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Egipto, Turquía y Colombia

viernes, 20 de mayo de 2022


Publicado en Portafolio el 20 de mayo de 2022

Los gobiernos colombianos suelen solucionar numerosos temas cruciales por tres vías: expedir leyes y decretos que poco se cumplen; contratar “misiones de estudio” para diagnosticar lo que, con frecuencia, ya está diagnosticado; o “patear la pelota hacia adelante”, heredando los costos políticos de las reformas estructurales a los sucesores. Así, el país cuenta con magníficas normas jurídicas, excelentes recomendaciones técnicas en muchos campos y montones de decisiones postergadas mientras los problemas se agravan.

No vemos que el país se entretiene alimentando inextricables marcos jurídicos, gastando recursos en “misionitis” y “pateando la pelota”, mientras el mundo avanza y cada vez nos rezagamos más; no solo no hemos podido cerrar las brechas de ingreso con las economías desarrolladas, sino que las que iban detrás nos alcanzan y nos superan.

En mis recientes vacaciones viajé a Turquía y Egipto. No son economías desarrolladas, pero los contrastes de esos países con Colombia son impactantes. Es interesante la comparación, pues si bien estamos mejor en algunos aspectos, ellos nos aventajan en otros que son centrales en la aceleración del desarrollo y por eso registran una dinámica de largo plazo mejor que la colombiana. El primero tiene un ingreso per cápita que duplica el colombiano; el del segundo es la mitad del nuestro. Pero en 1960 el de Colombia era el 404% del de Egipto y el 74% del de Turquía; en 2020 esas relaciones fueron del 236% y del 48%, respectivamente.

Aun cuando en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial de 2019 estamos en un rango similar, esos dos países nos llevan gran ventaja en infraestructura (puestos 52 y 49 frente al 81 de Colombia) y en la calidad de las instituciones (puestos 82 y 71 frente a 92).

Adicionalmente, sus indicadores de seguridad son mejores. En el índice de crimen organizado Colombia fue el segundo entre 196 países en 2021, mientras que Turquía fue el 12 y Egipto el 79. En seguridad vial, la tasa de mortalidad de Colombia fue 15,4 por 100.000 habitantes en 2018; la de Turquía 8,4 y la de Egipto 10,1, a pesar de su caótico tráfico y la indisciplina de los peatones.

Múltiples factores explican las diferencias de desarrollo entre países, pero salta a la vista que nos están tomando la delantera los que sí adoptan decisiones estratégicas para proveer bienes públicos de calidad, brindar mayor seguridad a su población y buscar la superación de los problemas de distribución del ingreso. En Colombia nos vanagloriamos de enunciar que tenemos potencial en todo, pero no reflexionamos por qué sigue siendo una esperanza de futuro y no se toman las decisiones para convertirlo en realidad.

¿Más escolaridad, menos ingresos?

jueves, 21 de octubre de 2021

 

Publicado en Portafolio el jueves 21 de octubre de 2021

Si el país se sorprendió con la noticia de que el 51,1% de los ocupados obtiene ingresos de un salario mínimo (SM) o menos, debería aterrorizarse al enterarse que los niveles de escolaridad de los trabajadores mejoraron notablemente en la última década, pero que el porcentaje de población que devenga salarios bajos está aumentando de forma acelerada.

El análisis de la información del Dane revela que entre 2010 y 2020 la población ocupada con educación básica secundaria, primaria o ningún nivel educativo pasó del 54,7% del total al 39,8%, con una pérdida de 14,9 puntos porcentuales (pps). Simultáneamente los trabajadores con educación media o niveles superiores aumentaron su participación hasta el 60.2% en 2020; el segmento con mayor ganancia fue el de educación media, con un incremento de 7,2 pps, seguido de los técnicos y tecnólogos, que ganaron 4,1 pps.

Esos cambios en solo 11 años son impresionantes y deberían tener repercusiones positivas en el bienestar. La economía postula que la educación es un medio eficaz para la movilidad social ascendente, porque se asume que los trabajadores más educados obtienen mayores ingresos. Por lo tanto, cabría esperar que ese notable salto en la escolaridad de los trabajadores tuviera un impacto en mejores remuneraciones.

Sin embargo, las tendencias de los ingresos revelan otra cosa. El problema no es solo que el 51,1% de los ocupados gane igual o menos que un SM. Lo que está ocurriendo, por un lado, es que ese porcentaje viene creciendo desde 2016. Pero, por otro lado, lo más grave es que son los trabajadores que ganan medio SM o menos los que explican ese incremento (pasan del 21,0% en 2018 a 30.6% en 2020).

