Salario mínimo y crisis

 

Publicado en Portafolio, el viernes 18 de diciembre de 2020

En la negociación del salario mínimo (SM), el país debe tener en cuenta aspectos que siempre se han pasado por alto, como la carencia de representación de gran parte de los trabajadores, y otros que son producto de la crisis ocasionada por la pandemia, como el deterioro social.

La tasa de desempleo es alta. Alcanzamos niveles similares a los de comienzos del siglo (20%); en esa época tomó 10 años volver a tasas de un dígito, a pesar del auge económico por la bonanza de precios de los productos básicos. La OCDE proyecta para 2022 una tasa de desempleo del 13%, que revela un lento ajuste hacia tasas menores del 10%.

También es alta la tasa de informalidad. Medida por afiliación al sistema pensional, fue del 62,5% en el trimestre agosto-octubre; 12,7 millones de trabajadores son informales, mientras que 7,6 son formales. Ese grupo sumado a los desempleados totalizan 16,5 millones de personas y son el 68,4% de la población económicamente activa; ellos no están representados en las negociaciones del SM, pero sí son afectados por sus decisiones.

Según la OCDE “el elevado salario mínimo contribuye a la informalidad”; Ese organismo incluye cinco economías de la región (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México) y Rusia en el cálculo del SM real en dólares a precios de paridad; entre ellos Colombia tiene el segundo más alto. Por contraste, las estimaciones de la OIT indican que, en ese grupo, Colombia tiene la más baja productividad real en dólares a precios de paridad.

Adicionalmente, el SM equivale al 90% del salario mediano –una de las relaciones más altas del mundo–, lo que muestra su baja aplicación en el país. En el estudio “Colombia: Economic Assessment 2013”, la OCDE encontró que solo en Bogotá el salario mediano es superior al SM; en las demás regiones, especialmente en las más pobres y menos productivas, es igual o inferior.

La población que se ve forzada al rebusque en la informalidad hace trabajos de baja productividad, sin protección social y con menores remuneraciones. Según el Dane, en el periodo enero-octubre el 48,6% de los trabajadores ganó menos del 0,9 del SM, mientras que solo el 22,5% obtuvo entre 0,8 y 1,1 SM; además, un estudio de la Universidad de los Andes afirma que, por la pandemia, “la proporción de hogares que reportaron cero ingresos laborales pasó de 1% a 10%” (“La afectación efectiva del empleo en la pandemia”).

Las consecuencias son mayor pobreza y menor bienestar. La encuesta “Pulso Social” del Dane evidencia que un creciente número de hogares redujo el consumo de alimentos. Antes de la cuarentena 6,7 millones de hogares en 23 ciudades consumían tres comidas al día; en octubre lo hicieron 5,4 millones. En cambio, los hogares que consumían dos comidas o menos aumentaron de un millón a 2,3 millones.

En síntesis, urge reducir rápidamente el desempleo y generar ingresos y protección social para el 68,4% de los trabajadores que no tienen representación en la negociación del SM. Por eso tiene mucho sentido el plan de emergencia planteado por exministros, empresarios y académicos, en el que se propone permitir temporalmente la creación de nuevos puestos de trabajo con remuneración del 80% del SM, con aportes a salud y ARL.

Covid-19 a domicilio

 

Publicado en Portafolio el 23 de octubre de 2020

Bogotá fue una de las ciudades que cerró la economía por más tiempo; según la alcaldesa, “primero la vida y la salud” que “privilegiar los intereses económicos”. Ese criterio explica la demora en la aprobación de los protocolos sanitarios y la dosificación de los días en que podían funcionar las empresas. Además, estableció horarios de entrada de los trabajadores para no sobrepasar del 35% el uso de Transmilenio porque eso podría desbocar la pandemia; sin embargo, en las declaraciones más recientes asegura que el transporte masivo no es un foco de contagios. A pesar de esos argumentos, la capital registra la mayor tasa de incidencia del covid-19 y la tercera de mortalidad en Colombia.

