El Petroaño 2024

 

Publicado en Portafolio el 16 de enero de 2025

En su balance del 2024, Petro afirmó que la economía creció 2,9% en octubre. Esa hábil manipulación esconde que el aumento esperado del PIB en 2024 es del 1,9% y que seguimos lejos del crecimiento deseado (más de 4%), porque a este gobierno le quedó grande diseñar y poner en marcha un plan de reactivación económica por el que clamó el país en el último año y medio.

Además, a Petro se le olvidó mencionar el desastre económico al que el Gobierno del Cambio está llevando al país, y que la mayor pérdida de bienestar recae en la población más vulnerable. Veamos algunos hechos protuberantes.

La decisión de eliminar el programa Mi Casa Ya, frustra el anhelo de vivienda propia de muchos hogares y prolonga la crisis de la construcción residencial, que es gran empleador de mano de obra no calificada.

El gobierno no pagó los subsidios por servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3; la deuda de 2024 asciende a $2,7 billones en energía y $628 mil millones en gas. Esta deuda explica el apagón en Puerto Carreño el 2 de enero. Además, ya empezamos a importar gas para el consumo de los hogares, lo que sumado a los errores de la Creg ocasionará altos incrementos de tarifas en toda la población.

El famoso chuchuchu, que agudizó la crisis de la salud, ocasionó en 2024 el cierre de 1.200 IPS, escasez de medicamentos, demoras en las citas médicas y aplazamientos de procedimientos quirúrgicos. Como consecuencia, el gasto de bolsillo de las familias está creciendo, pero, mientras la población de altos ingresos puede asumirlo, los más pobres no.

La Paz Total realmente es el Fracaso Total. Las bandas criminales operan en 24 departamentos y “gobiernan” en muchas regiones mientras el Gobierno del Cambio está cruzado de brazos. Un ejemplo del debilitamiento del Estado en 2024 fue el paro armado impuesto en el Chocó, uno de los departamentos más pobres, justo cuando vivía una emergencia por la ola invernal.

Gustavo Bolívar anunció la eliminación de los subsidios de “Colombia sin hambre", y los estudiantes que se financian con Icetex ven riesgos en la continuidad de sus estudios.

El país está ad portas de una crisis fiscal por el despelote en el manejo del presupuesto. Recortan subsidios, pero crece la burocracia; el déficit fiscal y el endeudamiento alcanzan niveles sin precedentes, y los analistas ven crecientes riesgos de sostenibilidad.

Por último, creció la corrupción. No fue solo la UNGRD para comprar congresistas, con recursos asignados a regiones pobres, sino que denunciar ante la fiscalía un caso que involucra al presidente de Ecopetrol y al hijastro de Petro, le costó el puesto al ministro Bonilla.

Covid-19: Del dicho al hecho

 

Publicado en Portafolio, el viernes 20 de noviembre de 2020

Hay buenas políticas que fracasan por las actitudes de algunos ejecutores. Se esperaría que todas las políticas contra el Covid-19 y muy especialmente las sanitarias tuvieran pronta y plena aplicación para frenar los contagios. Lamentablemente hay casos de parsimonia y desinterés de ciertos agentes en el cumplimiento de sus funciones. Aun cuando vemos frecuentes denuncias en los medios, bueno es insistir y lo haré con un episodio que conocí de cerca.

Una persona comienza con síntomas de gripa. De acuerdo con una circular del Ministerio de Salud, debería quedarse en casa; pero hay patronos que exigen a todos los trabajadores hacer presencia en la empresa, aun con esos síntomas.

Como precaución, llama a la EPS, describe los síntomas y solicita la prueba de Covid-19. Le responden que en efecto la sintomatología corresponde a un probable contagio, pero que no pueden dar una respuesta inmediata porque la persona vive en un municipio cercano a Bogotá y les tomará tiempo buscar un laboratorio aliado.

Ante la persistencia de los síntomas, la persona paga de su bolsillo la prueba en un laboratorio privado y corrobora el diagnóstico de Covid-19. Entonces, se aísla en su vivienda.

Llama a la EPS para informar el resultado de la prueba y solicitar la incapacidad. Ante esto, la entidad dice que primero hará la prueba (ahora sí “encontraron” un laboratorio aliado). Al día siguiente van a la vivienda y toman la muestra solo a él y no a la esposa porque no tiene síntomas (desechan la posibilidad de que ella sea asintomática y haya contagiado al esposo). Además, le informan que el resultado tarda ¡alrededor de 10 días! Suertudo, pues en los medios exponen mayores demoras.

Aun cuando el gobierno diseñó una estrategia para romper la cadena de contagios (PRASS), que está contenida en un documento CONPES, y en ella se incluye el rastreo, a la persona en ningún momento le preguntaron sobre sus contactos recientes, ni le recomendaron aislamiento. ¿Cuántos contagios podría ocasionar sin aislamiento y sin el diagnóstico de la EPS?

