Publicado en la revista Misión Pyme, No. 92, septiembre 2016
Cuando se mira hacia atrás se puede concluir que el mercado de capitales colombiano ha tenido notables avances: se creó un mercado de deuda pública, hay grandes inversionistas institucionales como los fondos de pensiones y las aseguradoras, se fusionaron las tres bolsas de valores, la supervisión avanzó notablemente y se creó la Superintendencia Financiera, para cumplir las funciones que antes se fragmentaban en la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores.
Aun así, el mercado adolece de grandes fallas, que son más evidentes cuando se comparan en el plano internacional. Basta ver algunos pocos indicadores.
El número de empresas listadas en la Bolsa de Colombia en 2005 era de 107, pero en 2015 se redujo a 74, lo que representa una variación negativa del 30.8%. Por contraste, la bolsa de Brasil aumentó en 1.7% el número, la de Lima en 16.2% y la de Santiago de Chile en 27.5%. Otras registraron caídas, pero de menor magnitud que la de Colombia; es el caso de México (-8.6%) y Buenos Aires (-6.6%).
Adicionalmente, el mercado es altamente concentrado, como lo evidencia el hecho de que en 2014 el 73.9% de la capitalización bursátil total está explicado por las 10 sociedades domésticas de mayor capitalización; este es el indicador más alto entre el grupo de países mencionados. Chile registró el nivel más bajo, con el 45.1%.
Es claro que el mercado de valores no se enfoca solo en la negociación de acciones, sino que abarca una creciente gama de títulos de emisores tanto públicos como privados. En consonancia con esa tendencia, en las últimas décadas se ha registrado un importante crecimiento del mercado de deuda en Colombia.
Pero ese mercado también está altamente concentrado en la deuda pública. En los primeros cinco meses de 2016 los TES representaron alrededor del 81% del total de papeles transados en la bolsa, mientras que la renta variable se acerca al 13% y los bonos al 2%.
Un estudio reciente de la Bolsa de Colombia muestra que el mercado de deuda privada del país es de los más pequeños de la región; el saldo de los títulos de deuda emitidos como porcentaje del PIB representó en 2014 el 6.8%, mientras que en Chile fue el 40%, en Brasil el 32% y en México el 18%. Según los autores, este mercado “todavía se encuentra muy alejado en representatividad como fuente de financiamiento de la economía y… por tanto los beneficios de tener un mercado de deuda privada desarrollado para el país están aún por alcanzarse”.
Estos resultados son de gran interés, dada el papel protagónico que se viene asignando en las últimas décadas al mercado de capitales en la financiación y el desarrollo de las empresas en el país. Ellos reflejan la poca orientación de las empresas grandes a diversificar su estructura de capital bien sea mediante la emisión de acciones o mediante la colocación de bonos de deuda. También dan una clara idea de por qué la financiación empresarial en Colombia sigue esencialmente enfocada en el sistema bancario.
Una consecuencia es la alta concentración del crédito bancario en las empresas más grandes. Los datos de la Superfinanciera muestran que 1.000 deudores reciben el 64% de la cartera comercial de los establecimientos de crédito; por contraste los siguientes 4.000 deudores obtienen el 23% de esa cartera.
Este solo hecho, hace muy difícil el acceso al crédito a la mayoría de las empresas del país, como lo destaca un estudio de la OCDE: “Aunque las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan el 99% de las empresas, el 80% del empleo en el sector privado y el 35% del PIB, sólo reciben el 14% de los préstamos para fines comerciales”.
En este contexto el problema se hace más complejo porque los bancos no son los agentes idóneos para financiar empresas nacientes o en sus primeras etapas de desarrollo. El sistema financiero tradicional maneja el ahorro de la sociedad y ello le exige gran cuidado en el uso de esos recursos y le inhibe de financiar actividades de alto riesgo. Para ello se requieren agentes especializados.
La financiación como un obstáculo al crecimiento de las empresas surge de esas particularidades del mercado de capitales y del sistema financiero tradicional. La superación del problema requiere de la creación de vehículos financieros especializados en la financiación de las empresas con diferentes grados de madurez y diversos niveles de riesgos.
Son necesarios los fondos de capital de riesgo y de capital semilla, junto con incubadoras de empresas, para impulsar el emprendimiento en sus primeras fases. Los ángeles financieros y los venture capital para empresas jóvenes y en fase de expansión. Los fondos privados de inversión para empresas más estructuradas, pero aún en crecimiento. Finalmente, el mercado de capitales para las empresas más maduras. En todas las etapas, o en la mayoría de ellas, el crédito bancario apoyaría la financiación del capital de trabajo.
El acompañamiento de los nuevos vehículos se orientaría a salidas mediante la emisión accionaria, lo que permitiría renovación en el mercado de capitales y fortalecimiento de la renta variable en ese mercado.
Como complemento, hay que fomentar en cambio la cultura empresarial sobre la propiedad de las empresas. El acompañamiento de los vehículos mencionados no implica la pérdida de control y en cambio sí potencia y acelera el crecimiento. Las universidades y el Gobierno deben ser los promotores y protagonistas del cambio cultural.
Por fortuna, ese poblamiento de agentes especializados se viene dando en los años recientes, en buena parte por la implementación de políticas públicas que generan el ambiente adecuado para su desarrollo.
Lo deseable es que se acelere el paso, que se disponga de mayor flujo de capitales y que los empresarios vean en los nuevos vehículos una fuente de crecimiento y no el riesgo de perder el control de las empresas.
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En torno a la financiación del postconflicto
viernes, 24 de junio de 2016
Publicado en la Revista de Fasecolda No. 163
Aun cuando no se cumplió la fecha del 23 de marzo para el cierre de las negociaciones de La Habana, se mantiene la esperanza de alcanzar el objetivo en el corto plazo. De ahí que haya tomado nueva fuerza el debate en torno a diversos aspectos del postconflicto, incluido el de la financiación.
En este artículo se revisan algunos aspectos que muestran la dificultad de aterrizar el tema, mientras no se precise con mayor detalle lo que se consideran costos del postconflicto para los que se requiere financiación, y que no fueron previstos ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria.
Concepto difícil
No deja de llamar la atención de los analistas nacionales e internacionales el hecho de que se esté hablando del postconflicto, como si la negociación ya hubiera terminado.
“La palabra postconflicto se ha instalado en el lenguaje oficial y en la diplomacia colombiana, lo cual no deja de ser una paradoja teniendo en cuenta que a… [pocos] meses de la fecha límite para la firma del acuerdo aún no se ha efectuado un cese al fuego bilateral. En este sentido, la diplomacia y el discurso público colombianos parecen excesivamente optimistas al dar ya por saldada la consecución de la paz en el país” (Rodríguez 2016; p. 2).
