Publicado en Portafolio el viernes 25 de agosto de 2017
Cumplidos siete meses del gobierno de Trump, son evidentes los cambios que se están precipitando tanto en Estados Unidos como en el mundo.
En geopolítica ocurre algo muy particular. La primera potencia mundial renunció a su liderazgo, por razones poco comprensibles; mientras Trump pronunciaba un discurso antiglobalización al asumir como presidente de los Estados Unidos, el primer ministro chino, Xin Jinping, se tomaba el escenario de Davos para autoproclamarse líder de la globalización.
Entre sus primeras decisiones, el presidente Trump renunció al Trans Pacific Partnership (TPP), el acuerdo comercial más ambicioso de las décadas recientes, en el cual negociaron 12 países de la cuenca del Pacífico. Además de pretender desenmarañar el spaghetti bowl, el acuerdo hacía parte de la estrategia de los Estados Unidos para generar un contrapeso a China en Asia. Con la renuncia, se le dejó el campo libre a esa economía para fortalecer su posición como potencia dominante en el continente asiático.
También frenó el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que conformaría con la Unión Europea otro acuerdo de enormes dimensiones, pues representaría 60% del PIB mundial, 33% de las transacciones globales de bienes y 42% de las de servicios.
Por fortuna, finalmente Trump entendió que salirse del NAFTA era pegarse un tiro en el píe, por el alto valor agregado estadounidense incorporado en las exportaciones mexicanas; entonces, optó por la renegociación.
Pero, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático, bombardeó a Siria y Afganistán, amenazó con atacar a Corea del Norte si persiste en sus pruebas nucleares, y, en una apresurada decisión, impuso sanciones a varios funcionarios venezolanos sin consultar al Departamento de Estado; analistas como Oppenheimer consideran esto un error porque le permiten al dictador venezolano posar de víctima del “imperio”.
La renuncia de la primera potencia mundial al liderazgo, revitaliza el papel de los países comunistas en el planeta; China y Rusia están estrechando sus relaciones, olvidando viejas rencillas y haciendo ejercicios navales conjuntos en el mar Báltico. Esto forzó a Alemania y Japón a jugar como contrapesos para limitar los alcances de esa alianza y de las pretensiones chinas.
Entre tanto, la mayor parte de las promesas económicas de Trump se están diluyendo, porque el balance de poderes impide la implementación de decisiones que impactarían negativamente la propia economía estadounidense. El bloqueo comercial contra China, el muro en la frontera con México pagado por los propios mexicanos, la supresión del Obamacare, la rebaja de impuestos a las empresas y el programa de expansión fiscal están embolatados; por si fuera poco, diversos analistas consideran que la reforma tributaria en trámite favorecerá más a los ricos que a las inconformes clases medias que lo eligieron. No obstante, persiste el riesgo de una guerra comercial, si logra sancionar a China por su pasividad frente a Corea del Norte.
Este es apenas el comienzo y, con estos precedentes en tan pocos meses, el futuro luce más incierto que nunca. Las previsiones incluyen tres tipos de escenarios: unos en los que las instituciones logran aislar la economía de los bandazos políticos, otros catastróficos en los que se desata una guerra comercial de grandes proporciones y uno en el que Trump es destituido antes de culminar su mandato. Amanecerá y veremos.
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TLC y desempleo
miércoles, 30 de diciembre de 2009
Publicado en el diario La República el 15 de agosto de 2008
Curiosamente los sindicatos de Estados Unidos y de Colombia y algunos grupos que los respaldan, se oponen al TLC por el temor a la pérdida de empleos. No obstante, pocas son las evidencias que presentan.
La posibilidad de que los TLCs ocasionen desempleo radica en el reacomodamiento de la estructura productiva. Hay sectores que deben realizar procesos de reconversión para cerrar sus brechas de competitividad y otros quizás deban ser sustituidos por actividades con mayores opciones frente a la competencia.
