Inteligencia migratoria

 

Publicado en Portafolio el 22 de agosto de 2025.

La migración enfrenta dos corrientes contrapuestas: la floreciente xenofobia del mundo desarrollado y la creciente emigración desde países en desarrollo por la violencia y la falta de oportunidades.

En ambos casos hay factores comunes: el ascenso del populismo, la pasividad de los gobiernos para apaciguar la antimigración y el menosprecio a los impactos económicos; además, algunos países aplican políticas autoritarias. El Peterson Institute estima una reducción del PIB de EE.UU. de 1,2% en 2028 si deportan 1,3 millones de personas (“Mass Deportations Would Harm the US Economy”, 2024).

La inmigración tiene efectos positivos en crecimiento económico, oferta de empleo, consumo, mayor orientación al emprendimiento respecto a la población local y amortiguamiento de las tasas negativas de natalidad y de envejecimiento poblacional. Según el McKinsey Global Institute los migrantes generaron el 9,4% del PIB mundial en 2015, aun cuando solo representaron el 3% de la población mundial (“People on the Move: Global Migration’s Impact and Opportunity”, 2016).

El Migration Policy Institute afirma que en EE.UU. “los inmigrantes participaron en el desarrollo del 30% de las patentes en industrias estratégicas en los últimos años, y más del 40% de las empresas de la lista Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes” (“Immigrants and the U.S. Economy”, 2024).

Para la Zona Euro, el FMI estima que los migrantes contribuirán con un aumento del 0,5% al PIB potencial en 2030; esto equivale a cerca del 50% del incremento total estimado (“Migration into the EU: Stocktaking of Recent Developments and Macroeconomic Implications”, 2024).

Por contraste, escasean los estudios sobre los costos de la emigración para las economías en desarrollo. Se resaltan los beneficios de las remesas, pero no se miden los efectos negativos de la pérdida de capital humano en el crecimiento económico; tampoco se tienen en cuenta las tendencias de envejecimiento ni las inminentes caídas absolutas de la población, como se anticipa que ocurrirá en Colombia en los próximos años.

El caso colombiano es dramático y demanda medidas urgentes. Según el Internal Displacement Monitoring Centre, en los años 2022 y 2023 se registraron los números más altos de personas desplazadas forzosamente por el conflicto y la violencia de los últimos 15 años (338.665 y 293.191, respectivamente). Como contraparte, no tiene el país una política migratoria y, hasta antes de la masiva migración venezolana, éramos uno de los países más cerrados del mundo a esos flujos.

Conclusión: es evidente la poca inteligencia de los países desarrollados con la inmigración y de los países como Colombia tanto en la emigración como la inmigración; la violencia expulsa miles de familias y no hay una política de atracción de personas con alta formación que permitan amortiguar los efectos del envejecimiento y la reducción de la población.

¿Quién podrá defendernos?

 

Publicado en Portafolio el 21 de marzo de 2025 

El presidente Petro y el exministro de defensa afirman que no hay un grave problema de seguridad en Colombia. Que hay unos “focos regionales de violencia”, pero los enemigos del gobierno los magnifican para desconocer los “éxitos” de la “paz total”.

De forma un tanto ridícula Petro puso en su “diario oficial”, X, un tuit según el cual la tasa de homicidios en 2024 es más baja que la de los gobiernos de Uribe y Santos. Ese argumento tiene la misma relevancia que afirmar que la actual tasa de analfabetismo es menor que la del gobierno de Rojas Pinilla. El análisis serio de los datos muestra que la tasa de homicidios se estacionó entre 25 y 26 por cada 100 mil habitantes y que la reducción observada en 2024 es marginal (26,0 en 2023 y 25,3 en 2024). Esa no es una cifra para estar contento, pues sigue siendo muy alta en el contexto global; según Unodc (2023) la media de América fue 15,0 en 2021, la de África 12,7 y la de Asia 2,1. Lejos está el presunto éxito de la “paz total”.

En gracia de discusión, algunos indicadores de seguridad mejoraron en los dos últimos años. Pero no se puede afirmar que no existe un grave problema ni tachar de mentirosos a quienes lo aseveran. Las más recientes encuestas del Centro Nacional de Consultoría y de Guarumo-Ecoanalítica muestran que la inseguridad ocupa el segundo puesto entre los temas que más preocupan a los colombianos. ¿Serán puras ilusiones?

En alguna de las paradas que haga en el país de sus alucinantes viajes por el espacio sideral, Petro debería ser informado por sus fieles fans sobre la situación real de la seguridad en Colombia. El informe debería comunicarle que según la Defensoría del Pueblo el 71% de los municipios del país tiene presencia de grupos armados: ¡790 municipios en 32 departamentos! Este organismo lanzó alertas tempranas sobre el Catatumbo desde noviembre de 2024, pero nadie en este gobierno se enteró.

Armando Novoa, jefe negociador del gobierno, en una entrevista con María Isabel Rueda, afirmó: esos grupos “en los territorios han construido lo que algunos llaman unas gobernabilidades criminales muy potentes. Controlan las economías, el empleo, administran justicia, crean sus propios sistemas de impuestos, tienen control de los gobiernos, controlan la democracia local”. Si esto no es grave o es solo un “foco regional de violencia”, es que el presidente no sabe que eso ocurre en todos los territorios de Colombia en los que no hay presencia del Estado.

En definitiva, a la mayoría de los colombianos sí nos parece grave la situación de inseguridad en Colombia. Solo nos queda recordar al Chapulín Colorado.

Sexta mejor economía del mundo

Publicado en Portafolio el 17 de diciembre de 2024

El 11 de diciembre el presidente Petro escribió en X: “La revista liberal The Economist nos sitúa sextos entre las mejores economías del mundo en 2024”.

Es evidente que el presidente confunde las 37 economías OCDE tomadas por The Economist, con las 193 de la ONU. Además, partiendo de ese ranking, que se basa en cinco variables económicas, Petro saca una conclusión fantástica sobre su gobierno en otro “tuit”: “pasar a un sistema económico productivo y salir del extractivismo fósil es un éxito”.

The Economist no explica la metodología; solo indica que tomaron cinco variables: variación del PIB en año corrido o el último trimestre anualizado; variación real de los precios de las acciones; inflación básica; puntos porcentuales de cambio de la tasa de desempleo entre diciembre de 2023 y octubre de 2024; y una estimación del balance primario como porcentaje del PIB.

Analizando los resultados se colige que se hizo un ordenamiento de cada variable y se estableció el puesto ocupado por cada economía. Luego, el puesto definitivo ocupado fue el ordenamiento de la suma o del promedio simple de los puestos ocupados en cada una de las cinco variables mencionadas. De ahí salió el sexto lugar de Colombia; nada que ver con el "extractivismo fósil".

No es claro el cálculo del crecimiento del PIB para Colombia en el ranking (2,6%), pues no coincide con ninguna de las variaciones publicadas por el Dane. Además, las proyecciones para 2024 le apuntan en el mejor de los casos a un escaso 2,0%; la OCDE estima 1,8% y el Banco de la República 1,9%.

El balance primario es un indicador muy útil en otros contextos, pero en el de este ranking termina siendo engañoso, pues si hay una variable en la que existe gran preocupación tanto de los analistas nacionales como internacionales es el estado crítico de las finanzas públicas colombianas. Entre 43 economías a las que The Economist hace seguimiento, hay 33 que tienen mejor balance fiscal que el déficit proyectado para Colombia (-5,7% del PIB).

Un hecho curioso es el puesto 20 de Estados Unidos en el ranking. Comparemos y saquemos conclusiones: crecimiento del PIB de EEUU 2,5% versus Colombia 2,6%; precios de las acciones 23,6% versus 16,5%; inflación básica 3,5% versus 6,0%; variación desempleo +0.4% versus -0,7%; balance primario -3,7% versus -0,1%.

