Publicado en el diario La República el 12 de diciembre de 2008
…Está condenado a repetirla, dice el adagio popular. No obstante, ese principio no aplica a las crisis financieras. Si aplicara, las lecciones de la crisis de las Saving and Loans de los años ochenta y de la Gran Depresión de finales de los veinte hubieran contribuido a evitar el actual colapso en Estados Unidos. De igual forma, en Colombia no estaríamos viviendo el drama generado por las pirámides, pues en la historia tenemos varios antecedentes.
Todas las crisis financieras tienen dos factores comunes, como enfatiza Charles Kindleberger en el clásico “Manías, pánicos y cracs. Historia de las crisis financieras”: la ambición desenfrenada y la irracionalidad económica. A ellos habría que sumarle dos, que podríamos denominar la pérdida del sentido de realidad y la inteligencia post facto.
Sin duda, el primero fue el combustible de las pirámides en la experiencia colombiana reciente: la ilusión de una riqueza fácil nos torna cándidos frente a los estafadores y a los riesgos que asumimos.
La irracionalidad se evidencia cuando, por ejemplo, los agentes económicos pierden de vista la existencia de los ciclos económicos. No hay auges eternos, pero, aún así, los inversionistas actúan como si lo fueran.
Con la pérdida del sentido de realidad, nadie se percata de la gravedad de los hechos hasta que es demasiado tarde. ¿Por qué las autoridades de supervisión de Estados Unidos, consideradas entre las más sólidas del mundo, no vieron el problema? ¿Por qué la Superfinanciera, que ha dedicado ingentes recursos a la formación técnica y a mejorar la regulación de riesgos financieros después de la crisis de los noventa, no vio venir la tormenta?
Pero los críticos también la sufren. ¿Quién en los Estados Unidos percibió que se estaba fraguando una crisis de magnitudes tan enormes como para borrar del mapa en pocos días la poderosa banca de inversión? ¿Quién en Colombia previó las grandes dimensiones que alcanzarían las pirámides y el complejo problema social que generarían? …Nadie.
Pero siempre hay quienes declaran que ellos si lo anticiparon y llamaron la atención. Si así hubiera sido ¿por qué no echaron mano de todo su poder para propiciar la reacción de la sociedad?
Alguien mencionó que escribió un editorial en un prestigioso medio; otro, que habló del tema en un debate en el Congreso de la República y uno en un medio radial. ¿Por qué se resignaron a una tímida manifestación que se perdió en la avalancha diaria de información? ¿Por qué los pocos privilegiados que veían la realidad, en lugar de armar escándalo, actuaron frente a la sociedad y a los reguladores como un bombero que deja a un niño jugar con fósforos en un polvorín?
Dicen que todos somos inteligentes analizando la historia. Juzgar los hechos ya ocurridos permite a muchos inteligentes pavonearse, criticando la presunta ineptitud de las autoridades, su ceguera y su demora para actuar.
No conformes, se erigen en jueces que señalan a los culpables y los juzgan públicamente. En los medios, por ejemplo, se han visto y oído declaraciones y opiniones que señalan al sector financiero como causa implícita de las pirámides.
Afirmar que las dificultades de acceso al sector financiero y los bajos intereses que pagan por los ahorros forzaron a las personas a poner en riesgo sus recursos es una exageración. Fueron muchos los que tomaron créditos de libre disponibilidad de los bancos para perseguir una ilusoria ganancia mediante el arbitraje. Y no puede forzarse al sector financiero a remunerar el ahorro por encima de lo razonable en las condiciones macroeconómicas del país.
Lo urgente es crear los cortafuegos que aíslen el problema de las pirámides y no echarle más leña al fuego.
Muy formal
Publicado en Ámbito Jurídico el 1 de diciembre de 2008
La informalidad de las empresas y del mercado laboral es un lastre para la competitividad. Aun cuando es un fenómeno que existe en todas las economías, registra niveles particularmente altos en los países subdesarrollados.
Pese a que el tema es motivo de preocupación tanto nacional como internacional, en el país no hay mucha información cuantitativa y la disponible tiene limitaciones.
La informalidad se observa en las empresas que funcionan sin licencia, eluden sus responsabilidades tributarias y no tienen una contabilidad organizada. El reciente informe del Consejo Privado de Competitividad “Ruta a la prosperidad colectiva”, señala que en Colombia el 57% de las empresas de más de cinco empleados compite con empresas informales.
Según el Dane, la tasa de informalidad laboral, que estuvo en niveles del 52% a comienzos de los años noventa, subió hasta cerca del 62% con la crisis de finales de esa década. Aun cuando descendió un poco con la reactivación de la economía y los altos niveles de crecimiento recientes, los datos de 2008 indican que los trabajadores informales se mantienen en niveles del 57% de la fuerza laboral.
Cabe aclarar que la definición del Dane –consistente con las recomendaciones del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe de 1978–, incluye entre los informales a los trabajadores por cuenta propia y a los vinculados a empresas de menos de 10 trabajadores, lo que indicaría que todas las microempresas están en ese segmento.
Por décadas, ese concepto ha sido fuente de debates en los foros internacionales; de ahí surgió una definición más precisa, pero aún no ha sido incorporada en las mediciones en Colombia. Según la OIT “Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.)”.
Aún con las restricciones en la medición, los datos disponibles permiten corroborar la incidencia negativa de la informalidad en la productividad y competitividad de las economías. Un estudio de la CAF muestra que la productividad laboral de América Latina y de Colombia se rezagó desde mediados de la década del sesenta con relación a otras economías tanto desarrolladas como subdesarrolladas.
Los cálculos de la firma McKinsey indican que la productividad laboral en Colombia es el 20% de la de los trabajadores de Estados Unidos. En ese resultado tiene un peso significativo la economía informal, pues su productividad es apenas del 6% mientras que la del sector formal es del 40%.
Según la misma firma, si lográramos reducir el tamaño del sector informal de la economía colombiana al nivel que tiene Chile, que es del 30%, podríamos aumentar la productividad laboral media de Colombia a más de 50% de la de Estados Unidos.
Los datos anteriores muestran por qué en el diseño e implementación de las políticas de competitividad es importante incluir acciones específicas que ataquen la informalidad en todas sus manifestaciones.
El Documento Conpes 3527 de junio de 2008 establece la formalización laboral y empresarial como uno de los cinco pilares de la estrategia de competitividad del país y define planes de acción para orientar el trabajo de las entidades públicas responsables del tema.
Los planes de acción contienen un conjunto de herramientas que será utilizado bajo el liderazgo del Ministerio de la Protección Social para mejorar la formalización laboral. En este campo se espera implementar un nuevo concepto de informalidad laboral y mejorar la medición estadística, fortalecer el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y reducir la evasión y la elusión de los pagos de seguridad social y los aportes parafiscales, entre otras.
La formalización empresarial será liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entre las iniciativas a desarrollar cabe destacar las rutas para la formalidad; la mejora en el ranking del Doing Business; la creación de un régimen de simplificación tributaria para las mipymes; adelantar campañas de información para los empresarios; y diseñar medidas de control a la informalidad mediante el cruce de información entre entidades.
Las rutas para la formalidad son un programa que se realizará en asocio con las cámaras de comercio y la academia, con el objetivo de concientizar a los empresarios sobre las ventajas de la formalización. La Cámara de Comercio de Cali viene adelantando con éxito un piloto orientado a asesorar a las empresas en su tránsito de la informalidad a la formalidad y a consolidar a las ya formales; ahora será replicado a otras regiones del país.
La mejora en el Doing Business se relaciona con modificaciones de la regulación gubernamental para hacer más adecuado el entorno para los negocios. Algunos diagnósticos de la informalidad apuntan al exceso de regulaciones como una de las causas generadoras; por esto es importante la simplificación de trámites y la reducción de sus costos, como complemento a las campañas de concientización.
Hay compromiso del Gobierno, del sector privado y de la academia; la formalización laboral y empresarial es uno de los pilares de la política de competitividad; hay una articulación fuerte entre los diferentes componentes de esa política; y se cuenta con herramientas específicas para atacar la informalidad. Si logramos el objetivo, tendremos el escenario propicio para lograr un crecimiento más elevado y mejorar las condiciones del empleo en el país.
La informalidad de las empresas y del mercado laboral es un lastre para la competitividad. Aun cuando es un fenómeno que existe en todas las economías, registra niveles particularmente altos en los países subdesarrollados.
Pese a que el tema es motivo de preocupación tanto nacional como internacional, en el país no hay mucha información cuantitativa y la disponible tiene limitaciones.
La informalidad se observa en las empresas que funcionan sin licencia, eluden sus responsabilidades tributarias y no tienen una contabilidad organizada. El reciente informe del Consejo Privado de Competitividad “Ruta a la prosperidad colectiva”, señala que en Colombia el 57% de las empresas de más de cinco empleados compite con empresas informales.
Según el Dane, la tasa de informalidad laboral, que estuvo en niveles del 52% a comienzos de los años noventa, subió hasta cerca del 62% con la crisis de finales de esa década. Aun cuando descendió un poco con la reactivación de la economía y los altos niveles de crecimiento recientes, los datos de 2008 indican que los trabajadores informales se mantienen en niveles del 57% de la fuerza laboral.
Cabe aclarar que la definición del Dane –consistente con las recomendaciones del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe de 1978–, incluye entre los informales a los trabajadores por cuenta propia y a los vinculados a empresas de menos de 10 trabajadores, lo que indicaría que todas las microempresas están en ese segmento.
Por décadas, ese concepto ha sido fuente de debates en los foros internacionales; de ahí surgió una definición más precisa, pero aún no ha sido incorporada en las mediciones en Colombia. Según la OIT “Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.)”.
Aún con las restricciones en la medición, los datos disponibles permiten corroborar la incidencia negativa de la informalidad en la productividad y competitividad de las economías. Un estudio de la CAF muestra que la productividad laboral de América Latina y de Colombia se rezagó desde mediados de la década del sesenta con relación a otras economías tanto desarrolladas como subdesarrolladas.
Los cálculos de la firma McKinsey indican que la productividad laboral en Colombia es el 20% de la de los trabajadores de Estados Unidos. En ese resultado tiene un peso significativo la economía informal, pues su productividad es apenas del 6% mientras que la del sector formal es del 40%.
Según la misma firma, si lográramos reducir el tamaño del sector informal de la economía colombiana al nivel que tiene Chile, que es del 30%, podríamos aumentar la productividad laboral media de Colombia a más de 50% de la de Estados Unidos.
Los datos anteriores muestran por qué en el diseño e implementación de las políticas de competitividad es importante incluir acciones específicas que ataquen la informalidad en todas sus manifestaciones.
El Documento Conpes 3527 de junio de 2008 establece la formalización laboral y empresarial como uno de los cinco pilares de la estrategia de competitividad del país y define planes de acción para orientar el trabajo de las entidades públicas responsables del tema.
Los planes de acción contienen un conjunto de herramientas que será utilizado bajo el liderazgo del Ministerio de la Protección Social para mejorar la formalización laboral. En este campo se espera implementar un nuevo concepto de informalidad laboral y mejorar la medición estadística, fortalecer el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y reducir la evasión y la elusión de los pagos de seguridad social y los aportes parafiscales, entre otras.
La formalización empresarial será liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entre las iniciativas a desarrollar cabe destacar las rutas para la formalidad; la mejora en el ranking del Doing Business; la creación de un régimen de simplificación tributaria para las mipymes; adelantar campañas de información para los empresarios; y diseñar medidas de control a la informalidad mediante el cruce de información entre entidades.
Las rutas para la formalidad son un programa que se realizará en asocio con las cámaras de comercio y la academia, con el objetivo de concientizar a los empresarios sobre las ventajas de la formalización. La Cámara de Comercio de Cali viene adelantando con éxito un piloto orientado a asesorar a las empresas en su tránsito de la informalidad a la formalidad y a consolidar a las ya formales; ahora será replicado a otras regiones del país.
La mejora en el Doing Business se relaciona con modificaciones de la regulación gubernamental para hacer más adecuado el entorno para los negocios. Algunos diagnósticos de la informalidad apuntan al exceso de regulaciones como una de las causas generadoras; por esto es importante la simplificación de trámites y la reducción de sus costos, como complemento a las campañas de concientización.
Hay compromiso del Gobierno, del sector privado y de la academia; la formalización laboral y empresarial es uno de los pilares de la política de competitividad; hay una articulación fuerte entre los diferentes componentes de esa política; y se cuenta con herramientas específicas para atacar la informalidad. Si logramos el objetivo, tendremos el escenario propicio para lograr un crecimiento más elevado y mejorar las condiciones del empleo en el país.
BPO… portunidades a la vista
Publicado en la revista MisiónPyme de diciembre de 2008
BPO&O es la sigla en inglés de Business Process Outsourcing and Offshoring. Esas palabrejas se suelen traducir como “tercerización” de servicios de las empresas.
El avance de la tecnología de comunicaciones y de transporte, y la reducción de sus costos, está repercutiendo en el mundo globalizado en un cambio estructural en la forma de producir bienes y servicios: la fragmentación geográfica de los procesos de producción.
Un creciente número de sectores y empresas están separando etapas de sus procesos de producción y concentrándolas en un solo sitio geográfico, al tiempo que algunas de ellas son contratadas con otras empresas (son “tercerizadas”) ubicadas en economías subdesarrolladas. De esta forma, las empresas vuelven más eficientes sus procesos de producción y reducen costos; y en los países receptores se crean nuevas empresas que generan riqueza y empleos de calidad.
Así, por ejemplo, en la India hay empresas que llevan la contabilidad de compañías norteamericanas, o que atienden a los clientes de todo el mundo de una aerolínea o que transcriben datos médicos para un hospital de un país desarrollado.
El economista Alan Blinder calculó para Estados Unidos la cantidad y los tipos de trabajos que podrán moverse en el futuro hacia otras regiones de la tierra. Dividió los trabajos en dos grupos: servicios personalizados y no personalizados. En los primeros, el prestador necesariamente debe ubicarse en el mismo sitio que el consumidor; por ejemplo, los peluqueros y los taxistas. En los segundos, no es necesaria la presencia física del prestador; por ejemplo, interpretación de exámenes médicos y atención al cliente.
Con base en esa taxonomía, Blinder estima que alrededor de 30 millones de trabajos se moverán desde Estados Unidos hacia el resto del mundo. Y McKinsey calcula que las oportunidades de negocios en ese mercado valdrán US$90 mil millones en 2012.
¡Qué tal si lográramos traer a Colombia uno o dos millones de esos trabajos! Hay que atraer los que más se pueda y hay que moverse rápido, pues otros países están en la competencia por ellos.
Colombia ya está dando pasos concretos para hacerlo. En la estrategia de transformación productiva, que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, uno de sus pilares es el desarrollo de sectores nuevos y emergentes; su implementación se basa en alianzas público-privadas, en las que gobierno, empresas y academia trabajan empujando para el mismo lado.
El BPO es uno de los sectores incluidos en esa estrategia. Actualmente se está construyendo el plan de negocios y se cuenta con una identificación de las tareas necesarias para mejorar el entorno de negocios.
Dado que en el país es incipiente el desarrollo del BPO, el sector se concentra en las tareas de menor complejidad; pero la idea es evolucionar hacia las más complejas y de mayor valor agregado.
Hay campos muy adecuados para las PYMES y buenas oportunidades para crecer.
BPO&O es la sigla en inglés de Business Process Outsourcing and Offshoring. Esas palabrejas se suelen traducir como “tercerización” de servicios de las empresas.
El avance de la tecnología de comunicaciones y de transporte, y la reducción de sus costos, está repercutiendo en el mundo globalizado en un cambio estructural en la forma de producir bienes y servicios: la fragmentación geográfica de los procesos de producción.
Un creciente número de sectores y empresas están separando etapas de sus procesos de producción y concentrándolas en un solo sitio geográfico, al tiempo que algunas de ellas son contratadas con otras empresas (son “tercerizadas”) ubicadas en economías subdesarrolladas. De esta forma, las empresas vuelven más eficientes sus procesos de producción y reducen costos; y en los países receptores se crean nuevas empresas que generan riqueza y empleos de calidad.
Así, por ejemplo, en la India hay empresas que llevan la contabilidad de compañías norteamericanas, o que atienden a los clientes de todo el mundo de una aerolínea o que transcriben datos médicos para un hospital de un país desarrollado.
El economista Alan Blinder calculó para Estados Unidos la cantidad y los tipos de trabajos que podrán moverse en el futuro hacia otras regiones de la tierra. Dividió los trabajos en dos grupos: servicios personalizados y no personalizados. En los primeros, el prestador necesariamente debe ubicarse en el mismo sitio que el consumidor; por ejemplo, los peluqueros y los taxistas. En los segundos, no es necesaria la presencia física del prestador; por ejemplo, interpretación de exámenes médicos y atención al cliente.
Con base en esa taxonomía, Blinder estima que alrededor de 30 millones de trabajos se moverán desde Estados Unidos hacia el resto del mundo. Y McKinsey calcula que las oportunidades de negocios en ese mercado valdrán US$90 mil millones en 2012.
¡Qué tal si lográramos traer a Colombia uno o dos millones de esos trabajos! Hay que atraer los que más se pueda y hay que moverse rápido, pues otros países están en la competencia por ellos.
Colombia ya está dando pasos concretos para hacerlo. En la estrategia de transformación productiva, que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, uno de sus pilares es el desarrollo de sectores nuevos y emergentes; su implementación se basa en alianzas público-privadas, en las que gobierno, empresas y academia trabajan empujando para el mismo lado.
El BPO es uno de los sectores incluidos en esa estrategia. Actualmente se está construyendo el plan de negocios y se cuenta con una identificación de las tareas necesarias para mejorar el entorno de negocios.
Dado que en el país es incipiente el desarrollo del BPO, el sector se concentra en las tareas de menor complejidad; pero la idea es evolucionar hacia las más complejas y de mayor valor agregado.
Hay campos muy adecuados para las PYMES y buenas oportunidades para crecer.
Microcompetitividad
Publicado en el diario La República el 27 de noviembre de 2008
El tema de la competitividad viene tomando creciente importancia en el país. Las iniciativas al respecto, adelantadas desde comienzos de los noventa, se han venido capitalizando; hoy se cuenta con una visión más articulada de todos los factores que en ella inciden, se creó una institucionalidad tanto nacional como regional, y se fortalecieron las interrelaciones entre todos los agentes del proceso.
En consecuencia, los diseños de política han mejorado, existen objetivos cuantificables, con tareas concretas y responsabilidades bien definidas, como quedó establecido en el Documento Conpes 3527, de junio de 2008.
Entre las políticas definidas cabe destacar las de formalización empresarial y laboral, formación del recurso humano, logística, infraestructura, ciencia y tecnología, simplificación de trámites, incentivos al emprendimiento, profundización financiera, y transformación productiva, que tiene dos componentes: el desarrollo de sectores nuevos y emergentes, y el fortalecimiento de sectores existentes (más y mejor de lo bueno).
Pero, hay una dimensión del tema que estaba un poco refundida entre todos los documentos, lineamientos, políticas y debates: la competitividad de la empresa.
En efecto, los juiciosos análisis y los sesudos estudios, que se han elaborado en los años recientes, abordan el tema desde la macro o desde la mesoeconomía, pero poco y nada desde la microeconomía.
Ese vacío se empieza a llenar con la estrategia de transformación productiva. Por ejemplo, en el desarrollo de sectores nuevos y emergentes el enfoque predominante es la creación de un entorno adecuado para los negocios de sectores como el software y la tercerización de servicios a las empresas; pero los empresarios asumen en los planes de negocios compromisos ambiciosos de crecimiento de su producción y de sus exportaciones. Esto induce necesariamente a las empresas a mejorar su competitividad para lograr los objetivos propuestos.
El relativo abandono del enfoque micro en la discusión pública lleva a que algunos empresarios justifiquen su baja competitividad en las políticas, y no en sus decisiones individuales.
Un documento de la Fundación Ceddet de España, aplicado a las empresas del sector de turismo, señala: “Esta perspectiva analítica ha sido adoptada frecuentemente por los empresarios turísticos como fuente de sus problemas de competitividad, lo cual resulta explicable porque este tipo de argumentos tiene el atractivo de dejarles exentos de responsabilidad en el fracaso competitivo de sus empresas”.
La realidad es que la base de la competitividad de un sector, o de una región, o de una economía, es la competitividad de sus empresas. Nada saca un país con tener superautopistas, puertos modernos, y una buena formación académica de su recurso humano si las empresas no son competitivas, si no crean valor para sus consumidores, y si no logran diferenciarse de las demás.
Cuando se dice, por ejemplo, que el sector comercio tiene una baja productividad laboral con relación a la observada en Estados Unidos, se hace referencia a un promedio: hay empresas que se diferencian y pueden ser igual o más productivas que sus competidoras del resto del mundo, mientras que la mayoría se encuentra en niveles muy bajos.