Esto plantea un primer interrogante sobre lo que se debe entender por posconflicto. Según los especialistas, en el caso de conflictos internos no es fácil llegar a una definición de consenso: “Las hostilidades normalmente no se terminan bruscamente, para dar paso inmediato a la paz. Es posible que haya una "paz" acordada, pero que la lucha continúe, a menudo en un nivel bajo o de forma esporádica…” (Brown, et al 2011; p. 4).
Brown, et al (2011) sugieren que, en lugar de intentar una definición, se deberían tener en cuenta unos hitos básicos para determinar si un país está en la etapa del postconflicto. Esos hitos son la cesación de hostilidades y de la violencia; la firma de un acuerdo de paz; la desmovilización, desarme y reintegración; el retorno de desplazados y refugiados; el establecimiento de un Estado que funcione (reducción de la impunidad, fortalecimiento del estado de derecho y reducción de la corrupción, entre otros); el logro de la reconciliación y la integración social; y la recuperación de la economía.
Las medidas del postconflicto no necesariamente deben iniciarse al terminar el conflicto, pues cabe, e incluso es deseable, la opción de iniciarlas antes: “Por ejemplo, las políticas y programas para mejorar las condiciones socioeconómicas de los católicos en Irlanda del Norte, incluyendo una legislación laboral justa y el acceso a la vivienda pública, fueron llevadas a cabo durante la década de 1980, incluso mientras los "problemas" estaban todavía en curso, y, efectivamente, hicieron que la población católica estuviera más predispuesta a la paz” (Brown, et al 2011; p. 5).
A la luz de esta propuesta, Colombia apenas estaría cerca del primer hito, pues por ahora solo hay una decisión unilateral de la guerrilla de suspender las hostilidades. Ese enfoque también justificaría por qué se viene discutiendo sobre el postconflicto desde hace varios años y, más aun, por qué el Gobierno afirma que ya está haciendo gastos asociados al postconflicto. Según el Ministro de Hacienda, en el presupuesto general de la Nación de 2015 se destinaron recursos por $7.9 billones para atención, asistencia y reparación de víctimas (Cárdenas, 2015).
¿Qué abarca el postconflicto?
En ese contexto adquieren mayor vigencia las preguntas claves sobre el post-conflicto: ¿Qué actividades se involucran en ese concepto? ¿Cuánto durará? ¿Cuál es su costo? ¿Cómo se financiará?
Mucho se ha debatido y especulado sobre estos aspectos, pero nadie tiene una respuesta sólida. Para muchos, lo acordado en el primer punto de la negociación implica que el desarrollo agropecuario es un componente del postconflicto.
De igual forma, en el Plan Nacional de Desarrollo se vinculan al postconflicto programas de construcción de vías, de actividad física y deporte, de infraestructura de seguridad, y de oferta de salud, entre otros (DNP 2015).
Los analistas también mencionan temas que están relacionados de forma más directa: la reparación de víctimas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, las zonas de concentración, y la Jurisdicción Especial para la Paz, conformada por magistrados nacionales y extranjeros.
La realidad es que buena parte de los compromisos de las negociaciones consisten en la implementación de las políticas de desarrollo, que se tienen que hacer con o sin postconflicto; en algunos casos, como el de los derechos de propiedad sobre la tierra, son tareas que se han aplazado por décadas.
Por consiguiente, es importante la tarea de depurar el listado de actividades consideradas como parte del posconflicto, separando aquellas que son componentes de una política de desarrollo económico y social, de aquellas que son parte integral del proceso de paz. Entre las primeras, también es necesario discriminar las que ya cuentan con asignación de recursos en el presupuesto nacional de las que demandan recursos nuevos. Mientras no haya esa precisión, será difícil para la sociedad entender las verdaderas dimensiones del postconflicto y más aún la magnitud de los costos que se deben asumir.
¿Cuánto cuesta el postconflicto?
Cabe preguntarse por qué es importante cuantificar el costo del postconflicto, pues hay analistas que piensan que el interrogante puede llevar a un debate absurdo: si el costo es muy alto, es mejor seguir como estamos.
Tales posiciones desvirtúan el objetivo de la estimación del costo. La experiencia muestra que en términos de la planeación económica es deseable contar con una cifra, a partir de la cual se pueda evaluar cómo se van a allegar esos recursos, cuál sería el plazo razonable de implementación de las políticas, y cuáles serían los programas y políticas prioritarios para la asignación de los presupuestos.
No es deseable generalizar posiciones como la de Francisco de Roux, quien, basado en su experiencia de trabajo con comunidades en zonas de conflicto, concluye que no debería haber asignaciones previas de recursos: “Es un error definir ex ante la cantidad de dinero que se va a asignar a un territorio, pues entre otras cosas, crea una rapiña política y social que rompe el proceso” (Tribuna, 2016; p. 19).
Sin demeritar que en algunos programas específicos se podría utilizar tal método a fin de controlar la corrupción, en el caso del postconflicto se trata de cifras cuantiosas y se requiere de cálculos detallados de los costos para acceder a cualquiera de las vías de financiación disponibles.
Pero, como no se cuenta con un inventario completo de los rubros que generarán compromisos de gasto, tampoco se puede valorar con precisión el costo. Además, tampoco hay claridad sobre la duración del postconflicto, lo que hace más difícil ese cálculo.
En una conferencia en marzo de 2015 el Ministro de Hacienda señaló: “la verdad es que no hay una cifra de cuál va a ser el costo del post-conflicto simple y llanamente… porque todo dependerá de cómo se logra ese acuerdo en las negociaciones de paz y esas negociaciones no han concluido” (Cárdenas, 2015).
También señaló el ministro que no es un costo único en un momento del tiempo: “El país seguramente va a tomarse un tiempo en implementar estos acuerdos, el post-conflicto lo vamos a tener que medir, en lustros, o en décadas porque no va a ser una transición inmediata”.
Por estas razones, las cifras que han lanzado diversos analistas se mueven en un rango amplio tanto de tiempo como de costo: Al Presidente Santos se le atribuye la cifra de $54 billones en reparación, en un periodo de 10 años (Semana, 2014). Para un periodo similar, Juan Camilo Restrepo calcula entre $80 y $100 billones solo para la zona rural. Fedesarrollo señala $80 billones; el Bank of America $187 billones, la firma Raddar $200 billones. Para un periodo de 20 años, la senadora Claudia López estima la cifra en $312 billones (Semana, 2014 y El Universal, 2015). Por último, el costo estimado para poner en marcha las recomendaciones de la Misión Rural, que están muy en la línea del primer punto de los acuerdos de La Habana, asciende a $195 billones, según el DNP en 15 años (Portafolio 2016).
Como ya se anotó, la dificultad con esas cifras es que no diferencian los programas de desarrollo ya financiados, los programas sectoriales adicionales y los gastos realmente nuevos que nacen del proceso de paz.