Si a partir de ese ranking Petro cree que la economía colombiana es mucho mejor que una economía como la de EEUU que registra mayor crecimiento del PIB per cápita, una inflación más cercana a su meta, un mercado de valores muchísimo más profundo y un mercado laboral cerca del pleno empleo, definitivamente es que el Gobierno del Cambio está delirando.

¿Cayó la población?

 

Publicado en Portafolio el 23 de agosto de 2024

Dos profesores de la Universidad de Pensilvania llamaron la atención recientemente sobre la posible caída anticipada de la población en Colombia, lo que estaría indicando que la transición demográfica es más acelerada de lo esperado (Jesús Fernández e Iván Luzardo, “¿Comenzó el declive demográfico en Colombia?”. Portafolio, 19 de junio de 2024). Argumentan estos autores que la natalidad observada en 2022 y 2023 cayó de forma acelerada (-7,0% y -11,0%, respectivamente) y la migración neta es negativa (más salidas del país que entradas de migrantes).

El Dane publicó en “Población e indicadores a nivel nacional (periodo: 2020-2070)” una estimación de la caída de los nacimientos en 4.853 en 2022 y 6.744 en 2023, y las observadas, según los boletines técnicos de estadísticas vitales, fueron 43.289 y 63.268, respectivamente. Esto implica una reducción más rápida de la tasa de fecundidad; en la mencionada publicación de proyecciones era 1,7 niños por mujer y la observada fue 1,2 en 2023.

Con relación a la migración neta, Fernández y Luzardo (2024) afirman que “el año pasado se registraron 5.175.412 salidas de nacionales hacia el exterior, mientras que se contabilizaron 4.729.814 ingresos, por lo que la migración neta de colombianos habría sido de -445.598”. De las estadísticas de nacimientos y defunciones del Dane se colige que esa variable todavía fue positiva en 2023.

Llaman la atención las diferencias entre los datos de población que estima el Dane en “Proyecciones de población a nivel nacional. periodo 2020 – 2070” y los de la ONU, actualizados en la reciente publicación “World Population Prospects 2024”. Para 2023, por ejemplo, la población en edad de trabajar en Colombia (entre 18 y 62 años) es superior en 1,2 millones en las cifras de la ONU, mientras que la población de más de 62 años en la publicación del Dane supera en 5,1% a la de la ONU.

Son múltiples las implicaciones de estas diferencias, por lo que es importante establecer las fuentes y solucionarlas. Así se podrá definir mejor la senda probable de la transición demográfica, pues, según cuál sea, serán distintas las decisiones de las políticas públicas.

Son grandes las implicaciones que de ahí se derivan: estimar cuántos son los adultos mayores adicionales que el sistema pensional y el pilar solidario deben financiar cada año; cuál será el gasto esperado en salud; calcular los efectos en las finanzas públicas; mejorar las estimaciones sobre evolución del mercado laboral; evaluar los incrementos en la demanda potencial de los diversos sectores a los que impacta la “economía senior”; por último, valorar los cambios que se requieren en las políticas de migración, de cara a la caída de la población. En fin, es un tema de crucial interés nacional.

Seguros para un nuevo mundo

 

Artícuo publicado en Portafolio el jueves 18 de julio de 2024.

Los cambios demográficos tendrán profundas repercusiones. La disminución de la población y su envejecimiento crean un nuevo mundo para diversas actividades económicas, incluyendo la aseguradora.

Los cambios registrados en Colombia son notables, como se colige de las variables más relevantes en la publicación de Naciones Unidas World Population Prospects: The 2024 Revision. La tasa de fertilidad que alcanzó un máximo de 6,74 hijos por mujer en 1960, en 2023 se ubicó en 1,65. La tasa bruta de mortalidad fue de 17,6 muertes por cada 1.000 personas en 1950 y bajó a 5,4 en 2023 y desde finales de los sesenta se ubicó por debajo de la registrada en las economías desarrolladas. La tasa de dependencia de la vejez (la población mayor de 65 como porcentaje de la población entre 15 y 64 años), que era del 6,5% en 1990 se proyecta al 28,0% para 2024.

La mencionada tasa de fertilidad está por debajo de la tasa de reemplazo, que se calcula en 2,1 hijos por mujer; es decir, inferior a la necesaria para mantener constante la población. Pero, según Jesús Fernández-Villaverde e Iván Luzardo, de la Universidad de Pensilvania, la situación es más dramática, pues afirman que la tasa de fecundidad fue 1,2 en 2023 (“¿Comenzó el declive demográfico en Colombia?”. Portafolio, 19 de junio de 2024). Como consecuencia, la transición demográfica estaría tomando un ritmo más acelerado que el previsto por Naciones Unidas, según la cual la población colombiana empezaría a disminuir en 2050; con los cálculos de estos profesores, la población ya empezó a descender y, por lo tanto, el envejecimiento poblacional también va más rápido.

Urge vislumbrar ese nuevo mundo y entender la “economía senior” como un emergente motor de crecimiento. Hay que superar la limitada visión del envejecimiento enfocada en pensiones y salud y reconocer su amplio impacto económico en transporte, turismo, cosmética, seguridad, banca, seguros, y cultura, entre otros. En 2019 el 26% del PIB de España se atribuyó a ese grupo y la Comisión Europea estima para la “economía senior” un crecimiento del 5% anual en la década 2015-2025.

Parte de esa dinámica económica apunta a las empresas aseguradoras. Por eso resulta muy oportuna la publicación de Mapfre Demografía: un análisis de su impacto en la actividad aseguradora, en la que analizan el envejecimiento a nivel global, señalan varios campos en los que cabe esperar un crecimiento de la demanda de seguros y crean el Indicador del Potencial Asegurador por Impulso Demográfico para un grupo de 179 países. Colombia figura en el puesto 32 del indicador, lo que revela su gran atractivo como un mercado en el nuevo mundo asegurador.

La inflación y el FMI

 

Publicado en Portafolio el 21 de abril de 2023

La evolución de la inflación en Colombia desde mediados del 2021 tiene tres características comunes con el resto del mundo: las más altas variaciones en décadas, las dificultades para reducirla a los niveles prepandemia a pesar de las elevadas tasas de interés, y la confluencia de choques de oferta y de demanda.

Los informes del FMI de la reciente revisión de políticas de Colombia resaltan dos importantes aspectos de la inflación en el país. El primero es que su aceleración empezó más tarde que en Brasil, Chile, México y Perú. Esto implica que la crítica a la Junta Directiva del Banco de la República por no reaccionar oportunamente carece de sentido; es difícil tratar un cáncer antes de detectarlo.

El segundo es un ejercicio que calcula el impacto de los diversos choques. Los resultados muestran que en el cuarto trimestre de 2021 el 41,2% de la inflación total fue ocasionado por choques externos, asociados con el petróleo, los alimentos y los costos de los fletes marítimos; en promedio, en 2022 el componente externo aportó alrededor del 32% de la total y el 27% de la básica.

Sin embargo, los choques domésticos aportaron más que los externos. En promedio, explican el 36% de la inflación total y el 35% de la básica del 2022. Por la magnitud de su aporte, el FMI divide los domésticos en choques de demanda, de tasa de cambio y de oferta; en ellos se incluyen los eventos climáticos, los efectos duraderos de las protestas sociales, los mecanismos de indexación y la depreciación.