Veamos lo que está ocurriendo en Europa con la segunda ola, como lo destaca The Economist: “Solo el 23% de los examinados en Inglaterra durante la semana hasta el 22 de octubre recibieron resultados en 24 horas, frente al 93% a fines de junio. Y solo el 45% de los que dieron positivo recibieron una llamada de un rastreador de contactos el mismo día de su diagnóstico, en comparación con alrededor del 80% durante el verano”.

Con el tortuguismo de algunos empleados de las EPS, la inaudita demora en dar los resultados y el menosprecio por el rastreo estratégico no es de extrañarnos si los contagios de Covid-19 crecen nuevamente.

Cuando solo prima la preocupación por las aglomeraciones y la indisciplina social y no por los diagnósticos rápidos, el rastreo eficiente y la responsabilidad de la burocracia de las EPS, se está buscando la fiebre en las sábanas. La sociedad admira y aplaude la abnegada labor de médicos y enfermeras que dan la batalla contra el virus, pero también debe criticar y sancionar a quienes son ineficientes en su labor para romper la cadena de contagios. En fin, hay que velar porque las buenas políticas implementadas tengan cabal cumplimiento.

Equipos de protección personal

Publicado en Portafolio el 22 de mayo de 2020

Nadie osaría entrar indefenso a una jaula con un león. De la misma forma médicos y enfermeras no deberían tratar pacientes contagiados de covid-19 sin los equipos de protección personal (EPP).

El Ministerio de Salud recomienda para los profesionales de la salud que atienden pacientes infectados que generan aerosoles (mediante tos, estornudos, procedimientos de intubación, etc.) un EPP conformado por respirador N95, visor, careta o monogafas, bata manga larga antifluido, guantes no estériles y vestido quirúrgico debajo de la bata.

La legislación obliga a los empleadores a dar a los trabajadores las dotaciones adecuadas para ejercer sus labores y, a la vez, proteger su integridad. Así como los constructores deben entregar a cada obrero un casco, guantes y botas de seguridad, entre otras, las EPS, los hospitales y las clínicas están obligados a darle a los profesionales de la salud los EPP, en función de los riesgos a los que estén expuestos.

Si estos profesionales salen a protestar en los medios porque no tienen los EPP, la pregunta es por qué no los tienen. La explicación del problema parece radicar en las modalidades de contratación y el incumplimiento de las obligaciones.

Según la “Encuesta de situación laboral de profesionales de la salud 2019”, presentada recientemente por Roberto Baquero y Samuel Barbosa, del Colegio Médico Colombiano, el contrato laboral es la forma de vinculación del 42% de los médicos generales, del 17% de los especialistas y del 45% de otros profesionales de la salud. El resto se vincula con órdenes de prestación de servicios, contratos por honorarios, cooperativas de trabajo, etc.

En síntesis, alrededor del 40% de los profesionales de la salud debería contar con los EPP adecuados y de óptima calidad entregados por los contratantes ¿Sí se estará cumpliendo con esta obligación? En algunos casos no pareciera. El restante 60% está conformado por profesionales que son independientes porque les es más rentable o porque no acceden a una forma de contratación más estable; ello implica la obligación de “dotarse” a sí mismos de los EPP porque son sus propios empleadores. Esta situación viene de tiempo atrás y no nació con la pandemia de covid-19.

Pero al aumentar el riesgo por la pandemia, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) emergieron como un actor de apoyo. Aun cuando la legislación prohibía expresamente a las ARL entregar dotaciones a los trabajadores dependientes e independientes, dado que esa no es su función, el gobierno decretó como medida excepcional de la emergencia económica que ellas deben destinar de forma temporal un porcentaje de las primas recibidas a comprar EPP.

En cumplimiento de ese mandato excepcional, las ARL están comprando EPP, en un mercado mundial desabastecido y en medio de una guerra sin cuartel por esos productos.

No obstante, se debe precisar que las ARL aportan recursos por un monto limitado y son un proveedor temporal de los EPP que tienen que seguir entregando los empleadores o adquirir los contratistas; los cálculos indican que estos dos últimos deben responder por cerca del 95% del costo de la dotación. En ese contexto es prioritario que las autoridades sanitarias y laborales subsanen los problemas de incumplimiento que ponen en riesgo a los profesionales de la salud, especialmente frente al covid-19.

Los viejos y la edad prospectiva

Publicado en Portafolio el viernes 21 de diciembre de 2018

La población mundial está envejeciendo y Colombia no es la excepción. Esta situación es el resultado combinado de dos hechos: la caída de las tasas de mortalidad, especialmente de la infantil, y el aumento de la esperanza de vida.