Como señala Paul Krugman, en el mercado internacional no compiten los países sino las empresas. De igual forma, al interior de Colombia no son los departamentos los que compiten por el mercado de un producto.
El complemento necesario de las políticas macro y mesoeconómicas es la actitud de los empresarios para afrontar los retos que les plantea la economía globalizada. Hay empresarios que así lo han entendido y por eso hoy compiten en los mercados internacionales. Pero hay otros que mantienen la actitud de esperar a ver qué pasa. Ojalá cada vez sean más los que se contagian del virus de la competitividad de las empresas, y menos los que se infectan de pasividad.
El tema de la competitividad viene tomando creciente importancia en el país. Las iniciativas al respecto, adelantadas desde comienzos de los noventa, se han venido capitalizando; hoy se cuenta con una visión más articulada de todos los factores que en ella inciden, se creó una institucionalidad tanto nacional como regional, y se fortalecieron las interrelaciones entre todos los agentes del proceso.
En consecuencia, los diseños de política han mejorado, existen objetivos cuantificables, con tareas concretas y responsabilidades bien definidas, como quedó establecido en el Documento Conpes 3527, de junio de 2008.
Entre las políticas definidas cabe destacar las de formalización empresarial y laboral, formación del recurso humano, logística, infraestructura, ciencia y tecnología, simplificación de trámites, incentivos al emprendimiento, profundización financiera, y transformación productiva, que tiene dos componentes: el desarrollo de sectores nuevos y emergentes, y el fortalecimiento de sectores existentes (más y mejor de lo bueno).
Pero, hay una dimensión del tema que estaba un poco refundida entre todos los documentos, lineamientos, políticas y debates: la competitividad de la empresa.
En efecto, los juiciosos análisis y los sesudos estudios, que se han elaborado en los años recientes, abordan el tema desde la macro o desde la mesoeconomía, pero poco y nada desde la microeconomía.
Ese vacío se empieza a llenar con la estrategia de transformación productiva. Por ejemplo, en el desarrollo de sectores nuevos y emergentes el enfoque predominante es la creación de un entorno adecuado para los negocios de sectores como el software y la tercerización de servicios a las empresas; pero los empresarios asumen en los planes de negocios compromisos ambiciosos de crecimiento de su producción y de sus exportaciones. Esto induce necesariamente a las empresas a mejorar su competitividad para lograr los objetivos propuestos.
El relativo abandono del enfoque micro en la discusión pública lleva a que algunos empresarios justifiquen su baja competitividad en las políticas, y no en sus decisiones individuales.
Un documento de la Fundación Ceddet de España, aplicado a las empresas del sector de turismo, señala: “Esta perspectiva analítica ha sido adoptada frecuentemente por los empresarios turísticos como fuente de sus problemas de competitividad, lo cual resulta explicable porque este tipo de argumentos tiene el atractivo de dejarles exentos de responsabilidad en el fracaso competitivo de sus empresas”.
La realidad es que la base de la competitividad de un sector, o de una región, o de una economía, es la competitividad de sus empresas. Nada saca un país con tener superautopistas, puertos modernos, y una buena formación académica de su recurso humano si las empresas no son competitivas, si no crean valor para sus consumidores, y si no logran diferenciarse de las demás.
Cuando se dice, por ejemplo, que el sector comercio tiene una baja productividad laboral con relación a la observada en Estados Unidos, se hace referencia a un promedio: hay empresas que se diferencian y pueden ser igual o más productivas que sus competidoras del resto del mundo, mientras que la mayoría se encuentra en niveles muy bajos.
Como señala Paul Krugman, en el mercado internacional no compiten los países sino las empresas. De igual forma, al interior de Colombia no son los departamentos los que compiten por el mercado de un producto.
El complemento necesario de las políticas macro y mesoeconómicas es la actitud de los empresarios para afrontar los retos que les plantea la economía globalizada. Hay empresarios que así lo han entendido y por eso hoy compiten en los mercados internacionales. Pero hay otros que mantienen la actitud de esperar a ver qué pasa. Ojalá cada vez sean más los que se contagian del virus de la competitividad de las empresas, y menos los que se infectan de pasividad.
Revolcón sectorial
Publicado en el diario La República el 12 de noviembre de 2008
¡Se cayó la agricultura! ¡Aun no comienza el TLC y ya el sector agropecuario muestra su debilidad! ¡Se aceleró la desagrarización de la economía colombiana!
Expresiones como esta se han demorado en aparecer en las opiniones de ciertos analistas. Pero surgirán cuando desprevenidamente comparen la cifra del peso relativo del agro que todos tenemos en la memoria (12% del PIB) con la publicada para el segundo trimestre de 2008: 8%.
Esto significa que el valor agregado del agro como porcentaje del PIB fue superado por el comercio (11%) y que el de la construcción (5%) se le acerca, pues es el sector que más está ganando participación.
¿Qué ocasionó este trastorno? La respuesta está en algunos ajustes metodológicos en el cálculo del valor agregado sectorial y en el cambio de base de las cuentas nacionales, que pasó de contabilizar el PIB con precios de 1994 a hacerlo con precios de 2000.
El Dane aclaró en una nota metodológica que en la nueva estimación hay dos cambios que reducen la participación del sector agropecuario: la exclusión de los ilícitos y la contabilización de la trilla de café en el sector industrial.
Los cultivos ilícitos fueron introducidos en el cálculo del PIB desde al año 1994; en ese año su valor agregado representó el 1.1% del PIB. Luego de alcanzar un máximo de 1.5% en los años 1999 y 2000, su participación descendió continuamente, como consecuencia de las políticas de erradicación de cultivos, hasta 0.5% en 2007.
Con relación al café, el cambio repercutió en una menor participación de 0.8 puntos porcentuales de la agricultura en el PIB, pero sólo incrementó la del sector industrial en 0.13 puntos porcentuales.
Cuando se compara la participación de los demás sectores en 2007 con las dos bases, se observa que sólo ganan participación la minería, el comercio, los servicios a las empresas y los servicios sociales. En los demás casos se reduce el peso relativo. Si bien hay algunos ajustes metodológicos adicionales a los mencionados, ellos no alcanzan a explicar la totalidad de los cambios.
Queda por lo tanto el impacto que ocasiona el cambio de base. Es ampliamente conocido que el año base de referencia se debe actualizar con alguna frecuencia y que ella implica cambios en los niveles de algunos sectores y en las tasas de crecimiento resultantes.
Este hecho fue evidente con los resultados de 2007. Con la base anterior, se anunció que la economía creció 7.5%; pero con la publicación de la nueva base el crecimiento fue de 8.2% (la revisión posterior lo dejó en 7.7%).
Las diferencias surgen porque el cambio de año de referencia arrastra múltiples factores que modifican los precios relativos de la economía, como por ejemplo, el impacto de los avances tecnológicos o de las diferencias en competitividad entre sectores.
Señala el economista Olivier Blanchard que en el caso de los Estados Unidos, con el cambio de base “se escribía, de hecho, la historia económica cada cinco años”. Para solucionar el problema el Bureau of Economic Analysis (BEA) empezó a calcular desde 1995 el PIB real con un método de índices encadenados. Con esa metodología se usa una base móvil que compara dos años seguidos y reduce los efectos que producen los precios en los pesos relativos de cada sector y en sus tasas de crecimiento.
Nadie duda del profesionalismo del Dane y de su esmero por incorporar las mejoras en la calidad de la información al cálculo del PIB. Sería importante avanzar adoptado una metodología de encadenamientos como complemento de la información actual. Entretanto, el esfuerzo podría orientarse a recalcular series largas que faciliten la vida de los investigadores que las necesitan.
¡Se cayó la agricultura! ¡Aun no comienza el TLC y ya el sector agropecuario muestra su debilidad! ¡Se aceleró la desagrarización de la economía colombiana!
Expresiones como esta se han demorado en aparecer en las opiniones de ciertos analistas. Pero surgirán cuando desprevenidamente comparen la cifra del peso relativo del agro que todos tenemos en la memoria (12% del PIB) con la publicada para el segundo trimestre de 2008: 8%.
Esto significa que el valor agregado del agro como porcentaje del PIB fue superado por el comercio (11%) y que el de la construcción (5%) se le acerca, pues es el sector que más está ganando participación.
¿Qué ocasionó este trastorno? La respuesta está en algunos ajustes metodológicos en el cálculo del valor agregado sectorial y en el cambio de base de las cuentas nacionales, que pasó de contabilizar el PIB con precios de 1994 a hacerlo con precios de 2000.
El Dane aclaró en una nota metodológica que en la nueva estimación hay dos cambios que reducen la participación del sector agropecuario: la exclusión de los ilícitos y la contabilización de la trilla de café en el sector industrial.
Los cultivos ilícitos fueron introducidos en el cálculo del PIB desde al año 1994; en ese año su valor agregado representó el 1.1% del PIB. Luego de alcanzar un máximo de 1.5% en los años 1999 y 2000, su participación descendió continuamente, como consecuencia de las políticas de erradicación de cultivos, hasta 0.5% en 2007.
Con relación al café, el cambio repercutió en una menor participación de 0.8 puntos porcentuales de la agricultura en el PIB, pero sólo incrementó la del sector industrial en 0.13 puntos porcentuales.
Cuando se compara la participación de los demás sectores en 2007 con las dos bases, se observa que sólo ganan participación la minería, el comercio, los servicios a las empresas y los servicios sociales. En los demás casos se reduce el peso relativo. Si bien hay algunos ajustes metodológicos adicionales a los mencionados, ellos no alcanzan a explicar la totalidad de los cambios.
Queda por lo tanto el impacto que ocasiona el cambio de base. Es ampliamente conocido que el año base de referencia se debe actualizar con alguna frecuencia y que ella implica cambios en los niveles de algunos sectores y en las tasas de crecimiento resultantes.
Este hecho fue evidente con los resultados de 2007. Con la base anterior, se anunció que la economía creció 7.5%; pero con la publicación de la nueva base el crecimiento fue de 8.2% (la revisión posterior lo dejó en 7.7%).
Las diferencias surgen porque el cambio de año de referencia arrastra múltiples factores que modifican los precios relativos de la economía, como por ejemplo, el impacto de los avances tecnológicos o de las diferencias en competitividad entre sectores.
Señala el economista Olivier Blanchard que en el caso de los Estados Unidos, con el cambio de base “se escribía, de hecho, la historia económica cada cinco años”. Para solucionar el problema el Bureau of Economic Analysis (BEA) empezó a calcular desde 1995 el PIB real con un método de índices encadenados. Con esa metodología se usa una base móvil que compara dos años seguidos y reduce los efectos que producen los precios en los pesos relativos de cada sector y en sus tasas de crecimiento.
Nadie duda del profesionalismo del Dane y de su esmero por incorporar las mejoras en la calidad de la información al cálculo del PIB. Sería importante avanzar adoptado una metodología de encadenamientos como complemento de la información actual. Entretanto, el esfuerzo podría orientarse a recalcular series largas que faciliten la vida de los investigadores que las necesitan.
Contagio
Publicado en el diario La República el 31 de octubre de 2008
El amplio despliegue informativo que ha tenido la crisis financiera del mundo desarrollado, llevó el tema a todas las tertulias en el país. Pero no siempre es clara la percepción sobre los canales mediante los cuales podríamos contagiarnos y sobre los riesgos que ellos significan para Colombia.
La realidad es que los riesgos existen, pero también hay hechos concretos que los amortiguan en buena parte.
El canal que más está impactando a las economías desarrolladas es la contaminación de los portafolios de las entidades financieras. En el caso colombiano, ya se hizo público que algunos fondos de pensiones incurrieron en pérdidas estimadas en $56 mil millones por este concepto y que ellas representan apenas un 2.5% de las utilidades registradas a agosto de 2008.
Otro canal importante es el financiero, al cual son más vulnerables las economías emergentes. Se origina en la iliquidez de los mercados financieros internacionales, pues los bancos, además de cerrar sus líneas de crédito, pueden exigir el pago anticipado de obligaciones, tanto a gobiernos como a empresas privadas.
Como ya lo anunció el Ministro de Hacienda, el gobierno colombiano aseguró los recursos necesarios para financiar el presupuesto de 2009, mediante la contratación de créditos con bancos multilaterales por US$2.400 millones. Aun cuando la desaceleración de la economía (3.5% para 2009) ocasionará menores recaudos y es probable una demanda de financiación complementaria, ella puede ser provista por el frente común que anunciaron el BID, la CAF y el FLAR para atender las necesidades de recursos de la región.
Con respecto al sector privado, el Banco de la República eliminó el depósito al endeudamiento externo, lo que incentiva a las empresas a contratar los recursos necesarios, mientras les mantengan abiertas las líneas de crédito en los bancos de los que son clientes. Adicionalmente, el gobierno negoció con el BID una línea de crédito por US$650 millones para Bancoldex, que permitirá atender la demanda de las empresas afectadas por las decisiones de los bancos del exterior.
Existe también el canal real, que actúa más lentamente, tiene efectos directos e indirectos y se refleja básicamente en el comercio de bienes y servicios. La desaceleración de las economías desarrolladas reduce su demanda de importaciones e impacta negativamente los precios internacionales de los productos básicos; como consecuencia no sólo se pueden reducir las ventas del país a las economías desarrolladas, sino a los socios comerciales de la región afectados por los mismos factores.
Aun cuando los precios de los productos básicos han registrado una notoria corrección a la baja en los últimos meses –especialmente el petróleo, que luego de bordear los US$150 por barril descendió a menos de US$70–, se mantiene la situación de desabastecimiento relativo de alimentos en varios países. Esto significa que el descenso de sus precios difícilmente alcanzará los bajos niveles registrados hasta hace tres años y, por lo tanto, amortiguará parcialmente el impacto negativo de este canal.
Otro aspecto que podría tener un efecto negativo es la potencial caída de las remesas de migrantes por desempleo, pérdidas de capital en inversiones en títulos tóxicos y dificultades para pagar las viviendas adquiridas con crédito. No obstante, en las semanas recientes estos flujos se están incrementando como precaución frente a la crisis, lo cual aplazará temporalmente su impacto.
En ese contexto, cabe recalcar a manera de conclusión lo que ya han dicho altos funcionarios del gobierno, líderes gremiales y prestigiosos analistas: Colombia tiene una posición sólida para aguantar el chaparrón y amortiguar sus efectos, lo cual no significa que sea inmune. Razón por la cual no hay que dormirse en los laureles.
El amplio despliegue informativo que ha tenido la crisis financiera del mundo desarrollado, llevó el tema a todas las tertulias en el país. Pero no siempre es clara la percepción sobre los canales mediante los cuales podríamos contagiarnos y sobre los riesgos que ellos significan para Colombia.
La realidad es que los riesgos existen, pero también hay hechos concretos que los amortiguan en buena parte.
El canal que más está impactando a las economías desarrolladas es la contaminación de los portafolios de las entidades financieras. En el caso colombiano, ya se hizo público que algunos fondos de pensiones incurrieron en pérdidas estimadas en $56 mil millones por este concepto y que ellas representan apenas un 2.5% de las utilidades registradas a agosto de 2008.
Otro canal importante es el financiero, al cual son más vulnerables las economías emergentes. Se origina en la iliquidez de los mercados financieros internacionales, pues los bancos, además de cerrar sus líneas de crédito, pueden exigir el pago anticipado de obligaciones, tanto a gobiernos como a empresas privadas.
Como ya lo anunció el Ministro de Hacienda, el gobierno colombiano aseguró los recursos necesarios para financiar el presupuesto de 2009, mediante la contratación de créditos con bancos multilaterales por US$2.400 millones. Aun cuando la desaceleración de la economía (3.5% para 2009) ocasionará menores recaudos y es probable una demanda de financiación complementaria, ella puede ser provista por el frente común que anunciaron el BID, la CAF y el FLAR para atender las necesidades de recursos de la región.
Con respecto al sector privado, el Banco de la República eliminó el depósito al endeudamiento externo, lo que incentiva a las empresas a contratar los recursos necesarios, mientras les mantengan abiertas las líneas de crédito en los bancos de los que son clientes. Adicionalmente, el gobierno negoció con el BID una línea de crédito por US$650 millones para Bancoldex, que permitirá atender la demanda de las empresas afectadas por las decisiones de los bancos del exterior.
Existe también el canal real, que actúa más lentamente, tiene efectos directos e indirectos y se refleja básicamente en el comercio de bienes y servicios. La desaceleración de las economías desarrolladas reduce su demanda de importaciones e impacta negativamente los precios internacionales de los productos básicos; como consecuencia no sólo se pueden reducir las ventas del país a las economías desarrolladas, sino a los socios comerciales de la región afectados por los mismos factores.
Aun cuando los precios de los productos básicos han registrado una notoria corrección a la baja en los últimos meses –especialmente el petróleo, que luego de bordear los US$150 por barril descendió a menos de US$70–, se mantiene la situación de desabastecimiento relativo de alimentos en varios países. Esto significa que el descenso de sus precios difícilmente alcanzará los bajos niveles registrados hasta hace tres años y, por lo tanto, amortiguará parcialmente el impacto negativo de este canal.
Otro aspecto que podría tener un efecto negativo es la potencial caída de las remesas de migrantes por desempleo, pérdidas de capital en inversiones en títulos tóxicos y dificultades para pagar las viviendas adquiridas con crédito. No obstante, en las semanas recientes estos flujos se están incrementando como precaución frente a la crisis, lo cual aplazará temporalmente su impacto.
En ese contexto, cabe recalcar a manera de conclusión lo que ya han dicho altos funcionarios del gobierno, líderes gremiales y prestigiosos analistas: Colombia tiene una posición sólida para aguantar el chaparrón y amortiguar sus efectos, lo cual no significa que sea inmune. Razón por la cual no hay que dormirse en los laureles.
De crisis en crisis
Publicado en el diario La República el 15 de octubre de 2008
Es inevitable la comparación entre la crisis financiera de los Estados Unidos y la que vivió Colombia a finales de los noventa.
Hay aspectos similares: 1. La irracionalidad de los agentes económicos al pensar que los auges son eternos. 2. El debilitamiento de los controles de riesgos, tanto por las entidades financieras como por los organismos de regulación. 3. La presencia de una burbuja hipotecaria como un componente importante de la crisis. 4. La creación de una institución para sacar de los balances la cartera mala. Los dos primeros se podrían clasificar como estructurales en la descripción que hace Kindleberger, en su clásico libro “Manías, Pánicos y Crisis”.
Y hay diferencias: 1. En el caso de los Estados Unidos se origina en una burbuja en el mercado hipotecario de vivienda. En el colombiano tuvimos un monstruo de tres cabezas: la debacle de las cooperativas financieras, por la ausencia de regulación prudencial; la crisis hipotecaria, estrechamente relacionada con la explosión de la corrección monetaria, consecuencia del incremento de las tasas de interés de mercado; y el contagio de la crisis financiera internacional con todo y sus presiones sobre la tasa de cambio y el aumento exorbitante de las tasas de interés para defender la banda cambiaria (cabe recordar que el Emisor hizo OMAs al módico 44% anual).
2. En Estados Unidos es su propio sistema financiero el originador de un problema de emisión de deudas y de títulos de alto riesgo (subprime) que hoy amenaza contagiar al mundo a través de las entidades financieras que contaminaron sus portafolios con “hipotecas basura”. En el caso colombiano la crisis se profundizó por un efecto de contagio de la crisis asiática. Sin ella, es factible pensar que los problemas se hubieran podido confinar al sector hipotecario; teníamos unas entidades especializadas (CAV), con sus propios patrimonios, y con baja probabilidad de “infectar” a sus “matrices”.
3. En Colombia, la especialización extrema concedió a las CAV el monopolio de la financiación hipotecaria; ellas desaparecieron con la crisis, al forzarse su conversión en bancos comerciales. En Estados Unidos desde 1999 se sustituyó la banca especializada heredada de la Gran Depresión por la banca universal (banca comercial, banca de inversión y seguros bajo el mismo techo); ahora, se está discutiendo el regreso a la banca especializada (si es que sobrevive alguna banca de inversión).
4. La crisis estadounidense es de banca privada mientras que la colombiana fue esencialmente de las CAV y la banca pública. La cartera vencida de esta última llegó a niveles del 35%, cuando en la banca privada apenas alcanzó al 10%.
5. El salvamento de la banca y el alivio de la carga financiera de los deudores se financió en Colombia con un impuesto que distorsionó el sistema de pagos. En Estados Unidos los US$ 700 mil millones son recursos presupuestales (aún no es claro cómo se amortiguará su impacto en el déficit fiscal).
6. El auge hipotecario estadounidense se financió con créditos y emisiones de títulos en cadena; la caída de precios de la vivienda generó un efecto dominó con graves problemas de liquidez y pérdidas para los tenedores de títulos. En el caso de Colombia fue muy diferente, pues aún no había titularizaciones.