Sin embargo, se ha demostrado que los acuerdos tienen un efecto neto de creación de comercio y, por lo tanto, de aumento de la inversión y del empleo. Esto significa que se podrían registrar situaciones temporales de mayor desempleo, que serán corregidas al efectuarse los ajustes sectoriales.
Así ocurrió en el tratado entre Canadá y Estados Unidos a finales de los ochenta (CUFTA), aun cuando su efecto se mezcló con el de la recesión de 1990-1991. En Canadá el PIB se contrajo en esos años (-0.2 y – 1.8%) y el empleo comenzó a recuperarse cinco años después de la entrada en vigencia del acuerdo y, según Carnegie Endowment for International Peace, “un decenio después de la aprobación de CUFTA, el empleo en el sector de manufacturas se recuperó hasta llegar a los niveles anteriores al tratado de comercio y ha seguido creciendo moderadamente desde entonces”.
En Estados Unidos se había registrado un nivel de desempleo del 6% en 1994. La entrada en vigencia del NAFTA en 1995 consolidó la tendencia descendente observada desde 1992. En abril de 2000 la tasa de desempleo fue 3.8%, la más baja desde enero de 1970. La tendencia cambió con la recesión de 2001, hecho que de ninguna manera se puede atribuir a este acuerdo.
El balance crítico del NAFTA de la mencionada fundación Carnegie reconoció que “el efecto neto del TLCAN sobre los puestos de trabajo en Estados Unidos ha sido minúsculo... Los mejores modelos hasta la fecha indican que el TLCAN no ha producido un cambio neto en el empleo o ha significado una ganancia neta muy pequeña de puestos de trabajo”.
En el caso de México, la vigencia del NAFTA fue contemporánea con la crisis del tequila que ocasionó una notable reducción del empleo. La tasa de desempleo, que fue 3.2% en diciembre de 1994, ascendió a 7.6% en agosto de 1995; con la recuperación de la economía el indicador empezó a descender hasta niveles inferiores a los observados antes del TLC (1.9% en diciembre de 2000).
Se ha detectado que hubo pérdida de empleos en el agro mexicano, pero es un fenómeno simultáneo con un aumento de la migración hacia las ciudades y hacia Estados Unidos. También se reconoce que parte de esa migración fue absorbida por el crecimiento del empleo en las manufacturas.
En los TLCs el periodo de ajuste en el empleo depende de los cronogramas de desgravación previstos. En Canadá fue relativamente largo por la rápida reducción de aranceles, mientras que en México fue más corto, acorde con la gradualidad pactada. Y en ambos casos estos efectos se mezclaron con los de una caída del PIB.
Por lo tanto, la evidencia no respalda los temores de los sindicatos y de otros sectores. Estos parecen ser una reacción frente a la globalización que está ocasionando la fragmentación geográfica de los procesos de producción y el desplazamiento de actividades desde los países desarrollados hacia los subdesarrollados (outsourcing y offshoring).
Pero, como señala Alan Blinder, la historia ha demostrado que el desplazamiento de la producción a otros países del mundo incentiva el surgimiento de nuevas actividades económicas en el país innovador, de forma que los impactos netos sobre el empleo son reducidos.
Curiosamente los sindicatos de Estados Unidos y de Colombia y algunos grupos que los respaldan, se oponen al TLC por el temor a la pérdida de empleos. No obstante, pocas son las evidencias que presentan.
La posibilidad de que los TLCs ocasionen desempleo radica en el reacomodamiento de la estructura productiva. Hay sectores que deben realizar procesos de reconversión para cerrar sus brechas de competitividad y otros quizás deban ser sustituidos por actividades con mayores opciones frente a la competencia.
Sin embargo, se ha demostrado que los acuerdos tienen un efecto neto de creación de comercio y, por lo tanto, de aumento de la inversión y del empleo. Esto significa que se podrían registrar situaciones temporales de mayor desempleo, que serán corregidas al efectuarse los ajustes sectoriales.