La esperanza de vida empezó a aumentar de forma continua desde mediados del siglo XIX y se calcula que los niños que hoy están naciendo en las economías desarrolladas tienen alta probabilidad de sobrepasar los 100 años de vida.

El envejecimiento tiene profundas repercusiones en la sociedad: Induce cambios en los mercados laborales, pues los trabajadores pueden mantenerse activos por más tiempo. Los economistas debaten si una población más vieja afecta negativamente la productividad y el crecimiento de la economía. Desde luego, se plantean grandes retos para los sistemas pensionales, pues es necesario contar con los recursos para sostener los pensionados por un periodo más largo. Los sistemas de salud también deben ajustarse porque las demandas de servicios especializados para los adultos mayores serán más. Las finanzas públicas tendrán que disponer de cuantiosos recursos para la financiación de pensiones y las transferencias a ancianos desvalidos.

En ese contexto, un aspecto crucial es la redefinición del concepto de viejo. Normalmente se asume que la edad de jubilación establece cuándo se considera que una persona es vieja. En la mayor parte de los estudios demográficos se da por hecho que esa edad es 65 años, porque en los países desarrollados están tendiendo a adoptarla para el acceso a la pensión.

Pero es claro que en un mundo en el que la esperanza de vida sigue aumentando esa definición puede no ser la más acertada. Recientemente Warren Sanderson y Sergei Scherbov propusieron el concepto de edad prospectiva para definir el concepto de viejo, incorporando en ella la esperanza de vida. En su opinión la vejez es aquella edad en la que la expectativa de vida remanente es de 15 años o menos.

En el libro “Trabajo formal en Colombia: Realidad y retos” (disponible en www.fasecolda.com) se explica cómo al aplicar ese concepto, la definición de viejo es diferente para cada país. Así, mientras que viejos en Japón serían las personas de 73.7 años o más, en Sierra Leona lo serían las de 53.1 años o más. Esto muestra que las diferencias en el nivel de bienestar de cada economía dan lugar a esperanzas de vida disímiles. Para el caso de Colombia se considerarían viejos los habitantes de 68.4 años o más.

Saltan a la vista las enormes implicaciones de adoptar un concepto como este. Como lo destaca Andrew Scott, hay que diferenciar entre un efecto de envejecimiento y un efecto de longevidad, pues mientras el primero alude al proceso de deterioro del organismo, el segundo resalta la mayor vitalidad con la que las personas hoy alcanzan edades mayores.

Eso significa que las edades de jubilación se podrían establecer de forma flexible a partir de la edad prospectiva y que, por lo tanto, los mercados laborales tendrían que adecuarse a la permanencia de la población hasta edades más avanzadas. En el libro mencionado están las bases para comenzar una exploración de las múltiples implicaciones en esta línea; en ella deben tomar parte el gobierno, la academia, los empresarios y los trabajadores.

TLC y salud pública

Publicado en Ámbito Jurídico, Año XV – No. 354; 17 al 30 de septiembre de 2012

En los debates a los tratados de libre comercio hay poca claridad sobre sus vínculos con la salud pública, en las áreas profesionales y académicas relacionadas con ella. Así lo he podido constatar en un foro reciente y en algunas publicaciones y programas radiales de centros académicos, en los que incluso destacados líderes de organizaciones que propenden por la mejora en las políticas gubernamentales de salud, incurren en notables imprecisiones.

En los debates se mezclan los problemas de acceso a medicamentos en el POS, los recobros, los abusos en los precios de algunos medicamentos, los altos precios de los medicamentos con patente, los monopolios en productos innovadores, las tutelas para acceder a tratamientos costosos y el presunto alargamiento del periodo de protección con patentes. Es natural que semejante mescolanza de salud pública con TLC, genere malestar en los auditorios y posiciones en contra de los tratados comerciales.

Es necesario establecer los linderos entre la política de salud pública y los tratados y establecer cuáles son los vínculos entre los dos y cuáles los potenciales efectos de los TLC.

Según el Ministerio de Salud, “Salud Pública, es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida”.

Los tratados de libre comercio son un componente de la política comercial, que definen las reglas de juego estables para el intercambio de bienes y servicios entre los países que negocian. Dos de esas reglas establecen el vínculo entre los dos temas: el acceso a mercados y la propiedad intelectual, especialmente en lo que se refiere a las patentes.

En acceso se eliminan los aranceles y las barreras no arancelarias a la importación de medicamentos y otros bienes relacionados. De igual forma, los medicamentos genéricos y otros productos que exporta Colombia, logran acceso sin obstáculos en los mercados de destino, lo que permite aumentar la producción y generar economías de escala. En ambos casos se espera una reducción de precios al consumidor.

La discusión sobre patentes debería comenzar con la “Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública”. En el artículo 16.13 del TLC con Estados Unidos se enuncia: “al tiempo que las Partes reiteran su compromiso con el presente Capítulo, afirman que éste puede y debe ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de cada una de las Partes de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos”.