7. El entorno macroeconómico colombiano se puede calificar pro-crisis, mientras que el norteamericano es anti-crisis. Aquí subimos las tasas de interés, la corrección monetaria y el costo financiero de las deudas, mientras que la devaluación ponía en aprietos a los deudores en moneda extranjera. En Estados Unidos la política es bajar tasas de interés e inyectar liquidez a los mercados con el objetivo de evitar la recesión.
Colofón: si bien cada crisis tiene sus particularidades, como diría Kindleberger, los factores estructurales permanecen.
Es inevitable la comparación entre la crisis financiera de los Estados Unidos y la que vivió Colombia a finales de los noventa.
Hay aspectos similares: 1. La irracionalidad de los agentes económicos al pensar que los auges son eternos. 2. El debilitamiento de los controles de riesgos, tanto por las entidades financieras como por los organismos de regulación. 3. La presencia de una burbuja hipotecaria como un componente importante de la crisis. 4. La creación de una institución para sacar de los balances la cartera mala. Los dos primeros se podrían clasificar como estructurales en la descripción que hace Kindleberger, en su clásico libro “Manías, Pánicos y Crisis”.
Y hay diferencias: 1. En el caso de los Estados Unidos se origina en una burbuja en el mercado hipotecario de vivienda. En el colombiano tuvimos un monstruo de tres cabezas: la debacle de las cooperativas financieras, por la ausencia de regulación prudencial; la crisis hipotecaria, estrechamente relacionada con la explosión de la corrección monetaria, consecuencia del incremento de las tasas de interés de mercado; y el contagio de la crisis financiera internacional con todo y sus presiones sobre la tasa de cambio y el aumento exorbitante de las tasas de interés para defender la banda cambiaria (cabe recordar que el Emisor hizo OMAs al módico 44% anual).
2. En Estados Unidos es su propio sistema financiero el originador de un problema de emisión de deudas y de títulos de alto riesgo (subprime) que hoy amenaza contagiar al mundo a través de las entidades financieras que contaminaron sus portafolios con “hipotecas basura”. En el caso colombiano la crisis se profundizó por un efecto de contagio de la crisis asiática. Sin ella, es factible pensar que los problemas se hubieran podido confinar al sector hipotecario; teníamos unas entidades especializadas (CAV), con sus propios patrimonios, y con baja probabilidad de “infectar” a sus “matrices”.
3. En Colombia, la especialización extrema concedió a las CAV el monopolio de la financiación hipotecaria; ellas desaparecieron con la crisis, al forzarse su conversión en bancos comerciales. En Estados Unidos desde 1999 se sustituyó la banca especializada heredada de la Gran Depresión por la banca universal (banca comercial, banca de inversión y seguros bajo el mismo techo); ahora, se está discutiendo el regreso a la banca especializada (si es que sobrevive alguna banca de inversión).
4. La crisis estadounidense es de banca privada mientras que la colombiana fue esencialmente de las CAV y la banca pública. La cartera vencida de esta última llegó a niveles del 35%, cuando en la banca privada apenas alcanzó al 10%.
5. El salvamento de la banca y el alivio de la carga financiera de los deudores se financió en Colombia con un impuesto que distorsionó el sistema de pagos. En Estados Unidos los US$ 700 mil millones son recursos presupuestales (aún no es claro cómo se amortiguará su impacto en el déficit fiscal).
6. El auge hipotecario estadounidense se financió con créditos y emisiones de títulos en cadena; la caída de precios de la vivienda generó un efecto dominó con graves problemas de liquidez y pérdidas para los tenedores de títulos. En el caso de Colombia fue muy diferente, pues aún no había titularizaciones.
7. El entorno macroeconómico colombiano se puede calificar pro-crisis, mientras que el norteamericano es anti-crisis. Aquí subimos las tasas de interés, la corrección monetaria y el costo financiero de las deudas, mientras que la devaluación ponía en aprietos a los deudores en moneda extranjera. En Estados Unidos la política es bajar tasas de interés e inyectar liquidez a los mercados con el objetivo de evitar la recesión.
Colofón: si bien cada crisis tiene sus particularidades, como diría Kindleberger, los factores estructurales permanecen.
Mercado de pobres
Publicado en la revista MisiónPyme de octubre de 2008
“Los pobres no tienen poder adquisitivo”. “En las economías pobres, los mercados son estrechos por la baja capacidad de compra de su población”. Afirmaciones de este estilo se han convertido en “verdades de a puño” que nadie discute… O mejor, que nadie discutía hasta que se demostró que son preconcepciones que generan un círculo vicioso.
Tiene que aparecer uno que otro gurú que se sale de los cánones para enseñarnos lo que debimos ver con mucha anticipación. Eso pasa con los pobres y su capacidad de compra. Las empresas rara vez piensan en ese segmento, que representa el mayor porcentaje de la población, como un mercado potencial. Por ello los barrios marginales de muchas ciudades del mundo no cuentan con servicios formales de transporte, salud, bancos, y alimentos manufacturados de calidad, entre otros.
Muhammad Yunus demostró desde hace varias décadas que incluso la población en pobreza extrema tiene capacidad de pago y cumple como pocos con sus obligaciones financieras. Además, comprobó que al brindarles acceso a los servicios financieros formales, mejoran su alimentación y el acceso a la educación y la salud.
Más recientemente C. K. Prahalad extendió esas conclusiones a otras áreas. Afirmó que si bien es cierto que la capacidad de compra individual es baja, en su conjunto los pobres constituyen un enorme mercado que no ha sido aprovechado por las empresas.
En parte esa capacidad se evidencia en lo que Prahalad denomina la “sanción por pobreza”; esto significa que los pobres pagan unos costos superiores por acceso a los bienes y servicios que los asumidos por sectores de ingresos superiores. Es algo que podemos verificar en nuestro medio; los costos financieros que sufragan los más pobres con sistemas como el “gota a gota” son absurdos: ¡Hasta 20% diario!
Los pobres también ahorran pese a la “sanción por pobreza” que tienen que asumir por la carencia de sucursales bancarias. En Colombia es habitual entre la población de menores ingresos hacer “ahorros” mediante la compra de joyas o electrodomésticos (por eso se ven antenas de televisión en los sectores más deprimidos); cuando tienen necesidad de efectivo, acuden a las casas de empeño, por lo que sus costos de acceso a la liquidez son mucho más onerosos que los de la población con acceso al sistema financiero.
Aprovechar este mercado potencial y a la vez contribuir a la eliminación de la sanción por pobreza es un reto para las empresas formales. La mayoría de las experiencias exitosas en este campo es de empresas multinacionales, pero las mipymes locales tienen ventajas como la flexibilidad tecnológica y el conocimiento de la población (hábitos, preferencias, etc.), de las cuales pueden sacar partido.
Como dicen los expertos en estrategias empresariales, es la hora de formular modelos de negocio innovadores que permitan atender a los más pobres. Y habrá dos ganadores: las empresas y la población víctima de la sanción por pobreza.
“Los pobres no tienen poder adquisitivo”. “En las economías pobres, los mercados son estrechos por la baja capacidad de compra de su población”. Afirmaciones de este estilo se han convertido en “verdades de a puño” que nadie discute… O mejor, que nadie discutía hasta que se demostró que son preconcepciones que generan un círculo vicioso.
Tiene que aparecer uno que otro gurú que se sale de los cánones para enseñarnos lo que debimos ver con mucha anticipación. Eso pasa con los pobres y su capacidad de compra. Las empresas rara vez piensan en ese segmento, que representa el mayor porcentaje de la población, como un mercado potencial. Por ello los barrios marginales de muchas ciudades del mundo no cuentan con servicios formales de transporte, salud, bancos, y alimentos manufacturados de calidad, entre otros.
Muhammad Yunus demostró desde hace varias décadas que incluso la población en pobreza extrema tiene capacidad de pago y cumple como pocos con sus obligaciones financieras. Además, comprobó que al brindarles acceso a los servicios financieros formales, mejoran su alimentación y el acceso a la educación y la salud.
Más recientemente C. K. Prahalad extendió esas conclusiones a otras áreas. Afirmó que si bien es cierto que la capacidad de compra individual es baja, en su conjunto los pobres constituyen un enorme mercado que no ha sido aprovechado por las empresas.
En parte esa capacidad se evidencia en lo que Prahalad denomina la “sanción por pobreza”; esto significa que los pobres pagan unos costos superiores por acceso a los bienes y servicios que los asumidos por sectores de ingresos superiores. Es algo que podemos verificar en nuestro medio; los costos financieros que sufragan los más pobres con sistemas como el “gota a gota” son absurdos: ¡Hasta 20% diario!
Los pobres también ahorran pese a la “sanción por pobreza” que tienen que asumir por la carencia de sucursales bancarias. En Colombia es habitual entre la población de menores ingresos hacer “ahorros” mediante la compra de joyas o electrodomésticos (por eso se ven antenas de televisión en los sectores más deprimidos); cuando tienen necesidad de efectivo, acuden a las casas de empeño, por lo que sus costos de acceso a la liquidez son mucho más onerosos que los de la población con acceso al sistema financiero.
Aprovechar este mercado potencial y a la vez contribuir a la eliminación de la sanción por pobreza es un reto para las empresas formales. La mayoría de las experiencias exitosas en este campo es de empresas multinacionales, pero las mipymes locales tienen ventajas como la flexibilidad tecnológica y el conocimiento de la población (hábitos, preferencias, etc.), de las cuales pueden sacar partido.
Como dicen los expertos en estrategias empresariales, es la hora de formular modelos de negocio innovadores que permitan atender a los más pobres. Y habrá dos ganadores: las empresas y la población víctima de la sanción por pobreza.
Regreso al proteccionismo
Publicado en Ámbito Jurídico el 6 de octubre de 2008
Durante la negociación del TLC con Estados Unidos los empresarios plantearon temores por la carencia de “una verdadera política industrial”.
Los críticos fueron más allá y entre sus argumentos señalaron que Colombia se embarcó en una política de libre comercio abandonando la protección de su sector productivo, lo que inevitablemente conducirá a su desaparición. Aducían que, por contraste, los países hoy desarrollados y las economías emergentes exitosas protegieron sus industrias en algún periodo de su historia.
Ahora cuando el gobierno anuncia una política de transformación productiva que incluye entre sus estrategias el desarrollo de sectores nuevos y emergentes, se empieza a cuestionar si estamos de regreso al proteccionismo del pasado.
Sobre el primer tema, hay que repasar la historia. Por décadas Colombia implementó políticas proteccionistas como lo hicieron muchos países del mundo. Tuvimos elevados aranceles, un complejo régimen de licencias de importación, restricciones a la compra de divisas, concesión de generosos subsidios a varios sectores, regulación de precios, crédito dirigido a determinados sectores, limitaciones a la inversión extranjera, un Estado accionista compartiendo riesgos con el sector privado en la etapa de despegue de las empresas y un monopolio estatal en la comercialización de productos agropecuarios, entre otras. Al tiempo que los países asiáticos protegían su producción, Colombia también lo hacía.
No obstante, el balance relativo es muy pobre. Lo que deben preguntarse quienes cuestionan la situación actual es qué nos diferenció, por ejemplo, en la aplicación de las políticas proteccionistas implementadas en Asia.
Quizás la respuesta se empiece a encontrar al examinar la relación de esas políticas con la inserción internacional. Mientras que en las economías asiáticas la protección sectorial fue acompañada de compromisos con las exportaciones, en nuestro caso no hubo tal.
El resultado: los sectores protegidos en Asia tenían que enfrentar la competencia del mercado mundial y por lo tanto alcanzar los estándares internacionales de competitividad. En nuestro caso los sectores protegidos se mantuvieron aislados de la competencia internacional y, por lo tanto, se fueron rezagando en productividad, como lo muestran diversos estudios.
Un estudio de la CAF demuestra que la productividad laboral del país se rezagó continuamente con relación a la de Asia del Este desde mediados de los sesenta; justamente en el periodo en que tanto ellos como Colombia aplicaban políticas proteccionistas. Pero nosotros nos empeñábamos, con la mayoría de países de América Latina, en los sueños del regionalismo cerrado, mientras que los asiáticos optaban por la apertura económica sin abandonar las políticas de industrialización.
Las ineficiencias que se generaron se transfirieron a los consumidores vía precios y calidad; curiosamente, las brechas crecientes en productividad se convirtieron en el caballo de batalla para fortalecer el proteccionismo. Y surgieron tesis del estilo: “cuando estemos listos podremos abrir la economía; antes no”.
Por lo tanto, en ese debate lo que se debe concluir es que perdimos el curso. No aprovechamos la oportunidad que brindó la política industrial en boga por décadas para desarrollar una estructura productiva competitiva, diversificada e innovadora, capaz de enfrentar la competencia.
Con relación al segundo tema, es un poco apresurado afirmar que estamos de regreso al proteccionismo de los años sesenta y setenta. El mundo cambió y la globalización no da espacios para ese proteccionismo de viejo cuño. Basta con mirar al vecindario para concluir que forzar el desarrollo con ese tipo de políticas no es viable. A lo más que se llega es a crear la ilusión de desarrollar sectores productivos nacionales, pero basados en una clase empresarial adicta a las ayudas públicas y, por lo tanto, dependiente de los consumidores locales.
En la propuesta de política de transformación productiva no hay protección arancelaria ni otros mecanismos de aislamiento de la competencia, ni los cuantiosos subsidios de otras épocas, ni políticas de distorsión de precios, ni los consumidores serán constreñidos a aceptar precios no competitivos ni productos y servicios de calidad inferior a la imperante en la economía mundial.
La política de transformación productiva está orientada a la creación de las condiciones de entorno adecuadas para facilitar el desarrollo de sectores que generan alto valor agregado, que tienen un alto potencial de crecimiento en las próximas décadas, que generan empleos de calidad y permiten desarrollar ventajas competitivas sobre la base de habilidades existentes. Además, son sectores que hoy en día exportan productos o servicios y, por lo tanto, han mostrado que tienen potencial competitivo.
Un elemento fundamental de la nueva política es la participación activa del sector privado. Sin su concurso no hay posibilidades de desarrollo. En primer lugar, se requiere una sólida organización gremial para plantear y realizar sus expectativas como sector. En segundo lugar, deben colaborar en la identificación de las barreras que tienen para su desarrollo, sean estas de formación del recurso humano, de conocimientos, de tecnología, normativas, etc.
Tal vez las interpretaciones erradas surgen de la “elección de sectores”. Se piensa que el gobierno va a seleccionar arbitrariamente sectores ganadores y de paso los perdedores. La realidad es que son los propios sectores los que se seleccionan, con base en una metodología transparente que diseñó el gobierno con la asesoría de una consultora de amplia experiencia mundial en el tema.
Son los sectores productivos los que pueden evaluar si contando con un entorno más favorable serán capaces de lograr un posicionamiento en los mercados internacionales. Son ellos los que deciden si asumen el reto del desarrollo. El ganador se llama Colombia.
Durante la negociación del TLC con Estados Unidos los empresarios plantearon temores por la carencia de “una verdadera política industrial”.
Los críticos fueron más allá y entre sus argumentos señalaron que Colombia se embarcó en una política de libre comercio abandonando la protección de su sector productivo, lo que inevitablemente conducirá a su desaparición. Aducían que, por contraste, los países hoy desarrollados y las economías emergentes exitosas protegieron sus industrias en algún periodo de su historia.
Ahora cuando el gobierno anuncia una política de transformación productiva que incluye entre sus estrategias el desarrollo de sectores nuevos y emergentes, se empieza a cuestionar si estamos de regreso al proteccionismo del pasado.
Sobre el primer tema, hay que repasar la historia. Por décadas Colombia implementó políticas proteccionistas como lo hicieron muchos países del mundo. Tuvimos elevados aranceles, un complejo régimen de licencias de importación, restricciones a la compra de divisas, concesión de generosos subsidios a varios sectores, regulación de precios, crédito dirigido a determinados sectores, limitaciones a la inversión extranjera, un Estado accionista compartiendo riesgos con el sector privado en la etapa de despegue de las empresas y un monopolio estatal en la comercialización de productos agropecuarios, entre otras. Al tiempo que los países asiáticos protegían su producción, Colombia también lo hacía.
No obstante, el balance relativo es muy pobre. Lo que deben preguntarse quienes cuestionan la situación actual es qué nos diferenció, por ejemplo, en la aplicación de las políticas proteccionistas implementadas en Asia.
Quizás la respuesta se empiece a encontrar al examinar la relación de esas políticas con la inserción internacional. Mientras que en las economías asiáticas la protección sectorial fue acompañada de compromisos con las exportaciones, en nuestro caso no hubo tal.
El resultado: los sectores protegidos en Asia tenían que enfrentar la competencia del mercado mundial y por lo tanto alcanzar los estándares internacionales de competitividad. En nuestro caso los sectores protegidos se mantuvieron aislados de la competencia internacional y, por lo tanto, se fueron rezagando en productividad, como lo muestran diversos estudios.
Un estudio de la CAF demuestra que la productividad laboral del país se rezagó continuamente con relación a la de Asia del Este desde mediados de los sesenta; justamente en el periodo en que tanto ellos como Colombia aplicaban políticas proteccionistas. Pero nosotros nos empeñábamos, con la mayoría de países de América Latina, en los sueños del regionalismo cerrado, mientras que los asiáticos optaban por la apertura económica sin abandonar las políticas de industrialización.
Las ineficiencias que se generaron se transfirieron a los consumidores vía precios y calidad; curiosamente, las brechas crecientes en productividad se convirtieron en el caballo de batalla para fortalecer el proteccionismo. Y surgieron tesis del estilo: “cuando estemos listos podremos abrir la economía; antes no”.
Por lo tanto, en ese debate lo que se debe concluir es que perdimos el curso. No aprovechamos la oportunidad que brindó la política industrial en boga por décadas para desarrollar una estructura productiva competitiva, diversificada e innovadora, capaz de enfrentar la competencia.
Con relación al segundo tema, es un poco apresurado afirmar que estamos de regreso al proteccionismo de los años sesenta y setenta. El mundo cambió y la globalización no da espacios para ese proteccionismo de viejo cuño. Basta con mirar al vecindario para concluir que forzar el desarrollo con ese tipo de políticas no es viable. A lo más que se llega es a crear la ilusión de desarrollar sectores productivos nacionales, pero basados en una clase empresarial adicta a las ayudas públicas y, por lo tanto, dependiente de los consumidores locales.
En la propuesta de política de transformación productiva no hay protección arancelaria ni otros mecanismos de aislamiento de la competencia, ni los cuantiosos subsidios de otras épocas, ni políticas de distorsión de precios, ni los consumidores serán constreñidos a aceptar precios no competitivos ni productos y servicios de calidad inferior a la imperante en la economía mundial.
La política de transformación productiva está orientada a la creación de las condiciones de entorno adecuadas para facilitar el desarrollo de sectores que generan alto valor agregado, que tienen un alto potencial de crecimiento en las próximas décadas, que generan empleos de calidad y permiten desarrollar ventajas competitivas sobre la base de habilidades existentes. Además, son sectores que hoy en día exportan productos o servicios y, por lo tanto, han mostrado que tienen potencial competitivo.
Un elemento fundamental de la nueva política es la participación activa del sector privado. Sin su concurso no hay posibilidades de desarrollo. En primer lugar, se requiere una sólida organización gremial para plantear y realizar sus expectativas como sector. En segundo lugar, deben colaborar en la identificación de las barreras que tienen para su desarrollo, sean estas de formación del recurso humano, de conocimientos, de tecnología, normativas, etc.
Tal vez las interpretaciones erradas surgen de la “elección de sectores”. Se piensa que el gobierno va a seleccionar arbitrariamente sectores ganadores y de paso los perdedores. La realidad es que son los propios sectores los que se seleccionan, con base en una metodología transparente que diseñó el gobierno con la asesoría de una consultora de amplia experiencia mundial en el tema.
Son los sectores productivos los que pueden evaluar si contando con un entorno más favorable serán capaces de lograr un posicionamiento en los mercados internacionales. Son ellos los que deciden si asumen el reto del desarrollo. El ganador se llama Colombia.
El país del NO
Publicado en el diario La República el 11 de septiembre de 2008
Los colombianos nos preciamos de ser emprendedores, gente de iniciativa, “muy vivos” y con mucha “malicia indígena”. ¿Entonces por qué no se reflejan esas cualidades en nuestro nivel de desarrollo?
Quizás porque, como decían los abuelos, no hay nada completo en la vida. Esas potenciales virtudes las neutralizamos con reacciones iniciales de rechazo a cualquier innovación: “no podemos”; “no estamos listos”; “eso es casi imposible”. Son algunas de las expresiones que utilizamos ante las propuestas de cambio.
