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Crecimiento versus bienestar

viernes, 19 de noviembre de 2021

 

Publicado en Portafolio el viernes 19 de noviembre de 2021

Sin duda, el crecimiento económico es muy importante. Pero más relevante es cómo se distribuyen sus beneficios entre las personas de un país y contribuyen a mejorar el bienestar.

Esa es una preocupación de la economía y por décadas ha generado amplios debates sobre cómo medir las ganancias en el bienestar de la población. En 2008 el presidente francés Nicolás Sarkozy convocó una comisión de alto nivel para “la medición del desarrollo económico y del progreso social”, liderada por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi.

A partir de la literatura que surgió del informe de esa comisión, la OCDE diseñó e implementó lo que denomina el “Marco de bienestar de la OCDE”, que tiene cuatro características relevantes: 1. Se concentra en las personas y no en el sistema económico. 2. Se enfoca en dos dimensiones denominadas el bienestar actual y recursos para el bienestar futuro. 3. El análisis de la distribución del bienestar en la población. 4. La incorporación de aspectos objetivos y subjetivos.

Un ejemplo de aplicación de la segunda es la educación. Se suele dar importancia al gasto en educación o al número de estudiantes que se gradúan; en la dimensión actual se considera más relevante el desempeño de los estudiantes. Esto no significa desechar las primeras variables, sino complementarlas con el enfoque en las personas.

Esa metodología es aplicada por la OCDE a sus países miembro y los resultados son publicados (How’s Life?) para orientar decisiones de política. Ahora propone a los países latinoamericanos desarrollar indicadores para que puedan aplicar un “enfoque de bienestar en la política”. En octubre del 2021 la OCDE publicó un interesante libro titulado “How’s Life in Latin America?: Measuring Well-being for Policy Making”. Ahí se plantean enfoques participativos y multidimensionales que “pueden contribuir a reforzar el contrato social entre gobierno y ciudadanos”.

Los recursos para el bienestar futuro abarcan el capital económico, el capital humano, el capital social y el capital natural. El análisis de los planes de desarrollo de 15 países de la región evidencia que los dos últimos prácticamente no se toman en cuenta. Pero, como destaca la OCDE, “las recientes revueltas son un indicio de la fragilidad del contrato social en la región, que presenta un apoyo cada vez menor a la democracia electoral, escasa confianza en el gobierno, y altos niveles de percepción de la corrupción, discriminación y sensación de que la distribución de los ingresos es injusta”.

El enfoque de bienestar para las políticas públicas es una excelente propuesta de la OCDE que deberían incorporar los candidatos a la presidencia de Colombia en sus discursos, en especial cuando la inconformidad está asociada a problemas del contrato social.

¿Renovar el contrato social?

viernes, 26 de marzo de 2021

 

Publicado en Portafolio el viernes 26 de marzo de 2021

Renovar el contrato social es un tema de discusión mundial. Obviamente, su mención genera posiciones antagónicas; hay quienes lo encuentran indispensable; algunos ven peligros porque creen que implica abolir la Constitución; y otros lo consideran irrelevante.

La discusión se nutre de diferentes vertientes del conocimiento que tratan de explicar la inconformidad y el malestar social que hay en el mundo, y que recrudeció con los impactos de la pandemia sobre la desigualdad. En ese contexto, cabe tener como referencia la apreciación de los economistas Rafael Doménech y Vicente Montes: “El contrato social ha aportado estabilidad a las sociedades modernas y ha permitido a las mismas avanzar como nunca antes en la historia”.

En general, el contrato social se concibe como el acuerdo implícito sobre derechos y obligaciones en la relación entre los ciudadanos y el Estado; entre otras, el Estado tiene la obligación de asegurar a los ciudadanos frente a diversos riesgos, como los de pobreza, enfermedad, desempleo y desprotección en la vejez.

En el enfoque de Nicholas Barr sobre el estado de bienestar, este podría entenderse como el contrato social vigente desde de la Segunda Guerra Mundial, con las adaptaciones pertinentes a los cambios económicos, demográficos y sociales. The Economist (6 de marzo) plantea que “la pandemia ha obligado a una reevaluación del contrato social; en particular, cómo se deben dividir los riesgos entre las personas, los empleadores y el Estado… El covid-19 mostró que el estado del bienestar necesita una modernización. Nació en un orden social distinto y para protegerse de diferentes riesgos”.

En el caso de Colombia no se pueden desconocer los notables avances en materia social. Pero también es evidente que subsisten problemas que tienden a agravarse con el paso del tiempo y la postergación perpetua de las reformas, mientras el malestar social sigue creciendo.

La evaluación de los cuatro riesgos mencionados muestra la urgencia de las reformas. Según Fedesarrollo, la pobreza llegó a 42% en 2020, con un aumento de seis puntos porcentuales; el régimen subsidiado de salud incentiva la informalidad laboral, que supera el 60% de los ocupados; solo el 25% de las personas en edad de jubilación tiene una pensión; y no hay un seguro de desempleo que mitigue la interrupción de los ingresos al perderse el empleo.

Un estudio reciente de Fedesarrollo, liderado por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía, propone integrar en una sola reforma todos estos aspectos, sumando el fiscal, que es necesario para seguir haciendo frente a la pandemia, financiar los costos de los cambios y recuperar la capacidad redistributiva de la política fiscal. Winston Churchill decía: “¡Nunca desperdicies una buena crisis!”. Ahora, con la inconformidad creciendo, mal haríamos en perder la oportunidad de tramitar estas vitales reformas, basados en diagnósticos precisos y excelentes estudios técnicos.