Así ocurrió en el tratado entre Canadá y Estados Unidos a finales de los ochenta (CUFTA), aun cuando su efecto se mezcló con el de la recesión de 1990-1991. En Canadá el PIB se contrajo en esos años (-0.2 y – 1.8%) y el empleo comenzó a recuperarse cinco años después de la entrada en vigencia del acuerdo y, según Carnegie Endowment for International Peace, “un decenio después de la aprobación de CUFTA, el empleo en el sector de manufacturas se recuperó hasta llegar a los niveles anteriores al tratado de comercio y ha seguido creciendo moderadamente desde entonces”.
En Estados Unidos se había registrado un nivel de desempleo del 6% en 1994. La entrada en vigencia del NAFTA en 1995 consolidó la tendencia descendente observada desde 1992. En abril de 2000 la tasa de desempleo fue 3.8%, la más baja desde enero de 1970. La tendencia cambió con la recesión de 2001, hecho que de ninguna manera se puede atribuir a este acuerdo.
El balance crítico del NAFTA de la mencionada fundación Carnegie reconoció que “el efecto neto del TLCAN sobre los puestos de trabajo en Estados Unidos ha sido minúsculo... Los mejores modelos hasta la fecha indican que el TLCAN no ha producido un cambio neto en el empleo o ha significado una ganancia neta muy pequeña de puestos de trabajo”.
En el caso de México, la vigencia del NAFTA fue contemporánea con la crisis del tequila que ocasionó una notable reducción del empleo. La tasa de desempleo, que fue 3.2% en diciembre de 1994, ascendió a 7.6% en agosto de 1995; con la recuperación de la economía el indicador empezó a descender hasta niveles inferiores a los observados antes del TLC (1.9% en diciembre de 2000).
Se ha detectado que hubo pérdida de empleos en el agro mexicano, pero es un fenómeno simultáneo con un aumento de la migración hacia las ciudades y hacia Estados Unidos. También se reconoce que parte de esa migración fue absorbida por el crecimiento del empleo en las manufacturas.
En los TLCs el periodo de ajuste en el empleo depende de los cronogramas de desgravación previstos. En Canadá fue relativamente largo por la rápida reducción de aranceles, mientras que en México fue más corto, acorde con la gradualidad pactada. Y en ambos casos estos efectos se mezclaron con los de una caída del PIB.
Por lo tanto, la evidencia no respalda los temores de los sindicatos y de otros sectores. Estos parecen ser una reacción frente a la globalización que está ocasionando la fragmentación geográfica de los procesos de producción y el desplazamiento de actividades desde los países desarrollados hacia los subdesarrollados (outsourcing y offshoring).
Pero, como señala Alan Blinder, la historia ha demostrado que el desplazamiento de la producción a otros países del mundo incentiva el surgimiento de nuevas actividades económicas en el país innovador, de forma que los impactos netos sobre el empleo son reducidos.
Adiós Mipymes
martes, 29 de diciembre de 2009
Publicado en Ámbito Jurídico el 13 de agosto de 2007
Una de las etapas que se surten para la adopción de medidas de política económica es la revisión de experiencias internacionales. Es un procedimiento válido y útil, salvo en los casos en que el país es el innovador mundial en una política. El proceso tiene en cuenta que no hay países perfectos y que el objetivo no es convertir a Colombia en un clon de otro país. El estudio de experiencias permite aprender de las políticas que han dado buenos resultados, corregir los problemas de implementación y evitar los efectos no deseados.
En los debates sobre el TLC viene ocurriendo algo muy particular, pues algunos contradictores se van lanza en ristre contra las experiencias internacionales que menciona el gobierno, por considerarlas inadecuadas; no obstante, no dudan en acudir a ellas para favorecer sus posiciones. El problema estriba con frecuencia en la debilidad argumental, basada en el discurso político sin sustento en hechos mensurables.