Esto significa que ante situaciones excepcionales de salud pública prima ésta sobre los derechos de propiedad intelectual y en ningún momento se vulnera la soberanía del país con relación a las políticas de salud, como aseveran algunos críticos.

Con relación a las patentes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) las define como “un derecho exclusivo concedido a una invención… La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente”.

La principal consecuencia del “derecho exclusivo”, cuando el innovador comercializa su invención, es el establecimiento de condiciones similares a las del monopolio, pues la regla impide la existencia de competidores durante el tiempo de vigencia de la patente.

Es obvio que los monopolios generen rechazo, en particular cuando se trata de productos relacionados con la vida de las personas. Sin embargo, el impacto de las patentes no se debe medir exclusivamente con el costo económico, que es una consecuencia “normal” del “derecho exclusivo”.

Lo correcto son los análisis de costo-beneficio. En términos escuetos se trata de escoger entre dos alternativas: una, tener altos precios durante la vida útil de la patente, que en el caso de medicamentos es en promedio de diez años, y de ahí en adelante contar con más competidores, precios más bajos y menores tasas de morbilidad y mortalidad; dos, no asumir ese costo, pero en cambio mantener altos los niveles de morbilidad y mortalidad de la población, con los costos sociales y económicos que ello implica (recursos de salud pública asignados para tratamientos y caída de la productividad del país).

En ese análisis habría que incorporar los efectos positivos de las patentes sobre la investigación y la innovación. Un artículo reciente de The Economist menciona un estudio que “encontró que los beneficios públicos de la investigación y desarrollo duplican los beneficios privados”. En síntesis se requieren mayores esfuerzos en la comprensión de la relación entre los tratados y la salud pública y quitarle ropajes ideológicos que no conducen a nada positivo. No quiere esto decir que el tema esté exento de debates; sólo que hay que darlos en los términos que realmente corresponden.

Turismo de salud

Artículo publicado en el diario La República el 31 de marzo de 2010


El turismo de salud es uno de los sectores nuevos en los que el país tiene un gran potencial de desarrollo. Por eso es parte de la estrategia de transformación productiva.

Los turistas médicos son personas que viajan a un país diferente al de residencia, para hacerse tratamientos de salud. Esta es una actividad dinámica en la que actualmente participan al menos 28 países, que reciben más de dos millones de turistas y generan 20 mil millones de dólares anuales de ingresos.

Se prevé que este mercado siga creciendo rápidamente en los próximos años. Un estudio reciente de Deloitte ("Medical Tourism: Update and Implications") muestra que en 2007 salieron de EE.UU. alrededor de 750 mil turistas médicos y proyecta que en 2012 superarán los 1,6 millones, con una tasa de crecimiento anual de 35 por ciento.

Entre los factores que están impulsando el turismo de salud se mencionan la calidad, menores costos, limitaciones de cobertura de los seguros médicos, largas listas de espera para algunos tratamientos o cirugías y facilidad y bajos costos de los viajes internacionales.

Según Becca Hutchison, de la Universidad de Delaware, "el costo de una cirugía en India, Tailandia y Suráfrica puede ser un décimo del que tiene en EE.UU. o en Europa Occidental o incluso menos" ("Medical Tourism Growing Worldwide").

Terry Grossman y Woodley Preucil presentaron en Colombia Compite algunas cifras que muestran el potencial colombiano en EE.UU: los costos de un reemplazo de cadera son 8.000 dólares y 50.000 dólares, respectivamente; y de una angioplastia 8.000 dólares y 35.000 dólares.

Hasta ahora Colombia participa marginalmente en el mercado de turismo de salud, pues, según los cálculos de la firma McKinsey, sólo 2,2 por ciento de los turistas extranjeros son turistas médicos. Pero con la estrategia de transformación productiva habrá un giro notable; se espera que en 2032 lleguen 2,8 millones de turistas y generen ingresos por 6.300 millones de dólares.

La fecha parece lejana, pero ya se están dando pasos importantes para cosechar desde el corto plazo: dos instituciones médicas obtuvieron la certificación de la Joint Commission International de EE.UU. y otras 25 están en trámite; se han aprobado seis zonas francas hospitalarias; y una clínica estableció un acuerdo con el Jackson Memorial Hospital de Miami.

La competencia internacional es fuerte, pero Colombia tiene el propósito de mejorar su competitividad, aprovechar las ventajas de cercanía al mercado norteamericano y sacar provecho del prestigio internacional en varios campos de la medicina.

El gran potencial de este sector ilustra por qué es conveniente para el país que la transformación productiva sea una política de estado. Por esta vía se podrá modernizar la economía y ponerla a tono con el siglo XXI.