En torno a la financiación del postconflicto

Publicado en la Revista de Fasecolda No. 163

Aun cuando no se cumplió la fecha del 23 de marzo para el cierre de las negociaciones de La Habana, se mantiene la esperanza de alcanzar el objetivo en el corto plazo. De ahí que haya tomado nueva fuerza el debate en torno a diversos aspectos del postconflicto, incluido el de la financiación.

En este artículo se revisan algunos aspectos que muestran la dificultad de aterrizar el tema, mientras no se precise con mayor detalle lo que se consideran costos del postconflicto para los que se requiere financiación, y que no fueron previstos ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria.

Concepto difícil

No deja de llamar la atención de los analistas nacionales e internacionales el hecho de que se esté hablando del postconflicto, como si la negociación ya hubiera terminado.

“La palabra postconflicto se ha instalado en el lenguaje oficial y en la diplomacia colombiana, lo cual no deja de ser una paradoja teniendo en cuenta que a… [pocos] meses de la fecha límite para la firma del acuerdo aún no se ha efectuado un cese al fuego bilateral. En este sentido, la diplomacia y el discurso público colombianos parecen excesivamente optimistas al dar ya por saldada la consecución de la paz en el país” (Rodríguez 2016; p. 2).

Esto plantea un primer interrogante sobre lo que se debe entender por posconflicto. Según los especialistas, en el caso de conflictos internos no es fácil llegar a una definición de consenso: “Las hostilidades normalmente no se terminan bruscamente, para dar paso inmediato a la paz. Es posible que haya una "paz" acordada, pero que la lucha continúe, a menudo en un nivel bajo o de forma esporádica…” (Brown, et al 2011; p. 4).

Brown, et al (2011) sugieren que, en lugar de intentar una definición, se deberían tener en cuenta unos hitos básicos para determinar si un país está en la etapa del postconflicto. Esos hitos son la cesación de hostilidades y de la violencia; la firma de un acuerdo de paz; la desmovilización, desarme y reintegración; el retorno de desplazados y refugiados; el establecimiento de un Estado que funcione (reducción de la impunidad, fortalecimiento del estado de derecho y reducción de la corrupción, entre otros); el logro de la reconciliación y la integración social; y la recuperación de la economía.

Las medidas del postconflicto no necesariamente deben iniciarse al terminar el conflicto, pues cabe, e incluso es deseable, la opción de iniciarlas antes: “Por ejemplo, las políticas y programas para mejorar las condiciones socioeconómicas de los católicos en Irlanda del Norte, incluyendo una legislación laboral justa y el acceso a la vivienda pública, fueron llevadas a cabo durante la década de 1980, incluso mientras los "problemas" estaban todavía en curso, y, efectivamente, hicieron que la población católica estuviera más predispuesta a la paz” (Brown, et al 2011; p. 5).

A la luz de esta propuesta, Colombia apenas estaría cerca del primer hito, pues por ahora solo hay una decisión unilateral de la guerrilla de suspender las hostilidades. Ese enfoque también justificaría por qué se viene discutiendo sobre el postconflicto desde hace varios años y, más aun, por qué el Gobierno afirma que ya está haciendo gastos asociados al postconflicto. Según el Ministro de Hacienda, en el presupuesto general de la Nación de 2015 se destinaron recursos por $7.9 billones para atención, asistencia y reparación de víctimas (Cárdenas, 2015).

¿Qué abarca el postconflicto? 

En ese contexto adquieren mayor vigencia las preguntas claves sobre el post-conflicto: ¿Qué actividades se involucran en ese concepto? ¿Cuánto durará? ¿Cuál es su costo? ¿Cómo se financiará?

Mucho se ha debatido y especulado sobre estos aspectos, pero nadie tiene una respuesta sólida. Para muchos, lo acordado en el primer punto de la negociación implica que el desarrollo agropecuario es un componente del postconflicto.