En ese contexto se entiende por qué ha resultado tan difícil “quebrarle el espinazo” a la inflación. El peso relativo de los choques externos es alto y ellos no se pueden doblegar con la política monetaria o con las políticas del gobierno. Cuando hay un choque interno de oferta, por ejemplo cosechas que se dañan por inundaciones, el gobierno puede mitigar el impacto mediante importaciones de alimentos; pero sus decisiones son estériles cuando los precios internacionales suben por la invasión rusa a Ucrania.

Por fortuna, los precios internacionales están disminuyendo desde mediados del 2022 y la demanda se está debilitando por las altas tasas de interés. Si no ocurre algo extraordinario con el conflicto ruso-ucraniano o con choques internos, pronto veremos el punto de inflexión de la inflación en Colombia; no obstante, todos los analistas prevén que el retorno al rango meta entre 2,0% y 4,0% será lento.

En síntesis, Colombia enfrenta uno de los más complejos episodios de inflación en la historia económica del país y lamentablemente los costos de controlarla pueden ser altos en términos de crecimiento y empleo.

Hidrocarburos y antípodas

 

Publicado en Portafolio el 16 de febrero de 2023

La ministra de Minas y Energía, en el Foro de Davos, ratificó al mundo que en Colombia, “…no vamos a conceder nuevos proyectos de exploración de gas y de petróleo”. Cinco días después el gobierno noruego anunció la oferta de 92 nuevos bloques para la exploración de petróleo y gas; con esta decisión aumentan las licencias para buscar hidrocarburos en el Mar de Noruega y el Mar de Barents.

Terje Aasland, ministro de Petróleo y Energía de Noruega, afirmó: “Necesitamos constantemente nuevos descubrimientos para desarrollar aún más la plataforma continental noruega… La actividad de exploración adicional y los nuevos descubrimientos son importantes para mantener la producción de petróleo y gas a lo largo del tiempo, tanto para Noruega como para Europa”.

Unas posiciones tan opuestas plantean varios interrogantes. Uno es quiénes son Colombia y Noruega en el mundo de los hidrocarburos. En 2021 sus producciones de petróleo fueron de 738.000 y 2.024.800 barriles/día, aportando el 0.8% y el 2,3% del total mundial, respectivamente; Colombia ocupó el puesto 22 y Noruega el 11. En gas las diferencias son más grandes, pues Noruega es el noveno país en producción en el mundo (2,8% del total) y Colombia el 40 (0,3%).

En 2021 Noruega exportó 1,6 millones de barriles/día de petróleo (puesto 8) y Colombia 442 mil (puesto 22). En gas, Noruega fue el tercer exportador del mundo y Colombia no exportó. Por último, cabe destacar que la suma de petróleo y gas representó el 28,7% de las exportaciones totales de Colombia en 2020, mientras que en Noruega fue el 44,3%.

Otro interrogante es cómo la producción y exportación de estos productos afecta la economía. Es conocido que en Colombia tiene un impacto notable en las finanzas públicas del gobierno central y en las regalías que van a las regiones. En Noruega solo un 4% de los ingresos obtenidos de estos hidrocarburos entra al presupuesto gubernamental anual. El resto se ahorra en el Government Pension Fund Global, que es el fondo de inversiones más grande del mundo; su valor en 2022 se estima en US$1.200 billones, esto es, casi tres veces el PIB de Colombia.

Cabe ahora preguntarse cuál país aporta más emisiones de CO2. En 2021 Colombia aportó el 0,25% y Noruega el 0,11%; pero en este último fue el 0,19% en 1970 y desde entonces registra una clara tendencia descendente, mientras que en el caso colombiano viene aumentando.

Balance noruego: triple producción y exportaciones de hidrocarburos, mayor peso en las exportaciones, escaso impacto en las finanzas públicas, extraordinario ahorro y baja contaminación; aun así consideran estratégico promover la exploración de petróleo y gas. ¿Y Colombia? ¡Difícil entender su decisión!

Egipto, Turquía y Colombia

Publicado en Portafolio el 20 de mayo de 2022

Los gobiernos colombianos suelen solucionar numerosos temas cruciales por tres vías: expedir leyes y decretos que poco se cumplen; contratar “misiones de estudio” para diagnosticar lo que, con frecuencia, ya está diagnosticado; o “patear la pelota hacia adelante”, heredando los costos políticos de las reformas estructurales a los sucesores. Así, el país cuenta con magníficas normas jurídicas, excelentes recomendaciones técnicas en muchos campos y montones de decisiones postergadas mientras los problemas se agravan.

No vemos que el país se entretiene alimentando inextricables marcos jurídicos, gastando recursos en “misionitis” y “pateando la pelota”, mientras el mundo avanza y cada vez nos rezagamos más; no solo no hemos podido cerrar las brechas de ingreso con las economías desarrolladas, sino que las que iban detrás nos alcanzan y nos superan.

En mis recientes vacaciones viajé a Turquía y Egipto. No son economías desarrolladas, pero los contrastes de esos países con Colombia son impactantes. Es interesante la comparación, pues si bien estamos mejor en algunos aspectos, ellos nos aventajan en otros que son centrales en la aceleración del desarrollo y por eso registran una dinámica de largo plazo mejor que la colombiana. El primero tiene un ingreso per cápita que duplica el colombiano; el del segundo es la mitad del nuestro. Pero en 1960 el de Colombia era el 404% del de Egipto y el 74% del de Turquía; en 2020 esas relaciones fueron del 236% y del 48%, respectivamente.

Aun cuando en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial de 2019 estamos en un rango similar, esos dos países nos llevan gran ventaja en infraestructura (puestos 52 y 49 frente al 81 de Colombia) y en la calidad de las instituciones (puestos 82 y 71 frente a 92).

Adicionalmente, sus indicadores de seguridad son mejores. En el índice de crimen organizado Colombia fue el segundo entre 196 países en 2021, mientras que Turquía fue el 12 y Egipto el 79. En seguridad vial, la tasa de mortalidad de Colombia fue 15,4 por 100.000 habitantes en 2018; la de Turquía 8,4 y la de Egipto 10,1, a pesar de su caótico tráfico y la indisciplina de los peatones.

Múltiples factores explican las diferencias de desarrollo entre países, pero salta a la vista que nos están tomando la delantera los que sí adoptan decisiones estratégicas para proveer bienes públicos de calidad, brindar mayor seguridad a su población y buscar la superación de los problemas de distribución del ingreso. En Colombia nos vanagloriamos de enunciar que tenemos potencial en todo, pero no reflexionamos por qué sigue siendo una esperanza de futuro y no se toman las decisiones para convertirlo en realidad.

El Manifiesto por Colombia

Publicado en Portafolio el 21 de febrero de 2020

La semana pasada fue presentado el Manifiesto por Colombia, suscrito por más de 50 académicos, columnistas y exfuncionarios públicos, de diversas corrientes políticas y de pensamiento, con el propósito de plantear alternativas a la problemática que vive el país.

El Manifiesto comienza enunciando que “en nuestros doscientos años de vida republicana hemos alcanzado notables logros”. Colombia está en el mejor momento de su historia, como lo evidencian los indicadores disponibles de numerosas variables, incluyendo la reducción de la pobreza, la mejora en la distribución del ingreso, la menor tasa de mortalidad, el acceso casi universal a la salud, la mayor cobertura en educación, el crecimiento de la esperanza de vida, etc.

Aun así, para los promotores del paro el país se encuentra en un estado de postración y crisis que deteriora el bienestar de la población. Desde luego, tenemos mucho qué mejorar y fortalecer la tendencia favorable en todos los indicadores económicos y sociales. De igual forma, hay que reconocer la existencia de malestar y descontento en la sociedad, así como el legítimo derecho a la protesta pacífica y civilizada; quizás la corrupción, la inoperancia de la justicia, la polarización que nos hastía, el negativismo que nos bombardea desde los medios y las redes, y el desempleo, entre otros factores, están alimentando esas percepciones.

