Ecos del paro de transporte

 

Publicado en Portafolio el 10 de septiembre de 2024

Según Miguel Gómez, los graves errores de los gobiernos anteriores son los principales responsables de los problemas de hoy (“2026: ¿Regreso al pasado?”. Portafolio, 27 de agosto de 2024). Nada lo ilustra mejor que el transporte de carga. Décadas atrás, los gobiernos colombianos resolvieron tirar por la borda el desarrollo ferroviario que se había registrado en la primera parte del siglo XX y darle la espalda al transporte fluvial, que tuvo gran importancia hasta entonces. Las políticas mal diseñadas y la preponderancia de los intereses de políticos y empresarios del transporte terrestre eliminaron la posibilidad de implementar sistemas multimodales de transporte, que es lo más conveniente para la topografía del país.

El deporte nacional de los gobiernos tiene dos ingredientes: abandonar los programas de las administraciones anteriores, sin importar su enorme costo económico y social, y patear la pelota hacia adelante para dejar al siguiente gobierno los “chicharrones” de alta sensibilidad política. Sobre el primero, María Teresa Ramírez (“Efectos del eslabonamiento de la infraestructura de transporte sobre la economía colombiana: 1900-1950”; 2007), resalta que el cambio de hegemonía en 1930 frenó las inversiones en ferrocarriles y las aumentó en carreteras porque “el nuevo gobierno liberal buscaba diferenciarse totalmente de los gobiernos conservadores precedentes, que fomentaron la construcción de ferrocarriles”. El segundo, lo vivimos con la política de precios de los combustibles; un gobierno prefirió “heredar” el ajuste de los precios de los combustibles en lugar de dejar operando una política gradual de mediano plazo; pero el nuevo dejó pasar dos años sin solucionar el caso del ACPM.

Resulta curioso recordar que a comienzos de los cincuenta "las tarifas del transporte por carretera se establecían en el mercado, mientras que las de los ferrocarriles se fijaban mediante una negociación que daba más peso a los criterios políticos que a los económicos” (M.T. Ramírez, 2007).

El algún momento se perdió la importancia del mercado y caímos en el peor de los mundos, pues los fletes, que ahora son regulados, se volvieron parte de los problemas estructurales; los transportadores se quejan porque no pueden transferir las variaciones de costos a sus precios. Esos problemas estructurales, que no han sido debidamente afrontados por los gobiernos, sirvieron a los transportadores para hacer recular al actual gobierno en la decisión de incrementar el precio del ACPM en $1904; de paso lograron congelar los aumentos anunciados para 2025.

Además, hay otros elementos “estructurales” como la obsolescencia del parque automotor, la informalidad laboral y empresarial y las asimetrías de información que repercuten en ineficiencias para toda la economía. Todos ellos son problemas que se debieron solucionar hace tiempo, pero el deporte gubernamental hizo que esos problemas, que nacieron pequeños, se volvieran inmanejables.

Perdieron los pobres

 

Publicado en Portafolio el jueves 29 de junio de 2021

Los organizadores de las protestas se ufanan de sus victorias pese a que, paradójicamente, su gran logro es causarle perjuicios a la población más vulnerable, cuyos intereses supuestamente representan.

Los perjudican al destruir estaciones y buses del transporte masivo, pues reducen la oferta de este servicio esencial y los obligan a desplazarse en vehículos más congestionados; además, los recursos que se gastan en reposiciones y reparaciones deberían haberse destinado a otros bienes públicos. Los perjudican con los bloqueos que encarecen los productos de primera necesidad. Los perjudican con las aglomeraciones de las marchas que en parte explican la prolongación del pico de la pandemia, el alto riesgo de colapso del sistema de salud y la muerte de muchas personas por la covid-19.

De igual forma, la derrota de la reforma tributaria de Carrasquilla (RTC), que los voceros del paro proclamaron como una gran victoria, ni siquiera califica como pírrica, cuando se compara con lo que pierden los pobres frente al proyecto que el gobierno (PG) acaba de presentar al Congreso.

Para empezar, la RTC volvía permanente el programa de ingreso solidario, mientras que el PG solo lo mantiene hasta 2022. El primero tenía una cobertura para 18,8 millones de personas y el segundo para 9,8 millones.