De igual forma, en el Plan Nacional de Desarrollo se vinculan al postconflicto programas de construcción de vías, de actividad física y deporte, de infraestructura de seguridad, y de oferta de salud, entre otros (DNP 2015).

Los analistas también mencionan temas que están relacionados de forma más directa: la reparación de víctimas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, las zonas de concentración, y la Jurisdicción Especial para la Paz, conformada por magistrados nacionales y extranjeros.

La realidad es que buena parte de los compromisos de las negociaciones consisten en la implementación de las políticas de desarrollo, que se tienen que hacer con o sin postconflicto; en algunos casos, como el de los derechos de propiedad sobre la tierra, son tareas que se han aplazado por décadas.

Por consiguiente, es importante la tarea de depurar el listado de actividades consideradas como parte del posconflicto, separando aquellas que son componentes de una política de desarrollo económico y social, de aquellas que son parte integral del proceso de paz. Entre las primeras, también es necesario discriminar las que ya cuentan con asignación de recursos en el presupuesto nacional de las que demandan recursos nuevos. Mientras no haya esa precisión, será difícil para la sociedad entender las verdaderas dimensiones del postconflicto y más aún la magnitud de los costos que se deben asumir.

¿Cuánto cuesta el postconflicto?

Cabe preguntarse por qué es importante cuantificar el costo del postconflicto, pues hay analistas que piensan que el interrogante puede llevar a un debate absurdo: si el costo es muy alto, es mejor seguir como estamos.

Tales posiciones desvirtúan el objetivo de la estimación del costo. La experiencia muestra que en términos de la planeación económica es deseable contar con una cifra, a partir de la cual se pueda evaluar cómo se van a allegar esos recursos, cuál sería el plazo razonable de implementación de las políticas, y cuáles serían los programas y políticas prioritarios para la asignación de los presupuestos.

No es deseable generalizar posiciones como la de Francisco de Roux, quien, basado en su experiencia de trabajo con comunidades en zonas de conflicto, concluye que no debería haber asignaciones previas de recursos: “Es un error definir ex ante la cantidad de dinero que se va a asignar a un territorio, pues entre otras cosas, crea una rapiña política y social que rompe el proceso” (Tribuna, 2016; p. 19).

Sin demeritar que en algunos programas específicos se podría utilizar tal método a fin de controlar la corrupción, en el caso del postconflicto se trata de cifras cuantiosas y se requiere de cálculos detallados de los costos para acceder a cualquiera de las vías de financiación disponibles.

Pero, como no se cuenta con un inventario completo de los rubros que generarán compromisos de gasto, tampoco se puede valorar con precisión el costo. Además, tampoco hay claridad sobre la duración del postconflicto, lo que hace más difícil ese cálculo.

En una conferencia en marzo de 2015 el Ministro de Hacienda señaló: “la verdad es que no hay una cifra de cuál va a ser el costo del post-conflicto simple y llanamente… porque todo dependerá de cómo se logra ese acuerdo en las negociaciones de paz y esas negociaciones no han concluido” (Cárdenas, 2015).

También señaló el ministro que no es un costo único en un momento del tiempo: “El país seguramente va a tomarse un tiempo en implementar estos acuerdos, el post-conflicto lo vamos a tener que medir, en lustros, o en décadas porque no va a ser una transición inmediata”.

Por estas razones, las cifras que han lanzado diversos analistas se mueven en un rango amplio tanto de tiempo como de costo: Al Presidente Santos se le atribuye la cifra de $54 billones en reparación, en un periodo de 10 años (Semana, 2014). Para un periodo similar, Juan Camilo Restrepo calcula entre $80 y $100 billones solo para la zona rural. Fedesarrollo señala $80 billones; el Bank of America $187 billones, la firma Raddar $200 billones. Para un periodo de 20 años, la senadora Claudia López estima la cifra en $312 billones (Semana, 2014 y El Universal, 2015). Por último, el costo estimado para poner en marcha las recomendaciones de la Misión Rural, que están muy en la línea del primer punto de los acuerdos de La Habana, asciende a $195 billones, según el DNP en 15 años (Portafolio 2016).