Es el caso de los efectos esperados del TLC sobre el sector de las mipymes (alrededor del 97% de las empresas colombianas). Los opositores no sólo califican de “ridículo” al presidente de Acopi, por afirmar que las pymes son ganadoras en el TLC, sino que vaticinan la “barrida” de este segmento empresarial; su argumento se basa en la experiencia mexicana que ocasionó la presunta desaparición de 250 mil empresas y el crecimiento del empleo únicamente en la actividad de maquila, bajo condiciones de “envilecimiento” de la fuerza laboral.
Cierto es que la evaluación de los impactos del NAFTA en México es fuente de controversia. En parte por la persistencia de diversos problemas estructurales de vieja data, el profundo deterioro de los indicadores macroeconómicos y sociales como resultado de la crisis del tequila, y la carencia de algunas políticas complementarias al proceso de integración –a un Secretario de Hacienda se le atribuye la frase: “La mejor política industrial es no tener política industrial”–. Y en parte porque no se consultan las cifras que ponen en contexto real la experiencia mexicana y que muestran que dista de ser el estruendoso fracaso pregonado por algunos.
En el caso que nos ocupa, las cifras oficiales no avalan los argumentos de los críticos sobre el impacto en las mipymes. Los censos económicos indican que el total de empresas de México aumentó de 2.2 a 3.0 millones entre 1993 y 2003. Lejos de desaparecer 250 mil empresas, su número se incrementó en alrededor de 800 mil; curiosamente la mayor parte de ese crecimiento (78%) se registró entre 1993 y 1998, a pesar del impacto negativo del efecto tequila.
La evaluación por tamaños de empresa revela que entre 1999 y 2003 las grandes empresas perdieron participación (de 0.3% a 0.2% del total) y que, por lo tanto, las mipymes la aumentaron. No se tuvo acceso a los datos desagregados del censo de 1993 para hacer la comparación por tamaños de empresas, pero se puede colegir que las mipymes no fueron “barridas” entre ese año y 1999. Según el censo de 1999, el número de empresas grandes era 8.474; cualquiera que haya sido su crecimiento, es evidente que alrededor del 99% del aumento en el número total de empresas es explicado por las mipymes.
Con relación al empleo, la primera referencia a su evolución es la tasa de desempleo. Su nivel era de 2.4% en 1993; con la crisis del tequila se elevó hasta cerca del 5% y actualmente está 3.3%.
Las cifras para el periodo 1998–2004 muestran que el número total de ocupados se incrementó en 3.6 millones de personas, con una tasa media anual de crecimiento superior a la de la población –los datos más recientes no son directamente comparables con los del periodo mencionado–. Sin incluir el sector agropecuario, que registra una tendencia descendente en la ocupación, el aumento fue de 4.3 millones de empleos; de ellos, el 54% son explicados por las microempresas, el 22% por las empresas grandes y el 13% por las empresas pequeñas.
La actividad de la maquila creció el número de empleos en 448 mil puestos entre 1996 y 2006, de los cuales el 73% correspondió a obreros. Estos niveles, si bien son inferiores a los registrados en el año 2000, vienen creciendo desde 2003. Las variaciones acumuladas reales de las remuneraciones a los obreros de la maquila fueron del 19% durante el periodo mencionado y las de las prestaciones sociales y contribuciones patronales del 20.9%. Aun cuando en algunos años las variaciones reales fueron negativas han sido más que compensadas por los años con variación positiva.
Contrario a lo esperado por los contradictores, los datos anteriores evidencian la utilidad de las experiencias internacionales en el análisis de la política económica. Permiten corroborar que las mipymes no tienen por qué ser “barridas” en los procesos de integración, que su participación en el número de empresas, en el mercado y en la generación de empleo puede aumentar, y que las remuneraciones reales de los sectores vinculados al comercio internacional pueden mejorar. También permiten apreciar lo fácil que es lanzar juicios de valor sin consultar con la realidad.
