Artículo publicado en la revista MisiónPyme No. 32 de febrero de 2010
Las décadas de políticas proteccionistas del modelo sustitutivo de importaciones dejaron en el sector empresarial profundas huellas difíciles de borrar. Una de ellas es la escasa vocación exportadora.
Según el censo económico de 2005 en Colombia hay 1.5 millones de empresas. De ellas, escasamente 11.500 exportaron en 2008; aun cuando el número viene creciendo (en 2000 eran 7.648), sigue siendo bajo para una economía abierta.
Los datos del Dane muestran que sólo 671 empresas (6% del total) registraron exportaciones superiores a US$5 millones y contribuyeron con el 91% del total exportado en 2008. En el otro extremo, 8.842 (79% del total) exportaron menos de US$500 mil por empresa y aportaron escasamente el 2% del valor exportado.
Adicionalmente, la presencia de un buen número de empresas en los mercados internacionales no es estable. Siguiendo la metodología de clasificación de empresas exportadoras de Eaton, Eslava, Kugler y Tybout (“Export Dynamics in Colombia: Firm-Level Evidence”), en promedio, el 44.6% son empresas continuas (exportaron en tres años consecutivos), mientras que el restante 55.4% son entrantes o salientes.
Cabe preguntarse por qué es importante aumentar el número de empresas exportadoras y lograr mayor estabilidad en los mercados internacionales. La respuesta tiene una dimensión macroeconómica y una microeconómica.
En la dimensión macroeconómica, hay un impacto notable en el proceso de producción y de logística para la exportación que contribuye a la generación de valor agregado y empleos. Si, por ejemplo, Colombia produjera café únicamente para consumo interno, habría empleo directo para 50 mil familias en el sector rural; pero con la producción de excedentes para exportación se emplean 500 mil familias.
Y el efecto no para ahí, pues el impacto más importante es servir como vehículo de acceso a las importaciones. Sin exportar, el país no podría comprar bienes, servicios, tecnología y conocimientos que no produce; y no acceder a ellos implicaría un creciente rezago frente al resto del mundo.
En la dimensión microeconómica, es crucial tener conciencia del impacto de la globalización en la fragmentación de los procesos de producción. Hoy en día muchos productos son la suma de partes producidas en diferentes regiones del mundo. Los empresarios deben entender que realizar todo el proceso de producción “bajo un mismo techo” es algo que va quedando obsoleto.
En este contexto las mipymes tienen grandes ventajas. Son más flexibles, pueden aprovechar economías de escala y adoptar más rápidamente las nuevas tecnologías.
Para aprovechar esas oportunidades, Bancoldex, Proexport y las cámaras de comercio realizan una labor de formación de exportadores y el gobierno está simplificando los trámites de exportación y asegurando mercados con los TLC. Queda entonces en manos de los empresarios la decisión de insertarse en las cadenas globales de valor, ampliar sus horizontes y crecer más.
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Relocalización
jueves, 14 de enero de 2010
Publicado en el diario La República el 16 de septiembre de 2009
Con frecuencia se plantea que el rezago en la infraestructura vial es un factor que limita las posibilidades de mejorar la competitividad de Colombia. Se afirma, por ejemplo, que a las empresas ubicadas en Bogotá les resulta difícil competir teniendo que transportar sus productos de exportación más de mil kilómetros por vías que no son las mejores.
Cierto es que la infraestructura colombiana no es la mejor, como también lo es que la enorme distancia de los puertos aumenta los costos de producción. Por eso hay que preguntarse si las empresas exportadoras deben estar ubicadas a miles de kilómetros de las costas o si deben relocalizarse, para ser competitivas en el mundo globalizado. Primero es necesario entender por qué muchas empresas están localizadas al interior del país.
El modelo de sustitución de importaciones postulaba el desarrollo hacia adentro, apoyando el crecimiento de las empresas con base en el mercado interno. Esto repercutió, lógicamente, en su ubicación en las ciudades más pobladas de Colombia, por los menores costos de distribución a la gran masa de consumidores; y, además, generó un sesgo antiexportador. La evidencia es clara: 65 por ciento del valor agregado del sector industrial es generado en Bogotá-Cundinamarca, Valle y Antioquia.