La alcaldesa olvidó que la capital no es una isla y que los procesos productivos funcionan en cadenas que integran diversas regiones del país y del mundo. Como consecuencia, la economía bogotana es la más postrada entre las principales ciudades del país. La tasa de desempleo de Colombia en el trimestre junio-agosto fue de 18,9% y la de Bogotá 24,1%; mientras la caída en el número de ocupados nacional fue de 16,2% respecto al mismo trimestre de 2019, en la capital cayeron en 21,0%.

La producción industrial de Bogotá cayó en agosto -17,4%; solo la supera Bucaramanga (-26,0%), pero mientras la primera explica el 26% de la caída nacional, la segunda aporta el 3%. El empleo industrial en la capital se contrajo en 12,7% ese mes, superó las ocho ciudades con las que el Dane la compara y aportó el 39% de la reducción total de Colombia. En comercio minorista las ventas reales se redujeron en 20,2%, la mayor contracción respecto a las principales regiones y explica el 42,5% del resultado del país.

Las consecuencias de esa debacle económica se apreciarán en mayor pobreza de la población bogotana. Esperemos que esos resultados no sean atribuidos por la alcaldesa al gobierno nacional, como ya se le volvió costumbre.

Lo curioso es que mientras le puso muchas trabas a la actividad económica formal para la reapertura de sus negocios, se ha hecho la de la “vista gorda” con los informales y los domiciliarios. Hace meses viene anunciando medidas para controlar las aglomeraciones y el incumplimiento del distanciamiento social en las ventas callejeras, pero hasta la fecha todo sigue igual o peor. ¿No percibirá la alcaldía que ese puede ser un factor explicativo de la concentración de contagios y muertes por covid-19 en los estratos de menores ingresos?

Por si fuera poco, los miles de trabajadores que sobreviven con las entregas a domicilio se están convirtiendo en un problema adicional sin que se tomen medidas para evitar las aglomeraciones, los basureros que generan y el uso del espacio público como sanitario. Las empresas de servicios domiciliarios se habían comprometido a establecer sitios de tránsito en los que estas personas tuvieran unas condiciones mínimas de espera, de acceso a servicios sanitarios y de higiene básica, pero tampoco han cumplido. ¿La alcaldesa que le impuso fecha de apertura, días y horarios de operación a las empresas formales no podrá obligar a las de domicilios a proteger estos trabajadores y con ello a la población bogotana crecientemente expuesta a contagios de coronavirus por la forma en que operan tales negocios?

Migración y empleo

Publicado en Portafolio el 17 de octubre de 2019

Según el director del Dane “la población venezolana explica solo 10 puntos básicos de la tasa de desempleo total”. Ese es el resultado global de la reciente publicación del módulo de migración de la Encuesta de Hogares del Dane. Sin embargo, en la publicación hay otros aspectos interesantes.

En primer lugar, se calcula que 1.640.000 personas llegaron de Venezuela en los últimos cinco años; esta cifra es superior a la estimada por Acnur.

En segundo lugar, se confirma la aceleración de la migración desde el año pasado. Los migrantes pasaron de 600 mil en enero de 2018 a 1,6 millones en julio de 2019; su peso relativo se incrementó del 1,3% y al 3,4% de la población colombiana total, respectivamente.

La tasa de desempleo permitiría concluir que el impacto de la migración en el mercado laboral colombiano es mínimo, como bien lo resalta el director del Dane. Pero si se tiene en cuenta que de los venezolanos que llegaron en los últimos 12 meses 100 mil se emplearon, mientras que la población total que estaba en el país hace más de 12 meses perdió 147 mil empleos, es claro que la percepción del efecto cambia.

Algo similar ocurre con el desempleo, pues tomando solo los que vivían en el país hace más de 12 meses, esta variable creció en 172 mil personas; pero al incluir los migrantes del último año la cifra fue de 195 mil.

Además, el efecto sobre la oferta laboral es notorio. La variación absoluta de la población en edad de trabajar entre agosto de 2018 y julio de 2019 (148 mil personas) es explicada en 84% por los migrantes que llegaron en los últimos 12 meses.