Pero no paramos ahí. A renglón seguido nos despachamos a criticar todos los detalles de cualquier propuesta novedosa, teniendo cuidado de no plantear alternativas que nos puedan convertir en objeto de crítica. Así se bloquean muchas iniciativas, se demora la adopción de decisiones vitales para el país o lo que sale termina siendo un pálido reflejo de lo que se necesita, cuando no un esperpento que empeora el problema que se pretende solucionar.
Quizás esas sean características que vienen de ñapa con el subdesarrollo, pues (¿afortunadamente?) no tenemos la exclusividad. Un ejemplo, por si hiciera falta, nos ilustra el punto.
Hoy en día Muhammad Yunus tiene fama mundial como uno de los creadores de las microfinanzas y se reconoce ampliamente que ellas mejoran las condiciones de vida de la población más pobre.
Pero no siempre fue así; como relata David Bornstein en su libro “El precio de un sueño”, en 1980 cuando Yunus se empeñaba en crear una entidad bancaria independiente del Banco de Bangladesh, “el proyecto del Grameen Bank recibía críticas desde todos los frentes: de políticos, de académicos, de marxistas y libertarios por igual. Sus argumentos eran diversos; entre todos formaban un conjunto extraordinariamente incoherente: el Grameen era antirrevolucionario, arrojaba migajas al pueblo; los créditos convertían a los aldeanos en minicapitalistas, bajaban los sueldos agrarios y creaban un entorno de intensa competitividad que destruía las opciones de unir a los aldeanos en diversas revueltas. En cualquier caso, el crédito por sí solo era inútil”.
Un problema complementario es que la creatividad aplicada a destruir las propuestas ajenas termina por crear ficciones que son aceptadas como reales por los propios críticos y convertidas en dogmas repetidos por sus áulicos.
Cuenta Jung Chang en “Cisnes salvajes”, que en la dictadura de Mao sus fieles servidores trataban de ocultar las desventajas de la autarquía comunista frente al creciente desarrollo de las economías capitalistas inventando episodios que demostraban la superioridad de su régimen. Así, de la noche a la mañana China alcanzaba rendimientos fantásticos en su agricultura, al tiempo que se gestaba una de las mayores hambrunas del siglo XX, causante de la muerte de millones de personas.
Reacciones similares hemos registrado recientemente en Colombia con la decisión de negociar acuerdos comerciales. Con las nuevas propuestas que se están implementando en materia de transformación productiva, seguramente también proliferarán.
No bien iniciadas las negociaciones del TLC con Estados Unidos, los críticos lanzaron afirmaciones según las cuales se estaba violando la Constitución, los medicamentos genéricos desaparecerían y morirían cuatro millones de colombianos, la industria nacional se evaporaría, etc.
No reconocen que el país se rezagó relativamente frente a la globalización y que ello pone en riesgo la posibilidad de reducir la pobreza en el mediano plazo. Como lo señala el ministro Plata, la realidad es que los tratados negociados y en negociación apenas sí nos nivelarán con el mundo hacia el año 2011.
Lo expuesto no significa que se deba eliminar la crítica. Más bien, que ella no se quede en el cómodo papel de desprestigiar lo que otros proponen; que fortalecida por nuestra viveza y nuestra malicia indígena, sea realmente constructiva y aporte o sepa reconocer y apoyar alternativas viables para el desarrollo.
Los colombianos nos preciamos de ser emprendedores, gente de iniciativa, “muy vivos” y con mucha “malicia indígena”. ¿Entonces por qué no se reflejan esas cualidades en nuestro nivel de desarrollo?
Quizás porque, como decían los abuelos, no hay nada completo en la vida. Esas potenciales virtudes las neutralizamos con reacciones iniciales de rechazo a cualquier innovación: “no podemos”; “no estamos listos”; “eso es casi imposible”. Son algunas de las expresiones que utilizamos ante las propuestas de cambio.
Pero no paramos ahí. A renglón seguido nos despachamos a criticar todos los detalles de cualquier propuesta novedosa, teniendo cuidado de no plantear alternativas que nos puedan convertir en objeto de crítica. Así se bloquean muchas iniciativas, se demora la adopción de decisiones vitales para el país o lo que sale termina siendo un pálido reflejo de lo que se necesita, cuando no un esperpento que empeora el problema que se pretende solucionar.
Quizás esas sean características que vienen de ñapa con el subdesarrollo, pues (¿afortunadamente?) no tenemos la exclusividad. Un ejemplo, por si hiciera falta, nos ilustra el punto.
Hoy en día Muhammad Yunus tiene fama mundial como uno de los creadores de las microfinanzas y se reconoce ampliamente que ellas mejoran las condiciones de vida de la población más pobre.
Pero no siempre fue así; como relata David Bornstein en su libro “El precio de un sueño”, en 1980 cuando Yunus se empeñaba en crear una entidad bancaria independiente del Banco de Bangladesh, “el proyecto del Grameen Bank recibía críticas desde todos los frentes: de políticos, de académicos, de marxistas y libertarios por igual. Sus argumentos eran diversos; entre todos formaban un conjunto extraordinariamente incoherente: el Grameen era antirrevolucionario, arrojaba migajas al pueblo; los créditos convertían a los aldeanos en minicapitalistas, bajaban los sueldos agrarios y creaban un entorno de intensa competitividad que destruía las opciones de unir a los aldeanos en diversas revueltas. En cualquier caso, el crédito por sí solo era inútil”.
Un problema complementario es que la creatividad aplicada a destruir las propuestas ajenas termina por crear ficciones que son aceptadas como reales por los propios críticos y convertidas en dogmas repetidos por sus áulicos.
Cuenta Jung Chang en “Cisnes salvajes”, que en la dictadura de Mao sus fieles servidores trataban de ocultar las desventajas de la autarquía comunista frente al creciente desarrollo de las economías capitalistas inventando episodios que demostraban la superioridad de su régimen. Así, de la noche a la mañana China alcanzaba rendimientos fantásticos en su agricultura, al tiempo que se gestaba una de las mayores hambrunas del siglo XX, causante de la muerte de millones de personas.
Reacciones similares hemos registrado recientemente en Colombia con la decisión de negociar acuerdos comerciales. Con las nuevas propuestas que se están implementando en materia de transformación productiva, seguramente también proliferarán.
No bien iniciadas las negociaciones del TLC con Estados Unidos, los críticos lanzaron afirmaciones según las cuales se estaba violando la Constitución, los medicamentos genéricos desaparecerían y morirían cuatro millones de colombianos, la industria nacional se evaporaría, etc.
No reconocen que el país se rezagó relativamente frente a la globalización y que ello pone en riesgo la posibilidad de reducir la pobreza en el mediano plazo. Como lo señala el ministro Plata, la realidad es que los tratados negociados y en negociación apenas sí nos nivelarán con el mundo hacia el año 2011.
Lo expuesto no significa que se deba eliminar la crítica. Más bien, que ella no se quede en el cómodo papel de desprestigiar lo que otros proponen; que fortalecida por nuestra viveza y nuestra malicia indígena, sea realmente constructiva y aporte o sepa reconocer y apoyar alternativas viables para el desarrollo.
Buen clima de negocios
Publicado en el diario La República el 26 de septiembre de 2008
Por segundo año consecutivo Colombia fue el primer país en América Latina y uno de los 10 del mundo que más reformas hicieron para mejorar el ambiente de los negocios. Avanzamos 30 puestos en los dos últimos años en el escalafón del Doing Business y nos ubicamos en el puesto 53 entre 181 países, superando a todos los latinoamericanos, con excepción de Chile que está en el puesto 40.
El Doing Business es una investigación que inició el Banco Mundial en 2003 con el objetivo específico de evaluar la forma en que las leyes y las regulaciones estatales impactan el desarrollo de las actividades productivas.
Los investigadores observaron que un país puede contar con excelente infraestructura, centros de investigación, buenas comunicaciones, un recurso humano bien calificado, etc. Pero una regulación excesiva, que entrabe la creación de empresas, la obtención de una licencia de funcionamiento o la ejecución de una garantía, puede dar al traste con la posibilidad de generar una buena dinámica económica.
En ese contexto resulta muy importante el avance de Colombia, pues evidencia el compromiso del gobierno con la competitividad del país; refleja la decisión de mejorar las regulaciones que afectan el ambiente para el desarrollo de los negocios; e indica que estamos ganando ventajas relativas en el contexto mundial para la creación de más empresas tanto por inversionistas nacionales como extranjeros.
Pero así como hay áreas evaluadas por el Doing Business en las que Colombia sale muy bien con relación a los otros 180 países, hay otras en las que estamos rezagados.
Entre los aspectos que sobresalimos están la protección de inversionistas y los trámites y costos para el cierre de empresas, en los que ocupamos los puestos 24 y 30, respectivamente.
Dice la sabiduría popular que para un empresario es más importante saber cómo salir de un negocio que cómo entrar. En el análisis de este tema el Banco Mundial mide el tiempo que toma cerrar una empresa y la tasa de recuperación, medida como los centavos por dólar que recuperan sus acreedores mediante el procedimiento de insolvencia de cada país. Los resultados muestran que en Colombia el cierre de una empresa toma tres años y se recuperan 52.8 centavos.
En esta variable Japón ocupa el primer lugar, con 0.6 años y una recuperación de 92.5 centavos. Aun cuando las diferencias son notables, superamos por mucho a países como la India, en donde cerrar una empresa toma 10 años, o como Haití, donde la tasa de recuperación es de 2.7 centavos.
El aspecto que más tiene que mejorar el país es el cumplimiento de contratos (puesto 149). En su medición, el Banco Mundial examina la forma en que se soluciona una disputa en la venta de bienes y evalúa el tiempo que toma, el número de procedimientos que se deben realizar y los costos judiciales, medidos como porcentaje del valor de la deuda.
Según el Doing Business, en Colombia son necesarios 34 pasos, el juicio tarda 1.346 días y el costo es el 52.6% de la deuda. En Hong Kong, que ocupa el primer lugar en este tema, la disputa requiere de 24 procedimientos, el juicio demora 211 días y el costo es el 14.5% de la deuda.
Es evidente que la regulación es necesaria en diversos campos de la actividad económica, pero también es claro que los excesos pueden afectar la competitividad del país. Por eso el gobierno ha fortalecido las políticas de competitividad y la mejora del ambiente para los negocios es parte vital
Por segundo año consecutivo Colombia fue el primer país en América Latina y uno de los 10 del mundo que más reformas hicieron para mejorar el ambiente de los negocios. Avanzamos 30 puestos en los dos últimos años en el escalafón del Doing Business y nos ubicamos en el puesto 53 entre 181 países, superando a todos los latinoamericanos, con excepción de Chile que está en el puesto 40.
El Doing Business es una investigación que inició el Banco Mundial en 2003 con el objetivo específico de evaluar la forma en que las leyes y las regulaciones estatales impactan el desarrollo de las actividades productivas.
Los investigadores observaron que un país puede contar con excelente infraestructura, centros de investigación, buenas comunicaciones, un recurso humano bien calificado, etc. Pero una regulación excesiva, que entrabe la creación de empresas, la obtención de una licencia de funcionamiento o la ejecución de una garantía, puede dar al traste con la posibilidad de generar una buena dinámica económica.
En ese contexto resulta muy importante el avance de Colombia, pues evidencia el compromiso del gobierno con la competitividad del país; refleja la decisión de mejorar las regulaciones que afectan el ambiente para el desarrollo de los negocios; e indica que estamos ganando ventajas relativas en el contexto mundial para la creación de más empresas tanto por inversionistas nacionales como extranjeros.
Pero así como hay áreas evaluadas por el Doing Business en las que Colombia sale muy bien con relación a los otros 180 países, hay otras en las que estamos rezagados.
Entre los aspectos que sobresalimos están la protección de inversionistas y los trámites y costos para el cierre de empresas, en los que ocupamos los puestos 24 y 30, respectivamente.
Dice la sabiduría popular que para un empresario es más importante saber cómo salir de un negocio que cómo entrar. En el análisis de este tema el Banco Mundial mide el tiempo que toma cerrar una empresa y la tasa de recuperación, medida como los centavos por dólar que recuperan sus acreedores mediante el procedimiento de insolvencia de cada país. Los resultados muestran que en Colombia el cierre de una empresa toma tres años y se recuperan 52.8 centavos.
En esta variable Japón ocupa el primer lugar, con 0.6 años y una recuperación de 92.5 centavos. Aun cuando las diferencias son notables, superamos por mucho a países como la India, en donde cerrar una empresa toma 10 años, o como Haití, donde la tasa de recuperación es de 2.7 centavos.
El aspecto que más tiene que mejorar el país es el cumplimiento de contratos (puesto 149). En su medición, el Banco Mundial examina la forma en que se soluciona una disputa en la venta de bienes y evalúa el tiempo que toma, el número de procedimientos que se deben realizar y los costos judiciales, medidos como porcentaje del valor de la deuda.
Según el Doing Business, en Colombia son necesarios 34 pasos, el juicio tarda 1.346 días y el costo es el 52.6% de la deuda. En Hong Kong, que ocupa el primer lugar en este tema, la disputa requiere de 24 procedimientos, el juicio demora 211 días y el costo es el 14.5% de la deuda.
Es evidente que la regulación es necesaria en diversos campos de la actividad económica, pero también es claro que los excesos pueden afectar la competitividad del país. Por eso el gobierno ha fortalecido las políticas de competitividad y la mejora del ambiente para los negocios es parte vital
Regionalismo versus multilateralismo
Publicado en el diario La República el 28 de agosto de 2008
Los recientes sucesos de la Ronda Doha han reavivado la discusión sobre regionalismo y multilateralismo. Mientras algunos analistas atribuyen al primero el freno al desarrollo del segundo, hay quienes creen viable el avance hacia el libre comercio con las dos opciones.
Es necesario poner en contexto el debate para enriquecer la discusión, aun a sabiendas de que difícilmente será zanjada.
Para empezar, es crucial reconocer que desde sus propios orígenes en el escenario multilateral se aceptó la convivencia con el regionalismo. Con ese propósito se introdujo el artículo XXIV del GATT de 1947; en él se señala que “las partes contratantes reconocen la conveniencia de aumentar la libertad de comercio, desarrollando, mediante acuerdos libremente concertados, una integración mayor de las economías de los países que participen en tales acuerdos”.
Adicionalmente, como lo señala Monserrat Millet en su libro “La regulación del comercio internacional: Del GATT a la OMC”, la posibilidad de crear uniones aduaneras y zonas de libre comercio fue propuesta tanto por países desarrollados como subdesarrollados; los primeros, con el liderazgo de Bélgica, Holanda y Francia, manifestaron su interés en incluir las uniones aduaneras; los segundos, representados por países latinoamericanos, revelaron su preferencia por la inclusión de las zonas de libre comercio.
De esta forma, el GATT nació con una excepción a uno de sus principios fundamentales: el de Nación Más Favorecida (NMF). Este señala que los beneficios de acceso preferencial que se otorguen a un país miembro de la OMC (y del GATT antes de 1994) se extienden automáticamente a todos los miembros de la organización. Con el artículo XXIV, los países que formen una unión aduanera o una zona de libre comercio, conceden beneficios adicionales sólo a sus socios, con la condición de no desmejorar la situación de los demás miembros de la OMC.
La excepción al principio NMF, posteriormente se amplió con el artículo V del acuerdo de servicios (GATS) y con la Cláusula de Habilitación, que estableció el trato especial y diferenciado a favor de las economías subdesarrolladas.
El economista Jacob Viner enunció en 1950 que las uniones aduaneras generan dos fuerzas contrarias: la creación y la desviación de comercio. El impacto de esta modalidad de integración en el bienestar puede ser positivo si predomina la creación o negativo si es dominante la desviación. Con estos planteamientos surgió el debate sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los acuerdos regionales con las negociaciones en el marco de la OMC.
En las décadas siguientes, y especialmente desde 1990, a la par que crecieron los debates se incrementaron las negociaciones regionales. Según las estadísticas de notificaciones a la OMC, actualmente hay 213 acuerdos vigentes y Mongolia es el único país miembro que no forma parte de uno de ellos.
Puestos en ese contexto, ¿cuál debería ser la posición de Colombia? Quienes afirman que el bilateralismo torpedea el multilateralismo obviamente no aceptan la agenda de negociaciones comerciales que se viene adelantando, o, cuando más, enfatizan que ellas deberían concentrarse en los países de América Latina.
Esa es una posición poco realista. Hasta hace poco Colombia era uno de los países con menos acuerdos regionales tanto en el mundo como en América Latina. En cambio, buena parte de los vecinos ha conseguido acceso preferencial permanente para la mayor parte de sus exportaciones. Si tenemos en cuenta que ellos tienen una estructura productiva parecida a la nuestra, que exportan productos similares y a los mismos destinos, es claro el riesgo de perder mercados por desviación de comercio (suponiendo que somos más eficientes que los demás; no siéndolo, el escenario es peor).
Con ese panorama, es mejor parecernos a Chile que a Mongolia y aprovechar las ventajas que ofrece el comercio internacional como palanca del crecimiento económico.
Los recientes sucesos de la Ronda Doha han reavivado la discusión sobre regionalismo y multilateralismo. Mientras algunos analistas atribuyen al primero el freno al desarrollo del segundo, hay quienes creen viable el avance hacia el libre comercio con las dos opciones.
Es necesario poner en contexto el debate para enriquecer la discusión, aun a sabiendas de que difícilmente será zanjada.
Para empezar, es crucial reconocer que desde sus propios orígenes en el escenario multilateral se aceptó la convivencia con el regionalismo. Con ese propósito se introdujo el artículo XXIV del GATT de 1947; en él se señala que “las partes contratantes reconocen la conveniencia de aumentar la libertad de comercio, desarrollando, mediante acuerdos libremente concertados, una integración mayor de las economías de los países que participen en tales acuerdos”.
Adicionalmente, como lo señala Monserrat Millet en su libro “La regulación del comercio internacional: Del GATT a la OMC”, la posibilidad de crear uniones aduaneras y zonas de libre comercio fue propuesta tanto por países desarrollados como subdesarrollados; los primeros, con el liderazgo de Bélgica, Holanda y Francia, manifestaron su interés en incluir las uniones aduaneras; los segundos, representados por países latinoamericanos, revelaron su preferencia por la inclusión de las zonas de libre comercio.
De esta forma, el GATT nació con una excepción a uno de sus principios fundamentales: el de Nación Más Favorecida (NMF). Este señala que los beneficios de acceso preferencial que se otorguen a un país miembro de la OMC (y del GATT antes de 1994) se extienden automáticamente a todos los miembros de la organización. Con el artículo XXIV, los países que formen una unión aduanera o una zona de libre comercio, conceden beneficios adicionales sólo a sus socios, con la condición de no desmejorar la situación de los demás miembros de la OMC.
La excepción al principio NMF, posteriormente se amplió con el artículo V del acuerdo de servicios (GATS) y con la Cláusula de Habilitación, que estableció el trato especial y diferenciado a favor de las economías subdesarrolladas.
El economista Jacob Viner enunció en 1950 que las uniones aduaneras generan dos fuerzas contrarias: la creación y la desviación de comercio. El impacto de esta modalidad de integración en el bienestar puede ser positivo si predomina la creación o negativo si es dominante la desviación. Con estos planteamientos surgió el debate sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los acuerdos regionales con las negociaciones en el marco de la OMC.
En las décadas siguientes, y especialmente desde 1990, a la par que crecieron los debates se incrementaron las negociaciones regionales. Según las estadísticas de notificaciones a la OMC, actualmente hay 213 acuerdos vigentes y Mongolia es el único país miembro que no forma parte de uno de ellos.
Puestos en ese contexto, ¿cuál debería ser la posición de Colombia? Quienes afirman que el bilateralismo torpedea el multilateralismo obviamente no aceptan la agenda de negociaciones comerciales que se viene adelantando, o, cuando más, enfatizan que ellas deberían concentrarse en los países de América Latina.
Esa es una posición poco realista. Hasta hace poco Colombia era uno de los países con menos acuerdos regionales tanto en el mundo como en América Latina. En cambio, buena parte de los vecinos ha conseguido acceso preferencial permanente para la mayor parte de sus exportaciones. Si tenemos en cuenta que ellos tienen una estructura productiva parecida a la nuestra, que exportan productos similares y a los mismos destinos, es claro el riesgo de perder mercados por desviación de comercio (suponiendo que somos más eficientes que los demás; no siéndolo, el escenario es peor).
Con ese panorama, es mejor parecernos a Chile que a Mongolia y aprovechar las ventajas que ofrece el comercio internacional como palanca del crecimiento económico.
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TLC y desempleo
Publicado en el diario La República el 15 de agosto de 2008
Curiosamente los sindicatos de Estados Unidos y de Colombia y algunos grupos que los respaldan, se oponen al TLC por el temor a la pérdida de empleos. No obstante, pocas son las evidencias que presentan.