Como ya se anotó, la dificultad con esas cifras es que no diferencian los programas de desarrollo ya financiados, los programas sectoriales adicionales y los gastos realmente nuevos que nacen del proceso de paz.

Hay casos como el de la reparación de víctimas, por ejemplo, que en aplicación de la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), ya cuenta con recursos del presupuesto y con avances en la solución del problema, como lo señaló el Ministro Cárdenas en la conferencia mencionada. De esta forma, el gasto nuevo que se derivaría de los acuerdos de La Habana por este concepto sería menor a lo que inicialmente se podría pensar.

Pero hay otros que surgen de las negociaciones, sobre los que aún no hay estimaciones o ellas son muy imprecisas. Es el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, que implicará vincular entre 1.600 y 3.000 funcionarios y podría tener un costo cercano a los dos billones de pesos; sin embargo, no se conoce cuál es la metodología de estimación de ese costo, ni el periodo de tiempo que se supone estará vigente esta Jurisdicción.

Algo similar ocurre con el tema de la desmovilización. Se habla de zonas de concentración, que podrían ser ocho, si prima la tesis del Gobierno, o 60 si se aplica la de las Farc. El problema es que habría que garantizar la financiación de los consumos básicos de alrededor de 36.000 desmovilizados (sumando los guerrilleros armados y los grupos de apoyo logístico) por un tiempo indefinido.

Fuentes de recursos

Las estimaciones mencionadas están en un rango entre 0.6% y 2% del PIB por año; aun cuando no se tiene la precisión deseada, se debe ir evaluando la forma de financiarlos. Hay tres fuentes básicas para hacerlo y, dadas las circunstancias, se tendrá que acudir a todas ellas.

La primera es el Presupuesto General de la Nación. Una posibilidad teórica es el aumento de la tributación; en la realidad hay poco margen para esta fuente, pues la reforma tributaria estructural que se está preparando, además de redistribuir la carga entre empresas y personas naturales, espera recaudar 2% del PIB con el fin de compensar la desaparición de la renta petrolera; un 1% adicional que requiere el Gobierno se deberá financiar con deuda.

La otra posibilidad es la re-priorización del gasto. Esta será la opción a la que acudirá el Gobierno, pero hay limitaciones como lo demuestran varias decisiones recientes. En el Pipe 2.0 se reorientaron recursos por cerca de $17 billones y los programas de austeridad de 2015 y 2016 recortaron básicamente recursos de inversión, porque los gastos de funcionamiento no son flexibles.

La segunda son los recursos de la cooperación internacional. Aquí la pregunta es qué tan dispuestos están los organismos internacionales a apoyar financieramente a Colombia, que no es un país pobre y en el que, hasta hace poco, en los escenarios internacionales se negaba la existencia de un conflicto.

Según Rodríguez (2016, p. 2), “El problema es que presentar los éxitos de Colombia como país emergente, candidato a la OCDE y graduado como país de renta media, se conjuga con dificultad con la necesidad de buscar recursos para financiar el postconflicto. En la última década la cooperación para el desarrollo ha ido retirándose de los países de renta media y de las regiones menos “problemáticas”, para concentrarse en los focos de tensión de la actualidad en Asia, África y la cuenca del Mediterráneo”.

Adicionalmente, regiones como la Unión Europea se han visto forzadas a utilizar ingentes recursos en la contención y solución del problema migratorio, disminuyendo las disponibilidades para apoyar procesos como el del postconflicto en Colombia.

Por último, están los créditos con organismos multilaterales en condiciones preferenciales. Esta fuente tiene alta probabilidad, por la tradición de cumplimiento de las obligaciones financieras que tiene el país, y por el prestigio de seriedad en el manejo macroeconómico.

