Publicado en el diario La República el 18 de febrero de 2009
Uno de los provocadores temas que aborda Steven Levitt en su libro “Freakonomics”, es el diseño de políticas con base en incentivos.
En su opinión, “el economista típico cree que el mundo aun no ha inventado un problema que él no sea capaz de resolver si se le da la carta blanca para idear el plan de incentivos apropiado”.
El enunciado suena interesante, pero el mal diseño de las políticas puede generar incentivos perversos. Por ejemplo, Levitt demostró que el notable crecimiento de la criminalidad de adolescentes en Estados Unidos a comienzos de los noventa se explicaba por las políticas que restringían el aborto hasta 1973. La inesperada caída de la criminalidad a finales de los noventa coincide con la llegada a la adolescencia de la generación nacida bajo la nueva legislación.
Algo similar puede ocurrir con las restricciones que se vienen imponiendo al uso de los automóviles particulares en Colombia. El problema de movilidad es el resultado del crecimiento desordenado de las ciudades, la baja inversión en vías nuevas, y el crecimiento de la demanda de vehículos. En sana lógica, la política apropiada sería una combinación de mayor inversión en vías modernas, diseño de sistemas eficientes de transporte masivo y restricción a la oferta de autos.
Compleja combinación para ciudades sin recursos, que por décadas fueron saqueadas por políticos corruptos, en las que no hubo planeación y los urbanizadores piratas lideraron una caótica expansión. ¿Y limitar la oferta de vehículos? Poco viable por sus impactos negativos en producción y empleo.
En ese contexto, las políticas de pico y placa aparecen como una atractiva respuesta al problema: Reducen la cantidad de vehículos que circulan en las horas de mayor congestión y contribuyen a disminuir la contaminación ambiental.
Pero, ¿se habrá pensado en los efectos no deseados? En ciudades como México hay evidencias de incremento del número de vehículos; muchas personas compraron un segundo auto, generalmente usado y más contaminante.
En Sao Paulo proliferó la falsificación de placas. Esto evidenció una característica de las políticas con incentivos perversos: la expedición de normas para solucionar problemas creados por las propias normas. Las nuevas impusieron un candado “oficial” a cada placa para evitar fraude. Con nuestra creatividad, esa norma ya habría incentivado el servicio de falsificación de candados.
Un efecto no deseado de los controles en Colombia –además de los observados en México y Brasil–, puede ser la mayor proliferación de motos. No tienen cuota inicial, los impuestos son bajos, no pagan peajes y están eximidas del pico y placa. Resultado esperado: más caos.
Para los motociclistas parecen no existir las normas de tránsito, usan los andenes poniendo en riesgo los peatones, parquean en cualquier lugar y aumentan la contaminación auditiva y la del aire. Por si fuera poco, son la primera causa de mortalidad y morbilidad en accidentes viales; en Colombia el 40% de las muertes y el 55% de los heridos en estos accidentes en 2007 fueron causados por motos.
Poco se debaten las alternativas. Pero, más que extremar las medidas, en ciudades como Bogotá habría que acelerar la construcción del Transmilenio, y evaluar e implementar opciones como el aumento a la sobretasa del combustible, la restricción a las motos, la pronta construcción de un moderno tren de cercanías, el establecimiento de peajes de entrada a la ciudad, la construcción de nuevas vías mediante concesiones y el rediseño de los impuestos de rodamiento, imponiendo los más costosos a los vehículos más antiguos.
Entre tanto, hay que evitar la maraña de reglamentaciones para corregir reglamentaciones, que terminan por hacer olvidar cuál fue el objetivo inicial de los incentivos.
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