Contrario a lo que se espera, esa anomalía no se concentra en la población menos educada, sino que se registra en todos los niveles de educación. Cuando se examina la participación de los ocupados con ingresos de 1,5 SM o más dentro de cada nivel educativo, se observa que pierden 20,7 pps entre los del nivel de tecnología o tecnológico en el periodo 2010-2020, seguidos de los de educación media (-14,3 pps) y los de educación universitaria o posgrados (-13,9 pps). Simultáneamente, los que obtienen medio SM o menos aumentan en todos los niveles educativos.

Surgen muchos interrogantes: ¿Qué explica ese deterioro de los ingresos salariales? ¿Cómo se relacionan estas anomalías con la deficiente calidad de la educación y la inadecuada pertinencia de la formación para el trabajo? ¿Esta situación alimenta el malestar social? ¿Cuánto explica la pandemia y cuánto la baja capacidad de creación de empleo formal? Gobierno, empleadores, analistas y candidatos tienen la palabra.

Distribución del ingreso y populismo

viernes, 19 de enero de 2018
Publicado en Portafolio el 19 de enero de 2018

La creciente concentración del ingreso en las economías desarrolladas ha suscitado numerosos debates y es una de las presuntas culpables de las manifestaciones de descontento de las clases medias en Estados Unidos y en Europa.

En Colombia el interés por el tema es esporádico; pero debería ser más relevante, dado que tenemos una de las peores distribuciones del ingreso del mundo. El índice de Gini es el octavo más alto, según el PNUD, y solo nos superan Haití y algunas de las economías africanas más pobres del planeta.

El mundo se sorprendió cuando diversas investigaciones mostraron que en Estados Unidos el 1% superior de la distribución aumentó su participación en el ingreso total del 8.9% en 1973 al 20.0% en 2010 y al 22.0% en 2015. Según Facundo Alvaredo y Juliana Londoño (“Altos ingresos e impuesto de renta en Colombia, 1993-2010”), estamos en las mismas, pues ese grupo captó el 20.4% del ingreso colombiano en 2010.

De forma complementaria, con base en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el diario alemán Welt am Sonntag calculó que en 2017 la fortuna de las cinco personas más adineradas de Estados Unidos (Bezos, Gates, Buffet, Zuckerberg y Page), que están entre los 10 más ricos del mundo, equivale al 2.1% del PIB. Por contraste, los tres con mayor riqueza en Colombia (puestos 77, 107 y 450 en el índice) representan el 11.3% del PIB, es decir, 5.4 veces más que los cinco estadounidenses; esa concentración es mayor que la de nuestros principales socios latinoamericanos: Chile el 9.3%, México el 7.9% y Perú el 2.9%.

Aun cuando estos indicadores reflejan la magnitud del problema en Colombia, no parece que estemos dispuestos a solucionarlo, pues ni se aprovechan las oportunidades del crecimiento y ni se toman las decisiones de política económica para mejorar la distribución del ingreso.

El reciente auge de crecimiento sirvió a la mayoría de las economías de Latinoamérica para mejorar la distribución del ingreso, pero Colombia lo aprovechó en menor medida. Según la Cepal, el Gini de la región se redujo en 13.2% entre 2002 y 2016, mientras que el colombiano lo hizo en 8.2%. Además, según Alvaredo y Londoño la participación del 1% superior de la distribución se mantiene estable.

La reforma tributaria aprobada en 2016 fue una oportunidad desperdiciada. Muy pocas exenciones se eliminaron y el gravamen sobre los dividendos se quedó a la mitad del camino de lo propuesto por la Comisión de Expertos. Esto impidió mejorar la capacidad redistributiva de la política fiscal.

Tampoco se logró avanzar en la aprobación de una ley para racionalizar la asignación de los subsidios y el ambiente para tramitar una reforma pensional que elimine los regresivos subsidios a las pensiones altas luce poco favorable.

Ante este panorama, todos los ciudadanos, en especial los candidatos a la presidencia, deberíamos tener presente la sentencia de François Bourguignon en su libro La globalización de la desigualdad (2017): “Demasiada desigualdad puede conducir indirectamente a grandes daños económicos a través de la política. En efecto, las tensiones sociales, la inestabilidad política, los gobiernos populistas o simplemente las decisiones populistas que surgen de la percepción pública de una desigualdad excesiva son potencialmente perjudiciales para la economía”.