Pero puede haber una restricción en el creciente endeudamiento que tiene el país. Según el exministro Alberto Carrasquilla (2016) “la deuda bruta del gobierno viene subiendo de manera gradual pero sostenida desde 2012 y ya supera el 53 por ciento del PIB. Esta es la más alta de la historia moderna si se incluyen los 11 puntos del PIB que habían sido emitidos hasta abril de 2015 bajo la figura igualmente onerosa de las vigencias futuras”.

En la coyuntura reciente las calificadoras y los analistas internacionales están haciendo un cuidadoso seguimiento de la situación fiscal y de la cuenta corriente de las economías emergentes. Por lo tanto, la posibilidad de uso de esta fuente estará en función del trámite de la reforma tributaria estructural y del ajuste que se pueda dar en la cuenta corriente.

Colofón

Se debe reiterar que la cuantificación de los costos del postconflicto no se puede interpretar como un dilema entre guerra y paz. La construcción de buenas decisiones económicas pasa por tener un alto grado de certeza sobre las magnitudes de las variables sobre las que se pretende incidir y ese es el objetivo de la medición.

De lo expuesto se colige que aún hay mucho que hacer en materia de cuantificación de los costos del postconflicto. Si bien es cierto que las negociaciones no han terminado, hay puntos acordados sobre los que debería existir ya una discriminación de gastos por tareas nuevas que surgen de los acuerdos, gastos nuevos en políticas de desarrollo económico y social, y gastos en programas ya incorporados en el presupuesto general de la nación.

Solo de esa forma se podrán definir las estrategias más realistas de financiación y evitar que la insuficiencia de recursos se convierta en un cuello de botella para la implementación de los acuerdos de paz.

Bibliografía

Brown, G.; Langer, A.; y Steward, F. (2011). “A Typology of Post-Conflict Environments”. CRPD Working Paper No. 1. Centre for Research on Peace and Development, University of Leuven, Belgium.

Cárdenas, M. (2015). “Análisis de los posibles costos del post-conflicto”. Transcripción de la conferencia en el foro “Análisis de los posibles costos del post-conflicto”, organizado por la Universidad del Rosario y el Consejo Nacional Profesional de Economía, en Bogotá. Marzo.

Carrasquilla, A. (25 de enero de 2016). “El ajuste fiscal ¿Por qué y cómo?”. Razón Pública. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/9176-el-ajuste-fiscal-por-que-y-como.html.

Departamento Nacional de Planeación (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Bogotá.

El Universal (21 de octubre de 2015). “Lo que podría costarle el posconflicto a Colombia”. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/lo-que-podria-costarle-el-posconflicto-colombia-209052.

Portafolio (12 de abril de 2016). “Poner en marcha la Misión Rural cuesta $195 millones”. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/mision-rural-cuesta-195-billones-493853.

Rodríguez, E. (2016). “El papel de la comunidad internacional tras la firma de los acuerdos de paz en Colombia”. ARI 12/2016. Real Instituto Elcano. Madrid.

Semana (11 de noviembre de 2014). “Las cuentas del posconflicto no dan”. Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuentas-del-posconflicto-no-dan/408351-3.

Tribuna (2016). “Cuáles son las grandes necesidades del gasto del posconflicto”. Tribuna Revista de Asuntos Públicos, No. 12, febrero. Universidad de los Andes.

Colombia en el nuevo entorno. Comentarios sobre la intervención del ministro de Hacienda

Publicado en la Revista Fasecolda No. 161, noviembre de 2015

La intervención de Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, en la XXIV Convención Internacional de Seguros abarcó tres grandes temas: aspectos macroeconómicos, financiación de los proyectos de infraestructura y temas sectoriales de interés para la industria aseguradora.

El ministro se refirió a tres aspectos macroeconómicos: el cambio de entorno en la economía, la caída de la renta petrolera y la reactivación económica. En las secciones siguientes se presenta un resumen de cada uno de ellos, seguido de algunos comentarios.

