Deportación al revés

 

Publicado en Portafolio el 19 de febrero de 2025

El irresponsable tuitero-presidente ocasionó una vergonzosa crisis diplomática y puso en riesgo la estabilidad económica del país, por la presunta defensa de la “dignidad” de los colombianos deportados de Estados Unidos el 26 de enero. Pero en 2024 llegaron 126 vuelos con 14.199 compatriotas deportados en las mismas condiciones que ese día; de la “dignidad” de ellos no habló Petro.

El problema es que Petro no ha comprendido que sus políticas están “deportando” a muchos más colombianos que los que dispararon su rabieta contra Trump. En el solo Catatumbo se calcula que más de 50.000 personas han sido desplazadas en menos de dos meses como consecuencia del fracaso de la “Paz total”. De la noche a la mañana tuvieron que abandonar el terruño, sus pocos o muchos bienes, la educación de sus hijos y su entorno social. Las imágenes de los noticieros permiten percibir la indigna situación que soportan miles de familias por la creciente ausencia del Estado en vastas regiones del país.

Según el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) el movimiento forzado de personas por el conflicto en Colombia ascendió a 339.000 y 293.000 en 2022 y 2023; son las cifras de desplazamiento más altas en la serie que publica este organismo desde 2009.

Además del desplazamiento interno, otra manifestación de la “deportación al revés” son las personas refugiadas en otros países; según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “son aquellas que han buscado protección en otro país tras haber abandonado el propio para escapar de conflictos, persecuciones y otras formas de violencia”. Los colombianos refugiados disminuyeron en 2022 (412.275 personas), pero se volvieron a incrementar en 2023 (475.115) y 2024 (109.756); el de 2023 es el mayor número desde 2016.

También se deben sumar las personas que solicitan asilo, que, según Amnistía Internacional, “es una persona que ha abandonado su país y busca protección contra la persecución y las graves violaciones de los derechos humanos en otro país, pero que aún no ha sido reconocido legalmente como refugiado”. Tristemente, ACNUR y la OCDE destacan a Colombia como el segundo país en el mundo en solicitudes de asilo en 2023, con 209.000 personas, y fue el que registró el mayor incremento absoluto. Las solicitudes de asilo de colombianos en 2022 y 2023 son las más altas del país desde 2013.

La “deportación al revés” en 2022-2024, entendida como la suma de las personas desplazadas por la fuerza, los refugiados y los asilados, atenta contra la dignidad humana y se correlaciona positivamente con la creciente violencia y la toma del territorio por grupos fuera de la ley. No es difícil colegir que la fuente de ese desastre humanitario es la “Paz total”.

Egipto, Turquía y Colombia

Publicado en Portafolio el 20 de mayo de 2022

Los gobiernos colombianos suelen solucionar numerosos temas cruciales por tres vías: expedir leyes y decretos que poco se cumplen; contratar “misiones de estudio” para diagnosticar lo que, con frecuencia, ya está diagnosticado; o “patear la pelota hacia adelante”, heredando los costos políticos de las reformas estructurales a los sucesores. Así, el país cuenta con magníficas normas jurídicas, excelentes recomendaciones técnicas en muchos campos y montones de decisiones postergadas mientras los problemas se agravan.

No vemos que el país se entretiene alimentando inextricables marcos jurídicos, gastando recursos en “misionitis” y “pateando la pelota”, mientras el mundo avanza y cada vez nos rezagamos más; no solo no hemos podido cerrar las brechas de ingreso con las economías desarrolladas, sino que las que iban detrás nos alcanzan y nos superan.

En mis recientes vacaciones viajé a Turquía y Egipto. No son economías desarrolladas, pero los contrastes de esos países con Colombia son impactantes. Es interesante la comparación, pues si bien estamos mejor en algunos aspectos, ellos nos aventajan en otros que son centrales en la aceleración del desarrollo y por eso registran una dinámica de largo plazo mejor que la colombiana. El primero tiene un ingreso per cápita que duplica el colombiano; el del segundo es la mitad del nuestro. Pero en 1960 el de Colombia era el 404% del de Egipto y el 74% del de Turquía; en 2020 esas relaciones fueron del 236% y del 48%, respectivamente.

Aun cuando en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial de 2019 estamos en un rango similar, esos dos países nos llevan gran ventaja en infraestructura (puestos 52 y 49 frente al 81 de Colombia) y en la calidad de las instituciones (puestos 82 y 71 frente a 92).

Adicionalmente, sus indicadores de seguridad son mejores. En el índice de crimen organizado Colombia fue el segundo entre 196 países en 2021, mientras que Turquía fue el 12 y Egipto el 79. En seguridad vial, la tasa de mortalidad de Colombia fue 15,4 por 100.000 habitantes en 2018; la de Turquía 8,4 y la de Egipto 10,1, a pesar de su caótico tráfico y la indisciplina de los peatones.

