Publicado en Portafolio el 24 de abril de 2020.
Winston Churchill decía: “¡Nunca desperdicies una buena crisis!” Hoy el mundo está enfrentando una sin precedentes; ¿cómo aprovecharla?
Gobierno, empresarios, academia y analistas deberían explorar a fondo las oportunidades que hay para enfrentar la dimensión sanitaria de la pandemia y para dinamizar la economía. El punto de partida es la escasez global de productos esenciales para el sistema de salud.
¿Puede sustituirlos la producción nacional? Hay empresas con flexibilidad para reorientar su producción y otras podrían crearse para atender la urgencia. Suena utópico, pero los periodos de crisis son motores de grandes innovaciones. El politólogo francés Bertrand Badie, afirmó hace poco que una crisis como la actual, “al agudizar el miedo, permite desarrollar la creatividad humana y social”.
¿Por qué no empezar a producir en Colombia sofisticados equipos médicos? Hay quienes se oponen a la fabricación de ventiladores “made in Colombia” porque no cuentan con las certificaciones internacionales que tienen los mejores fabricantes del mundo. Recordemos la tragedia vivida en Italia; el crecimiento exponencial de enfermos graves de covid-19 desbordó la capacidad de UCIs de los hospitales italianos y los médicos tuvieron que elegir a quien salvar y a quien dejar morir. Si existe la posibilidad de que unos artefactos no tan sofisticados, pero técnicamente adecuados, puedan salvar vidas, ¿por qué no intentarlo?
Bernard Roth, profesor de Stanford, recuerda que unos estudiantes desarrollaron un producto similar a una bolsa de dormir, que por módicos US$200 sustituyó incubadoras de más de US$20.000 en Nepal. Partiendo de cero, esa innovación permitió salvar las vidas de muchos bebés prematuros y los estudiantes iniciaron una fábrica para ayudar a otras economías pobres.
Ese es un ejemplo, pero pueden surgir muchos más. El problema sanitario no desaparece “aplanando la curva”, pues existe el riesgo de una segunda ola de covid-19, según un artículo en The Lancet; esto porque unos meses de cuarentena no inmunizan la población o porque los controles se relajan prematuramente.
Se podría implementar la propuesta de Paul Romer y Alan Garber, de levantar la cuarentena gradualmente, imponiendo a las personas el uso de trajes de protección especiales, como los suministrados a los jueces en Colombia. Ahí surgen una oportunidad y un reto para que diseñadores industriales, textileros y confeccionistas fabriquen “moda” en ropa de protección que sea barata y más cómoda.
En algunos casos, como los de ventiladores diseñados en varias universidades del país, están apareciendo apoyos particulares; pero deberían ser parte de una “política pública de emprendimiento anticovid-19”, una especie de Plan Marshall o de Restauración Meiji, para potenciar las iniciativas que inventen o reinventen negocios.
Las opciones son claras: Extender las cuarentenas, con el riesgo de quebrar la economía aumentando la pobreza y el desempleo, o inducir la reorientación de recursos públicos y privados hacia industrias de productos y servicios nuevos, que dinamicen la producción y el empleo, a la vez que se logra la tan esquiva diversificación de la estructura productiva del país. ¿Qué será preferible?
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Brasil: ¡qué mal ejemplo!
viernes, 12 de febrero de 2016
Publicado en Portafolio el 12 de febrero de 2016
Con la flaca memoria que nos caracteriza, pocos recordarán que aquellos que vienen sosteniendo que en Colombia no hay política industrial proponían a Brasil como el ejemplo a seguir.
Aun cuando nunca lo aceptaron abiertamente, lo que en el fondo deseaban era fortalecer las políticas proteccionistas, pues esa es la base de la política industrial brasileña. Hoy, los resultados de tales políticas están a la vista. Según The Economist: “Brasil ha protegido a sus empresas de la competencia internacional. Esa es una razón por la cual, entre 41 países cuyo desempeño fue medido por la Ocde, su productividad manufacturera es la cuarta más baja”.
La economía brasileña viene enfrentando la recesión más prolongada de su historia (The Economist); la variación del PIB en el 2015 fue -3,8 por ciento y para el 2016 se proyecta en -3,5 por ciento. Aun cuando hay factores coyunturales, como la caída de los precios internacionales de los productos básicos y la depreciación del real, estos fueron acentuados por problemas de fondo, como la calidad de las políticas macroeconómicas y la corrupción que recientemente se empezó a ventilar.
En el frente fiscal hay serios problemas. El déficit fiscal aumentó de 2,0 a 10 por ciento del PIB entre el 2010 y el 2015, la deuda pública es el 70 por ciento del PIB, y su servicio alcanza al 7 por ciento del PIB. En su afán por reducir este desbalance, el gobierno viene aumentando la carga tributaria de las empresas, a costa de su competitividad.
Según el Doing Business 2016, Brasil tiene la décima primera tasa efectiva de tributación empresarial más alta del mundo (69,2 por ciento), ligeramente menor a la de Colombia (69,7 por ciento) que es la décima. Según la Ocde, el 88,4 por ciento del recaudo de impuestos directos proviene de las empresas y solo el 11,6 por ciento de las personas.
Por si fuera poco, Brasil es el país del mundo en el que los empresarios gastan más tiempo para pagar sus tributos: ¡2.600 horas/año! En comparación, la media de América Latina es 360 horas, y en Colombia, 239 horas.
La inflación está en 11,3 por ciento anual, por lo que el banco central subió la tasa de interés al 14,25 por ciento. Pero, dado que el banco no es autónomo, el ajuste de su tasa de intervención a los niveles requeridos le plantea un dilema, por sus impactos sobre el servicio de la deuda pública.
El sistema pensional es una bomba de tiempo. The Economist destaca cómo Brasil, con una población joven, gasta más recursos en pensiones (cerca del 12 por ciento del PIB) que Japón, que tiene una población más vieja y es una economía más rica. Las edades de retiro son bajas, los trabajadores públicos, los militares y los políticos pueden acumular varias pensiones y, como en Colombia, la pensión mínima es igual al salario mínimo.
Para completar ese complejo panorama macroeconómico, según The Economist, alrededor del 90 por ciento del gasto público está protegido contra los recortes, por la Constitución y las leyes.
En ese contexto, es muy complejo realizar los ajustes que la economía necesita para retornar a la senda de crecimiento que registró a comienzos del siglo. Por eso las calificadoras le quitaron el grado de inversión.
En síntesis, es evidente que Brasil no es un modelo de desarrollo económico para seguir en Colombia.
Con la flaca memoria que nos caracteriza, pocos recordarán que aquellos que vienen sosteniendo que en Colombia no hay política industrial proponían a Brasil como el ejemplo a seguir.
Aun cuando nunca lo aceptaron abiertamente, lo que en el fondo deseaban era fortalecer las políticas proteccionistas, pues esa es la base de la política industrial brasileña. Hoy, los resultados de tales políticas están a la vista. Según The Economist: “Brasil ha protegido a sus empresas de la competencia internacional. Esa es una razón por la cual, entre 41 países cuyo desempeño fue medido por la Ocde, su productividad manufacturera es la cuarta más baja”.
La economía brasileña viene enfrentando la recesión más prolongada de su historia (The Economist); la variación del PIB en el 2015 fue -3,8 por ciento y para el 2016 se proyecta en -3,5 por ciento. Aun cuando hay factores coyunturales, como la caída de los precios internacionales de los productos básicos y la depreciación del real, estos fueron acentuados por problemas de fondo, como la calidad de las políticas macroeconómicas y la corrupción que recientemente se empezó a ventilar.
En el frente fiscal hay serios problemas. El déficit fiscal aumentó de 2,0 a 10 por ciento del PIB entre el 2010 y el 2015, la deuda pública es el 70 por ciento del PIB, y su servicio alcanza al 7 por ciento del PIB. En su afán por reducir este desbalance, el gobierno viene aumentando la carga tributaria de las empresas, a costa de su competitividad.
Según el Doing Business 2016, Brasil tiene la décima primera tasa efectiva de tributación empresarial más alta del mundo (69,2 por ciento), ligeramente menor a la de Colombia (69,7 por ciento) que es la décima. Según la Ocde, el 88,4 por ciento del recaudo de impuestos directos proviene de las empresas y solo el 11,6 por ciento de las personas.
Por si fuera poco, Brasil es el país del mundo en el que los empresarios gastan más tiempo para pagar sus tributos: ¡2.600 horas/año! En comparación, la media de América Latina es 360 horas, y en Colombia, 239 horas.
La inflación está en 11,3 por ciento anual, por lo que el banco central subió la tasa de interés al 14,25 por ciento. Pero, dado que el banco no es autónomo, el ajuste de su tasa de intervención a los niveles requeridos le plantea un dilema, por sus impactos sobre el servicio de la deuda pública.
El sistema pensional es una bomba de tiempo. The Economist destaca cómo Brasil, con una población joven, gasta más recursos en pensiones (cerca del 12 por ciento del PIB) que Japón, que tiene una población más vieja y es una economía más rica. Las edades de retiro son bajas, los trabajadores públicos, los militares y los políticos pueden acumular varias pensiones y, como en Colombia, la pensión mínima es igual al salario mínimo.
Para completar ese complejo panorama macroeconómico, según The Economist, alrededor del 90 por ciento del gasto público está protegido contra los recortes, por la Constitución y las leyes.
En ese contexto, es muy complejo realizar los ajustes que la economía necesita para retornar a la senda de crecimiento que registró a comienzos del siglo. Por eso las calificadoras le quitaron el grado de inversión.
En síntesis, es evidente que Brasil no es un modelo de desarrollo económico para seguir en Colombia.
Lecciones de Malasia
viernes, 27 de noviembre de 2015
Publicado en Portafolio el viernes 27 de noviembre de 2015
La conferencia del malasio Idris Jala fue la más interesante en la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2015-2016. Jala es un ministro sin cartera, que depende directamente del Primer Ministro, y es el director ejecutivo de Pemandu (Performance Management and Delivery Unit), entidad que tiene a su cargo la dirección del Programa de Transformación Gubernamental (PTG) y del Programa de Transformación Económica (PTE). Justamente, su intervención en el foro organizado por el Consejo Privado de Competitividad versó sobre la experiencia de Malasia en la concepción e implementación de estos dos programas.
Al comparar el PTE de Malasia con el Programa de Transformación Productiva (PTP) de Colombia, se observan grandes similitudes pero también notables diferencias. Los dos hacen parte de la política industrial del respectivo país. Se asemejan en el propósito de incrementar la productividad de un grupo determinado de sectores, que contribuirán a un mayor crecimiento del PIB, a la generación de empleo y a la diversificación de la canasta exportadora. Además, no ofrecen subsidios ni protección arancelaria ni conceden ventajas especiales; su fundamento es el trabajo conjunto de los funcionarios públicos y privados para identificar y eliminar las barreras que impiden el desarrollo sectorial.
Las grandes diferencias que hay entre los dos programas son el grado de importancia que se les da y el tipo de liderazgo con que se ejecutan. En Malasia, el PTE junto con el PTG tienen gran relevancia en los objetivos macroeconómicos, que se orientan a alcanzar en 2020 el INB per cápita de los países de ingresos altos, generar 3.3 millones de empleos y lograr una inversión US$444 mil millones.
El PTE y el PTG dependen directamente del Primer Ministro, quien al comienzo de cada semana se reúne con el director de Pemandu para evaluar los avances y las dificultades. Además, cada ministro debe rendir cuentas directamente al Primer Ministro sobre la ejecución anual de las tareas asignadas en el marco de estos programas; después su evaluación se hace pública.
A diferencia del caso malasio, en Colombia el PTP parece cada vez más relegado. Su creación en el MinCIT ha debido evolucionar para convertirse en un instrumento manejado por la Presidencia de la República, y con la gerencia de un ministro de la competitividad o de la transformación productiva.
Al no darle la relevancia requerida y dejarlo como un apéndice de Bancoldex, perdió el protagonismo que debería tener para el crecimiento económico. Muchas de las buenas ideas y de los diagnósticos de los problemas que aquejan a los sectores del programa se frenan porque el PTP no tiene la jerarquía para imponer tareas a los ministerios o a las entidades públicas de diferente nivel que no dependen del MinCIT. En consecuencia los avances del programa y de los sectores son muy lentos; esto, a su vez, evidencia por qué carece de sentido la propuesta de un ministerio de industria.
Como afirma Jala: "…la gente realmente conoce las soluciones. Las buenas ideas ya están ahí, y la gente conoce esas ideas, pero la razón por la que no nos movemos de las ideas a los resultados es porque hay obstáculos técnicos, políticos y administrativos en el sistema”. En Malasia el Pemandu puede superar esos obstáculos; en Colombia el PTP, no.
La conferencia del malasio Idris Jala fue la más interesante en la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2015-2016. Jala es un ministro sin cartera, que depende directamente del Primer Ministro, y es el director ejecutivo de Pemandu (Performance Management and Delivery Unit), entidad que tiene a su cargo la dirección del Programa de Transformación Gubernamental (PTG) y del Programa de Transformación Económica (PTE). Justamente, su intervención en el foro organizado por el Consejo Privado de Competitividad versó sobre la experiencia de Malasia en la concepción e implementación de estos dos programas.
Al comparar el PTE de Malasia con el Programa de Transformación Productiva (PTP) de Colombia, se observan grandes similitudes pero también notables diferencias. Los dos hacen parte de la política industrial del respectivo país. Se asemejan en el propósito de incrementar la productividad de un grupo determinado de sectores, que contribuirán a un mayor crecimiento del PIB, a la generación de empleo y a la diversificación de la canasta exportadora. Además, no ofrecen subsidios ni protección arancelaria ni conceden ventajas especiales; su fundamento es el trabajo conjunto de los funcionarios públicos y privados para identificar y eliminar las barreras que impiden el desarrollo sectorial.