En este aspecto Colombia siguió de cerca el patrón de otras economías subdesarrolladas que implementaron el mismo modelo. Según Livas y Krugman (“Trade Policy and the Third World Metropolis”) las grandes ciudades del Tercer Mundo son un subproducto del modelo de sustitución de importaciones. Ellos explican la ubicación de las industrias en los grandes centros urbanos no sólo por la cercanía de los consumidores, sino por el aprovechamiento de economías de escala y la facilidad de acceso a los productos de otras empresas, utilizados como insumos en la producción o como bienes de la canasta de consumo final.
Livas y Krugman también postulan que la liberalización económica debe ocasionar la moderación del crecimiento poblacional de las grandes ciudades y que la producción exportable tenderá a localizarse cerca de los puertos, como consecuencia de los menores aranceles y los más bajos costos de transporte.
Esa hipótesis se comprueba empíricamente en casos como el de México. Los mencionados autores destacan la alta concentración de población y de producción en la capital; a comienzos de los ochenta se producía allí 50 por ciento del valor agregado industrial, pero esa participación empezó a descender con las políticas de apertura y el montaje de las maquiladoras en la frontera.
Gerardo Esquivel (“Regional Convergence in Mexico Before and After NAFTA”), muestra que los estados con mayor crecimiento del PIB per cápita en el periodo 1940-1993 eran los del centro del país; pero en el periodo1993-2000 los más dinámicos fueron los de la frontera con Estados Unidos.
Curiosamente el caso de Colombia parece ir en contravía del enunciado teórico. La política de apertura de comienzos de los noventa no repercutió en un cambio estructural en la localización de las actividades productivas y la participación de Bogotá-Cundinamarca, Valle y Antioquia en el valor agregado industrial apenas se ha reducido en cinco puntos porcentuales.
Una posible explicación puede ser que el arancel nominal promedio del país es elevado con relación a los del resto de América; es decir, que a pesar de la apertura y el desmonte de diversos instrumentos proteccionistas, Colombia se mantiene como una economía con alta protección relativa.
Pero las cosas deben cambiar con la puesta en vigor de los TLCs negociados en los años recientes, pues hay compromisos de desgravación con nuestros principales socios. Entonces, las empresas orientadas a la exportación y aquellas que usan insumos importados tenderán a relocalizarse en las costas.
Con frecuencia se plantea que el rezago en la infraestructura vial es un factor que limita las posibilidades de mejorar la competitividad de Colombia. Se afirma, por ejemplo, que a las empresas ubicadas en Bogotá les resulta difícil competir teniendo que transportar sus productos de exportación más de mil kilómetros por vías que no son las mejores.
Cierto es que la infraestructura colombiana no es la mejor, como también lo es que la enorme distancia de los puertos aumenta los costos de producción. Por eso hay que preguntarse si las empresas exportadoras deben estar ubicadas a miles de kilómetros de las costas o si deben relocalizarse, para ser competitivas en el mundo globalizado. Primero es necesario entender por qué muchas empresas están localizadas al interior del país.
El modelo de sustitución de importaciones postulaba el desarrollo hacia adentro, apoyando el crecimiento de las empresas con base en el mercado interno. Esto repercutió, lógicamente, en su ubicación en las ciudades más pobladas de Colombia, por los menores costos de distribución a la gran masa de consumidores; y, además, generó un sesgo antiexportador. La evidencia es clara: 65 por ciento del valor agregado del sector industrial es generado en Bogotá-Cundinamarca, Valle y Antioquia.
En este aspecto Colombia siguió de cerca el patrón de otras economías subdesarrolladas que implementaron el mismo modelo. Según Livas y Krugman (“Trade Policy and the Third World Metropolis”) las grandes ciudades del Tercer Mundo son un subproducto del modelo de sustitución de importaciones. Ellos explican la ubicación de las industrias en los grandes centros urbanos no sólo por la cercanía de los consumidores, sino por el aprovechamiento de economías de escala y la facilidad de acceso a los productos de otras empresas, utilizados como insumos en la producción o como bienes de la canasta de consumo final.