Macroeconomía: un nuevo entorno

Mauricio Cárdenas calificó la institucionalidad de la política económica, en especial la de la política fiscal, como un valioso activo del país; esta permitió a Colombia aprovechar los buenos tiempos que imperaron en la economía mundial hasta el año pasado y destacarse como una de las economías más sólidas de la región.

El entorno internacional cambió con la caída de los precios de los productos básicos, especialmente del petróleo, y este nuevo escenario puede durar un tiempo largo. Es ahí donde se pone a prueba la institucionalidad, pues en los periodos de turbulencia se deben ratificar los éxitos logrados en los tiempos de bonanza.

La visión económica del Gobierno está anclada en la sostenibilidad fiscal; esta consiste en que «los beneficios que reciben las generaciones actuales los pueden seguir recibiendo las generaciones futuras».

En opinión del ministro, la importancia de este concepto queda clara cuando se analiza el reciente ejemplo de Grecia, donde el disfrute de altas pensiones, subsidios al desempleo y elevados salarios de los empleados públicos se hizo con un creciente endeudamiento. La deuda pública se tornó insostenible, lo que hace inviable el acceso de las generaciones futuras a los mismos beneficios y se torna forzoso un duro ajuste con impactos sociales negativos.

Los beneficios de la sostenibilidad, en el caso de Colombia, se reflejan en la positiva percepción internacional, que se plasma en la calificación de la deuda soberana (BBB). El sector privado puede sacar provecho mediante el acceso a fuentes de financiación dispuestas a apoyar con bajas tasas de interés sus proyectos de inversión. También los hogares se favorecen con el acceso a créditos hipotecarios a tasas muy bajas con relación a las de hace unos pocos años.

Estos factores contribuyeron al aumento de la inversión en Colombia hasta niveles del 30% del PIB, que es el más alto de la historia del país y uno de los más altos de la región. El impacto beneficia a toda la población, pues más inversión repercute en un mayor crecimiento potencial de la economía. En términos generales, estas apreciaciones del ministro no tienen objeción. En el complejo entorno internacional actual, la economía colombiana brilla en la región y en el mundo; por eso es merecido el reconocimiento al manejo que se viene haciendo para afrontar el choque externo.

Esa percepción positiva de la economía colombiana es incluso más amplia que la expuesta por Mauricio Cárdenas, quizás por la limitación de tiempo para su exposición. La realidad es que en el presente siglo el crecimiento económico promedia, hasta 2014, el 4.4 % anual (y el 4.8 % en el periodo 2010-2014); esta es la tasa más alta registrada desde la década de los setenta.

Pero, adicionalmente, la inflación se ha mantenido en un dígito durante 16 años, la tasa de desempleo tiene una tendencia descendente, la pobreza ha disminuido continuamente y la población de clase media ha aumentado de forma notable.

Sin embargo, hay que traer a colación tres lunares que persisten en la economía de Colombia y que, de haberse tomado medidas oportunas, habrían permitido capotear el temporal en mejores condiciones.

El primero es la diversificación de la canasta exportadora. Medida por el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), en los años recientes Colombia pasó a ser un país de alta concentración de las exportaciones por el impacto de los minero-energéticos. Si bien el IHH sin minero-energéticos mantuvo una tendencia favorable, el ritmo de diversificación de la producción de valor agregado se vio fuertemente obstaculizado por la apreciación de la tasa de cambio.

El segundo es el manejo de la bonanza minero-energética. A pesar de las lecciones internacionales, no se hizo en el país una cirugía de raíz al sistema de regalías, para aislar la mayor parte del impacto del aumento transitorio de los precios internacionales. Decisiones en la línea del modelo de Noruega, por ejemplo, hubieran permitido amortiguar la apreciación, el impacto tributario y la desaceleración económica actual.