Las grandes diferencias que hay entre los dos programas son el grado de importancia que se les da y el tipo de liderazgo con que se ejecutan. En Malasia, el PTE junto con el PTG tienen gran relevancia en los objetivos macroeconómicos, que se orientan a alcanzar en 2020 el INB per cápita de los países de ingresos altos, generar 3.3 millones de empleos y lograr una inversión US$444 mil millones.
El PTE y el PTG dependen directamente del Primer Ministro, quien al comienzo de cada semana se reúne con el director de Pemandu para evaluar los avances y las dificultades. Además, cada ministro debe rendir cuentas directamente al Primer Ministro sobre la ejecución anual de las tareas asignadas en el marco de estos programas; después su evaluación se hace pública.
A diferencia del caso malasio, en Colombia el PTP parece cada vez más relegado. Su creación en el MinCIT ha debido evolucionar para convertirse en un instrumento manejado por la Presidencia de la República, y con la gerencia de un ministro de la competitividad o de la transformación productiva.
Al no darle la relevancia requerida y dejarlo como un apéndice de Bancoldex, perdió el protagonismo que debería tener para el crecimiento económico. Muchas de las buenas ideas y de los diagnósticos de los problemas que aquejan a los sectores del programa se frenan porque el PTP no tiene la jerarquía para imponer tareas a los ministerios o a las entidades públicas de diferente nivel que no dependen del MinCIT. En consecuencia los avances del programa y de los sectores son muy lentos; esto, a su vez, evidencia por qué carece de sentido la propuesta de un ministerio de industria.
Como afirma Jala: "…la gente realmente conoce las soluciones. Las buenas ideas ya están ahí, y la gente conoce esas ideas, pero la razón por la que no nos movemos de las ideas a los resultados es porque hay obstáculos técnicos, políticos y administrativos en el sistema”. En Malasia el Pemandu puede superar esos obstáculos; en Colombia el PTP, no.
La pelotera industrial
viernes, 21 de agosto de 2015
Publicado en Portafolio el viernes 21 de agosto de 2015
Nuevamente saltó a la palestra el tema de la política industrial y retornaron las inevitables imprecisiones.
Se cayó en la vana discusión de si hay o no política industrial en Colombia, cuando fácilmente se pueden enumerar muchos instrumentos que todos los países clasifican como política industrial. Cosa diferente es que no le guste a todos; que unos la quieran llamar moderna; que otros consideren necesarios más instrumentos; o que algunos añoren volver al pasado proteccionista.
¿Debe existir un ministerio exclusivo para la industria? La realidad del mundo es que son escasos los países que lo tienen. En varios de los desarrollados y de los emergentes que nos llevan ventaja, el ministerio responsable de los temas de industria también lo es de los de comercio; incluso hay casos en los que incluyen los de turismo, energía, construcción, innovación, tecnología, minería o formación para el trabajo.
La política industrial engloba múltiples temas transversales, pero un ministerio que los abarque todos no existe; aspectos como infraestructura, educación, impuestos, licencias sanitarias, tarifas de energía, etcétera, son de competencia de otros ministerios. Por lo tanto, lo deseable para la política industrial es un ministerio que tenga a su cargo algunos elementos transversales y los sectoriales clave, complementados con la capacidad gubernamental de articulación y coordinación efectiva de las agencias públicas involucradas en el desarrollo empresarial.
La desindustrialización también se debate, pero hay zonas grises difíciles de despejar. Por ejemplo, qué tan cierto es que en los noventa teníamos una industria promisoria y que los TLCs y la enfermedad holandesa la acabaron. Los datos evidencian que la mayor pérdida de participación de la industria ocurrió en la década de los noventa; si eso fue desindustrialización, cambios metodológicos, o tercerización de actividades industriales, es otro debate. También muestran que en el periodo 2001-2007 la industria creció más que la economía y que, a partir de 2008, coincidiendo con la crisis mundial, entró en recesión y luego en un prolongado periodo de estancamiento.
¿Coincidencia con el ciclo de la economía mundial? Probable; esta es una hipótesis por explorar. ¿Efecto TLCs? Dudoso; en el periodo de la crisis mundial no estaban vigentes los que generan pánico a los críticos; los de EEUU, UE y Canadá entraron en vigencia después de iniciada la contracción industrial. Y es bien sabido que los grandes impactos de los TLCs no son instantáneos sino de mediano y largo plazo.
Pero incluso los analistas más calificados se pifian en estas materias. Un reconocido economista declaró que México es la “muestra palpable de que los TLC afectan la industria”. Las cifras del Banco Mundial dicen lo contrario. Entre 1994 y 2014, el valor agregado industrial de México creció 60%, y el de Brasil 22%, expresados en moneda local a precios constantes; y medidos en dólares corrientes crecieron 150% y 69%, respectivamente.
¿Y Colombia? ¡Sorpresa! La industria creció 46% en moneda local y 249% en dólares; además, mientras que en Brasil perdió 6.5 puntos de participación en el PIB entre 2005 y 2014, en Colombia lo hizo en 2.5 puntos.
Buenos son los debates en estas materias. Pero deben ser constructivos y no pensando que estamos en el primer día de la creación. En ese contexto, el documento técnico de la Andi es un destacado aporte.
Nuevamente saltó a la palestra el tema de la política industrial y retornaron las inevitables imprecisiones.
Se cayó en la vana discusión de si hay o no política industrial en Colombia, cuando fácilmente se pueden enumerar muchos instrumentos que todos los países clasifican como política industrial. Cosa diferente es que no le guste a todos; que unos la quieran llamar moderna; que otros consideren necesarios más instrumentos; o que algunos añoren volver al pasado proteccionista.
¿Debe existir un ministerio exclusivo para la industria? La realidad del mundo es que son escasos los países que lo tienen. En varios de los desarrollados y de los emergentes que nos llevan ventaja, el ministerio responsable de los temas de industria también lo es de los de comercio; incluso hay casos en los que incluyen los de turismo, energía, construcción, innovación, tecnología, minería o formación para el trabajo.
La política industrial engloba múltiples temas transversales, pero un ministerio que los abarque todos no existe; aspectos como infraestructura, educación, impuestos, licencias sanitarias, tarifas de energía, etcétera, son de competencia de otros ministerios. Por lo tanto, lo deseable para la política industrial es un ministerio que tenga a su cargo algunos elementos transversales y los sectoriales clave, complementados con la capacidad gubernamental de articulación y coordinación efectiva de las agencias públicas involucradas en el desarrollo empresarial.
La desindustrialización también se debate, pero hay zonas grises difíciles de despejar. Por ejemplo, qué tan cierto es que en los noventa teníamos una industria promisoria y que los TLCs y la enfermedad holandesa la acabaron. Los datos evidencian que la mayor pérdida de participación de la industria ocurrió en la década de los noventa; si eso fue desindustrialización, cambios metodológicos, o tercerización de actividades industriales, es otro debate. También muestran que en el periodo 2001-2007 la industria creció más que la economía y que, a partir de 2008, coincidiendo con la crisis mundial, entró en recesión y luego en un prolongado periodo de estancamiento.
¿Coincidencia con el ciclo de la economía mundial? Probable; esta es una hipótesis por explorar. ¿Efecto TLCs? Dudoso; en el periodo de la crisis mundial no estaban vigentes los que generan pánico a los críticos; los de EEUU, UE y Canadá entraron en vigencia después de iniciada la contracción industrial. Y es bien sabido que los grandes impactos de los TLCs no son instantáneos sino de mediano y largo plazo.
Pero incluso los analistas más calificados se pifian en estas materias. Un reconocido economista declaró que México es la “muestra palpable de que los TLC afectan la industria”. Las cifras del Banco Mundial dicen lo contrario. Entre 1994 y 2014, el valor agregado industrial de México creció 60%, y el de Brasil 22%, expresados en moneda local a precios constantes; y medidos en dólares corrientes crecieron 150% y 69%, respectivamente.
¿Y Colombia? ¡Sorpresa! La industria creció 46% en moneda local y 249% en dólares; además, mientras que en Brasil perdió 6.5 puntos de participación en el PIB entre 2005 y 2014, en Colombia lo hizo en 2.5 puntos.
Buenos son los debates en estas materias. Pero deben ser constructivos y no pensando que estamos en el primer día de la creación. En ese contexto, el documento técnico de la Andi es un destacado aporte.
De nuevo, el Ministerio de Industria
viernes, 18 de julio de 2014
Publicado en Portafolio el 18 de julio de 2014
En días pasados el presidente de la ANDI se refirió nuevamente a la propuesta de un “Ministerio de Industria”.
Muy bueno plantear debates, pero poniéndolos en contexto. Por ejemplo, insinuar que no hay apoyos del Estado a la industria y que no hay política industrial –como lo sostienen desde hace tres años algunos analistas–, no es un buen punto de partida.
En cambio, sin ser exhaustivos, se pueden mencionar numerosas acciones de los últimos años que, además de ser “apoyos” a ese sector, en cualquier lugar del mundo se denominan “política industrial”:
1. Exenciones tributarias a las zonas francas. 2. Diferimiento arancelario para bienes de capital y materias primas no producidos. 3. Eliminación de la sobretasa a la energía. 4. Reducción de sobrecostos a la nómina con la eliminación de parafiscales. 5. Subsidio a la tasa de interés de viviendas nuevas, con repercusión en la demanda de más de 25 sectores industriales. 6. Negocios impulsados por Compre Colombiano para fortalecer el mercado interno. 7. Oportunidades de negocios abiertas por Proexport Colombia. 8. Creación del Instituto Nacional de Metrología. 9. Creación del Centro de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales, con el objetivo de identificar y remover los obstáculos al desarrollo del potencial de exportación. 10. Incentivos tributarios de la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 11. Imposición de aranceles mixtos a las importaciones de calzado y confecciones. 12. Desembolsos de créditos de Bancoldex para modernización, por más de 11 billones de pesos en los últimos cuatro años. 13. Establecimiento del Profia, para el fortalecimiento del sector de autopartes. 14. El programa Bancoldex Capital para la promoción de los fondos de capital. 15. Créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías por más de 25 billones de pesos para las mipymes en cuatro años.
Además, hay políticas enfocadas en el mediano y largo plazo, como el Programa de Transformación Productiva que persigue el desarrollo de sectores de clase mundial; los acuerdos comerciales, que abren mercados en condiciones preferenciales para las exportaciones; la formalización empresarial que busca eliminar el lastre de la informalidad sobre la productividad; iNNpulsa Colombia, que estimula el emprendimiento dinámico innovador; la política de emprendimiento, orientada a enriquecer el tejido empresarial.
Como parte de la política industrial, se destinan recursos a la contratación de estudios especializados, que luego se plasman en decisiones de tipo transversal o sectorial; por ejemplo, la reforma a la ley de Habeas Data, el proyecto de ley anticontrabando que cursa en el Congreso y el estudio de costos de energía, que es parte de la política de reducción de costos de producción de las empresas.
Es hora de bajar la discusión de las ramas y comenzar debates puntuales sobre dónde se requieren ajustes y cuáles son las justificaciones, cuáles programas y políticas se deben fortalecer y cuáles suprimir. También sería deseable medir cuánto nos cuesta la política industrial a todos los ciudadanos.
En síntesis, más que un ministerio de industria, lo que hace falta en Colombia es una presentación integral y periódica de los objetivos de la política industrial, sus múltiples programas, los costos de cada uno, la evaluación de sus impactos, etcétera. La propuesta es emular el libro blanco de la política industrial de países como Japón, Taiwán, Corea y la Unión Europea.
En días pasados el presidente de la ANDI se refirió nuevamente a la propuesta de un “Ministerio de Industria”.
Muy bueno plantear debates, pero poniéndolos en contexto. Por ejemplo, insinuar que no hay apoyos del Estado a la industria y que no hay política industrial –como lo sostienen desde hace tres años algunos analistas–, no es un buen punto de partida.
En cambio, sin ser exhaustivos, se pueden mencionar numerosas acciones de los últimos años que, además de ser “apoyos” a ese sector, en cualquier lugar del mundo se denominan “política industrial”:
1. Exenciones tributarias a las zonas francas. 2. Diferimiento arancelario para bienes de capital y materias primas no producidos. 3. Eliminación de la sobretasa a la energía. 4. Reducción de sobrecostos a la nómina con la eliminación de parafiscales. 5. Subsidio a la tasa de interés de viviendas nuevas, con repercusión en la demanda de más de 25 sectores industriales. 6. Negocios impulsados por Compre Colombiano para fortalecer el mercado interno. 7. Oportunidades de negocios abiertas por Proexport Colombia. 8. Creación del Instituto Nacional de Metrología. 9. Creación del Centro de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales, con el objetivo de identificar y remover los obstáculos al desarrollo del potencial de exportación. 10. Incentivos tributarios de la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 11. Imposición de aranceles mixtos a las importaciones de calzado y confecciones. 12. Desembolsos de créditos de Bancoldex para modernización, por más de 11 billones de pesos en los últimos cuatro años. 13. Establecimiento del Profia, para el fortalecimiento del sector de autopartes. 14. El programa Bancoldex Capital para la promoción de los fondos de capital. 15. Créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías por más de 25 billones de pesos para las mipymes en cuatro años.
Además, hay políticas enfocadas en el mediano y largo plazo, como el Programa de Transformación Productiva que persigue el desarrollo de sectores de clase mundial; los acuerdos comerciales, que abren mercados en condiciones preferenciales para las exportaciones; la formalización empresarial que busca eliminar el lastre de la informalidad sobre la productividad; iNNpulsa Colombia, que estimula el emprendimiento dinámico innovador; la política de emprendimiento, orientada a enriquecer el tejido empresarial.
Como parte de la política industrial, se destinan recursos a la contratación de estudios especializados, que luego se plasman en decisiones de tipo transversal o sectorial; por ejemplo, la reforma a la ley de Habeas Data, el proyecto de ley anticontrabando que cursa en el Congreso y el estudio de costos de energía, que es parte de la política de reducción de costos de producción de las empresas.
