El Petroaño 2024

 

Publicado en Portafolio el 16 de enero de 2025

En su balance del 2024, Petro afirmó que la economía creció 2,9% en octubre. Esa hábil manipulación esconde que el aumento esperado del PIB en 2024 es del 1,9% y que seguimos lejos del crecimiento deseado (más de 4%), porque a este gobierno le quedó grande diseñar y poner en marcha un plan de reactivación económica por el que clamó el país en el último año y medio.

Además, a Petro se le olvidó mencionar el desastre económico al que el Gobierno del Cambio está llevando al país, y que la mayor pérdida de bienestar recae en la población más vulnerable. Veamos algunos hechos protuberantes.

La decisión de eliminar el programa Mi Casa Ya, frustra el anhelo de vivienda propia de muchos hogares y prolonga la crisis de la construcción residencial, que es gran empleador de mano de obra no calificada.

El gobierno no pagó los subsidios por servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3; la deuda de 2024 asciende a $2,7 billones en energía y $628 mil millones en gas. Esta deuda explica el apagón en Puerto Carreño el 2 de enero. Además, ya empezamos a importar gas para el consumo de los hogares, lo que sumado a los errores de la Creg ocasionará altos incrementos de tarifas en toda la población.

El famoso chuchuchu, que agudizó la crisis de la salud, ocasionó en 2024 el cierre de 1.200 IPS, escasez de medicamentos, demoras en las citas médicas y aplazamientos de procedimientos quirúrgicos. Como consecuencia, el gasto de bolsillo de las familias está creciendo, pero, mientras la población de altos ingresos puede asumirlo, los más pobres no.

La Paz Total realmente es el Fracaso Total. Las bandas criminales operan en 24 departamentos y “gobiernan” en muchas regiones mientras el Gobierno del Cambio está cruzado de brazos. Un ejemplo del debilitamiento del Estado en 2024 fue el paro armado impuesto en el Chocó, uno de los departamentos más pobres, justo cuando vivía una emergencia por la ola invernal.

Gustavo Bolívar anunció la eliminación de los subsidios de “Colombia sin hambre", y los estudiantes que se financian con Icetex ven riesgos en la continuidad de sus estudios.

El país está ad portas de una crisis fiscal por el despelote en el manejo del presupuesto. Recortan subsidios, pero crece la burocracia; el déficit fiscal y el endeudamiento alcanzan niveles sin precedentes, y los analistas ven crecientes riesgos de sostenibilidad.

Por último, creció la corrupción. No fue solo la UNGRD para comprar congresistas, con recursos asignados a regiones pobres, sino que denunciar ante la fiscalía un caso que involucra al presidente de Ecopetrol y al hijastro de Petro, le costó el puesto al ministro Bonilla.

¿Cuántos empleados públicos?

Publicado en Portafolio el 23 de noviembre de 2018

El presidente Duque anunció su propósito de “empezar por ponerles fin a las nóminas paralelas”. La propuesta encuentra respaldo porque se interpreta como un freno al crecimiento desbordado de una burocracia ineficiente.

Opinaba el físico y matemático inglés William Kelvin (1824-1907), que “lo que no se mide, no se puede mejorar”. Ese es un principio deseable en la gestión pública, que consiste en cuantificar el problema para diseñar una solución adecuada y evaluar el impacto de las políticas.

En ese contexto, para poner fin a las nóminas paralelas se debería partir de su tamaño y de la divulgación de una estadística periódica que informe cómo se va cumpliendo el objetivo de eliminación gradual que ordenó Duque en la Directiva Presidencial 09, del 9 de noviembre de 2018.

Pero hay un problema. Según la Comisión del Gasto, “en Colombia no es tarea fácil identificar el gasto que se destina al pago de la nómina (empleados y contratistas), así como el número de servidores públicos. Determinar el verdadero tamaño de ese gasto, en consecuencia, no es posible”.

Un intento de medición está contenido en el libro recientemente publicado por Fasecolda, “El empleo formal en Colombia. Realidad y retos” (disponible en www.fasecolda.com). A partir de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, se calculó que el total de empleados públicos a nivel nacional fue de 1,86 millones en 2017; esa cifra es superior en 29% a la que estimó la Comisión del Gasto. La estimación muestra la siguiente composición: 463 mil son de planta, 412 mil de la fuerza pública, 322 mil maestros y 663 independientes.

En el estudio de Fasecolda no fue posible la discriminación del total de empleos entre el orden nacional y el territorial, por carecer de la identificación de algunas entidades; pero con el 73% de los trabajadores se calculó que el 61% del empleo público es del orden territorial y el restante 39% del nacional (de ese cálculo se excluyen la fuerza pública y los maestros).

De los identificados del orden nacional, el 55% es de planta y el restante 45% son independientes. Como la Directiva Presidencial se refiere a las “las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”, se colige que la población objetivo es una fracción del último dato.

Un elemento complementario para la eliminación de las nóminas paralelas es tener en cuenta por qué surgieron. Cómo lo sugiere la Comisión del Gasto, uno de los determinantes fue la decisión de congelar el crecimiento real del gasto de personal (Ley 617 de 2000); esto llevó al surgimiento de modalidades de contratación clasificadas en rubros de inversión. Otras fuentes del problema fueron la congelación de la planta, el problema que generó la provisionalidad de numerosos cargos, la pérdida de incentivos en la carrera administrativa y la creación de nuevas funciones del gobierno. Estos aspectos no se pueden perder de vista, pues no se trata solo de suprimir cargos, sino de mantener y mejorar la calidad de la gestión pública.

En síntesis, por deseable que sea la eliminación de las nóminas paralelas y la recuperación de esquemas transparentes de vinculación laboral en el sector público, hay que partir de una medición adecuada; la base que tiene Fasecolda puede ser un buen punto de partida.