Publicado en Portafolio el 18 de julio de 2014
En días pasados el presidente de la ANDI se refirió nuevamente a la propuesta de un “Ministerio de Industria”.
Muy bueno plantear debates, pero poniéndolos en contexto. Por ejemplo, insinuar que no hay apoyos del Estado a la industria y que no hay política industrial –como lo sostienen desde hace tres años algunos analistas–, no es un buen punto de partida.
En cambio, sin ser exhaustivos, se pueden mencionar numerosas acciones de los últimos años que, además de ser “apoyos” a ese sector, en cualquier lugar del mundo se denominan “política industrial”:
1. Exenciones tributarias a las zonas francas. 2. Diferimiento arancelario para bienes de capital y materias primas no producidos. 3. Eliminación de la sobretasa a la energía. 4. Reducción de sobrecostos a la nómina con la eliminación de parafiscales. 5. Subsidio a la tasa de interés de viviendas nuevas, con repercusión en la demanda de más de 25 sectores industriales. 6. Negocios impulsados por Compre Colombiano para fortalecer el mercado interno. 7. Oportunidades de negocios abiertas por Proexport Colombia. 8. Creación del Instituto Nacional de Metrología. 9. Creación del Centro de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales, con el objetivo de identificar y remover los obstáculos al desarrollo del potencial de exportación. 10. Incentivos tributarios de la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 11. Imposición de aranceles mixtos a las importaciones de calzado y confecciones. 12. Desembolsos de créditos de Bancoldex para modernización, por más de 11 billones de pesos en los últimos cuatro años. 13. Establecimiento del Profia, para el fortalecimiento del sector de autopartes. 14. El programa Bancoldex Capital para la promoción de los fondos de capital. 15. Créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías por más de 25 billones de pesos para las mipymes en cuatro años.
Además, hay políticas enfocadas en el mediano y largo plazo, como el Programa de Transformación Productiva que persigue el desarrollo de sectores de clase mundial; los acuerdos comerciales, que abren mercados en condiciones preferenciales para las exportaciones; la formalización empresarial que busca eliminar el lastre de la informalidad sobre la productividad; iNNpulsa Colombia, que estimula el emprendimiento dinámico innovador; la política de emprendimiento, orientada a enriquecer el tejido empresarial.
Como parte de la política industrial, se destinan recursos a la contratación de estudios especializados, que luego se plasman en decisiones de tipo transversal o sectorial; por ejemplo, la reforma a la ley de Habeas Data, el proyecto de ley anticontrabando que cursa en el Congreso y el estudio de costos de energía, que es parte de la política de reducción de costos de producción de las empresas.
Es hora de bajar la discusión de las ramas y comenzar debates puntuales sobre dónde se requieren ajustes y cuáles son las justificaciones, cuáles programas y políticas se deben fortalecer y cuáles suprimir. También sería deseable medir cuánto nos cuesta la política industrial a todos los ciudadanos.
En síntesis, más que un ministerio de industria, lo que hace falta en Colombia es una presentación integral y periódica de los objetivos de la política industrial, sus múltiples programas, los costos de cada uno, la evaluación de sus impactos, etcétera. La propuesta es emular el libro blanco de la política industrial de países como Japón, Taiwán, Corea y la Unión Europea.
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