Es hora de bajar la discusión de las ramas y comenzar debates puntuales sobre dónde se requieren ajustes y cuáles son las justificaciones, cuáles programas y políticas se deben fortalecer y cuáles suprimir. También sería deseable medir cuánto nos cuesta la política industrial a todos los ciudadanos.
En síntesis, más que un ministerio de industria, lo que hace falta en Colombia es una presentación integral y periódica de los objetivos de la política industrial, sus múltiples programas, los costos de cada uno, la evaluación de sus impactos, etcétera. La propuesta es emular el libro blanco de la política industrial de países como Japón, Taiwán, Corea y la Unión Europea.
Desindustrialización: mitos y realidades
sábado, 5 de julio de 2014
Publicado en Revista Fasecolda No. 156, julio 2014
Una interpretación errada de la reciente pérdida de participación de la industria en el PIB puede conducir a decisiones equivocadas de política económica. Por eso es importante entender el concepto de desindustrialización y sus alcances.
La desindustrialización puede ser un fenómeno real o natural. Pero no es correcto usarlo como una herramienta para descalificar la gestión económica de un gobierno y como presunta prueba de que no hay política industrial en Colombia.
La discusión debería servir para evaluar el modelo de desarrollo industrial que ha tenido el país y trazar los correctivos adecuados si, como es deseable, se quiere una “reindustrialización”.
El concepto y los hechos
No hay una forma única de definir la desindustrialización, pero en la literatura económica se hace énfasis en la reducción del empleo sectorial, la contracción de las exportaciones industriales y la pérdida de participación en el PIB. En nuestro medio, la mayor parte de los análisis se concentran en el último indicador.
En el gráfico 1 se observa que la participación de la industria en el PIB alcanzó un máximo de 23.5% en 1974 y en 2013 el mínimo (11.3%). Esta pérdida de 12.2 puntos porcentuales de participación es lo que se identifica como la desindustrialización de Colombia.
Los indicadores de empleo no corroboran esa hipótesis pues, como se observa en el gráfico 2, a pesar de la reducción en la coyuntura reciente, el nivel es superior al de 2001. De igual forma, las exportaciones industriales registran una tendencia creciente, interrumpida por los efectos de la crisis mundial y el cierre del mercado venezolano (gráfico 3); al quitar este último, se observa que las exportaciones ya superaron el nivel que tenían antes de la crisis mundial.
El gráfico 4 muestra que la caída en la participación de la industria en el PIB no es exclusiva de Colombia, sino que es un fenómeno generalizado para América Latina. Incluso la base de datos del Banco Mundial permite colegir que es un fenómeno global. Salta a la vista que economías como la de Brasil, cuya política industrial es vista por analistas colombianos como el modelo a seguir, registran una contracción muy superior a la colombiana.
Problemas metodológicos
Parte de los 12.2 puntos de menor participación de la industria en el PIB se originan en los cambios de metodología de medición del PIB.
En el gráfico 1 se resalta que en 1994 el peso es inferior en 4.8 puntos porcentuales cuando se usa la base 1994 y no la base 1975. Y con la base 2005 la participación es inferior en 0.8 puntos en el 2000 y en 1.6 puntos en 2007, que la obtenida con base 1994. Esto significa que casi el 50% de la pérdida de participación es explicada por cambios en la metodología el PIB.
Esas alteraciones en los pesos relativos de los sectores son hasta cierto punto normales, como lo resaltó el Dane (2010; p. 105) al explicar las diferencias ocasionadas al cambiar la base del 2000 al 2005:
"Comparando los resultados arrojados por las dos bases, se observan algunas modificaciones de la estructura productiva sectorial del año 2005, explicadas por los cambios en la importancia relativa en el valor de la producción (determinada por los volúmenes producidos y los correspondientes precios al productor) y por el comportamiento de las relaciones técnicas de producción de las actividades económicas, en particular del coeficiente técnico del consumo intermedio (C.I./Producción). En efecto, mientras ciertas actividades cobran mayor importancia relativa (servicios financieros, de seguros y servicios a las empresas, por ejemplo), otras ceden terreno en la estructura del PIB total (como es el caso de la agricultura)".
El argumento de la metodología no le gusta a algunos de los analistas que han participado en el debate, pero, como se deduce de lo anterior, sería erróneo menospreciarlo. En cambio, Martínez y Ocampo (2012; p. 110) tratan de corregir la distorsión con una reconstrucción de las series y calculan que la participación industrial se redujo en seis puntos porcentuales entre 1974 y 1999 (en el gráfico 1 que muestra el cambio en la metodología del PIB, la reducción es de diez puntos en este mismo periodo).
Desintegración vertical
El trabajo reciente de Carranza y Moreno (2013) aporta una explicación alternativa, partiendo de observar que a medida que un sector se desarrolla, se va concentrando en su actividad central y terceriza aquellas que no son de la esencia del negocio.
De esta forma, actividades como la vigilancia, el aseo, y la contabilidad, por ejemplo, ahora son desarrolladas por empresas especializadas en ese tipo de servicios. En la medición del PIB, la tercerización se refleja como un mayor valor agregado del sector de servicios y una contracción del industrial.
Carranza y Moreno (2013; p. 18) realizaron un ejercicio de medición de la cadena industrial, agregando a la industria aquellas actividades de servicios necesarias para la producción industrial. Su conclusión es que:
"Actualmente la cadena de producción industrial colombiana absorbe alrededor del 35% de la actividad económica. Notablemente, no existe ninguna evidencia de que la actividad industrial haya perdido importancia en la economía durante la última década y mucho menos evidencia hay de que su tamaño se haya reducido".
El argumento básico de desintegración vertical de la producción industrial encuentra respaldo en los análisis sobre las cadenas globales de valor en el contexto de la economía globalizada. Feenstra (1998) y Stephenson (2012) señalan que la nueva organización mundial de la producción induce la tercerización tanto de procesos productivos como de servicios, que favorecen especialmente a las pymes.
Evolución reciente
Las dos secciones anteriores describen posibles explicaciones a la reducción de la participación de la industria en el PIB en el largo plazo. Pero en la coyuntura reciente pueden haber incidido otros factores.
En 2006 la autoridad monetaria inició una política de aumento de las tasas de interés de intervención, con el propósito de frenar las presiones inflacionarias en la economía. Es conocido que esta política frena la demanda agregada y desacelera la actividad económica.
El valor real de la producción industrial, que alcanzó una tasa de crecimiento del 12.9% anual en junio de 2007, se empezó a desacelerar rápidamente. Para septiembre de 2008, cuando comenzó la crisis mundial con la quiebra de Lehman Brothers, ya la producción industrial colombiana se estaba contrayendo.
Por lo tanto, la industria colombiana se encontraba debilitada al comenzar la crisis mundial. Cabe recordar que la transmisión de la crisis desde las economías desarrolladas a las subdesarrolladas se dio por el canal comercial y que, en el caso de Colombia, el impacto se acentuó con el cierre del mercado de Venezuela. En 2009 las exportaciones industriales al mercado venezolano cayeron el 38.2% anual y al resto del mundo en 13.3%.
A estos dos factores, hay que sumar el lento crecimiento del comercio internacional después de la crisis mundial de 2008-2009, por efecto de la crisis de la deuda soberana de las economías de la zona euro; la débil y lenta recuperación de la economía de Estados Unidos; la desaceleración de las principales economías emergentes en 2012 y 2013; la persistente apreciación del peso; y la imposición de barreras al comercio industrial por parte de Argentina y Ecuador.
A manera de conclusión
Es un hecho que la participación de la industria en el PIB se redujo en los últimos 40 años. Pero no se puede concluir que toda la reducción se pueda clasificar como desindustrialización o que ella sea consecuencia de políticas industriales erradas, especialmente cuando el empleo y las exportaciones industriales no son consistentes con esa hipótesis.
La mitad de la pérdida de participación es directamente atribuible a cambios en la metodología de las cuentas nacionales. También hay un fenómeno de desintegración vertical de la industria y la confluencia reciente de múltiples factores que han tenido impacto negativo transitorio en la producción industrial.
Qué tanto de la menor participación industrial en el PIB es atribuible a cada uno de los factores mencionados y qué tanto es coyuntural o estructural, son temas pendientes de estudios técnicos.
Bibliografía
Carranza, E. y Moreno S. (2013). “Tamaño y estructura vertical de la cadena de producción industrial colombiana desde 1990”. Borradores de Economía, No. 751. Banco de la República.
Dane (2010) “Cuentas Nacionales base 2005. Principales cambios metodológicos y resultados”. Noviembre. Recuperado el 26 de mayo de 2014.
Feenstra, R. (1998). “Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy”. Journal of Economic Perspectives. Volume 12, Number 4.
Martínez A. y Ocampo J. A. (2011). Hacia una política industrial de nueva generación para Colombia. Coalición para la promoción de la industria colombiana. D’vinni Impresores. Bogotá.
Stephenson (2012) “Global Value Chains: The New Reality of International Trade”. E15 Expert Group discussion on Global Value Chains. Geneva, November. Recuperado el 26 de mayo de 2014.
Una interpretación errada de la reciente pérdida de participación de la industria en el PIB puede conducir a decisiones equivocadas de política económica. Por eso es importante entender el concepto de desindustrialización y sus alcances.
La desindustrialización puede ser un fenómeno real o natural. Pero no es correcto usarlo como una herramienta para descalificar la gestión económica de un gobierno y como presunta prueba de que no hay política industrial en Colombia.
La discusión debería servir para evaluar el modelo de desarrollo industrial que ha tenido el país y trazar los correctivos adecuados si, como es deseable, se quiere una “reindustrialización”.
El concepto y los hechos
No hay una forma única de definir la desindustrialización, pero en la literatura económica se hace énfasis en la reducción del empleo sectorial, la contracción de las exportaciones industriales y la pérdida de participación en el PIB. En nuestro medio, la mayor parte de los análisis se concentran en el último indicador.
En el gráfico 1 se observa que la participación de la industria en el PIB alcanzó un máximo de 23.5% en 1974 y en 2013 el mínimo (11.3%). Esta pérdida de 12.2 puntos porcentuales de participación es lo que se identifica como la desindustrialización de Colombia.
Los indicadores de empleo no corroboran esa hipótesis pues, como se observa en el gráfico 2, a pesar de la reducción en la coyuntura reciente, el nivel es superior al de 2001. De igual forma, las exportaciones industriales registran una tendencia creciente, interrumpida por los efectos de la crisis mundial y el cierre del mercado venezolano (gráfico 3); al quitar este último, se observa que las exportaciones ya superaron el nivel que tenían antes de la crisis mundial.
El gráfico 4 muestra que la caída en la participación de la industria en el PIB no es exclusiva de Colombia, sino que es un fenómeno generalizado para América Latina. Incluso la base de datos del Banco Mundial permite colegir que es un fenómeno global. Salta a la vista que economías como la de Brasil, cuya política industrial es vista por analistas colombianos como el modelo a seguir, registran una contracción muy superior a la colombiana.
Problemas metodológicos
Parte de los 12.2 puntos de menor participación de la industria en el PIB se originan en los cambios de metodología de medición del PIB.
En el gráfico 1 se resalta que en 1994 el peso es inferior en 4.8 puntos porcentuales cuando se usa la base 1994 y no la base 1975. Y con la base 2005 la participación es inferior en 0.8 puntos en el 2000 y en 1.6 puntos en 2007, que la obtenida con base 1994. Esto significa que casi el 50% de la pérdida de participación es explicada por cambios en la metodología el PIB.
Esas alteraciones en los pesos relativos de los sectores son hasta cierto punto normales, como lo resaltó el Dane (2010; p. 105) al explicar las diferencias ocasionadas al cambiar la base del 2000 al 2005:
"Comparando los resultados arrojados por las dos bases, se observan algunas modificaciones de la estructura productiva sectorial del año 2005, explicadas por los cambios en la importancia relativa en el valor de la producción (determinada por los volúmenes producidos y los correspondientes precios al productor) y por el comportamiento de las relaciones técnicas de producción de las actividades económicas, en particular del coeficiente técnico del consumo intermedio (C.I./Producción). En efecto, mientras ciertas actividades cobran mayor importancia relativa (servicios financieros, de seguros y servicios a las empresas, por ejemplo), otras ceden terreno en la estructura del PIB total (como es el caso de la agricultura)".
El argumento de la metodología no le gusta a algunos de los analistas que han participado en el debate, pero, como se deduce de lo anterior, sería erróneo menospreciarlo. En cambio, Martínez y Ocampo (2012; p. 110) tratan de corregir la distorsión con una reconstrucción de las series y calculan que la participación industrial se redujo en seis puntos porcentuales entre 1974 y 1999 (en el gráfico 1 que muestra el cambio en la metodología del PIB, la reducción es de diez puntos en este mismo periodo).
Desintegración vertical
El trabajo reciente de Carranza y Moreno (2013) aporta una explicación alternativa, partiendo de observar que a medida que un sector se desarrolla, se va concentrando en su actividad central y terceriza aquellas que no son de la esencia del negocio.
De esta forma, actividades como la vigilancia, el aseo, y la contabilidad, por ejemplo, ahora son desarrolladas por empresas especializadas en ese tipo de servicios. En la medición del PIB, la tercerización se refleja como un mayor valor agregado del sector de servicios y una contracción del industrial.
Carranza y Moreno (2013; p. 18) realizaron un ejercicio de medición de la cadena industrial, agregando a la industria aquellas actividades de servicios necesarias para la producción industrial. Su conclusión es que:
"Actualmente la cadena de producción industrial colombiana absorbe alrededor del 35% de la actividad económica. Notablemente, no existe ninguna evidencia de que la actividad industrial haya perdido importancia en la economía durante la última década y mucho menos evidencia hay de que su tamaño se haya reducido".