Múltiples factores explican las diferencias de desarrollo entre países, pero salta a la vista que nos están tomando la delantera los que sí adoptan decisiones estratégicas para proveer bienes públicos de calidad, brindar mayor seguridad a su población y buscar la superación de los problemas de distribución del ingreso. En Colombia nos vanagloriamos de enunciar que tenemos potencial en todo, pero no reflexionamos por qué sigue siendo una esperanza de futuro y no se toman las decisiones para convertirlo en realidad.

Brutalidad policial

 

Publicado el Portafolio el viernes 21 de mayo de 2021 

En Colombia existe el derecho a la protesta y no hay una política de Estado que tenga por objetivo acallarla. Aun así, medios extranjeros, congresistas norteamericanos, burócratas de multilaterales y de otros gobiernos censuran al país por violación de esos derechos y por la brutalidad policial.

La mayoría de los manifestantes son pacíficos, pero esos censuradores desconocen que también se infiltran peligrosos vándalos que no son controlados por los organizadores del paro. No son pacíficos aquellos que llevaban 12.614 armas cortopunzantes, 431 armas de fuego, 242 armas traumáticas y 77 explosivos decomisados hasta el 13 de mayo; tampoco los que lanzaron bombas incendiarias contra los CAI, las estaciones de transporte masivo y un hotel.

Es inadmisible que algunos policías se excedan, como ocurrió con el asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá y ha ocurrido en el paro reciente; por el primero ya hay condenas y por lo segundo hay 65 investigaciones disciplinarias en proceso. Lamentablemente esto se ve en muchos países, como lo ilustran la asfixia de George Floyd en Estados Unidos y las 20 personas que murieron en las protestas por su asesinato.

Un informe del Council on Foreign Relations resalta este como un problema global: “La brutalidad policial sigue siendo un problema en muchas democracias avanzadas. Los agentes de todo el mundo han utilizado medios agresivos, como balas de goma y gases lacrimógenos, para reprimir a los manifestantes, incluida la policía francesa, durante las protestas de los chalecos amarillos que comenzaron a fines de 2018... Estados Unidos supera con creces a la mayoría de las democracias ricas en muertes a manos de la policía. La policía estadounidense mató a unas 7.638 personas entre 2013 y 2019 (según la misma base de datos, mataron a otras 1.125 personas en 2020)”.

Pero es importante diferenciar entre excesos y cumplimiento del deber. Cabe recordar los cinco muertos en la toma del capitolio en Washington el pasado 6 de enero, varios de ellos por las balas de la policía ¿Eso fue brutalidad policial? En este caso, como en el de Colombia, debemos preguntarnos qué debería haber hecho la policía frente a los desmanes ¿Quizás dejarlos destruir el capitolio y “juzgar” a los congresistas que reconocieron a Biden como el nuevo presidente?

La mayoría de los policías no está usando sus armas de forma indiscriminada, ni disparando desde helicópteros y menos aun buscando dañarle los ojos a los protestantes, como dijeron algunos irresponsables a la prensa extranjera, que, como idiota útil, difundió esa “noticia”. Si los organizadores de las marchas no se sienten responsables de los destrozos ocasionados y no tienen formas de controlar a los vándalos que se infiltran en la protesta, las autoridades deben cumplir con su mandato constitucional de velar por el bien ciudadano y proteger el interés de las mayorías.

Paz y crecimiento económico

Publicado en Portafolio el 17 de junio de 2016

Una de las esperanzas generadas por las negociaciones de paz es un mayor crecimiento económico. La teoría pareciera sustentarla, pues enuncia que una guerra civil reduce el PIB per cápita y su terminación lo incrementa. No obstante, hay matices a considerar para no sobredimensionar el efecto esperado de la paz en Colombia.

Según un estudio del PNUD (Post-Conflict Economic Recovery. Enabling Local Ingenuity; 2008), los impactos económicos de las guerras civiles dependen de la proporción de la población involucrada en el conflicto, la duración, la extensión geográfica y el grado de debilitamiento del gobierno.

Casos como el de Uganda, en el que las zonas en conflicto fueron periféricas, afectaron poco la actividad económica, mientras que en Afganistán, Camboya y Mozambique los efectos fueron devastadores al abarcar todo el territorio.

El mismo estudio indica que la duración puede tener efectos dispares: entre más prolongado el conflicto, mayores serán los impactos negativos esperados; pero también puede generar resiliencia del crecimiento, por la adaptación de la población al entorno.

El PNUD encontró que 26 de las 29 economías analizadas registraron variaciones negativas del PIB per cápita durante el conflicto, con las únicas excepciones de Bosnia (3.6%), Papúa Nueva Guinea (1.7%) y Guatemala (0.9%). Colombia supera dos de ellas, pues su tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita fue 2.2% en los últimos 55 años.

En ese contexto, el caso colombiano (que no estudió el PNUD) se clasificaría, como marginal –por su cobertura geográfica y por la proporción de la población involucrada–, y como un conflicto de larga duración que generó resiliencia del crecimiento.

Según Paul Collier (“On the Economic Consequences of Civil War”; 1998), la caída del PIB per cápita “es explicada en parte porque la guerra reduce directamente la producción y en parte porque ella causa una gradual pérdida del stock de capital, debido a la destrucción, el desahorro y la migración de recursos al exterior”.

Cabría esperar, por lo tanto, que el crecimiento de la economía en el postconflicto proviniera en buena parte de la recuperación de la inversión. Pero, como señala Collier, “a pesar de los graves efectos de la guerra civil, la restauración de la paz no produce necesariamente un dividendo”, porque las condiciones económicas no vuelven a su normalidad de manera automática y, por el contrario, en los primeros años es alto el riesgo de recaer en el conflicto.

Por contraste, en Colombia, pese al conflicto, la inversión creció al 5.0% anual promedio en el periodo 1960-2014, y el coeficiente de inversión a PIB bordea el 30%, uno de los más altos de la región.

Hay estudios que atribuyen a la paz en Colombia un crecimiento del PIB que va entre 0.4 y 4.0 puntos porcentuales adicionales, pero varios de ellos no toman en cuenta los aspectos señalados. De igual forma, la comparación con otros conflictos pasa por alto que, en la mayoría, los acuerdos involucraron a todos los actores de la confrontación. En Colombia, después de cuatro años de negociación, es probable un acuerdo con las Farc; entre tanto, el Eln y las bacrim se enfrentan para “adueñarse” de los territorios hasta ahora dominados por las Farc.

Todos anhelamos la paz y esperamos impactos económicos positivos. Pero hay que aterrizar las expectativas.

Vandalismo

Publicado en el diario La República el jueves 29 de marzo de 2012

Los episodios recientes de vandalismo contra el sistema Transmilenio (ST) muestran un caso más en el que la teoría de las ventanas rotas aporta elementos para entender el problema.

Mi artículo anterior (marzo 8) concluía recordando una frase de Wilson y Kelling, los autores de la teoría: “el crimen callejero más grave aparece en zonas en las que no se hace nada frente a la conducta que altera el orden público”.

Desde hace rato es evidente la vulnerabilidad del ST a las conductas orientadas a alterar el orden público. En muchas ocasiones unas pocas personas lo bloquean. Basta recordar cómo los motociclistas lo hicieron cuando se mencionó la posibilidad de imponerles pico y placa; entonces pequeños grupos obstruían el carril exclusivo y en cuanto aparecía la policía, se dispersaban para luego bloquear en otro punto.

Pese a la múltiple y frecuente evidencia de la vulnerabilidad, no hay decisiones de fondo que anticipen o neutralicen estas acciones que afectan a la gran mayoría de usuarios.

Desde hace varios meses se observa una modalidad de “colados” que exponiendo su vida se meten por un lado del bus cuando este para y las puertas de la estación se abren para la salida y el acceso de pasajeros. Tampoco hay acciones de fondo orientadas a frenar este comportamiento que ya ha ocasionado varias tragedias, especialmente de jóvenes. Los padres de algunas de las víctimas han señalado que no lo hacían por falta de dinero, sino por “diversión” o por ahorrarse unos pesos para otros fines.

Justamente lo que plantea la teoría de las ventanas rotas es que esas conductas indebidas que no son frenadas transmiten al resto de la sociedad la idea de que todos lo pueden hacer. En el caso de Nueva York, sobre cuya experiencia elaboraron la teoría, el número de colados en el metro empezó por unos pocos, luego fue creciendo ante la inacción de las autoridades y finalmente se llegaron a contabilizar 170 mil por día. Luego aparecieron los grafitis invadiendo las estaciones y los vagones.

La falta de medidas para contrarrestar esas conductas terminó por generar el ambiente de que el metro era tierra de nadie; pronto las pandillas juveniles se “apropiaron” de él para cometer delitos menores y el número de usuarios se redujo considerablemente.

A primera vista, aplicar este escenario al ST puede parecer una exageración. No obstante, basta con observar otras actividades que van más “adelantadas”. Por ejemplo, los motociclistas. Las motos son un medio de transporte económico, eficiente e inteligente, por la relación entre el peso transportado y la energía necesaria (además, algunos dicen que es la venganza japonesa); esto es bueno para una sociedad que las utiliza adecuadamente.

En Colombia el problema radica en que los conductores de estos vehículos actúan como si las normas de tránsito no existieran; no saben que los andenes son para los peatones, que no se puede ir en contravía, que los semáforos se deben respetar, e incluso ignoran que la rampa de los puentes peatonales es para las personas mayores o en silla de ruedas y no para las motos.

¿Y por qué actúan así? La teoría de los vidrios rotos indica que lo hacen porque otros lo hacen y nadie les dice nada. Lo hacen porque es muy poco probable que la autoridad los sancione (a esto contribuyen los publicitados casos de conductores de buses que acumulan infracciones de tránsito por sumas millonarias y siguen manejando sin problema).

Volviendo al ST, las débiles sanciones (ningún arrestado por tratarse de delitos menores y tener las cárceles llenas), posibles multas moderadas (en consideración a que los papás son pobres) y aumento de la vigilancia solo por unos pocos días, dejan en la sociedad la imagen de que esos actos vandálicos no tienen mayores repercusiones.

Ventanas rotas

Publicado en el diario La República el 8 de marzo de 2012

Imaginemos que dentro de unos pocos años pudiéramos leer la historia de un alcalde de Bogotá que “ordenó… que persiguieran los delitos que afectaban a la calidad de vida de los ciudadanos, como las bandas de pedigüeños que se acercaban a los conductores a cambio de limpiar los parabrisas… [y presionó] para reforzar las leyes contra quienes se emborrachasen u orinasen en la calle”.

Aunque parezca increíble esa historia fue real y, más sorprendente aún, el texto de Malcolm Gladwell (“The Tipping Point”) se refiere a Nueva York en 1994. Esta ciudad, como todo Estados Unidos, se vio afectada por una inusitada ola de violencia, que alcanzó niveles muy altos en los años ochenta.

James Wilson y George Kelling formularon en 1982 la “teoría de los vidrios rotos”, como una explicación a la creciente violencia. En esencia, plantearon que si alguien rompe un vidrio de un edificio y nadie lo repone, las personas creerán que pueden romper otros y nadie les reclamará; esto conducirá al deterioro del edificio y del vecindario, a la ocupación por personas que realizan actividades como prostitución y atracos, y posteriormente a actividades criminales mayores.

El fenómeno afecta a toda la sociedad y termina haciendo que personas honradas cometan infracciones que no harían normalmente. Por ejemplo, Gladwell señala que en esa época más de 170 mil usuarios se “colaban” al metro, con el pretexto de que “¿si otros lo hacen y no pasa nada, por qué no he de hacerlo yo?”.

Las estaciones y los vagones del metro estaban llenos de grafitis y de suciedad; el metro se deterioraba y era creciente la sensación de inseguridad para los usuarios; las pandillas de adolescentes estaban a sus anchas pues pocos osaban denunciarlas y, en el peor de los casos, sufrían arrestos de un día y volvían a sus actividades de drogarse, y amedrentar y robar atemorizados ciudadanos. La experiencia mostró que con el tiempo muchos de estos jóvenes cometieron delitos como asesinatos y violaciones.

Wilson y Kelling implementaron en Nueva York desde mediados de los años ochenta una política de recuperación de la ciudad, “reponiendo los vidrios rotos”. Comenzaron por limpiar los vagones y las estaciones del metro y combatir los grafitis; si en la noche alguien ponía grafitis en un vagón las autoridades lo pintaban nuevamente antes del nuevo día, o en su defecto lo sacaban de circulación hasta que estuviera impoluto. La labor la continuó William Bratton persiguiendo a los “colados” del metro, capturando a muchos infractores, en especial los que tenían antecedentes penales, e incautando armas de todo tipo.

Los índices de violencia en Estados Unidos cayeron abruptamente durante el primer quinquenio de los noventa, por razones que son fuente de debate, pero en parte se atribuyen a la “teoría de los vidrios rotos”.

Aun cuando en nuestro medio la teoría no es desconocida e incluso algunos elementos de ella fueron aplicados en las alcaldías de Mockus y Peñalosa, deberían emularse varias de las decisiones tomadas en Nueva York.

Por ejemplo, los usuarios de Transmilenio somos testigos del progresivo deterioro de sectores como Chapinero, sin que se vean acciones de las autoridades para frenarlo. El otrora barrio de clase alta se está degradando a partir de los grafitis que invadieron todas las paredes y puertas de casas, edificios y negocios. Ya hay varias cuadras sobre la avenida Caracas con edificaciones abandonadas, con sus vidrios rotos y poblados por “desechables”. ¿En cuántos sectores de Bogotá y otras ciudades se está repitiendo esta historia?

Como afirman Wilson y Kelling, “el crimen callejero más grave aparece en zonas en las que no se hace nada frente a la conducta que altera el orden público”. En buen cristiano, es mejor prevenir que lamentar.