Pero debemos evitar posiciones dogmáticas y generalizaciones simplistas que, lejos de brindar soluciones, bloquean el camino para continuar mejorando. Así, por ejemplo, es errada la percepción de que vamos de para atrás en temas como la concentración del ingreso y que esa es una de las principales fuentes del descontento de la sociedad. En una columna reciente el exministro Luis Guillermo Plata (“Desigualdad y paro, gran contradicción”) muestra que hay avances notables en los indicadores de bienestar de la población y en particular en los de distribución. Y Mauricio Santamaría, nuevo presidente de Anif, mostró el gran salto que dio la clase media en Colombia: el porcentaje de personas que vive con ingresos mayores al doble de la línea de pobreza en las siete principales ciudades se incrementó del 24,7% en 1985 al 54,0% en 2017.

Es claro que el Gini sigue siendo alto y para bajarlo son necesarias diversas medidas, que incluyen vigorizar la capacidad redistributiva de la política fiscal. Eso implica una reforma fiscal que profundice los cambios estructurales que se vienen dando con las reformas recientes.

De igual forma, hay que entender la importancia del tema pensional. El 75% de la población en edad de jubilación no tiene acceso a una pensión; ese problema es muy grave en un país que envejece aceleradamente, y en el que la pobreza de los mayores de 65 años es la más alta de América Latina. Por eso, las protestas, en lugar de oponerse a la reforma pensional, deberían apoyar al gobierno en su propuesta de crecer la cobertura del programa Colombia Mayor.

El descontento y el malestar deben enfocarse en presionar por medidas efectivas contra los factores generadores, y apoyar las reformas que desmontan privilegios, fortalecen la financiación de la política social y aceleran el tránsito de Colombia hacia un país con una mejor distribución del ingreso.

En estas materias, el Manifiesto a la vez que demanda cambios, propone adoptar alternativas sustentadas y realistas.

(Puede leer el Manifiesto a continuación de esta columna)

La migración venezolana: un tsunami

Publicado en la Revista Fasecolda No. 174.

El tema de la migración venezolana sigue ganado espacios en los medios de comunicación y en las redes sociales. Además, a las principales ciudades del país arriban cada vez más familias de esa nacionalidad, en un flujo que no parece tener fin.

Aun así, hay indicios de que no hemos captado la real dimensión del problema. Una aproximación la brindan las finanzas públicas. Recientemente el Comité Consultivo para la Regla Fiscal, considerando el impacto del choque migratorio, flexibilizó la meta del déficit fiscal para este y los próximos años. No obstante, para la mayoría de los colombianos esa es una decisión que, además de que solo la entiende un reducido grupo de iniciados, poco y nada les dice sobre el volumen de migración.

El objetivo de este artículo es resaltar la importancia que tiene el choque migratorio y destacar su magnitud frente a fenómenos similares en el contexto mundial.

Migrantes y refugiados en el mundo

En la literatura especializada, el concepto de migrante se refiere a las personas que se movilizan desde su lugar de residencia hacia otras partes del mismo país o hacia otros países. 

Hay casos en los que el movimiento de personas no se da por voluntad propia; algunos deben salir de su hábitat tradicional para proteger su vida y la de sus familias, como consecuencia de hechos políticos, económicos, sociales, culturales y naturales. A esa figura se le clasifica como desplazamiento forzado; si la población afectada se mueve a otra región dentro del mismo país, se denomina desplazamiento interno y si es hacia otro país, se identifican como refugiados.

La publicación más reciente de las Naciones Unidas (Acnur, 2018) indica que el stock de migrantes ascendió a 258 millones de personas en 2017 (gráfico 1), con una tasa media anual de crecimiento del 2,4%, que duplica la tasa de crecimiento de la población mundial. El 58% de ellos llegó a las economías desarrolladas.

En el caso del desplazamiento forzado, según Naciones Unidas, en 2017 el stock llegó a 68,5 millones de personas, de los cuales 40 millones corresponden a desplazamiento interno, 25,4 millones a refugiados y 3,1 millones a personas que están solicitando asilo.

Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos, con un stock de 7,7 millones de personas en 2017, explicados por el conflicto interno. Le sigue Siria con 6,2 millones de desplazados, como consecuencia de la guerra civil que asola a ese país desde 2011. El tercer lugar corresponde a la República Democrática del Congo, con 4,4 millones de personas.

Con relación a los refugiados, el primer puesto lo ocupa Siria, por la mencionada guerra civil, con 6,3 millones de personas (gráfico 2). El segundo lugar lo ocupa Afganistán y el tercero Sudán del Sur. Sumando a ellos a Myanmar y Somalia, estos cinco países contribuyen con el 68% de los refugiados.

La evidencia empírica muestra que, en general, los refugiados tienden a concentrarse en los países vecinos a aquel del cual están saliendo; esto se explica por afinidades culturales, históricas y de idioma, entre otros factores.

En el caso de Siria, el 80,4% de los refugiados se ubicó en tres países vecinos: Turquía, Líbano y Jordania; en el de Afganistán, el 89,3% en dos países: Pakistán e Irán. Un hecho importante que se deduce de ese comportamiento es que la mayor parte del problema de los refugiados se refleja en las economías en desarrollo más que en las desarrolladas. Las estadísticas muestran que las 10 economías desarrolladas que reciben más refugiados apenas captan el 12% del total; Alemania que es la primera, no alcanzaba a un millón de personas en 2017, mientras que Turquía, Pakistán y Uganda superan ampliamente esa cifra (Cuadro 1).

Migración venezolana

La Organización Internacional de Migraciones y Acnur (R4V, 2019) calculan que a marzo de 2019 el total de venezolanos refugiados y migrantes asciende a 3,7 millones de personas. El grueso de esa población se concentra en Colombia y Perú (32,4% y 19,7%, respectivamente).

Dos aspectos emergen de esas cifras. Por un lado, no se discrimina el número de refugiados del de migrantes, lo que refleja las dificultades de recolección de datos en el caótico proceso de salida de Venezuela. Por otro, los analistas dan por descontado que esa cifra subestima el número real, porque no se cuenta con sistemas estadísticos adecuados, especialmente en países como Colombia que tienen una tradición de cierre frente a la migración; a ello hay que adicionarle que la frontera colombo–venezolana abarca un poco más de 2.200 kilómetros con innumerables puntos de paso de un país a otro.

Un grupo de economistas venezolanos utilizó la información de las cuentas de Facebook para expatriados, con el propósito de hacer una estimación del número de migrantes; de paso, lograron estimar la composición por edades, excluyendo los menores de 13 años (Santos, 2018). Con esa metodología calculan que hasta diciembre de 2018 habían salido de Venezuela 4,9 millones de personas mayores de 13 años; se estableció, adicionalmente, que a Colombia llegaron 1,6 millones (32,4% del total), a Estados Unidos 705 mil (14,5%) y a Perú 630 mil (12,9%) (cuadro 2).

Varios aspectos sobresalen en esos resultados. En primer lugar, aun cuando se trata de cálculos mediante herramientas no convencionales, se fortalece la presunción de que hay una subestimación de la migración, que podría superar el 30%. En segundo lugar, mientras que en la primera fuente se verifica la tendencia a migrar hacia los países vecinos, en la segunda aparece Estados Unidos en segundo lugar, con un porcentaje importante. En tercer lugar, se corrobora que Brasil es un caso que rompe con la idea de migrar al vecindario, pues el número de migrantes que ha recibido es insignificante, según ambas fuentes: 96 mil en la primera y 86 mil en la segunda. La explicación podría radicar en la barrera del idioma.

