El modelo económico fracasó

 

Publicado en Portafolio Portafolio el 16 de mayo de 2024

Eso concluyen el exprimer ministro inglés Gordon Brown, el economista financiero Mohamed El-Erian y el premio nobel de economía Michael Spence, en el libro Permacrisis: Soluciones para un mundo convulso. Además, plantean que la cascada de crisis globales (permacrisis) se explica también por problemas en la gestión económica y la crisis de gobernabilidad de la institucionalidad internacional. 

Después de un largo periodo de crecimiento fundamentado, por un lado, en las políticas neoliberales de privatización y desregulación y, por otro, de exportación de manufacturas basado en una mano de obra barata, el modelo se agotó a partir de la crisis mundial de 2008; desde entonces, el crecimiento prácticamente se estancó. Ese modelo vivió la “tragedia de los comunes”, con la pérdida de biodiversidad y la destrucción de recursos naturales. Además, se agudizaron los problemas de equidad.

Pasamos de un periodo en el que la economía lideraba las decisiones sobre el acontecer mundial a uno en el que las determina la política; es un mundo en el que priman el nacionalismo populista, el proteccionismo y la seguridad nacional. En ese entorno, la cooperación global se debilitó.

El mundo actual enfrenta problemas de oferta por la limitación de los recursos naturales y los impactos en el cambio climático, y por los cambios en el mercado laboral. Los baby boomers se están jubilando y la población de los países desarrollados y China está envejeciendo; además, muchos trabajadores no aceptan trabajos estresantes, inflexibles y mal remunerados.

Brown, El-Erian y Spence proponen nuevos modelos económico y de gestión económica y un nuevo marco para gestionar la globalización y el orden mundial. El modelo económico se basa en el crecimiento económico, pero con mediciones de los impactos en equidad y en sostenibilidad ambiental. En la gestión económica es necesario replantear las relaciones entre la banca central independiente y la política fiscal, y estrechar los lazos de coordinación con otros países; además, el diseño de las políticas debe partir de las restricciones de oferta. En la globalización es crucial reestructurar los organismos multilaterales para cumplir funciones acordes con el nuevo escenario; por ejemplo, el FMI debe ser un mecanismo para vigilar la economía mundial y prevenir las crisis y el Banco Mundial debe ser un banco de bienes públicos y ocuparse de la transición energética y del capital humano.

Si no se actúa, el escenario probable para la economía mundial será de bajo crecimiento, baja productividad, aumento de la desigualdad, agudización de los problemas del cambio climático, más pobreza, creciente malestar social y más desconfianza en las instituciones económicas. Es un debate provocador el que proponen estos autores y no debería ser indiferente para los colombianos.

Proteccionismo a la lata

Publicado en Portafolio, el 22 de agosto de 2019

Una de las consecuencias de las negociaciones del GATT, que buscaban reducir las barreras arancelarias al comercio de bienes, fue la proliferación de las barreras no arancelarias (BNA). Ellas son obstáculos al comercio diferentes de los aranceles e incluyen una amplia variedad de instrumentos que van desde restricciones de sitios de entrada y la imposición de licencias, hasta el uso de las medidas fitosanitarias y los reglamentos técnicos, desnaturalizándolos de los objetivos positivos para los cuales fueron creados.

Mientras Colombia implementó el modelo sustitutivo de importaciones no fue necesario el uso de BNA, pues la protección a las empresas nacionales se lograba con altísimos aranceles, regímenes de licencia previa de importación y control de cambios. Pero las reformas de finales de los ochenta y comienzos de los noventa eliminaron el control de cambios, establecieron la libre importación de casi todo el universo arancelario y el arancel nominal promedio bajó de cerca del 50% a niveles del 11%.

El estudio reciente de Echavarría, Giraldo y Jaramillo (EGJ) “La estimación del equivalente arancelario de las barreras no arancelarias y la protección total en Colombia”, muestra la magnitud de la reacción del sector privado frente a esas medidas que ponían al país en la senda de integración a la economía globalizada.

EGJ actualizan las mediciones de un trabajo anterior de investigadores del Banco de la República (García et al (2014), "Una Visión General de la Política Comercial Colombiana entre 1950 y 2012") y avanzan en la estimación de un equivalente arancelario de las BNA implementadas.

Los resultados son impresionantes. Mientras que en 1990 en Colombia se aplicaban 407 BNA, su número llegó a 77.673 en 2012 y luego bajaron a 50.380 en 2014. Los cálculos indican que en 2012 el 57% de los bienes de capital, el 82% de los bienes de consumo y el 81% de los bienes intermedios tenían BNA que restringían el acceso de importaciones al mercado nacional. De ahí se colige que en 1990 había 1,3 BNA por partida arancelaria y en 2014 llegaron a 10.

Si bien este tipo de políticas fue implementado en muchos países, el acelerado crecimiento mencionado puso a Colombia entre las economías más cerradas del mundo. Según el Global Competitiveness Report 2018 en el indicador de prevalencia de las BNA el país quedó en el puesto 118 entre 140 países.

El estudio de EGJ estima que la protección total en Colombia se incrementó del 65% al 125% entre 1990 y 2012, lo que en gran medida se atribuye a las BNA, puesto que el arancel nominal se mantuvo estable. Un dato interesante es el de la protección de textiles y confecciones, a los cuales atípicamente el Congreso les incrementó los aranceles por medio de una ley; calculan los autores que su protección sumando arancel y BNA es de 183,4% para los textiles y 210,2% para las prendas de vestir.

Los resultados de este y otros estudios explican por qué las exportaciones colombianas no se diversifican, por qué no somos competitivos y por qué es tan baja la integración de empresas a las cadenas globales de valor. El problema es que el mundo sigue avanzando y cada vez es mayor el salto necesario para ser parte activa de la cuarta revolución industrial.

América Latina y la incertidumbre global

Publicado en la Revista Fasecolda No. 169

En el periodo reciente aparecieron diversos factores exógenos que pueden afectar la dinámica de crecimiento de las economías de América Latina. Ante ellos, los gobiernos solo pueden adoptar medidas para mitigar sus impactos, pero no es una tarea fácil.

Migración venezolana

El desastre económico ocasionado por la dictadura de Venezuela originó la migración masiva de residentes que buscan escapar de la penuria que los agobia. Según la firma Consultores 21, la diáspora, que en los últimos años supera los cuatro millones de personas, se orienta especialmente hacia países de América y Europa; Colombia y Chile aparecen como los principales destinos, con el 17% cada uno, seguidos de EE.UU. (10%), Perú (10%), Ecuador (8%), Panamá (7%) y Argentina (4%).

Al principio, migraron los empresarios afectados por la pérdida de estabilidad jurídica en el país; luego salieron muchos trabajadores calificados, bien sea por el cierre de empresas o porque los áulicos de la revolución bolivariana se apoderaron de los cargos gerenciales (como en el caso de PDVSA). Ahora están migrando familias de clase media y baja, castigadas por la escasez de alimentos y medicinas, la erosión de los ingresos que ocasiona la hiperinflación y la represión de la dictadura a cualquier forma de protesta contra el régimen.

Para los países receptores de la región, esa masiva llegada de migrantes en pésimas condiciones económicas y sanitarias tiene serias repercusiones: crecimiento de la informalidad; presión sobre los sistemas de salud para la atención gratuita; entrada de enfermedades como la difteria y el sarampión, que estaban erradicadas de América Latina; atención en el sistema educativo a niños sin recursos; incremento de la delincuencia y prostitución; y riesgo de aparición de problemas de xenofobia, debido a que los residentes se sienten desplazados de sus empleos y del acceso a servicios esenciales, por los migrantes.

Además del malestar social, es evidente que los costos económicos son elevados y afectan las ya debilitadas finanzas nacionales y municipales de los países receptores.

Comercio internacional

Aun cuando el comercio internacional está en proceso de recuperación, hay serias amenazas a la institucionalidad que ha regido durante décadas.