Hay casos como el de la reparación de víctimas, por ejemplo, que en aplicación de la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), ya cuenta con recursos del presupuesto y con avances en la solución del problema, como lo señaló el Ministro Cárdenas en la conferencia mencionada. De esta forma, el gasto nuevo que se derivaría de los acuerdos de La Habana por este concepto sería menor a lo que inicialmente se podría pensar.
Pero hay otros que surgen de las negociaciones, sobre los que aún no hay estimaciones o ellas son muy imprecisas. Es el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, que implicará vincular entre 1.600 y 3.000 funcionarios y podría tener un costo cercano a los dos billones de pesos; sin embargo, no se conoce cuál es la metodología de estimación de ese costo, ni el periodo de tiempo que se supone estará vigente esta Jurisdicción.
Algo similar ocurre con el tema de la desmovilización. Se habla de zonas de concentración, que podrían ser ocho, si prima la tesis del Gobierno, o 60 si se aplica la de las Farc. El problema es que habría que garantizar la financiación de los consumos básicos de alrededor de 36.000 desmovilizados (sumando los guerrilleros armados y los grupos de apoyo logístico) por un tiempo indefinido.
Fuentes de recursos
Las estimaciones mencionadas están en un rango entre 0.6% y 2% del PIB por año; aun cuando no se tiene la precisión deseada, se debe ir evaluando la forma de financiarlos. Hay tres fuentes básicas para hacerlo y, dadas las circunstancias, se tendrá que acudir a todas ellas.
La primera es el Presupuesto General de la Nación. Una posibilidad teórica es el aumento de la tributación; en la realidad hay poco margen para esta fuente, pues la reforma tributaria estructural que se está preparando, además de redistribuir la carga entre empresas y personas naturales, espera recaudar 2% del PIB con el fin de compensar la desaparición de la renta petrolera; un 1% adicional que requiere el Gobierno se deberá financiar con deuda.
La otra posibilidad es la re-priorización del gasto. Esta será la opción a la que acudirá el Gobierno, pero hay limitaciones como lo demuestran varias decisiones recientes. En el Pipe 2.0 se reorientaron recursos por cerca de $17 billones y los programas de austeridad de 2015 y 2016 recortaron básicamente recursos de inversión, porque los gastos de funcionamiento no son flexibles.
La segunda son los recursos de la cooperación internacional. Aquí la pregunta es qué tan dispuestos están los organismos internacionales a apoyar financieramente a Colombia, que no es un país pobre y en el que, hasta hace poco, en los escenarios internacionales se negaba la existencia de un conflicto.
Según Rodríguez (2016, p. 2), “El problema es que presentar los éxitos de Colombia como país emergente, candidato a la OCDE y graduado como país de renta media, se conjuga con dificultad con la necesidad de buscar recursos para financiar el postconflicto. En la última década la cooperación para el desarrollo ha ido retirándose de los países de renta media y de las regiones menos “problemáticas”, para concentrarse en los focos de tensión de la actualidad en Asia, África y la cuenca del Mediterráneo”.
Adicionalmente, regiones como la Unión Europea se han visto forzadas a utilizar ingentes recursos en la contención y solución del problema migratorio, disminuyendo las disponibilidades para apoyar procesos como el del postconflicto en Colombia.
Por último, están los créditos con organismos multilaterales en condiciones preferenciales. Esta fuente tiene alta probabilidad, por la tradición de cumplimiento de las obligaciones financieras que tiene el país, y por el prestigio de seriedad en el manejo macroeconómico.
Pero puede haber una restricción en el creciente endeudamiento que tiene el país. Según el exministro Alberto Carrasquilla (2016) “la deuda bruta del gobierno viene subiendo de manera gradual pero sostenida desde 2012 y ya supera el 53 por ciento del PIB. Esta es la más alta de la historia moderna si se incluyen los 11 puntos del PIB que habían sido emitidos hasta abril de 2015 bajo la figura igualmente onerosa de las vigencias futuras”.
En la coyuntura reciente las calificadoras y los analistas internacionales están haciendo un cuidadoso seguimiento de la situación fiscal y de la cuenta corriente de las economías emergentes. Por lo tanto, la posibilidad de uso de esta fuente estará en función del trámite de la reforma tributaria estructural y del ajuste que se pueda dar en la cuenta corriente.
Colofón
Se debe reiterar que la cuantificación de los costos del postconflicto no se puede interpretar como un dilema entre guerra y paz. La construcción de buenas decisiones económicas pasa por tener un alto grado de certeza sobre las magnitudes de las variables sobre las que se pretende incidir y ese es el objetivo de la medición.
De lo expuesto se colige que aún hay mucho que hacer en materia de cuantificación de los costos del postconflicto. Si bien es cierto que las negociaciones no han terminado, hay puntos acordados sobre los que debería existir ya una discriminación de gastos por tareas nuevas que surgen de los acuerdos, gastos nuevos en políticas de desarrollo económico y social, y gastos en programas ya incorporados en el presupuesto general de la nación.
Solo de esa forma se podrán definir las estrategias más realistas de financiación y evitar que la insuficiencia de recursos se convierta en un cuello de botella para la implementación de los acuerdos de paz.
Bibliografía
Brown, G.; Langer, A.; y Steward, F. (2011). “A Typology of Post-Conflict Environments”. CRPD Working Paper No. 1. Centre for Research on Peace and Development, University of Leuven, Belgium.
Cárdenas, M. (2015). “Análisis de los posibles costos del post-conflicto”. Transcripción de la conferencia en el foro “Análisis de los posibles costos del post-conflicto”, organizado por la Universidad del Rosario y el Consejo Nacional Profesional de Economía, en Bogotá. Marzo.
Carrasquilla, A. (25 de enero de 2016). “El ajuste fiscal ¿Por qué y cómo?”. Razón Pública. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/9176-el-ajuste-fiscal-por-que-y-como.html.
Departamento Nacional de Planeación (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Bogotá.
El Universal (21 de octubre de 2015). “Lo que podría costarle el posconflicto a Colombia”. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/lo-que-podria-costarle-el-posconflicto-colombia-209052.
Portafolio (12 de abril de 2016). “Poner en marcha la Misión Rural cuesta $195 millones”. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/mision-rural-cuesta-195-billones-493853.
Rodríguez, E. (2016). “El papel de la comunidad internacional tras la firma de los acuerdos de paz en Colombia”. ARI 12/2016. Real Instituto Elcano. Madrid.
Semana (11 de noviembre de 2014). “Las cuentas del posconflicto no dan”. Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuentas-del-posconflicto-no-dan/408351-3.
Tribuna (2016). “Cuáles son las grandes necesidades del gasto del posconflicto”. Tribuna Revista de Asuntos Públicos, No. 12, febrero. Universidad de los Andes.
Aun cuando no se cumplió la fecha del 23 de marzo para el cierre de las negociaciones de La Habana, se mantiene la esperanza de alcanzar el objetivo en el corto plazo. De ahí que haya tomado nueva fuerza el debate en torno a diversos aspectos del postconflicto, incluido el de la financiación.