La posibilidad de que los TLCs ocasionen desempleo radica en el reacomodamiento de la estructura productiva. Hay sectores que deben realizar procesos de reconversión para cerrar sus brechas de competitividad y otros quizás deban ser sustituidos por actividades con mayores opciones frente a la competencia.
Sin embargo, se ha demostrado que los acuerdos tienen un efecto neto de creación de comercio y, por lo tanto, de aumento de la inversión y del empleo. Esto significa que se podrían registrar situaciones temporales de mayor desempleo, que serán corregidas al efectuarse los ajustes sectoriales.
Así ocurrió en el tratado entre Canadá y Estados Unidos a finales de los ochenta (CUFTA), aun cuando su efecto se mezcló con el de la recesión de 1990-1991. En Canadá el PIB se contrajo en esos años (-0.2 y – 1.8%) y el empleo comenzó a recuperarse cinco años después de la entrada en vigencia del acuerdo y, según Carnegie Endowment for International Peace, “un decenio después de la aprobación de CUFTA, el empleo en el sector de manufacturas se recuperó hasta llegar a los niveles anteriores al tratado de comercio y ha seguido creciendo moderadamente desde entonces”.
En Estados Unidos se había registrado un nivel de desempleo del 6% en 1994. La entrada en vigencia del NAFTA en 1995 consolidó la tendencia descendente observada desde 1992. En abril de 2000 la tasa de desempleo fue 3.8%, la más baja desde enero de 1970. La tendencia cambió con la recesión de 2001, hecho que de ninguna manera se puede atribuir a este acuerdo.
El balance crítico del NAFTA de la mencionada fundación Carnegie reconoció que “el efecto neto del TLCAN sobre los puestos de trabajo en Estados Unidos ha sido minúsculo... Los mejores modelos hasta la fecha indican que el TLCAN no ha producido un cambio neto en el empleo o ha significado una ganancia neta muy pequeña de puestos de trabajo”.
En el caso de México, la vigencia del NAFTA fue contemporánea con la crisis del tequila que ocasionó una notable reducción del empleo. La tasa de desempleo, que fue 3.2% en diciembre de 1994, ascendió a 7.6% en agosto de 1995; con la recuperación de la economía el indicador empezó a descender hasta niveles inferiores a los observados antes del TLC (1.9% en diciembre de 2000).
Se ha detectado que hubo pérdida de empleos en el agro mexicano, pero es un fenómeno simultáneo con un aumento de la migración hacia las ciudades y hacia Estados Unidos. También se reconoce que parte de esa migración fue absorbida por el crecimiento del empleo en las manufacturas.
En los TLCs el periodo de ajuste en el empleo depende de los cronogramas de desgravación previstos. En Canadá fue relativamente largo por la rápida reducción de aranceles, mientras que en México fue más corto, acorde con la gradualidad pactada. Y en ambos casos estos efectos se mezclaron con los de una caída del PIB.
Por lo tanto, la evidencia no respalda los temores de los sindicatos y de otros sectores. Estos parecen ser una reacción frente a la globalización que está ocasionando la fragmentación geográfica de los procesos de producción y el desplazamiento de actividades desde los países desarrollados hacia los subdesarrollados (outsourcing y offshoring).
Pero, como señala Alan Blinder, la historia ha demostrado que el desplazamiento de la producción a otros países del mundo incentiva el surgimiento de nuevas actividades económicas en el país innovador, de forma que los impactos netos sobre el empleo son reducidos.
Curiosamente los sindicatos de Estados Unidos y de Colombia y algunos grupos que los respaldan, se oponen al TLC por el temor a la pérdida de empleos. No obstante, pocas son las evidencias que presentan.
La posibilidad de que los TLCs ocasionen desempleo radica en el reacomodamiento de la estructura productiva. Hay sectores que deben realizar procesos de reconversión para cerrar sus brechas de competitividad y otros quizás deban ser sustituidos por actividades con mayores opciones frente a la competencia.
Sin embargo, se ha demostrado que los acuerdos tienen un efecto neto de creación de comercio y, por lo tanto, de aumento de la inversión y del empleo. Esto significa que se podrían registrar situaciones temporales de mayor desempleo, que serán corregidas al efectuarse los ajustes sectoriales.
Así ocurrió en el tratado entre Canadá y Estados Unidos a finales de los ochenta (CUFTA), aun cuando su efecto se mezcló con el de la recesión de 1990-1991. En Canadá el PIB se contrajo en esos años (-0.2 y – 1.8%) y el empleo comenzó a recuperarse cinco años después de la entrada en vigencia del acuerdo y, según Carnegie Endowment for International Peace, “un decenio después de la aprobación de CUFTA, el empleo en el sector de manufacturas se recuperó hasta llegar a los niveles anteriores al tratado de comercio y ha seguido creciendo moderadamente desde entonces”.
En Estados Unidos se había registrado un nivel de desempleo del 6% en 1994. La entrada en vigencia del NAFTA en 1995 consolidó la tendencia descendente observada desde 1992. En abril de 2000 la tasa de desempleo fue 3.8%, la más baja desde enero de 1970. La tendencia cambió con la recesión de 2001, hecho que de ninguna manera se puede atribuir a este acuerdo.
El balance crítico del NAFTA de la mencionada fundación Carnegie reconoció que “el efecto neto del TLCAN sobre los puestos de trabajo en Estados Unidos ha sido minúsculo... Los mejores modelos hasta la fecha indican que el TLCAN no ha producido un cambio neto en el empleo o ha significado una ganancia neta muy pequeña de puestos de trabajo”.
En el caso de México, la vigencia del NAFTA fue contemporánea con la crisis del tequila que ocasionó una notable reducción del empleo. La tasa de desempleo, que fue 3.2% en diciembre de 1994, ascendió a 7.6% en agosto de 1995; con la recuperación de la economía el indicador empezó a descender hasta niveles inferiores a los observados antes del TLC (1.9% en diciembre de 2000).
Se ha detectado que hubo pérdida de empleos en el agro mexicano, pero es un fenómeno simultáneo con un aumento de la migración hacia las ciudades y hacia Estados Unidos. También se reconoce que parte de esa migración fue absorbida por el crecimiento del empleo en las manufacturas.
En los TLCs el periodo de ajuste en el empleo depende de los cronogramas de desgravación previstos. En Canadá fue relativamente largo por la rápida reducción de aranceles, mientras que en México fue más corto, acorde con la gradualidad pactada. Y en ambos casos estos efectos se mezclaron con los de una caída del PIB.
Por lo tanto, la evidencia no respalda los temores de los sindicatos y de otros sectores. Estos parecen ser una reacción frente a la globalización que está ocasionando la fragmentación geográfica de los procesos de producción y el desplazamiento de actividades desde los países desarrollados hacia los subdesarrollados (outsourcing y offshoring).
Pero, como señala Alan Blinder, la historia ha demostrado que el desplazamiento de la producción a otros países del mundo incentiva el surgimiento de nuevas actividades económicas en el país innovador, de forma que los impactos netos sobre el empleo son reducidos.
Propiedad intelectual y bienes públicos
Publicado en Ámbito Jurídico el 11 de agosto de 2008
El tema de la propiedad intelectual es uno de los componentes que más genera polémica en los acuerdos comerciales. Pero buena parte de ella responde a una percepción errada de su importancia en el desarrollo de conocimientos, la solución de problemas que aquejan a la sociedad, el avance científico y tecnológico y el desarrollo económico.
Durante la negociación del TLC con los Estados Unidos y su proceso de aprobación en el Congreso vimos críticos afirmando que el capítulo de propiedad intelectual ocasionaría el sometimiento de la política de salud pública al dictado de las multinacionales, la desaparición de los medicamentos genéricos, la muerte de millones de colombianos, el aumento exorbitante de los precios de los medicamentos y un impacto total cuantificado en más de US$ 900 millones. Las demostraciones de estas afirmaciones siempre fueron endebles, pero se vendieron bien a la opinión pública.
Un enfoque interesante para entender el papel de la propiedad intelectual es el que presenta el economista español Xavier Sala i Martin en su libro Economía liberal para no economistas y no liberales. El punto de partida es el de los bienes públicos.
Hay bienes que son “normales” como el pan, porque tienen tres características, que el autor resume con el siguiente ejemplo: “La primera es que cuando el consumidor come un pedazo de pan, nadie más puede comérselo. La segunda es que el propietario de la panadería puede impedir que el cliente obtenga el pan si antes no lo compra. La tercera… es que el consumo de un trozo de pan por parte de un consumidor le afecta a él y a nadie más que a él”.
Pero también hay bienes públicos que no cumplen esas características y generan externalidades que permiten a muchos consumidores el usufructo sin contribuir a financiarlos. Esto ocurre porque no se puede discriminar entre los que pagaron y los que no y porque se trata de bienes que no se agotan con el aumento del número de personas que los consumen. Un ejemplo son los canales públicos de televisión; cualquier persona que adquiera un televisor puede acceder a ellos, aun cuando no pague los impuestos que el gobierno utiliza para esta producción; de igual forma, no hay un límite para el número de consumidores.
El problema es que las características de los bienes públicos los hacen poco atractivos a la producción privada que persigue la obtención de ganancias. Por tal razón, el gobierno tiende a ser el proveedor de ellos –como en el caso de la seguridad nacional que brindan el ejército y la policía– o a desarrollar esquemas que los tornan atractivos para los empresarios, como ocurre con las concesiones para la construcción de carreteras.
El conocimiento es otro bien público que los empresarios no tienen incentivo para producir, pues podría ser apropiado por todos los que lo quieran utilizar sin haberlo financiado. Aun cuando siempre hay personas y empresas que generan conocimientos sin esperar nada a cambio –los “sabios locos”, como los llama Sala i Martin–, la evidencia muestra que no los producen al ritmo que la sociedad los necesita.
En este caso, el gobierno debe crear el entorno legal adecuado para generar los incentivos a la investigación y producción de conocimientos. Ese entorno está constituido por todo el marco de protección de los derechos de propiedad y específicamente por la propiedad intelectual.
El premio Nobel de economía Douglass North afirma que la revolución industrial, que se caracterizó por el notable aumento de la velocidad de innovación con relación a los siglos anteriores, en buena parte se puede explicar por la existencia de las patentes: "La falta de desarrollo de derechos de propiedad sistemáticos sobre innovaciones hasta épocas relativamente modernas fue una causa principal del lento ritmo de cambio tecnológico… fue únicamente con el sistema de patentes que se estableció un conjunto sistemático de incentivos para fomentar el cambio tecnológico y elevar la tasa de retorno privada sobre la innovación y acercarla a la tasa de retorno social".
El derecho de exclusividad que se concede a los innovadores por un tiempo que actualmente es de 20 años, es el incentivo para que los empresarios acometan los riesgos de los procesos de investigación y desarrollo. El derecho se otorga con dos compromisos: primero, que el innovador ponga a disposición de la sociedad los conocimientos que le permitieron llegar a su invento; segundo, que terminado el tiempo de protección el invento puede ser fabricado por cualquier empresario, lo que permite volver más competitivo el mercado.
Es claro que las patentes generan un esquema de mercado similar al del monopolio, en el que el empresario puede fijar precios altos, aun cuando no se trata de un poder absoluto, pues la normatividad internacional establece talanqueras para que los innovadores no abusen del derecho de exclusividad.
Aún así, las patentes son una concesión que no les gusta a los críticos de los acuerdos comerciales. El problema es que no plantean alternativas viables para que este bien público, que la propiedad intelectual incentiva, sea producido de forma eficiente y con el ritmo que demanda la sociedad, a la vez que se asegura la rentabilidad de los innovadores.
El tema de la propiedad intelectual es uno de los componentes que más genera polémica en los acuerdos comerciales. Pero buena parte de ella responde a una percepción errada de su importancia en el desarrollo de conocimientos, la solución de problemas que aquejan a la sociedad, el avance científico y tecnológico y el desarrollo económico.
Durante la negociación del TLC con los Estados Unidos y su proceso de aprobación en el Congreso vimos críticos afirmando que el capítulo de propiedad intelectual ocasionaría el sometimiento de la política de salud pública al dictado de las multinacionales, la desaparición de los medicamentos genéricos, la muerte de millones de colombianos, el aumento exorbitante de los precios de los medicamentos y un impacto total cuantificado en más de US$ 900 millones. Las demostraciones de estas afirmaciones siempre fueron endebles, pero se vendieron bien a la opinión pública.
Un enfoque interesante para entender el papel de la propiedad intelectual es el que presenta el economista español Xavier Sala i Martin en su libro Economía liberal para no economistas y no liberales. El punto de partida es el de los bienes públicos.
Hay bienes que son “normales” como el pan, porque tienen tres características, que el autor resume con el siguiente ejemplo: “La primera es que cuando el consumidor come un pedazo de pan, nadie más puede comérselo. La segunda es que el propietario de la panadería puede impedir que el cliente obtenga el pan si antes no lo compra. La tercera… es que el consumo de un trozo de pan por parte de un consumidor le afecta a él y a nadie más que a él”.
Pero también hay bienes públicos que no cumplen esas características y generan externalidades que permiten a muchos consumidores el usufructo sin contribuir a financiarlos. Esto ocurre porque no se puede discriminar entre los que pagaron y los que no y porque se trata de bienes que no se agotan con el aumento del número de personas que los consumen. Un ejemplo son los canales públicos de televisión; cualquier persona que adquiera un televisor puede acceder a ellos, aun cuando no pague los impuestos que el gobierno utiliza para esta producción; de igual forma, no hay un límite para el número de consumidores.
El problema es que las características de los bienes públicos los hacen poco atractivos a la producción privada que persigue la obtención de ganancias. Por tal razón, el gobierno tiende a ser el proveedor de ellos –como en el caso de la seguridad nacional que brindan el ejército y la policía– o a desarrollar esquemas que los tornan atractivos para los empresarios, como ocurre con las concesiones para la construcción de carreteras.
El conocimiento es otro bien público que los empresarios no tienen incentivo para producir, pues podría ser apropiado por todos los que lo quieran utilizar sin haberlo financiado. Aun cuando siempre hay personas y empresas que generan conocimientos sin esperar nada a cambio –los “sabios locos”, como los llama Sala i Martin–, la evidencia muestra que no los producen al ritmo que la sociedad los necesita.
En este caso, el gobierno debe crear el entorno legal adecuado para generar los incentivos a la investigación y producción de conocimientos. Ese entorno está constituido por todo el marco de protección de los derechos de propiedad y específicamente por la propiedad intelectual.
El premio Nobel de economía Douglass North afirma que la revolución industrial, que se caracterizó por el notable aumento de la velocidad de innovación con relación a los siglos anteriores, en buena parte se puede explicar por la existencia de las patentes: "La falta de desarrollo de derechos de propiedad sistemáticos sobre innovaciones hasta épocas relativamente modernas fue una causa principal del lento ritmo de cambio tecnológico… fue únicamente con el sistema de patentes que se estableció un conjunto sistemático de incentivos para fomentar el cambio tecnológico y elevar la tasa de retorno privada sobre la innovación y acercarla a la tasa de retorno social".
El derecho de exclusividad que se concede a los innovadores por un tiempo que actualmente es de 20 años, es el incentivo para que los empresarios acometan los riesgos de los procesos de investigación y desarrollo. El derecho se otorga con dos compromisos: primero, que el innovador ponga a disposición de la sociedad los conocimientos que le permitieron llegar a su invento; segundo, que terminado el tiempo de protección el invento puede ser fabricado por cualquier empresario, lo que permite volver más competitivo el mercado.
Es claro que las patentes generan un esquema de mercado similar al del monopolio, en el que el empresario puede fijar precios altos, aun cuando no se trata de un poder absoluto, pues la normatividad internacional establece talanqueras para que los innovadores no abusen del derecho de exclusividad.
Aún así, las patentes son una concesión que no les gusta a los críticos de los acuerdos comerciales. El problema es que no plantean alternativas viables para que este bien público, que la propiedad intelectual incentiva, sea producido de forma eficiente y con el ritmo que demanda la sociedad, a la vez que se asegura la rentabilidad de los innovadores.
Comercio y desarrollo
Publicado en el diario La República el 30 de julio de 2008
Hay conceptos de la economía que pese a su utilidad son relegados al baúl de los recuerdos. Tal es el caso de la idea de los eslabonamientos productivos, que postuló Albert Hirschman en su obra “La estrategia del desarrollo económico”, publicada en 1958.
En el foro organizado por la Universidad de los Andes para conmemorar los 50 años de la publicación de esa obra, Miguel Urrutia sintetizó el concepto en los siguientes términos: “El desarrollo se acelera por la inversión en proyectos e industrias con fuertes efectos de enlace hacia delante y hacia atrás. Los enlaces hacia atrás conducen a nueva inversión en instalaciones proveedoras de insumos, y los enlaces hacia delante conducen a la inversión en instalaciones empleadoras de productos”.
La idea de los eslabonamientos productivos puede contribuir a la comprensión del vínculo entre el comercio y el desarrollo económico, especialmente en el caso de los opositores a las negociaciones comerciales.
Las nefastas experiencias autárquicas de Alemania Oriental, China, India y Corea del Norte, entre otros, les ha demostrado que una economía no se puede aislar del comercio internacional. Por eso aceptan que un país no puede ser autosuficiente y necesita relacionarse comercialmente con las demás naciones; no obstante, no creen que éste sea un vehículo de desarrollo económico. Para probarlo señalan que el indicador de apertura económica de Estados Unidos (25% del PIB) es inferior al de Colombia (43%) y Angola (122%); aún así, el primero es una potencia económica mundial y los otros dos son economías subdesarrolladas, con ingreso per cápita nominal a precios de paridad de US$ 6.724 y US$ 5.590, respectivamente (el de E. U. es US$ 45.845).
Esa percepción pasa por alto que Estados Unidos es el primer exportador mundial y que tener un bajo índice de apertura no es sinónimo de economía cerrada. De hecho, el componente de comercio internacional de los índices de libertad económica muestra que es una economía que impone menores restricciones a las exportaciones e importaciones que Colombia y Angola.
La aproximación mediante el concepto de Hirschman permite apreciar que los indicadores simples no miden el impacto del comercio internacional en el desarrollo económico. Para ilustrarlo, nada mejor que un ejemplo.
Si Colombia sólo produjera café para el consumo nacional, la producción sería de apenas dos millones de sacos por año y para ello bastaría el trabajo de unas 60 mil familias. La realidad es que la cosecha anual del país es del orden de los 12 millones de sacos y requiere el trabajo de más de 500 mil familias. El sobrante de 10 millones de sacos queda disponible para exportarlo a otros mercados.
Pasar de producir únicamente para el consumo nacional a hacerlo para el mercado mundial activa eslabonamientos hacia atrás, como el incremento en inversiones para la producción de abonos, la investigación en nuevas semillas, la fabricación de empaques, y la construcción de carreteras, entre otras. De igual forma hay eslabonamientos hacia adelante, como las mayores inversiones en comercializadoras, equipo de transporte y equipos para el control de calidad. Todos estos procesos generan empleos, ingresos y crecimiento de la demanda agregada de la economía.
Además de estos aspectos, la exportación aumenta la disponibilidad de divisas, que permiten adquirir bienes que el país no produce: computadores, tecnología, bienes de capital, etc.
Sin el concepto de eslabonamientos productivos, sólo mediríamos la exportación de 10 millones de sacos de café, porque la producción inducida por el comercio internacional queda registrada en cada industria y en cada sector de servicios. Por esto hay analistas y críticos que no captan el impacto macroeconómico de las exportaciones y menos aún su papel en el desarrollo económico.
Hay conceptos de la economía que pese a su utilidad son relegados al baúl de los recuerdos. Tal es el caso de la idea de los eslabonamientos productivos, que postuló Albert Hirschman en su obra “La estrategia del desarrollo económico”, publicada en 1958.
En el foro organizado por la Universidad de los Andes para conmemorar los 50 años de la publicación de esa obra, Miguel Urrutia sintetizó el concepto en los siguientes términos: “El desarrollo se acelera por la inversión en proyectos e industrias con fuertes efectos de enlace hacia delante y hacia atrás. Los enlaces hacia atrás conducen a nueva inversión en instalaciones proveedoras de insumos, y los enlaces hacia delante conducen a la inversión en instalaciones empleadoras de productos”.
La idea de los eslabonamientos productivos puede contribuir a la comprensión del vínculo entre el comercio y el desarrollo económico, especialmente en el caso de los opositores a las negociaciones comerciales.
Las nefastas experiencias autárquicas de Alemania Oriental, China, India y Corea del Norte, entre otros, les ha demostrado que una economía no se puede aislar del comercio internacional. Por eso aceptan que un país no puede ser autosuficiente y necesita relacionarse comercialmente con las demás naciones; no obstante, no creen que éste sea un vehículo de desarrollo económico. Para probarlo señalan que el indicador de apertura económica de Estados Unidos (25% del PIB) es inferior al de Colombia (43%) y Angola (122%); aún así, el primero es una potencia económica mundial y los otros dos son economías subdesarrolladas, con ingreso per cápita nominal a precios de paridad de US$ 6.724 y US$ 5.590, respectivamente (el de E. U. es US$ 45.845).