Con esos datos se podría recalcular la tasa de desempleo a julio de 2018 y 2019, suponiendo que no entraron migrantes de Venezuela en el último año. Con ese supuesto, la ocupación se reduce en los 47 mil empleos calculados por el Dane –de esta forma se mantendría el empleo de 100 mil personas que vivían en Colombia y estaban empleadas hace un año–, y el número de desocupados sería 172 mil, porque no contarían los 24 mil aportados por los migrantes llegados recientemente. El resultado sería una tasa de desempleo del 9,9%, esto es, 30 puntos básicos menor a la registrada en la cifra oficial de 10,2%.

Por último, un aspecto que llama la atención es la estimación de población total usada para las mediciones laborales; si la llegada de migrantes se aceleró desde enero de 2018, las proyecciones de esa variable también debieron sufrir un cambio. Sin embargo, entre ese mes y julio de 2019 las cifras del Dane indican que la población creció en 783 mil personas, mientras que los migrantes se incrementaron en más de un millón; esto significaría que la población colombiana está disminuyendo, lo que carece de sentido.

En síntesis, es positivo que el Dane incorpore en sus encuestas el módulo de migración y trate de capturar la mayor cantidad y variedad de información que sea posible, pues ella fundamenta una mejor toma de decisiones sobre ese fenómeno. Sin embargo, es necesario ajustar la población total con los resultados del censo e incorporar el impacto de los migrantes en esa variable.

¿Adiós resiliencia?

Publicado en Portafolio el viernes 21 de julio de 2017

Los choques externos que impactaron a Colombia en los últimos años han tenido un efecto moderado en el mercado laboral. Aun cuando la tasa de desempleo frenó su tendencia descendente, se mantiene relativamente estable; además, la tasa de informalidad, que empezó a ceder desde la reforma tributaria de 2012, siguió disminuyendo.

Los resultados se dieron en un escenario en el que la tasa media de crecimiento del PIB bajó de 4.8%, en el periodo 2010-2014, al 2.0% en 2015-2016. Estos datos sustentan el atributo de resiliencia del mercado laboral colombiano, al cual se hace referencia con frecuencia en los análisis locales.

Como ocurre con otras variables, es poco habitual la comparación de los resultados del mercado laboral colombiano con la evolución en otros países. En ese contexto, es importante ver qué ha pasado en la región en los años recientes. Al hacerlo, salta a la vista que la resiliencia no es un atributo exclusivo de Colombia, sino de varias economías de América Latina.

En efecto, las estadísticas de desempleo urbano descendieron continuamente en las principales economías y en el conjunto de la región entre 2010 y 2014. La excepción fueron Costa Rica y Brasil, en los cuales se observaron aumentos desde 2011 y 2012, respectivamente; en el caso de Ecuador, la tasa creció desde 2014 por efecto del choque petrolero.

La tasa de desempleo cambió su tendencia para el promedio de América Latina en 2015, con un aumento moderado de 6.9% a 7.3%, y se acentuó en 2016, al ubicarse en 8.9%, superando el nivel de 2010 (8.2%). Comportamiento similar se observa en casi todas las economías, especialmente en 2016, con excepción de México, cuyo indicador sigue descendiendo.

El cambio en la tendencia es atribuido por la Cepal y la OIT a los dos años de crecimiento negativo del PIB regional; según estos organismos, el mencionado aumento de América Latina es el más alto de las últimas décadas. El impacto fue especialmente drástico en Brasil, donde la tasa de desempleo pasó de 7.8% en 2014 a 13.0% en 2016, desplazando a Colombia como el país con la tasa más alta de la región.

Un índice comparativo del desempleo urbano en América Latina pone en evidencia que el mercado laboral colombiano registra la evolución más favorable; es una de las economías con mayor descenso de la tasa de desempleo entre 2010 y 2014 y la de menor incremento desde 2015.

Colombia tiene la segunda tasa de desempleo más alta de la región, pero la brecha con las demás economías se redujo de forma notable. Los casos más llamativos son el de Brasil, ya mencionado, y el de Costa Rica, país con el cual la diferencia en 2016 es apenas el 13% de la que había en 2010. Con relación a la media de América Latina, el mismo indicador fue el 31%.