En este artículo se revisan algunos aspectos que muestran la dificultad de aterrizar el tema, mientras no se precise con mayor detalle lo que se consideran costos del postconflicto para los que se requiere financiación, y que no fueron previstos ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria.
Concepto difícil
No deja de llamar la atención de los analistas nacionales e internacionales el hecho de que se esté hablando del postconflicto, como si la negociación ya hubiera terminado.
“La palabra postconflicto se ha instalado en el lenguaje oficial y en la diplomacia colombiana, lo cual no deja de ser una paradoja teniendo en cuenta que a… [pocos] meses de la fecha límite para la firma del acuerdo aún no se ha efectuado un cese al fuego bilateral. En este sentido, la diplomacia y el discurso público colombianos parecen excesivamente optimistas al dar ya por saldada la consecución de la paz en el país” (Rodríguez 2016; p. 2).
Esto plantea un primer interrogante sobre lo que se debe entender por posconflicto. Según los especialistas, en el caso de conflictos internos no es fácil llegar a una definición de consenso: “Las hostilidades normalmente no se terminan bruscamente, para dar paso inmediato a la paz. Es posible que haya una "paz" acordada, pero que la lucha continúe, a menudo en un nivel bajo o de forma esporádica…” (Brown, et al 2011; p. 4).
Brown, et al (2011) sugieren que, en lugar de intentar una definición, se deberían tener en cuenta unos hitos básicos para determinar si un país está en la etapa del postconflicto. Esos hitos son la cesación de hostilidades y de la violencia; la firma de un acuerdo de paz; la desmovilización, desarme y reintegración; el retorno de desplazados y refugiados; el establecimiento de un Estado que funcione (reducción de la impunidad, fortalecimiento del estado de derecho y reducción de la corrupción, entre otros); el logro de la reconciliación y la integración social; y la recuperación de la economía.
Las medidas del postconflicto no necesariamente deben iniciarse al terminar el conflicto, pues cabe, e incluso es deseable, la opción de iniciarlas antes: “Por ejemplo, las políticas y programas para mejorar las condiciones socioeconómicas de los católicos en Irlanda del Norte, incluyendo una legislación laboral justa y el acceso a la vivienda pública, fueron llevadas a cabo durante la década de 1980, incluso mientras los "problemas" estaban todavía en curso, y, efectivamente, hicieron que la población católica estuviera más predispuesta a la paz” (Brown, et al 2011; p. 5).
A la luz de esta propuesta, Colombia apenas estaría cerca del primer hito, pues por ahora solo hay una decisión unilateral de la guerrilla de suspender las hostilidades. Ese enfoque también justificaría por qué se viene discutiendo sobre el postconflicto desde hace varios años y, más aun, por qué el Gobierno afirma que ya está haciendo gastos asociados al postconflicto. Según el Ministro de Hacienda, en el presupuesto general de la Nación de 2015 se destinaron recursos por $7.9 billones para atención, asistencia y reparación de víctimas (Cárdenas, 2015).
¿Qué abarca el postconflicto?
En ese contexto adquieren mayor vigencia las preguntas claves sobre el post-conflicto: ¿Qué actividades se involucran en ese concepto? ¿Cuánto durará? ¿Cuál es su costo? ¿Cómo se financiará?
Mucho se ha debatido y especulado sobre estos aspectos, pero nadie tiene una respuesta sólida. Para muchos, lo acordado en el primer punto de la negociación implica que el desarrollo agropecuario es un componente del postconflicto.
De igual forma, en el Plan Nacional de Desarrollo se vinculan al postconflicto programas de construcción de vías, de actividad física y deporte, de infraestructura de seguridad, y de oferta de salud, entre otros (DNP 2015).
Los analistas también mencionan temas que están relacionados de forma más directa: la reparación de víctimas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, las zonas de concentración, y la Jurisdicción Especial para la Paz, conformada por magistrados nacionales y extranjeros.
La realidad es que buena parte de los compromisos de las negociaciones consisten en la implementación de las políticas de desarrollo, que se tienen que hacer con o sin postconflicto; en algunos casos, como el de los derechos de propiedad sobre la tierra, son tareas que se han aplazado por décadas.
Por consiguiente, es importante la tarea de depurar el listado de actividades consideradas como parte del posconflicto, separando aquellas que son componentes de una política de desarrollo económico y social, de aquellas que son parte integral del proceso de paz. Entre las primeras, también es necesario discriminar las que ya cuentan con asignación de recursos en el presupuesto nacional de las que demandan recursos nuevos. Mientras no haya esa precisión, será difícil para la sociedad entender las verdaderas dimensiones del postconflicto y más aún la magnitud de los costos que se deben asumir.
¿Cuánto cuesta el postconflicto?
Cabe preguntarse por qué es importante cuantificar el costo del postconflicto, pues hay analistas que piensan que el interrogante puede llevar a un debate absurdo: si el costo es muy alto, es mejor seguir como estamos.
Tales posiciones desvirtúan el objetivo de la estimación del costo. La experiencia muestra que en términos de la planeación económica es deseable contar con una cifra, a partir de la cual se pueda evaluar cómo se van a allegar esos recursos, cuál sería el plazo razonable de implementación de las políticas, y cuáles serían los programas y políticas prioritarios para la asignación de los presupuestos.
No es deseable generalizar posiciones como la de Francisco de Roux, quien, basado en su experiencia de trabajo con comunidades en zonas de conflicto, concluye que no debería haber asignaciones previas de recursos: “Es un error definir ex ante la cantidad de dinero que se va a asignar a un territorio, pues entre otras cosas, crea una rapiña política y social que rompe el proceso” (Tribuna, 2016; p. 19).
Sin demeritar que en algunos programas específicos se podría utilizar tal método a fin de controlar la corrupción, en el caso del postconflicto se trata de cifras cuantiosas y se requiere de cálculos detallados de los costos para acceder a cualquiera de las vías de financiación disponibles.
Pero, como no se cuenta con un inventario completo de los rubros que generarán compromisos de gasto, tampoco se puede valorar con precisión el costo. Además, tampoco hay claridad sobre la duración del postconflicto, lo que hace más difícil ese cálculo.
En una conferencia en marzo de 2015 el Ministro de Hacienda señaló: “la verdad es que no hay una cifra de cuál va a ser el costo del post-conflicto simple y llanamente… porque todo dependerá de cómo se logra ese acuerdo en las negociaciones de paz y esas negociaciones no han concluido” (Cárdenas, 2015).
También señaló el ministro que no es un costo único en un momento del tiempo: “El país seguramente va a tomarse un tiempo en implementar estos acuerdos, el post-conflicto lo vamos a tener que medir, en lustros, o en décadas porque no va a ser una transición inmediata”.