Una de las etapas que se surten para la adopción de medidas de política económica es la revisión de experiencias internacionales. Es un procedimiento válido y útil, salvo en los casos en que el país es el innovador mundial en una política. El proceso tiene en cuenta que no hay países perfectos y que el objetivo no es convertir a Colombia en un clon de otro país. El estudio de experiencias permite aprender de las políticas que han dado buenos resultados, corregir los problemas de implementación y evitar los efectos no deseados.
En los debates sobre el TLC viene ocurriendo algo muy particular, pues algunos contradictores se van lanza en ristre contra las experiencias internacionales que menciona el gobierno, por considerarlas inadecuadas; no obstante, no dudan en acudir a ellas para favorecer sus posiciones. El problema estriba con frecuencia en la debilidad argumental, basada en el discurso político sin sustento en hechos mensurables.
Es el caso de los efectos esperados del TLC sobre el sector de las mipymes (alrededor del 97% de las empresas colombianas). Los opositores no sólo califican de “ridículo” al presidente de Acopi, por afirmar que las pymes son ganadoras en el TLC, sino que vaticinan la “barrida” de este segmento empresarial; su argumento se basa en la experiencia mexicana que ocasionó la presunta desaparición de 250 mil empresas y el crecimiento del empleo únicamente en la actividad de maquila, bajo condiciones de “envilecimiento” de la fuerza laboral.
Cierto es que la evaluación de los impactos del NAFTA en México es fuente de controversia. En parte por la persistencia de diversos problemas estructurales de vieja data, el profundo deterioro de los indicadores macroeconómicos y sociales como resultado de la crisis del tequila, y la carencia de algunas políticas complementarias al proceso de integración –a un Secretario de Hacienda se le atribuye la frase: “La mejor política industrial es no tener política industrial”–. Y en parte porque no se consultan las cifras que ponen en contexto real la experiencia mexicana y que muestran que dista de ser el estruendoso fracaso pregonado por algunos.
En el caso que nos ocupa, las cifras oficiales no avalan los argumentos de los críticos sobre el impacto en las mipymes. Los censos económicos indican que el total de empresas de México aumentó de 2.2 a 3.0 millones entre 1993 y 2003. Lejos de desaparecer 250 mil empresas, su número se incrementó en alrededor de 800 mil; curiosamente la mayor parte de ese crecimiento (78%) se registró entre 1993 y 1998, a pesar del impacto negativo del efecto tequila.
La evaluación por tamaños de empresa revela que entre 1999 y 2003 las grandes empresas perdieron participación (de 0.3% a 0.2% del total) y que, por lo tanto, las mipymes la aumentaron. No se tuvo acceso a los datos desagregados del censo de 1993 para hacer la comparación por tamaños de empresas, pero se puede colegir que las mipymes no fueron “barridas” entre ese año y 1999. Según el censo de 1999, el número de empresas grandes era 8.474; cualquiera que haya sido su crecimiento, es evidente que alrededor del 99% del aumento en el número total de empresas es explicado por las mipymes.
Con relación al empleo, la primera referencia a su evolución es la tasa de desempleo. Su nivel era de 2.4% en 1993; con la crisis del tequila se elevó hasta cerca del 5% y actualmente está 3.3%.
Las cifras para el periodo 1998–2004 muestran que el número total de ocupados se incrementó en 3.6 millones de personas, con una tasa media anual de crecimiento superior a la de la población –los datos más recientes no son directamente comparables con los del periodo mencionado–. Sin incluir el sector agropecuario, que registra una tendencia descendente en la ocupación, el aumento fue de 4.3 millones de empleos; de ellos, el 54% son explicados por las microempresas, el 22% por las empresas grandes y el 13% por las empresas pequeñas.