Mientras la fracasada RTC buscaba incentivar el empleo de jóvenes mediante la exoneración de parafiscales y un subsidio a las contribuciones de pensiones y salud, el PG solo ofrece un subsidio parcial al pago de parafiscales. En la RTC ese mismo esquema se extendía a otros empleos, incluyendo el de mujeres mayores de 40 años; en cambio en el PG solo se subsidia para este grupo cerca del 40% de las contribuciones a la seguridad social.

Adicionalmente, con el programa de devoluciones de IVA y los programas de transferencias monetarias mejoraría el poder adquisitivo de los hogares de los deciles 1 y 2 en 68% y 25%; con el PG, según Benítez y Lora esas ganancias se reducen a 27% y 10%, respectivamente. Pero en el otro extremo, en la RTC se reduciría el poder adquisitivo de los deciles 9 y 10, en 2% y 4%, mientras que en el PG no cambia, es decir, saldrán beneficiados.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el de la pérdida del grado de inversión como consecuencia de la lectura que hacen las calificadoras sobre las debilidades fiscales del país. Esa pérdida incrementará el costo del endeudamiento en un monto cercano a los $4,0 billones por año, lo que implica la desviación de recursos que podrían atender necesidades básicas de la población.

Flaco favor el que le hacen los autoproclamados líderes del paro a las clases menos favorecidas del país: Lejos de solucionar los problemas que justifican el malestar social, lo que hacen es volverlos más complejos.

Brutalidad policial

 

Publicado el Portafolio el viernes 21 de mayo de 2021 

En Colombia existe el derecho a la protesta y no hay una política de Estado que tenga por objetivo acallarla. Aun así, medios extranjeros, congresistas norteamericanos, burócratas de multilaterales y de otros gobiernos censuran al país por violación de esos derechos y por la brutalidad policial.

La mayoría de los manifestantes son pacíficos, pero esos censuradores desconocen que también se infiltran peligrosos vándalos que no son controlados por los organizadores del paro. No son pacíficos aquellos que llevaban 12.614 armas cortopunzantes, 431 armas de fuego, 242 armas traumáticas y 77 explosivos decomisados hasta el 13 de mayo; tampoco los que lanzaron bombas incendiarias contra los CAI, las estaciones de transporte masivo y un hotel.

Es inadmisible que algunos policías se excedan, como ocurrió con el asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá y ha ocurrido en el paro reciente; por el primero ya hay condenas y por lo segundo hay 65 investigaciones disciplinarias en proceso. Lamentablemente esto se ve en muchos países, como lo ilustran la asfixia de George Floyd en Estados Unidos y las 20 personas que murieron en las protestas por su asesinato.

Un informe del Council on Foreign Relations resalta este como un problema global: “La brutalidad policial sigue siendo un problema en muchas democracias avanzadas. Los agentes de todo el mundo han utilizado medios agresivos, como balas de goma y gases lacrimógenos, para reprimir a los manifestantes, incluida la policía francesa, durante las protestas de los chalecos amarillos que comenzaron a fines de 2018... Estados Unidos supera con creces a la mayoría de las democracias ricas en muertes a manos de la policía. La policía estadounidense mató a unas 7.638 personas entre 2013 y 2019 (según la misma base de datos, mataron a otras 1.125 personas en 2020)”.

Pero es importante diferenciar entre excesos y cumplimiento del deber. Cabe recordar los cinco muertos en la toma del capitolio en Washington el pasado 6 de enero, varios de ellos por las balas de la policía ¿Eso fue brutalidad policial? En este caso, como en el de Colombia, debemos preguntarnos qué debería haber hecho la policía frente a los desmanes ¿Quizás dejarlos destruir el capitolio y “juzgar” a los congresistas que reconocieron a Biden como el nuevo presidente?

La mayoría de los policías no está usando sus armas de forma indiscriminada, ni disparando desde helicópteros y menos aun buscando dañarle los ojos a los protestantes, como dijeron algunos irresponsables a la prensa extranjera, que, como idiota útil, difundió esa “noticia”. Si los organizadores de las marchas no se sienten responsables de los destrozos ocasionados y no tienen formas de controlar a los vándalos que se infiltran en la protesta, las autoridades deben cumplir con su mandato constitucional de velar por el bien ciudadano y proteger el interés de las mayorías.