El argumento básico de desintegración vertical de la producción industrial encuentra respaldo en los análisis sobre las cadenas globales de valor en el contexto de la economía globalizada. Feenstra (1998) y Stephenson (2012) señalan que la nueva organización mundial de la producción induce la tercerización tanto de procesos productivos como de servicios, que favorecen especialmente a las pymes.
Evolución reciente
Las dos secciones anteriores describen posibles explicaciones a la reducción de la participación de la industria en el PIB en el largo plazo. Pero en la coyuntura reciente pueden haber incidido otros factores.
En 2006 la autoridad monetaria inició una política de aumento de las tasas de interés de intervención, con el propósito de frenar las presiones inflacionarias en la economía. Es conocido que esta política frena la demanda agregada y desacelera la actividad económica.
El valor real de la producción industrial, que alcanzó una tasa de crecimiento del 12.9% anual en junio de 2007, se empezó a desacelerar rápidamente. Para septiembre de 2008, cuando comenzó la crisis mundial con la quiebra de Lehman Brothers, ya la producción industrial colombiana se estaba contrayendo.
Por lo tanto, la industria colombiana se encontraba debilitada al comenzar la crisis mundial. Cabe recordar que la transmisión de la crisis desde las economías desarrolladas a las subdesarrolladas se dio por el canal comercial y que, en el caso de Colombia, el impacto se acentuó con el cierre del mercado de Venezuela. En 2009 las exportaciones industriales al mercado venezolano cayeron el 38.2% anual y al resto del mundo en 13.3%.
A estos dos factores, hay que sumar el lento crecimiento del comercio internacional después de la crisis mundial de 2008-2009, por efecto de la crisis de la deuda soberana de las economías de la zona euro; la débil y lenta recuperación de la economía de Estados Unidos; la desaceleración de las principales economías emergentes en 2012 y 2013; la persistente apreciación del peso; y la imposición de barreras al comercio industrial por parte de Argentina y Ecuador.
A manera de conclusión
Es un hecho que la participación de la industria en el PIB se redujo en los últimos 40 años. Pero no se puede concluir que toda la reducción se pueda clasificar como desindustrialización o que ella sea consecuencia de políticas industriales erradas, especialmente cuando el empleo y las exportaciones industriales no son consistentes con esa hipótesis.
La mitad de la pérdida de participación es directamente atribuible a cambios en la metodología de las cuentas nacionales. También hay un fenómeno de desintegración vertical de la industria y la confluencia reciente de múltiples factores que han tenido impacto negativo transitorio en la producción industrial.
Qué tanto de la menor participación industrial en el PIB es atribuible a cada uno de los factores mencionados y qué tanto es coyuntural o estructural, son temas pendientes de estudios técnicos.
Bibliografía
Carranza, E. y Moreno S. (2013). “Tamaño y estructura vertical de la cadena de producción industrial colombiana desde 1990”. Borradores de Economía, No. 751. Banco de la República.
Dane (2010) “Cuentas Nacionales base 2005. Principales cambios metodológicos y resultados”. Noviembre. Recuperado el 26 de mayo de 2014.
Feenstra, R. (1998). “Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy”. Journal of Economic Perspectives. Volume 12, Number 4.
Martínez A. y Ocampo J. A. (2011). Hacia una política industrial de nueva generación para Colombia. Coalición para la promoción de la industria colombiana. D’vinni Impresores. Bogotá.
Stephenson (2012) “Global Value Chains: The New Reality of International Trade”. E15 Expert Group discussion on Global Value Chains. Geneva, November. Recuperado el 26 de mayo de 2014.
Industria automotriz y pesimismo
martes, 27 de mayo de 2014
Publicado en Ámbito Jurídico, Año XVII, No. 394, 26 de mayo al 8 de junio de 2014
La desaceleración económica y el pesimismo suelen ir de la mano. Eso ha ocurrido con la industria, cuya producción se vio afectada negativamente por múltiples hechos acaecidos en los últimos años: crisis mundial; cierre del mercado de Venezuela; obstáculos a las importaciones en Ecuador y Argentina; crisis de la deuda soberana en la zona euro; débil y lenta recuperación de la economía de EE UU; apreciación de la moneda; y desaceleración de las principales economías emergentes.
Pese a que estos son factores exógenos, muchos analistas aprovecharon para “denunciar” la falta de política industrial y la supuesta “indigestión” de TLC como causas de la caída de la producción. En el caso del sector automotor estas posiciones se vieron exacerbadas por los anuncios de Michellin y Mazda de cerrar sus plantas de producción en Colombia.
Sin desconocer la existencia de problemas de competitividad y de limitaciones o debilidades de política económica que vienen desde hace varias décadas, hay que superar la visión parroquial y explorar la situación del sector automotor más allá de la coyuntura, sin perder de vista lo que está ocurriendo en el resto del mundo.
Es evidente que el sector colombiano de fabricación de equipos de transporte (que incluye autopartes) no está en vía de extinción, según se deduce de las cuentas nacionales. Su participación en el PIB total en el 2013 fue 1,5 veces mayor que la registrada en el 2000. Incluso llegó a ser el doble en el 2007, pero la serie de factores mencionados la redujeron parcialmente.
La participación de este sector en el PIB industrial en el 2013 (2,3%) fue mayor en 1,8 veces a la del 2000 y en el 2012 alcanzó el mayor nivel de los últimos tiempos (2,5%).
Los datos anteriores se confirman con la tasa media anual de crecimiento del sector automotor (7,7%), que supera la del PIB total (4,3%) y la del PIB industrial (2,8%).
Según las cifras de la DIAN (citadas por la Andi), la producción de vehículos automotores se multiplicó por 2,8 entre el 2000 y el 2013. El pico de producción se alcanzó en el 2007 con 183.700 unidades, pero por los factores exógenos mencionados cayó a 91.100; en los dos últimos años se ubicó alrededor de 140.000 unidades.
En esa evolución es claro el impacto del comercio internacional, toda vez que las exportaciones cayeron de 71.000 vehículos en el 2007 a 5.000 en el 2009; luego se recuperaron, pero aún no llegan al nivel precrisis.
Contra las creencias de los pesimistas, la producción nacional de vehículos automotores es más dinámica que la del mundo: mientras que la tasa media anual de crecimiento de Colombia fue de 8,3% en el periodo 2000-2013, la del mundo fue del 3,1%.
Aun cuando la participación de los vehículos ensamblados en el país viene perdiendo participación en el mercado, ello no significa que la producción esté cayendo. La comparación de la dinámica de los nacionales y los importados desde 1997 muestra que se comportan de forma similar, respondiendo a los ciclos económicos; solo en los dos últimos años hay una disociación en detrimento de los nacionales.
El análisis de la composición de las ventas revela aspectos interesantes. Por ejemplo, en el segmento de automóviles, los nacionales mantienen todo el tiempo una cuota de mercado superior al 50%, aun cuando la diferencia se cierra en los dos últimos años. Las camionetas ensambladas en el país, que habían bajado su participación hasta el 13% de las ventas en el 2011, se recuperaron en los dos últimos años con la producción de la Renault Duster, hasta tomar el 52% de ese mercado. No ocurre lo mismo con los camperos y los vehículos de transporte público, donde dominan los importados.
Por último, la presunta invasión coreana no encuentra confirmación en las cifras oficiales de importaciones. La participación de los vehículos provenientes de Corea del Sur, que en el 2000 fue del 12,4% de las importaciones totales, en el 2013 fue del 11,4%.
En síntesis, los pesimistas no han hecho más que magnificar las decisiones de empresas como Mazda o Michellin, que podrían ser mejor entendidas en el contexto de su estrategia global.
Deberían esforzarse en resaltar las decisiones de inversión de General Motors, para superar la etapa de ensamble y avanzar en la fabricación de autos en Colombia; la de Renault de producir nuevos modelos para el mercado nacional y la exportación a países con los que tenemos acceso preferencial; y la inversión de Mercedes Benz para producir buses destinados al mercado nacional y al de la región.
De igual forma podrían leer estudios como los del BBVA que destacan a Colombia como uno de los mercados de “crecimiento explosivo” en el mercado automotor en los próximos años.
La desaceleración económica y el pesimismo suelen ir de la mano. Eso ha ocurrido con la industria, cuya producción se vio afectada negativamente por múltiples hechos acaecidos en los últimos años: crisis mundial; cierre del mercado de Venezuela; obstáculos a las importaciones en Ecuador y Argentina; crisis de la deuda soberana en la zona euro; débil y lenta recuperación de la economía de EE UU; apreciación de la moneda; y desaceleración de las principales economías emergentes.
Pese a que estos son factores exógenos, muchos analistas aprovecharon para “denunciar” la falta de política industrial y la supuesta “indigestión” de TLC como causas de la caída de la producción. En el caso del sector automotor estas posiciones se vieron exacerbadas por los anuncios de Michellin y Mazda de cerrar sus plantas de producción en Colombia.
Sin desconocer la existencia de problemas de competitividad y de limitaciones o debilidades de política económica que vienen desde hace varias décadas, hay que superar la visión parroquial y explorar la situación del sector automotor más allá de la coyuntura, sin perder de vista lo que está ocurriendo en el resto del mundo.
Es evidente que el sector colombiano de fabricación de equipos de transporte (que incluye autopartes) no está en vía de extinción, según se deduce de las cuentas nacionales. Su participación en el PIB total en el 2013 fue 1,5 veces mayor que la registrada en el 2000. Incluso llegó a ser el doble en el 2007, pero la serie de factores mencionados la redujeron parcialmente.
La participación de este sector en el PIB industrial en el 2013 (2,3%) fue mayor en 1,8 veces a la del 2000 y en el 2012 alcanzó el mayor nivel de los últimos tiempos (2,5%).
Los datos anteriores se confirman con la tasa media anual de crecimiento del sector automotor (7,7%), que supera la del PIB total (4,3%) y la del PIB industrial (2,8%).
Según las cifras de la DIAN (citadas por la Andi), la producción de vehículos automotores se multiplicó por 2,8 entre el 2000 y el 2013. El pico de producción se alcanzó en el 2007 con 183.700 unidades, pero por los factores exógenos mencionados cayó a 91.100; en los dos últimos años se ubicó alrededor de 140.000 unidades.
En esa evolución es claro el impacto del comercio internacional, toda vez que las exportaciones cayeron de 71.000 vehículos en el 2007 a 5.000 en el 2009; luego se recuperaron, pero aún no llegan al nivel precrisis.
Contra las creencias de los pesimistas, la producción nacional de vehículos automotores es más dinámica que la del mundo: mientras que la tasa media anual de crecimiento de Colombia fue de 8,3% en el periodo 2000-2013, la del mundo fue del 3,1%.
Aun cuando la participación de los vehículos ensamblados en el país viene perdiendo participación en el mercado, ello no significa que la producción esté cayendo. La comparación de la dinámica de los nacionales y los importados desde 1997 muestra que se comportan de forma similar, respondiendo a los ciclos económicos; solo en los dos últimos años hay una disociación en detrimento de los nacionales.
El análisis de la composición de las ventas revela aspectos interesantes. Por ejemplo, en el segmento de automóviles, los nacionales mantienen todo el tiempo una cuota de mercado superior al 50%, aun cuando la diferencia se cierra en los dos últimos años. Las camionetas ensambladas en el país, que habían bajado su participación hasta el 13% de las ventas en el 2011, se recuperaron en los dos últimos años con la producción de la Renault Duster, hasta tomar el 52% de ese mercado. No ocurre lo mismo con los camperos y los vehículos de transporte público, donde dominan los importados.
Por último, la presunta invasión coreana no encuentra confirmación en las cifras oficiales de importaciones. La participación de los vehículos provenientes de Corea del Sur, que en el 2000 fue del 12,4% de las importaciones totales, en el 2013 fue del 11,4%.
En síntesis, los pesimistas no han hecho más que magnificar las decisiones de empresas como Mazda o Michellin, que podrían ser mejor entendidas en el contexto de su estrategia global.
Deberían esforzarse en resaltar las decisiones de inversión de General Motors, para superar la etapa de ensamble y avanzar en la fabricación de autos en Colombia; la de Renault de producir nuevos modelos para el mercado nacional y la exportación a países con los que tenemos acceso preferencial; y la inversión de Mercedes Benz para producir buses destinados al mercado nacional y al de la región.
De igual forma podrían leer estudios como los del BBVA que destacan a Colombia como uno de los mercados de “crecimiento explosivo” en el mercado automotor en los próximos años.
Y Mazda cerró…
jueves, 15 de mayo de 2014
Publicado en Portafolio el viernes 16 de mayo de 2014
Las opiniones que suscitó el reciente cierre de la ensambladora de Mazda en Colombia, son una manifestación más del enfoque parroquial que predomina en ciertos analistas criollos.
Algunos sindicalistas, dirigentes gremiales y empresarios señalaron como presuntos culpables de esa decisión a los TLC, la falta de política industrial y el poco apoyo del gobierno. Pero en el aire quedaron los interrogantes que nunca se hacen quienes estas acusaciones propalan:
¿Por qué cierra una empresa japonesa cuando Colombia está negociando un TLC con Japón?
¿Por qué, si no hay política industrial, empresas como General Motors hacen una inversión de US$200 millones para superar la etapa de ensamble e iniciar la de fabricación de autos en Colombia?
¿Por qué Renault optó por desarrollar la producción de una línea de camionetas para el mercado interno y la exportación a países de la región con los que tenemos TLC, incluido México?
¿Y por qué, si no hay ese apoyo estatal, el gobierno acaba de lanzar el Programa de Fomento para la Industria Automotriz (Profia), que establece un régimen de importación favorable a la mayor productividad en la fabricación de autopartes y el ensamble de vehículos?
La realidad es que desde 2007 el sector automotor colombiano ha sufrido el impacto de varios choques externos, que contribuyen a explicar la decisión de Mazda.