La actividad de la maquila creció el número de empleos en 448 mil puestos entre 1996 y 2006, de los cuales el 73% correspondió a obreros. Estos niveles, si bien son inferiores a los registrados en el año 2000, vienen creciendo desde 2003. Las variaciones acumuladas reales de las remuneraciones a los obreros de la maquila fueron del 19% durante el periodo mencionado y las de las prestaciones sociales y contribuciones patronales del 20.9%. Aun cuando en algunos años las variaciones reales fueron negativas han sido más que compensadas por los años con variación positiva.
Contrario a lo esperado por los contradictores, los datos anteriores evidencian la utilidad de las experiencias internacionales en el análisis de la política económica. Permiten corroborar que las mipymes no tienen por qué ser “barridas” en los procesos de integración, que su participación en el número de empresas, en el mercado y en la generación de empleo puede aumentar, y que las remuneraciones reales de los sectores vinculados al comercio internacional pueden mejorar. También permiten apreciar lo fácil que es lanzar juicios de valor sin consultar con la realidad.
El sofisma de la tortilla mexicana
Publicado en el diario La República el 13 de julio de 2007
El autor de un artículo publicado en “La Tarde” de Pereira repite una cantaleta que recitó en el Congreso de la República durante los debates al proyecto de ley del TLC.
Con el ejemplo del maíz y las tortillas, el autor pretende demostrar que el Nafta fue un desastre para la agricultura mexicana y que eso mismo ocurrirá en Colombia. Señala que las importaciones de maíz desde los Estados Unidos superaron las 58 millones de toneladas entre 1995 y 2006, mientras el área sembrada se redujo de 9.5 millones de hectáreas a 8.5 millones. Como consecuencia, la tortilla de maíz se ha vuelto muy costosa (el precio se incrementó en 738% en los 12 años), haciendo más oneroso a los mexicanos el consumo de proteínas, calorías, fibra y calcio. Curiosamente se le olvidó mencionar que la producción acumulada en ese periodo ascendió a 231 millones de toneladas y que su crecimiento fue 2% anual, reflejando aumentos en productividad.
Estos argumentos sólo demuestran una cosa: el desconocimiento de la realidad mexicana post-TLC, pues las cifras oficiales desmienten los argumentos no sólo del autor en cuestión, sino de todos aquellos que los usan como oposición a las negociaciones comerciales.
Los economistas mexicanos Dixia Vega y Pablo Ramírez señalan que “el primer problema en la cadena del maíz se manifiesta a finales de los años 60 y principios de los 70 y consiste en un estancamiento de la producción que afecta el suministro para cubrir la demanda doméstica y que obliga a realizar importaciones significativas del grano. Las primeras importaciones significativas de maíz comienzan en los años 70”. La tendencia creciente de las importaciones se mantuvo en las décadas siguientes a pesar de las políticas de fomento al cultivo.
La Secretaría de Agricultura de México (Sagarpa) publicó este año un documento en el cual indica que la producción de maíz en 2006 fue de 22 millones de toneladas; en 2005 el 92.9% correspondió a maíz blanco, el 6.9% a maíz amarillo y el resto a otras variedades. Sagarpa afirma que “la producción nacional de maíz blanco cubre de manera satisfactoria la demanda de este grano. En varios estados de la República el cultivo se constituye en el sustento directo de millones de personas, tan es así que al consumo humano de maíz blanco se destina más del 50% de la producción nacional, el cual se ingiere en forma de tortilla”. Adicionalmente, señala que “de la demanda total del sector pecuario, el 15% corresponde a maíz blanco (2.1 millones de toneladas) y el 85% a maíz amarillo (11.6 millones de toneladas), el cual en su mayor parte es importado”. Con relación a las importaciones, en 2006 fueron de 7.3 millones de toneladas de maíz amarillo y 0.25 millones de maíz blanco.
