiar los precios relativos son muy confusas. El problema es que el Plan de Desarrollo no avanza mayor cosa al respecto y algunas alternativas, como los peajes, tienen restricciones legales, señaladas por Jaime Castro (“¿Espejismo tributario?”).
Más sorprendente aún es que no hay casi referencias a la industria manufacturera, de la que se espera crecimiento y diversificación con la mayor demanda. Tampoco las hay sobre la informalidad; se menciona marginalmente la laboral (reubicación de vendedores) pero no la empresarial. Si la preocupación central es el desarrollo del mercado interno, es evidente la importancia de esta variable.
En el caso de la informalidad empresarial porque esas empresas no crecen, son de baja productividad y en muchos casos no pagan impuestos ni servicios públicos. Por lo tanto, contar con una estrategia del gobierno municipal para la reducción de ese fenómeno redundaría en incremento del recaudo de los tributos locales y en menores “pérdidas” para las empresas de servicios públicos domiciliarios. Así la Alcaldía contaría con mayores recursos para implementar políticas redistributivas.
Y en el caso de la informalidad laboral, su reducción repercutirá en mayores salarios, estabilidad en los ingresos, acceso a salud en el régimen contributivo –bajando la presión sobre el régimen subsidiado–, ahorro pensional y posibilidades de adquisición de activos fijos como la vivienda mediante acceso al crédito del sector financiero.
En síntesis, son necesarias mayores explicaciones de las autoridades capitalinas respecto al modelo de desarrollo endógeno; precisiones sobre las medidas para cambiar los precios relativos; y propuestas concretas sobre el tratamiento de la informalidad, que no pueden quedar refundidas en el etéreo concepto de “economía popular”. No hacerlo, puede generar incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas de juego de la economía local.
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Economía andino–tibetana
jueves, 17 de mayo de 2012
Publicado en el diario La República el 27 de abril de 2012
Así califica el Alcalde Mayor de Bogotá a la economía bogotana, porque es “casi autárquica”; la producción se orienta a su mercado interno, poco al mercado nacional y nada a exportación, salvo las flores que no produce. Lamenta el infortunio de estar lejos del mar y de ríos navegables, pues los onerosos costos de transporte por carretera y la deficiente estructura vial le quitan cualquier competitividad a la ciudad.
Concluye que el TLC con Estados Unidos exige a Bogotá un salto a una economía vinculada al mercado internacional; pero el Plan Nacional de Desarrollo no incluyó obras de infraestructura como la vía férrea hasta Puerto Salgar para conectarse con el río Magdalena y el mundo.
En realidad, la calificación de andino–tibetana podría aplicarse en general a la economía colombiana y no sólo a la bogotana. Y no por el hecho de estar lejos del mar y de los ríos navegables.
La organización geográfica de la producción colombiana es herencia del modelo de crecimiento hacia adentro, implementada en el país desde la década del cincuenta y hasta bien entrada la del ochenta. Se postulaba que el mercado interno era la base para el desarrollo del país y que, por lo tanto, la producción se debía ubicar cerca de los grandes centros de consumo.
Pero el cambio a un modelo de economía abierta conlleva una nueva organización de la geografía económica. Ahora lo deseable es que la producción exportable se ubique cerca a las fronteras para reducir los costos de transporte hasta los puertos.
La apertura económica de comienzos de los noventa no tuvo esos efectos, porque los rentistas del proteccionismo se las arreglaron para “diseñar” mecanismos sustitutos de protección. Por eso, en el índice de prevalencia de barreras al comercio del World Competitiveness Report Colombia aparece clasificado 110 entre 149 economías.
Veamos lo que dicen los datos sin minería, para quitar la distorsión en las comparaciones: Bogotá exporta en productos no minero–energéticos el 3.8% del PIB no minero, lo que indica que en efecto es una “economía cerrada”; pero departamentos como Valle (6.9%), Antioquia (7.5%) y Atlántico (8.8%), también lo son en términos relativos. Los departamentos con mayor coeficiente de apertura son Caldas (13.8%), Risaralda (13.2%) y Cundinamarca (10.9%), todos ellos lejos del mar.
Las exportaciones no minero–energéticas per cápita de Bogotá en 2010 fueron de US$382, que es una cifra baja, pero similar a la de Antioquia (US$468), Atlántico (US$451) y Valle (US$440).
Sin embargo, Bogotá es la segunda región con menor concentración de las exportaciones (después de Atlántico) y la de mayor número de productos exportados. Mientras que en 2011 exportó 916 productos diferentes, Antioquia exportó 805, Cundinamarca 630 y Valle 626.
