Publicado en Ámbito Jurídico el 6 de octubre de 2008
Durante la negociación del TLC con Estados Unidos los empresarios plantearon temores por la carencia de “una verdadera política industrial”.
Los críticos fueron más allá y entre sus argumentos señalaron que Colombia se embarcó en una política de libre comercio abandonando la protección de su sector productivo, lo que inevitablemente conducirá a su desaparición. Aducían que, por contraste, los países hoy desarrollados y las economías emergentes exitosas protegieron sus industrias en algún periodo de su historia.
Ahora cuando el gobierno anuncia una política de transformación productiva que incluye entre sus estrategias el desarrollo de sectores nuevos y emergentes, se empieza a cuestionar si estamos de regreso al proteccionismo del pasado.
Sobre el primer tema, hay que repasar la historia. Por décadas Colombia implementó políticas proteccionistas como lo hicieron muchos países del mundo. Tuvimos elevados aranceles, un complejo régimen de licencias de importación, restricciones a la compra de divisas, concesión de generosos subsidios a varios sectores, regulación de precios, crédito dirigido a determinados sectores, limitaciones a la inversión extranjera, un Estado accionista compartiendo riesgos con el sector privado en la etapa de despegue de las empresas y un monopolio estatal en la comercialización de productos agropecuarios, entre otras. Al tiempo que los países asiáticos protegían su producción, Colombia también lo hacía.
No obstante, el balance relativo es muy pobre. Lo que deben preguntarse quienes cuestionan la situación actual es qué nos diferenció, por ejemplo, en la aplicación de las políticas proteccionistas implementadas en Asia.
Quizás la respuesta se empiece a encontrar al examinar la relación de esas políticas con la inserción internacional. Mientras que en las economías asiáticas la protección sectorial fue acompañada de compromisos con las exportaciones, en nuestro caso no hubo tal.
El resultado: los sectores protegidos en Asia tenían que enfrentar la competencia del mercado mundial y por lo tanto alcanzar los estándares internacionales de competitividad. En nuestro caso los sectores protegidos se mantuvieron aislados de la competencia internacional y, por lo tanto, se fueron rezagando en productividad, como lo muestran diversos estudios.
Un estudio de la CAF demuestra que la productividad laboral del país se rezagó continuamente con relación a la de Asia del Este desde mediados de los sesenta; justamente en el periodo en que tanto ellos como Colombia aplicaban políticas proteccionistas. Pero nosotros nos empeñábamos, con la mayoría de países de América Latina, en los sueños del regionalismo cerrado, mientras que los asiáticos optaban por la apertura económica sin abandonar las políticas de industrialización.
Las ineficiencias que se generaron se transfirieron a los consumidores vía precios y calidad; curiosamente, las brechas crecientes en productividad se convirtieron en el caballo de batalla para fortalecer el proteccionismo. Y surgieron tesis del estilo: “cuando estemos listos podremos abrir la economía; antes no”.
Por lo tanto, en ese debate lo que se debe concluir es que perdimos el curso. No aprovechamos la oportunidad que brindó la política industrial en boga por décadas para desarrollar una estructura productiva competitiva, diversificada e innovadora, capaz de enfrentar la competencia.
Con relación al segundo tema, es un poco apresurado afirmar que estamos de regreso al proteccionismo de los años sesenta y setenta. El mundo cambió y la globalización no da espacios para ese proteccionismo de viejo cuño. Basta con mirar al vecindario para concluir que forzar el desarrollo con ese tipo de políticas no es viable. A lo más que se llega es a crear la ilusión de desarrollar sectores productivos nacionales, pero basados en una clase empresarial adicta a las ayudas públicas y, por lo tanto, dependiente de los consumidores locales.
En la propuesta de política de transformación productiva no hay protección arancelaria ni otros mecanismos de aislamiento de la competencia, ni los cuantiosos subsidios de otras épocas, ni políticas de distorsión de precios, ni los consumidores serán constreñidos a aceptar precios no competitivos ni productos y servicios de calidad inferior a la imperante en la economía mundial.
La política de transformación productiva está orientada a la creación de las condiciones de entorno adecuadas para facilitar el desarrollo de sectores que generan alto valor agregado, que tienen un alto potencial de crecimiento en las próximas décadas, que generan empleos de calidad y permiten desarrollar ventajas competitivas sobre la base de habilidades existentes. Además, son sectores que hoy en día exportan productos o servicios y, por lo tanto, han mostrado que tienen potencial competitivo.
Un elemento fundamental de la nueva política es la participación activa del sector privado. Sin su concurso no hay posibilidades de desarrollo. En primer lugar, se requiere una sólida organización gremial para plantear y realizar sus expectativas como sector. En segundo lugar, deben colaborar en la identificación de las barreras que tienen para su desarrollo, sean estas de formación del recurso humano, de conocimientos, de tecnología, normativas, etc.
Tal vez las interpretaciones erradas surgen de la “elección de sectores”. Se piensa que el gobierno va a seleccionar arbitrariamente sectores ganadores y de paso los perdedores. La realidad es que son los propios sectores los que se seleccionan, con base en una metodología transparente que diseñó el gobierno con la asesoría de una consultora de amplia experiencia mundial en el tema.
Son los sectores productivos los que pueden evaluar si contando con un entorno más favorable serán capaces de lograr un posicionamiento en los mercados internacionales. Son ellos los que deciden si asumen el reto del desarrollo. El ganador se llama Colombia.
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