Livas y Krugman también postulan que la liberalización económica debe ocasionar la moderación del crecimiento poblacional de las grandes ciudades y que la producción exportable tenderá a localizarse cerca de los puertos, como consecuencia de los menores aranceles y los más bajos costos de transporte.
Esa hipótesis se comprueba empíricamente en casos como el de México. Los mencionados autores destacan la alta concentración de población y de producción en la capital; a comienzos de los ochenta se producía allí 50 por ciento del valor agregado industrial, pero esa participación empezó a descender con las políticas de apertura y el montaje de las maquiladoras en la frontera.
Gerardo Esquivel (“Regional Convergence in Mexico Before and After NAFTA”), muestra que los estados con mayor crecimiento del PIB per cápita en el periodo 1940-1993 eran los del centro del país; pero en el periodo1993-2000 los más dinámicos fueron los de la frontera con Estados Unidos.
Curiosamente el caso de Colombia parece ir en contravía del enunciado teórico. La política de apertura de comienzos de los noventa no repercutió en un cambio estructural en la localización de las actividades productivas y la participación de Bogotá-Cundinamarca, Valle y Antioquia en el valor agregado industrial apenas se ha reducido en cinco puntos porcentuales.
Una posible explicación puede ser que el arancel nominal promedio del país es elevado con relación a los del resto de América; es decir, que a pesar de la apertura y el desmonte de diversos instrumentos proteccionistas, Colombia se mantiene como una economía con alta protección relativa.
Pero las cosas deben cambiar con la puesta en vigor de los TLCs negociados en los años recientes, pues hay compromisos de desgravación con nuestros principales socios. Entonces, las empresas orientadas a la exportación y aquellas que usan insumos importados tenderán a relocalizarse en las costas.
Volver al pasado
martes, 29 de diciembre de 2009
Publicado en el diario La República el 28 de agosto de 2007
En la sustentación de su demanda contra el presidente Álvaro Uribe por el hipotético delito de traición a la patria, el senador Robledo expone una visión muy particular sobre el comercio internacional. Su tesis acepta las exportaciones como un medio para acceder a los medios de pago internacionales, que permiten importar los bienes y servicios que el país necesita; pero postula que las exportaciones sólo tienen sentido si los recursos obtenidos se usan de forma exclusiva para importar lo que el país no produce.
Ese argumento es una añoranza del modelo sustitutivo de importaciones. El gobierno debe controlar en qué se gastan los medios de pago internacionales y, por lo tanto, qué se importa; ello implica volver al control de cambios, licencias de importación y otros trámites que ya el país ensayó durante muchos años y acarrearon, además del rezago relativo del país, la proliferación de la corrupción. Complementado con la propuesta del senador de aumentar los aranceles, sólo falta añadirle los subsidios, el monopolio en la comercialización y el control de precios para regresar a la década de los 60.
El Nobel de economía Gary Becker afirma que después de la segunda posguerra el mundo desarrollado retornó a la senda del libre mercado, mientras que las economías del tercer mundo optaron por los modelos proteccionistas que acarrearon el rezago relativo de sus indicadores de desarrollo. Tanto el reciente Reporte de Economía y Desarrollo de la CAF como un artículo del Nobel de economía Edward Prescott concluyen que sólo los países africanos se rezagaron más que los de América Latina. En el caso colombiano, es evidente que esas políticas permitieron el desarrollo de algunos sectores, pero también generaron problemas que hoy son un lastre para la productividad y competitividad del país.
El argumento proteccionista olvida que el aislamiento de las empresas locales de la competencia internacional conlleva la pérdida de incentivos a la actualización tecnológica y, por lo tanto, el atraso. Para qué gastar recursos en la mejora de productividad y competitividad, si hay un mercado cautivo; para qué destinar recursos a investigación y desarrollo si la innovación pierde sentido en una economía cerrada; para qué mejorar la calidad de los productos si los consumidores no tienen con qué compararlos.
Una dificultad adicional es que el retorno a las políticas proteccionistas no es tan sencillo en la economía global. Hoy en día no puede un país poner obstáculos al comercio de productos de otros países y quedarse tranquilo. Aún en casos en los que le asisten poderosas razones a un gobierno, como ocurre con el reciente episodio de Colombia con Panamá, el país queda expuesto a litigios internacionales y a medidas de retaliación.