Los dos primeros indicadores comprueban que el país es relativamente cerrado, mientras que el de concentración y el de productos exportados indican que Bogotá tiene una posición mucho mejor que la del resto del país en materia de inserción internacional.
En el nuevo contexto de TLCs, es apenas lógico que algunas actividades se muevan a las costas para ganar competitividad, pero otras se quedarán y unas nuevas se desarrollarán. Además, no se puede perder de vista el gran potencial de Bogotá en la exportación servicios: es el primer destino turístico de Colombia y tiene oferta creciente en BPO, TICs y servicios empresariales (arquitectura e ingeniería, en especial).
Contrario a lo que piensa el Alcalde, es grande el potencial que tiene la ciudad para aprovechar los TLCs. Pero si el punto de partida es que Bogotá no exporta nada y que el gobierno nacional no le da las obras de infraestructura que necesita para conectarse al mundo, las perspectivas no son nada halagüeñas.
Así califica el Alcalde Mayor de Bogotá a la economía bogotana, porque es “casi autárquica”; la producción se orienta a su mercado interno, poco al mercado nacional y nada a exportación, salvo las flores que no produce. Lamenta el infortunio de estar lejos del mar y de ríos navegables, pues los onerosos costos de transporte por carretera y la deficiente estructura vial le quitan cualquier competitividad a la ciudad.
Concluye que el TLC con Estados Unidos exige a Bogotá un salto a una economía vinculada al mercado internacional; pero el Plan Nacional de Desarrollo no incluyó obras de infraestructura como la vía férrea hasta Puerto Salgar para conectarse con el río Magdalena y el mundo.
En realidad, la calificación de andino–tibetana podría aplicarse en general a la economía colombiana y no sólo a la bogotana. Y no por el hecho de estar lejos del mar y de los ríos navegables.
La organización geográfica de la producción colombiana es herencia del modelo de crecimiento hacia adentro, implementada en el país desde la década del cincuenta y hasta bien entrada la del ochenta. Se postulaba que el mercado interno era la base para el desarrollo del país y que, por lo tanto, la producción se debía ubicar cerca de los grandes centros de consumo.
Pero el cambio a un modelo de economía abierta conlleva una nueva organización de la geografía económica. Ahora lo deseable es que la producción exportable se ubique cerca a las fronteras para reducir los costos de transporte hasta los puertos.
La apertura económica de comienzos de los noventa no tuvo esos efectos, porque los rentistas del proteccionismo se las arreglaron para “diseñar” mecanismos sustitutos de protección. Por eso, en el índice de prevalencia de barreras al comercio del World Competitiveness Report Colombia aparece clasificado 110 entre 149 economías.
Veamos lo que dicen los datos sin minería, para quitar la distorsión en las comparaciones: Bogotá exporta en productos no minero–energéticos el 3.8% del PIB no minero, lo que indica que en efecto es una “economía cerrada”; pero departamentos como Valle (6.9%), Antioquia (7.5%) y Atlántico (8.8%), también lo son en términos relativos. Los departamentos con mayor coeficiente de apertura son Caldas (13.8%), Risaralda (13.2%) y Cundinamarca (10.9%), todos ellos lejos del mar.
Las exportaciones no minero–energéticas per cápita de Bogotá en 2010 fueron de US$382, que es una cifra baja, pero similar a la de Antioquia (US$468), Atlántico (US$451) y Valle (US$440).
Sin embargo, Bogotá es la segunda región con menor concentración de las exportaciones (después de Atlántico) y la de mayor número de productos exportados. Mientras que en 2011 exportó 916 productos diferentes, Antioquia exportó 805, Cundinamarca 630 y Valle 626.
Los dos primeros indicadores comprueban que el país es relativamente cerrado, mientras que el de concentración y el de productos exportados indican que Bogotá tiene una posición mucho mejor que la del resto del país en materia de inserción internacional.
En el nuevo contexto de TLCs, es apenas lógico que algunas actividades se muevan a las costas para ganar competitividad, pero otras se quedarán y unas nuevas se desarrollarán. Además, no se puede perder de vista el gran potencial de Bogotá en la exportación servicios: es el primer destino turístico de Colombia y tiene oferta creciente en BPO, TICs y servicios empresariales (arquitectura e ingeniería, en especial).
Contrario a lo que piensa el Alcalde, es grande el potencial que tiene la ciudad para aprovechar los TLCs. Pero si el punto de partida es que Bogotá no exporta nada y que el gobierno nacional no le da las obras de infraestructura que necesita para conectarse al mundo, las perspectivas no son nada halagüeñas.
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