En la última Conferencia Ministerial de la OMC, el presidente del Consejo General afirmó que «los ciudadanos de todo el mundo… cuestionan cada vez más los beneficios del comercio internacional y los acuerdos comerciales, y ponen a prueba el multilateralismo». 

Esos sentimientos han sido alimentados por los pobres resultados del largo periodo de la Ronda de Doha y por el aumento del proteccionismo en numerosas economías durante la Gran Recesión.

A esto se suman las posiciones del presidente Trump contra los acuerdos comerciales, incluyendo la OMC; según el mandatario, este organismo no beneficia a los EE.UU. y los jueces están en su contra, lo que explica el predominio de fallos adversos.

En consecuencia, EE.UU. optó por bloquear el órgano de apelaciones de la OMC; actualmente tres de los siete cargos están vacantes porque ese país no ha dado su voto para suplirlos. Como cada apelación debe ser atendida por tres jueces, en poco tiempo se puede paralizar este órgano, que es parte esencial del mecanismo de solución de diferencias.

«Trumponomics»

La presidencia de Trump plantea riesgos para la economía mundial por sus erráticas decisiones. Dos de ellas merecen especial atención, por los efectos sobre el comercio y la economía.

Sobre comercio, desde que asumió el cargo, retiró a EE.UU. del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, congeló la negociación de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, forzó la renegociación del Nafta, mantiene amenazas continuas contra las importaciones de China y México, e impuso mayores gravámenes a las lavadoras y los paneles solares. Más grave, sin embargo, es la decisión de imponer aranceles del 25% y del 10% a las importaciones de acero y aluminio, respectivamente.

Con esto, puso al mundo al borde de una guerra comercial. Trump y sus asesores olvidaron o desconocen la experiencia de 2002, que mostró cómo ese tipo de barreras comerciales castigan a los consumidores, vía mayores precios, y a los fabricantes de EE.UU. que utilizan esos productos como insumos, vía pérdida de competitividad. Además, el efecto sobre las cadenas globales de valor puede ser desastroso y, paradójicamente, el mayor impacto lo sufrirían las empresas y la población estadounidenses.

Sobre la economía, resulta difícil entender que, en un entorno de posible recalentamiento de la economía, se impulse una reforma tributaria que generará incrementos adicionales de la demanda y aumento del déficit fiscal. Algunos analistas cuestionan si realmente era necesaria. Brookings Institution señala que, si bien la tarifa corporativa de impuestos estaba en el 35%, la mayor parte de las empresas pagaban una mucho menor por exenciones y tratamientos especiales; además, en las últimas décadas, las empresas perdieron participación en el recaudo impositivo. El interrogante es qué harán las empresas con los recursos adicionales que les genera el menor pago de impuestos y cómo financiará el Gobierno el aumento del déficit fiscal.

Con el escenario hipotético de mayor gasto, aumento de la inflación y creciente endeudamiento del Gobierno, crece la probabilidad de incremento de las tasas de interés por parte de la FED, con más celeridad y en mayor magnitud a las previstas inicialmente, fortalecimiento del dólar y un déficit comercial de mayor cuantía. Esto pone en riesgo la reciente recuperación de la economía mundial y puede repercutir en dificultades de acceso de las economías emergentes a los mercados financieros.

Petróleo

El repunte de los precios del petróleo desde finales de 2017 es un alivio para las economías productoras y exportadoras. Pero no se debe perder de vista la alta volatilidad del mercado del hidrocarburo y los grandes márgenes de error de las proyecciones de sus precios a mediano plazo.

En ese contexto, es relevante la pregunta sobre la sostenibilidad de los precios alrededor de los USD 70 por barril. El reciente aumento se explica por el crudo invierno en el hemisferio norte, la reactivación de las economías desarrolladas y emergentes, y el acuerdo flexible entre la OPEP y Rusia. Es claro que el primer factor se agota en poco tiempo, pero el segundo se puede sostener por el resto del año; en el caso del tercero, es más compleja cualquier predicción.

Los precios más altos están incentivando la entrada en producción de pozos de hidrocarburos no convencionales, que fueron sellados por la caída de los precios. Es evidente que la unidad de la OPEP se ha resquebrajado en los últimos años y que su acuerdo de reducción de la producción se puede romper en cualquier momento. Aun cuando Arabia Saudita y Rusia están diseñando estrategias para fortalecer el acuerdo y vincular a más países no-OPEP, la debilidad mencionada aumentará en un escenario de mayor oferta de EE.UU.

China y la geopolítica

En enero de 2017, mientras Trump tomaba posesión de su cargo como presidente de EE.UU. con un discurso que glorifica el proteccionismo, Xi Jimping intervenía en Davos postulando a China como el líder mundial de la globalización.

China está desarrollando una estrategia diplomática global que Trump no percibe; solo eso explica que haya retirado a EE.UU. del TPP, sin valorar que el objetivo de Obama era hacer contrapeso al creciente poderío de esa nación en el Pacífico.

Los últimos gobiernos de EE.UU. no han manifestado gran interés por América Latina. Entre tanto, los chinos iniciaron una paciente labor de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas, y lograron una notable presencia en la región: son el segundo socio comercial de América Latina y el primero de Brasil, Chile y Perú; han adquirido más de un millón de hectáreas de tierras, con la visión de producir productos básicos para exportar a China; la inversión extranjera directa se calcula en USD 90.000 millones entre 2005 y 2017 (5% del total); y, los préstamos a los gobiernos de la región, en el mismo periodo, superan los USD 140.000 millones. Además, han manifestado su intención de apoyar la construcción de obras estratégicas de infraestructura para varios países, como el corredor del Trópico de Capricornio (Chile, Brasil y Argentina) y el tren bioceánico (Uruguay, Bolivia y Perú o Chile).

En este escenario, América Latina puede ser víctima de una nueva colonización que perpetuará la función de proveedores de bienes de bajo valor agregado y sin opciones claras de desarrollo. 

Síntesis

En el mundo siempre habrá amenazas y oportunidades para cada país. Pero en la situación reciente están confluyendo diversas fuerzas exógenas de gran magnitud que pueden limitar la recuperación económica de América Latina y ante las cuales es muy escaso el margen de maniobra.

No obstante, es importante que los gobiernos y los empresarios tengan plena conciencia de ellos y adopten oportunamente medidas que puedan mitigar los impactos. Por ejemplo, evitar una nueva enfermedad holandesa; diseñar estrategias de aprovechamiento del capital humano migrante y allegar recursos de organismos internacionales para afrontar la crisis humanitaria; fortalecer los acuerdos comerciales en un escenario de guerra comercial; y adoptar estrategias activas frente a China, para vincular empresas a las cadenas globales de valor y desarrollar programas de cooperación para diversificar las exportaciones hacia bienes y servicios de mayor sofisticación.

Opciones existen, pero hay que anticiparlas y fortalecer la construcción de puentes, en lugar de muros.

Aranceles y seguridad nacional

Publicado en Portafolio el 20 de abril de 2018

La seguridad nacional es uno de los muchos argumentos que se esgrimen para justificar las políticas proteccionistas. Precisamente a él acudió Trump para imponer aranceles adicionales a las importaciones de acero y aluminio.

Es un argumento controvertido porque no es claro su significado ni la forma en que la política comercial subsana los presuntos problemas de seguridad nacional.

El artículo XXI del GATT considera la seguridad nacional como una excepción al principio de nación más favorecida, según el cual un país no puede dar a otro miembro de la OMC un trato diferente al que da a los demás.

Diversas lecturas de ese artículo del GATT de 1947 se enfocan en la relación entre seguridad nacional y conflictos armados, porque se incluyó recién terminada la Segunda Guerra Mundial; por eso se interpreta que en caso de guerra es permitido adoptar medidas discriminatorias contra el comercio del contendor.

Pero en la práctica se puede exagerar su aplicación; por ejemplo, durante la guerra de las Malvinas, además del Reino Unido, varias economías desarrolladas no vinculadas al conflicto invocaron el artículo XXI para imponer restricciones al comercio de Argentina.