Por estas razones, las cifras que han lanzado diversos analistas se mueven en un rango amplio tanto de tiempo como de costo: Al Presidente Santos se le atribuye la cifra de $54 billones en reparación, en un periodo de 10 años (Semana, 2014). Para un periodo similar, Juan Camilo Restrepo calcula entre $80 y $100 billones solo para la zona rural. Fedesarrollo señala $80 billones; el Bank of America $187 billones, la firma Raddar $200 billones. Para un periodo de 20 años, la senadora Claudia López estima la cifra en $312 billones (Semana, 2014 y El Universal, 2015). Por último, el costo estimado para poner en marcha las recomendaciones de la Misión Rural, que están muy en la línea del primer punto de los acuerdos de La Habana, asciende a $195 billones, según el DNP en 15 años (Portafolio 2016).
Como ya se anotó, la dificultad con esas cifras es que no diferencian los programas de desarrollo ya financiados, los programas sectoriales adicionales y los gastos realmente nuevos que nacen del proceso de paz.
Hay casos como el de la reparación de víctimas, por ejemplo, que en aplicación de la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), ya cuenta con recursos del presupuesto y con avances en la solución del problema, como lo señaló el Ministro Cárdenas en la conferencia mencionada. De esta forma, el gasto nuevo que se derivaría de los acuerdos de La Habana por este concepto sería menor a lo que inicialmente se podría pensar.
Pero hay otros que surgen de las negociaciones, sobre los que aún no hay estimaciones o ellas son muy imprecisas. Es el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, que implicará vincular entre 1.600 y 3.000 funcionarios y podría tener un costo cercano a los dos billones de pesos; sin embargo, no se conoce cuál es la metodología de estimación de ese costo, ni el periodo de tiempo que se supone estará vigente esta Jurisdicción.
Algo similar ocurre con el tema de la desmovilización. Se habla de zonas de concentración, que podrían ser ocho, si prima la tesis del Gobierno, o 60 si se aplica la de las Farc. El problema es que habría que garantizar la financiación de los consumos básicos de alrededor de 36.000 desmovilizados (sumando los guerrilleros armados y los grupos de apoyo logístico) por un tiempo indefinido.
Fuentes de recursos
Las estimaciones mencionadas están en un rango entre 0.6% y 2% del PIB por año; aun cuando no se tiene la precisión deseada, se debe ir evaluando la forma de financiarlos. Hay tres fuentes básicas para hacerlo y, dadas las circunstancias, se tendrá que acudir a todas ellas.
La primera es el Presupuesto General de la Nación. Una posibilidad teórica es el aumento de la tributación; en la realidad hay poco margen para esta fuente, pues la reforma tributaria estructural que se está preparando, además de redistribuir la carga entre empresas y personas naturales, espera recaudar 2% del PIB con el fin de compensar la desaparición de la renta petrolera; un 1% adicional que requiere el Gobierno se deberá financiar con deuda.
La otra posibilidad es la re-priorización del gasto. Esta será la opción a la que acudirá el Gobierno, pero hay limitaciones como lo demuestran varias decisiones recientes. En el Pipe 2.0 se reorientaron recursos por cerca de $17 billones y los programas de austeridad de 2015 y 2016 recortaron básicamente recursos de inversión, porque los gastos de funcionamiento no son flexibles.
La segunda son los recursos de la cooperación internacional. Aquí la pregunta es qué tan dispuestos están los organismos internacionales a apoyar financieramente a Colombia, que no es un país pobre y en el que, hasta hace poco, en los escenarios internacionales se negaba la existencia de un conflicto.
Según Rodríguez (2016, p. 2), “El problema es que presentar los éxitos de Colombia como país emergente, candidato a la OCDE y graduado como país de renta media, se conjuga con dificultad con la necesidad de buscar recursos para financiar el postconflicto. En la última década la cooperación para el desarrollo ha ido retirándose de los países de renta media y de las regiones menos “problemáticas”, para concentrarse en los focos de tensión de la actualidad en Asia, África y la cuenca del Mediterráneo”.
Adicionalmente, regiones como la Unión Europea se han visto forzadas a utilizar ingentes recursos en la contención y solución del problema migratorio, disminuyendo las disponibilidades para apoyar procesos como el del postconflicto en Colombia.
Por último, están los créditos con organismos multilaterales en condiciones preferenciales. Esta fuente tiene alta probabilidad, por la tradición de cumplimiento de las obligaciones financieras que tiene el país, y por el prestigio de seriedad en el manejo macroeconómico.
Pero puede haber una restricción en el creciente endeudamiento que tiene el país. Según el exministro Alberto Carrasquilla (2016) “la deuda bruta del gobierno viene subiendo de manera gradual pero sostenida desde 2012 y ya supera el 53 por ciento del PIB. Esta es la más alta de la historia moderna si se incluyen los 11 puntos del PIB que habían sido emitidos hasta abril de 2015 bajo la figura igualmente onerosa de las vigencias futuras”.
En la coyuntura reciente las calificadoras y los analistas internacionales están haciendo un cuidadoso seguimiento de la situación fiscal y de la cuenta corriente de las economías emergentes. Por lo tanto, la posibilidad de uso de esta fuente estará en función del trámite de la reforma tributaria estructural y del ajuste que se pueda dar en la cuenta corriente.
Colofón
Se debe reiterar que la cuantificación de los costos del postconflicto no se puede interpretar como un dilema entre guerra y paz. La construcción de buenas decisiones económicas pasa por tener un alto grado de certeza sobre las magnitudes de las variables sobre las que se pretende incidir y ese es el objetivo de la medición.
De lo expuesto se colige que aún hay mucho que hacer en materia de cuantificación de los costos del postconflicto. Si bien es cierto que las negociaciones no han terminado, hay puntos acordados sobre los que debería existir ya una discriminación de gastos por tareas nuevas que surgen de los acuerdos, gastos nuevos en políticas de desarrollo económico y social, y gastos en programas ya incorporados en el presupuesto general de la nación.
Solo de esa forma se podrán definir las estrategias más realistas de financiación y evitar que la insuficiencia de recursos se convierta en un cuello de botella para la implementación de los acuerdos de paz.
Bibliografía
Brown, G.; Langer, A.; y Steward, F. (2011). “A Typology of Post-Conflict Environments”. CRPD Working Paper No. 1. Centre for Research on Peace and Development, University of Leuven, Belgium.
Cárdenas, M. (2015). “Análisis de los posibles costos del post-conflicto”. Transcripción de la conferencia en el foro “Análisis de los posibles costos del post-conflicto”, organizado por la Universidad del Rosario y el Consejo Nacional Profesional de Economía, en Bogotá. Marzo.
Carrasquilla, A. (25 de enero de 2016). “El ajuste fiscal ¿Por qué y cómo?”. Razón Pública. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/9176-el-ajuste-fiscal-por-que-y-como.html.
Departamento Nacional de Planeación (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Bogotá.