Esa percepción pasa por alto que Estados Unidos es el primer exportador mundial y que tener un bajo índice de apertura no es sinónimo de economía cerrada. De hecho, el componente de comercio internacional de los índices de libertad económica muestra que es una economía que impone menores restricciones a las exportaciones e importaciones que Colombia y Angola.
La aproximación mediante el concepto de Hirschman permite apreciar que los indicadores simples no miden el impacto del comercio internacional en el desarrollo económico. Para ilustrarlo, nada mejor que un ejemplo.
Si Colombia sólo produjera café para el consumo nacional, la producción sería de apenas dos millones de sacos por año y para ello bastaría el trabajo de unas 60 mil familias. La realidad es que la cosecha anual del país es del orden de los 12 millones de sacos y requiere el trabajo de más de 500 mil familias. El sobrante de 10 millones de sacos queda disponible para exportarlo a otros mercados.
Pasar de producir únicamente para el consumo nacional a hacerlo para el mercado mundial activa eslabonamientos hacia atrás, como el incremento en inversiones para la producción de abonos, la investigación en nuevas semillas, la fabricación de empaques, y la construcción de carreteras, entre otras. De igual forma hay eslabonamientos hacia adelante, como las mayores inversiones en comercializadoras, equipo de transporte y equipos para el control de calidad. Todos estos procesos generan empleos, ingresos y crecimiento de la demanda agregada de la economía.
Además de estos aspectos, la exportación aumenta la disponibilidad de divisas, que permiten adquirir bienes que el país no produce: computadores, tecnología, bienes de capital, etc.
Sin el concepto de eslabonamientos productivos, sólo mediríamos la exportación de 10 millones de sacos de café, porque la producción inducida por el comercio internacional queda registrada en cada industria y en cada sector de servicios. Por esto hay analistas y críticos que no captan el impacto macroeconómico de las exportaciones y menos aún su papel en el desarrollo económico.
Concentración de exportaciones
Publicado en el diario La República el 18 de julio de 2008
La semana anterior El Tiempo publicó un artículo sobre la concentración de las exportaciones colombianas; en una sección se recogieron parcialmente algunas opiniones que presenté en un debate en Fedesarrollo y en un foro de La República. La apretada síntesis no refleja adecuadamente mi posición sobre el tema, razón por la cual me permito hacerla expresa en esta columna.
La diversificación de exportaciones es un tema de política económica importante para un país. La reciente publicación de la CEPAL “La transformación productiva 20 años después”, enfatiza en tres impactos: reducción de la volatilidad de los términos de intercambio y por lo tanto disminución de los efectos de las crisis externas; vinculación con la transformación productiva, lo que implica mayor incorporación de conocimiento en la producción; y contribución a la creación de nuevas ventajas comparativas, incursionando en nuevos campos de actividad.
La mayoría de análisis sobre Colombia señala que las exportaciones son altamente concentradas. Es una realidad incontrovertible, pero son con frecuencia enfoques estáticos y poco dicen sobre la dinámica de los indicadores o sobre la comparación con otros países.
Una evaluación completa de los resultados obtenidos con las políticas de diversificación de exportaciones debe abarcar dos dimensiones: una macro y una micro o sectorial. En la primera hay que examinar la concentración por mercados y por productos. En la segunda, la concentración de productos en un mercado particular y la concentración del comercio a nivel de firma.
El Índice de Herfindahl–Hirschman (IHH) de Colombia para el periodo 2000-2007 muestra un avance notable en la diversificación de mercados de exportación; de un nivel de 2.625 bajó a uno de 1.587 (el índice varía entre cero y 10.000; valores más altos corresponden a mayor concentración). En el contexto latinoamericano Colombia es el país que más ha mejorado el índice y su nivel de IHH está en una posición intermedia; el de mayor concentración es México (con un IHH de 7.269) y el de menor es Brasil (568).
Por productos también hay una marcada tendencia a incrementar la diversificación, pues el IHH por partida arancelaria (4 dígitos) pasó de 1.132 a 607 en el periodo analizado. Entre los países de América Latina sólo Colombia y los centroamericanos mejoraron el indicador.
El análisis de productos en un mercado se basa en el concepto de dependencia de las exportaciones de un mercado específico; el grado de dependencia es el total exportado por una partida al país X como porcentaje de las exportaciones de esa partida a todo el mundo.
Las exportaciones de Colombia registran una alta dependencia de Estados Unidos y Venezuela. En 2007 el 55% del valor exportado al primero y el 32% del segundo correspondió a partidas que tenían dependencia superior al 90%. Pero en ambos casos ella se concentra en unos pocos productos; si el análisis se hace sin petróleo para Estados Unidos y sin ganado en pie, carne, automóviles y hortalizas para Venezuela, los valores con niveles de dependencia mayores al 90% se reducen a 21% y a 9% de las exportaciones, respectivamente.
En el caso de comercio a nivel de firma, un estudio del Banco de la República, liderado por Enrique Montes, demostró que en Venezuela sólo el 3.5% de las empresas que exportaron en 2006 tenían en sus ingresos operacionales una dependencia de ese mercado superior al 40%.
Por lo tanto, es evidente que Colombia viene avanzando en la diversificación de sus exportaciones. Pero más importante es que el país tiene una política orientada a fortalecer esas tendencias y hay un fuerte vínculo entre la política de inserción en la economía globalizada y la política de transformación productiva.
La semana anterior El Tiempo publicó un artículo sobre la concentración de las exportaciones colombianas; en una sección se recogieron parcialmente algunas opiniones que presenté en un debate en Fedesarrollo y en un foro de La República. La apretada síntesis no refleja adecuadamente mi posición sobre el tema, razón por la cual me permito hacerla expresa en esta columna.
La diversificación de exportaciones es un tema de política económica importante para un país. La reciente publicación de la CEPAL “La transformación productiva 20 años después”, enfatiza en tres impactos: reducción de la volatilidad de los términos de intercambio y por lo tanto disminución de los efectos de las crisis externas; vinculación con la transformación productiva, lo que implica mayor incorporación de conocimiento en la producción; y contribución a la creación de nuevas ventajas comparativas, incursionando en nuevos campos de actividad.
La mayoría de análisis sobre Colombia señala que las exportaciones son altamente concentradas. Es una realidad incontrovertible, pero son con frecuencia enfoques estáticos y poco dicen sobre la dinámica de los indicadores o sobre la comparación con otros países.
Una evaluación completa de los resultados obtenidos con las políticas de diversificación de exportaciones debe abarcar dos dimensiones: una macro y una micro o sectorial. En la primera hay que examinar la concentración por mercados y por productos. En la segunda, la concentración de productos en un mercado particular y la concentración del comercio a nivel de firma.
El Índice de Herfindahl–Hirschman (IHH) de Colombia para el periodo 2000-2007 muestra un avance notable en la diversificación de mercados de exportación; de un nivel de 2.625 bajó a uno de 1.587 (el índice varía entre cero y 10.000; valores más altos corresponden a mayor concentración). En el contexto latinoamericano Colombia es el país que más ha mejorado el índice y su nivel de IHH está en una posición intermedia; el de mayor concentración es México (con un IHH de 7.269) y el de menor es Brasil (568).
Por productos también hay una marcada tendencia a incrementar la diversificación, pues el IHH por partida arancelaria (4 dígitos) pasó de 1.132 a 607 en el periodo analizado. Entre los países de América Latina sólo Colombia y los centroamericanos mejoraron el indicador.
El análisis de productos en un mercado se basa en el concepto de dependencia de las exportaciones de un mercado específico; el grado de dependencia es el total exportado por una partida al país X como porcentaje de las exportaciones de esa partida a todo el mundo.
Las exportaciones de Colombia registran una alta dependencia de Estados Unidos y Venezuela. En 2007 el 55% del valor exportado al primero y el 32% del segundo correspondió a partidas que tenían dependencia superior al 90%. Pero en ambos casos ella se concentra en unos pocos productos; si el análisis se hace sin petróleo para Estados Unidos y sin ganado en pie, carne, automóviles y hortalizas para Venezuela, los valores con niveles de dependencia mayores al 90% se reducen a 21% y a 9% de las exportaciones, respectivamente.
En el caso de comercio a nivel de firma, un estudio del Banco de la República, liderado por Enrique Montes, demostró que en Venezuela sólo el 3.5% de las empresas que exportaron en 2006 tenían en sus ingresos operacionales una dependencia de ese mercado superior al 40%.
Por lo tanto, es evidente que Colombia viene avanzando en la diversificación de sus exportaciones. Pero más importante es que el país tiene una política orientada a fortalecer esas tendencias y hay un fuerte vínculo entre la política de inserción en la economía globalizada y la política de transformación productiva.
Las mejores mipymes
Publicado en el diario La República el 3 de julio de 2008
La financiación es un obstáculo que impide el desarrollo de las mipymes. El problema está relacionado con dos aspectos: el reducido tamaño del sector financiero y la inexistencia de instituciones especializadas en los altos riesgos implícitos en la orientación de recursos hacia empresas nuevas.
La literatura económica ha demostrado la correlación que existe entre el tamaño del sector financiero y el potencial de desarrollo de un país. De ahí se han derivado muchas políticas para impulsar el desarrollo del sistema bancario y del mercado de capitales.
Menor interés se ha puesto en el desarrollo de fondos de capital de riesgo y otras instituciones que ofrecen capital a las empresas en sus primeras etapas de crecimiento.
Consciente de estos hechos, el gobierno viene implementando las políticas que permitan ampliar y diversificar la oferta de financiación para las mipymes. Entre ellas sobresale la orientada al establecimiento de un entorno adecuado para la creación del sector de fondos de capital privado; se espera que en una etapa posterior, surja el segmento de fondos de capital de riesgo.
Pero también es importante adelantar labores desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué pasa si crecen los recursos disponibles y no hay quién los demande? ¿O si hay empresas que demandan los recursos pero no cumplen con los requisitos que exigen las instituciones especializadas?
Con el propósito de avanzar en el componente de demanda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con el diario La República y Acopi, está construyendo un indicador de las mejores mipymes del país. El indicador es un ranking de las 50 empresas jóvenes –definidas como aquellas de menos de 20 años de edad– con mayor crecimiento en las ventas durante los últimos cuatro años, independientemente de su sector de actividad. El supuesto implícito es que ellas están ubicadas en un nicho de mercado de alto crecimiento y que son competitivas, dado que mantienen su ritmo de crecimiento en el periodo de análisis. También es evidente que en las empresas que tienen estas características la financiación es una variable crítica.
Puesto que uno de los requisitos para formar parte del índice es la manifestación expresa del interés en recibir recursos de fondos de inversión, se cumple con el objetivo de hacer visibles para esas instituciones al grupo de las mejores mipymes del país.
Los fondos de inversión hacen aportes de capital a las empresas, ampliando su patrimonio. La ventaja de esta forma de vinculación es que no afectan el flujo de caja, como lo hace un préstamo tradicional, y aumentan el potencial de crecimiento de la empresa. Además, le permite a las empresas aprovechar aún más la ventaja de estar en un nicho de mercado dinámico.
Usualmente los fondos de inversión mantienen su participación en las empresas alrededor de cinco años. Consideran que ese tiempo es suficiente para apalancar el crecimiento y la valorización, lo que les permite realizar sus ganancias, bien sea mediante la venta al empresario o a otro inversionista o, en el mejor de los casos, emitiendo acciones en el mercado de capitales. Queda al final una empresa más grande, aprestigiada, con mayores opciones de financiación y con facilidad de acceso al mercado de capitales.
Son grandes las ventajas de tener una mayor diversificación en las fuentes de capital a que pueden acceder todos los sectores de la actividad económica. Y la economía se beneficia porque mejoran el potencial de crecimiento de las empresas y su contribución al incremento del PIB y a la generación de empleos formales. Colombia necesita que las mejores mipymes sean visibles y se postulen para integrar el índice.
La financiación es un obstáculo que impide el desarrollo de las mipymes. El problema está relacionado con dos aspectos: el reducido tamaño del sector financiero y la inexistencia de instituciones especializadas en los altos riesgos implícitos en la orientación de recursos hacia empresas nuevas.
La literatura económica ha demostrado la correlación que existe entre el tamaño del sector financiero y el potencial de desarrollo de un país. De ahí se han derivado muchas políticas para impulsar el desarrollo del sistema bancario y del mercado de capitales.
Menor interés se ha puesto en el desarrollo de fondos de capital de riesgo y otras instituciones que ofrecen capital a las empresas en sus primeras etapas de crecimiento.
Consciente de estos hechos, el gobierno viene implementando las políticas que permitan ampliar y diversificar la oferta de financiación para las mipymes. Entre ellas sobresale la orientada al establecimiento de un entorno adecuado para la creación del sector de fondos de capital privado; se espera que en una etapa posterior, surja el segmento de fondos de capital de riesgo.
Pero también es importante adelantar labores desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué pasa si crecen los recursos disponibles y no hay quién los demande? ¿O si hay empresas que demandan los recursos pero no cumplen con los requisitos que exigen las instituciones especializadas?
Con el propósito de avanzar en el componente de demanda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con el diario La República y Acopi, está construyendo un indicador de las mejores mipymes del país. El indicador es un ranking de las 50 empresas jóvenes –definidas como aquellas de menos de 20 años de edad– con mayor crecimiento en las ventas durante los últimos cuatro años, independientemente de su sector de actividad. El supuesto implícito es que ellas están ubicadas en un nicho de mercado de alto crecimiento y que son competitivas, dado que mantienen su ritmo de crecimiento en el periodo de análisis. También es evidente que en las empresas que tienen estas características la financiación es una variable crítica.
Puesto que uno de los requisitos para formar parte del índice es la manifestación expresa del interés en recibir recursos de fondos de inversión, se cumple con el objetivo de hacer visibles para esas instituciones al grupo de las mejores mipymes del país.
Los fondos de inversión hacen aportes de capital a las empresas, ampliando su patrimonio. La ventaja de esta forma de vinculación es que no afectan el flujo de caja, como lo hace un préstamo tradicional, y aumentan el potencial de crecimiento de la empresa. Además, le permite a las empresas aprovechar aún más la ventaja de estar en un nicho de mercado dinámico.
Usualmente los fondos de inversión mantienen su participación en las empresas alrededor de cinco años. Consideran que ese tiempo es suficiente para apalancar el crecimiento y la valorización, lo que les permite realizar sus ganancias, bien sea mediante la venta al empresario o a otro inversionista o, en el mejor de los casos, emitiendo acciones en el mercado de capitales. Queda al final una empresa más grande, aprestigiada, con mayores opciones de financiación y con facilidad de acceso al mercado de capitales.
Son grandes las ventajas de tener una mayor diversificación en las fuentes de capital a que pueden acceder todos los sectores de la actividad económica. Y la economía se beneficia porque mejoran el potencial de crecimiento de las empresas y su contribución al incremento del PIB y a la generación de empleos formales. Colombia necesita que las mejores mipymes sean visibles y se postulen para integrar el índice.
¿Zonas poco francas?
Publicado en el diario La República el 26 de junio de 2008
Algunos analistas económicos afirman que los escenarios de proyección del PIB deben incluir el impacto negativo de la nueva legislación de zonas francas y de los contratos de estabilidad jurídica. En su opinión, esas normas ocasionarán una reducción de los ingresos tributarios y, por lo tanto, obstaculizarán la superación de los problemas fiscales del país.
En realidad, los efectos esperados serán positivos y las razones son sencillas: 1) El régimen actual de zonas francas aplica a inversiones nuevas que amplían la base de contribuyentes. 2) Los beneficios están vinculados a la generación de empleos formales, lo que reduce la informalidad laboral, aumenta los aportes parafiscales y mejora los recaudos por retenciones sobre ingresos laborales. 3) La normatividad es exigente con las empresas existentes que soliciten su inclusión en el régimen franco.
En el caso de estas últimas empresas la legislación señala montos de inversión en cuantías tales que los impuestos esperados no sean inferiores a los que venían tributando; adicionalmente, para ningún caso se permite la inclusión de activos previamente usados en el país. Así, en el peor escenario, los impuestos recaudados serán similares, pero la capacidad de producción de la economía se incrementará.
Con relación a los contratos de estabilidad jurídica, su objetivo es brindar a las nuevas inversiones un seguro temporal relacionado con las variables a las que sea más sensible el negocio y cuya variación podría ocasionar deterioro de las rentabilidades esperadas del proyecto. Solucionan así uno de los problemas que más afecta las decisiones de inversión: la inestabilidad en las reglas de juego.
Colombia tiene una de las tasas nominales de tributación corporativa más altas del mundo, lo que es insostenible en el contexto de una economía globalizada. Por lo tanto, cabe esperar que las tasas tiendan a disminuir en el mediano plazo, en cuyo caso es inocua la protección mediante contratos de estabilidad jurídica. Aun cuando hay empresas que la han incluido en los contratos, su impacto real en los recaudos será marginal teniendo en cuenta esta tendencia.
Tanto las zonas francas como los contratos de estabilidad son instrumentos efectivos de impulso a la inversión que Colombia necesita, como lo demuestran los resultados logrados en el corto tiempo que llevan vigentes.
Con la anterior regulación, después de 50 años sólo se crearon 11 zonas francas en el país. En el tiempo que lleva la nueva legislación se han aprobado 28 con un monto de inversión de US$ 1.900 millones y un potencial de generación de 26 mil empleos directos y 66 mil indirectos. Además hay seis solicitudes en trámite por un monto de US$ 158 millones que pueden generar 11 mil empleos directos y 13 mil indirectos.
A la fecha hay 14 contratos de estabilidad jurídica firmados para inversiones por US$ 1.480 millones y generación de más de seis mil empleos directos y 20 mil indirectos. Además, hay 11 aprobados con inversiones por US$ 1.300 millones y potencial de 7.000 empleos directos y 5.000 indirectos.
En suma, estos dos instrumentos aseguran al país cuantiosas inversiones en los próximos años y ninguna de ellas significa reducción de los ingresos tributarios. ¿Cuántos impuestos pagarán estas inversiones una vez estén operando las empresas ampliadas o nuevas? Además, ¿cuántos impuestos se generarán en las actividades beneficiadas por la demanda adicional de las nuevas empresas?
Un atributo positivo adicional de estas inversiones es que, con toda seguridad, amplían la capacidad potencial de crecimiento de la economía. Esto contribuye a que el país haga sostenibles tasas de crecimiento superiores al 5% como las que tenemos actualmente. Y, por supuesto, una economía que crece sostenidamente a tasas más altas, genera más ingresos tributarios a la Nación.
Algunos analistas económicos afirman que los escenarios de proyección del PIB deben incluir el impacto negativo de la nueva legislación de zonas francas y de los contratos de estabilidad jurídica. En su opinión, esas normas ocasionarán una reducción de los ingresos tributarios y, por lo tanto, obstaculizarán la superación de los problemas fiscales del país.
En realidad, los efectos esperados serán positivos y las razones son sencillas: 1) El régimen actual de zonas francas aplica a inversiones nuevas que amplían la base de contribuyentes. 2) Los beneficios están vinculados a la generación de empleos formales, lo que reduce la informalidad laboral, aumenta los aportes parafiscales y mejora los recaudos por retenciones sobre ingresos laborales. 3) La normatividad es exigente con las empresas existentes que soliciten su inclusión en el régimen franco.
En el caso de estas últimas empresas la legislación señala montos de inversión en cuantías tales que los impuestos esperados no sean inferiores a los que venían tributando; adicionalmente, para ningún caso se permite la inclusión de activos previamente usados en el país. Así, en el peor escenario, los impuestos recaudados serán similares, pero la capacidad de producción de la economía se incrementará.
Con relación a los contratos de estabilidad jurídica, su objetivo es brindar a las nuevas inversiones un seguro temporal relacionado con las variables a las que sea más sensible el negocio y cuya variación podría ocasionar deterioro de las rentabilidades esperadas del proyecto. Solucionan así uno de los problemas que más afecta las decisiones de inversión: la inestabilidad en las reglas de juego.
Colombia tiene una de las tasas nominales de tributación corporativa más altas del mundo, lo que es insostenible en el contexto de una economía globalizada. Por lo tanto, cabe esperar que las tasas tiendan a disminuir en el mediano plazo, en cuyo caso es inocua la protección mediante contratos de estabilidad jurídica. Aun cuando hay empresas que la han incluido en los contratos, su impacto real en los recaudos será marginal teniendo en cuenta esta tendencia.
Tanto las zonas francas como los contratos de estabilidad son instrumentos efectivos de impulso a la inversión que Colombia necesita, como lo demuestran los resultados logrados en el corto tiempo que llevan vigentes.