Es el caso de la crisis mundial y el cierre del mercado de Venezuela, que ocasionaron en 2008 una caída del 62% en las exportaciones colombianas de vehículos y del 26% en la producción para el mercado interno; y en 2009 las primeras cayeron 82% adicional, mientras la segunda creció en 2.8%.
Esa combinación golpeó fuertemente a Mazda, haciéndole perder participación en la producción nacional, de 19% en 2007 a 13% en 2009.
La crisis mundial tuvo otro efecto indirecto, pero definitivo, sobre esta empresa. En 2011 Ford terminó la alianza estratégica que tenía con Mazda desde 1992, para atender el mercado estadounidense mediante la fabricación de vehículos de ambas marcas en la planta de Flat Rock, Michigan. Desde 2012 la oferta de la firma japonesa a ese mercado quedó limitada a los productos importados, y con evidente desventaja por los costos de transporte y la apreciación del yen.
Esto forzó a la matriz japonesa a replantear su estrategia global y la decisión fue la construcción de una planta en Salamanca, México, con una inversión de US$770 millones y una capacidad de producción de 230.000 vehículos por año.
Es razonable suponer que en la escogencia de la localización jugó un papel importante el acceso preferencial a los mercados de Norteamérica y Latinoamérica. Como es razonable pensar que con esa planta, inaugurada en marzo de 2014, perdió sentido la de Colombia, con una producción de 10 mil vehículos en 2012 y una participación del 6.7% en la producción nacional.
Estos hechos amplían la visión sobre la determinación de Mazda y, a la vez, perfilan una naciente oportunidad: las fábricas de autopartes que eran proveedoras de esa empresa en Colombia, podrían buscar la integración a la cadena de valor de la nueva planta. También muestran que el mundo no acaba ahí, pues el mercado automotor colombiano tiene un amplio potencial, como lo destaca un estudio del BBVA y lo revelan las decisiones de las otras ensambladoras.
Las opiniones que suscitó el reciente cierre de la ensambladora de Mazda en Colombia, son una manifestación más del enfoque parroquial que predomina en ciertos analistas criollos.
Algunos sindicalistas, dirigentes gremiales y empresarios señalaron como presuntos culpables de esa decisión a los TLC, la falta de política industrial y el poco apoyo del gobierno. Pero en el aire quedaron los interrogantes que nunca se hacen quienes estas acusaciones propalan:
¿Por qué cierra una empresa japonesa cuando Colombia está negociando un TLC con Japón?
¿Por qué, si no hay política industrial, empresas como General Motors hacen una inversión de US$200 millones para superar la etapa de ensamble e iniciar la de fabricación de autos en Colombia?
¿Por qué Renault optó por desarrollar la producción de una línea de camionetas para el mercado interno y la exportación a países de la región con los que tenemos TLC, incluido México?
¿Y por qué, si no hay ese apoyo estatal, el gobierno acaba de lanzar el Programa de Fomento para la Industria Automotriz (Profia), que establece un régimen de importación favorable a la mayor productividad en la fabricación de autopartes y el ensamble de vehículos?
La realidad es que desde 2007 el sector automotor colombiano ha sufrido el impacto de varios choques externos, que contribuyen a explicar la decisión de Mazda.
Es el caso de la crisis mundial y el cierre del mercado de Venezuela, que ocasionaron en 2008 una caída del 62% en las exportaciones colombianas de vehículos y del 26% en la producción para el mercado interno; y en 2009 las primeras cayeron 82% adicional, mientras la segunda creció en 2.8%.
Esa combinación golpeó fuertemente a Mazda, haciéndole perder participación en la producción nacional, de 19% en 2007 a 13% en 2009.
La crisis mundial tuvo otro efecto indirecto, pero definitivo, sobre esta empresa. En 2011 Ford terminó la alianza estratégica que tenía con Mazda desde 1992, para atender el mercado estadounidense mediante la fabricación de vehículos de ambas marcas en la planta de Flat Rock, Michigan. Desde 2012 la oferta de la firma japonesa a ese mercado quedó limitada a los productos importados, y con evidente desventaja por los costos de transporte y la apreciación del yen.
Esto forzó a la matriz japonesa a replantear su estrategia global y la decisión fue la construcción de una planta en Salamanca, México, con una inversión de US$770 millones y una capacidad de producción de 230.000 vehículos por año.
Es razonable suponer que en la escogencia de la localización jugó un papel importante el acceso preferencial a los mercados de Norteamérica y Latinoamérica. Como es razonable pensar que con esa planta, inaugurada en marzo de 2014, perdió sentido la de Colombia, con una producción de 10 mil vehículos en 2012 y una participación del 6.7% en la producción nacional.
Estos hechos amplían la visión sobre la determinación de Mazda y, a la vez, perfilan una naciente oportunidad: las fábricas de autopartes que eran proveedoras de esa empresa en Colombia, podrían buscar la integración a la cadena de valor de la nueva planta. También muestran que el mundo no acaba ahí, pues el mercado automotor colombiano tiene un amplio potencial, como lo destaca un estudio del BBVA y lo revelan las decisiones de las otras ensambladoras.
¿Ministerio de industria?
miércoles, 29 de enero de 2014
Publicado en Ámbito Jurídico Año XVII – No. 387; 27 de enero al 9 de febrero de 2014
La carencia de una política industrial como punto de partida anula cualquier posibilidad de debate sobre el tema. Cosa distinta es discrepar sobre el enfoque, algunos instrumentos, o la forma de implementación.
La Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana, pionera de esa visión, contrató un estudio con José Antonio Ocampo y Astrid Martínez que, curiosamente, en una de sus conclusiones demostró lo contrario de lo que venía formulando esta agrupación:
“En todo caso, en los últimos veinte años se han adoptado políticas de desarrollo productivo que combinan instrumentos verticales y horizontales y que acogen las iniciativas público-privadas para identificar actividades con potencial exportador. El andamiaje institucional se ha perfeccionado y se han superado parcialmente algunas dificultades como la carencia de indicadores y seguimiento. De hecho, en el contexto latinoamericano, Colombia es uno de los países que ha avanzado más en construir dicho andamiaje”.
Conclusión: la afirmación sobre inexistencia de política industrial no tiene fundamento.
La presunta desindustrialización es un debate anacrónico, pues la pérdida de participación de la industria en el PIB viene desde 1973. Para más señas, la caída empezó en plena aplicación del modelo sustitutivo de importaciones o de “industrialización dirigida por el Estado”, como optan por denominarlo Bértola y Ocampo (2013).
Cabe recordar que después de 35 años de políticas de “industrialización dirigida por el Estado” (1945-1980) la industria colombiana no logró una participación en el PIB como la que alcanzó Brasil (35% en 1982) o Corea (31% en 1988). Si supuestamente estábamos aplicando las mismas recetas ¿por qué no obtuvimos resultados similares? ¿Y por qué con ese recetario empezó a caer la participación de la industria colombiana antes que en esos otros países? Estas preguntas deberían ser resueltas por los teóricos de la prematura declinación de la industria.
El reciente estudio de Esteban Carranza y Stefany Moreno (2013), del Banco de la República, demuestra que la desintegración vertical es un elemento importante para comprender este asunto; además, ayuda a entender lo que está ocurriendo en el mundo.
Conclusión: las visiones sobre desindustrialización en Colombia adolecen de miopía.
La reducción de costos de transacción, incluyendo la gradual eliminación de barreras al comercio, está generando una creciente fragmentación de los procesos de producción y fortaleciendo las cadenas globales de valor (CGV) como forma óptima de organización de los procesos productivos.
Un efecto notable de estas CGV es la desintegración vertical. “El aumento de la integración de los mercados mundiales ha llevado a la desintegración de los procesos de producción, de forma que la manufactura o los servicios realizados en el extranjero se combinan con procesos locales. Ahora las empresas encuentran rentable la tercerización de parte creciente de su proceso productivo, tanto en el país como en el exterior” (R.Feenstra (1998) “Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy”).
Las CGV y la desintegración vertical generaron espacios para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y servicios. “Los bienes y servicios ahora se entrelazan totalmente y son inseparables en su producción” (Sheila Stephenson (2012) “Global Value Chains: The New Reality of International Trade”).
A partir de estos elementos, los círculos académicos y los hacedores de política económica de otras economías discuten los retos y los cambios que deben ocurrir en las políticas comercial e industrial para que las empresas se beneficien de la nueva organización mundial de la producción. Poco y nada se ventilan esos temas por estas latitudes.
Conclusión: un ministerio exclusivo para la industria quedaría cojo e impediría una eficiente vinculación de las empresas a las CGV.
Por último, cabe preguntarse qué hace en otros países su ministerio del tema industrial. En Brasil tiene a su cargo la política industrial, la comercial y la de innovación y tecnología. En México, formula y aplica las políticas de “industria, comercio exterior, interior, abasto” y la minera. En Alemania, responde por las áreas de economía, tecnología, energía, comercio internacional y turismo; en economía se incluyen los temas de competencia, política de pymes, política industrial, industria de servicios y política vocacional.
Conclusión: en los países que valdría la pena tener como modelo, no existe un ministerio especializado en manufactura; por el contrario, abarca una mayor amplitud de áreas que en Colombia.
Solucionar una coyuntura de caída temporal de la producción industrial creando un ministerio de manufacturas, lejos de solucionar los problemas los complicaría; para empezar, serían necesarios esfuerzos adicionales de coordinación, por ejemplo, con el Ministerio del Comercio Exterior. Y el desarrollo seguiría siendo una utopía para Colombia.
La carencia de una política industrial como punto de partida anula cualquier posibilidad de debate sobre el tema. Cosa distinta es discrepar sobre el enfoque, algunos instrumentos, o la forma de implementación.
La Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana, pionera de esa visión, contrató un estudio con José Antonio Ocampo y Astrid Martínez que, curiosamente, en una de sus conclusiones demostró lo contrario de lo que venía formulando esta agrupación:
“En todo caso, en los últimos veinte años se han adoptado políticas de desarrollo productivo que combinan instrumentos verticales y horizontales y que acogen las iniciativas público-privadas para identificar actividades con potencial exportador. El andamiaje institucional se ha perfeccionado y se han superado parcialmente algunas dificultades como la carencia de indicadores y seguimiento. De hecho, en el contexto latinoamericano, Colombia es uno de los países que ha avanzado más en construir dicho andamiaje”.
Conclusión: la afirmación sobre inexistencia de política industrial no tiene fundamento.
La presunta desindustrialización es un debate anacrónico, pues la pérdida de participación de la industria en el PIB viene desde 1973. Para más señas, la caída empezó en plena aplicación del modelo sustitutivo de importaciones o de “industrialización dirigida por el Estado”, como optan por denominarlo Bértola y Ocampo (2013).
Cabe recordar que después de 35 años de políticas de “industrialización dirigida por el Estado” (1945-1980) la industria colombiana no logró una participación en el PIB como la que alcanzó Brasil (35% en 1982) o Corea (31% en 1988). Si supuestamente estábamos aplicando las mismas recetas ¿por qué no obtuvimos resultados similares? ¿Y por qué con ese recetario empezó a caer la participación de la industria colombiana antes que en esos otros países? Estas preguntas deberían ser resueltas por los teóricos de la prematura declinación de la industria.
El reciente estudio de Esteban Carranza y Stefany Moreno (2013), del Banco de la República, demuestra que la desintegración vertical es un elemento importante para comprender este asunto; además, ayuda a entender lo que está ocurriendo en el mundo.
Conclusión: las visiones sobre desindustrialización en Colombia adolecen de miopía.
La reducción de costos de transacción, incluyendo la gradual eliminación de barreras al comercio, está generando una creciente fragmentación de los procesos de producción y fortaleciendo las cadenas globales de valor (CGV) como forma óptima de organización de los procesos productivos.
Un efecto notable de estas CGV es la desintegración vertical. “El aumento de la integración de los mercados mundiales ha llevado a la desintegración de los procesos de producción, de forma que la manufactura o los servicios realizados en el extranjero se combinan con procesos locales. Ahora las empresas encuentran rentable la tercerización de parte creciente de su proceso productivo, tanto en el país como en el exterior” (R.Feenstra (1998) “Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy”).
Las CGV y la desintegración vertical generaron espacios para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y servicios. “Los bienes y servicios ahora se entrelazan totalmente y son inseparables en su producción” (Sheila Stephenson (2012) “Global Value Chains: The New Reality of International Trade”).
A partir de estos elementos, los círculos académicos y los hacedores de política económica de otras economías discuten los retos y los cambios que deben ocurrir en las políticas comercial e industrial para que las empresas se beneficien de la nueva organización mundial de la producción. Poco y nada se ventilan esos temas por estas latitudes.
Conclusión: un ministerio exclusivo para la industria quedaría cojo e impediría una eficiente vinculación de las empresas a las CGV.
Por último, cabe preguntarse qué hace en otros países su ministerio del tema industrial. En Brasil tiene a su cargo la política industrial, la comercial y la de innovación y tecnología. En México, formula y aplica las políticas de “industria, comercio exterior, interior, abasto” y la minera. En Alemania, responde por las áreas de economía, tecnología, energía, comercio internacional y turismo; en economía se incluyen los temas de competencia, política de pymes, política industrial, industria de servicios y política vocacional.
Conclusión: en los países que valdría la pena tener como modelo, no existe un ministerio especializado en manufactura; por el contrario, abarca una mayor amplitud de áreas que en Colombia.
Solucionar una coyuntura de caída temporal de la producción industrial creando un ministerio de manufacturas, lejos de solucionar los problemas los complicaría; para empezar, serían necesarios esfuerzos adicionales de coordinación, por ejemplo, con el Ministerio del Comercio Exterior. Y el desarrollo seguiría siendo una utopía para Colombia.
Ocampo y la industria
viernes, 5 de julio de 2013
Publicado en Portafolio el 5 de julio de 2013
Sin duda, José Antonio Ocampo es uno de los economistas más sobresalientes del país, como lo resaltó una encuesta reciente de un periódico nacional y lo evidencia su brillante trayectoria profesional. Con esos antecedentes, sus opiniones en escritos, conferencias y entrevistas suelen tener eco en el país y en América Latina, dependiendo de su temática.
