Distorsiones salariales

 

Publicado en Portafolio el 23 de julio de 2025

El salario mínimo es $1.423.500, pero en realidad el costo mensual está entre $2.204.754 y $2.396.927, dependiendo de si se hacen o no aportes parafiscales.

La reforma laboral aumenta las cargas salariales y puede repercutir en mayor desempleo; así lo plantean estudios de Fedesarrollo y el Banco de la República y cálculos de los gremios. El balance general serán mayores distorsiones en el mercado laboral.

Lejos de favorecer a la población de menores ingresos, esas regulaciones los impactan negativamente. Según el Dane, entre enero-septiembre de 2019 y enero-septiembre de 2021 los asalariados que recibían menos de 0,9 salarios mínimos mensuales legales (smmlv) pasaron del 41,8% al 46,2%, mientras se redujo del 23,9% al 18,1% los que recibían entre 0,9 y 1,1 smmlv. Lamentablemente el Dane no siguió publicando estos datos, pero es probable que las tendencias se mantengan. De las cifras presentadas se concluye que la gran mayoría de los trabajadores está en la informalidad y su ingreso mensual es inferior al smmlv; que ese grupo de trabajadores registra una participación creciente en la oferta laboral; y que las leyes de salario mínimo benefician a un reducido grupo de trabajadores formales y que su participación en el total de la fuerza laboral viene decreciendo. Además, los costos de la seguridad social de los informales son asumidos por toda la sociedad mediante subsidios.

Esas distorsiones afectan toda la estructura de salarios. Según la Ocde, el salario mínimo de Colombia en 2024 equivale al 92,3% del ingreso mediano de la economía y su tendencia es creciente, pues en 2014 era el 82,1%. A manera de hipótesis, para que esto ocurra, los ingresos de lo demás trabajadores deben estar creciendo menos que el mínimo. En otras palabras, para amortiguar los crecientes costos de la contratación de trabajadores de salario mínimo, algunas empresas pueden estar optando por no ajustar otros salarios de la empresa o crecerlos menos que el incremento del mínimo.

Sin embargo, es posible que los ingresos de las personas más calificadas sí continúen creciendo, ampliando la brecha con relación a los ingresos bajos. La Ocde indica que en el caso de Colombia la relación entre los ingresos del decil 9 y el decil 1 venía bajando desde 7,7 veces en 2007 hasta 4,2 en 2018; pero a partir de ese año volvió a crecer hasta 5,4 veces en 2024. Se puede deducir que los “sacrificados” son los trabajadores de ingresos medios.

En síntesis, las decisiones sobre salario mínimo y los costos adicionales que generan regulaciones como las de la reforma laboral incentivan la informalidad laboral, pueden estar deprimiendo los ingresos de los trabajadores de ingresos medios y ampliando la brecha con las remuneraciones más altas de la economía.

Formal versus informal

Publicado en Ámbito Jurídico, Año XVII – No. 402; 15 al 28 de septiembre de 2014

Cuando uno logra conseguir un taxi libre y el conductor está de buen humor y va para donde uno necesita ir, se suelen establecer enriquecedoras conversaciones mientras se disfrutan los trancones de Bogotá. Ellos son una especie de termómetro del país; tienen su particular visión sobre el acontecer político, la actualidad deportiva, los problemas de la economía, el escándalo del momento, las “genialidades” del alcalde, etc. 

En esos ocasionales coloquios indago sobre su vida en la informalidad laboral. Una pregunta obligada es cómo hacen para vivir con ingresos inferiores al salario mínimo; no hay respuesta porque ganan más del mínimo.

La mayoría de los taxistas trabaja mediante convenios verbales que parecen sacados de la época feudal o de los albores de la revolución industrial. El dueño del vehículo lo presta a los taxistas por turnos de 12 horas a cambio de una renta del orden de los $60.000; terminada esa jornada, deben entregarlo recién lavado y con el tanque del combustible lleno. El sueldo de los taxistas comienza ahí; todo lo que obtengan por encima de esos pagos, constituye su ingreso.

Salvo un ahorro forzoso para cubrir eventuales daños, generalmente el dueño se desentiende de cualquier otro compromiso laboral con el taxista. No paga ni caja de compensación ni salud, ni riesgos laborales, ni aportes para pensión. En pocas palabras, se trata de un servicio público abiertamente informal.

En promedio, el taxista puede obtener entre $50.000 y $70.000 libres en esas extremas jornadas, contando con la buena suerte de no enfermarse, o tener un accidente. Se colige que sin esas vicisitudes, el ingreso bruto puede oscilar entre 2.1 y 2.8 salarios mínimos mensuales vigentes.

Otro interrogante es si con ese ingreso bruto hacen aportes para salud o cómo logran afrontar enfermedades y tratamientos médicos de ellos, la esposa y los hijos. La respuesta es negativa al primer tema y la segunda es "papá gobierno": el Sisben es el “paganini”; o mejor, todos los contribuyentes formales les pagamos.

Por poner otro tema, surge el de la educación de los hijos; pero ahí tampoco hay problema, pues para eso están las escuelas y colegios públicos, que no cobran y tienen programas de alimentación gratuita para combatir la desnutrición infantil.

Y si viven en estratos 1 y 2, cosa que también es frecuente, tienen la lotería de la Bogotá Humana que les regala los primeros seis metros cúbicos de agua por mes, es decir, el 60% del consumo mensual familiar estimado en esos estratos.

Una última pregunta, con la que uno espera ponerlos a reflexionar, es si hacen ahorro pensional. La respuesta es contundente en la mayoría de los casos: no.

Algunos hicieron unos pocos aportes a un fondo de pensiones, pero les pareció que eso era tirar el dinero a la basura y ya no aportan. Aun cuando muchos no lo saben, finalmente la carga de su vejez también la asumiremos los empleados formales, mediante los diversos programas del gobierno para el adulto mayor.

Este es un balance muy positivo para los taxistas, que han servido de ejemplo, pero también para otros grupos informales. Primero, no se mueren de hambre, porque sus ingresos superan los que normalmente nos imaginamos. Segundo, no pagan impuestos ni contribuyen a su seguridad social y el gobierno les subsidia salud, educación, agua y alimentación a los hijos, por lo que no tienen ningún incentivo a la formalidad. Tercero, todos los ciudadanos formales les transferimos esos recursos y, por si fuera poco, tendremos que pagarles su vejez.

Adicionalmente, hay leyes que los empresarios incumplen y ningún gobierno les obliga a aplicarlas, por lo que terminan siendo cómplices de la informalidad. Por ejemplo, en el caso de los transportadores, el artículo 34 de la Ley 336 de 1996 establece que “las empresas de transporte público están obligadas a vigilar y constatar que los conductores de sus equipos cuenten con la Licencia de Conducción vigente y apropiada para el servicio, así como su afiliación al sistema de seguridad social según los prevean las disposiciones legales vigentes sobre la materia”.

Son loables las políticas de redistribución del ingreso mediante apoyos a la población más vulnerable. Pero es necesario neutralizar los efectos no deseados, excluir los grupos que no los necesitan y enfocarse realmente en los más pobres. El gobierno debe salir de esa trampa en la que cayó adoptando medidas para reducir la informalidad, al tiempo que otorga los subsidios que inducen comportamientos poco proclives a la formalidad.

No hacerlo, condena al país al atraso, pues desestimula la inversión, la generación de empleos dignos y el aumento de la productividad. Y día a día resulta más oneroso ser formales, por las crecientes cargas que les imponen para alimentar la informalidad.

De nuevo, el Ministerio de Industria

Publicado en Portafolio el 18 de julio de 2014

En días pasados el presidente de la ANDI se refirió nuevamente a la propuesta de un “Ministerio de Industria”.

Muy bueno plantear debates, pero poniéndolos en contexto. Por ejemplo, insinuar que no hay apoyos del Estado a la industria y que no hay política industrial –como lo sostienen desde hace tres años algunos analistas–, no es un buen punto de partida.

En cambio, sin ser exhaustivos, se pueden mencionar numerosas acciones de los últimos años que, además de ser “apoyos” a ese sector, en cualquier lugar del mundo se denominan “política industrial”: 

1. Exenciones tributarias a las zonas francas. 2. Diferimiento arancelario para bienes de capital y materias primas no producidos. 3. Eliminación de la sobretasa a la energía. 4. Reducción de sobrecostos a la nómina con la eliminación de parafiscales. 5. Subsidio a la tasa de interés de viviendas nuevas, con repercusión en la demanda de más de 25 sectores industriales. 6. Negocios impulsados por Compre Colombiano para fortalecer el mercado interno. 7. Oportunidades de negocios abiertas por Proexport Colombia. 8. Creación del Instituto Nacional de Metrología. 9. Creación del Centro de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales, con el objetivo de identificar y remover los obstáculos al desarrollo del potencial de exportación. 10. Incentivos tributarios de la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 11. Imposición de aranceles mixtos a las importaciones de calzado y confecciones. 12. Desembolsos de créditos de Bancoldex para modernización, por más de 11 billones de pesos en los últimos cuatro años. 13. Establecimiento del Profia, para el fortalecimiento del sector de autopartes. 14. El programa Bancoldex Capital para la promoción de los fondos de capital. 15. Créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías por más de 25 billones de pesos para las mipymes en cuatro años.

Además, hay políticas enfocadas en el mediano y largo plazo, como el Programa de Transformación Productiva que persigue el desarrollo de sectores de clase mundial; los acuerdos comerciales, que abren mercados en condiciones preferenciales para las exportaciones; la formalización empresarial que busca eliminar el lastre de la informalidad sobre la productividad; iNNpulsa Colombia, que estimula el emprendimiento dinámico innovador; la política de emprendimiento, orientada a enriquecer el tejido empresarial.

Como parte de la política industrial, se destinan recursos a la contratación de estudios especializados, que luego se plasman en decisiones de tipo transversal o sectorial; por ejemplo, la reforma a la ley de Habeas Data, el proyecto de ley anticontrabando que cursa en el Congreso y el estudio de costos de energía, que es parte de la política de reducción de costos de producción de las empresas.

Es hora de bajar la discusión de las ramas y comenzar debates puntuales sobre dónde se requieren ajustes y cuáles son las justificaciones, cuáles programas y políticas se deben fortalecer y cuáles suprimir. También sería deseable medir cuánto nos cuesta la política industrial a todos los ciudadanos.

En síntesis, más que un ministerio de industria, lo que hace falta en Colombia es una presentación integral y periódica de los objetivos de la política industrial, sus múltiples programas, los costos de cada uno, la evaluación de sus impactos, etcétera. La propuesta es emular el libro blanco de la política industrial de países como Japón, Taiwán, Corea y la Unión Europea.

Informalidad nefasta

Publicado en la edición de julio de la revista MisiónPyme

Según el Dane, la tasa de informalidad laboral en Colombia para enero–marzo de 2012 fue del 50.4%. La encuesta de informalidad empresarial no se volvió a publicar, pero el último resultado era de 39% medida por no llevar contabilidad y de 57% por no tener registro mercantil.

Esos niveles son muy altos y el país como un todo tiene que asumir el compromiso de combatirlos, pues son un lastre que genera impactos negativos sobre los trabajadores y sus familias, las propias empresas, el gobierno y, en general, toda la economía. Ahora analizamos el lastre y en la próxima columna las acciones del gobierno.

A los trabajadores informales los afecta porque sus remuneraciones son inestables y en muchos casos inferiores al salario mínimo; carecen de ahorro pensional y de prestaciones sociales; no tienen acceso a los servicios financieros y, por lo tanto, a la posibilidad de adquirir activos como la vivienda mediante crédito. Una de las consecuencias más graves es la reducción de opciones de educación a los niños, lo que tiende a perpetuar la situación de pobreza de estas familias.

Las empresas informales también encuentran difícil tener crédito, lo que las condena a las garras de los agiotistas que limitan su crecimiento; y no pueden participar en licitaciones públicas, ni beneficiarse de los programas gubernamentales de fomento a la modernización empresarial.

Pero también las empresas formales son afectadas, pues la competencia desleal de las informales les impide crecer. Por ejemplo, un almacén de confecciones difícilmente se expandirá y se proyectará como cadena, cuando al frente hay trabajadores informales con productos similares, en muchas ocasiones de contrabando o pirateados; además, los venden a precios inferiores porque ellos no pagan servicios ni prestaciones sociales, o son empresas que no tributan. Por si fuera poco, las formales son objeto de crecientes cargas tributarias, para compensar la elusión y evasión de la informalidad.

El gobierno sufre las consecuencias tanto en los ingresos como en los gastos. Los impuestos recaudados son menores, las pérdidas de las empresas de servicios públicos se incrementan y los gastos en subsidios de salud, educación, vivienda, servicios públicos y transporte aumentan más de lo que realmente sería necesario para atender a la población necesitada.

El balance es una asignación inadecuada de porciones significativas de los ingresos y los gastos públicos, que bien podrían ser utilizados en la provisión de bienes públicos, con mayor impacto en el bienestar de los más pobres y en el crecimiento de la economía.

Debemos considerar que en el régimen subsidiado de salud hay un alto porcentaje de población informal y que a futuro muchos de ellos ocasionarán más gastos en pensiones y en apoyos gubernamentales a la población adulta desprotegida. Esos son costos que asumimos todos los colombianos.

La economía en su conjunto también sufre las consecuencias por la menor provisión de bienes públicos, que mejoren la infraestructura o el capital humano o la movilidad, y por la baja productividad. Las estimaciones de McKinsey muestran que la productividad de la mano de obra informal es equivalente al 6% de la de un trabajador de Estados Unidos, lo que arrastra hacia abajo la de todo el país.

Todos estos elementos muestran que los costos de la informalidad la pagamos todos los colombianos. Y evidencian la importancia de las políticas del gobierno para combatirla.

Desarrollo endógeno bogotano

Publicado en Ámbito Jurídico No. 346 del 28 de mayo al 10 de junio de 2012

En el foro sobre el TLC realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá, el Alcalde Petro y su Secretario de Desarrollo Económico, Jorge Pulecio anunciaron los fundamentos del Plan de Desarrollo de la ciudad.

Pulecio lo expresó así: “Dos proposiciones de entrada. En lo económico, como muy bien lo planteó el alcalde Gustavo Petro… el privilegio de las políticas públicas está en la consolidación del mercado interior. Y en segundo lugar, las políticas públicas se van a basar en el modelo de desarrollo endógeno”.

En ninguna parte del Plan de Desarrollo aparece la expresión “modelo de desarrollo endógeno” y solo se menciona una vez el concepto de “políticas de desarrollo endógeno”. Lo deseable es que no se parezca a las experiencias del vecindario.

Los pocos elementos mencionados en el foro indican que el crecimiento se basará en el mercado interno, para lo cual es necesario incrementar los ingresos de las personas; y como el gasto de las familias bogotanas, caracterizadas por un alto nivel de pobreza, se concentra en transporte, servicios públicos, vivienda y alimentos (son el 77.6% en el decil 1), pues hay que cambiar los precios relativos para generar un excedente que permita nuevos gastos de las familias.

El Alcalde dio dos puntadas sobre lo que será la política de cambio de los precios relativos en favor de los más pobres. La primera, es el programa de regalar seis metros cúbicos mensuales de agua a 617 mil familias; esto, se supone, les libera ingresos para otros consumos, que aumentan la demanda interna e impulsan el crecimiento de las empresas.

Queda el interrogante de cómo financiar ese regalo, pues como dicen los economistas, “no hay almuerzo gratis”. Si lo hacen con cargo al presupuesto del Distrito, no se harán otros bienes públicos (escuelas, hospitales, vías) que podrían generar externalidades positivas superiores a las de regalar agua. Si se hace con los ineficientes subsidios cruzados, las familias que pagan más, reducen otros consumos, y entonces la demanda interna como un todo no aumenta.

El segundo, es el cambio en las reglas de juego que rigen el transporte privado, esto es, modificar los acuerdos contractuales. Se postula que hay unos crecientes costos operacionales que son trasladados a los pasajeros, lo que reduce su ingreso real y por lo tanto la demanda interna.

Por lo señalado en el Plan de Desarrollo, el problema es que las rentas que se generan se quedan en manos privadas y no son distribuidas entre públicas y privadas. Pero no es muy claro cómo se relacionan esas rentas con los costos operacionales de las empresas.

Si la modificación fuera para impedir que el crecimiento de los costos operacionales se refleje en los precios, las consecuencias pueden ser nefastas: deterioro en el mantenimiento de los vehículos, reducción de los salarios reales de los empleados, despido de trabajadores, etcétera.

Las alternativas esbozadas pero no desarrolladas en el Plan, aparentemente consisten en subsidiar a los transportadores o a los usuarios con otras fuentes (alquiler de locales, peajes urbanos), que harían aún más complejo y menos transparente el sistema.

Estas “metodologías” de cambiar los precios relativos son muy confusas. El problema es que el Plan de Desarrollo no avanza mayor cosa al respecto y algunas alternativas, como los peajes, tienen restricciones legales, señaladas por Jaime Castro (“¿Espejismo tributario?”).

Más sorprendente aún es que no hay casi referencias a la industria manufacturera, de la que se espera crecimiento y diversificación con la mayor demanda. Tampoco las hay sobre la informalidad; se menciona marginalmente la laboral (reubicación de vendedores) pero no la empresarial. Si la preocupación central es el desarrollo del mercado interno, es evidente la importancia de esta variable.

En el caso de la informalidad empresarial porque esas empresas no crecen, son de baja productividad y en muchos casos no pagan impuestos ni servicios públicos. Por lo tanto, contar con una estrategia del gobierno municipal para la reducción de ese fenómeno redundaría en incremento del recaudo de los tributos locales y en menores “pérdidas” para las empresas de servicios públicos domiciliarios. Así la Alcaldía contaría con mayores recursos para implementar políticas redistributivas.

Y en el caso de la informalidad laboral, su reducción repercutirá en mayores salarios, estabilidad en los ingresos, acceso a salud en el régimen contributivo –bajando la presión sobre el régimen subsidiado–, ahorro pensional y posibilidades de adquisición de activos fijos como la vivienda mediante acceso al crédito del sector financiero.

En síntesis, son necesarias mayores explicaciones de las autoridades capitalinas respecto al modelo de desarrollo endógeno; precisiones sobre las medidas para cambiar los precios relativos; y propuestas concretas sobre el tratamiento de la informalidad, que no pueden quedar refundidas en el etéreo concepto de “economía popular”. No hacerlo, puede generar incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas de juego de la economía local.

Informalidad y productividad

Artículo publicado en el diario La República el 30 de septiembre de 2010

La productividad laboral relativa de Colombia repuntó entre 2003 y 2008. Este indicador, que muestra el valor agregado por trabajador de un país con relación al obtenido por uno de Estados Unidos, cayó de 32 a 24 por ciento entre 1989 y 2003; a partir de ese año se recuperó y llegó a 28 por ciento en 2007, tuvo una ligera corrección a la baja en 2008 y cabe esperar una reducción adicional en 2009, por cuenta de la crisis mundial.

Se deduce, que aún con el repunte reciente, la productividad del país, lejos de converger con la de Estados Unidos, se distanció. Comportamiento similar se registró en las principales naciones de América Latina; sin embargo, Colombia es de los países que menos redujo este indicador.

El contraste son las economías asiáticas en vías de desarrollo. Tanto en los “tigres” antiguos como en los nuevos su productividad laboral relativa ha crecido más que la de Estados Unidos, con lo cual están cerrando la brecha.

Colombia todavía registra una productividad laboral mayor que la de países como China, India, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Pero, con los resultados comentados, las distancias se están cerrando aceleradamente.

Con relación a la productividad total de factores, según Fidel Jaramillo, del BID, “mientras que los países de Asia Oriental más que duplicaron su productividad en los últimos 50 años, América Latina la ha reducido y Colombia apenas la ha aumentado”.

Aun cuando son múltiples los factores que explican este rezago y sobre el tema hay una abundante literatura, es aceptado que la informalidad tiene una estrecha relación con la productividad.

El actual ministro de la Protección Social afirmó en un estudio que no es fácil establecer si la relación causal es la alta informalidad explicada por la baja productividad, o ésta como una resultante de la primera (“Informalidad empresarial en Colombia”). No obstante, según Santa María “es evidente que la puerta de entrada al sendero de una mayor productividad es una reducción en la incidencia de la informalidad”.

Los trabajos de la consultora McKinsey & Company apuntan en esa dirección. Estiman que la productividad laboral en Colombia es el 20 por ciento de la de Estados Unidos; pero la del sector formal es del 41 por ciento, mientras la del informal, que absorbe el 58 por ciento de la fuerza laboral, es apenas del seis por ciento.

Dado que el trabajo formal es siete veces más productivo que el informal, es evidente el impacto positivo que tendría el país en competitividad, empleo y crecimiento si logra reducir la informalidad. Se trata de un monstruo de mil cabezas, pero hay que combatirlo para alcanzar e incluso superar las metas del gobierno de 2.4 millones de empleos nuevos y 500 mil informales menos.

Muy formal

Publicado en Ámbito Jurídico el 1 de diciembre de 2008


La informalidad de las empresas y del mercado laboral es un lastre para la competitividad. Aun cuando es un fenómeno que existe en todas las economías, registra niveles particularmente altos en los países subdesarrollados.

Pese a que el tema es motivo de preocupación tanto nacional como internacional, en el país no hay mucha información cuantitativa y la disponible tiene limitaciones.

La informalidad se observa en las empresas que funcionan sin licencia, eluden sus responsabilidades tributarias y no tienen una contabilidad organizada. El reciente informe del Consejo Privado de Competitividad “Ruta a la prosperidad colectiva”, señala que en Colombia el 57% de las empresas de más de cinco empleados compite con empresas informales.

Según el Dane, la tasa de informalidad laboral, que estuvo en niveles del 52% a comienzos de los años noventa, subió hasta cerca del 62% con la crisis de finales de esa década. Aun cuando descendió un poco con la reactivación de la economía y los altos niveles de crecimiento recientes, los datos de 2008 indican que los trabajadores informales se mantienen en niveles del 57% de la fuerza laboral.

Cabe aclarar que la definición del Dane –consistente con las recomendaciones del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe de 1978–, incluye entre los informales a los trabajadores por cuenta propia y a los vinculados a empresas de menos de 10 trabajadores, lo que indicaría que todas las microempresas están en ese segmento.

Por décadas, ese concepto ha sido fuente de debates en los foros internacionales; de ahí surgió una definición más precisa, pero aún no ha sido incorporada en las mediciones en Colombia. Según la OIT “Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.)”.

Aún con las restricciones en la medición, los datos disponibles permiten corroborar la incidencia negativa de la informalidad en la productividad y competitividad de las economías. Un estudio de la CAF muestra que la productividad laboral de América Latina y de Colombia se rezagó desde mediados de la década del sesenta con relación a otras economías tanto desarrolladas como subdesarrolladas.

Los cálculos de la firma McKinsey indican que la productividad laboral en Colombia es el 20% de la de los trabajadores de Estados Unidos. En ese resultado tiene un peso significativo la economía informal, pues su productividad es apenas del 6% mientras que la del sector formal es del 40%.

Según la misma firma, si lográramos reducir el tamaño del sector informal de la economía colombiana al nivel que tiene Chile, que es del 30%, podríamos aumentar la productividad laboral media de Colombia a más de 50% de la de Estados Unidos.

Los datos anteriores muestran por qué en el diseño e implementación de las políticas de competitividad es importante incluir acciones específicas que ataquen la informalidad en todas sus manifestaciones.

El Documento Conpes 3527 de junio de 2008 establece la formalización laboral y empresarial como uno de los cinco pilares de la estrategia de competitividad del país y define planes de acción para orientar el trabajo de las entidades públicas responsables del tema.

Los planes de acción contienen un conjunto de herramientas que será utilizado bajo el liderazgo del Ministerio de la Protección Social para mejorar la formalización laboral. En este campo se espera implementar un nuevo concepto de informalidad laboral y mejorar la medición estadística, fortalecer el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y reducir la evasión y la elusión de los pagos de seguridad social y los aportes parafiscales, entre otras.

La formalización empresarial será liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entre las iniciativas a desarrollar cabe destacar las rutas para la formalidad; la mejora en el ranking del Doing Business; la creación de un régimen de simplificación tributaria para las mipymes; adelantar campañas de información para los empresarios; y diseñar medidas de control a la informalidad mediante el cruce de información entre entidades.

Las rutas para la formalidad son un programa que se realizará en asocio con las cámaras de comercio y la academia, con el objetivo de concientizar a los empresarios sobre las ventajas de la formalización. La Cámara de Comercio de Cali viene adelantando con éxito un piloto orientado a asesorar a las empresas en su tránsito de la informalidad a la formalidad y a consolidar a las ya formales; ahora será replicado a otras regiones del país.

La mejora en el Doing Business se relaciona con modificaciones de la regulación gubernamental para hacer más adecuado el entorno para los negocios. Algunos diagnósticos de la informalidad apuntan al exceso de regulaciones como una de las causas generadoras; por esto es importante la simplificación de trámites y la reducción de sus costos, como complemento a las campañas de concientización.

Hay compromiso del Gobierno, del sector privado y de la academia; la formalización laboral y empresarial es uno de los pilares de la política de competitividad; hay una articulación fuerte entre los diferentes componentes de esa política; y se cuenta con herramientas específicas para atacar la informalidad. Si logramos el objetivo, tendremos el escenario propicio para lograr un crecimiento más elevado y mejorar las condiciones del empleo en el país.

Trabajo como barrera no arancelaria

Publicado en Ámbito Jurídico el 3 de diciembre de 2007


Hay una protuberante contradicción entre quienes por criticar el TLC con EE UU no dudan en pasar por encima de otros temas que vienen defendiendo. Tal es el caso del capítulo laboral del tratado y la necesidad de mejorar la calidad del empleo en Colombia.

Los niveles de informalidad bordean el 60% del empleo en el país, con profundas repercusiones negativas tanto en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, como en la productividad del país. Los cálculos de McKinsey indican que la productividad laboral en el sector informal del país equivale al 6% de la productividad laboral de EE UU, mientras que la productividad del sector formal equivale al 41%. El problema es grave pues la brecha entre los dos países se viene ampliando en las últimas décadas.

Las hipótesis de mayor aceptación sobre las causas de la informalidad apuntan a las cargas parafiscales sobre la nómina, los incentivos perversos que generan las políticas asistencialistas (reducen las alicientes a buscar un mejor empleo) y la evasión de impuestos por parte de las empresas. Los empleados informales no cuentan con prestaciones sociales ni protección frente a los riesgos laborales y, con frecuencia, no reciben la remuneración mínima legal. De ahí que tirios y troyanos estén en desacuerdo con estas prácticas y propendan por la formalización de la economía y la mejora en las condiciones laborales de los asalariados.

¿Qué dice el TLC en materia laboral? ¿Va en contra de ese anhelo de un mejor empleo para los colombianos? En términos generales el tratado apunta en su capítulo laboral a tres objetivos: incorporación de los acuerdos de la OIT sobre derechos fundamentales de los trabajadores en la legislación nacional; observancia de la propia legislación laboral; y, compromisos para no deteriorarla con el propósito de obtener ventajas comerciales. Es evidente que su contenido está en armonía con los planteamientos ya señalados sobre eliminación del trabajo informal.

No obstante, en los debates para la aprobación del TLC y del protocolo modificatorio surgió la exótica hipótesis de que el capítulo laboral creará barreras no arancelarias para las exportaciones colombianas hacia los EE UU.

La hipótesis tiene la siguiente secuencia: 1. El protocolo modificatorio suprimió el mecanismo de consulta en el capítulo laboral para la solución de inconvenientes en la implementación del tratado; por lo tanto, éstos irán directamente al mecanismo general de solución de controversias. 2. Es evidente la carencia de herramientas para que el Gobierno asegure la efectiva aplicación de las leyes. Como ejemplo se menciona que la legislación prohíbe la explotación del trabajo infantil, pero todos los días en cualquier calle de nuestras ciudades se ven niños trabajando. 3. No hay forma de que las mipymes cumplan con la legislación laboral por lo onerosa que es. 4. Las exportaciones de las mipymes serán atacadas por los empresarios de EE UU, argumentando ante el mecanismo de solución de controversias el incumplimiento del capítulo laboral. 5. Se impondrán sanciones pecuniarias o comerciales a Colombia, lo que impedirá las exportaciones de las mipymes a los EE UU. Conclusión, el capítulo laboral es una barrera no arancelaria al comercio.

Varios problemas hay con la hipótesis de marras. En primer lugar, no es cierto que se hayan eliminado las consultas en el capítulo laboral; siguen existiendo las consultas cooperativas y las decisiones del Consejo de Asuntos Laborales –integrado por los ministros del ramo– como un paso obligado antes de ir al órgano general de solución de controversias. La lectura cuidadosa del párrafo 7 del artículo 17.7 –como quedó en el protocolo modificatorio– permite comprobarlo: “Ninguna de las Partes podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias conforme a este Acuerdo por un asunto que surja en relación con el presente Capítulo sin haber intentado previamente resolverlo de acuerdo con este Artículo”.

En segundo lugar, llegar a una sanción pecuniaria o comercial no es tan sencillo, pues no basta con que una empresa incumpla la legislación; tiene que ser un problema persistente y relativamente ampliado. Así lo señala el artículo 17.3, tal como quedó con el protocolo: “Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral… por medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo”.

En tercer lugar, la hipótesis no es consistente con el objetivo de reducir la informalidad. En últimas, la hipótesis dice implícitamente que las mipymes exportadoras no cumplen la legislación laboral y, por lo tanto, son informales. También dice que el Gobierno cometió un error al asumir el compromiso de hacer cumplir la legislación laboral porque pone en riesgo el acceso de las empresas informales al mercado de EE UU. Lo primero es parcialmente cierto, en tanto que lo segundo, además de absurdo, es falso.

Si el Gobierno no tiene herramientas para hacer cumplir la ley y las empresas se escudan en ello para deteriorar las condiciones laborales de los empleados, no se puede concluir que se está creando una barrera no arancelaria. Lo que es importante y urgente es corregir la situación, acudir a mecanismos de cooperación laboral, como los previstos en el tratado, y superar los problemas de informalidad. ¿O es que los autores de la hipótesis piensan que se puede eliminar la informalidad sin forzar el cumplimiento de las leyes?