Para el caso de Colombia el tema es crucial, toda vez que es el principal receptor. Un documento de Migración Colombia (2018) calcula que los menores de 17 años representaban el 15% de los migrantes venezolanos. Aplicando la misma relación a la estimación de Santos (2018), indicaría que el país recibió 1,8 millones de personas hasta diciembre de 2018.

Es evidente la diferencia que conlleva diseñar una política para atender 1,2 o 1,8 millones de personas. De ahí la urgencia de desarrollar e implementar mediciones más adecuadas de la población migrante que está llegando a Colombia.

Conclusiones

Colombia está frente a un verdadero tsunami. Esto se comprueba al comparar los datos de los migrantes que han arribado con las estadísticas internacionales; el país no solo se perfila como el segundo receptor de refugiados a nivel global, sino que la oleada reciente registra una dinámica muy superior a la de casos como el originado por la guerra civil de Siria.

A ese hecho hay que adicionarle que Colombia registra 7,7 millones de desplazados del conflicto y que tiene 14 millones de trabajadores en la informalidad. En ese contexto, y dado el perfil educativo de los migrantes y la situación de pobreza en la que están llegando, hay que reducir el optimismo frente a las bondades teóricas que se esperan de la migración en materia de crecimiento económico, aumento de la productividad y fortalecimiento del emprendimiento.

Queda claro que el problema es muy superior al que se ha calculado hasta ahora y que los impactos económicos y sociales de corto plazo pueden ser más negativos de lo que se prevé. El gobierno debería dar mayor prioridad al tema, antes de que se convierta en un lastre para la recuperación de la actividad económica.

Referencias

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR (2018). Tendencias globales. Desplazamiento forzado 2017. Ginebra, Suiza. Recuperado de: https://www.acnur.org/5b2956a04.pdf

Migración Colombia (2018). “Todo lo que quiere saber sobre la migración venezolana y no se lo han contado”. Recuperado de: http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/Todo%20sobre%20Venezuela.pdf 

R4V – Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (2019) “Refugiados y Migrantes Venezolanos en la región, hasta marzo de 2019”. R4V, 11 de abril. Recuperado de: https://r4v.info/en/documents/details/68962

Santos, M.A. (2018). “¿Cuántos son y qué perfil tienen los venezolanos en el exilio? Una aproximación a través de Facebook”. Recuperado de: https://prodavinci.com/cuantos-son-y-que-perfil-tienen-los-venezolanos-en-el-exilio-una-aproximacion-a-traves-de-facebook/

Menos regulación

Publicado en Portafolio el viernes 24 de mayo de 2019

Aun cuando los últimos gobiernos han implementado programas de reducción de trámites, la carga regulatoria sigue siendo un lastre para la competitividad de las empresas. Eso ocurre porque mientras se hace el esfuerzo de eliminar algunas normas, no hay ningún control en la expedición de otras nuevas.

Entre 2000 y 2016 el Congreso expidió en promedio 1,4 leyes por semana y, según el DNP, la rama ejecutiva emitió 15,4 normas por día (2,8 de ellas son decretos); esta es una avalancha prácticamente imposible de asimilar por los ciudadanos y las empresas que deben cumplir con ellas.

Esa avalancha es uno de los factores que afectan negativamente la eficiencia económica. Según el último Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, en la variable “carga de la regulación gubernamental”, Colombia ocupó el puesto 123 entre 140 países.

El tema de la regulación excesiva es una preocupación de muchos gobiernos, lo que ha conducido a políticas que buscan su control, a la vez que mejoran su calidad y reducen su costo económico y social. En esta materia el Reino Unido es un ejemplo interesante; en 2005 estableció The Better Regulation Executive (BRE), que hoy es parte del British Department for Business, Energy and Industrial Strategy, con el propósito de liderar una mejor política regulatoria en todo el gobierno británico, buscando un equilibrio entre las necesidades de control y regulación y los costos para la sociedad y las empresas.

Las funciones de la BRE implican, entre otras, la evaluación del impacto de cada regulación, revisar su efectividad, reducir la regulación a las pequeñas empresas, brindar asesoría a las Better Regulation Unit que tiene cada departamento gubernamental y controlar el número de nuevas normas.

Para esta última función, en enero de 2011 el Reino Unido introdujo la regla One-In One-Out, y en enero de 2013 dio paso a la nueva regla One-In Two-Out. Con ella se planteó que “cualquier medida de regulación o desregulación que resulte en un costo neto directo para las empresas debe ser compensada por medidas que desregulen y les proporcionen ahorros de al menos el doble de esa cantidad” (Department for Business, Innovation and Skills (2015). “Better Regulation Framework Manual. Practical Guidance for UK Government Officials”).

Según los informes del Comité de Política Regulatoria, el ahorro neto para las empresas entre enero de 2011 y julio de 2015 fue cercano a los 2.2 miles de millones de libras esterlinas. Es el resultado neto de la introducción de 119 normas, la salida de 214 y la expedición de 183 con costo cero para las empresas (Department for Business Innovation & Skills (2014). “Ninth Statement of New Regulations. Better Regulation Executive”).

De forma complementaria, el gobierno británico creó, como parte del Cabinet Office, el Behavioural Insights Team (BIT), con el propósito de mejorar la calidad de las políticas públicas, incluyendo la regulación, mediante la aplicación de la economía conductual. Entre sus asesores están Richard Thaler, premio nobel de economía, y Cass Sunstein, su coautor del libro “Un pequeño empujón”. Actualmente el BIT es una empresa independiente que asesora al gobierno británico y a otros gobiernos y empresas del mundo.

En síntesis, Colombia tiene el reto de frenar la hemorragia regulatoria, para lo cual hay muchos ejemplos de referencia.

Trump, Duque, opio y coca

Publicado en Portafolio el viernes 26 de abril de 2019

Los regaños del presidente Trump al presidente Duque por el crecimiento de las “exportaciones” colombianas de cocaína a los Estados Unidos, me trajeron a la memoria el libro “Pequeñas crónicas”, del historiador italiano Carlo Cipolla. 

Narra Cipolla que en pleno auge del mercantilismo Gran Bretaña y los Países Bajos tenían una balanza comercial negativa con China, pues mientras esta nación les vendía sedas, porcelanas y té, no compraba mayor cosa a los europeos.

Así como Peter Navarro le dice al oído a Trump que el déficit comercial empobrece a los Estados Unidos, los políticos y la opinión pública criticaban con el mismo argumento a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y a la Compañía Británica de las Indias Orientales. Para solucionar el “problema”, estas compañías diseñaron un plan diabólico: comenzaron a producir opio en la India para exportarlo a China, país que ya tenía graves problemas con el consumo de ese estupefaciente.

Como China expidió un bando imperial prohibiendo la importación y el consumo de opio, las compañías holandesa y británica se hicieron a un lado oficialmente, pero siguieron manejando el negocio mediante mercaderes que eran obligados a comprarles la droga e introducirla de contrabando al mercado chino. A ellos se sumaron desde 1820 los norteamericanos traficando opio turco.

Cipolla destaca tres consecuencias de la diabólica idea: el creciente número de chinos enviciados por el consumo de opio, la rampante corrupción de burócratas amangualados con los contrabandistas y el deterioro de la balanza comercial de China.

Surgieron en China dos propuestas para afrontar el problema: Una proponía legalizar el comercio de opio y otra abogaba por apelar a la represión. Según los defensores de la primera opción, “la legalización del comercio del opio haría disminuir el precio de la droga y, por tanto, eliminaría los grandes beneficios de los traficantes; además anularía la causa de la extendida corrupción en la burocracia”.