En Estados Unidos la visión sobre el tema va más allá del GATT, pues la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial se refiere a la amenaza que puedan ocasionar las importaciones sobre la seguridad nacional, haya o no un potencial conflicto armado.

Antes de 2018 se realizaron 26 investigaciones (la última fue en 2001); en la mayoría no se identificaron riesgos para la seguridad nacional y solo dos se concretaron en medidas específicas. La primera sobre petróleo con Libia, prohibió su importación desde ese país en 1982. La segunda, en 1983, fue sobre maquinas herramientas para trabajar metales, pero se acordó con Japón una restricción voluntaria de exportaciones.

En las Proclamaciones Presidenciales 9704 y 9705, mediante las cuales Trump impuso los aranceles adicionales al acero y el aluminio, exceptuaron a Canadá y México, dado el mutuo apoyo “para abordar las preocupaciones de seguridad nacional”. Posteriormente fueron excluidos Australia, Argentina, Corea del Sur, Brasil y la Unión Europea, porque “cada uno de estos países tiene una relación de seguridad importante con los Estados Unidos”.

Con esas exclusiones resulta muy débil el argumento de seguridad nacional. En el caso del acero los países mencionados representaron el 58.2% del volumen importado por Estados Unidos en 2017, mientras que las de China fueron el 2.2%; además, el 94% de las provenientes de este último país ya tenían gravámenes adicionales. En las importaciones de aluminio, cinco de los excluidos aportan el 48.6% del total y China el 8.9%; pero, el 95.6% de las chinas están sujetas a aranceles especiales.

Las cifras ponen en evidencia dos aspectos de la política de Trump: primero, el objetivo político de su guerra comercial es China, pero la norma carece de sentido por la baja participación en las importaciones y porque ya tienen gravámenes adicionales; y segundo, las economías pequeñas son las grandes damnificadas de una confrontación en la que no tienen nada que ver.

Lo cierto es que con los primeros disparos de la inminente guerra comercial se puede aplicar el dicho popular: “Cuando los elefantes pelean, quien sufre es la hierba”; y Colombia está ahí.

Proteccionismo improvisado

Publicado en Portafolio el viernes 23 de marzo de 2018

El proteccionismo de Trump carece de argumentos técnicos. Aun cuando él enfatiza en el déficit de la balanza comercial, la variable relevante en economía es el saldo de la cuenta corriente, que además del comercio de bienes, incluye el de servicios y la renta de los factores.

Si esa balanza es deficitaria (importaciones mayores que las exportaciones de bienes), puede tratarse de un problema de competitividad, pero también puede obedecer a un exceso de gasto que es financiado con ahorro externo. Ninguna de estas dos causas se soluciona con medidas proteccionistas ni con guerras comerciales; la primera, demanda mejorar la competitividad y, la segunda, aumentar el ahorro doméstico.

Además, el déficit comercial y el de cuenta corriente se deben analizar en términos relativos y no solo absolutos. El primero aumentó hasta un máximo del 6.0% del PIB en 2006; desde ahí se redujo a 4.0% en 2016. El segundo llegó a 5.8% del PIB y luego disminuyó a 2.4% en los mismos años. Los niveles y las tendencias de ambos son considerados de bajo riesgo en el contexto internacional.

Paradójicamente, la reforma tributaria de 2017 aumentará el déficit comercial que Trump pretende reducir. Se calcula que en los próximos años el déficit fiscal crecerá más de 1.7 billones de dólares; como el ahorro nacional es bajo, el gobierno dependerá de los capitales del exterior para financiarlo. Esos flujos apreciarán más el dólar, debilitarán las exportaciones, fortalecerán las importaciones y ampliarán el déficit de la cuenta corriente.

Los efectos negativos del proteccionismo se acentúan cuando las medidas adoptadas carecen de precisión en sus objetivos, como ocurre con los aranceles a los paneles solares y a las lavadoras y sus componentes. Funcionarios gubernamentales afirmaron que “las tarifas están dirigidas principalmente a… fabricantes chinos de paneles solares y productores surcoreanos de lavadoras” (Wall Street Journal).

En el caso de los paneles solares, Stephen Roach señala que su producción se desplazó de China a Malasia, Corea del Sur y Vietnam, países desde los cuales Estados Unidos importa dos tercios del total de estos productos. Respecto a las lavadoras, Samsung abrió en enero una fábrica de electrodomésticos en Carolina del Sur, con una inversión de US$380 millones; con el arancel, las autoridades del Estado temen que se frenen la producción y los empleos proyectados.

Otra medida reciente de Trump fue la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio. Pero China ya paga unos sobre-aranceles por el 94% de sus exportaciones de acero a Estados Unidos; por esto, según Chad Bown, del Peterson Institute, el impacto esperado para los demás proveedores será mayor que para los chinos. De hecho, aun cuando China es el principal productor mundial, la mayoría de las importaciones estadounidenses provienen de la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, México y Brasil.

En aluminio ocurre algo parecido, pues China solo provee el 10% de las importaciones de Estados Unidos y el 96% de ellas tiene gravámenes adicionales.

Visto así, es más que justificado el severo juicio del nobel de economía Paul Krugman sobre el presidente de EEUU: “Siempre hemos sabido que Donald Trump es beligerantemente ignorante sobre economía (y muchas otras cosas)”. 

Por esto, sigue creciendo el riesgo de una guerra comercial; otro efecto del proteccionismo improvisado.

Colombia frente a la globalización

Publicado en la Revista de Fasecolda, No. 164

En el periodo 1976-2016 numerosas economías en desarrollo iniciaron el desmonte del modelo de sustitución de importaciones, caracterizado por el uso intensivo de políticas proteccionistas. Desde la década del setenta adoptaron aperturas unilaterales como aproximaciones al libre comercio, camino por el que las economías desarrolladas y algunas en desarrollo venían avanzando desde finales de los años cuarenta con la creación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).

Adicionalmente, la aceleración de la globalización y el surgimiento de las cadenas globales de valor, fortalecieron los procesos de integración económica por la vía de los acuerdos comerciales regionales; con la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 1994, se aceleró el número de acuerdos negociados.

En Colombia comenzaron a soplar débilmente los vientos de cambio desde finales de los años sesenta, cuando se formuló un programa de promoción de exportaciones; fue una respuesta a los problemas de estrangulamiento externo originados en la alta concentración en productos primarios, especialmente café. A mediados de los años setenta se inició un largo y lento camino de liberalización financiera. De igual forma, se emprendió un proceso gradual de reducción de aranceles, finalmente concretado en la apertura unilateral de comienzos de los noventa.

Transcurridas varias décadas, surgen interrogantes sobre la efectividad de esas decisiones en la integración de Colombia a la economía globalizada, la diversificación del comercio y la integración de los empresarios a la nueva organización mundial de la producción. Las respuestas se pueden colegir de la evolución de diversas variables.

• El indicador de apertura económica, medido por la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB, revela la forma de relacionarse con la economía global. El coeficiente era del 31% en 1976 y subió al 39% en 2015, con un aumento del 26% entre los dos años. En el mismo periodo el promedio mundial y el de América Latina superaron el nuestro y crecieron 70% y 72% (gráfico 1).

• Según Garay (1998, p. 30): “El arancel nominal promedio pasó del 36% en 1974 al 29.4% en 1979 y 29.3% en 1981, para luego revertir la tendencia y ascender al 47.2% en 1984”. La apertura unilateral del gobierno Gaviria redujo el arancel del 27.0% que registraba en 1990 al 11.8% en 1992. En los años siguientes, se mantuvo alrededor de ese valor hasta la reforma de 2010, cuando bajó a 8.3%. Actualmente está en 6.4% por un diferimiento arancelario temporal para los bienes de capital y materias primas no producidas.