Con la anterior regulación, después de 50 años sólo se crearon 11 zonas francas en el país. En el tiempo que lleva la nueva legislación se han aprobado 28 con un monto de inversión de US$ 1.900 millones y un potencial de generación de 26 mil empleos directos y 66 mil indirectos. Además hay seis solicitudes en trámite por un monto de US$ 158 millones que pueden generar 11 mil empleos directos y 13 mil indirectos.
A la fecha hay 14 contratos de estabilidad jurídica firmados para inversiones por US$ 1.480 millones y generación de más de seis mil empleos directos y 20 mil indirectos. Además, hay 11 aprobados con inversiones por US$ 1.300 millones y potencial de 7.000 empleos directos y 5.000 indirectos.
En suma, estos dos instrumentos aseguran al país cuantiosas inversiones en los próximos años y ninguna de ellas significa reducción de los ingresos tributarios. ¿Cuántos impuestos pagarán estas inversiones una vez estén operando las empresas ampliadas o nuevas? Además, ¿cuántos impuestos se generarán en las actividades beneficiadas por la demanda adicional de las nuevas empresas?
Un atributo positivo adicional de estas inversiones es que, con toda seguridad, amplían la capacidad potencial de crecimiento de la economía. Esto contribuye a que el país haga sostenibles tasas de crecimiento superiores al 5% como las que tenemos actualmente. Y, por supuesto, una economía que crece sostenidamente a tasas más altas, genera más ingresos tributarios a la Nación.
Diversificar mercados
Publicado en Ámbito Jurídico el 16 de junio de 2008
Se vuelve a discutir en nuestro medio el tema de la diversificación de mercados de exportación. El debate ha sido animado por el potencial impacto negativo de la recesión de Estados Unidos, el riesgo de contracción del comercio con Ecuador y Venezuela por la tensión diplomática reciente y el repunte de los precios internacionales de los productos básicos que puede repercutir en indicadores de mayor concentración.
Es un hecho evidente que las exportaciones de Colombia están concentradas tanto por mercados como por productos y que las exportaciones per cápita son inferiores a las de países de similar grado de desarrollo. Pero el diagnóstico no puede ser estático; es preciso conocer si el país está avanzando o no y si las políticas implementadas desde hace varias décadas aportan algún resultado positivo o negativo. Para ello se hicieron las mediciones estadísticas que permiten evaluar qué ha ocurrido con la concentración del comercio por destinos y por productos, y también en mercados específicos tanto por productos como por empresa.
El análisis por destinos y por mercados muestra que en el periodo 2000-2007 Colombia redujo considerablemente su concentración y fue de los países de América Latina que más avanzó. Es más, según la UNCTAD, en el periodo 2000-2005 de un total de 207 países 97 aumentaron su concentración por productos y 110 la contrajeron; Colombia ocupó el puesto 35 entre los de mejor desempeño.
En los análisis recientes, la evaluación de la concentración por productos en mercados específicos se ha enfocado en el caso de Venezuela durante el 2007. Los análisis ponen en evidencia que varios productos concentran un alto porcentaje de sus exportaciones en ese país. De ahí se colige que el riesgo para Colombia es grande.
No obstante, cuando se analiza la evolución de 17 productos que representaron el 93% del valor exportado en el rango de dependencia más alto (entre 90 y 100%) se observa que no hay estabilidad en todos los casos. Así, por ejemplo, las exportaciones de carne de bovino dependían en 16% del mercado venezolano en el año 2000 y sólo a partir del 2004 pasaron al rango alto. Y productos como las cebollas y la margarina que en 2000 dependían cerca del 100%, salieron del mercado en los años siguientes.
Por último, para el análisis de la concentración a nivel de firma es muy útil un estudio elaborado por Enrique Montes y otros investigadores del Banco de la República. Ellos midieron la dependencia de los ingresos operacionales de 1.447 empresas que exportaron el 82.6% de las exportaciones de Colombia a Venezuela en 2006; la dependencia se midió como el porcentaje que representan las exportaciones de una firma a Venezuela en el total de sus ingresos operacionales.
Los resultados son sorprendentes, pues para el 90% de las firmas su nivel de dependencia de ese mercado es inferior al 20% y el 63% de las exportaciones es explicado por ellas. Según los autores: “Esto sugiere que ante el evento de un cierre del mercado del vecino país, esas empresas tendrían un buen margen de maniobra para ajustarse a las nuevas condiciones”.
En síntesis, Colombia viene avanzando por la senda de la diversificación con mayor celeridad que otros países de la región, la dependencia del mercado venezolano no es estable para todos los productos y para la mayor parte de las empresas exportadoras a Venezuela no existe un riesgo alto desde el punto de vista de sus ingresos operacionales.
La política que adelanta el gobierno tiene como objetivo profundizar la tendencia hacia una mayor diversificación, con políticas de mediano y largo plazo. Son múltiples las herramientas que se están implementando para ese fin: acuerdos comerciales, aumento de las exportaciones de valor agregado, divulgación de los tratados de libre comercio (TLCs), labor permanente de Proexport en apertura de mercados e incremento del número de exportadores, fortalecimiento de los instrumentos financieros, búsqueda de oportunidades en Asia, programas de apoyo y promoción de empresas exportadoras, y desarrollo de actividades de Bancoldex como Eximbank (financiación a los compradores de las exportaciones de Colombia), entre otras.
En materia de acuerdos comerciales el objetivo es que hacia el 2010 Colombia tenga acceso preferencial permanente a más de 50 países a los que vendemos cerca del 90% de las exportaciones. Un ensayo reciente de Alberto Amurgo y Martha Pierola del Banco Mundial demuestra que los TLCs contribuyen a la diversificación de las exportaciones como resultado del aumento en la transparencia en las reglas de juego y la consecuente reducción de los costos de información; esto incentiva a más firmas a ingresar al mercado del país socio, ampliando la gama de productos exportados.
En términos generales esas políticas deben ser estables y no ser cambiadas por eventos coyunturales. Los episodios atípicos son de naturaleza temporal y por ello se deben enfrentar con políticas de corto plazo que respondan al tipo particular de anomalía que se registre.
El diagnóstico ha permitido al gobierno focalizar las políticas en los puntos más vulnerables y actuar con la debida oportunidad apelando al instrumental adecuado para la coyuntura.
Los vecinos seguirán siendo los vecinos y es utópico un escenario en que desaparezca el comercio con ellos. Por eso, restablecida la normalidad en los flujos comerciales, el país debe salir fortalecido y con empresas que tienen una mejor visión del riesgo, reflejada en una mayor diversificación de sus destinos de exportac
Se vuelve a discutir en nuestro medio el tema de la diversificación de mercados de exportación. El debate ha sido animado por el potencial impacto negativo de la recesión de Estados Unidos, el riesgo de contracción del comercio con Ecuador y Venezuela por la tensión diplomática reciente y el repunte de los precios internacionales de los productos básicos que puede repercutir en indicadores de mayor concentración.
Es un hecho evidente que las exportaciones de Colombia están concentradas tanto por mercados como por productos y que las exportaciones per cápita son inferiores a las de países de similar grado de desarrollo. Pero el diagnóstico no puede ser estático; es preciso conocer si el país está avanzando o no y si las políticas implementadas desde hace varias décadas aportan algún resultado positivo o negativo. Para ello se hicieron las mediciones estadísticas que permiten evaluar qué ha ocurrido con la concentración del comercio por destinos y por productos, y también en mercados específicos tanto por productos como por empresa.
El análisis por destinos y por mercados muestra que en el periodo 2000-2007 Colombia redujo considerablemente su concentración y fue de los países de América Latina que más avanzó. Es más, según la UNCTAD, en el periodo 2000-2005 de un total de 207 países 97 aumentaron su concentración por productos y 110 la contrajeron; Colombia ocupó el puesto 35 entre los de mejor desempeño.
En los análisis recientes, la evaluación de la concentración por productos en mercados específicos se ha enfocado en el caso de Venezuela durante el 2007. Los análisis ponen en evidencia que varios productos concentran un alto porcentaje de sus exportaciones en ese país. De ahí se colige que el riesgo para Colombia es grande.
No obstante, cuando se analiza la evolución de 17 productos que representaron el 93% del valor exportado en el rango de dependencia más alto (entre 90 y 100%) se observa que no hay estabilidad en todos los casos. Así, por ejemplo, las exportaciones de carne de bovino dependían en 16% del mercado venezolano en el año 2000 y sólo a partir del 2004 pasaron al rango alto. Y productos como las cebollas y la margarina que en 2000 dependían cerca del 100%, salieron del mercado en los años siguientes.
Por último, para el análisis de la concentración a nivel de firma es muy útil un estudio elaborado por Enrique Montes y otros investigadores del Banco de la República. Ellos midieron la dependencia de los ingresos operacionales de 1.447 empresas que exportaron el 82.6% de las exportaciones de Colombia a Venezuela en 2006; la dependencia se midió como el porcentaje que representan las exportaciones de una firma a Venezuela en el total de sus ingresos operacionales.
Los resultados son sorprendentes, pues para el 90% de las firmas su nivel de dependencia de ese mercado es inferior al 20% y el 63% de las exportaciones es explicado por ellas. Según los autores: “Esto sugiere que ante el evento de un cierre del mercado del vecino país, esas empresas tendrían un buen margen de maniobra para ajustarse a las nuevas condiciones”.
En síntesis, Colombia viene avanzando por la senda de la diversificación con mayor celeridad que otros países de la región, la dependencia del mercado venezolano no es estable para todos los productos y para la mayor parte de las empresas exportadoras a Venezuela no existe un riesgo alto desde el punto de vista de sus ingresos operacionales.
La política que adelanta el gobierno tiene como objetivo profundizar la tendencia hacia una mayor diversificación, con políticas de mediano y largo plazo. Son múltiples las herramientas que se están implementando para ese fin: acuerdos comerciales, aumento de las exportaciones de valor agregado, divulgación de los tratados de libre comercio (TLCs), labor permanente de Proexport en apertura de mercados e incremento del número de exportadores, fortalecimiento de los instrumentos financieros, búsqueda de oportunidades en Asia, programas de apoyo y promoción de empresas exportadoras, y desarrollo de actividades de Bancoldex como Eximbank (financiación a los compradores de las exportaciones de Colombia), entre otras.
En materia de acuerdos comerciales el objetivo es que hacia el 2010 Colombia tenga acceso preferencial permanente a más de 50 países a los que vendemos cerca del 90% de las exportaciones. Un ensayo reciente de Alberto Amurgo y Martha Pierola del Banco Mundial demuestra que los TLCs contribuyen a la diversificación de las exportaciones como resultado del aumento en la transparencia en las reglas de juego y la consecuente reducción de los costos de información; esto incentiva a más firmas a ingresar al mercado del país socio, ampliando la gama de productos exportados.
En términos generales esas políticas deben ser estables y no ser cambiadas por eventos coyunturales. Los episodios atípicos son de naturaleza temporal y por ello se deben enfrentar con políticas de corto plazo que respondan al tipo particular de anomalía que se registre.
El diagnóstico ha permitido al gobierno focalizar las políticas en los puntos más vulnerables y actuar con la debida oportunidad apelando al instrumental adecuado para la coyuntura.
Los vecinos seguirán siendo los vecinos y es utópico un escenario en que desaparezca el comercio con ellos. Por eso, restablecida la normalidad en los flujos comerciales, el país debe salir fortalecido y con empresas que tienen una mejor visión del riesgo, reflejada en una mayor diversificación de sus destinos de exportac
Lecciones chinas
Publicado en el diario La República el 13 de junio de 2008
China fue la economía más rica del mundo y también la más pobre. Desde 1978 viene recuperando peso relativo y en pocos años será nuevamente la economía más grande, aun cuando no la de mayor ingreso per cápita.
Las investigaciones de Angus Maddison muestran que entre los siglos I y XIV China fue la nación con el ingreso per cápita más alto y en el año 1500 era la economía más grande, con el 24.9% del PIB mundial. Ese éxito se basó en buena medida en su apertura al comercio mundial y en su poderío naval.
Pero, según Maddison, “China volvió la espalda a la economía mundial a principios del siglo XV, época en que su tecnología marítima era superior a la de Europa”. A partir de entonces su PIB per cápita se mantuvo constante y desde el siglo XIX comenzó a caer. En 1950, el PIB per cápita real apenas era el 75% del registrado en 1850 y el PIB total representaba el 4.6% del valor agregado mundial.
El régimen socialista instaurado desde finales de los años cuarenta optó por un modelo autárquico. En las décadas siguientes logró revertir la caída del ingreso per cápita, pero aún así en 1978 China era uno de los países más pobres del mundo.
La decisión de terminar el periodo de autarquía a finales de los setenta y virar hacia un modelo de libre mercado cambió radicalmente el desempeño económico. En las últimas décadas es la economía que más crece en el mundo y la más exitosa en la reducción de la pobreza.
Estas experiencias son una rica fuente de la cual los estudiosos del desarrollo tratan de sacar lecciones para otras naciones. La más obvia, es la relación directa que se observa entre el crecimiento y la inserción activa en la economía mundial.
Con relación al periodo post-reformas de finales de los setenta, un artículo reciente de David Dollar, del Banco Mundial, identifica como las causantes del despegue económico las políticas adoptadas en cuatro frentes.
El primero es el cambio de sistema, que permitió el paso de una economía centralmente planificada a una en la que la producción es realizada en su mayor parte por el sector privado bajo condiciones de mercado. Se incluyen aquí las políticas de incentivos a la inversión extranjera y el mejoramiento del entorno para los negocios.
El segundo, la apertura económica, que incluyó no solo la reducción de aranceles, sino la eliminación de barreras administrativas y la mejora de la eficiencia de los puertos y del sistema de aduanas.
El tercero, el desarrollo de la infraestructura mediante esquemas de financiación privada. A pesar de ser un país de ingresos bajos, ha logrado que las carreteras, la generación de energía, los puertos y los ferrocarriles operen con tarifas que permiten recuperar las inversiones y ser rentables.
El cuarto, las políticas relacionadas con la agricultura. En ese sector se iniciaron las reformas sustituyendo los esquemas de producción colectiva por emprendimiento privado, la liberalización de los mercados y el fortalecimiento de la investigación.
En términos generales Dollar destaca el criterio de temporalidad en varios incentivos, la importancia de hacer “pilotos” antes de generalizar la aplicación de determinadas políticas, el pragmatismo y el papel de las regulaciones regionales en el desarrollo de la infraestructura y la atracción de inversión.
Es evidente que las lecciones no se pueden calcar de una economía a otra. Hay que partir de las características propias, la historia, las dotaciones de recursos y las ventajas en el mundo global. Por eso, la principal lección es: si uno de los países más pobres del mundo pudo, nosotros también podemos.
China fue la economía más rica del mundo y también la más pobre. Desde 1978 viene recuperando peso relativo y en pocos años será nuevamente la economía más grande, aun cuando no la de mayor ingreso per cápita.
Las investigaciones de Angus Maddison muestran que entre los siglos I y XIV China fue la nación con el ingreso per cápita más alto y en el año 1500 era la economía más grande, con el 24.9% del PIB mundial. Ese éxito se basó en buena medida en su apertura al comercio mundial y en su poderío naval.
Pero, según Maddison, “China volvió la espalda a la economía mundial a principios del siglo XV, época en que su tecnología marítima era superior a la de Europa”. A partir de entonces su PIB per cápita se mantuvo constante y desde el siglo XIX comenzó a caer. En 1950, el PIB per cápita real apenas era el 75% del registrado en 1850 y el PIB total representaba el 4.6% del valor agregado mundial.
El régimen socialista instaurado desde finales de los años cuarenta optó por un modelo autárquico. En las décadas siguientes logró revertir la caída del ingreso per cápita, pero aún así en 1978 China era uno de los países más pobres del mundo.
La decisión de terminar el periodo de autarquía a finales de los setenta y virar hacia un modelo de libre mercado cambió radicalmente el desempeño económico. En las últimas décadas es la economía que más crece en el mundo y la más exitosa en la reducción de la pobreza.
Estas experiencias son una rica fuente de la cual los estudiosos del desarrollo tratan de sacar lecciones para otras naciones. La más obvia, es la relación directa que se observa entre el crecimiento y la inserción activa en la economía mundial.
Con relación al periodo post-reformas de finales de los setenta, un artículo reciente de David Dollar, del Banco Mundial, identifica como las causantes del despegue económico las políticas adoptadas en cuatro frentes.
El primero es el cambio de sistema, que permitió el paso de una economía centralmente planificada a una en la que la producción es realizada en su mayor parte por el sector privado bajo condiciones de mercado. Se incluyen aquí las políticas de incentivos a la inversión extranjera y el mejoramiento del entorno para los negocios.
El segundo, la apertura económica, que incluyó no solo la reducción de aranceles, sino la eliminación de barreras administrativas y la mejora de la eficiencia de los puertos y del sistema de aduanas.
El tercero, el desarrollo de la infraestructura mediante esquemas de financiación privada. A pesar de ser un país de ingresos bajos, ha logrado que las carreteras, la generación de energía, los puertos y los ferrocarriles operen con tarifas que permiten recuperar las inversiones y ser rentables.
El cuarto, las políticas relacionadas con la agricultura. En ese sector se iniciaron las reformas sustituyendo los esquemas de producción colectiva por emprendimiento privado, la liberalización de los mercados y el fortalecimiento de la investigación.
En términos generales Dollar destaca el criterio de temporalidad en varios incentivos, la importancia de hacer “pilotos” antes de generalizar la aplicación de determinadas políticas, el pragmatismo y el papel de las regulaciones regionales en el desarrollo de la infraestructura y la atracción de inversión.
Es evidente que las lecciones no se pueden calcar de una economía a otra. Hay que partir de las características propias, la historia, las dotaciones de recursos y las ventajas en el mundo global. Por eso, la principal lección es: si uno de los países más pobres del mundo pudo, nosotros también podemos.
La crisis alimentaria
Publicado en el diario La República el 16 de mayo de 2008
Los precios de los alimentos siguen al alza, erosionando a su paso los ingresos de los más pobres, y día a día es más evidente la complejidad del problema. No es un fenómeno acotado a unos pocos países sino que tiende a ser global y, además, no se explica por una causa única sino por la contribución simultánea de varios factores.
Entre los factores explicativos de la crisis alimentaria que más se mencionan, cabe destacar el crecimiento de la producción de biocombustibles; la creciente demanda de alimentos en las economías emergentes que están mejorando rápidamente su ingreso per cápita; la lenta respuesta de la oferta agrícola a los cambios en los precios; los elevados precios del petróleo, que encarecen los fertilizantes y el transporte; la migración de inversionistas financieros hacia los mercados de productos básicos, con lo que aumenta la demanda especulativa; las medidas de restricción al comercio de alimentos adoptadas por países exportadores; el aumento de inventarios de alimentos esenciales por parte diversos gobiernos; y los impactos del cambio climático en las cosechas en todo el mundo.
Algunos de ellos plantean retos que no tienen solución inmediata, por lo que restablecer la normalidad tomará tiempo. Esto es particularmente cierto en el caso del cambio climático, que sin duda es uno de los factores que más contribuye a incrementar la volatilidad en la oferta de alimentos; en los años recientes se ha observado la intensificación de fenómenos climáticos, como las sequías, las inundaciones y los huracanes, que ocasionan pérdidas de cosechas.
La evidencia es clara. La FAO considera que hay 37 países en situación de crisis alimentaria. En su mayoría se trata de economías pobres, importadoras de alimentos y con problemas acentuados por fenómenos climáticos.
Pero no solo los pobres han sufrido los efectos de la alteración del clima, lo que agrava el problema de abastecimiento mundial. En Australia, por ejemplo, en los años recientes se registró una de las peores sequías de su historia. Su producción de trigo cayó en 58% en el año agrícola 2006/2007, y sus exportaciones disminuyeron en 4 millones de toneladas. Dado que este país aporta el 14% de la oferta del mercado mundial de trigo, es clara su contribución al bajo dinamismo de las exportaciones globales. Pese a que se proyecta un repunte de la producción este año, sus exportaciones podrían caer en otros 3 millones de toneladas.
Diversos centros de investigación han desarrollado modelos con el fin de medir el potencial impacto económico del calentamiento global. Según Natalia Tamirisa, economista del FMI, si no hay políticas efectivas, el aumento de la temperatura mundial podría ocasionar una reducción del PIB per cápita del 15% hacia el año 2200 y su impacto sería mayor en las economías más pobres, que dependen de actividades sensibles al clima (agricultura, silvicultura, pesca y turismo).
William Cline estimó que para el año 2080 la temperatura en las áreas agrícolas aumentará en 4.4°C (superior a la media mundial de 3°C) y las precipitaciones pluviales se incrementarán en 3%. Los modelos de impacto agrícola, alimentados con esos datos, muestran que la productividad de este sector sería afectada en forma negativa. Según el autor, “en los países en desarrollo, la pérdida media sería de 15%–26%. Las pérdidas podrían ser devastadoras en algunos de los países más pobres (en Senegal y Sudán superarían el 50%)”.
