La ola Covid-Paro nacional

 

Publicado en Portafolio el viernes 18 de junio de 2021 

A la actual ola del coronavirus la deberíamos llamar “Covid-Paro nacional” en honor a la irresponsabilidad de los que han propiciado las aglomeraciones, el vandalismo y el saqueo, que, además de los graves daños a la economía y a la población más vulnerable, están dejando una peligrosa secuela en materia de salud pública.

Las cifras son contundentes. Entre el 28 de abril y el 10 de junio el número de casos nuevos diarios pasó de 388 a 622 por millón de habitantes. Entre las mismas fechas, el número de muertes diarias aumentó de 9,6 a 12,8 por millón de habitantes. Esos datos nos ubican entre los países con los peores indicadores de la pandemia el 10 de junio, solo superados por Uruguay en el caso de contagios, y por Perú, Uruguay, Argentina y Paraguay en el de muertes.

La protesta es un derecho y, sin duda, hay razones para hacerla. Pero ese derecho exige responsabilidades, que adquieren un carácter ético cuando el país se encuentra en el pico de una pandemia.

Los que fungen como líderes del paro deberían responder a la sociedad las preguntas básicas. ¿Dónde están en las marchas personas encargadas de velar por el uso de tapabocas y de mantener la distancia recomendada por los protocolos? ¿Han pensado en el impacto sanitario del contagio entre quienes marchan y la contaminación exponencial de sus familias y amistades? ¿Han reflexionado sobre los costos emocionales, económicos y sociales del aumento en el número de muertes por los casos de covid-19 que están generando? ¿Han considerado que sus acciones tienen al borde del colapso la infraestructura de salud y que ello puede acarrear muchas muertes que se hubieran podido evitar? ¿Los docentes que están involucrados en el paro sí habrán cavilado sobre la inconsecuencia de sus actos al negarse a volver a las clases presenciales, usando como pretexto el riesgo de contagios, al tiempo que contribuyen al agravamiento de la pandemia, especialmente entre los jóvenes, con las aglomeraciones en que participan y fomentan?

Así como no asumen responsabilidad por los enormes daños que están ocasionando en la producción, la infraestructura, la movilidad, la inflación y el empleo, menos estarán dispuestos a aceptar las funestas consecuencias del incremento en contagios y mortalidad. Deberían recordar cada día lo que el filósofo chileno Daniel Loewe afirma en su libro “Ética y coronavirus”: “lo problemático de que usted se contagie no es que se enferme, sino que al contagiarse se transforma en una amenaza para los otros: los puede contagiar y así dañarlos… Usted está incrementando directa (mediante el contagio) e indirectamente (mediante su aporte al colapso del sistema de atención de salud) la probabilidad estadística de morir de cada uno de los miembros de la sociedad y de los habitantes del mundo”.

Los pobres y la reforma

 Publicado en Portafolio el viernes 23 de abril de 2021

En medio de la avalancha de críticas generada por el proyecto de ley de reforma tributaria que hace trámite en el Congreso, no se puede perder de vista el componente de política social.

Tal vez a fuerza de ver todos los días y por todas partes vendedores ambulantes y migrantes en actividades de rebusque y pidiendo ayuda, termina pareciendo normal que estén ahí. Pero se nos olvida que su situación es dramática y que antes de la pandemia se venían cocinando múltiples manifestaciones de inconformidad que siguen latentes, con el riesgo de explotar en cualquier momento. La pandemia ha tenido dos efectos sobre ellas; por un lado, las relegó a un segundo plano porque los debates están más en las olas de covid-19, en la ocupación de las UCI y en las vacunas; pero, por otro, hizo crecer la población vulnerable con los que perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos y cayeron en la pobreza.

La exposición de motivos del proyecto de ley contiene cifras que evidencian la magnitud del problema. Si bien los ingresos se redujeron en todos los deciles como consecuencia de la pandemia, los más afectados fueron los de la población pobre; en los deciles 1, 2 y 3 cayeron en -56,8%, -32,3% y -20,1%, respectivamente, en septiembre-diciembre de 2020 respecto a 2019.

Los datos muestran que el aumento del desempleo repercutió en el incremento de la informalidad, especialmente en los deciles 3 a 7; es decir, en los segmentos de la clase media que perdieron sus empleos formales y están ahora en el rebusque. La respuesta del gobierno fue el aumento de los giros de transferencias monetarias (Familias en acción, Jóvenes en acción y Colombia Mayor), la puesta en marcha de forma anticipada de las devoluciones del IVA y la creación del Programa de Ingreso Solidario (PIS). Un análisis del investigador Jairo Nuñez comprobó que esta decisión contuvo parcialmente el aumento de la pobreza.

En ese contexto es relevante la propuesta del proyecto de reforma tributaria de fortalecer el mecanismo de transferencias monetarias con el PIS. Se busca no solo incluir alrededor de 2,4 millones de hogares pobres que no recibían transferencias en 2019, sino también a los que cayeron en pobreza por la pandemia.

Es una excelente respuesta a la emergencia por la pandemia. Pero volver permanente el PIS demanda no solo estrictos mecanismos de graduación y la corrección de los problemas de focalización, sino otras reformas que rompan los incentivos a la informalidad que hoy bordea el 65% de la población ocupada. Se trata de reformas a la financiación del sistema de salud, una nueva arquitectura al sistema pensional y cambios en los parafiscales, como lo propone el equipo de Fedesarrollo liderado por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía.

¿Renovar el contrato social?

 

Publicado en Portafolio el viernes 26 de marzo de 2021

Renovar el contrato social es un tema de discusión mundial. Obviamente, su mención genera posiciones antagónicas; hay quienes lo encuentran indispensable; algunos ven peligros porque creen que implica abolir la Constitución; y otros lo consideran irrelevante.