Sus más recientes intervenciones no han dejado de sorprender, especialmente por su visión pesimista sobre el país y por la descalificación que hace del manejo de la política económica.
Si bien es cierto que la política económica por su propia naturaleza nunca deja contentos a todos, las divergencias también surgen de las diversas vertientes de pensamiento económico en su concepción; además aparecen cuando el analista cree que su punto de vista es más razonable y más inteligente que el del gobierno; éste último es el síndrome del director técnico de fútbol que todos llevamos dentro.
Sea cual sea su origen, lo cierto es que las afirmaciones de Ocampo en la entrevista dejan clara su discrepancia prácticamente con toda la política económica. En el contexto señalado es “normal” que así sea. Sin embargo, hay algunos aspectos que son muy discutibles y la limitación de espacio solo permite hacer referencia a unos pocos.
El entrevistador sintetizó una de las ideas de Ocampo en los siguientes términos: “Ya van tres trimestres de caídas en el crecimiento de la producción industrial, una recesión indiscutible y el peor episodio de 30 años de desindustrialización”.
Sorprendente que Ocampo, que es un distinguido experto en historia económica de Colombia, caiga en una afirmación tan alegre. Sin pretender hacer un ranking de los peores momentos de la industria, cabe recordar que desde el cuarto trimestre de 1980 y hasta el cuarto trimestre de 1982, la dinámica industrial fue negativa: fueron 9 trimestres continuos registrando caídas anuales. Además, en el primer trimestre de 1983 la industria apenas creció 0.2% anual y luego volvió a caer en los dos trimestres siguientes. Y esto ocurrió con el modelo de economía cerrada que tanto añoran algunos analistas del país y no con el actual, que califican de neoliberal, en el que los TLC supuestamente están acabando con la industria nacional.
También habría que mirar las cifras de la crisis de 1998-1999 y las de la crisis mundial de 2008-2009: 6 y 5 trimestres de caídas consecutivas, respectivamente.
Para comparar la magnitud de estos episodios, resulta útil el cambio del peso relativo de la industria en el PIB, medido como la diferencia entre el indicador en el último trimestre de caída y el anterior al comienzo. Esto indica que el primero repercutió en una pérdida de participación de la industria de 2.2 puntos porcentuales, el segundo en 0.9 puntos y el tercero en 1.4 puntos; por contraste en el más reciente la reducción fue de 0.8 puntos.
Adicionalmente, un análisis de la industria colombiana en el periodo reciente queda cojo si no se mira qué está pasando en el mundo. En lo corrido del presente año, el 62% de los 33 países a los que hace seguimiento el MinCIT en sus informes mensuales de industria (disponibles en la web), registró tasas negativas de crecimiento entre enero y marzo; en abril bajó al 40%. Un comportamiento similar se observó en 2012, cuando países como Brasil tuvieron variaciones negativas todos los meses del año. Independientemente del enfoque de la política industrial implementada esto evidencia que el entorno internacional frenó la industria y en varios países ocasionó recesión.
En ese contexto, lo más probable es que las políticas industriales ayudaron a amortiguar los impactos negativos. Aun así, algunos seguirán insistiendo en que es una prueba de los errores de la política o de su ausencia.
Para finalizar, una breve anotación a una afirmación de Ocampo sobre la revaluación del peso, que “ahora se ha corregido porque la Reserva Federal nos ha ayudado un poquito… Ya que el gobierno y el Banco de la República habían hecho tan poco por corregir la revaluación, le agradezco a la FED que esté haciendo el trabajo por nosotros”. Esta frase es una muestra de su buen humor. Ahora le tenemos que dar gracias a la FED por generar la volatilidad de los mercados financieros del mundo, incluyendo las tasas de cambio que se empezaron a depreciar, por anunciar la intención de frenar el chorro de emisión monetaria a que sometieron al mundo en los años recientes; pero, al tiempo, hay que echarle la culpa al gobierno colombiano y a su autoridad monetaria por no controlar la apreciación del tipo de cambio, que en buena medida es consecuencia directa de esa política monetaria flexible de la FED.
Sin duda, José Antonio Ocampo es uno de los economistas más sobresalientes del país, como lo resaltó una encuesta reciente de un periódico nacional y lo evidencia su brillante trayectoria profesional. Con esos antecedentes, sus opiniones en escritos, conferencias y entrevistas suelen tener eco en el país y en América Latina, dependiendo de su temática.
Sus más recientes intervenciones no han dejado de sorprender, especialmente por su visión pesimista sobre el país y por la descalificación que hace del manejo de la política económica.
Si bien es cierto que la política económica por su propia naturaleza nunca deja contentos a todos, las divergencias también surgen de las diversas vertientes de pensamiento económico en su concepción; además aparecen cuando el analista cree que su punto de vista es más razonable y más inteligente que el del gobierno; éste último es el síndrome del director técnico de fútbol que todos llevamos dentro.
Sea cual sea su origen, lo cierto es que las afirmaciones de Ocampo en la entrevista dejan clara su discrepancia prácticamente con toda la política económica. En el contexto señalado es “normal” que así sea. Sin embargo, hay algunos aspectos que son muy discutibles y la limitación de espacio solo permite hacer referencia a unos pocos.
El entrevistador sintetizó una de las ideas de Ocampo en los siguientes términos: “Ya van tres trimestres de caídas en el crecimiento de la producción industrial, una recesión indiscutible y el peor episodio de 30 años de desindustrialización”.
Sorprendente que Ocampo, que es un distinguido experto en historia económica de Colombia, caiga en una afirmación tan alegre. Sin pretender hacer un ranking de los peores momentos de la industria, cabe recordar que desde el cuarto trimestre de 1980 y hasta el cuarto trimestre de 1982, la dinámica industrial fue negativa: fueron 9 trimestres continuos registrando caídas anuales. Además, en el primer trimestre de 1983 la industria apenas creció 0.2% anual y luego volvió a caer en los dos trimestres siguientes. Y esto ocurrió con el modelo de economía cerrada que tanto añoran algunos analistas del país y no con el actual, que califican de neoliberal, en el que los TLC supuestamente están acabando con la industria nacional.
También habría que mirar las cifras de la crisis de 1998-1999 y las de la crisis mundial de 2008-2009: 6 y 5 trimestres de caídas consecutivas, respectivamente.
Para comparar la magnitud de estos episodios, resulta útil el cambio del peso relativo de la industria en el PIB, medido como la diferencia entre el indicador en el último trimestre de caída y el anterior al comienzo. Esto indica que el primero repercutió en una pérdida de participación de la industria de 2.2 puntos porcentuales, el segundo en 0.9 puntos y el tercero en 1.4 puntos; por contraste en el más reciente la reducción fue de 0.8 puntos.
Adicionalmente, un análisis de la industria colombiana en el periodo reciente queda cojo si no se mira qué está pasando en el mundo. En lo corrido del presente año, el 62% de los 33 países a los que hace seguimiento el MinCIT en sus informes mensuales de industria (disponibles en la web), registró tasas negativas de crecimiento entre enero y marzo; en abril bajó al 40%. Un comportamiento similar se observó en 2012, cuando países como Brasil tuvieron variaciones negativas todos los meses del año. Independientemente del enfoque de la política industrial implementada esto evidencia que el entorno internacional frenó la industria y en varios países ocasionó recesión.
En ese contexto, lo más probable es que las políticas industriales ayudaron a amortiguar los impactos negativos. Aun así, algunos seguirán insistiendo en que es una prueba de los errores de la política o de su ausencia.
Para finalizar, una breve anotación a una afirmación de Ocampo sobre la revaluación del peso, que “ahora se ha corregido porque la Reserva Federal nos ha ayudado un poquito… Ya que el gobierno y el Banco de la República habían hecho tan poco por corregir la revaluación, le agradezco a la FED que esté haciendo el trabajo por nosotros”. Esta frase es una muestra de su buen humor. Ahora le tenemos que dar gracias a la FED por generar la volatilidad de los mercados financieros del mundo, incluyendo las tasas de cambio que se empezaron a depreciar, por anunciar la intención de frenar el chorro de emisión monetaria a que sometieron al mundo en los años recientes; pero, al tiempo, hay que echarle la culpa al gobierno colombiano y a su autoridad monetaria por no controlar la apreciación del tipo de cambio, que en buena medida es consecuencia directa de esa política monetaria flexible de la FED.
La política industrial
viernes, 16 de noviembre de 2012
Publicado en Ámbito Jurídico Año XV – No. 358; 12 al 25 de noviembre de 2012
La política industrial y la presunta desindustrialización siguen en el centro del debate. Las opiniones, propuestas y deseos abarcan un amplio espectro de posibilidades; en parte esto es “normal” en el campo de la economía, dado que no hay verdades reveladas ni concepciones únicas sobre muchos de los temas de estudio.
El problema tiene como punto de partida la definición misma de la política industrial. Para algunos autores, es cualquier intervención del gobierno que genera condiciones diferentes a las del mercado a un sector productivo. Otros elaboran más los argumentos y consideran que ella debe contar con elementos transversales –que impactan todas las actividades productivas (infraestructura, capital humano, etc.)– y elementos verticales ¬–que afectan sectores específicos–. Algunos proponen una “nueva” política industrial basada en acciones de tipo vertical. Incluso, en visiones como la recientemente planteada por Cepal, solo se considera política industrial la orientada al desarrollo de sectores intensivos en conocimientos.
Adicionalmente, la competitividad se puede entender como una forma específica de la política industrial. Es el caso de la UE, que en múltiples publicaciones la resalta como eje de su política industrial; por ejemplo, en 1994 expidieron el documento “An Industrial Competitiveness Policy for the European Union”.
Para complicar más el tema, la política se nombra de diversas formas. Además del escueto nombre de política industrial, se usan los de política de competitividad, desarrollo empresarial, desarrollo productivo, transformación productiva, innovación, etcétera.
Por último, las opiniones divergen con relación a si la política industrial se diseña solo para las empresas del sector industrial, o si se incluyen los servicios o en general todas las empresas, independientemente de su sector productivo.
Con todos estos elementos, es claro que el debate sobre la política industrial en gran medida radica en la diversidad de criterios, conceptos y formas de aproximación al tema. A algunos les convence lo que se está haciendo y a otros no les gusta nada; o consideran que habría que “modernizar” ciertos componentes; o elevar la jerarquía de esta política.
Lo que no es razonable es sostener a rajatabla que en Colombia no hay política industrial. Incluso la Coalición para la Industria Colombiana, que tuvo como punto de partida esa posición, ha reconocido públicamente que no es así.
Astrid Martínez y José Antonio Ocampo, en el libro “Hacia una nueva política industrial de nueva generación para Colombia”, basado en una investigación realizada para la Coalición, afirman: “En todo caso, en los últimos veinte años se han adoptado políticas de desarrollo productivo que combinan instrumentos verticales y horizontales y que acogen las iniciativas público-privadas para identificar actividades con potencial exportador. El andamiaje institucional se ha perfeccionado y se han superado parcialmente algunas dificultades como la carencia de indicadores y seguimiento. De hecho, en el contexto latinoamericano, Colombia es uno de los países que ha avanzado más en construir dicho andamiaje”.
Tampoco es razonable armar debates sobre una presunta “acelerada” desindustrialización de Colombia. Y no lo es, porque en el presente siglo no ha ocurrido ese fenómeno, a no ser que se califique como tal la pérdida de un punto de participación en el PIB entre 2000 y 2011, en una economía que sufrió los impactos de la recesión de Estados Unidos de 2001, la crisis mundial de 2008-2009 y el cierre del mercado venezolano para los productos colombianos. Además, el comportamiento de las exportaciones industriales y la participación de la industria en el empleo tampoco avalan esta presunción.
En el mejor de los casos el debate sería una reacción demasiado tardía a lo que ocurrió en las tres últimas décadas del siglo pasado. O tendría sentido si la discusión se plantea sobre el riesgo de reprimarización de Colombia, y en general de las economías en desarrollo, debido a las presiones de demanda de alimentos, energía y agua en las próximas décadas.
Lo peor de las discusiones sobre desindustrialización es que varios analistas replican los argumentos de otros sin la más mínima crítica de la información. Es injustificable, por ejemplo, leer críticos repitiendo que la pérdida de participación de la industria en el PIB se debe a que la minería aumentó su participación del 3% al 8% en la última década, cuando en realidad pasó del 7.9% en 2000 a 7.7% en 2011.
Es necesario un llamado para que todos los interesados en el debate tomen como referencia la sentencia de Dani Rodrik: “la forma correcta de pensar la política industrial es verla como un proceso de descubrimiento –un proceso en el que las empresas y el gobierno aprenden sobre los costos y oportunidades subyacentes, en un marco de coordinación estratégica”. Como complemento hay que dejar de lado el fatalismo, ser propositivos y usar cifras ciertas.
La política industrial y la presunta desindustrialización siguen en el centro del debate. Las opiniones, propuestas y deseos abarcan un amplio espectro de posibilidades; en parte esto es “normal” en el campo de la economía, dado que no hay verdades reveladas ni concepciones únicas sobre muchos de los temas de estudio.
El problema tiene como punto de partida la definición misma de la política industrial. Para algunos autores, es cualquier intervención del gobierno que genera condiciones diferentes a las del mercado a un sector productivo. Otros elaboran más los argumentos y consideran que ella debe contar con elementos transversales –que impactan todas las actividades productivas (infraestructura, capital humano, etc.)– y elementos verticales ¬–que afectan sectores específicos–. Algunos proponen una “nueva” política industrial basada en acciones de tipo vertical. Incluso, en visiones como la recientemente planteada por Cepal, solo se considera política industrial la orientada al desarrollo de sectores intensivos en conocimientos.
Adicionalmente, la competitividad se puede entender como una forma específica de la política industrial. Es el caso de la UE, que en múltiples publicaciones la resalta como eje de su política industrial; por ejemplo, en 1994 expidieron el documento “An Industrial Competitiveness Policy for the European Union”.
Para complicar más el tema, la política se nombra de diversas formas. Además del escueto nombre de política industrial, se usan los de política de competitividad, desarrollo empresarial, desarrollo productivo, transformación productiva, innovación, etcétera.
Por último, las opiniones divergen con relación a si la política industrial se diseña solo para las empresas del sector industrial, o si se incluyen los servicios o en general todas las empresas, independientemente de su sector productivo.
Con todos estos elementos, es claro que el debate sobre la política industrial en gran medida radica en la diversidad de criterios, conceptos y formas de aproximación al tema. A algunos les convence lo que se está haciendo y a otros no les gusta nada; o consideran que habría que “modernizar” ciertos componentes; o elevar la jerarquía de esta política.
Lo que no es razonable es sostener a rajatabla que en Colombia no hay política industrial. Incluso la Coalición para la Industria Colombiana, que tuvo como punto de partida esa posición, ha reconocido públicamente que no es así.
Astrid Martínez y José Antonio Ocampo, en el libro “Hacia una nueva política industrial de nueva generación para Colombia”, basado en una investigación realizada para la Coalición, afirman: “En todo caso, en los últimos veinte años se han adoptado políticas de desarrollo productivo que combinan instrumentos verticales y horizontales y que acogen las iniciativas público-privadas para identificar actividades con potencial exportador. El andamiaje institucional se ha perfeccionado y se han superado parcialmente algunas dificultades como la carencia de indicadores y seguimiento. De hecho, en el contexto latinoamericano, Colombia es uno de los países que ha avanzado más en construir dicho andamiaje”.
Tampoco es razonable armar debates sobre una presunta “acelerada” desindustrialización de Colombia. Y no lo es, porque en el presente siglo no ha ocurrido ese fenómeno, a no ser que se califique como tal la pérdida de un punto de participación en el PIB entre 2000 y 2011, en una economía que sufrió los impactos de la recesión de Estados Unidos de 2001, la crisis mundial de 2008-2009 y el cierre del mercado venezolano para los productos colombianos. Además, el comportamiento de las exportaciones industriales y la participación de la industria en el empleo tampoco avalan esta presunción.
En el mejor de los casos el debate sería una reacción demasiado tardía a lo que ocurrió en las tres últimas décadas del siglo pasado. O tendría sentido si la discusión se plantea sobre el riesgo de reprimarización de Colombia, y en general de las economías en desarrollo, debido a las presiones de demanda de alimentos, energía y agua en las próximas décadas.
Lo peor de las discusiones sobre desindustrialización es que varios analistas replican los argumentos de otros sin la más mínima crítica de la información. Es injustificable, por ejemplo, leer críticos repitiendo que la pérdida de participación de la industria en el PIB se debe a que la minería aumentó su participación del 3% al 8% en la última década, cuando en realidad pasó del 7.9% en 2000 a 7.7% en 2011.
Es necesario un llamado para que todos los interesados en el debate tomen como referencia la sentencia de Dani Rodrik: “la forma correcta de pensar la política industrial es verla como un proceso de descubrimiento –un proceso en el que las empresas y el gobierno aprenden sobre los costos y oportunidades subyacentes, en un marco de coordinación estratégica”. Como complemento hay que dejar de lado el fatalismo, ser propositivos y usar cifras ciertas.
¡A cambiar de país!
lunes, 15 de octubre de 2012
Publicado en Portafolio el viernes 12 de octubre de 2012
Debo aclarar que no hablo de Colombia… ¡Me refiero a Brasil!
Diversos analistas vienen insistiendo en que hay que mirar a Brasil no solo por su vistoso fútbol; que la política industrial de Brasil debe ser el modelo para Colombia; que Brasil no se ha desindustrializado mientras que Colombia lo está haciendo aceleradamente; que Brasil rompió su dependencia de exportaciones de productos primarios y, en cambio, nosotros dependemos cada vez más de ellos; que Brasil es una economía más desarrollada que Colombia porque su política macroeconómica es mejor; etcétera.
No hay duda; es un país con muchos atributos: es el más extenso de América Latina; la economía de mayor tamaño en la región, al menos mientras no se cumplan las proyecciones del Nomura Equity Research en las que México la desplaza; y fabrica aviones, y nosotros no; y es el líder mundial en la producción de biocombustibles, y nosotros no; y es un gran exportador de pollo, y nosotros no; además, es un país BRIC, aun cuando ya algunos analistas, incluido el propio Jim O’Neill autor del famoso acrónimo, ven su posible exclusión por el pobre desempeño económico de los años recientes (Wall Street Journal “La desaceleración pone en duda el modelo de crecimiento brasileño”).
Con todo esto, no hay más opción; hay que mirar y analizar a Brasil con más detalle… ¡Y qué sorpresas las que se encuentran!
¡Que Brasil tiene riesgos de enfermedad holandesa! ¿Y por qué? ¿No dizque era un país que había diversificado sus exportaciones? Bueno, pues eso lo afirma nada más y nada menos que el renombrado Jim O’niell: "Brasil enfrenta dos desafíos. Uno es reducir su vulnerabilidad a la “enfermedad holandesa”, esto es, ser menos dependiente de la persistente mejora en sus términos de intercambio ocasionada por el aumento de los precios de los commodities… Segundo, necesita deshacerse de la apreciación de su moneda o se volverá más y más dependiente de los commodities”.
Ese diagnóstico, lejos de resultar concordante con las apreciaciones sobre la gran diversificación, es consistente con la percepción del Wall Street Journal: “En los últimos años, Brasil diseñó un salto a la prosperidad basado en un crecimiento acelerado alimentado por sus inmensos recursos naturales”.
Quizás pudieran ser cosas del azar, pues, según el World Economic Forum, Brasil es una economía más competitiva que Colombia. De todos modos es bueno explorar más.
En el libro del BID “La era de la productividad” se incluye un cálculo de la productividad total de los factores con relación a la de Estados Unidos. Pues la de Brasil y la de Colombia son similares (gráfico 2.7). Y en el cálculo de la productividad laboral relativa por sectores, Brasil nos supera en la del sector agropecuario, pero Colombia registra un nivel mayor en industria y en servicios, tanto en 1973 como en 2004 (gráfico 3.5); no obstante, el crecimiento de la productividad total de los factores en el sector de agricultura en 1961-2007 es superior en Colombia que en Brasil (gráfico C recuadro 3.2).
Ya entrados en gastos, por qué no explorar otros indicadores macroeconómicos y sectoriales.
Por ejemplo, el análisis del PIB en dólares constantes de 2000 durante los últimos 50 años muestra que la tasa media de crecimiento anual de Brasil fue superior a la de Colombia en las dos primeras décadas, pero inferior en las tres siguientes. Es más, también la dinámica del PIB colombiano a precios de paridad en dólares internacionales constantes en las últimas tres décadas (que es el periodo disponible en las series del Banco Mundial), es superior al brasileño.
A nivel sectorial, en el valor agregado industrial (que incluye minas, manufacturas, construcción, electricidad, gas y agua) hay información de las últimas cuatro décadas y aquí ha sido intercalado el resultado. Brasil creció más en las décadas de los años setenta y noventa, pero Colombia fue mejor en las de los ochenta y la primera de este siglo. Igual comportamiento se registra en el sector manufacturero, del cual solo hay datos del Banco Mundial para las dos últimas décadas.
¿Qué podemos concluir? Pues básicamente que en las décadas recientes ha sido mejor el desempeño de Colombia que el de Brasil. Las diferencias en el nivel de desarrollo parecen haberse gestado en las décadas de los sesenta y setenta (quizás antes), cuando algunos sectores lograron su desarrollo (aeronáutica y avicultura, por ejemplo). Pero en las siguientes décadas la brecha se ha reducido.
Por lo tanto, lo que nos están vendiendo es un Brasil modelo 60 o 70 del siglo pasado y no uno del siglo XXI. Sin embargo, ese fue el que aplicó Colombia por décadas; lo que deberían preguntarse los vendedores es por qué allá funcionó y aquí no… y buscarse otro país como ejemplo de éxito reciente.
Debo aclarar que no hablo de Colombia… ¡Me refiero a Brasil!
Diversos analistas vienen insistiendo en que hay que mirar a Brasil no solo por su vistoso fútbol; que la política industrial de Brasil debe ser el modelo para Colombia; que Brasil no se ha desindustrializado mientras que Colombia lo está haciendo aceleradamente; que Brasil rompió su dependencia de exportaciones de productos primarios y, en cambio, nosotros dependemos cada vez más de ellos; que Brasil es una economía más desarrollada que Colombia porque su política macroeconómica es mejor; etcétera.
No hay duda; es un país con muchos atributos: es el más extenso de América Latina; la economía de mayor tamaño en la región, al menos mientras no se cumplan las proyecciones del Nomura Equity Research en las que México la desplaza; y fabrica aviones, y nosotros no; y es el líder mundial en la producción de biocombustibles, y nosotros no; y es un gran exportador de pollo, y nosotros no; además, es un país BRIC, aun cuando ya algunos analistas, incluido el propio Jim O’Neill autor del famoso acrónimo, ven su posible exclusión por el pobre desempeño económico de los años recientes (Wall Street Journal “La desaceleración pone en duda el modelo de crecimiento brasileño”).
Con todo esto, no hay más opción; hay que mirar y analizar a Brasil con más detalle… ¡Y qué sorpresas las que se encuentran!
¡Que Brasil tiene riesgos de enfermedad holandesa! ¿Y por qué? ¿No dizque era un país que había diversificado sus exportaciones? Bueno, pues eso lo afirma nada más y nada menos que el renombrado Jim O’niell: "Brasil enfrenta dos desafíos. Uno es reducir su vulnerabilidad a la “enfermedad holandesa”, esto es, ser menos dependiente de la persistente mejora en sus términos de intercambio ocasionada por el aumento de los precios de los commodities… Segundo, necesita deshacerse de la apreciación de su moneda o se volverá más y más dependiente de los commodities”.
Ese diagnóstico, lejos de resultar concordante con las apreciaciones sobre la gran diversificación, es consistente con la percepción del Wall Street Journal: “En los últimos años, Brasil diseñó un salto a la prosperidad basado en un crecimiento acelerado alimentado por sus inmensos recursos naturales”.
Quizás pudieran ser cosas del azar, pues, según el World Economic Forum, Brasil es una economía más competitiva que Colombia. De todos modos es bueno explorar más.
En el libro del BID “La era de la productividad” se incluye un cálculo de la productividad total de los factores con relación a la de Estados Unidos. Pues la de Brasil y la de Colombia son similares (gráfico 2.7). Y en el cálculo de la productividad laboral relativa por sectores, Brasil nos supera en la del sector agropecuario, pero Colombia registra un nivel mayor en industria y en servicios, tanto en 1973 como en 2004 (gráfico 3.5); no obstante, el crecimiento de la productividad total de los factores en el sector de agricultura en 1961-2007 es superior en Colombia que en Brasil (gráfico C recuadro 3.2).
Ya entrados en gastos, por qué no explorar otros indicadores macroeconómicos y sectoriales.
Por ejemplo, el análisis del PIB en dólares constantes de 2000 durante los últimos 50 años muestra que la tasa media de crecimiento anual de Brasil fue superior a la de Colombia en las dos primeras décadas, pero inferior en las tres siguientes. Es más, también la dinámica del PIB colombiano a precios de paridad en dólares internacionales constantes en las últimas tres décadas (que es el periodo disponible en las series del Banco Mundial), es superior al brasileño.
A nivel sectorial, en el valor agregado industrial (que incluye minas, manufacturas, construcción, electricidad, gas y agua) hay información de las últimas cuatro décadas y aquí ha sido intercalado el resultado. Brasil creció más en las décadas de los años setenta y noventa, pero Colombia fue mejor en las de los ochenta y la primera de este siglo. Igual comportamiento se registra en el sector manufacturero, del cual solo hay datos del Banco Mundial para las dos últimas décadas.
¿Qué podemos concluir? Pues básicamente que en las décadas recientes ha sido mejor el desempeño de Colombia que el de Brasil. Las diferencias en el nivel de desarrollo parecen haberse gestado en las décadas de los sesenta y setenta (quizás antes), cuando algunos sectores lograron su desarrollo (aeronáutica y avicultura, por ejemplo). Pero en las siguientes décadas la brecha se ha reducido.
Por lo tanto, lo que nos están vendiendo es un Brasil modelo 60 o 70 del siglo pasado y no uno del siglo XXI. Sin embargo, ese fue el que aplicó Colombia por décadas; lo que deberían preguntarse los vendedores es por qué allá funcionó y aquí no… y buscarse otro país como ejemplo de éxito reciente.
Nueva política industrial
Publicado en la Revista Misión Pyme No. 56, septiembre de 2012
La Cepal, propone una nueva política industrial para América Latina en el documento “Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo”.
Este es un tema que podríamos denominar pendular o cíclico. Durante algunas décadas la política industrial se entendió como la protección estatal para el desarrollo de grandes empresas (“campeones nacionales”); se suponía que ellas, eran las únicas que podían generar economías de escala e impulsar el crecimiento económico. Con diversos matices, esta política se implementó en economías desarrolladas, en desarrollo y en las comunistas.
Con el auge de las políticas de libre mercado, el concepto de política industrial prácticamente desapareció de los debates sobre desarrollo económico, y prosperó la idea de que “la mejor política industrial es no tener política industrial”. Se postuló que los mercados aseguraban la más eficiente asignación de los recursos, mientras que la intervención estatal causaba distorsiones.
A comienzos de los noventa, volvió a aparecer con nuevo ropaje en algunas regiones del mundo. Los grandes avances en comunicaciones, computación e internet, mostraron la importancia de las industrias intensivas en conocimientos. Su desarrollo se fundamentó en empresas innovadoras de tamaño pequeño y mediano, más flexibles que los “campeones nacionales” y generadoras de empleos.