En síntesis, la resiliencia del mercado laboral se observó en mayor o menor medida en toda la región. El interrogante es si el notable deterioro del empleo en América Latina indica el final de la resiliencia y si Colombia seguirá la misma senda; en este caso, el Gobierno debe fortalecer su empeño en impulsar el crecimiento para evitar incrementos del desempleo y aumento de la pobreza.

Seguro de desempleo

Publicado en Ámbito Jurídico, Año XVII – No. 406; 10 al 23 de noviembre de 2014

En la pasada Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, Miguel Urrutia, exgerente general del Banco de la República y profesor de la Universidad de los Andes, presentó una propuesta de seguro de desempleo. La propuesta es el resultado de un trabajo de investigación dirigido por él, con la participación de un grupo técnico de la Universidad de los Andes y de Fasecolda.

En ausencia de un seguro de desempleo, la pérdida del empleo ocasiona un drama a las familias: los ingresos caen, la educación de los hijos se suspende, desmejora la calidad de la alimentación, pierden el acceso al sistema de salud, aumentan el endeudamiento, se pone en riesgo el patrimonio y aumenta la probabilidad de entrar a la informalidad.

El Gobierno colombiano ha realizado diferentes intentos de proteger a los trabajadores frente a esa eventualidad, pero con poco éxito. El esquema más antiguo es el de cesantías; los empleadores están obligados a abonar anualmente en un fondo de cesantías, el equivalente a un mes de salario de cada empleado que devengue menos de 10 salarios mínimos legales (SMMLV). Además debe pagarle como intereses al trabajador el 12% del valor abonado.

Teóricamente esa cuenta individual debería constituir una reserva para ser utilizada como ingreso en caso de pérdida del empleo. Sin embargo, en la práctica no funciona así, pues la legislación permite al trabajador retirar total o parcialmente las cesantías para pagos de educación superior y compra o reparaciones de vivienda. Además, cuando un trabajador cambia de empresa, puede disponer del saldo acumulado.

De esta forma, las cesantías se volvieron parte del ingreso corriente de los trabajadores; más del 70% de ellas son retiradas en los meses siguientes al abono, por cualquiera de las razones señaladas. Por eso, si quedan desempleados, no disponen de las reservas suficientes para cubrir sus necesidades básicas mientras logran otro empleo.

En el presente año entró en funcionamiento el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), establecido mediante la Ley 1636 de 2013. El MPC cubre a todos los empleados afiliados a cajas de compensación y consiste en el pago de los aportes a salud y pensiones del trabajador por un periodo de seis meses, sobre la base de un salario mínimo.

De forma complementaria, los trabajadores del régimen de cesantías pueden inscribirse para ahorrar voluntariamente como mínimo el 10% de sus cesantías, en el caso que devenguen hasta dos SMMLV, o el 25% para los de salarios superiores a ese nivel. Cuando el trabajador pierde el empleo, además de los pagos a la seguridad social mencionados, recibe un subsidio del Gobierno del 20% del saldo ahorrado si sus ingresos son inferiores a dos SMMLV; ese porcentaje es decreciente para salarios superiores.

Es claro que el MPC cubre un gasto importante para las familias e incentiva la acumulación de cesantías. Sin embargo, queda abierta la puerta para suspender el ahorro cuando se quiera (perdiendo el derecho al subsidio), lo que, dada la arraigada práctica de retiro, repercutirá en baja acumulación de reservas. Adicionalmente, a pesar de la buena intención, no brinda los ingresos suficientes para cubrir los demás gastos.

La propuesta de Urrutia complementa los dos instrumentos mencionados y opera en sentido estricto como un seguro. Por el pago de una prima, cubierta con parte de los intereses de las cesantías, el trabajador que sea despedido sin justa causa podrá recibir el equivalente a tres salarios mensuales distribuidos de forma decreciente hasta por seis meses; para el efecto se toma como base el salario que devengaba al momento del despido y el seguro se activa después de transcurrido un periodo en el que se supone que el trabajador se debe financiar con sus cesantías.

El seguro y los otros dos instrumentos incentivarán al trabajador a retener sus cesantías de al menos tres periodos. Con ello se garantiza que sus ingresos no caerán a cero al perder el empleo, contará con aportes a pensiones y salud, y con el subsidio del gobierno por un periodo un poco superior al de la duración del desempleo, que Urrutia y sus colaboradores calculan en cerca de seis meses. Además, el decrecimiento de las mensualidades del seguro contribuye a que el trabajador se mantenga activo en la búsqueda de empleo.