En últimas, la política debatida constriñe a los consumidores a aceptar mayores costos y menor calidad en los bienes de consumo, lo que deteriora su calidad de vida frente al mundo. En cambio la exposición a la competencia internacional induce a los empresarios nacionales a mejorar la productividad y competitividad para preservar su permanencia en el mercado; los consumidores tienen así mejores opciones, una oferta más diversificada y precios y calidades con estándares internacionales. De forma complementaria las empresas pueden obtener economías de escala y ampliar sus mercados mediante el acceso a otros países.
Desde luego, la alternativa del libre comercio no implica abandonar los mecanismos de defensa del sector productivo nacional sino su racionalización. Por ejemplo, los aranceles diferentes de cero reflejan la existencia de producción nacional y un grado de protección adecuado frente a la competencia internacional ¿Seguimos en el siglo XX, o entramos al XXI?
En la sustentación de su demanda contra el presidente Álvaro Uribe por el hipotético delito de traición a la patria, el senador Robledo expone una visión muy particular sobre el comercio internacional. Su tesis acepta las exportaciones como un medio para acceder a los medios de pago internacionales, que permiten importar los bienes y servicios que el país necesita; pero postula que las exportaciones sólo tienen sentido si los recursos obtenidos se usan de forma exclusiva para importar lo que el país no produce.
Ese argumento es una añoranza del modelo sustitutivo de importaciones. El gobierno debe controlar en qué se gastan los medios de pago internacionales y, por lo tanto, qué se importa; ello implica volver al control de cambios, licencias de importación y otros trámites que ya el país ensayó durante muchos años y acarrearon, además del rezago relativo del país, la proliferación de la corrupción. Complementado con la propuesta del senador de aumentar los aranceles, sólo falta añadirle los subsidios, el monopolio en la comercialización y el control de precios para regresar a la década de los 60.
El Nobel de economía Gary Becker afirma que después de la segunda posguerra el mundo desarrollado retornó a la senda del libre mercado, mientras que las economías del tercer mundo optaron por los modelos proteccionistas que acarrearon el rezago relativo de sus indicadores de desarrollo. Tanto el reciente Reporte de Economía y Desarrollo de la CAF como un artículo del Nobel de economía Edward Prescott concluyen que sólo los países africanos se rezagaron más que los de América Latina. En el caso colombiano, es evidente que esas políticas permitieron el desarrollo de algunos sectores, pero también generaron problemas que hoy son un lastre para la productividad y competitividad del país.
El argumento proteccionista olvida que el aislamiento de las empresas locales de la competencia internacional conlleva la pérdida de incentivos a la actualización tecnológica y, por lo tanto, el atraso. Para qué gastar recursos en la mejora de productividad y competitividad, si hay un mercado cautivo; para qué destinar recursos a investigación y desarrollo si la innovación pierde sentido en una economía cerrada; para qué mejorar la calidad de los productos si los consumidores no tienen con qué compararlos.
Una dificultad adicional es que el retorno a las políticas proteccionistas no es tan sencillo en la economía global. Hoy en día no puede un país poner obstáculos al comercio de productos de otros países y quedarse tranquilo. Aún en casos en los que le asisten poderosas razones a un gobierno, como ocurre con el reciente episodio de Colombia con Panamá, el país queda expuesto a litigios internacionales y a medidas de retaliación.
En últimas, la política debatida constriñe a los consumidores a aceptar mayores costos y menor calidad en los bienes de consumo, lo que deteriora su calidad de vida frente al mundo. En cambio la exposición a la competencia internacional induce a los empresarios nacionales a mejorar la productividad y competitividad para preservar su permanencia en el mercado; los consumidores tienen así mejores opciones, una oferta más diversificada y precios y calidades con estándares internacionales. De forma complementaria las empresas pueden obtener economías de escala y ampliar sus mercados mediante el acceso a otros países.
Desde luego, la alternativa del libre comercio no implica abandonar los mecanismos de defensa del sector productivo nacional sino su racionalización. Por ejemplo, los aranceles diferentes de cero reflejan la existencia de producción nacional y un grado de protección adecuado frente a la competencia internacional ¿Seguimos en el siglo XX, o entramos al XXI?
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