El emperador optó por la segunda; ordenó acabar el tráfico del estupefaciente, estableció la pena de muerte al comercio y distribución del opio, se confiscaron grandes cantidades de droga y se impuso arresto domiciliario a los mercaderes extranjeros. En respuesta, las tropas inglesas desembarcaron en China en 1840 para defender los intereses de los traficantes angloamericanos, iniciando la primera guerra del opio; los chinos fueron derrotados, les impusieron el libre comercio y se reactivó el tráfico de la droga.

Con la cocaína hay una disyuntiva similar. Ante el desaforado consumo en las economías desarrolladas, las políticas de represión impuestas a los países productores fracasan. Según la Unodoc, Estados Unidos tiene el segundo nivel más alto del mundo de prevalencia en el consumo de marihuana y cocaína en la población entre 15 y 64 años (17,0% y 2,4%, respectivamente) y la tendencia es ascendente. La misma fuente muestra que las capturas de cargamentos del alcaloide son consistentemente superiores en Colombia que en Estados Unidos.

Así como los chinos hubieran podido evitar las guerras del opio legalizando su comercio, actualmente se podrían suprimir los enormes costos económicos, sociales, ambientales y de seguridad adoptando esa política para la cocaína. En lugar de andar regañando a medio mundo, Trump debería repasar la historia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos y las bondades de su eliminación.

Problema fiscal a la vista

Publicado en Portafolio el viernes 22 de junio de 2018

El principal problema económico que recibe el nuevo gobierno es la situación fiscal. El panorama es cada vez más lóbrego, tanto en los ingresos como en los gastos.

La complejidad del problema se refleja en los cambios que introdujo recientemente la Comisión Consultiva de la Regla Fiscal (CCRF), al permitir un mayor déficit fiscal como meta para los próximos años y aplazar su convergencia al déficit estructural de -1.0% del PIB desde 2020 hasta 2027.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, el Gobierno reconoce que a pesar de la caída del PIB potencial, como consecuencia de la contracción de la inversión, la recuperación de la economía ha sido más lenta de la esperada y, como consecuencia, se amplió la brecha negativa del producto.

Lógicamente, el menor crecimiento del PIB repercute en ingresos tributarios más bajos que los proyectados y generan dificultades para financiar el presupuesto. Pero la presión era mayor a la estimada, porque se suponía una elasticidad unitaria de los ingresos tributarios no petroleros, cuando en realidad es mayor, como lo reconoció la CCRF al adoptar ahora una elasticidad de 1.15. Esto explicaría parte de las afugias del Gobierno para alcanzar las metas de 2017 y 2018.

A pesar de estos ajustes al déficit fiscal, Fedesarrollo sostiene que los menores ingresos esperados harán muy difícil el logro de las metas revisadas, y, si no se adoptan los correctivos necesarios, el déficit será muy superior.

Es este el panorama que las calificadoras de riesgo están siguiendo con mucha atención. Según Mauro Leos, de Moody’s, el “espacio fiscal” de Colombia ha tendido a agotarse en los años recientes; esto, porque la deuda gubernamental como porcentaje del PIB aumentó en más de 10 puntos y, además, el pago de intereses como porcentaje de los ingresos también está creciendo.

El nivel del “espacio fiscal” de Colombia no corresponde al de las otras economías de la región que tienen grado de inversión, sino a las que tienen grado especulativo. En semejante escenario, el nuevo Gobierno tiene muy poco margen de maniobra para permitirse la ampliación del déficit y su financiación con deuda.

La opción sería una fuerte reducción de gastos, aún más drástica que la implementada desde el choque petrolero, pero su rigidez le pone límites. Leos señala que el 85% del presupuesto de Colombia está amarrado a gastos “obligatorios” y que en el Índice de Flexibilidad del Gasto sólo superamos a Costa Rica y Brasil, países que tienen grado especulativo. Además, a la inversión pública, que ha sido el comodín del ajuste en los programas de austeridad, ya no le queda mucho margen para mayores recortes, a lo cual habría que sumar su efecto negativo en el PIB potencial.

En síntesis, la única opción viable es tramitar una reforma estructural, para cambiar el balance de la carga tributaria entre empresas y personas naturales, y las reformas al gasto, que aumenten su flexibilidad y mejoren su eficiencia. Los pasos a seguir están planteados en los informes de las Comisiones de Expertos y del Gasto y en numerosos documentos técnicos de expertos nacionales y extranjeros.

No aprovechar el capital político al comienzo del Gobierno para hacer las reformas, puede tener funestas consecuencias para Colombia en el mediano plazo.

¿Adiós resiliencia?

Publicado en Portafolio el viernes 21 de julio de 2017

Los choques externos que impactaron a Colombia en los últimos años han tenido un efecto moderado en el mercado laboral. Aun cuando la tasa de desempleo frenó su tendencia descendente, se mantiene relativamente estable; además, la tasa de informalidad, que empezó a ceder desde la reforma tributaria de 2012, siguió disminuyendo.

Los resultados se dieron en un escenario en el que la tasa media de crecimiento del PIB bajó de 4.8%, en el periodo 2010-2014, al 2.0% en 2015-2016. Estos datos sustentan el atributo de resiliencia del mercado laboral colombiano, al cual se hace referencia con frecuencia en los análisis locales.

Como ocurre con otras variables, es poco habitual la comparación de los resultados del mercado laboral colombiano con la evolución en otros países. En ese contexto, es importante ver qué ha pasado en la región en los años recientes. Al hacerlo, salta a la vista que la resiliencia no es un atributo exclusivo de Colombia, sino de varias economías de América Latina.

En efecto, las estadísticas de desempleo urbano descendieron continuamente en las principales economías y en el conjunto de la región entre 2010 y 2014. La excepción fueron Costa Rica y Brasil, en los cuales se observaron aumentos desde 2011 y 2012, respectivamente; en el caso de Ecuador, la tasa creció desde 2014 por efecto del choque petrolero.

La tasa de desempleo cambió su tendencia para el promedio de América Latina en 2015, con un aumento moderado de 6.9% a 7.3%, y se acentuó en 2016, al ubicarse en 8.9%, superando el nivel de 2010 (8.2%). Comportamiento similar se observa en casi todas las economías, especialmente en 2016, con excepción de México, cuyo indicador sigue descendiendo.

El cambio en la tendencia es atribuido por la Cepal y la OIT a los dos años de crecimiento negativo del PIB regional; según estos organismos, el mencionado aumento de América Latina es el más alto de las últimas décadas. El impacto fue especialmente drástico en Brasil, donde la tasa de desempleo pasó de 7.8% en 2014 a 13.0% en 2016, desplazando a Colombia como el país con la tasa más alta de la región.

Un índice comparativo del desempleo urbano en América Latina pone en evidencia que el mercado laboral colombiano registra la evolución más favorable; es una de las economías con mayor descenso de la tasa de desempleo entre 2010 y 2014 y la de menor incremento desde 2015.

Colombia tiene la segunda tasa de desempleo más alta de la región, pero la brecha con las demás economías se redujo de forma notable. Los casos más llamativos son el de Brasil, ya mencionado, y el de Costa Rica, país con el cual la diferencia en 2016 es apenas el 13% de la que había en 2010. Con relación a la media de América Latina, el mismo indicador fue el 31%.

En síntesis, la resiliencia del mercado laboral se observó en mayor o menor medida en toda la región. El interrogante es si el notable deterioro del empleo en América Latina indica el final de la resiliencia y si Colombia seguirá la misma senda; en este caso, el Gobierno debe fortalecer su empeño en impulsar el crecimiento para evitar incrementos del desempleo y aumento de la pobreza.