El Universal (21 de octubre de 2015). “Lo que podría costarle el posconflicto a Colombia”. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/lo-que-podria-costarle-el-posconflicto-colombia-209052.
Portafolio (12 de abril de 2016). “Poner en marcha la Misión Rural cuesta $195 millones”. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/mision-rural-cuesta-195-billones-493853.
Rodríguez, E. (2016). “El papel de la comunidad internacional tras la firma de los acuerdos de paz en Colombia”. ARI 12/2016. Real Instituto Elcano. Madrid.
Semana (11 de noviembre de 2014). “Las cuentas del posconflicto no dan”. Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuentas-del-posconflicto-no-dan/408351-3.
Tribuna (2016). “Cuáles son las grandes necesidades del gasto del posconflicto”. Tribuna Revista de Asuntos Públicos, No. 12, febrero. Universidad de los Andes.
Vivir con US$2 diarios y ahorrar
miércoles, 22 de agosto de 2012
Publicado en la edición No. 54 de la Revista Misión Pyme, agosto de 2012
La definición internacional de pobreza adoptada por el Banco Mundial corresponde a personas que viven con menos de US$2 diarios y la de pobreza extrema a las que viven con menos de US$1.25 diarios.
A primera vista parece absurdo que eso pueda ser posible. Pero las estimaciones más recientes del Banco Mundial indican que en 2008 había 2.470 millones de pobres en el mundo y 7.2 millones en Colombia (en 2010); de ellas, estaban en pobreza extrema 1.290 millones y 3.7 millones, respectivamente.
Con ese criterio, una familia colombiana de cuatro personas con un solo ingreso, se clasifica como pobre si recibe menos de $432.000 por mes y pobre extrema si percibe menos de $216.000 mensuales. Se trata de ingresos inferiores al salario mínimo ($566.700).
Cuesta trabajo creer que una persona pueda siquiera alimentarse con semejantes ingresos, de forma que resulta descabellada la pregunta de si, además, puede ahorrar… Pero la respuesta es: ¡sí!
Así lo evidencia una investigación de Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford y Orlanda Ruthven realizada en Bangladesh, India y Suráfrica y publicada en el libro “Las finanzas de los pobres. Cómo viven los pobres del mundo con dos dólares al día”.
Observaron los autores que los ingresos pueden ser en promedio de dos dólares diarios por persona, pero en la realidad son muy inestables; así como hay días en que perciben una cifra superior, hay otros en que no perciben nada. Esto hace obligatorio el ahorro, para poder cubrir las necesidades básicas de la familia cada día y reducir el riesgo de pasar hambre. Y en ese contexto, tanto la retención de parte de los ingresos diarios, como el endeudamiento, se consideran ahorro.
Así lo señalan Collins y sus colegas: “tanto al pedir como al hacer préstamos, las familias han descubierto formas de lidiar con las fuerzas económicas, psicológicas y sociales que hacen que sea tan complicado reunir sumas considerables de dinero…. Si eres pobre, pedir prestado puede ser la forma más rápida de ahorrar”.
La investigación comprobó que aun en esos niveles de pobreza se utilizan múltiples instrumentos con el fin de allegar los recursos necesarios para costear un tratamiento médico, un funeral, la boda de una hija, o la entrada de los hijos al colegio. Cualquiera de esos gastos representa sumas enormes para la escala de ingresos.
Los autores documentan un caso en Suráfrica de una persona que recibía una pensión de US$115, con la cual se mantenían cinco personas; cuando murió tenía una deuda de US$108 con un tendero, contraída para pagar los gastos médicos. En esas circunstancias la familia tuvo que afrontar los costos del funeral que ascendieron a US$2.400; un poco más del 50% fue cubierto con seguros funerarios y sociedades de ahorros que tenía la difunta en su “cartera financiera”.
Las carteras financieras de los pobres son más complejas de lo que se cree: ahorro en efectivo en casa, dinero “depositado” con vecinos, “natilleras” o cadenas, pago a particulares por recaudar ahorro diario, depósitos en microfinancieras, préstamos sin intereses por vecinos o familiares, microcréditos, deuda con tenderos, créditos con agiotistas, seguros funerarios, compra de joyas, y préstamo de alimentos con vecinos, entre otros.
Estos conocimientos ayudarán a entender mejor cómo sobreviven tantos seres humanos con tan exiguos recursos y cómo afinar los instrumentos que se diseñen para combatir la pobreza.
La definición internacional de pobreza adoptada por el Banco Mundial corresponde a personas que viven con menos de US$2 diarios y la de pobreza extrema a las que viven con menos de US$1.25 diarios.
A primera vista parece absurdo que eso pueda ser posible. Pero las estimaciones más recientes del Banco Mundial indican que en 2008 había 2.470 millones de pobres en el mundo y 7.2 millones en Colombia (en 2010); de ellas, estaban en pobreza extrema 1.290 millones y 3.7 millones, respectivamente.
Con ese criterio, una familia colombiana de cuatro personas con un solo ingreso, se clasifica como pobre si recibe menos de $432.000 por mes y pobre extrema si percibe menos de $216.000 mensuales. Se trata de ingresos inferiores al salario mínimo ($566.700).
Cuesta trabajo creer que una persona pueda siquiera alimentarse con semejantes ingresos, de forma que resulta descabellada la pregunta de si, además, puede ahorrar… Pero la respuesta es: ¡sí!
Así lo evidencia una investigación de Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford y Orlanda Ruthven realizada en Bangladesh, India y Suráfrica y publicada en el libro “Las finanzas de los pobres. Cómo viven los pobres del mundo con dos dólares al día”.
Observaron los autores que los ingresos pueden ser en promedio de dos dólares diarios por persona, pero en la realidad son muy inestables; así como hay días en que perciben una cifra superior, hay otros en que no perciben nada. Esto hace obligatorio el ahorro, para poder cubrir las necesidades básicas de la familia cada día y reducir el riesgo de pasar hambre. Y en ese contexto, tanto la retención de parte de los ingresos diarios, como el endeudamiento, se consideran ahorro.
Así lo señalan Collins y sus colegas: “tanto al pedir como al hacer préstamos, las familias han descubierto formas de lidiar con las fuerzas económicas, psicológicas y sociales que hacen que sea tan complicado reunir sumas considerables de dinero…. Si eres pobre, pedir prestado puede ser la forma más rápida de ahorrar”.
La investigación comprobó que aun en esos niveles de pobreza se utilizan múltiples instrumentos con el fin de allegar los recursos necesarios para costear un tratamiento médico, un funeral, la boda de una hija, o la entrada de los hijos al colegio. Cualquiera de esos gastos representa sumas enormes para la escala de ingresos.