El tercero, la construcción de la institucionalidad fiscal, que hoy tiene merecido reconocimiento internacional, no fue acompañada de una adecuación de la estructura tributaria del país. Colombia siguió la senda de reformas fiscalistas y la creación de impuestos temporales con tendencia a volverse permanentes, lo que aumentó las tasas efectivas de tributación de forma explosiva y afectó la competitividad del sector empresarial.

La caída de la renta petrolera

Según el ministro Cárdenas, la renta petrolera prácticamente desapareció. Las cifras son contundentes: en el 2013 representó el 19.7% de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central, y el Ministerio de Hacienda proyecta que en el 2016 apenas será el 2.5 %, el nivel más bajo en lo corrido del siglo.

Señala el ministro que desde hace un año vieron venir el problema de caída de la renta petrolera y por eso propusieron la reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso a finales del año pasado.

La nueva situación plantea un reto para el Gobierno, consistente en cumplir con la regla fiscal y preservar la sostenibilidad fiscal a pesar de la práctica desaparición de la renta petrolera.

No deja de sorprender la flexibilidad de las finanzas públicas para adaptarse a un cambio tan abrupto, cuando es conocida la rigidez del gasto, al estar predeterminado en gran parte por normas legales.

En el 2015, la caída de la renta petrolera fue del 1.2% del PIB y se proyecta para el 2016 otro 0.7%; este año se compensó el 0.5% del PIB con la reforma tributaria del 2014 y buena parte del resto con mayor endeudamiento, lo que incrementó el déficit fiscal proyectado, del 2.4% al 3.0% del PIB. Para el 2016 solo quedó la opción de mayor endeudamiento y recorte del gasto de inversión, con aumento del déficit proyectado, del 3.0 al 3.6% del PIB.

El desafío hacia adelante, como lo destaca el ministro de Hacienda, es cómo reducir el déficit sin contar con la renta petrolera; pero, además, sin la posibilidad de una nueva reforma tributaria fiscalista, con un mayor gasto en amortización de la deuda, por cuenta de la depreciación y de mayores costos financieros, y con los nuevos gastos que demandará el posconflicto.

El problema de la renta petrolera para Colombia no es solo el tema de los precios, sino también el de la producción. La renta tiende a reducirse a su mínima expresión porque las reservas de petróleo del país apenas dan para seis o siete años y el drástico recorte del presupuesto de inversión de Ecopetrol no permite abrigar grandes esperanzas de descubrimientos que las eleven. Entre otras, el Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene un escenario muy optimista, en el que la producción de crudo se mantiene en alrededor de un millón de barriles diarios hasta el 2022 y a partir de ahí se reduce gradualmente hasta 940 000 en el 2026.

El otro tema preocupante es el de los ingresos del Gobierno. En el proyecto del Presupuesto General de la Nación que cursa en el Congreso se prevé que los ingresos se mantienen estables alrededor del 15.7% del PIB hasta el 2018. Pero a partir del 2019 serán necesarias nuevas fuentes para sustituir los impuestos que deben desaparecer y desde el 2020 se debe contar con ingresos adicionales para cumplir con la regla fiscal; de esta forma, para el primer año se requieren más recursos por el 1.1% del PIB y en el segundo por el 1.9%.

Ante una situación fiscal que tiende a tornarse más compleja, el Gobierno no puede perder de vista el compromiso que tiene de tramitar una reforma tributaria estructural. Esta es necesaria para recuperar la competitividad del sector empresarial, afectada por las altas tasas efectivas de tributación, y recomponer las finanzas públicas, de forma que eliminen la dependencia de rentas como la petrolera, le den mayor transparencia al estatuto tributario y sean un mecanismo efectivo de redistribución del ingreso.

Un reto adicional para el país es que la Comisión de Expertos, establecida en la Ley 1739 de 2014 y conformada mediante el decreto 327 de 2015, logre, en los pocos meses que le quedan, presentar sus recomendaciones al Gobierno. Gran parte de los diez meses del plazo asignado a la Comisión se le fueron en la elaboración de un diagnóstico y en la propuesta sobre las entidades sin ánimo de lucro. Esperemos que tengan muy avanzados los demás temas, que abren la posibilidad de tener una tributación más adecuada a las tendencias globales.