Las pensiones y los abuelos

Publicado en Portafolio el 19 de agosto de 2016

Francia tiene un régimen pensional de prima media (RPM): todos los trabajadores aportan para pagar los pensionados. Este tipo de régimen es viable si hay una expectativa de vida “razonable” después de pensionarse y se mantiene alto el número de aportantes por pensionado.

Mientras las demás economías desarrolladas aumentaron la edad de jubilación en respuesta a la mayor esperanza de vida y al envejecimiento poblacional, Francia la redujo a 58 años, buscando disminuir la tasa de desempleo juvenil; la realidad mostró que esos trabajos no son sustitutos y que el desempleo juvenil sigue elevado.

El aumento de la esperanza de vida (en 13 años en el periodo 1960-2014) alargó el tiempo medio de disfrute de la pensión. Eso estaría muy bien, si no fuera por el envejecimiento poblacional y la demora de los jóvenes para ingresar al mercado laboral (más de 22 años).

Las personas entre 60 a 75 años, que hace unas pocas décadas eran achacosos ancianos, hoy son vitales “adultos mayores”. Pero, como afirma Dominique Simonnet (2006), esa “es una buena noticia para los individuos y una catástrofe para la sociedad. Pues esos alegres abuelos y abuelas empiezan a pulverizar los frágiles equilibrios sociales y económicos que se han establecido entre generaciones, y pueden provocar una crisis sin precedentes. La longevidad, ese bello regalo, es una bomba de tiempo. Y está a punto de estallar”.

En el periodo 1960-2014 los mayores de 65 años aumentaron en 7.1 puntos porcentuales su participación en la población total, en tanto que los menores de 15 años la redujeron en 7.8 y los de 15 a 64 años apenas crecieron en 0.7 puntos. Así, la relación entre personas en edad de aportar y población en edad de pensión bajó de 3.9 en 1960 a 2.6 en 2015. Como consecuencia, la carga financiera por la educación de los jóvenes y la pensión de los adultos viene subiendo notablemente.

Aun cuando una reforma de 2010 incrementó la edad de pensión a 62 años desde 2017, persisten los riesgos de sostenibilidad financiera del RPM.

Colombia era un buen ejemplo para Francia. La edad de pensión, que era de 50 años desde 1946, aumentó en 1966 a 60 y 55 años para hombres y mujeres, a la vez que la esperanza de vida pasó de 51.2 años en 1951 a 59.5 en 1966. Luego, en 1993 se creó el régimen de ahorro individual (RAIS) –que aísla la pensión del cambio poblacional– y se presumía el marchitamiento del RPM. Ahora Colombia da mal ejemplo. Desde 2015 aumentó en dos años la edad para todos los aportantes al RPM, pero la esperanza de vida aumentó en 14.5 años entre 1966 y 2014. Además, lejos de marchitarse, se está incentivando el RPM, captando nuevos cotizantes.

El problema es que la población está envejeciendo, los aportantes por pensionado vienen disminuyendo, escasamente el 20% de los trabajadores actuales podrá pensionarse y el RPM mantiene un esquema de subsidios regresivos, financiado por el sector formal de la economía.

Mientras que en Francia el RPM tiene dificultades financieras, pero pensiona a los alegres abuelos, en Colombia el régimen está quebrado, agrava los problemas fiscales y condena a la penuria a la mayor parte de los abuelos. ¿Urgirá una reforma pensional estructural?

Colombia en el nuevo entorno. Comentarios sobre la intervención del ministro de Hacienda

Publicado en la Revista Fasecolda No. 161, noviembre de 2015

La intervención de Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, en la XXIV Convención Internacional de Seguros abarcó tres grandes temas: aspectos macroeconómicos, financiación de los proyectos de infraestructura y temas sectoriales de interés para la industria aseguradora.

El ministro se refirió a tres aspectos macroeconómicos: el cambio de entorno en la economía, la caída de la renta petrolera y la reactivación económica. En las secciones siguientes se presenta un resumen de cada uno de ellos, seguido de algunos comentarios.

Macroeconomía: un nuevo entorno

Mauricio Cárdenas calificó la institucionalidad de la política económica, en especial la de la política fiscal, como un valioso activo del país; esta permitió a Colombia aprovechar los buenos tiempos que imperaron en la economía mundial hasta el año pasado y destacarse como una de las economías más sólidas de la región.

El entorno internacional cambió con la caída de los precios de los productos básicos, especialmente del petróleo, y este nuevo escenario puede durar un tiempo largo. Es ahí donde se pone a prueba la institucionalidad, pues en los periodos de turbulencia se deben ratificar los éxitos logrados en los tiempos de bonanza.

La visión económica del Gobierno está anclada en la sostenibilidad fiscal; esta consiste en que «los beneficios que reciben las generaciones actuales los pueden seguir recibiendo las generaciones futuras».

En opinión del ministro, la importancia de este concepto queda clara cuando se analiza el reciente ejemplo de Grecia, donde el disfrute de altas pensiones, subsidios al desempleo y elevados salarios de los empleados públicos se hizo con un creciente endeudamiento. La deuda pública se tornó insostenible, lo que hace inviable el acceso de las generaciones futuras a los mismos beneficios y se torna forzoso un duro ajuste con impactos sociales negativos.

Los beneficios de la sostenibilidad, en el caso de Colombia, se reflejan en la positiva percepción internacional, que se plasma en la calificación de la deuda soberana (BBB). El sector privado puede sacar provecho mediante el acceso a fuentes de financiación dispuestas a apoyar con bajas tasas de interés sus proyectos de inversión. También los hogares se favorecen con el acceso a créditos hipotecarios a tasas muy bajas con relación a las de hace unos pocos años.

Estos factores contribuyeron al aumento de la inversión en Colombia hasta niveles del 30% del PIB, que es el más alto de la historia del país y uno de los más altos de la región. El impacto beneficia a toda la población, pues más inversión repercute en un mayor crecimiento potencial de la economía. En términos generales, estas apreciaciones del ministro no tienen objeción. En el complejo entorno internacional actual, la economía colombiana brilla en la región y en el mundo; por eso es merecido el reconocimiento al manejo que se viene haciendo para afrontar el choque externo.

Esa percepción positiva de la economía colombiana es incluso más amplia que la expuesta por Mauricio Cárdenas, quizás por la limitación de tiempo para su exposición. La realidad es que en el presente siglo el crecimiento económico promedia, hasta 2014, el 4.4 % anual (y el 4.8 % en el periodo 2010-2014); esta es la tasa más alta registrada desde la década de los setenta.

Pero, adicionalmente, la inflación se ha mantenido en un dígito durante 16 años, la tasa de desempleo tiene una tendencia descendente, la pobreza ha disminuido continuamente y la población de clase media ha aumentado de forma notable.

Sin embargo, hay que traer a colación tres lunares que persisten en la economía de Colombia y que, de haberse tomado medidas oportunas, habrían permitido capotear el temporal en mejores condiciones.

El primero es la diversificación de la canasta exportadora. Medida por el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), en los años recientes Colombia pasó a ser un país de alta concentración de las exportaciones por el impacto de los minero-energéticos. Si bien el IHH sin minero-energéticos mantuvo una tendencia favorable, el ritmo de diversificación de la producción de valor agregado se vio fuertemente obstaculizado por la apreciación de la tasa de cambio.

El segundo es el manejo de la bonanza minero-energética. A pesar de las lecciones internacionales, no se hizo en el país una cirugía de raíz al sistema de regalías, para aislar la mayor parte del impacto del aumento transitorio de los precios internacionales. Decisiones en la línea del modelo de Noruega, por ejemplo, hubieran permitido amortiguar la apreciación, el impacto tributario y la desaceleración económica actual.