Aun así, según Schwab (2015), con ese arancel Colombia ocupa el puesto 83 entre 140 países. La misma fuente indica que el país se ubicó 109 en la prevalencia de barreras no arancelarias, 135 en el coeficiente de importaciones a PIB y 132 en el de exportaciones a PIB.

• La participación de Colombia en las exportaciones mundiales, que era en 1976 de 0.19%, apenas llegó al 0.22% en 2015. Aun cuando se observó un repunte con el reciente auge de bienes básicos, que elevó la participación hasta el 0.32% en 2012, ella volvió a declinar tan pronto como cayeron los precios internacionales.

• La concentración de las exportaciones se mantiene con escasa modificación. En 1978 los 10 primeros productos representaban el 79.6% del total exportado; en 2014 fueron el 77.6%; no obstante, en unos pocos años el indicador descendió a niveles del 56 o 57% (gráfico 2).

• La composición por intensidad tecnológica también registra pocas variaciones. Los productos primarios y los recursos naturales eran el 84.9% de las exportaciones en 1978 y en 2014 fueron el 81.3%. Los de alta tecnología pasaron del 0.6 al 1.6% en el mismo periodo (gráfico 3).

• Con relación a las cadenas globales de valor, Trujillo, Álvarez y Rodríguez (2014), del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, concluyen que no solo “Colombia muestra un bajo nivel de inserción”, sino que lo viene reduciendo desde 2007.

Un análisis de la Unctad (2013; p. 134) encontró que, entre las 25 principales economías emergentes exportadoras, Colombia ocupó el último lugar por la integración de sus exportaciones en las cadenas globales de valor.

De estos indicadores se tendería a concluir que el modelo de liberalización económica no ha dado los resultados que teóricamente se esperan. La realidad puede ser otra. Stiglitz (2016) señala que en su libro El malestar de la globalización el principal mensaje “fue que el problema no era la globalización, sino cómo se gestionaba el proceso de la misma”.

De forma similar, se puede afirmar que en Colombia se han adoptado medidas en la misma dirección en que se mueve la economía globalizada, pero diversos problemas impiden alcanzar plenamente los resultados esperados. Podrían señalarse al menos tres factores que contribuyen a ese balance.

El primero es la falta de continuidad de las políticas, por cambios en la coyuntura económica. Lo ilustra la bonanza cafetera de finales de los setenta, que frenó las tímidas políticas de liberalización financiera y comercial que se venían implementando. Igualmente, la reciente bonanza de precios internacionales de los productos básicos, bloqueó los avances en la diversificación de exportaciones; la percepción de que el auge sería permanente, impidió la adopción de medidas para evitar el fenómeno de enfermedad holandesa y la pérdida de competitividad de las exportaciones no minero-energéticas.

El segundo es la demora en la toma de decisiones estratégicas. Así lo evidencia el atraso en la infraestructura, el bajo desarrollo de medios de transporte masivo como los metros, la persistencia de los problemas de derechos de propiedad en el sector agropecuario y el limitado aprovechamiento de los esquemas de regionalismo abierto. En este último aspecto, aun cuando el artículo 227 de la Constitución contiene un mandato hacia la integración económica, solo desde 2002 se empezó a desarrollar con la negociación de los TLC.

El tercero es la inercia del proteccionismo; es muy difícil frenarla y su reacción a las políticas de modernización termina neutralizando los efectos buscados. Hommes (2009), destacó un caso en los siguientes términos: “aún después de la Apertura de los años noventa, la protección de los productos industriales de consumo y de los del sector agropecuario es excesiva, como lo es la protección efectiva de esos sectores. La CAN fue el vehículo que utilizaron los proteccionistas colombianos y los de la región andina para echar para atrás parte de lo que se había alcanzado con la Apertura al final del siglo XX”.

En síntesis, las decisiones de Colombia no se reflejan en una adecuada inserción en la economía globalizada, pues el mundo se está moviendo a un ritmo más rápido. Es necesario poner el acelerador en temas como la vinculación empresarial a las cadenas globales de valor, porque ellas son parte esencial de la nueva organización mundial de la producción. De igual forma, urge diversificar la estructura productiva y la canasta exportadora para aprovechar el acceso preferencial permanente que brindan los TLC vigentes.

En este contexto son grandes las expectativas que genera la nueva política de desarrollo productivo, recién anunciada por el Gobierno. Para que ella marque una diferencia real con otras propuestas en el pasado, resulta vital asegurar la continuidad de la política y diseñar los cortafuegos que bloqueen las esperadas reacciones proteccionistas.

Bibliografía

Garay, L. J. (1998). Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Departamento Nacional de Planeación y Colciencias.

Hommes, R. (30 de octubre de 2009). “Política, comercio y geopolítica”. El Tiempo.

Stiglitz. J. (5 de agosto de 2016). “La globalización y sus nuevos malestares”. Project Syndicate.

Trujillo, E.; Álvarez, M. y Rodríguez, M. (2014). “Inserción de Colombia en las cadenas globales de valor”. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Febrero.

Unctad (2013). World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for Development. United Nations, New York and Geneva.

Schwab, K. (2015). Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum. Geneva.

Comercio y aranceles. Comentarios sobre la conferencia de Juan José Echavarría

Publicado en la Revista de Fasecolda No. 161, noviembre de 2015

De la conferencia de Juan José Echavarría, exdirector del Banco de la República, se destacan dos aspectos de gran importancia para el país en el nuevo entorno que vive la economía global y en el marco de las decisiones de política comercial que Colombia ha adoptado durante el presente siglo: la importancia del comercio internacional para crecer y la protección arancelaria y no arancelaria.

Importancia del comercio internacional para crecer

Echavarría afirmó que para industrializarse hay que comerciar y no al contrario, como lo ven algunos analistas que postulan la industrialización de Colombia con el cierre de la economía. La experiencia mundial muestra que las economías más activas en el comercio internacional son las que se están industrializando y las que más crecen.

La participación de las economías desarrolladas en el PIB, las exportaciones y la producción manufacturera mundiales vienen cayendo desde la década de los noventa. Esto se explica por la ganancia en participación de las economías emergentes más abiertas al comercio mundial, que registran altas tasas de crecimiento económico.

Para industrializarse hoy, las economías en desarrollo cuentan con las cadenas globales de valor (CGV) que hacen más rápido, más fácil y menos profundo ese proceso. Las CGV incorporan elementos que Corea y Taiwán tomaron décadas para su construcción; Colombia podría aprovecharlos sin tener que repetir la historia de esos países.

Casos como el de China muestran que no es necesaria una tecnología propia para aumentar el comercio internacional; sus exportaciones de teléfonos iPhone dicen más de la industria de los Estados Unidos que de la China. El contenido local agregado en sus zonas francas es menos del 20 %, pero este tipo de comercio explica más del 50 % del auge de esa economía en el comercio de manufacturas.

Echavarría cerró esta sección de su presentación afirmando que los socios de la Alianza del Pacífico tienen mucho que enseñarle a Colombia. Chile, México y Perú son economías más abiertas que la nacional, han tenido un mejor desempeño económico, cuentan con estructuras productivas más diversificadas, canasta de exportaciones menos concentrada y mejor distribución del ingreso. Esto evidencia que la apertura colombiana en realidad nunca ha existido, a pesar de todo lo que decimos.

Resulta curioso, por decir lo menos, que en una presentación académica se traiga a colación el tema de la relación entre comercio y crecimiento en un país que lleva más de diez años debatiendo alrededor de las negociaciones de los tratados de libre comercio. Pero es necesario, porque hay analistas y empresarios que siguen pensando que el comercio internacional es peligroso para la actividad productiva nacional o simplemente que el país no tiene capacidad exportadora.

Al respecto, cabe recordar lo que opina Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía en el 2001 y crítico de la globalización, muy citado en Colombia por los opositores a los tratados de libre comercio (TLC):

Hubo muchos factores sociales, políticos y geográficos que dieron lugar a la Revolución Industrial, pero el comercio de Gran Bretaña con sus vecinos y colonias desempeñó un papel decisivo en alimentar la nueva actividad industrial y extender la prosperidad a otros países…

La rápida industrialización del Japón de la era Meiji a comienzos del siglo XX fue también el resultado de una combinación de factores internos e internacionales… Es difícil imaginar que la industrialización de la era Meiji se hubiera producido si Japón no hubiese podido importar grandes cantidades de maquinaria, equipación (sic) de transporte y otros bienes de producción provenientes de occidente a cambio de exportaciones de tejidos y juguetes baratos y otros productos que requerían uso intensivo de mano de obra”. (Stiglitz y Charlton, 2007, p. 37-38).

En síntesis, sin el comercio internacional la Revolución Industrial no hubiera tenido el impacto que tuvo, ni la economía japonesa se hubiera industrializado.

La caracterización que Echavarría presentó de Colombia como una economía cerrada corrobora lo que se deriva de otras fuentes. Por ejemplo, el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial muestra que Colombia es una de las economías más cerradas del mundo. En el ranking de 2015-2016, en el nivel del arancel nominal Colombia (6.4%) ocupó el puesto 83 entre 140 países, a pesar de incluir el diferimiento arancelario para bienes de capital y materias primas no producidas; en el nivel de prevalencia de barreras no arancelarias al comercio se ubicó en el puesto 109; y en los indicadores de apertura, es decir, exportaciones sobre PIB e importaciones sobre PIB, quedó en los puestos 132 y 135, respectivamente.

En los últimos años, un grupo de investigadores del Banco de la República adelantó varios estudios que documentan cómo la apertura económica generó una reacción de los grupos de interés que repercutió en un crecimiento vertiginoso de las barreras no arancelarias, con lo cual más que compensaron la supuesta desprotección por la reducción de los aranceles nominales. García y otros (2014; p. 46) afirman: «…La apertura fue de corta duración y… la contrarreforma fue rápida, eficaz y comenzó casi al tiempo que la reforma. Quienes se oponían a la apertura desplegaron imaginación y capacidad para erigir barreras a las importaciones mientras argumentaban que se estaba abriendo mucho la economía».

La referencia de Echavarría a las CGV es marginal, en parte por la restricción de tiempo en la presentación. Pero el tema reviste gran importancia y sobre él hay una creciente literatura, que demuestra que tanto Colombia como América Latina han tenido escasa vinculación a ellas (ver Blyde 2014 y Hernández y otros 2014). Adicionalmente, en el caso colombiano, pocos analistas perciben que una de las justificaciones para negociar los TLC fue precisamente su utilidad como herramienta para la integración de las empresas a esas cadenas.

La idea de Echavarría de aprender de los socios de la Alianza del Pacífico es acertada y tiene un espacio grande de acción, teniendo en cuenta que uno de los propósitos de ese proyecto de integración es complementar y fortalecer los aparatos productivos de los cuatro países y el de los futuros miembros, mediante la conformación de cadenas de valor.

Para tal fin, el BID (2013) identificó los encadenamientos productivos potenciales entre los países de la Alianza del Pacífico (el resumen ejecutivo está disponible en World Economic Forum, 2014). «El estudio identifica muchos ejemplos de encadenamientos donde cada uno de los países de la AP funge a veces como proveedor de insumos para su subsecuente utilización aguas abajo en las cadenas de valor y a veces como captador de insumos que provienen de sectores aguas arriba en la cadena» (BID 2013; p. 53).

Protección arancelaria y no arancelaria en Colombia

En la sección final de la presentación, Juan José Echavarría se refirió el tema de los obstáculos que hay en Colombia frente al comercio internacional. Recordó que el arancel nominal promedio bajó marcadamente en el gobierno del presidente Gaviria y se mantuvo estable hasta el de Juan Manuel Santos, cuando volvió a bajar con la reforma arancelaria del 2010.

A pesar de eso, el arancel máximo, que durante el gobierno de Gaviria bajó de más del 100% al 35%, comenzó a subir durante el de Uribe hasta llegar a 100% en el de Santos. De igual forma, los coeficientes de dispersión se han disparado en los años recientes.

En síntesis, según Echavarría, lo que ha pasado en Colombia es que el arancel promedio ha bajado, pero unos grupos se han beneficiado de niveles altos. Estos comportamientos son diferentes a los del resto del mundo, que registra una tendencia descendente tanto en el arancel nominal como en la dispersión.

Con relación a la protección paraarancelaria, las medidas vienen creciendo desde el gobierno de Gaviria. En bienes intermedios, más del 80% de los ítems arancelarios tienen protección paraarancelaria, en bienes de consumo, el 77% y en bienes de capital el 62%. Cuando se mide la protección paraarancelaria como el equivalente a un arancel ad valorem, se observa que Colombia es de los países con nivel más alto en el mundo.

De acuerdo con el estudio realizado por Echavarría, la explicación de los aranceles en Colombia radica en la capacidad de lobby que tienen los sectores grandes de la economía.

Cuando se compara el arancel por capítulos con países socios como Perú y Chile se evidencian notables diferencias, no solo en los niveles sino en la dispersión. Chile tiene uno del 6% homogéneo en todos los sectores; Perú, de cero en casi todos los sectores, excepto algunos de agricultura con el 6% y algunos de confecciones con el 11%. En Colombia los niveles son más altos que los de estos dos países en la mayoría de los ítems y lo mismo ocurre con la dispersión al interior de los capítulos, lo que refleja el mayor poder de lobby de unos empresarios con relación a otros.

En síntesis, para Echavarría «el arancel colombiano es una locura». Tuvo razón Chile cuando adoptó un arancel único porque disminuye la capacidad de lobby. Perú fue más allá y puso en cero la mayor parte del arancel. Y a esos países les ha ido mucho mejor que a Colombia; por contraste, a los analistas colombianos les parece que hacer algo como lo de los dos países socios acaba con la estructura productiva.

Echavarría concluye que Colombia es una economía cerrada con un arancel que hace difícil exportar, porque las altas tarifas afectan la rentabilidad relativa de las empresas.

El análisis realizado por Echavarría es correcto, pero haría falta una referencia específica a la reforma arancelaria del 2010. Durante casi 20 años, el funcionamiento del lobby ocasionó una distorsión muy grande de la estructura arancelaria y generó protecciones efectivas negativas en numerosas actividades productivas; sumados estos problemas al notable crecimiento de las barreras paraarancelarias, el resultado fue el fortalecimiento del sesgo antiexportador, que se refleja en coeficientes de apertura con poca variación antes y después de la reducción arancelaria del gobierno Gaviria.

En la reforma, además de bajar el arancel nominal promedio, del 12.2% al 8.3%, se redujo la dispersión al tratar de acomodar la mayor parte de los ítems arancelarios a tres niveles (5%, 10% y 15%), con lo cual la desviación estándar bajó del 8.7% al 7.8%. Adicionalmente, se eliminó la protección efectiva negativa para 26 de los 46 casos que se detectaron en los estudios previos.

Cabe preguntarse por las razones que hicieron aumentar los indicadores de dispersión después del 2010. Posibles respuestas son el diferimiento arancelario a los bienes de capital y las materias primas no producidas en el país, los desdoblamientos de algunas partidas que devolvieron el arancel a un nivel superior (lobby) y la permanencia de aranceles extremos como el del 164% para los cuartos traseros de pollo por las negociaciones de los TLC.

Un comentario final se relaciona con los efectos esperados y reales de la apertura. Los planteamientos de la nueva geografía económica, formulados entre otros por Paul Krugman, indican que en una economía que liberaliza su comercio se generan cambios en la localización de la producción; los sectores exportadores tenderán a localizarse cerca de las costas para reducir los costos de transporte.

Un estudio de Fernández (1998) comprobó que ese hecho no ocurrió en Colombia y que, contrario a lo esperado, Bogotá siguió ganando participación en la generación del PIB. Se corrobora así que la apertura económica en el país fue solo de nombre, porque el lobby logró neutralizar rápidamente su efecto con la mencionada proliferación de medidas no arancelarias.

Como bien lo anotó Echavarría en su conferencia, ahora será más difícil neutralizar la disminución de los aranceles, pues está acordada su reducción a cero en los próximos 10 o 12 años en los TLC con los Estados Unidos y Europa. De igual forma, hay compromisos de eliminación de las barreras paraarancelarias. Por eso los empresarios tienen que reaccionar y trabajar en alianza con el Gobierno en la transformación competitiva del país.

Conclusiones

La conferencia de Juan José Echavarría puso el dedo en la llaga al afirmar que la economía colombiana sigue siendo una de las más cerradas del mundo y sus niveles arancelarios, sumados a la protección no arancelaria, desincentivan las exportaciones.

Echavarría demuestra que el comercio internacional facilita la industrialización de las economías y que las CGV la facilitan; por eso es errada la visión que propenda al aumento de la protección para fortalecer la industria.

La reforma arancelaria que se está elaborando es conveniente para superar algunos de los problemas mencionados. De todos modos, se debe tener en cuenta que con los TLC el país tiene el compromiso de desmonte de los aranceles y medidas no arancelarias, por lo que los empresarios del país deberían tomar conciencia de ese hecho y liderar las reformas que se necesitan para tener una economía más competitiva.

Bibliografía:

Blyde, J. (2014) (Comp.). Fábricas sincronizadas: América Latina y el Caribe en la era de las cadenas globales de valor. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington.

Fernández, C. (1998). "Agglomeration and Trade: The Case of Colombia". Banco de la República. Ensayos Sobre Política Económica ESPE, No. 33, junio.

García J.; López, D.; Montes E. y Esguerra, P. (2014). "Una visión general de la política comercial de colombiana entre 1950 y 2012". Borradores de Economía No. 817. Banco de la República.

Hernández, R.; Martínez-Piva, J. M. y Mulder, N. (2014) (Ed.). Global value chains and world trade. Prospects and challenges for Latin America. Cepal y German Cooperation. Santiago de Chile.

Stiglitz, J. y Charlton, A. (2007). Comercio justo para todos. Cómo el comercio puede promover el desarrollo. Bogotá: Taurus.

World Economic Forum (2014). "Enabling Trade in the Pacific Alliance: 2. Production Integration Perspectives". Disponible en: http://reports.weforum.org/enabling-trade-from-valuation-to-action/enabling-trade-in-the-pacific-alliance/c2-production-integrationperspectives/

El Ministerio técnico

Publicado en Portafolio el viernes 19 de junio de 2015

En una columna reciente el exministro Rudolf Hommes elogia la actual administración del MinCIT, porque recupera los “temas técnicos”, y critica las anteriores, porque lo volvieron “un ministerio gremial, más de turismo que de comercio, y proclive a hacer favores”. Varios comentarios ameritan sus opiniones sobre la política comercial.

Cabe recordar que en 2010 esas administraciones “no técnicas” hicieron la primera reforma arancelaria de carácter integral desde 1991. Ella fue diseñada por un equipo técnico del MinCIT y del DNP, parte del cual continúa y, sin duda, tendrá a su cargo la implementación de una nueva reforma.

La reforma bajó el arancel nominal del 12.2% al 8.3%, corrigió en parte la dispersión de tarifas y eliminó algunas protecciones efectivas negativas. Posteriormente un diferimiento arancelario para los bienes de capital y materias primas no producidos, dejó el arancel en el 6.3% actual. Esta reforma preveía una posterior, pero se fue aplazando por las complejidades de la economía política en temas tan sensibles.

Según el exministro, “Colombia es quizás uno de los países con mayor dispersión de sus aranceles, que van desde cero a 400”. Pero, según la OMC (“Perfiles arancelarios en el mundo 2014”), el máximo arancel consolidado del país es 227% (no 400%) y el NMF más alto es el de los cuartos traseros de pollo (164.4%).

A propósito, la misma fuente indica que en Estados Unidos el arancel NMF máximo es 350%, en Canadá 484%, Unión Europea 511%, Japón 736%, Corea de 887% y México 210%.

Con relación a la dispersión, según la OMC el coeficiente de variación (cociente entre la desviación estándar y la media aritmética) del arancel NMF de Colombia es de 89%. El de Estados Unidos es 266%, Japón 400%, Corea 402%, Canadá 470%, México 211%, y Unión Europea 172%. Algunos países de la región con menores aranceles, registran una dispersión cercana a la colombiana: Argentina 71%, Brasil 73%; y otros la superan: Ecuador 117%, Perú 121%.

La historia muestra que desde que la apertura económica bajó los aranceles de cerca del 50% al 11%, ellos “han sido manipulados para ceder a presiones políticas o a lobbies privados”, para utilizar la misma expresión con la que Hommes califica la situación reciente. Por ejemplo, en 1994 se creó el sistema andino de franjas de precios.

Adicionalmente, la historia y la evidencia enseñan que el proteccionismo se nutre no solo de los aranceles, sino también de las medidas no arancelarias.

Así lo demuestra el estudio “Una visión general de la política comercial colombiana entre 1950 y 2012”, elaborado por investigadores del Banco de la República. Los autores encontraron que en 1989 estaban vigentes 1.684 medidas no arancelarias; por increíble que parezca, en los cuatro años del gobierno de la apertura económica que lideró Hommes, fueron expedidas 9.112 medidas adicionales, de forma que a finales de 1994 estaban vigentes 10.796 medidas. Es por este tipo de medidas, más que por los aranceles, que Colombia sigue siendo una economía cerrada.

Todas esas prácticas que distorsionan la política comercial son parte de un arreglo institucional que el país debe abolir. Entre tanto, hasta los ministros y los ministerios más técnicos se verán enfrentados a una realidad descrita por Rubén Blades: “Sorpresas te da la vida…”.

Aranceles y proteccionismo

Publicado en el diario La República el 9 de diciembre de 2010.


A raíz de la reciente reforma arancelaria, se han generado algunas opiniones que cuestionan los fundamentos del gobierno para adoptarla. Se pone en duda el esperado efecto sobre la competitividad y sobre la tasa de cambio; se sugiere que el objetivo es acabar con el empleo productivo y con algunos sectores estratégicos de la economía. Además, se afirma que sectores como el agropecuario tienen menor protección que la que hay en otros países, especialmente desarrollados, dejando implícito que ese es un argumento suficiente para mantener o incluso fortalecer las barreras comerciales.

La crítica se fundamenta en la forma en que se mide el grado de protección. Se argumenta que al tomar sólo los aranceles se menosprecia el impacto de las ayudas internas que utilizan muchas economías, especialmente las desarrolladas.

En relación con esas ideas, es necesario recordar que la teoría económica tiene sólidos argumentos sobre los efectos negativos del proteccionismo: distorsión en la asignación de recursos, sesgo antiexportador, ineficiencias productivas, baja innovación, rezago en la competitividad y pérdida de bienestar, al forzar a los consumidores a adquirir productos más onerosos y de menor calidad.

Además de los fundamentos teóricos, para la reforma reciente el gobierno realizó ejercicios estadísticos que demuestran su impacto positivo en el crecimiento económico y en la generación de empleos. También comprobó la eliminación de un buen número de casos de protecciones efectivas negativas y adoptó un tratamiento especial con los productos que se definieron como sensibles.

La discusión sobre la medición de la protección puede ser más compleja. La decisión del gobierno tomó como referencia el arancel nominal promedio, considerando que esa medida aproxima bien la posición relativa del país, como se muestra a continuación.

Si la protección sólo se fundamentara en el uso de medidas arancelarias, habría una base homogénea de comparación internacional, pues, a pesar de su variedad, se pueden expresar en términos equivalentes. El problema surge con la proliferación de medidas no arancelarias. ¿Cómo medir las barreras que impone un país al comercio cuando aplica aranceles ad valorem y específicos, cuotas, subsidios, ayudas internas y licencias previas de importación?

Con el fin de solucionar este problema, en las décadas recientes diferentes autores y organismos han trabajado en el desarrollo de índices de restricción al comercio. Recientemente fueron publicados los resultados de una investigación del Banco Mundial liderada por los economistas Hiau Looi Kee, Alessandro Nicita y Marcelo Olarreaga (“Estimating Trade Restrictiveness Indices”, The Economic Journal, January 2009). En ella calcularon el equivalente ad valorem de las diversas formas de protección, incluyendo las ayudas internas.

Los resultados indican que entre los 78 países para los que calcularon el índice, Colombia tiene el séptimo arancel total más alto (21%) y en el arancel para el sector agrícola, 41.7%, es el país 17.

Aun cuando hay algunas economías desarrolladas con arancel agrícola superior al de Colombia (Noruega, Suiza y Japón), el de la Unión Europea y el de Estados Unidos son menores. Este sorprendente resultado, según los autores, se debe a que las medidas no arancelarias imponen una mayor restricción a las importaciones que la que ocasionan las ayudas internas.

Según la Unctad, hasta este trabajo “nunca antes se habían calculado equivalentes ad valorem de forma tan sistemática y extensa”. Se trata, por lo tanto, de una propuesta técnica que está sujeta a debates y a mejoras. Pero en sus primeros resultados ratifica las percepciones y las razones del gobierno colombiano para adoptar la reciente reforma arancelaria.

El mercado interno

Publicado en el diario La República el jueves 22 de julio de 2010


La relación de Colombia con el mundo cambió radicalmente en los últimos ocho años, como consecuencia de la política de internacionalización que implementó el gobierno. Mientras que en 2002 sólo teníamos dos acuerdos comerciales con cinco países (CAN y G3), para finales de 2010 contaremos con 11 TLC negociados con 48 socios comerciales, que en el mediano plazo garantizarán acceso preferencial permanente para el 80 por ciento de las exportaciones.

La decisión de avanzar en las negociaciones comerciales, además de desarrollar el artículo 227 de la Constitución, se fundamenta en la posibilidad de aprovechar el potencial del comercio internacional como palanca de crecimiento.

Este último es un aspecto que los críticos de las negociaciones comerciales se niegan a aceptar, pues consideran que "todos los países que han logrado un grado apreciable de desarrollo lo han hecho basándose en su mercado interno y protegiendo su estructura industrial y agraria. Su crecimiento exportador posterior fue efecto y no causa de su progreso".

El argumento extrema la posición del gobierno, pues la internacionalización de la economía no significa acabar con el mercado interno. En términos generales, la mayoría de los países que se insertaron activamente en la economía globalizada y han sido exitosos, combinaron las ventajas del comercio internacional con el crecimiento del mercado interno.

La posición de los críticos no sólo desconoce la propia historia colombiana, con décadas de proteccionismo que generaron un sesgo anti-exportador, sino la palpable experiencia de otras economías subdesarrolladas que nos cogieron la delantera. ¿Se pueden imaginar a China, que en 1978 tenía un ingreso per cápita de 155 dólares, esperando a desarrollar su mercado interno antes de abrirse al mundo?

Curiosamente China es un ejemplo extremo que muestra la posibilidad de crecer con base en el comercio internacional y posteriormente fortalecer el mercado interno. En la última edición de Finanzas y Desarrollo, la economista Linda Yueh señala que un tercio del crecimiento del PIB de esa nación se explica por las exportaciones, mientras que el consumo interno, que representa el 35 por ciento del PIB, "solo contribuyó alrededor de 4 puntos porcentuales al crecimiento".

Colombia aspira a seguir una senda más balanceada que la de China, pues tiene un mercado interno amplio con un ingreso per cápita de 5.400 dólares y no es una economía autárquica. Los TLC son una oportunidad para crecer más y para cerrar las brechas de ingreso no sólo con el mundo desarrollado sino con las economías emergentes que se integraron antes a la globalización.

Si nos hubiéramos quedado esperando a "que estemos listos", el tren del desarrollo nos hubiera dejado aún más atrás.

¿Exportar para crecer?

Artículo publicado en la revista MisiónPyme No. 32 de febrero de 2010

Las décadas de políticas proteccionistas del modelo sustitutivo de importaciones dejaron en el sector empresarial profundas huellas difíciles de borrar. Una de ellas es la escasa vocación exportadora.

Según el censo económico de 2005 en Colombia hay 1.5 millones de empresas. De ellas, escasamente 11.500 exportaron en 2008; aun cuando el número viene creciendo (en 2000 eran 7.648), sigue siendo bajo para una economía abierta.

Los datos del Dane muestran que sólo 671 empresas (6% del total) registraron exportaciones superiores a US$5 millones y contribuyeron con el 91% del total exportado en 2008. En el otro extremo, 8.842 (79% del total) exportaron menos de US$500 mil por empresa y aportaron escasamente el 2% del valor exportado.

Adicionalmente, la presencia de un buen número de empresas en los mercados internacionales no es estable. Siguiendo la metodología de clasificación de empresas exportadoras de Eaton, Eslava, Kugler y Tybout (“Export Dynamics in Colombia: Firm-Level Evidence”), en promedio, el 44.6% son empresas continuas (exportaron en tres años consecutivos), mientras que el restante 55.4% son entrantes o salientes.

Cabe preguntarse por qué es importante aumentar el número de empresas exportadoras y lograr mayor estabilidad en los mercados internacionales. La respuesta tiene una dimensión macroeconómica y una microeconómica.

En la dimensión macroeconómica, hay un impacto notable en el proceso de producción y de logística para la exportación que contribuye a la generación de valor agregado y empleos. Si, por ejemplo, Colombia produjera café únicamente para consumo interno, habría empleo directo para 50 mil familias en el sector rural; pero con la producción de excedentes para exportación se emplean 500 mil familias.

Y el efecto no para ahí, pues el impacto más importante es servir como vehículo de acceso a las importaciones. Sin exportar, el país no podría comprar bienes, servicios, tecnología y conocimientos que no produce; y no acceder a ellos implicaría un creciente rezago frente al resto del mundo.

En la dimensión microeconómica, es crucial tener conciencia del impacto de la globalización en la fragmentación de los procesos de producción. Hoy en día muchos productos son la suma de partes producidas en diferentes regiones del mundo. Los empresarios deben entender que realizar todo el proceso de producción “bajo un mismo techo” es algo que va quedando obsoleto.

En este contexto las mipymes tienen grandes ventajas. Son más flexibles, pueden aprovechar economías de escala y adoptar más rápidamente las nuevas tecnologías.
Para aprovechar esas oportunidades, Bancoldex, Proexport y las cámaras de comercio realizan una labor de formación de exportadores y el gobierno está simplificando los trámites de exportación y asegurando mercados con los TLC. Queda entonces en manos de los empresarios la decisión de insertarse en las cadenas globales de valor, ampliar sus horizontes y crecer más.

Apertura

Publicado en el diario La República el 3 de septiembre de 2009


En el imaginario de algunos políticos y académicos quedó la idea de que el gobierno de Gaviria realizó una apertura unilateral que ha sido la causa de todas las desgracias de la economía colombiana. Todavía pregonan en sus discursos que nuestro aparato productivo quedó expuesto a todos los males del neoliberalismo a cambio de nada. Es así como la crisis de finales de los noventa es atribuida a la apertura, como si con esa decisión hubieran muerto las crisis en el capitalismo.

¿Por qué insistir en este tema? Primero porque los grupos opuestos a la inserción activa en la economía globalizada y a las negociaciones comerciales siguen empeñados en usar la apertura como una evidencia sobre el nefasto futuro que le espera al país con los TLCs. Segundo porque hay información demoledora contra ese argumento, que los críticos se niegan a ver; lo curioso es que también puede sorprender a los defensores a ultranza de la apertura.

En el documento de la CEPAL “Cumbre de las Américas 1994-2009. Indicadores seleccionados”, publicado en abril de 2009, se presenta una comparación de los niveles de apertura comercial de todas las naciones de América en 2007, medidos como el cociente entre el comercio –exportaciones más importaciones– y el PIB. Colombia ocupa el puesto 32 y sólo hay dos economías con un indicador más bajo: Estados Unidos y Brasil.

La CEPAL también muestra que los aranceles han bajado en todos los grupos de economías del continente. A mediados de los noventa, los países Andinos tenían la tarifa arancelaria más alta y a mediados de la actual década sólo eran superados por las del CARICOM. En la publicación de la OMC “Perfiles arancelarios en el mundo 2008” se comprueba que el promedio de ese bloque se mantiene alto por Bahamas y Barbados, pues los demás asociados registran aranceles inferiores al de la CAN.

En 2007 Colombia tenía un arancel nominal promedio del 12.5 por ciento; el cuarto más alto de América, según el documento de la OMC. Además de Bahamas (29.9 por ciento) y Barbados (13.5 por ciento), la superaban Venezuela (13.2 por ciento) y México (12.6 por ciento).

Por otro lado, si tomamos los 20 principales destinos de nuestras exportaciones, que representan el 84 por ciento del total exportado, el arancel nominal ponderado que ellas enfrentan es del 6.9 por ciento. Ese cálculo no tiene en cuenta que una parte significativa se beneficia de aranceles menores o cero, bien sea por los acuerdos comerciales vigentes, como la CAN, o por los sistemas generalizados de preferencias, como el de Estados Unidos y la Unión Europea.

Lo anterior significa que la política de apertura no fue una decisión aislada de Colombia, sino que fue una moda que tocó a las puertas de toda la región. También significa que en términos relativos Colombia es una de las economías con mayor protección nominal en el continente. Por lo tanto, carece de fundamento el argumento sobre la peligrosa exposición de la producción nacional a la competencia internacional.

¿Pudo Colombia haberse quedado con los aranceles promedio de 27 por ciento que tenía en 1989? Sin duda, el temor a la competencia por parte de los rentistas del proteccionismo y sus “lobbistas”, se hubiera seguido guareciendo en toda la parafernalia de barreras arancelarias y no arancelarias.

También tendríamos una economía más rezagada del resto del mundo. El consumidor dispondría de una menor oferta de productos, seguiría resignándose a comprar productos de menos calidad y a precios más elevados.

En síntesis, la apertura no es el “coco” que nos pintan algunos analistas; puesta en el contexto internacional fue más moderada de lo que percibimos cuando sólo miramos para adentro.

Regreso al proteccionismo

Publicado en Ámbito Jurídico el 6 de octubre de 2008


Durante la negociación del TLC con Estados Unidos los empresarios plantearon temores por la carencia de “una verdadera política industrial”.

Los críticos fueron más allá y entre sus argumentos señalaron que Colombia se embarcó en una política de libre comercio abandonando la protección de su sector productivo, lo que inevitablemente conducirá a su desaparición. Aducían que, por contraste, los países hoy desarrollados y las economías emergentes exitosas protegieron sus industrias en algún periodo de su historia.

Ahora cuando el gobierno anuncia una política de transformación productiva que incluye entre sus estrategias el desarrollo de sectores nuevos y emergentes, se empieza a cuestionar si estamos de regreso al proteccionismo del pasado.

Sobre el primer tema, hay que repasar la historia. Por décadas Colombia implementó políticas proteccionistas como lo hicieron muchos países del mundo. Tuvimos elevados aranceles, un complejo régimen de licencias de importación, restricciones a la compra de divisas, concesión de generosos subsidios a varios sectores, regulación de precios, crédito dirigido a determinados sectores, limitaciones a la inversión extranjera, un Estado accionista compartiendo riesgos con el sector privado en la etapa de despegue de las empresas y un monopolio estatal en la comercialización de productos agropecuarios, entre otras. Al tiempo que los países asiáticos protegían su producción, Colombia también lo hacía.

No obstante, el balance relativo es muy pobre. Lo que deben preguntarse quienes cuestionan la situación actual es qué nos diferenció, por ejemplo, en la aplicación de las políticas proteccionistas implementadas en Asia.

Quizás la respuesta se empiece a encontrar al examinar la relación de esas políticas con la inserción internacional. Mientras que en las economías asiáticas la protección sectorial fue acompañada de compromisos con las exportaciones, en nuestro caso no hubo tal.

El resultado: los sectores protegidos en Asia tenían que enfrentar la competencia del mercado mundial y por lo tanto alcanzar los estándares internacionales de competitividad. En nuestro caso los sectores protegidos se mantuvieron aislados de la competencia internacional y, por lo tanto, se fueron rezagando en productividad, como lo muestran diversos estudios.

Un estudio de la CAF demuestra que la productividad laboral del país se rezagó continuamente con relación a la de Asia del Este desde mediados de los sesenta; justamente en el periodo en que tanto ellos como Colombia aplicaban políticas proteccionistas. Pero nosotros nos empeñábamos, con la mayoría de países de América Latina, en los sueños del regionalismo cerrado, mientras que los asiáticos optaban por la apertura económica sin abandonar las políticas de industrialización.

Las ineficiencias que se generaron se transfirieron a los consumidores vía precios y calidad; curiosamente, las brechas crecientes en productividad se convirtieron en el caballo de batalla para fortalecer el proteccionismo. Y surgieron tesis del estilo: “cuando estemos listos podremos abrir la economía; antes no”.

Por lo tanto, en ese debate lo que se debe concluir es que perdimos el curso. No aprovechamos la oportunidad que brindó la política industrial en boga por décadas para desarrollar una estructura productiva competitiva, diversificada e innovadora, capaz de enfrentar la competencia.

Con relación al segundo tema, es un poco apresurado afirmar que estamos de regreso al proteccionismo de los años sesenta y setenta. El mundo cambió y la globalización no da espacios para ese proteccionismo de viejo cuño. Basta con mirar al vecindario para concluir que forzar el desarrollo con ese tipo de políticas no es viable. A lo más que se llega es a crear la ilusión de desarrollar sectores productivos nacionales, pero basados en una clase empresarial adicta a las ayudas públicas y, por lo tanto, dependiente de los consumidores locales.

En la propuesta de política de transformación productiva no hay protección arancelaria ni otros mecanismos de aislamiento de la competencia, ni los cuantiosos subsidios de otras épocas, ni políticas de distorsión de precios, ni los consumidores serán constreñidos a aceptar precios no competitivos ni productos y servicios de calidad inferior a la imperante en la economía mundial.

La política de transformación productiva está orientada a la creación de las condiciones de entorno adecuadas para facilitar el desarrollo de sectores que generan alto valor agregado, que tienen un alto potencial de crecimiento en las próximas décadas, que generan empleos de calidad y permiten desarrollar ventajas competitivas sobre la base de habilidades existentes. Además, son sectores que hoy en día exportan productos o servicios y, por lo tanto, han mostrado que tienen potencial competitivo.

Un elemento fundamental de la nueva política es la participación activa del sector privado. Sin su concurso no hay posibilidades de desarrollo. En primer lugar, se requiere una sólida organización gremial para plantear y realizar sus expectativas como sector. En segundo lugar, deben colaborar en la identificación de las barreras que tienen para su desarrollo, sean estas de formación del recurso humano, de conocimientos, de tecnología, normativas, etc.

Tal vez las interpretaciones erradas surgen de la “elección de sectores”. Se piensa que el gobierno va a seleccionar arbitrariamente sectores ganadores y de paso los perdedores. La realidad es que son los propios sectores los que se seleccionan, con base en una metodología transparente que diseñó el gobierno con la asesoría de una consultora de amplia experiencia mundial en el tema.

Son los sectores productivos los que pueden evaluar si contando con un entorno más favorable serán capaces de lograr un posicionamiento en los mercados internacionales. Son ellos los que deciden si asumen el reto del desarrollo. El ganador se llama Colombia.