En términos macroeconómicos el seguro de desempleo contribuye a retener mano de obra en el sector formal y aumenta los incentivos para reducir la informalidad laboral. Además, en periodos de desaceleración económica ayuda a moderar el ciclo al amortiguar la caída de la demanda agregada.

Cabe esperar que las ideas propuestas sean plasmadas en un proyecto de ley y que se logren poner en práctica. Los beneficiados serán no solo los trabajadores formales y sus familias, sino todo el país.

EEUU y UE: determinantes del crecimiento global

Publicado en Ámbito Jurídico, Año XVI - No. 362; del 27 de enero al 9 de febrero de 2013


Aun cuando el mundo pareciera ir camino de una recesión en 2013, hay factores que pueden reducir esa probabilidad.

La tendencia a la recesión encuentra sustento en los complejos procesos de adopción de medidas de política económica tanto en la Unión Europea, como en Estados Unidos.

En la zona euro persisten los problemas asociados a la crisis de confianza en la deuda soberana. Las decisiones se dan a cuentagotas y solo cuando el desastre parece inminente, razón por la cual los mercados se mantienen en permanente zozobra y aumenta su volatilidad. El economista español Xavier Sala i Martin resume muy bien este comportamiento: “los reformistas europeos solo se mueven a golpe de pánico y como el pánico ha desaparecido desde hace unos meses, los eurócratas han dejado de tener prisa”.

A diferencia de lo ocurrido con la crisis mundial de 2008-2009, este comportamiento impidió la adopción de medidas rápidas y oportunas para conjurar la recesión. La austeridad fiscal desacelera más las economías de la UE a la vez que impide la reducción de los niveles de la deuda pública. La demora en la negociación y aprobación de paquetes de apoyo para las economías con mayores dificultades y la negativa de los gobiernos a aceptar públicamente la urgencia de los rescates, prolonga el desánimo.

Entre tanto, el desempleo sigue creciendo y la baja actividad relativa del Banco Central Europeo contribuye a la apreciación del euro respecto al dólar. Este hecho sumado a los problemas de competitividad de las economías europeas, impide que el comercio tenga un efecto positivo mayor.

No obstante, hay algunos hechos que permiten prever una moderación de las tendencias recesivas en 2013. Alemania, que ha mantenido las posiciones más duras frente a la crisis de la deuda, las ha flexibilizado gradualmente y transmite a los mercados su firme intención de defender el euro.

Adicionalmente, el solo anuncio de las políticas está contribuyendo a restablecer la confianza en la moneda única y a alejar el fantasma de su quiebra, con todos los efectos negativos que podría desencadenar.

Este resultado se observa, por ejemplo, con las declaraciones de Mario Draghi, gobernador del BCE en julio de 2012, en las que anunció que este organismo haría todo lo que fuera necesario para defender el euro, incluyendo la compra masiva de bonos soberanos de los países con mayores problemas; posteriormente hizo la aclaración de que esa compra se aplicaría en el marco de compromisos de ajuste fiscal por parte de esos gobiernos. Aun cuando no se han realizado compras ni compromisos como los mencionados, las presiones de los mercados sobre esos bonos se redujeron notablemente.

En igual sentido han contribuido tanto el acuerdo para poner en funcionamiento un supervisor financiero único para los bancos más grandes a partir de 2014, como las discusiones y documentos de trabajo en torno a posibles acuerdos para complementar la unión monetaria con la unión fiscal y financiera.

En el caso de los EEUU, hay síntomas de recuperación, como el crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2012, el gradual repunte de los indicadores del mercado de vivienda y la reducción de los indicadores de desempleo, aun cuando en este último caso hay preocupación por el lento descenso.

Pero también son evidentes los problemas de incertidumbre que generan las dificultades para la toma de decisiones de política económica. El caso más sonado es el denominado abismo fiscal. Aun cuando su impacto estaba previsto desde el acuerdo de septiembre de 2011 para aumentar el techo fiscal, apenas en la primera semana de 2013 tuvo una solución a medias: el aumento de ingresos será menor al esperado y quedaron pendientes por definir en los próximos meses los temas de recortes de gastos y aumento del techo fiscal.