Los precios de la tortilla simplemente reflejan lo que sucede con precios sustentados ficticiamente: generan problemas cuando tienen que ser ajustados a la realidad del mercado. Según Sagarpa, “El índice de precios de la tortilla de maíz observó importantes aumentos en los años 1997, 1998 y 1999… Estas variaciones se explican por la eliminación de subsidios a la tortilla, la cual tuvo lugar a finales de los años noventa”. La situación reciente está vinculada al crecimiento de los precios internacionales del maíz por la mayor demanda para la producción de etanol.
En síntesis, Nafta poco y nada tiene que ver con el precio de la tortilla y es artificiosa la pretensión de derivar de ese ejemplo conclusiones sobre el impacto del TLC en la agricultura colombiana.
El autor de un artículo publicado en “La Tarde” de Pereira repite una cantaleta que recitó en el Congreso de la República durante los debates al proyecto de ley del TLC.
Con el ejemplo del maíz y las tortillas, el autor pretende demostrar que el Nafta fue un desastre para la agricultura mexicana y que eso mismo ocurrirá en Colombia. Señala que las importaciones de maíz desde los Estados Unidos superaron las 58 millones de toneladas entre 1995 y 2006, mientras el área sembrada se redujo de 9.5 millones de hectáreas a 8.5 millones. Como consecuencia, la tortilla de maíz se ha vuelto muy costosa (el precio se incrementó en 738% en los 12 años), haciendo más oneroso a los mexicanos el consumo de proteínas, calorías, fibra y calcio. Curiosamente se le olvidó mencionar que la producción acumulada en ese periodo ascendió a 231 millones de toneladas y que su crecimiento fue 2% anual, reflejando aumentos en productividad.
Estos argumentos sólo demuestran una cosa: el desconocimiento de la realidad mexicana post-TLC, pues las cifras oficiales desmienten los argumentos no sólo del autor en cuestión, sino de todos aquellos que los usan como oposición a las negociaciones comerciales.
Los economistas mexicanos Dixia Vega y Pablo Ramírez señalan que “el primer problema en la cadena del maíz se manifiesta a finales de los años 60 y principios de los 70 y consiste en un estancamiento de la producción que afecta el suministro para cubrir la demanda doméstica y que obliga a realizar importaciones significativas del grano. Las primeras importaciones significativas de maíz comienzan en los años 70”. La tendencia creciente de las importaciones se mantuvo en las décadas siguientes a pesar de las políticas de fomento al cultivo.
La Secretaría de Agricultura de México (Sagarpa) publicó este año un documento en el cual indica que la producción de maíz en 2006 fue de 22 millones de toneladas; en 2005 el 92.9% correspondió a maíz blanco, el 6.9% a maíz amarillo y el resto a otras variedades. Sagarpa afirma que “la producción nacional de maíz blanco cubre de manera satisfactoria la demanda de este grano. En varios estados de la República el cultivo se constituye en el sustento directo de millones de personas, tan es así que al consumo humano de maíz blanco se destina más del 50% de la producción nacional, el cual se ingiere en forma de tortilla”. Adicionalmente, señala que “de la demanda total del sector pecuario, el 15% corresponde a maíz blanco (2.1 millones de toneladas) y el 85% a maíz amarillo (11.6 millones de toneladas), el cual en su mayor parte es importado”. Con relación a las importaciones, en 2006 fueron de 7.3 millones de toneladas de maíz amarillo y 0.25 millones de maíz blanco.
Los precios de la tortilla simplemente reflejan lo que sucede con precios sustentados ficticiamente: generan problemas cuando tienen que ser ajustados a la realidad del mercado. Según Sagarpa, “El índice de precios de la tortilla de maíz observó importantes aumentos en los años 1997, 1998 y 1999… Estas variaciones se explican por la eliminación de subsidios a la tortilla, la cual tuvo lugar a finales de los años noventa”. La situación reciente está vinculada al crecimiento de los precios internacionales del maíz por la mayor demanda para la producción de etanol.
