Publicado en Portafolio el 20 de enero de 2026.
Hace unos meses el gobierno sacó pecho porque The Economist calificó a Colombia como una de las mejores economías en 2025. Pero brillaron por su ausencia las exploraciones de cuáles fueron los criterios para esa clasificación.
Para ilustrarlo, tomemos la inflación básica, que es uno de los indicadores usados. The Economist toma la variación anual absoluta a octubre de la inflación básica con relación al 2%, que se asume como meta. Esto da lugar a varios sesgos; los países que en el año anterior se acercaron más al 2%, en la medición más reciente lo harán en menos puntos porcentuales y serán bonificados en el ranking; además, el indicador no dice nada sobre la evolución más reciente ni sobre las expectativas. Para el caso de Colombia, el indicador fue 4,3 puntos porcentuales en octubre de 2024 y 3,3 en octubre de 2025; a pesar de esa reducción, quedó en el puesto 34 entre las 36 economías evaluadas. Pero ocurre que ese 3,3 es mayor que el indicador de los meses anteriores; es decir, la foto falla al no percibir que se está revirtiendo la tendencia, que las presiones inflacionarias están creciendo y que se espera que las tasas de interés vuelvan a incrementarse.
El mismo problema que tiene el ranking de The Economist, lo tienen los exitosos balances que presenta el gobierno. La foto muestra que el desempleo bajó, que la tasa de cambio se apreció y que el salario mínimo se incrementó en términos reales en magnitudes sin precedentes. Lo que no muestra es que el país está en una crisis fiscal por la mala política fiscal y que nos deja una economía que en los próximos años crecerá al mediocre 2,5% anual.
Tampoco muestra que el bienestar de la población menos favorecida se deteriora día a día con el chuchuchu que quebró el sistema de salud, que los jóvenes pobres no podrán acceder a la educación superior porque se eliminaron los subsidios del Icetex, que miles de familias no tendrán vivienda porque se suspendió el programa Mi Casa Ya y que el exorbitante incremento del salario mínimo, que beneficia al 10% de los empleados, erosionará los ingresos reales del 100% de la población pobre y de clase media.
La inflación que ya registraba presiones alcistas las incrementará por el efecto del salario mínimo. El país queda ad portas de una crisis energética y las familias de clase media y baja deberán pagar una factura creciente de gas por la pérdida de la autonomía en el abastecimiento, resultante de la inoportuna política contra los combustibles fósiles. En fin, enderezar la economía es la titánica tarea que le espera al próximo gobierno.