Sin embargo, en el manejo de la política monetaria no solo se mantiene la flexibilidad de los dos últimos años, sino que potencialmente se amplía. A finales de 2012, la Reserva Federal adoptó lo que se ha denominado como la “regla de Evans”.

Mientras que el compromiso anterior de la autoridad monetaria era mantener la tasa de interés cerca de cero hasta 2015, la nueva regla implica que la expansión monetaria se mantiene hasta que se logre bajar la tasa de desempleo al 6.5% o hasta que la inflación supere el 2.5% anual.

En síntesis, el efecto esperado de las decisiones de política económica en la UE y en EEUU puede prolongar la débil dinámica de la economía mundial, sin ocasionar una nueva recesión, salvo que la resolución del problema fiscal en EEUU tome algún giro inesperado. La mala noticia para las economías en desarrollo será la persistencia de la tendencia de apreciación de la moneda por las políticas monetarias expansivas en ambas regiones.

Remesas y crisis

Publicado en el diario La República el 19 de agosto de 2009


La importancia macroeconómica de las remesas ha crecido al punto que diversos analistas las consideran un canal de transmisión internacional de los auges o las crisis de las economías desarrolladas hacia las subdesarrolladas.

Y no es para menos; en 2008 su monto ascendió a cerca de US$70 mil millones, superando los flujos de inversión extranjera directa. En varios países tienen un elevado peso con relación al PIB, como en el caso de Haití (23.9%), Honduras (21.1%), El Salvador (17.3%) y Nicaragua (16.8%); en Colombia se calcula que representan alrededor del 3%.

En las economías desarrolladas el desempleo está aumentando como consecuencia de la crisis económica; con la reducción del crecimiento de los sectores intensivos en mano de obra de baja calificación, como la construcción, es mayor el número de migrantes que pierde sus ingresos y ve menguada su capacidad para enviar dinero a sus familias en los países de origen. Algo similar ocurre con los migrantes que se mantienen empleados, pero fueron perjudicados por el acelerado crecimiento de las cuotas de vivienda o porque la perdieron como consecuencia de ejecuciones judiciales. El BID estima que en 2009 las remesas caerán en 11% con relación a las registradas en 2008.

Es evidente que la reducción de las remesas tendrá un efecto negativo sobre las economías subdesarrolladas. Pero, como ha ocurrido con los otros canales de transmisión de la crisis, la magnitud del impacto es diferencial, dependiendo de la solidez macroeconómica de cada país y del peso relativo de esos recursos.

José Antonio Ocampo, en un artículo publicado en la última edición de la revista de la CEPAL, sostiene que en general las remesas son el canal menos importante de transmisión de la actual crisis para América Latina, pues “el poder de compra de las remesas tendería a aumentar en la medida en que se acompañen de una depreciación de las monedas en los países receptores”.

Esa percepción es válida para Colombia, como lo muestran las cifras del primer semestre de 2009. El ingreso por remesas hasta junio fue de US$2.085 millones, con una disminución del 10.5% respecto al mismo periodo de 2008; pero en pesos han crecido 13.8%. Este resultado contrasta con lo observado en los primeros seis meses de 2008; en ese periodo crecieron 20% anual en dólares y apenas 3.5% en pesos.

En el primer trimestre de 2009, los datos disponibles muestran variaciones positivas anuales de las remesas provenientes de los principales once países de origen, expresadas en moneda local, con la excepción de Venezuela. En igual periodo de 2008 eran negativas en siete de ellos.

Es evidente el impacto de la tasa de cambio. En el primer semestre de 2008 se registró una marcada tendencia a la revaluación, con un mínimo de $1.600 por dólar en junio. En cambio, durante los primeros meses del presente año la tasa de cambio se devaluó; aun cuando en los meses recientes el peso se ha revaluado nuevamente, todavía se mantiene en niveles superiores a los del año anterior.