Los autores documentan un caso en Suráfrica de una persona que recibía una pensión de US$115, con la cual se mantenían cinco personas; cuando murió tenía una deuda de US$108 con un tendero, contraída para pagar los gastos médicos. En esas circunstancias la familia tuvo que afrontar los costos del funeral que ascendieron a US$2.400; un poco más del 50% fue cubierto con seguros funerarios y sociedades de ahorros que tenía la difunta en su “cartera financiera”.
Las carteras financieras de los pobres son más complejas de lo que se cree: ahorro en efectivo en casa, dinero “depositado” con vecinos, “natilleras” o cadenas, pago a particulares por recaudar ahorro diario, depósitos en microfinancieras, préstamos sin intereses por vecinos o familiares, microcréditos, deuda con tenderos, créditos con agiotistas, seguros funerarios, compra de joyas, y préstamo de alimentos con vecinos, entre otros.
Estos conocimientos ayudarán a entender mejor cómo sobreviven tantos seres humanos con tan exiguos recursos y cómo afinar los instrumentos que se diseñen para combatir la pobreza.
Financiación para crecer
jueves, 17 de mayo de 2012
Publicado en la revista MisiónPyme No. 51 de abril de 2012
En los años recientes la oferta de financiación para las empresas viene cambiando en Colombia. Esta es una tendencia importante, porque el acceso al capital es uno de los obstáculos principales para el crecimiento empresarial y para el desarrollo económico.
Hasta comienzos del presente siglo las opciones de financiación para las empresas estaban limitadas al crédito del sector financiero y al acceso del mercado de capitales. La literatura académica evidencia una relación directa entre la magnitud relativa de estos mercados y el desarrollo económico. Pero en el caso colombiano ambos son de un tamaño reducido.
El sector financiero se redujo con la crisis financiera de mediados de los noventa y apenas ahora está llegando al nivel que tenía hacia 1997. El Banco de la República calcula que el indicador de profundización financiera (cartera bruta/PIB) en diciembre de 2010 fue 32.9%, que es bajo en el contexto internacional.
El mercado de capitales también es pequeño en términos relativos. El número de empresas que cotizan es reducido y la emisión de bonos se restringe a empresas de gran tamaño. En esto pesan factores culturales, pues los empresarios tradicionales son poco proclives a la emisión de acciones y prefieren el crédito bancario.
Esto repercute en un exceso de demanda de crédito del sector financiero y el acceso queda limitado a la “crema” de las empresas. El resto se ve constreñido al uso de recursos propios y a caer en las redes de los agiotistas, lo que frena su velocidad de desarrollo.
Consciente de la importancia de derribar los obstáculos a la financiación, el gobierno viene trabajando en el entorno para el desarrollo de nuevos vehículos financieros, que permitan a las empresas tener una estructura de capital más diversificada.
En esa línea, se dio un giro en la operación de Bancoldex dejando su especialización en la financiación de los exportadores, para enfocarse más en las pymes. Ahora está avanzando hacia su estructuración como banco de desarrollo con nuevas funciones para el fomento del emprendimiento y la innovación.
Otro paso importante fue el programa Bancoldex Capital, mediante el cual se está conformando en Colombia la industria de fondos de capital privado. Ellos adquieren parte de la propiedad de una empresa ya constituida; esa inyección de capital más el acompañamiento gerencial aceleran el crecimiento. Una vez logrado ese objetivo, salen de la inversión, promoviendo la entrada de la empresa a bolsa o vendiendo la parte al socio o a otro inversionista.
Para el caso de las microempresas se desarrolló el programa de Banca de las Oportunidades. Este no sólo repercute en el aumento de los niveles de bancarización del país, sino que brinda recursos para mejorar las condiciones de vida de las familias que dependen de microempresas de subsistencia, alejándolas del fatídico gota a gota.
Actualmente se está trabajando en el fortalecimiento de las redes de ángeles inversionistas y la creación de fondos de capital semilla. Estos se enfocan en actividades empresariales que están en sus primeras fases de desarrollo y son, por lo tanto, de mayor riesgo.
Esta es una panorámica general, que demanda una exposición y evaluación más detallada de cada vehículo financiero. Pero queda claro que de cara al siglo XXI los empresarios colombianos contarán con mayores posibilidades de superar el obstáculo de la financiación y tendrán mejores condiciones para crecer sus empresas.
En los años recientes la oferta de financiación para las empresas viene cambiando en Colombia. Esta es una tendencia importante, porque el acceso al capital es uno de los obstáculos principales para el crecimiento empresarial y para el desarrollo económico.
Hasta comienzos del presente siglo las opciones de financiación para las empresas estaban limitadas al crédito del sector financiero y al acceso del mercado de capitales. La literatura académica evidencia una relación directa entre la magnitud relativa de estos mercados y el desarrollo económico. Pero en el caso colombiano ambos son de un tamaño reducido.
El sector financiero se redujo con la crisis financiera de mediados de los noventa y apenas ahora está llegando al nivel que tenía hacia 1997. El Banco de la República calcula que el indicador de profundización financiera (cartera bruta/PIB) en diciembre de 2010 fue 32.9%, que es bajo en el contexto internacional.
El mercado de capitales también es pequeño en términos relativos. El número de empresas que cotizan es reducido y la emisión de bonos se restringe a empresas de gran tamaño. En esto pesan factores culturales, pues los empresarios tradicionales son poco proclives a la emisión de acciones y prefieren el crédito bancario.
Esto repercute en un exceso de demanda de crédito del sector financiero y el acceso queda limitado a la “crema” de las empresas. El resto se ve constreñido al uso de recursos propios y a caer en las redes de los agiotistas, lo que frena su velocidad de desarrollo.
Consciente de la importancia de derribar los obstáculos a la financiación, el gobierno viene trabajando en el entorno para el desarrollo de nuevos vehículos financieros, que permitan a las empresas tener una estructura de capital más diversificada.
En esa línea, se dio un giro en la operación de Bancoldex dejando su especialización en la financiación de los exportadores, para enfocarse más en las pymes. Ahora está avanzando hacia su estructuración como banco de desarrollo con nuevas funciones para el fomento del emprendimiento y la innovación.
Otro paso importante fue el programa Bancoldex Capital, mediante el cual se está conformando en Colombia la industria de fondos de capital privado. Ellos adquieren parte de la propiedad de una empresa ya constituida; esa inyección de capital más el acompañamiento gerencial aceleran el crecimiento. Una vez logrado ese objetivo, salen de la inversión, promoviendo la entrada de la empresa a bolsa o vendiendo la parte al socio o a otro inversionista.
Para el caso de las microempresas se desarrolló el programa de Banca de las Oportunidades. Este no sólo repercute en el aumento de los niveles de bancarización del país, sino que brinda recursos para mejorar las condiciones de vida de las familias que dependen de microempresas de subsistencia, alejándolas del fatídico gota a gota.
Actualmente se está trabajando en el fortalecimiento de las redes de ángeles inversionistas y la creación de fondos de capital semilla. Estos se enfocan en actividades empresariales que están en sus primeras fases de desarrollo y son, por lo tanto, de mayor riesgo.