El contraste entre la situación actual y lo que dicen los modelos muestra que apenas estamos empezando a sentir los efectos del cambio climático. A diferencia del capitán del Titanic, conocemos la existencia del iceberg y podemos evitar la colisión y el naufragio, si queremos.
Los precios de los alimentos siguen al alza, erosionando a su paso los ingresos de los más pobres, y día a día es más evidente la complejidad del problema. No es un fenómeno acotado a unos pocos países sino que tiende a ser global y, además, no se explica por una causa única sino por la contribución simultánea de varios factores.
Entre los factores explicativos de la crisis alimentaria que más se mencionan, cabe destacar el crecimiento de la producción de biocombustibles; la creciente demanda de alimentos en las economías emergentes que están mejorando rápidamente su ingreso per cápita; la lenta respuesta de la oferta agrícola a los cambios en los precios; los elevados precios del petróleo, que encarecen los fertilizantes y el transporte; la migración de inversionistas financieros hacia los mercados de productos básicos, con lo que aumenta la demanda especulativa; las medidas de restricción al comercio de alimentos adoptadas por países exportadores; el aumento de inventarios de alimentos esenciales por parte diversos gobiernos; y los impactos del cambio climático en las cosechas en todo el mundo.
Algunos de ellos plantean retos que no tienen solución inmediata, por lo que restablecer la normalidad tomará tiempo. Esto es particularmente cierto en el caso del cambio climático, que sin duda es uno de los factores que más contribuye a incrementar la volatilidad en la oferta de alimentos; en los años recientes se ha observado la intensificación de fenómenos climáticos, como las sequías, las inundaciones y los huracanes, que ocasionan pérdidas de cosechas.
La evidencia es clara. La FAO considera que hay 37 países en situación de crisis alimentaria. En su mayoría se trata de economías pobres, importadoras de alimentos y con problemas acentuados por fenómenos climáticos.
Pero no solo los pobres han sufrido los efectos de la alteración del clima, lo que agrava el problema de abastecimiento mundial. En Australia, por ejemplo, en los años recientes se registró una de las peores sequías de su historia. Su producción de trigo cayó en 58% en el año agrícola 2006/2007, y sus exportaciones disminuyeron en 4 millones de toneladas. Dado que este país aporta el 14% de la oferta del mercado mundial de trigo, es clara su contribución al bajo dinamismo de las exportaciones globales. Pese a que se proyecta un repunte de la producción este año, sus exportaciones podrían caer en otros 3 millones de toneladas.
Diversos centros de investigación han desarrollado modelos con el fin de medir el potencial impacto económico del calentamiento global. Según Natalia Tamirisa, economista del FMI, si no hay políticas efectivas, el aumento de la temperatura mundial podría ocasionar una reducción del PIB per cápita del 15% hacia el año 2200 y su impacto sería mayor en las economías más pobres, que dependen de actividades sensibles al clima (agricultura, silvicultura, pesca y turismo).
William Cline estimó que para el año 2080 la temperatura en las áreas agrícolas aumentará en 4.4°C (superior a la media mundial de 3°C) y las precipitaciones pluviales se incrementarán en 3%. Los modelos de impacto agrícola, alimentados con esos datos, muestran que la productividad de este sector sería afectada en forma negativa. Según el autor, “en los países en desarrollo, la pérdida media sería de 15%–26%. Las pérdidas podrían ser devastadoras en algunos de los países más pobres (en Senegal y Sudán superarían el 50%)”.
El contraste entre la situación actual y lo que dicen los modelos muestra que apenas estamos empezando a sentir los efectos del cambio climático. A diferencia del capitán del Titanic, conocemos la existencia del iceberg y podemos evitar la colisión y el naufragio, si queremos.
Alimentos vs. combustibles
Publicado en el diario La República el 6 de mayo de 2008
Los altos precios internacionales de los alimentos están generando problemas a nivel mundial. Hay protestas en varios países por su escasez y la FAO declaró 36 países en crisis alimentaria. Los países importadores de alimentos bajan aranceles y los exportadores ponen barreras. La Cepal estima que el aumento de precios puede lanzar a la pobreza a 10 o 15 millones de personas en América Latina y el Banco Mundial teme que 100 millones de habitantes engrosen las filas de la pobreza en todo el mundo.
En la explicación del problema no hay una causa única, sino una desafortunada confluencia de factores. Sin embargo, hay analistas que tienden a señalar los biocombustibles como el factor de mayor peso en las alzas de precios, por su creciente consumo de maíz y azúcar y por el incremento de áreas de cultivo a costa de otros alimentos. Aun cuando es evidente que algún impacto deben tener, las cifras indican que no necesariamente son el motor del problema.
En primer lugar, no son los precios del maíz y el azúcar los que más están creciendo; los superan los incrementos del arroz y el trigo. En segundo lugar, no parece que la ampliación de áreas de cultivos para biocombustibles tenga la magnitud suficiente para explicar un impacto tan grande en el precio de otros alimentos.
Los estimativos de USDA muestran que el área cosechada de maíz en el mundo apenas creció en 1.7% anual en el año agrícola 2006/2007 y países como Estados Unidos y los principales productores de la UE tuvieron variaciones negativas. Para la cosecha 2007/2008 se espera la recuperación de las áreas en el mundo y en Estados Unidos, pero no en la UE.
Las cifras del arroz no indican desplazamiento por los biocombustibles. El área sembrada en el mundo creció en los últimos cuatro años agrícolas y se espera que también lo haga en el año 2007/2008; la producción mundial sigue igual tendencia y registra los niveles históricos más altos. Sin embargo, el consumo crece más rápido, ocasionando la reducción de los inventarios; ellos han decrecido continuamente en lo corrido del siglo y apenas se espera un ligero repunte en el 2007/2008.
Según USDA, la reciente subida de los precios del arroz se relaciona con restricciones a las exportaciones: Vietnam impuso un control que recortará la oferta en un millón de toneladas; China estableció un impuesto y cuotas, Egipto las prohibió entre abril y agosto del presente año e India las limitó. Además varios países importadores aumentaron sus compras para evitar el desabasteciendo. Moisés Naim resumió la situación así: “Los precios del arroz subieron porque tanto los países productores como los consumidores entraron en pánico”.
En el caso del trigo presuntamente podría haber un desplazamiento hacia otros cultivos, dado que las áreas cosechadas han caído en la UE; no obstante, las de maíz también cayeron en varios de esos países y no se cuenta con datos de producción de los otros bienes utilizados en la fabricación de etanol. Adicionalmente, se espera que el área cosechada mundial se incremente en 2007/2008 hasta niveles similares a los de 2005/2006. En los resultados de este cultivo es muy importante la sequía en Australia que ocasionó una reducción de su producción de 58% en 2006/2007 y la caída de sus exportaciones.
Puesto que en los productos analizados los inventarios superan el volumen de exportaciones mundiales, se puede plantear como hipótesis que las fuentes más importantes de los elevados precios de los alimentos estarían relacionadas con dos fenómenos: hay fuertes impactos del cambio climático y hay producción suficiente pero las fallas de mercado impiden una distribución óptima.
Los altos precios internacionales de los alimentos están generando problemas a nivel mundial. Hay protestas en varios países por su escasez y la FAO declaró 36 países en crisis alimentaria. Los países importadores de alimentos bajan aranceles y los exportadores ponen barreras. La Cepal estima que el aumento de precios puede lanzar a la pobreza a 10 o 15 millones de personas en América Latina y el Banco Mundial teme que 100 millones de habitantes engrosen las filas de la pobreza en todo el mundo.
En la explicación del problema no hay una causa única, sino una desafortunada confluencia de factores. Sin embargo, hay analistas que tienden a señalar los biocombustibles como el factor de mayor peso en las alzas de precios, por su creciente consumo de maíz y azúcar y por el incremento de áreas de cultivo a costa de otros alimentos. Aun cuando es evidente que algún impacto deben tener, las cifras indican que no necesariamente son el motor del problema.
En primer lugar, no son los precios del maíz y el azúcar los que más están creciendo; los superan los incrementos del arroz y el trigo. En segundo lugar, no parece que la ampliación de áreas de cultivos para biocombustibles tenga la magnitud suficiente para explicar un impacto tan grande en el precio de otros alimentos.
Los estimativos de USDA muestran que el área cosechada de maíz en el mundo apenas creció en 1.7% anual en el año agrícola 2006/2007 y países como Estados Unidos y los principales productores de la UE tuvieron variaciones negativas. Para la cosecha 2007/2008 se espera la recuperación de las áreas en el mundo y en Estados Unidos, pero no en la UE.
Las cifras del arroz no indican desplazamiento por los biocombustibles. El área sembrada en el mundo creció en los últimos cuatro años agrícolas y se espera que también lo haga en el año 2007/2008; la producción mundial sigue igual tendencia y registra los niveles históricos más altos. Sin embargo, el consumo crece más rápido, ocasionando la reducción de los inventarios; ellos han decrecido continuamente en lo corrido del siglo y apenas se espera un ligero repunte en el 2007/2008.
Según USDA, la reciente subida de los precios del arroz se relaciona con restricciones a las exportaciones: Vietnam impuso un control que recortará la oferta en un millón de toneladas; China estableció un impuesto y cuotas, Egipto las prohibió entre abril y agosto del presente año e India las limitó. Además varios países importadores aumentaron sus compras para evitar el desabasteciendo. Moisés Naim resumió la situación así: “Los precios del arroz subieron porque tanto los países productores como los consumidores entraron en pánico”.
En el caso del trigo presuntamente podría haber un desplazamiento hacia otros cultivos, dado que las áreas cosechadas han caído en la UE; no obstante, las de maíz también cayeron en varios de esos países y no se cuenta con datos de producción de los otros bienes utilizados en la fabricación de etanol. Adicionalmente, se espera que el área cosechada mundial se incremente en 2007/2008 hasta niveles similares a los de 2005/2006. En los resultados de este cultivo es muy importante la sequía en Australia que ocasionó una reducción de su producción de 58% en 2006/2007 y la caída de sus exportaciones.
Puesto que en los productos analizados los inventarios superan el volumen de exportaciones mundiales, se puede plantear como hipótesis que las fuentes más importantes de los elevados precios de los alimentos estarían relacionadas con dos fenómenos: hay fuertes impactos del cambio climático y hay producción suficiente pero las fallas de mercado impiden una distribución óptima.
¿Y la infraestructura qué?
Publicado en Ámbito Jurídico el 21 de abril de 2008
El atraso de Colombia en infraestructura es una realidad innegable. También lo es que no se trata de un problema nuevo, sino que llevamos décadas con él. Pero el proceso de globalización y la decisión del gobierno de adelantar negociaciones comerciales con los principales socios comerciales hacen evidente la necesidad de superarlo; adicionalmente, el sector privado –empresarios y analistas económicos– ha manifestado su preocupación frente al tema. Argumentos sobre estos aspectos se han planteado en múltiples artículos y editoriales en diferentes medios del país, especialmente desde 2004 cuando inició la negociación del TLC (en la página www.tlc.gov.co se recopilan varios de ellos).
La pregunta frecuente es si podremos competir con otros países con la actual infraestructura o si debemos dar un compás de espera mientras se supera el atraso. La respuesta la podemos encontrar en las elaboraciones conceptuales de la economía y en la experiencia de otras economías que se han insertado activamente en la economía globalizada.
La literatura económica es concluyente sobre la importancia de la infraestructura en el desarrollo económico, pero no lo es respecto a sus relaciones de causalidad. En su Informe sobre el desarrollo mundial 1994 el Banco Mundial señaló: “… Aún sigue abierto el debate en cuanto a la índole exacta de las vinculaciones entre la infraestructura y el desarrollo. No obstante, lo que si es cierto es que un aumento en la capacidad de infraestructura y el crecimiento del producto económico van a la par; un aumento de 1% en el capital de infraestructura va asociado a un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 1% en todos los países”.
En el libro Desarrollo productivo en economías abiertas, la Cepal construyó un indicador del acervo de capital de infraestructura para América Latina y dos subgrupos de economías asiáticas. El análisis muestra que en 1970 América Latina contaba con un mayor acervo en energía eléctrica y transporte que los subgrupos de Asia, mientras que en energía eléctrica éstos últimos la superaban en una magnitud moderada. Para el año 2000 en los tres indicadores los asiáticos superan ampliamente a América Latina.
Mientras que en América Latina se implementaba el “regionalismo cerrado”, diversas economías asiáticas subdesarrolladas iniciaron procesos de liberalización comercial desde mediados de los sesenta. Si tenemos en cuenta que varias de ellas tenían un ingreso per cápita similar o inferior al de Colombia, y que hoy nos aventajan ampliamente, es evidente que la superación de los problemas de infraestructura no fue un requisito previo para tomar una senda de crecimiento acelerado.
Un ejemplo contundente de esta última idea es China. Los 30 años de autarquía socialista dejaron a este país como el más pobre del mundo; en 1978 su ingreso per cápita apenas llegaba a US$ 165, cuando el de Colombia era US$ 1.541. ¿Qué infraestructura podría tener un país con ese nivel de ingreso? ¿Estaba preparado para enfrentar una economía crecientemente globalizada?
Fan y Chang-Kang (“Road Development, Economic Growth, and Poverty Reduction in China”), señalan que: “…China contaba con una pobre dotación de infraestructura de transporte cuando se iniciaron las reformas en 1978. En 1980 contaba con solo 97 kilómetros de carreteras por cada mil kilómetros cuadrados de territorio…” (Colombia tenía 62).
Las reformas de China incluyeron la reducción unilateral de sus aranceles sin solicitar como contraprestación el acceso preferencial a otros mercados. Pese al atraso en infraestructura, la sustitución del modelo autárquico por uno de desarrollo hacia afuera ha sido exitoso, como lo muestran la impresionante tasa de crecimiento económico de las décadas recientes y los millones de habitantes que han salido de la pobreza. China ya no es la economía más pobre del mundo y ha cerrado gran parte de la brecha de ingreso que tenía con Colombia.
En China se comprobó la relación entre crecimiento económico y avances en infraestructura que menciona el informe del Banco Mundial. El indicador mencionado bordea actualmente el nivel de 200 (el de Colombia 115). No obstante, aún dista del registrado por las economías desarrolladas; el de Estados Unidos está por encima de 700 y el de Alemania y Francia supera los 1.800.
Aun cuando el mundo reconoce el notable avance en la infraestructura portuaria china, los niveles de eficiencia aún son relativamente bajos; su índice de eficiencia portuaria en el Global Competitiveness Report de 2005 es 3.6, mientras que los de los países desarrollados superan el nivel de 6.0 (el índice varía entre 1 y 7).
Con los anteriores argumentos y con lo que se está viviendo en el país, podemos llegar a varias conclusiones. Primero, las economías que nos tomaron la delantera tenían dotaciones de infraestructura inferiores; aún así, optaron por la inserción en la economía global.
Segundo, en el mundo globalizado no hay espacio para esperar. En mayor o menor grado, la mayoría de las economías de la región tienen problemas de infraestructura, pero están avanzando en la negociación de acuerdos con países que también son socios importantes de Colombia. Si el país decidiera aplazar las negociaciones, se ampliaría el rezago que tenemos con relación a otras naciones latinoamericanas en materia de acceso preferencial permanente.
Tercero, el gobierno no se ha quedado quieto frente al atraso en infraestructura. Las obras que se consideran prioritarias para la competitividad del país están previstas en Plan de Desarrollo Estado Comunitario – Desarrollo para todos. Lo cierto es que Colombia puede desarrollar su política de negociaciones y mejorar su infraestructura como lo muestra la experiencia de otros países.
El atraso de Colombia en infraestructura es una realidad innegable. También lo es que no se trata de un problema nuevo, sino que llevamos décadas con él. Pero el proceso de globalización y la decisión del gobierno de adelantar negociaciones comerciales con los principales socios comerciales hacen evidente la necesidad de superarlo; adicionalmente, el sector privado –empresarios y analistas económicos– ha manifestado su preocupación frente al tema. Argumentos sobre estos aspectos se han planteado en múltiples artículos y editoriales en diferentes medios del país, especialmente desde 2004 cuando inició la negociación del TLC (en la página www.tlc.gov.co se recopilan varios de ellos).
La pregunta frecuente es si podremos competir con otros países con la actual infraestructura o si debemos dar un compás de espera mientras se supera el atraso. La respuesta la podemos encontrar en las elaboraciones conceptuales de la economía y en la experiencia de otras economías que se han insertado activamente en la economía globalizada.
La literatura económica es concluyente sobre la importancia de la infraestructura en el desarrollo económico, pero no lo es respecto a sus relaciones de causalidad. En su Informe sobre el desarrollo mundial 1994 el Banco Mundial señaló: “… Aún sigue abierto el debate en cuanto a la índole exacta de las vinculaciones entre la infraestructura y el desarrollo. No obstante, lo que si es cierto es que un aumento en la capacidad de infraestructura y el crecimiento del producto económico van a la par; un aumento de 1% en el capital de infraestructura va asociado a un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 1% en todos los países”.
En el libro Desarrollo productivo en economías abiertas, la Cepal construyó un indicador del acervo de capital de infraestructura para América Latina y dos subgrupos de economías asiáticas. El análisis muestra que en 1970 América Latina contaba con un mayor acervo en energía eléctrica y transporte que los subgrupos de Asia, mientras que en energía eléctrica éstos últimos la superaban en una magnitud moderada. Para el año 2000 en los tres indicadores los asiáticos superan ampliamente a América Latina.
Mientras que en América Latina se implementaba el “regionalismo cerrado”, diversas economías asiáticas subdesarrolladas iniciaron procesos de liberalización comercial desde mediados de los sesenta. Si tenemos en cuenta que varias de ellas tenían un ingreso per cápita similar o inferior al de Colombia, y que hoy nos aventajan ampliamente, es evidente que la superación de los problemas de infraestructura no fue un requisito previo para tomar una senda de crecimiento acelerado.
Un ejemplo contundente de esta última idea es China. Los 30 años de autarquía socialista dejaron a este país como el más pobre del mundo; en 1978 su ingreso per cápita apenas llegaba a US$ 165, cuando el de Colombia era US$ 1.541. ¿Qué infraestructura podría tener un país con ese nivel de ingreso? ¿Estaba preparado para enfrentar una economía crecientemente globalizada?
Fan y Chang-Kang (“Road Development, Economic Growth, and Poverty Reduction in China”), señalan que: “…China contaba con una pobre dotación de infraestructura de transporte cuando se iniciaron las reformas en 1978. En 1980 contaba con solo 97 kilómetros de carreteras por cada mil kilómetros cuadrados de territorio…” (Colombia tenía 62).
Las reformas de China incluyeron la reducción unilateral de sus aranceles sin solicitar como contraprestación el acceso preferencial a otros mercados. Pese al atraso en infraestructura, la sustitución del modelo autárquico por uno de desarrollo hacia afuera ha sido exitoso, como lo muestran la impresionante tasa de crecimiento económico de las décadas recientes y los millones de habitantes que han salido de la pobreza. China ya no es la economía más pobre del mundo y ha cerrado gran parte de la brecha de ingreso que tenía con Colombia.
En China se comprobó la relación entre crecimiento económico y avances en infraestructura que menciona el informe del Banco Mundial. El indicador mencionado bordea actualmente el nivel de 200 (el de Colombia 115). No obstante, aún dista del registrado por las economías desarrolladas; el de Estados Unidos está por encima de 700 y el de Alemania y Francia supera los 1.800.
Aun cuando el mundo reconoce el notable avance en la infraestructura portuaria china, los niveles de eficiencia aún son relativamente bajos; su índice de eficiencia portuaria en el Global Competitiveness Report de 2005 es 3.6, mientras que los de los países desarrollados superan el nivel de 6.0 (el índice varía entre 1 y 7).
Con los anteriores argumentos y con lo que se está viviendo en el país, podemos llegar a varias conclusiones. Primero, las economías que nos tomaron la delantera tenían dotaciones de infraestructura inferiores; aún así, optaron por la inserción en la economía global.
Segundo, en el mundo globalizado no hay espacio para esperar. En mayor o menor grado, la mayoría de las economías de la región tienen problemas de infraestructura, pero están avanzando en la negociación de acuerdos con países que también son socios importantes de Colombia. Si el país decidiera aplazar las negociaciones, se ampliaría el rezago que tenemos con relación a otras naciones latinoamericanas en materia de acceso preferencial permanente.
Tercero, el gobierno no se ha quedado quieto frente al atraso en infraestructura. Las obras que se consideran prioritarias para la competitividad del país están previstas en Plan de Desarrollo Estado Comunitario – Desarrollo para todos. Lo cierto es que Colombia puede desarrollar su política de negociaciones y mejorar su infraestructura como lo muestra la experiencia de otros países.
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