Como consecuencia, las economías desarrolladas, al menos las de Europa, comenzaron a aplicar políticas que llamaron de desarrollo empresarial y, posteriormente políticas de competitividad. A partir de entonces, las políticas se enfocaron en los apoyos a las pyme, con el fin de ayudarlas a superar las fallas de mercado que limitaban su desarrollo. Este es un enfoque diferente al de la política de “campeones”, pues, con el retorno de las políticas de mercado libre, perdieron relevancia los subsidios y muchas de las herramientas típicas del proteccionismo.
En apariencia, no todas las economías desarrolladas hacían abiertamente este tipo de políticas, pues en público las seguían considerando distorsionantes. Pero con la reciente crisis mundial, volvió a salir a la superficie el concepto de política industrial. Justin Lin, ex-economista jefe del Banco Mundial, afirmó: “Uno de los secretos económicos mejor guardados se reconfirmó en 2010: la mayoría de los países, intencionalmente o no, implementa alguna forma de política industrial”.
Hoy en día, tanto los académicos como los hacedores de la política industrial coinciden en que ella tiene dos grandes componentes: uno transversal y uno vertical. El primero abarca todas las herramientas de carácter general que aplican a todos los sectores (capital humano, infraestructura, tarifas de servicios públicos). El segundo las herramientas sectoriales (como los incentivos al desarrollo de los biocombustibles).
La novedad que introduce la CEPAL consiste en que denomina política industrial exclusivamente a la que se enfoca en el desarrollo de sectores nuevos intensivos en conocimientos y ellos son un fundamento del cambio estructural. Todo lo demás, incluidas las políticas para sectores ya existentes, es englobado bajo el concepto de políticas de competitividad.
Es una propuesta interesante, que pone la política industrial en la primera fila de las políticas económicas y debe ir integrada con la política macroeconómica y la política social. Sin duda, será un tema de amplia discusión en Colombia.
La Cepal, propone una nueva política industrial para América Latina en el documento “Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo”.
Este es un tema que podríamos denominar pendular o cíclico. Durante algunas décadas la política industrial se entendió como la protección estatal para el desarrollo de grandes empresas (“campeones nacionales”); se suponía que ellas, eran las únicas que podían generar economías de escala e impulsar el crecimiento económico. Con diversos matices, esta política se implementó en economías desarrolladas, en desarrollo y en las comunistas.
Con el auge de las políticas de libre mercado, el concepto de política industrial prácticamente desapareció de los debates sobre desarrollo económico, y prosperó la idea de que “la mejor política industrial es no tener política industrial”. Se postuló que los mercados aseguraban la más eficiente asignación de los recursos, mientras que la intervención estatal causaba distorsiones.
A comienzos de los noventa, volvió a aparecer con nuevo ropaje en algunas regiones del mundo. Los grandes avances en comunicaciones, computación e internet, mostraron la importancia de las industrias intensivas en conocimientos. Su desarrollo se fundamentó en empresas innovadoras de tamaño pequeño y mediano, más flexibles que los “campeones nacionales” y generadoras de empleos.
Como consecuencia, las economías desarrolladas, al menos las de Europa, comenzaron a aplicar políticas que llamaron de desarrollo empresarial y, posteriormente políticas de competitividad. A partir de entonces, las políticas se enfocaron en los apoyos a las pyme, con el fin de ayudarlas a superar las fallas de mercado que limitaban su desarrollo. Este es un enfoque diferente al de la política de “campeones”, pues, con el retorno de las políticas de mercado libre, perdieron relevancia los subsidios y muchas de las herramientas típicas del proteccionismo.
En apariencia, no todas las economías desarrolladas hacían abiertamente este tipo de políticas, pues en público las seguían considerando distorsionantes. Pero con la reciente crisis mundial, volvió a salir a la superficie el concepto de política industrial. Justin Lin, ex-economista jefe del Banco Mundial, afirmó: “Uno de los secretos económicos mejor guardados se reconfirmó en 2010: la mayoría de los países, intencionalmente o no, implementa alguna forma de política industrial”.
Hoy en día, tanto los académicos como los hacedores de la política industrial coinciden en que ella tiene dos grandes componentes: uno transversal y uno vertical. El primero abarca todas las herramientas de carácter general que aplican a todos los sectores (capital humano, infraestructura, tarifas de servicios públicos). El segundo las herramientas sectoriales (como los incentivos al desarrollo de los biocombustibles).
La novedad que introduce la CEPAL consiste en que denomina política industrial exclusivamente a la que se enfoca en el desarrollo de sectores nuevos intensivos en conocimientos y ellos son un fundamento del cambio estructural. Todo lo demás, incluidas las políticas para sectores ya existentes, es englobado bajo el concepto de políticas de competitividad.
Es una propuesta interesante, que pone la política industrial en la primera fila de las políticas económicas y debe ir integrada con la política macroeconómica y la política social. Sin duda, será un tema de amplia discusión en Colombia.
Sobre la desindustrialización
Pubicado en Portafolio el jueves 20 de septiembre de 2012
El Informe Semanal de Anif indica que Colombia se sigue desindustrializando. Afirma que la “relación Valor Agregado Industrial/PIB ha venido descendiendo de niveles del 24% hace tres décadas a uno del 15% hace una década y actualmente se perfila hacia tan sólo un 9%-12% en dicha relación en el período 2012-2020”. Además, señala que la participación de la industria en el empleo también ha caído desde 25% al 13%.
En parte la desindustrialización es atribuida a la bonanza minero-energética que Colombia ha vivido “durante el periodo 2003-2012”, lo que “explica que la participación del sector minero-energético dentro del PIB se haya incrementado del 3% a cerca del 8% durante la última década, teniendo como contrapartida el descenso en la participación agroindustrial antes señalada”.
Al respecto, cabe hacer varios comentarios. El primero se relaciona con la medición del PIB. Tal como Anif presenta la información, se colige que la industria ha perdido entre 12 y 15 puntos porcentuales de participación. Pero es ampliamente conocido que los cambios de base en la contabilidad nacional y las mejoras en las fuentes de información ocasionan variaciones en las participaciones de los sectores.
Este es un debate que ya se ha dado en el país con la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana. Astrid Martínez y José Antonio Ocampo en el libro “Hacia una política industrial de nueva generación en Colombia”, elaborado para la Coalición, realizaron un ejercicio de unificación de las series. Sus resultados indican que la participación máxima de la industria fue de 18.54% en 1974 y la menor de 12.52% en 1999; de esta forma, la pérdida de participación sería de seis puntos porcentuales, es decir, la mitad o menos de lo que sugiere Anif.
Este es un aporte importante para los debates sobre desindustrialización en Colombia, pues por primera vez se trata de descontar el efecto de los cambios metodológicos. Lo que queda pendiente es saber, de esos seis puntos, cuánto corresponde a las tendencias normales del desarrollo y cuánto es atribuible a fenómenos como los sugeridos por Anif.
El segundo comentario se relaciona con la minería. La serie desestacionalizada del PIB a precios constantes de 2005, muestra que este sector aportó el 7.9% del PIB en el año 2000; 6.7% en 2003 y 7.7% en 2011. Por lo tanto, no es cierta la afirmación de Anif sobre un incremento de cinco puntos.
El tercer comentario es sobre la diferencia en la evolución de la minería y de la industria. Anif sugiere que al tiempo que la minería incrementó su participación en el PIB –cosa que no es tan clara, como acabamos de mencionar–, la industria la perdió. Es un hecho indiscutible que hasta finales de los noventa este último sector disminuyó su peso relativo en el PIB; pero es discutible lo que ha ocurrido en el presente siglo.
De acuerdo con las series del Dane, la industria aportó 13.6% del PIB en el 2000 y 12.6% en 2011. Por lo tanto perdió un punto. Pero los extremos no muestran la historia completa de lo ocurrido entre los dos años. La realidad es que su participación creció hasta 14.2% en 2007 (¿reindustrialización?); y a partir de ese año disminuyó hasta la cifra citada.
¿Por qué disminuyó? Pueden surgir múltiples hipótesis, pero la más plausible es la de la crisis del sector como consecuencia de la crisis mundial y del cierre del mercado de Venezuela; cabe recordar que en 2007 el 38% de las exportaciones industriales iba a ese destino. Este doble impacto ocasionó una caída del valor agregado industrial en cinco trimestres consecutivos, mientras que la minería y el PIB total siguieron registrando tasas positivas.
El examen de las dinámicas de la industria y de la minería durante el presente siglo, muestra que el primer sector tuvo un mejor desempeño que el segundo justamente hasta 2007. De ahí en adelante registra mejor dinámica el segundo. Por lo tanto, no es muy clara la relación de causalidad entre auge minero-energético y “desindustrialización”.
El último comentario es sobre el empleo. De nuevo, es factible que la industria haya perdido participación en la generación de puestos de trabajo hasta finales del siglo pasado. Pero en el presente no es tan claro. La Gran Encuesta Integrada de Hogares muestra que en julio-septiembre de 2001 aportó el 13.0% del total de ocupados y en mayo-julio de 2012 el 12.5% (pero en los otros trimestres móviles del presente año participa con el 13.2% en promedio).
Se concluye que en el presente siglo la industria colombiana ha tenido un comportamiento diferente al de las décadas anteriores y no es evidente que esté sufriendo un proceso de desindustrialización acelerada, ni que esté perdiendo participación en el empleo. Eso lo muestran claramente las cifras oficiales.
El Informe Semanal de Anif indica que Colombia se sigue desindustrializando. Afirma que la “relación Valor Agregado Industrial/PIB ha venido descendiendo de niveles del 24% hace tres décadas a uno del 15% hace una década y actualmente se perfila hacia tan sólo un 9%-12% en dicha relación en el período 2012-2020”. Además, señala que la participación de la industria en el empleo también ha caído desde 25% al 13%.
En parte la desindustrialización es atribuida a la bonanza minero-energética que Colombia ha vivido “durante el periodo 2003-2012”, lo que “explica que la participación del sector minero-energético dentro del PIB se haya incrementado del 3% a cerca del 8% durante la última década, teniendo como contrapartida el descenso en la participación agroindustrial antes señalada”.
Al respecto, cabe hacer varios comentarios. El primero se relaciona con la medición del PIB. Tal como Anif presenta la información, se colige que la industria ha perdido entre 12 y 15 puntos porcentuales de participación. Pero es ampliamente conocido que los cambios de base en la contabilidad nacional y las mejoras en las fuentes de información ocasionan variaciones en las participaciones de los sectores.
Este es un debate que ya se ha dado en el país con la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana. Astrid Martínez y José Antonio Ocampo en el libro “Hacia una política industrial de nueva generación en Colombia”, elaborado para la Coalición, realizaron un ejercicio de unificación de las series. Sus resultados indican que la participación máxima de la industria fue de 18.54% en 1974 y la menor de 12.52% en 1999; de esta forma, la pérdida de participación sería de seis puntos porcentuales, es decir, la mitad o menos de lo que sugiere Anif.
Este es un aporte importante para los debates sobre desindustrialización en Colombia, pues por primera vez se trata de descontar el efecto de los cambios metodológicos. Lo que queda pendiente es saber, de esos seis puntos, cuánto corresponde a las tendencias normales del desarrollo y cuánto es atribuible a fenómenos como los sugeridos por Anif.
El segundo comentario se relaciona con la minería. La serie desestacionalizada del PIB a precios constantes de 2005, muestra que este sector aportó el 7.9% del PIB en el año 2000; 6.7% en 2003 y 7.7% en 2011. Por lo tanto, no es cierta la afirmación de Anif sobre un incremento de cinco puntos.
El tercer comentario es sobre la diferencia en la evolución de la minería y de la industria. Anif sugiere que al tiempo que la minería incrementó su participación en el PIB –cosa que no es tan clara, como acabamos de mencionar–, la industria la perdió. Es un hecho indiscutible que hasta finales de los noventa este último sector disminuyó su peso relativo en el PIB; pero es discutible lo que ha ocurrido en el presente siglo.
De acuerdo con las series del Dane, la industria aportó 13.6% del PIB en el 2000 y 12.6% en 2011. Por lo tanto perdió un punto. Pero los extremos no muestran la historia completa de lo ocurrido entre los dos años. La realidad es que su participación creció hasta 14.2% en 2007 (¿reindustrialización?); y a partir de ese año disminuyó hasta la cifra citada.
¿Por qué disminuyó? Pueden surgir múltiples hipótesis, pero la más plausible es la de la crisis del sector como consecuencia de la crisis mundial y del cierre del mercado de Venezuela; cabe recordar que en 2007 el 38% de las exportaciones industriales iba a ese destino. Este doble impacto ocasionó una caída del valor agregado industrial en cinco trimestres consecutivos, mientras que la minería y el PIB total siguieron registrando tasas positivas.
El examen de las dinámicas de la industria y de la minería durante el presente siglo, muestra que el primer sector tuvo un mejor desempeño que el segundo justamente hasta 2007. De ahí en adelante registra mejor dinámica el segundo. Por lo tanto, no es muy clara la relación de causalidad entre auge minero-energético y “desindustrialización”.
El último comentario es sobre el empleo. De nuevo, es factible que la industria haya perdido participación en la generación de puestos de trabajo hasta finales del siglo pasado. Pero en el presente no es tan claro. La Gran Encuesta Integrada de Hogares muestra que en julio-septiembre de 2001 aportó el 13.0% del total de ocupados y en mayo-julio de 2012 el 12.5% (pero en los otros trimestres móviles del presente año participa con el 13.2% en promedio).
Se concluye que en el presente siglo la industria colombiana ha tenido un comportamiento diferente al de las décadas anteriores y no es evidente que esté sufriendo un proceso de desindustrialización acelerada, ni que esté perdiendo participación en el empleo. Eso lo muestran claramente las cifras oficiales.
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