La discusión se nutre de diferentes vertientes del conocimiento que tratan de explicar la inconformidad y el malestar social que hay en el mundo, y que recrudeció con los impactos de la pandemia sobre la desigualdad. En ese contexto, cabe tener como referencia la apreciación de los economistas Rafael Doménech y Vicente Montes: “El contrato social ha aportado estabilidad a las sociedades modernas y ha permitido a las mismas avanzar como nunca antes en la historia”.

En general, el contrato social se concibe como el acuerdo implícito sobre derechos y obligaciones en la relación entre los ciudadanos y el Estado; entre otras, el Estado tiene la obligación de asegurar a los ciudadanos frente a diversos riesgos, como los de pobreza, enfermedad, desempleo y desprotección en la vejez.

En el enfoque de Nicholas Barr sobre el estado de bienestar, este podría entenderse como el contrato social vigente desde de la Segunda Guerra Mundial, con las adaptaciones pertinentes a los cambios económicos, demográficos y sociales. The Economist (6 de marzo) plantea que “la pandemia ha obligado a una reevaluación del contrato social; en particular, cómo se deben dividir los riesgos entre las personas, los empleadores y el Estado… El covid-19 mostró que el estado del bienestar necesita una modernización. Nació en un orden social distinto y para protegerse de diferentes riesgos”.

En el caso de Colombia no se pueden desconocer los notables avances en materia social. Pero también es evidente que subsisten problemas que tienden a agravarse con el paso del tiempo y la postergación perpetua de las reformas, mientras el malestar social sigue creciendo.

La evaluación de los cuatro riesgos mencionados muestra la urgencia de las reformas. Según Fedesarrollo, la pobreza llegó a 42% en 2020, con un aumento de seis puntos porcentuales; el régimen subsidiado de salud incentiva la informalidad laboral, que supera el 60% de los ocupados; solo el 25% de las personas en edad de jubilación tiene una pensión; y no hay un seguro de desempleo que mitigue la interrupción de los ingresos al perderse el empleo.

Un estudio reciente de Fedesarrollo, liderado por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía, propone integrar en una sola reforma todos estos aspectos, sumando el fiscal, que es necesario para seguir haciendo frente a la pandemia, financiar los costos de los cambios y recuperar la capacidad redistributiva de la política fiscal. Winston Churchill decía: “¡Nunca desperdicies una buena crisis!”. Ahora, con la inconformidad creciendo, mal haríamos en perder la oportunidad de tramitar estas vitales reformas, basados en diagnósticos precisos y excelentes estudios técnicos.

¿Y dónde está la alcaldesa?

 

Publicado en Portafolio el viernes 25 de septiembre de 2020

Mientras la ciudad era vandalizada a raíz del asesinato de Javier Ordoñez, la alcaldesa Claudia López echaba culpas al gobierno, denunciaba a la policía ante las Naciones Unidas y regañaba al presidente Duque porque «él como "comandante en jefe" de la institución debía ordenar a los uniformados no usar "armas de fuego en protestas sociales ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia"» (Portafolio, septiembre 18).

La alcaldesa se olvidó del artículo 315 de la Constitución que establece que “el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio”. Según Semana (septiembre 13), “le faltó asumir que ella es la primera autoridad de la ciudad y no la oposición al Gobierno”.

No es la primera vez que la alcaldesa busca culpables en lugar de afrontar las situaciones. En junio, refiriéndose a los contagios y la falta de disciplina social en Corabastos, afirmó que “esa central es responsabilidad del Gobierno” (Portafolio, junio 5). Unas semanas antes, dijo que los migrantes venezolanos también son un problema del Gobierno (El Tiempo, abril 2). Afirmó que el coronavirus llegó a Bogotá porque el presidente no quiso cerrar antes el aeropuerto; sin embargo, en las recientes noticias sobre reapertura de El Dorado es ella la que sale autorizando la operación.

Pero hay problemas como el de las aglomeraciones de vendedores informales que inundaron las calles violando las cuarentenas y ante eso no dijo ni hizo nada. ¿Qué diferencia hay entre los miles de personas que se aglomeran alrededor de Corabastos, buscando cualquier oportunidad de ganarse unos pesos y los miles que salieron a las calles al rebusque? ¿No crean focos de contagio al no usar tapabocas y no aplicar el distanciamiento? ¿No deberían estar en casa si son beneficiarios de las transferencias monetarias del gobierno y la alcaldía?

Hay decisiones acertadas de la alcaldesa en pro de la ciudad; se ha anticipado al gobierno en varias ocasiones y ha manifestado sensibilidad por la situación de la población vulnerable. Pero esa cantinela de culpar al gobierno de temas que debería afrontar la alcaldía deja la sensación de que no tenemos piloto.

De igual forma podría el gobierno nacional preguntarle a la alcaldesa de quién es la responsabilidad del metro para Bogotá. Y si es de la ciudad, ¿por qué tiene la Nación que poner cuantiosas sumas de dinero que, en lugar de destinarlas a los “ricos” de la capital, podría asignarlas a mejorar las condiciones de vida de los pobres de Chocó o de La Guajira?

Ahora que vuelven las congestiones de tráfico, hay menos kilómetros de vías para los automotores, porque los volvieron ciclorrutas (una solución “hechiza” y riesgosa para los ciclistas, en lugar de hacer construcciones con diseños técnicos). Como consecuencia, los trancones serán mayores y habrá que pensar en cómo castigar a los propietarios de carros particulares; por contraste, en las economías desarrolladas incentivan el uso de los carros para no atiborrar el transporte masivo, por el mayor riesgo de contagios. La alcaldesa debe estarse preguntando cómo echarle la culpa de los problemas de movilidad capitalina al gobierno.