En síntesis, Nafta poco y nada tiene que ver con el precio de la tortilla y es artificiosa la pretensión de derivar de ese ejemplo conclusiones sobre el impacto del TLC en la agricultura colombiana.
Y dale con el maíz mexicano
lunes, 28 de diciembre de 2009
Publicado en el diario La Republica el 1 de marzo de 2007
En su reciente visita a Colombia, la Representante Demócrata, Linda Sánchez, señaló que el TLC con Estados Unidos arrasará con el sector agropecuario. Como prueba aportó lo ocurrido en México con el Nafta, que, según ella, ocasionó un desastre, especialmente en el emblemático cultivo del maíz. Esta percepción es aceptada sin discusión por muchos críticos de las negociaciones comerciales.
Es innegable que el crecimiento de la economía mexicana no ha registrado un comportamiento similar al de China y que en el sector agropecuario subsisten problemas serios de pobreza, distribución del ingreso, reducción del ingreso real, migración, rigidez en los mercados de tierras, y rezagos en tecnología e infraestructura, entre otros. Pero atribuir todos los males al tratado con Estados Unidos y Canadá es desconocer la historia de México y olvidar que varios de ellos son complejos problemas estructurales de vieja data.
La posición de los críticos se mantiene inmune a la creciente evidencia empírica que refuta la existencia de tal desastre. Según las cifras oficiales de México, en el periodo 1994-2004 los crecimientos del PIB agropecuario y del PIB agropecuario por habitante rural (1.9% anual en ambos casos) fueron mayores que en los periodos 1980–1990 y 1989–1993.
El documento de la Cepal “México: crecimiento agropecuario, capital humano y gestión del riesgo”, comprueba que en el periodo 1988–1993 las tasas medias anuales de crecimiento del valor agregado de los subsectores agrícola, pecuario y pesca y caza fueron negativas, mientras que en el periodo 1993–2003 fueron positivas.Un estudio realizado por Andrés Rosenzweig, consultor de la Cepal, concluye que entre 1993 y 2003 la producción de los diez cultivos básicos “registró un aumento acumulado de 4.5 millones de toneladas”; adicionalmente, las exportaciones y las importaciones agropecuarias crecieron a una tasa similar, la productividad laboral agrícola creció, y se diversificaron las exportaciones agroalimentarias y pesqueras.
Con relación al maíz, la producción no dejó de crecer. Su tasa media anual de crecimiento en el periodo 1984–1994 fue de 3.61% y la del periodo 1994-2004 fue de 1.74%. El área cosechada se redujo, lo que indica que el incremento en la producción refleja mejor tecnología; los rendimientos aumentaron a una tasa media anual del 1.8% en el primer periodo y de 2.4% durante el segundo.
Si el menor crecimiento en la producción de maíz se atribuye al Nafta, se desconocerían las particularidades de la estructura agraria, la coyuntura internacional y la evolución de la producción en periodos anteriores. La producción de maíz se redujo en 3.2 millones de toneladas entre 1985 y 1989; una caída de esa magnitud y por cuatro años consecutivos no se ha apreciado en el periodo posterior a 1994.
El crecimiento de la producción después de 1994 se concentra en el maíz temporal (producción campesina tradicional). En efecto, mientras que la tasa media anual de crecimiento del maíz riego fue del 11.9% en el periodo 1984–1994, en el periodo 1994–2004 se contrajo al 0.2% anual; entre tanto, el maíz temporal se contrajo en el primer periodo al 0.3% anual, pero creció al 3.2% anual en el segundo.
No obstante que ese resultado permitió un aumento del 1.7% en la producción per cápita de maíz entre 1994 y 2004, la diferencia con el aumento del consumo per cápita se debió atender con importaciones.Es claro que estas cifras no hablan de una catástrofe, aun cuando tampoco de un milagro. Una mirada más equilibrada muestra una experiencia con lecciones valiosas para moderar los problemas y aprovechar mejor las oportunidades del TLC.
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