El tercero, la construcción de la institucionalidad fiscal, que hoy tiene merecido reconocimiento internacional, no fue acompañada de una adecuación de la estructura tributaria del país. Colombia siguió la senda de reformas fiscalistas y la creación de impuestos temporales con tendencia a volverse permanentes, lo que aumentó las tasas efectivas de tributación de forma explosiva y afectó la competitividad del sector empresarial.

La caída de la renta petrolera

Según el ministro Cárdenas, la renta petrolera prácticamente desapareció. Las cifras son contundentes: en el 2013 representó el 19.7% de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central, y el Ministerio de Hacienda proyecta que en el 2016 apenas será el 2.5 %, el nivel más bajo en lo corrido del siglo.

Señala el ministro que desde hace un año vieron venir el problema de caída de la renta petrolera y por eso propusieron la reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso a finales del año pasado.

La nueva situación plantea un reto para el Gobierno, consistente en cumplir con la regla fiscal y preservar la sostenibilidad fiscal a pesar de la práctica desaparición de la renta petrolera.

No deja de sorprender la flexibilidad de las finanzas públicas para adaptarse a un cambio tan abrupto, cuando es conocida la rigidez del gasto, al estar predeterminado en gran parte por normas legales.

En el 2015, la caída de la renta petrolera fue del 1.2% del PIB y se proyecta para el 2016 otro 0.7%; este año se compensó el 0.5% del PIB con la reforma tributaria del 2014 y buena parte del resto con mayor endeudamiento, lo que incrementó el déficit fiscal proyectado, del 2.4% al 3.0% del PIB. Para el 2016 solo quedó la opción de mayor endeudamiento y recorte del gasto de inversión, con aumento del déficit proyectado, del 3.0 al 3.6% del PIB.

El desafío hacia adelante, como lo destaca el ministro de Hacienda, es cómo reducir el déficit sin contar con la renta petrolera; pero, además, sin la posibilidad de una nueva reforma tributaria fiscalista, con un mayor gasto en amortización de la deuda, por cuenta de la depreciación y de mayores costos financieros, y con los nuevos gastos que demandará el posconflicto.

El problema de la renta petrolera para Colombia no es solo el tema de los precios, sino también el de la producción. La renta tiende a reducirse a su mínima expresión porque las reservas de petróleo del país apenas dan para seis o siete años y el drástico recorte del presupuesto de inversión de Ecopetrol no permite abrigar grandes esperanzas de descubrimientos que las eleven. Entre otras, el Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene un escenario muy optimista, en el que la producción de crudo se mantiene en alrededor de un millón de barriles diarios hasta el 2022 y a partir de ahí se reduce gradualmente hasta 940 000 en el 2026.

El otro tema preocupante es el de los ingresos del Gobierno. En el proyecto del Presupuesto General de la Nación que cursa en el Congreso se prevé que los ingresos se mantienen estables alrededor del 15.7% del PIB hasta el 2018. Pero a partir del 2019 serán necesarias nuevas fuentes para sustituir los impuestos que deben desaparecer y desde el 2020 se debe contar con ingresos adicionales para cumplir con la regla fiscal; de esta forma, para el primer año se requieren más recursos por el 1.1% del PIB y en el segundo por el 1.9%.

Ante una situación fiscal que tiende a tornarse más compleja, el Gobierno no puede perder de vista el compromiso que tiene de tramitar una reforma tributaria estructural. Esta es necesaria para recuperar la competitividad del sector empresarial, afectada por las altas tasas efectivas de tributación, y recomponer las finanzas públicas, de forma que eliminen la dependencia de rentas como la petrolera, le den mayor transparencia al estatuto tributario y sean un mecanismo efectivo de redistribución del ingreso.

Un reto adicional para el país es que la Comisión de Expertos, establecida en la Ley 1739 de 2014 y conformada mediante el decreto 327 de 2015, logre, en los pocos meses que le quedan, presentar sus recomendaciones al Gobierno. Gran parte de los diez meses del plazo asignado a la Comisión se le fueron en la elaboración de un diagnóstico y en la propuesta sobre las entidades sin ánimo de lucro. Esperemos que tengan muy avanzados los demás temas, que abren la posibilidad de tener una tributación más adecuada a las tendencias globales.

Austeridad inteligente

En la Convención, el ministro Cárdenas presentó las ideas del Gobierno sobre la forma en que se amortiguará el impacto del choque externo que actualmente afronta la economía colombiana: «Estamos hablando de “austeridad inteligente”: el Gobierno se aprieta el cinturón para que el sector privado pueda aprovechar la liquidez internacional, la buena calificación de Colombia y salir a hacer unas inversiones que van a generar crecimiento».

Es evidente que el margen de maniobra de la política fiscal es menor en la actual coyuntura, con relación a la que tuvo durante la crisis mundial entre 2008-2009. Ello en razón al fuerte impacto que la caída en la renta petrolera ocasiona en el déficit fiscal. De ahí que el Gobierno esté haciendo esta propuesta de «austeridad inteligente».

En el pasado mes de mayo, el Gobierno lanzó el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) 2.0, en el que se anunciaron recursos por $16.8 billones. La mayor parte del PIPE 2.0 consiste en la reorientación del gasto hacia actividades con mayor impacto en el crecimiento y en el empleo.

Pero las cifras vistas en las secciones anteriores muestran que es limitada la posibilidad de inyectar recursos nuevos mediante la política fiscal y que incluso el agregado de inversión pública es la principal variable de ajuste para reducir el gasto y cumplir con la regla fiscal.

En ese contexto, la austeridad inteligente es una apuesta interesante, especialmente por el papel que pueden desempeñar las obras de infraestructura de cuarta generación (4G). Resulta muy oportuno el trabajo adelantado por el Gobierno y el sector privado en los últimos años para la migración a este nuevo esquema de desarrollo de las obras de infraestructura. De particular importancia son los avances institucionales, que incluyen las leyes APP (asociaciones público-privadas) y de infraestructura, la creación de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y la Financiera de Desarrollo Nacional, y las modificaciones regulatorias que permiten el desarrollo de nuevos instrumentos de financiación y la mayor participación de los inversionistas institucionales como las entidades aseguradoras.

El cambio de entorno se dio en el momento crucial en el que está por comenzar la ejecución de las obras de la primera ola de 4G y en el que parece que, por fin, hay vía libre para la venta de Isagén y la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional.

No obstante, persisten algunos riesgos que se deben tener en cuenta para tratar de anticipar sus efectos y moderar su impacto tanto en el desarrollo de las 4G como en la dinámica de la economía.

Es importante tener en cuenta la percepción de mayor riesgo en las economías de la región, como consecuencia del deterioro del crecimiento de Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador. Las experiencias de otros episodios muestran que en esas circunstancias es difícil diferenciarse del barrio, lo que se puede estar reflejando en el aumento de los spreads de la deuda colombiana en el último año.

Pero el riesgo más sobresaliente es el inminente aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, que puede ocasionar mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, acelerar la depreciación de la moneda y reducir la oferta de créditos a las economías emergentes.

Conclusiones

La intervención del ministro Cárdenas mostró que la institucionalidad de la política económica de Colombia tiene un reconocimiento internacional y ha repercutido en mayores tasas de crecimiento. El cambio de entorno indujo la desaceleración del crecimiento, pero el país sigue sobresaliendo en el contexto regional y mundial.

La institucionalidad se ha puesto a prueba con la fuerte caída de la renta petrolera y en parte la mitigación de los impactos del choque petrolero descansa en la actividad del sector privado, en especial con el desarrollo de los proyectos de 4G.

Podemos decir que, por ahora, la economía colombiana evidencia una vez más su resiliencia frente a los choques externos. Pero hay retos y riesgos, como avanzar en la modernización de la estructura tributaria y prepararse para capotear una mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales.