EE.UU.: ¿Víctima de la globalización?

 

Publicado en Portafolio el 11 de abril de 2025

Lo que está ocurriendo por estos días en el mundo es inaudito. EE.UU., el país más poderoso del planeta se declaró víctima de la globalización. 

En un artículo del Financial Times (“Donald Trump’s tariffs will fix a broken system”), Peter Navarro, el arquitecto de la visión comercial de Trump, expuso los argumentos que subyacen a los tristemente famosos aranceles “recíprocos”.

Según esta visión, el comercio mundial es un “sistema manipulado en contra de EE.UU.”. ¿Cómo opera en contra ese sistema? 1. Los aranceles promedio de EE.UU. (3,3%) son menores que los de China (7,5%), Vietnam y Tailandia (10%). 2. Hay un “aluvión de armas no arancelarias que utilizan las naciones extranjeras” contra EE.UU. 3. El déficit comercial acumulado de EE.UU. entre 1976 y 2024 equivale al 60% del PIB de 2024. 4. El empleo manufacturero se redujo en 6,8 millones desde 1979 por la baja del arancel NMF. 5. El sistema de resolución de disputas de la OMC es deficiente y “las consecuencias han sido catastróficas”.

La realidad es un poco diferente. 1. En la OMC los países desarrollados negociaron permitiendo a las economías en desarrollo aranceles consolidados más altos y ofreciéndoles acceso a sus mercados, a cambio de que aceptaran los acuerdos sobre propiedad intelectual (Hausmann “El punto ciego comercial de 16 billones de dólares de Trump”). 2. El International Trade Barrier Index 2023 ubicó a EE.UU. en el puesto 65 entre 88 países. Canadá, Chile y Colombia se ubicaron en el 4, 10 y 16, respectivamente, porque tienen menos barreras arancelarias más no arancelarias. Además, la elevada protección agrícola de EE.UU. distorsiona el comercio internacional en detrimento de los países en desarrollo. 3. El indicador carece de sentido económico, y Navarro no menciona que “el superávit de EE.UU. en servicios e ingresos de capital extranjero prácticamente compensa su déficit comercial en bienes” (Hausmann). 4. Es cierto, pero el empleo en servicios creció en 64 millones de personas en igual periodo y el número de profesionales, científicos y técnicos se incrementó en 6,3 millones desde 1990. 5. Según Chatam House, “entre 1995 y 2019, Estados Unidos fue demandante en 124 de un total de 593 disputas en la OMC… [y] fue demandado en 155 casos”. Desde 2019 ese sistema de la OMC no funciona por el bloqueo de EE.UU. al nombramiento de nuevos jueces.

Un tema final. La globalización puede entenderse como el conjunto de cadenas de suministro de las multinacionales, que buscan reducir sus costos y maximizar sus ganancias. De las 100 empresas más grandes del mundo en 2024, 63 son de EE.UU. De China, su archienemigo, son ocho.

Síntesis: La base de los populistas aranceles “recíprocos” son verdades a medias.

Proteccionismo a la lata

Publicado en Portafolio, el 22 de agosto de 2019

Una de las consecuencias de las negociaciones del GATT, que buscaban reducir las barreras arancelarias al comercio de bienes, fue la proliferación de las barreras no arancelarias (BNA). Ellas son obstáculos al comercio diferentes de los aranceles e incluyen una amplia variedad de instrumentos que van desde restricciones de sitios de entrada y la imposición de licencias, hasta el uso de las medidas fitosanitarias y los reglamentos técnicos, desnaturalizándolos de los objetivos positivos para los cuales fueron creados.

Mientras Colombia implementó el modelo sustitutivo de importaciones no fue necesario el uso de BNA, pues la protección a las empresas nacionales se lograba con altísimos aranceles, regímenes de licencia previa de importación y control de cambios. Pero las reformas de finales de los ochenta y comienzos de los noventa eliminaron el control de cambios, establecieron la libre importación de casi todo el universo arancelario y el arancel nominal promedio bajó de cerca del 50% a niveles del 11%.

El estudio reciente de Echavarría, Giraldo y Jaramillo (EGJ) “La estimación del equivalente arancelario de las barreras no arancelarias y la protección total en Colombia”, muestra la magnitud de la reacción del sector privado frente a esas medidas que ponían al país en la senda de integración a la economía globalizada.

EGJ actualizan las mediciones de un trabajo anterior de investigadores del Banco de la República (García et al (2014), "Una Visión General de la Política Comercial Colombiana entre 1950 y 2012") y avanzan en la estimación de un equivalente arancelario de las BNA implementadas.

Los resultados son impresionantes. Mientras que en 1990 en Colombia se aplicaban 407 BNA, su número llegó a 77.673 en 2012 y luego bajaron a 50.380 en 2014. Los cálculos indican que en 2012 el 57% de los bienes de capital, el 82% de los bienes de consumo y el 81% de los bienes intermedios tenían BNA que restringían el acceso de importaciones al mercado nacional. De ahí se colige que en 1990 había 1,3 BNA por partida arancelaria y en 2014 llegaron a 10.

Si bien este tipo de políticas fue implementado en muchos países, el acelerado crecimiento mencionado puso a Colombia entre las economías más cerradas del mundo. Según el Global Competitiveness Report 2018 en el indicador de prevalencia de las BNA el país quedó en el puesto 118 entre 140 países.

El estudio de EGJ estima que la protección total en Colombia se incrementó del 65% al 125% entre 1990 y 2012, lo que en gran medida se atribuye a las BNA, puesto que el arancel nominal se mantuvo estable. Un dato interesante es el de la protección de textiles y confecciones, a los cuales atípicamente el Congreso les incrementó los aranceles por medio de una ley; calculan los autores que su protección sumando arancel y BNA es de 183,4% para los textiles y 210,2% para las prendas de vestir.

Los resultados de este y otros estudios explican por qué las exportaciones colombianas no se diversifican, por qué no somos competitivos y por qué es tan baja la integración de empresas a las cadenas globales de valor. El problema es que el mundo sigue avanzando y cada vez es mayor el salto necesario para ser parte activa de la cuarta revolución industrial.

Proteccionismo improvisado

Publicado en Portafolio el viernes 23 de marzo de 2018

El proteccionismo de Trump carece de argumentos técnicos. Aun cuando él enfatiza en el déficit de la balanza comercial, la variable relevante en economía es el saldo de la cuenta corriente, que además del comercio de bienes, incluye el de servicios y la renta de los factores.

Si esa balanza es deficitaria (importaciones mayores que las exportaciones de bienes), puede tratarse de un problema de competitividad, pero también puede obedecer a un exceso de gasto que es financiado con ahorro externo. Ninguna de estas dos causas se soluciona con medidas proteccionistas ni con guerras comerciales; la primera, demanda mejorar la competitividad y, la segunda, aumentar el ahorro doméstico.

Además, el déficit comercial y el de cuenta corriente se deben analizar en términos relativos y no solo absolutos. El primero aumentó hasta un máximo del 6.0% del PIB en 2006; desde ahí se redujo a 4.0% en 2016. El segundo llegó a 5.8% del PIB y luego disminuyó a 2.4% en los mismos años. Los niveles y las tendencias de ambos son considerados de bajo riesgo en el contexto internacional.

Paradójicamente, la reforma tributaria de 2017 aumentará el déficit comercial que Trump pretende reducir. Se calcula que en los próximos años el déficit fiscal crecerá más de 1.7 billones de dólares; como el ahorro nacional es bajo, el gobierno dependerá de los capitales del exterior para financiarlo. Esos flujos apreciarán más el dólar, debilitarán las exportaciones, fortalecerán las importaciones y ampliarán el déficit de la cuenta corriente.

Los efectos negativos del proteccionismo se acentúan cuando las medidas adoptadas carecen de precisión en sus objetivos, como ocurre con los aranceles a los paneles solares y a las lavadoras y sus componentes. Funcionarios gubernamentales afirmaron que “las tarifas están dirigidas principalmente a… fabricantes chinos de paneles solares y productores surcoreanos de lavadoras” (Wall Street Journal).

En el caso de los paneles solares, Stephen Roach señala que su producción se desplazó de China a Malasia, Corea del Sur y Vietnam, países desde los cuales Estados Unidos importa dos tercios del total de estos productos. Respecto a las lavadoras, Samsung abrió en enero una fábrica de electrodomésticos en Carolina del Sur, con una inversión de US$380 millones; con el arancel, las autoridades del Estado temen que se frenen la producción y los empleos proyectados.

Otra medida reciente de Trump fue la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio. Pero China ya paga unos sobre-aranceles por el 94% de sus exportaciones de acero a Estados Unidos; por esto, según Chad Bown, del Peterson Institute, el impacto esperado para los demás proveedores será mayor que para los chinos. De hecho, aun cuando China es el principal productor mundial, la mayoría de las importaciones estadounidenses provienen de la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, México y Brasil.

En aluminio ocurre algo parecido, pues China solo provee el 10% de las importaciones de Estados Unidos y el 96% de ellas tiene gravámenes adicionales.

Visto así, es más que justificado el severo juicio del nobel de economía Paul Krugman sobre el presidente de EEUU: “Siempre hemos sabido que Donald Trump es beligerantemente ignorante sobre economía (y muchas otras cosas)”. 

Por esto, sigue creciendo el riesgo de una guerra comercial; otro efecto del proteccionismo improvisado.

Trump versus globalización

Publicado en Portafolio el viernes 23 de diciembre de 2016

Diversas propuestas del nuevo presidente de los Estados Unidos generan temores por sus impactos en la economía mundial. En general se cree que la globalización no tiene reversa, lo que llevaría a concluir que Donald Trump tiene la batalla perdida.

Pero la historia muestra que la globalización sí tiene reversa; de igual forma evidencia los altos costos que acarrea. El Banco Mundial (Globalization, Growth, and Poverty) muestra que hubo un prolongado periodo de retroceso entre el comienzo de la primera guerra mundial y la terminación de la segunda.

Este episodio permite intuir lo que vendría para el mundo desde enero de 2017. Ante la fuerte contracción de la actividad económica por la Gran Depresión, el proteccionismo floreció; los gobernantes pensaron que, al imponer barreras a las importaciones, podían aumentar las exportaciones para crecer el PIB y el empleo. La ley Smoot-Hawley aumentó los aranceles de Estados Unidos, pero generó una cadena de retaliaciones a nivel global. Como consecuencia, las exportaciones mundiales cayeron del 8% del PIB en 1910, a 5% en 1950; este nivel era similar al registrado en 1870, año en el que comenzó la primera ola de globalización, según el Banco Mundial.

El freno a la globalización tuvo nefastas consecuencias. Según Angus Maddison “Entre 1913 y 1950 la economía mundial creció mucho más lentamente que entre 1870 y 1913, el comercio mundial creció mucho menos que el ingreso mundial, y el grado de desigualdad entre las regiones se incrementó sustancialmente”. Además, la pobreza, que había caído entre 1870 y 1914, volvió a crecer en el periodo de reversión “aproximadamente hasta donde había estado en el período entre 1820 y 1870” (Banco Mundial).

Trump propuso la imposición de un arancel del 45% a las importaciones desde China, otro del 35% a las importaciones de productos fabricados por las compañías estadounidenses que se sigan marchando, y la atracción hacia Estados Unidos de empresas que se fueron a otros países.

Todas esas propuestas chocan con la evolución que ha tenido el mundo desde la segunda posguerra: la fragmentación geográfica de los procesos de producción, el surgimiento de las cadenas globales de valor, la relocalización de empresas y la sustitución de los productos nacionales por los productos globales (“made in X país” por “made in the world”).

En ese contexto, obligar a empresas como Apple para que retornen a Estados Unidos, implicaría desarticular procesos productivos que están dispersos en siete países. Algunos casos de retorno voluntario (“reshoring”) han evidenciado las enormes dificultades que implica tal decisión; no encuentran mano de obra para labores en las que los estadounidenses ya no tienen habilidades o no están dispuestos a hacerlas; no hay fabricación local de las materias primas o de los bienes intermedios requeridos, lo que obliga a importarlos; los costos de la mano de obra son muy elevados con relación a los países a los que habían migrado. Por estas razones, no pueden ser competitivos.

Experiencias como la de Venezuela con Chávez, evidencian que la intransigencia de un mandatario puede forzar decisiones radicales, por irracionales que sean, y sin importar las graves consecuencias para su economía y su población. En el caso de Estados Unidos el desastre sería mayor y de alcance global. Trump ganaría la batalla, pero la perdería el mundo.

Colombia frente a la globalización

Publicado en la Revista de Fasecolda, No. 164

En el periodo 1976-2016 numerosas economías en desarrollo iniciaron el desmonte del modelo de sustitución de importaciones, caracterizado por el uso intensivo de políticas proteccionistas. Desde la década del setenta adoptaron aperturas unilaterales como aproximaciones al libre comercio, camino por el que las economías desarrolladas y algunas en desarrollo venían avanzando desde finales de los años cuarenta con la creación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).

Adicionalmente, la aceleración de la globalización y el surgimiento de las cadenas globales de valor, fortalecieron los procesos de integración económica por la vía de los acuerdos comerciales regionales; con la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 1994, se aceleró el número de acuerdos negociados.

En Colombia comenzaron a soplar débilmente los vientos de cambio desde finales de los años sesenta, cuando se formuló un programa de promoción de exportaciones; fue una respuesta a los problemas de estrangulamiento externo originados en la alta concentración en productos primarios, especialmente café. A mediados de los años setenta se inició un largo y lento camino de liberalización financiera. De igual forma, se emprendió un proceso gradual de reducción de aranceles, finalmente concretado en la apertura unilateral de comienzos de los noventa.

Transcurridas varias décadas, surgen interrogantes sobre la efectividad de esas decisiones en la integración de Colombia a la economía globalizada, la diversificación del comercio y la integración de los empresarios a la nueva organización mundial de la producción. Las respuestas se pueden colegir de la evolución de diversas variables.

• El indicador de apertura económica, medido por la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB, revela la forma de relacionarse con la economía global. El coeficiente era del 31% en 1976 y subió al 39% en 2015, con un aumento del 26% entre los dos años. En el mismo periodo el promedio mundial y el de América Latina superaron el nuestro y crecieron 70% y 72% (gráfico 1).

• Según Garay (1998, p. 30): “El arancel nominal promedio pasó del 36% en 1974 al 29.4% en 1979 y 29.3% en 1981, para luego revertir la tendencia y ascender al 47.2% en 1984”. La apertura unilateral del gobierno Gaviria redujo el arancel del 27.0% que registraba en 1990 al 11.8% en 1992. En los años siguientes, se mantuvo alrededor de ese valor hasta la reforma de 2010, cuando bajó a 8.3%. Actualmente está en 6.4% por un diferimiento arancelario temporal para los bienes de capital y materias primas no producidas.

Aun así, según Schwab (2015), con ese arancel Colombia ocupa el puesto 83 entre 140 países. La misma fuente indica que el país se ubicó 109 en la prevalencia de barreras no arancelarias, 135 en el coeficiente de importaciones a PIB y 132 en el de exportaciones a PIB.

• La participación de Colombia en las exportaciones mundiales, que era en 1976 de 0.19%, apenas llegó al 0.22% en 2015. Aun cuando se observó un repunte con el reciente auge de bienes básicos, que elevó la participación hasta el 0.32% en 2012, ella volvió a declinar tan pronto como cayeron los precios internacionales.

• La concentración de las exportaciones se mantiene con escasa modificación. En 1978 los 10 primeros productos representaban el 79.6% del total exportado; en 2014 fueron el 77.6%; no obstante, en unos pocos años el indicador descendió a niveles del 56 o 57% (gráfico 2).

• La composición por intensidad tecnológica también registra pocas variaciones. Los productos primarios y los recursos naturales eran el 84.9% de las exportaciones en 1978 y en 2014 fueron el 81.3%. Los de alta tecnología pasaron del 0.6 al 1.6% en el mismo periodo (gráfico 3).

• Con relación a las cadenas globales de valor, Trujillo, Álvarez y Rodríguez (2014), del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, concluyen que no solo “Colombia muestra un bajo nivel de inserción”, sino que lo viene reduciendo desde 2007.

Un análisis de la Unctad (2013; p. 134) encontró que, entre las 25 principales economías emergentes exportadoras, Colombia ocupó el último lugar por la integración de sus exportaciones en las cadenas globales de valor.

De estos indicadores se tendería a concluir que el modelo de liberalización económica no ha dado los resultados que teóricamente se esperan. La realidad puede ser otra. Stiglitz (2016) señala que en su libro El malestar de la globalización el principal mensaje “fue que el problema no era la globalización, sino cómo se gestionaba el proceso de la misma”.

De forma similar, se puede afirmar que en Colombia se han adoptado medidas en la misma dirección en que se mueve la economía globalizada, pero diversos problemas impiden alcanzar plenamente los resultados esperados. Podrían señalarse al menos tres factores que contribuyen a ese balance.

El primero es la falta de continuidad de las políticas, por cambios en la coyuntura económica. Lo ilustra la bonanza cafetera de finales de los setenta, que frenó las tímidas políticas de liberalización financiera y comercial que se venían implementando. Igualmente, la reciente bonanza de precios internacionales de los productos básicos, bloqueó los avances en la diversificación de exportaciones; la percepción de que el auge sería permanente, impidió la adopción de medidas para evitar el fenómeno de enfermedad holandesa y la pérdida de competitividad de las exportaciones no minero-energéticas.

El segundo es la demora en la toma de decisiones estratégicas. Así lo evidencia el atraso en la infraestructura, el bajo desarrollo de medios de transporte masivo como los metros, la persistencia de los problemas de derechos de propiedad en el sector agropecuario y el limitado aprovechamiento de los esquemas de regionalismo abierto. En este último aspecto, aun cuando el artículo 227 de la Constitución contiene un mandato hacia la integración económica, solo desde 2002 se empezó a desarrollar con la negociación de los TLC.

El tercero es la inercia del proteccionismo; es muy difícil frenarla y su reacción a las políticas de modernización termina neutralizando los efectos buscados. Hommes (2009), destacó un caso en los siguientes términos: “aún después de la Apertura de los años noventa, la protección de los productos industriales de consumo y de los del sector agropecuario es excesiva, como lo es la protección efectiva de esos sectores. La CAN fue el vehículo que utilizaron los proteccionistas colombianos y los de la región andina para echar para atrás parte de lo que se había alcanzado con la Apertura al final del siglo XX”.

En síntesis, las decisiones de Colombia no se reflejan en una adecuada inserción en la economía globalizada, pues el mundo se está moviendo a un ritmo más rápido. Es necesario poner el acelerador en temas como la vinculación empresarial a las cadenas globales de valor, porque ellas son parte esencial de la nueva organización mundial de la producción. De igual forma, urge diversificar la estructura productiva y la canasta exportadora para aprovechar el acceso preferencial permanente que brindan los TLC vigentes.

En este contexto son grandes las expectativas que genera la nueva política de desarrollo productivo, recién anunciada por el Gobierno. Para que ella marque una diferencia real con otras propuestas en el pasado, resulta vital asegurar la continuidad de la política y diseñar los cortafuegos que bloqueen las esperadas reacciones proteccionistas.

Bibliografía

Garay, L. J. (1998). Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Departamento Nacional de Planeación y Colciencias.

Hommes, R. (30 de octubre de 2009). “Política, comercio y geopolítica”. El Tiempo.

Stiglitz. J. (5 de agosto de 2016). “La globalización y sus nuevos malestares”. Project Syndicate.

Trujillo, E.; Álvarez, M. y Rodríguez, M. (2014). “Inserción de Colombia en las cadenas globales de valor”. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Febrero.

Unctad (2013). World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for Development. United Nations, New York and Geneva.

Schwab, K. (2015). Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum. Geneva.

El Ministerio técnico

Publicado en Portafolio el viernes 19 de junio de 2015

En una columna reciente el exministro Rudolf Hommes elogia la actual administración del MinCIT, porque recupera los “temas técnicos”, y critica las anteriores, porque lo volvieron “un ministerio gremial, más de turismo que de comercio, y proclive a hacer favores”. Varios comentarios ameritan sus opiniones sobre la política comercial.

Cabe recordar que en 2010 esas administraciones “no técnicas” hicieron la primera reforma arancelaria de carácter integral desde 1991. Ella fue diseñada por un equipo técnico del MinCIT y del DNP, parte del cual continúa y, sin duda, tendrá a su cargo la implementación de una nueva reforma.

La reforma bajó el arancel nominal del 12.2% al 8.3%, corrigió en parte la dispersión de tarifas y eliminó algunas protecciones efectivas negativas. Posteriormente un diferimiento arancelario para los bienes de capital y materias primas no producidos, dejó el arancel en el 6.3% actual. Esta reforma preveía una posterior, pero se fue aplazando por las complejidades de la economía política en temas tan sensibles.

Según el exministro, “Colombia es quizás uno de los países con mayor dispersión de sus aranceles, que van desde cero a 400”. Pero, según la OMC (“Perfiles arancelarios en el mundo 2014”), el máximo arancel consolidado del país es 227% (no 400%) y el NMF más alto es el de los cuartos traseros de pollo (164.4%).

A propósito, la misma fuente indica que en Estados Unidos el arancel NMF máximo es 350%, en Canadá 484%, Unión Europea 511%, Japón 736%, Corea de 887% y México 210%.

Con relación a la dispersión, según la OMC el coeficiente de variación (cociente entre la desviación estándar y la media aritmética) del arancel NMF de Colombia es de 89%. El de Estados Unidos es 266%, Japón 400%, Corea 402%, Canadá 470%, México 211%, y Unión Europea 172%. Algunos países de la región con menores aranceles, registran una dispersión cercana a la colombiana: Argentina 71%, Brasil 73%; y otros la superan: Ecuador 117%, Perú 121%.

La historia muestra que desde que la apertura económica bajó los aranceles de cerca del 50% al 11%, ellos “han sido manipulados para ceder a presiones políticas o a lobbies privados”, para utilizar la misma expresión con la que Hommes califica la situación reciente. Por ejemplo, en 1994 se creó el sistema andino de franjas de precios.

Adicionalmente, la historia y la evidencia enseñan que el proteccionismo se nutre no solo de los aranceles, sino también de las medidas no arancelarias.

Así lo demuestra el estudio “Una visión general de la política comercial colombiana entre 1950 y 2012”, elaborado por investigadores del Banco de la República. Los autores encontraron que en 1989 estaban vigentes 1.684 medidas no arancelarias; por increíble que parezca, en los cuatro años del gobierno de la apertura económica que lideró Hommes, fueron expedidas 9.112 medidas adicionales, de forma que a finales de 1994 estaban vigentes 10.796 medidas. Es por este tipo de medidas, más que por los aranceles, que Colombia sigue siendo una economía cerrada.

Todas esas prácticas que distorsionan la política comercial son parte de un arreglo institucional que el país debe abolir. Entre tanto, hasta los ministros y los ministerios más técnicos se verán enfrentados a una realidad descrita por Rubén Blades: “Sorpresas te da la vida…”.

Competitividad y aranceles

Artículo publicado en el diario La República el jueves 28 de octubre de 2010


La teoría económica y la evidencia empírica aportan sólidas argumentaciones sobre los beneficios del comercio internacional en el crecimiento de las economías. Aún así, los gobiernos suelen imponer obstáculos arancelarios y no arancelarios por diversos motivos, entre los que cabe destacar la amenaza de productos de otros países, el equilibrio de la balanza de pagos, la seguridad nacional, pérdida de ventajas competitivas, el fortalecimiento de los ingresos fiscales, y la protección de la industria naciente.

Como señalan Paul Krugman y Robin Wells en su obra "Macroeconomics", "algunas personas, entre ellos muchos políticos, cuestionan a menudo el comercio internacional, defendiendo que cada país produzca los bienes que consume en lugar de comprarlos en el extranjero. Las empresas reclaman protección ante la competencia extranjera: los agricultores japoneses no quieren que se importe arroz de Estados Unidos; los productores de acero estadounidenses no quieren que se compre acero europeo".

Esas posiciones generan dividendos políticos, pero desconocen la realidad del mundo globalizado y ocasionan problemas de competitividad a las empresas locales. Los aranceles altos las aíslan de la competencia y les reducen los incentivos a la innovación, a la vez que les dan margen para transferir a los consumidores los sobrecostos y las ineficiencias.

El mundo está presenciando una profunda transformación en la organización productiva, con la fragmentación geográfica de los procesos de producción. Cada vez más y más productos y servicios son el resultado de integrar insumos de diferentes regiones del planeta, lo que da más relevancia al concepto de "design in" que al de "made in".

En concordancia con ese fenómeno, los sectores productivos de todos los países buscan la inserción en las cadenas mundiales de valor en las fases de la producción en las que son más competitivos. En ese contexto, los países que se empeñan en mantener altos aranceles con sus sesgos antiexportadores estarán condenados al atraso; sus aparatos productivos se mantendrán en los obsoletos esquemas de producir "todo en el mismo país".

En el caso de Colombia la apertura económica presuntamente nos convirtió en una economía abierta, lo que, según ciertos críticos, causó la destrucción de una parte del aparato productivo. Ese tipo de análisis desconoce lo que ocurrió más allá de las fronteras del país.

El país entró en la onda de la apertura después de la mayoría de países de la región y redujo los aranceles en menor proporción que otras economías del mundo. Por eso, Colombia registra actualmente el cuarto arancel nominal promedio más alto de América Latina, lo que se constituye en un factor de desventaja competitiva que encarece las materias primas y los bienes de capital a las empresas.

Los diferentes escalafones de competitividad mundial evidencian ese problema. Según el World Economic Forum, en la comparación del arancel promedio ponderado Colombia clasifica en el puesto 101 entre 135 naciones, mientras Perú ocupa el 37.

Colombia ha dado pasos importantes en la dirección correcta mediante las políticas de internacionalización, competitividad y transformación productiva. Pero aún hay grandes barreras por superar, lo que justifica la revisión de la estructura arancelaria que el gobierno se ha propuesto adelantar.

El mundo da vueltas. El proteccionismo que por décadas fue vendido como la panacea, hoy es, sin duda, un lastre para la competitividad de las naciones, por lo que es preciso mantener el objetivo de desmontarlo.

Protección efectiva negativa

Publicado en el diario La República el 14 de octubre de 2010


Es amplio el debate generado por el propósito del gobierno de modificar la estructura arancelaria del país. Se trata de un tema sensible que rápidamente se polariza entre los sectores productivos partidarios de menores aranceles y los que piden mantener los niveles actuales, e incluso elevarlos.

Como suele suceder, hay críticas extremas que pretenden mostrar improvisación y falta de justificación en la anunciada reforma. Se dice, por ejemplo, que no tiene sentido esperar un potencial impacto devaluacionista; opinan que la esperanza de un incremento de la demanda de divisas no puede fundamentarse en el abaratamiento relativo de los insumos y los bienes de capital, porque que la revaluación ya ocasionó una caída de los precios de importación.

Esa crítica parece muy lógica, pero no se ciñe a la argumentación real del gobierno, que debe ser vista en conjunto y no de forma aislada. El fundamento básico de la reforma es la reducción o eliminación de las protecciones efectivas negativas que impiden el desarrollo de sectores de mayor valor agregado en la economía.

Ese problema surge porque los aranceles de los insumos son más onerosos que los de los bienes terminados. Así, si alguien se pregunta por qué en Colombia no existe una industria de ensamble de computadores, que a su vez estimule el desarrollo de sectores que produzcan insumos para ella, la respuesta radica en que los componentes tienen aranceles altos, mientras que los del producto terminado son bajos o nulos. De esta forma, siempre saldrá más barato importar los computadores terminados que sus partes para manufacturarlos en el país.

Esto es lo que se denomina protección efectiva negativa. En términos generales, ella inhibe el desarrollo de los sectores que se ven afectados por la protección que han obtenido algunos sectores ¿Cuántos empleos se dejan de generar por ese motivo?

La situación comentada explica que, a pesar de la revaluación de la moneda, la demanda de importaciones de materias primas y bienes de capital no haya reaccionado en forma más dinámica. No se puede perder de vista que así como se reduce el precio de los insumos, también se reduce el de los bienes terminados, y la distorsión se mantiene.

Es en este contexto que la reducción o eliminación de la protección puede impulsar la demanda de divisas y contribuir a contener las presiones revaluacionistas. Pero el principal impacto esperado es el crecimiento de sectores hoy bloqueados.

Desde luego, el gobierno debe manejar el tema con equilibrio, de forma que no implique la desprotección indiscriminada de la producción nacional que enfrenta una competencia desleal, y evite los costos fiscales excesivos que pueden deteriorar radicalmente las finanzas públicas.

Relocalización

Publicado en el diario La República el 16 de septiembre de 2009


Con frecuencia se plantea que el rezago en la infraestructura vial es un factor que limita las posibilidades de mejorar la competitividad de Colombia. Se afirma, por ejemplo, que a las empresas ubicadas en Bogotá les resulta difícil competir teniendo que transportar sus productos de exportación más de mil kilómetros por vías que no son las mejores.

Cierto es que la infraestructura colombiana no es la mejor, como también lo es que la enorme distancia de los puertos aumenta los costos de producción. Por eso hay que preguntarse si las empresas exportadoras deben estar ubicadas a miles de kilómetros de las costas o si deben relocalizarse, para ser competitivas en el mundo globalizado. Primero es necesario entender por qué muchas empresas están localizadas al interior del país.

El modelo de sustitución de importaciones postulaba el desarrollo hacia adentro, apoyando el crecimiento de las empresas con base en el mercado interno. Esto repercutió, lógicamente, en su ubicación en las ciudades más pobladas de Colombia, por los menores costos de distribución a la gran masa de consumidores; y, además, generó un sesgo antiexportador. La evidencia es clara: 65 por ciento del valor agregado del sector industrial es generado en Bogotá-Cundinamarca, Valle y Antioquia.

En este aspecto Colombia siguió de cerca el patrón de otras economías subdesarrolladas que implementaron el mismo modelo. Según Livas y Krugman (“Trade Policy and the Third World Metropolis”) las grandes ciudades del Tercer Mundo son un subproducto del modelo de sustitución de importaciones. Ellos explican la ubicación de las industrias en los grandes centros urbanos no sólo por la cercanía de los consumidores, sino por el aprovechamiento de economías de escala y la facilidad de acceso a los productos de otras empresas, utilizados como insumos en la producción o como bienes de la canasta de consumo final.

Livas y Krugman también postulan que la liberalización económica debe ocasionar la moderación del crecimiento poblacional de las grandes ciudades y que la producción exportable tenderá a localizarse cerca de los puertos, como consecuencia de los menores aranceles y los más bajos costos de transporte.

Esa hipótesis se comprueba empíricamente en casos como el de México. Los mencionados autores destacan la alta concentración de población y de producción en la capital; a comienzos de los ochenta se producía allí 50 por ciento del valor agregado industrial, pero esa participación empezó a descender con las políticas de apertura y el montaje de las maquiladoras en la frontera.

Gerardo Esquivel (“Regional Convergence in Mexico Before and After NAFTA”), muestra que los estados con mayor crecimiento del PIB per cápita en el periodo 1940-1993 eran los del centro del país; pero en el periodo1993-2000 los más dinámicos fueron los de la frontera con Estados Unidos.

Curiosamente el caso de Colombia parece ir en contravía del enunciado teórico. La política de apertura de comienzos de los noventa no repercutió en un cambio estructural en la localización de las actividades productivas y la participación de Bogotá-Cundinamarca, Valle y Antioquia en el valor agregado industrial apenas se ha reducido en cinco puntos porcentuales.

Una posible explicación puede ser que el arancel nominal promedio del país es elevado con relación a los del resto de América; es decir, que a pesar de la apertura y el desmonte de diversos instrumentos proteccionistas, Colombia se mantiene como una economía con alta protección relativa.

Pero las cosas deben cambiar con la puesta en vigor de los TLCs negociados en los años recientes, pues hay compromisos de desgravación con nuestros principales socios. Entonces, las empresas orientadas a la exportación y aquellas que usan insumos importados tenderán a relocalizarse en las costas.

Apertura

Publicado en el diario La República el 3 de septiembre de 2009


En el imaginario de algunos políticos y académicos quedó la idea de que el gobierno de Gaviria realizó una apertura unilateral que ha sido la causa de todas las desgracias de la economía colombiana. Todavía pregonan en sus discursos que nuestro aparato productivo quedó expuesto a todos los males del neoliberalismo a cambio de nada. Es así como la crisis de finales de los noventa es atribuida a la apertura, como si con esa decisión hubieran muerto las crisis en el capitalismo.

¿Por qué insistir en este tema? Primero porque los grupos opuestos a la inserción activa en la economía globalizada y a las negociaciones comerciales siguen empeñados en usar la apertura como una evidencia sobre el nefasto futuro que le espera al país con los TLCs. Segundo porque hay información demoledora contra ese argumento, que los críticos se niegan a ver; lo curioso es que también puede sorprender a los defensores a ultranza de la apertura.

En el documento de la CEPAL “Cumbre de las Américas 1994-2009. Indicadores seleccionados”, publicado en abril de 2009, se presenta una comparación de los niveles de apertura comercial de todas las naciones de América en 2007, medidos como el cociente entre el comercio –exportaciones más importaciones– y el PIB. Colombia ocupa el puesto 32 y sólo hay dos economías con un indicador más bajo: Estados Unidos y Brasil.

La CEPAL también muestra que los aranceles han bajado en todos los grupos de economías del continente. A mediados de los noventa, los países Andinos tenían la tarifa arancelaria más alta y a mediados de la actual década sólo eran superados por las del CARICOM. En la publicación de la OMC “Perfiles arancelarios en el mundo 2008” se comprueba que el promedio de ese bloque se mantiene alto por Bahamas y Barbados, pues los demás asociados registran aranceles inferiores al de la CAN.

En 2007 Colombia tenía un arancel nominal promedio del 12.5 por ciento; el cuarto más alto de América, según el documento de la OMC. Además de Bahamas (29.9 por ciento) y Barbados (13.5 por ciento), la superaban Venezuela (13.2 por ciento) y México (12.6 por ciento).

Por otro lado, si tomamos los 20 principales destinos de nuestras exportaciones, que representan el 84 por ciento del total exportado, el arancel nominal ponderado que ellas enfrentan es del 6.9 por ciento. Ese cálculo no tiene en cuenta que una parte significativa se beneficia de aranceles menores o cero, bien sea por los acuerdos comerciales vigentes, como la CAN, o por los sistemas generalizados de preferencias, como el de Estados Unidos y la Unión Europea.

Lo anterior significa que la política de apertura no fue una decisión aislada de Colombia, sino que fue una moda que tocó a las puertas de toda la región. También significa que en términos relativos Colombia es una de las economías con mayor protección nominal en el continente. Por lo tanto, carece de fundamento el argumento sobre la peligrosa exposición de la producción nacional a la competencia internacional.

¿Pudo Colombia haberse quedado con los aranceles promedio de 27 por ciento que tenía en 1989? Sin duda, el temor a la competencia por parte de los rentistas del proteccionismo y sus “lobbistas”, se hubiera seguido guareciendo en toda la parafernalia de barreras arancelarias y no arancelarias.

También tendríamos una economía más rezagada del resto del mundo. El consumidor dispondría de una menor oferta de productos, seguiría resignándose a comprar productos de menos calidad y a precios más elevados.

En síntesis, la apertura no es el “coco” que nos pintan algunos analistas; puesta en el contexto internacional fue más moderada de lo que percibimos cuando sólo miramos para adentro.

¿Economía abierta?

Publicado en el diario La República el 20 de noviembre de 2007


El concepto de economía abierta se asocia con la eliminación de las barreras al comercio internacional y la exposición de los sectores productivos a la competencia del resto del mundo. Es un tema que en Colombia se ha discutido por décadas y con especial énfasis desde la apertura unilateral de los 90 y el reciente desarrollo de las negociaciones de TLCs.

Con la apertura del gobierno Gaviria, en la opinión quedó la idea de que Colombia ya era una economía abierta. La verdad es que apenas estábamos empezando a nivelarnos con otros países. Los países desarrollados emprendieron la reducción de sus aranceles desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial; algunos subdesarrollados la iniciaron a mediados de la década del 60 y el resto durante las décadas siguientes. Colombia la adoptó a comienzos de los 90, después de varios ciclos efímeros de liberalización–protección determinados por bonanzas externas. No obstante, el indicador tradicional de comercio como porcentaje del PIB de Colombia apenas pasó de 35% a 43% entre 1990 y 2004; bastante lejos de los niveles de Chile (66%) o Corea (84%).

La comparación de aranceles promedio de Colombia y 11 de los principales socios comerciales, indica que en 1990 teníamos el tercer arancel nominal más alto (27%); en 2003 éramos el cuarto más alto (11.6%). Este, que es un tema poco analizado, indica que la apertura unilateral del país no tendría por qué repercutir en la pérdida de mercados, pues los otros países también redujeron los costos de entrada. Ello se corrobora con las cifras: ese grupo de países representó el 86% de nuestras exportaciones en 1993 y el 79% en 2006, mientras que las importaciones pasaron de 82% a 65% en el mismo periodo.

Otro indicador del grado de apertura de las economías es el porcentaje de las partidas arancelarias con tarifa cero. En Colombia el 1.7% de las partidas está libre de arancel; en el contexto de América Latina y el Caribe apenas supera a Perú (1.4%) y a Chile (0.4%) y queda muy lejos de la Unión Europea (29%) y de Estados Unidos, Japón y los centroamericanos, que tienen libre de arancel alrededor del 50% de las partidas.

En el otro extremo tenemos el porcentaje de partidas con arancel superior al 15%, que en el caso de Colombia corresponde al 28.1%. En América Latina sólo los países del Mercosur tienen un nivel superior. Chile y Bolivia no tienen partidas con esos aranceles.

Hay otros indicadores como el Índice de Libertad Económica, elaborado por Fraser Institute de Canadá. Uno de sus componentes es el comercio internacional que incluye impuestos al comercio exterior, barreras regulatorias, controles a los capitales y determinación del tipo de cambio, entre otras. En 2005, Colombia fue el penúltimo país de América Latina, sólo superado por Venezuela; en 1975 era el 14 entre 18 países.

Por último, una economía puede tener aranceles muy bajos, pero imponer costos administrativos que actúan como barreras al comercio. Por ejemplo, la reciente publicación Doing Business del Banco Mundial muestra que en Colombia el costo de llevar un contenedor hasta el barco ascendía a US$ 1.440 en 2006, mientras que en China apenas llegaba a US$ 390. Es evidente que ese costo, además de restar competitividad a los productos colombianos de exportación, “protege” industrias nacionales.

Estos argumentos muestran que no somos tan abiertos como creemos y que aún queda camino por recorrer en la eliminación de las barreras al comercio. El gobierno sigue trabajando en esa línea y los acuerdos comerciales están entre los instrumentos utilizados para lograrlo.

Volver al pasado

Publicado en el diario La República el 28 de agosto de 2007

En la sustentación de su demanda contra el presidente Álvaro Uribe por el hipotético delito de traición a la patria, el senador Robledo expone una visión muy particular sobre el comercio internacional. Su tesis acepta las exportaciones como un medio para acceder a los medios de pago internacionales, que permiten importar los bienes y servicios que el país necesita; pero postula que las exportaciones sólo tienen sentido si los recursos obtenidos se usan de forma exclusiva para importar lo que el país no produce.

Ese argumento es una añoranza del modelo sustitutivo de importaciones. El gobierno debe controlar en qué se gastan los medios de pago internacionales y, por lo tanto, qué se importa; ello implica volver al control de cambios, licencias de importación y otros trámites que ya el país ensayó durante muchos años y acarrearon, además del rezago relativo del país, la proliferación de la corrupción. Complementado con la propuesta del senador de aumentar los aranceles, sólo falta añadirle los subsidios, el monopolio en la comercialización y el control de precios para regresar a la década de los 60.

El Nobel de economía Gary Becker afirma que después de la segunda posguerra el mundo desarrollado retornó a la senda del libre mercado, mientras que las economías del tercer mundo optaron por los modelos proteccionistas que acarrearon el rezago relativo de sus indicadores de desarrollo. Tanto el reciente Reporte de Economía y Desarrollo de la CAF como un artículo del Nobel de economía Edward Prescott concluyen que sólo los países africanos se rezagaron más que los de América Latina. En el caso colombiano, es evidente que esas políticas permitieron el desarrollo de algunos sectores, pero también generaron problemas que hoy son un lastre para la productividad y competitividad del país.

El argumento proteccionista olvida que el aislamiento de las empresas locales de la competencia internacional conlleva la pérdida de incentivos a la actualización tecnológica y, por lo tanto, el atraso. Para qué gastar recursos en la mejora de productividad y competitividad, si hay un mercado cautivo; para qué destinar recursos a investigación y desarrollo si la innovación pierde sentido en una economía cerrada; para qué mejorar la calidad de los productos si los consumidores no tienen con qué compararlos.

Una dificultad adicional es que el retorno a las políticas proteccionistas no es tan sencillo en la economía global. Hoy en día no puede un país poner obstáculos al comercio de productos de otros países y quedarse tranquilo. Aún en casos en los que le asisten poderosas razones a un gobierno, como ocurre con el reciente episodio de Colombia con Panamá, el país queda expuesto a litigios internacionales y a medidas de retaliación.

En últimas, la política debatida constriñe a los consumidores a aceptar mayores costos y menor calidad en los bienes de consumo, lo que deteriora su calidad de vida frente al mundo. En cambio la exposición a la competencia internacional induce a los empresarios nacionales a mejorar la productividad y competitividad para preservar su permanencia en el mercado; los consumidores tienen así mejores opciones, una oferta más diversificada y precios y calidades con estándares internacionales. De forma complementaria las empresas pueden obtener economías de escala y ampliar sus mercados mediante el acceso a otros países.

Desde luego, la alternativa del libre comercio no implica abandonar los mecanismos de defensa del sector productivo nacional sino su racionalización. Por ejemplo, los aranceles diferentes de cero reflejan la existencia de producción nacional y un grado de protección adecuado frente a la competencia internacional ¿Seguimos en el siglo XX, o entramos al XXI?

Perfiles arancelarios

Publicado en el diario La República el 28 de junio de 2007

La OMC, la Unctad y el Centro de Comercio Internacional acaban de publicar la obra “Perfiles arancelarios en el mundo 2006”. La información estadística de 150 países miembros de la OMC es de gran utilidad para las negociaciones comerciales y los análisis comparativos, entre otros.

Desde la apertura de los 90 se dice que Colombia bajó demasiado sus aranceles sin recibir nada a cambio. Esa apreciación no tiene en cuenta que otros países también hicieron aperturas unilaterales. Con los datos de la nueva publicación se puede evaluar de forma amplia qué tanta desventaja arancelaria tiene el país con relación a los principales socios comerciales. Para ello, tomamos los promedios simples de los aranceles NMF aplicados en 2006 en 44 países que representan el 87.6% del comercio total realizado por Colombia en 2006.

Varios puntos se derivan de este análisis. Primero, Colombia registró en 2006 el arancel consolidado más alto de la muestra y el tercer arancel aplicado, sólo superado por México y Venezuela. Para bienes agrícolas también el consolidado de Colombia fue el más alto, pero el aplicado fue el sexto entre los 44 países; en el contexto latinoamericano sólo lo superó México. La tarifa media nominal más baja en agricultura, tanto consolidada como aplicada, correspondió a Estados Unidos.

Segundo, Colombia es uno de los países con menor porcentaje de partidas libres de gravamen (1.7%); únicamente Chile, Venezuela y Perú tienen menores porcentajes. En el otro extremo están las economías desarrolladas, que tienen entre el 20 y el 57% de su universo arancelario libre de derechos, y un grupo de economías subdesarrolladas con el mismo rango: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá.

Tercero, las partidas agrícolas libres de derechos están en un rango entre 27 y 58% del universo arancelario sectorial de las economías desarrolladas y cerca del 25% de las centroamericanas. Colombia, Venezuela y Bolivia no tienen partidas agrícolas libres de gravamen.

Cuarto, Colombia aplica tarifas superiores al 15% sobre el 28.1% de las partidas arancelarias, en lo cual sólo es superado por las cuatro economías del Mercosur, con un promedio del 35%. En productos agrícolas lo aplica al 41.6% de las partidas, nivel superado por República Dominicana, Corea y México.

Quinto, los “picos arancelarios” –definidos como aranceles aplicados que son más de tres veces la tarifa media del país– son típicos de las economías desarrolladas. Entre el 3.4 y el 7.5% de las partidas arancelarias son “picos” en esas economías. Colombia, como la mayoría de las economías subdesarrolladas de la muestra, se acerca a cero en este indicador.

Sexto, curiosamente el máximo arancel aplicado corresponde a alguna partida de los países desarrollados (en el caso de Suiza es superior a 1000%). Entre las economías subdesarrolladas Colombia tiene el cuarto gravamen más alto (80%), después de México, Panamá y Costa Rica. La misma estructura se observa en el caso de los productos agrícolas.

Es evidente que Colombia no es el país con mayor liberalización arancelaria; por el contrario, las anteriores observaciones demuestran que los principales socios comerciales tienen menores gravámenes a las importaciones. Surge de ahí un interesante interrogante poco estudiado por la academia: ¿Cuál es el impacto neto de un proceso de apertura unilateral cuando las economías de los principales socios también disminuyen sus aranceles? Quizás una investigación semejante muestre que los pretendidos desastres causados por la apertura económica no sólo son explicados por ella, sino que también obedecen a otros factores. En esa línea avanza, por ejemplo, Carlos Felipe Jaramillo en su libro sobre la crisis de la agricultura en la década de los 90.

Aranceles mágicos

Publicado en el diario La República el 29 de mayo de 2007

En los debates sobre el TLC, un congresista afirmó que la recuperación del cultivo de trigo en Colombia es posible si el gobierno quiere; bastaría con aumentar los aranceles. Sin esa decisión, en su opinión, el cereal desaparecerá.

Con esas añoranzas del pasado, los críticos sugieren que el gobierno seleccionó a dedo cuáles sectores de la actividad productiva permanecen y cuáles desaparecen; así se condenó al trigo y a las familias que lo cultivan.

Como consigna suena bien y es fácil de vender. Como argumento ejemplifica la superficialidad de muchos ataques al TLC. Los críticos olvidan que actualmente Colombia importa 97% del trigo que consume o lo aceptan afirmando que la apertura de los 90 dejó herida de muerte esta actividad y que el TLC le dará el tiro de gracia.

La historia demuestra algo distinto. Desde hace varias décadas Colombia “descubrió” que no tiene las condiciones para producir eficiente y competitivamente el cereal. En su Memoria al Congreso, el Ministro de Economía Aurelio Arango destacó que, a pesar de la fuerte protección aduanera al trigo ($0,08 por kilo), las importaciones fueron cuantiosas en 1940. En ese año había licencia previa, cuota máxima de importación (16 mil toneladas), un arancel equivalente al 106% y cierre de los mercados internacionales por la guerra mundial. Aún así, entre 1939 y 1944 las importaciones representaron el 24% del consumo nacional de harina de trigo.

Alejandro Escobar, Ministro de Agricultura en 1950, afirmó en su Memoria al Congreso: “El trigo se cultiva en Colombia en las zonas frías especialmente en Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Como se trata de una planta originaria de la Zona Templada, las variedades, las calidades y los rendimientos no son satisfactorios en estas tierras en donde el clima es determinado principalmente por la altura y no existen regímenes estacionales sino simplemente una periodicidad de las lluvias, muy poco regular.

“La producción nacional de trigo ha sido siempre escasa y el país ha tenido que importar grandes cantidades para atender las necesidades de la industria harinera. En Colombia se destinan 187.000 hectáreas al cultivo del trigo y se producen escasamente 130.000 toneladas anuales al paso que, por ejemplo, en Bélgica en 153.000 hectáreas la producción llega a 600.000 toneladas –año…”.

Este diagnóstico, de hace más de 50 años, se confirma con datos recientes para todos los países del hemisferio. Las importaciones de trigo abastecieron, en promedio, 95.6% del consumo aparente de los países tropicales de América en el año 2004-2005, mientras que los de la zona templada fueron exportadores netos.

Kalmanovitz y López aseguran que el trigo fue desplazado por la valorización de las tierras y el fortalecimiento de cultivos más intensivos en mano de obra y de mayor rentabilidad, como la papa, la ganadería lechera y las flores. En 1960 las importaciones del grano fueron el 53% del consumo y en 1990 el 80%. En ese periodo imperó la protección arancelaria, el sistema de licencias previas y el monopolio estatal en la importación de alimentos.

Con base en esa realidad, el gobierno diseñó acciones recientes en favor de las familias que dependen del cultivo: garantía de compra de la cosecha por 5 años, asesoría para la reconversión a otras actividades y capacitación en la fabricación de productos de mayor valor agregado, entre otras.

Puesto el tema en este contexto, es evidente que los aranceles no son una solución mágica. Décadas de protección y de subsidios al cultivo y a la investigación no lograron desarrollar una producción competitiva; sólo acarrearon un precio más oneroso al consumidor. ¿Por qué ahora podría ser diferente?