Lo anterior significa que en el actual contexto de crisis mundial el ingreso de remesas a Colombia no ha tenido un efecto macroeconómico adverso y, por el contrario, supera el desempeño observado en el primer semestre del año anterior. Un incremento de más de $600 mil millones de pesos por este concepto, contribuye a amortiguar la pérdida de dinamismo del consumo de los hogares. No obstante, es posible que a nivel de familias individuales sí se esté registrando un impacto negativo en los casos de suspensión de estos giros por pérdida del empleo de los remitentes.

TLC y desempleo

Publicado en el diario La República el 15 de agosto de 2008


Curiosamente los sindicatos de Estados Unidos y de Colombia y algunos grupos que los respaldan, se oponen al TLC por el temor a la pérdida de empleos. No obstante, pocas son las evidencias que presentan.

La posibilidad de que los TLCs ocasionen desempleo radica en el reacomodamiento de la estructura productiva. Hay sectores que deben realizar procesos de reconversión para cerrar sus brechas de competitividad y otros quizás deban ser sustituidos por actividades con mayores opciones frente a la competencia.

Sin embargo, se ha demostrado que los acuerdos tienen un efecto neto de creación de comercio y, por lo tanto, de aumento de la inversión y del empleo. Esto significa que se podrían registrar situaciones temporales de mayor desempleo, que serán corregidas al efectuarse los ajustes sectoriales.

Así ocurrió en el tratado entre Canadá y Estados Unidos a finales de los ochenta (CUFTA), aun cuando su efecto se mezcló con el de la recesión de 1990-1991. En Canadá el PIB se contrajo en esos años (-0.2 y – 1.8%) y el empleo comenzó a recuperarse cinco años después de la entrada en vigencia del acuerdo y, según Carnegie Endowment for International Peace, “un decenio después de la aprobación de CUFTA, el empleo en el sector de manufacturas se recuperó hasta llegar a los niveles anteriores al tratado de comercio y ha seguido creciendo moderadamente desde entonces”.

En Estados Unidos se había registrado un nivel de desempleo del 6% en 1994. La entrada en vigencia del NAFTA en 1995 consolidó la tendencia descendente observada desde 1992. En abril de 2000 la tasa de desempleo fue 3.8%, la más baja desde enero de 1970. La tendencia cambió con la recesión de 2001, hecho que de ninguna manera se puede atribuir a este acuerdo.

El balance crítico del NAFTA de la mencionada fundación Carnegie reconoció que “el efecto neto del TLCAN sobre los puestos de trabajo en Estados Unidos ha sido minúsculo... Los mejores modelos hasta la fecha indican que el TLCAN no ha producido un cambio neto en el empleo o ha significado una ganancia neta muy pequeña de puestos de trabajo”.

En el caso de México, la vigencia del NAFTA fue contemporánea con la crisis del tequila que ocasionó una notable reducción del empleo. La tasa de desempleo, que fue 3.2% en diciembre de 1994, ascendió a 7.6% en agosto de 1995; con la recuperación de la economía el indicador empezó a descender hasta niveles inferiores a los observados antes del TLC (1.9% en diciembre de 2000).

Se ha detectado que hubo pérdida de empleos en el agro mexicano, pero es un fenómeno simultáneo con un aumento de la migración hacia las ciudades y hacia Estados Unidos. También se reconoce que parte de esa migración fue absorbida por el crecimiento del empleo en las manufacturas.

En los TLCs el periodo de ajuste en el empleo depende de los cronogramas de desgravación previstos. En Canadá fue relativamente largo por la rápida reducción de aranceles, mientras que en México fue más corto, acorde con la gradualidad pactada. Y en ambos casos estos efectos se mezclaron con los de una caída del PIB.

Por lo tanto, la evidencia no respalda los temores de los sindicatos y de otros sectores. Estos parecen ser una reacción frente a la globalización que está ocasionando la fragmentación geográfica de los procesos de producción y el desplazamiento de actividades desde los países desarrollados hacia los subdesarrollados (outsourcing y offshoring).

Pero, como señala Alan Blinder, la historia ha demostrado que el desplazamiento de la producción a otros países del mundo incentiva el surgimiento de nuevas actividades económicas en el país innovador, de forma que los impactos netos sobre el empleo son reducidos.