Austeridad inteligente

En la Convención, el ministro Cárdenas presentó las ideas del Gobierno sobre la forma en que se amortiguará el impacto del choque externo que actualmente afronta la economía colombiana: «Estamos hablando de “austeridad inteligente”: el Gobierno se aprieta el cinturón para que el sector privado pueda aprovechar la liquidez internacional, la buena calificación de Colombia y salir a hacer unas inversiones que van a generar crecimiento».

Es evidente que el margen de maniobra de la política fiscal es menor en la actual coyuntura, con relación a la que tuvo durante la crisis mundial entre 2008-2009. Ello en razón al fuerte impacto que la caída en la renta petrolera ocasiona en el déficit fiscal. De ahí que el Gobierno esté haciendo esta propuesta de «austeridad inteligente».

En el pasado mes de mayo, el Gobierno lanzó el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) 2.0, en el que se anunciaron recursos por $16.8 billones. La mayor parte del PIPE 2.0 consiste en la reorientación del gasto hacia actividades con mayor impacto en el crecimiento y en el empleo.

Pero las cifras vistas en las secciones anteriores muestran que es limitada la posibilidad de inyectar recursos nuevos mediante la política fiscal y que incluso el agregado de inversión pública es la principal variable de ajuste para reducir el gasto y cumplir con la regla fiscal.

En ese contexto, la austeridad inteligente es una apuesta interesante, especialmente por el papel que pueden desempeñar las obras de infraestructura de cuarta generación (4G). Resulta muy oportuno el trabajo adelantado por el Gobierno y el sector privado en los últimos años para la migración a este nuevo esquema de desarrollo de las obras de infraestructura. De particular importancia son los avances institucionales, que incluyen las leyes APP (asociaciones público-privadas) y de infraestructura, la creación de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y la Financiera de Desarrollo Nacional, y las modificaciones regulatorias que permiten el desarrollo de nuevos instrumentos de financiación y la mayor participación de los inversionistas institucionales como las entidades aseguradoras.

El cambio de entorno se dio en el momento crucial en el que está por comenzar la ejecución de las obras de la primera ola de 4G y en el que parece que, por fin, hay vía libre para la venta de Isagén y la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional.

No obstante, persisten algunos riesgos que se deben tener en cuenta para tratar de anticipar sus efectos y moderar su impacto tanto en el desarrollo de las 4G como en la dinámica de la economía.

Es importante tener en cuenta la percepción de mayor riesgo en las economías de la región, como consecuencia del deterioro del crecimiento de Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador. Las experiencias de otros episodios muestran que en esas circunstancias es difícil diferenciarse del barrio, lo que se puede estar reflejando en el aumento de los spreads de la deuda colombiana en el último año.

Pero el riesgo más sobresaliente es el inminente aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, que puede ocasionar mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, acelerar la depreciación de la moneda y reducir la oferta de créditos a las economías emergentes.

Conclusiones

La intervención del ministro Cárdenas mostró que la institucionalidad de la política económica de Colombia tiene un reconocimiento internacional y ha repercutido en mayores tasas de crecimiento. El cambio de entorno indujo la desaceleración del crecimiento, pero el país sigue sobresaliendo en el contexto regional y mundial.

La institucionalidad se ha puesto a prueba con la fuerte caída de la renta petrolera y en parte la mitigación de los impactos del choque petrolero descansa en la actividad del sector privado, en especial con el desarrollo de los proyectos de 4G.

Podemos decir que, por ahora, la economía colombiana evidencia una vez más su resiliencia frente a los choques externos. Pero hay retos y riesgos, como avanzar en la modernización de la estructura tributaria y prepararse para capotear una mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales.