Publicada en Portafolio el 17 de febrero de 2026
En los recientes debates sobre los efectos negativos del desproporcionado ajuste del salario mínimo pasan desapercibidos los impactos en las pensiones. Aun cuando el Consejo de Estado suspendió temporalmente el aumento y ordenó al gobierno expedir un nuevo salario mínimo ajustado a los parámetros técnicos, ya el daño está hecho; de ahí que un segmento significativo de los empresarios sostenga que no echarán para atrás el aumento del 23% porque “se han generado algunos derechos que… no se deben afectar”.
El incremento del 23% sirve para mostrar lo que viene ocurriendo con las pensiones de tiempo atrás. Tomo como referente el incremento de mi pensión del 5,1%, que corresponde a la inflación de 2025. De la variación absoluta, ya en enero el 76% se fue en cinco rubros: EPS, caja de compensación, programa adicional de salud, administración de la copropiedad y empleada (solo ocho días al mes). ¿Será que el 24% restante me alcanzará para cubrir los mayores precios de alimentos, servicios públicos, transporte y recreación? Difícil cuando las expectativas de inflación ya apuntan a niveles superiores al 6% en 2026.
Emulando el ejercicio realizado por un connotado economista, podemos comparar la evolución del salario mínimo con la del ingreso de un pensionado que en 2004 era el equivalente a dos salarios mínimos. El resultado que se obtiene en enero del 2026 es que el ingreso del pensionado equivale apenas a 1,2 salarios mínimos. Esto se explica porque mientras la variación real de la pensión fue nula en el periodo 2004-2026, porque su incremento es igual al de la inflación del año anterior, el salario mínimo real se incrementó en 70,5%.
En buena parte ese aumento se explica por razones extraeconómicas, pues en ese periodo el salario mínimo nominal se multiplicó por 4,9 mientras que la inflación lo hizo por 2.9. La diferencia no puede ser atribuida a incrementos en la productividad. Según el Dane, entre 2021 y 2025 la inflación media fue de 7,7%, y las variaciones medias anuales de la productividad por persona empleada y del salario mínimo fueron -0.1% y 12%, respectivamente. La diferencia radica en decisiones políticas, como la que acabamos de vivir: en 2025 con una inflación del 5,1% y una caída de la productividad por persona empleada del -0.32%, el incremento del salario mínimo nominal fue del 23%.
Es claro que las decisiones políticas para favorecer al 10% de los trabajadores formales del país tiene impactos negativos en grupos poblacionales como el de los pensionados; no solo inducen un mayor costo fiscal, porque cada año es mayor el número de pensionados que converge al mínimo, sino que posiblemente repercutan en un deterioro real del ingreso de todos los pensionados.