Esta es una panorámica general, que demanda una exposición y evaluación más detallada de cada vehículo financiero. Pero queda claro que de cara al siglo XXI los empresarios colombianos contarán con mayores posibilidades de superar el obstáculo de la financiación y tendrán mejores condiciones para crecer sus empresas.
Las mejores mipymes
miércoles, 30 de diciembre de 2009
Publicado en el diario La República el 3 de julio de 2008
La financiación es un obstáculo que impide el desarrollo de las mipymes. El problema está relacionado con dos aspectos: el reducido tamaño del sector financiero y la inexistencia de instituciones especializadas en los altos riesgos implícitos en la orientación de recursos hacia empresas nuevas.
La literatura económica ha demostrado la correlación que existe entre el tamaño del sector financiero y el potencial de desarrollo de un país. De ahí se han derivado muchas políticas para impulsar el desarrollo del sistema bancario y del mercado de capitales.
Menor interés se ha puesto en el desarrollo de fondos de capital de riesgo y otras instituciones que ofrecen capital a las empresas en sus primeras etapas de crecimiento.
Consciente de estos hechos, el gobierno viene implementando las políticas que permitan ampliar y diversificar la oferta de financiación para las mipymes. Entre ellas sobresale la orientada al establecimiento de un entorno adecuado para la creación del sector de fondos de capital privado; se espera que en una etapa posterior, surja el segmento de fondos de capital de riesgo.
Pero también es importante adelantar labores desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué pasa si crecen los recursos disponibles y no hay quién los demande? ¿O si hay empresas que demandan los recursos pero no cumplen con los requisitos que exigen las instituciones especializadas?
Con el propósito de avanzar en el componente de demanda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con el diario La República y Acopi, está construyendo un indicador de las mejores mipymes del país. El indicador es un ranking de las 50 empresas jóvenes –definidas como aquellas de menos de 20 años de edad– con mayor crecimiento en las ventas durante los últimos cuatro años, independientemente de su sector de actividad. El supuesto implícito es que ellas están ubicadas en un nicho de mercado de alto crecimiento y que son competitivas, dado que mantienen su ritmo de crecimiento en el periodo de análisis. También es evidente que en las empresas que tienen estas características la financiación es una variable crítica.
Puesto que uno de los requisitos para formar parte del índice es la manifestación expresa del interés en recibir recursos de fondos de inversión, se cumple con el objetivo de hacer visibles para esas instituciones al grupo de las mejores mipymes del país.
Los fondos de inversión hacen aportes de capital a las empresas, ampliando su patrimonio. La ventaja de esta forma de vinculación es que no afectan el flujo de caja, como lo hace un préstamo tradicional, y aumentan el potencial de crecimiento de la empresa. Además, le permite a las empresas aprovechar aún más la ventaja de estar en un nicho de mercado dinámico.
Usualmente los fondos de inversión mantienen su participación en las empresas alrededor de cinco años. Consideran que ese tiempo es suficiente para apalancar el crecimiento y la valorización, lo que les permite realizar sus ganancias, bien sea mediante la venta al empresario o a otro inversionista o, en el mejor de los casos, emitiendo acciones en el mercado de capitales. Queda al final una empresa más grande, aprestigiada, con mayores opciones de financiación y con facilidad de acceso al mercado de capitales.
Son grandes las ventajas de tener una mayor diversificación en las fuentes de capital a que pueden acceder todos los sectores de la actividad económica. Y la economía se beneficia porque mejoran el potencial de crecimiento de las empresas y su contribución al incremento del PIB y a la generación de empleos formales. Colombia necesita que las mejores mipymes sean visibles y se postulen para integrar el índice.
La financiación es un obstáculo que impide el desarrollo de las mipymes. El problema está relacionado con dos aspectos: el reducido tamaño del sector financiero y la inexistencia de instituciones especializadas en los altos riesgos implícitos en la orientación de recursos hacia empresas nuevas.
La literatura económica ha demostrado la correlación que existe entre el tamaño del sector financiero y el potencial de desarrollo de un país. De ahí se han derivado muchas políticas para impulsar el desarrollo del sistema bancario y del mercado de capitales.
Menor interés se ha puesto en el desarrollo de fondos de capital de riesgo y otras instituciones que ofrecen capital a las empresas en sus primeras etapas de crecimiento.
Consciente de estos hechos, el gobierno viene implementando las políticas que permitan ampliar y diversificar la oferta de financiación para las mipymes. Entre ellas sobresale la orientada al establecimiento de un entorno adecuado para la creación del sector de fondos de capital privado; se espera que en una etapa posterior, surja el segmento de fondos de capital de riesgo.
Pero también es importante adelantar labores desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué pasa si crecen los recursos disponibles y no hay quién los demande? ¿O si hay empresas que demandan los recursos pero no cumplen con los requisitos que exigen las instituciones especializadas?
Con el propósito de avanzar en el componente de demanda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con el diario La República y Acopi, está construyendo un indicador de las mejores mipymes del país. El indicador es un ranking de las 50 empresas jóvenes –definidas como aquellas de menos de 20 años de edad– con mayor crecimiento en las ventas durante los últimos cuatro años, independientemente de su sector de actividad. El supuesto implícito es que ellas están ubicadas en un nicho de mercado de alto crecimiento y que son competitivas, dado que mantienen su ritmo de crecimiento en el periodo de análisis. También es evidente que en las empresas que tienen estas características la financiación es una variable crítica.
Puesto que uno de los requisitos para formar parte del índice es la manifestación expresa del interés en recibir recursos de fondos de inversión, se cumple con el objetivo de hacer visibles para esas instituciones al grupo de las mejores mipymes del país.
Los fondos de inversión hacen aportes de capital a las empresas, ampliando su patrimonio. La ventaja de esta forma de vinculación es que no afectan el flujo de caja, como lo hace un préstamo tradicional, y aumentan el potencial de crecimiento de la empresa. Además, le permite a las empresas aprovechar aún más la ventaja de estar en un nicho de mercado dinámico.
Usualmente los fondos de inversión mantienen su participación en las empresas alrededor de cinco años. Consideran que ese tiempo es suficiente para apalancar el crecimiento y la valorización, lo que les permite realizar sus ganancias, bien sea mediante la venta al empresario o a otro inversionista o, en el mejor de los casos, emitiendo acciones en el mercado de capitales. Queda al final una empresa más grande, aprestigiada, con mayores opciones de financiación y con facilidad de acceso al mercado de capitales.
Son grandes las ventajas de tener una mayor diversificación en las fuentes de capital a que pueden acceder todos los sectores de la actividad económica. Y la economía se beneficia porque mejoran el potencial de crecimiento de las empresas y su contribución al incremento del PIB y a la generación de empleos formales. Colombia necesita que las mejores mipymes sean visibles y se postulen para integrar el índice.
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