Brutalidad policial

 

Publicado el Portafolio el viernes 21 de mayo de 2021 

En Colombia existe el derecho a la protesta y no hay una política de Estado que tenga por objetivo acallarla. Aun así, medios extranjeros, congresistas norteamericanos, burócratas de multilaterales y de otros gobiernos censuran al país por violación de esos derechos y por la brutalidad policial.

La mayoría de los manifestantes son pacíficos, pero esos censuradores desconocen que también se infiltran peligrosos vándalos que no son controlados por los organizadores del paro. No son pacíficos aquellos que llevaban 12.614 armas cortopunzantes, 431 armas de fuego, 242 armas traumáticas y 77 explosivos decomisados hasta el 13 de mayo; tampoco los que lanzaron bombas incendiarias contra los CAI, las estaciones de transporte masivo y un hotel.

Es inadmisible que algunos policías se excedan, como ocurrió con el asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá y ha ocurrido en el paro reciente; por el primero ya hay condenas y por lo segundo hay 65 investigaciones disciplinarias en proceso. Lamentablemente esto se ve en muchos países, como lo ilustran la asfixia de George Floyd en Estados Unidos y las 20 personas que murieron en las protestas por su asesinato.

Un informe del Council on Foreign Relations resalta este como un problema global: “La brutalidad policial sigue siendo un problema en muchas democracias avanzadas. Los agentes de todo el mundo han utilizado medios agresivos, como balas de goma y gases lacrimógenos, para reprimir a los manifestantes, incluida la policía francesa, durante las protestas de los chalecos amarillos que comenzaron a fines de 2018... Estados Unidos supera con creces a la mayoría de las democracias ricas en muertes a manos de la policía. La policía estadounidense mató a unas 7.638 personas entre 2013 y 2019 (según la misma base de datos, mataron a otras 1.125 personas en 2020)”.

Pero es importante diferenciar entre excesos y cumplimiento del deber. Cabe recordar los cinco muertos en la toma del capitolio en Washington el pasado 6 de enero, varios de ellos por las balas de la policía ¿Eso fue brutalidad policial? En este caso, como en el de Colombia, debemos preguntarnos qué debería haber hecho la policía frente a los desmanes ¿Quizás dejarlos destruir el capitolio y “juzgar” a los congresistas que reconocieron a Biden como el nuevo presidente?

La mayoría de los policías no está usando sus armas de forma indiscriminada, ni disparando desde helicópteros y menos aun buscando dañarle los ojos a los protestantes, como dijeron algunos irresponsables a la prensa extranjera, que, como idiota útil, difundió esa “noticia”. Si los organizadores de las marchas no se sienten responsables de los destrozos ocasionados y no tienen formas de controlar a los vándalos que se infiltran en la protesta, las autoridades deben cumplir con su mandato constitucional de velar por el bien ciudadano y proteger el interés de las mayorías.

Los pobres y la reforma

 Publicado en Portafolio el viernes 23 de abril de 2021

En medio de la avalancha de críticas generada por el proyecto de ley de reforma tributaria que hace trámite en el Congreso, no se puede perder de vista el componente de política social.

Tal vez a fuerza de ver todos los días y por todas partes vendedores ambulantes y migrantes en actividades de rebusque y pidiendo ayuda, termina pareciendo normal que estén ahí. Pero se nos olvida que su situación es dramática y que antes de la pandemia se venían cocinando múltiples manifestaciones de inconformidad que siguen latentes, con el riesgo de explotar en cualquier momento. La pandemia ha tenido dos efectos sobre ellas; por un lado, las relegó a un segundo plano porque los debates están más en las olas de covid-19, en la ocupación de las UCI y en las vacunas; pero, por otro, hizo crecer la población vulnerable con los que perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos y cayeron en la pobreza.

La exposición de motivos del proyecto de ley contiene cifras que evidencian la magnitud del problema. Si bien los ingresos se redujeron en todos los deciles como consecuencia de la pandemia, los más afectados fueron los de la población pobre; en los deciles 1, 2 y 3 cayeron en -56,8%, -32,3% y -20,1%, respectivamente, en septiembre-diciembre de 2020 respecto a 2019.

Los datos muestran que el aumento del desempleo repercutió en el incremento de la informalidad, especialmente en los deciles 3 a 7; es decir, en los segmentos de la clase media que perdieron sus empleos formales y están ahora en el rebusque. La respuesta del gobierno fue el aumento de los giros de transferencias monetarias (Familias en acción, Jóvenes en acción y Colombia Mayor), la puesta en marcha de forma anticipada de las devoluciones del IVA y la creación del Programa de Ingreso Solidario (PIS). Un análisis del investigador Jairo Nuñez comprobó que esta decisión contuvo parcialmente el aumento de la pobreza.

En ese contexto es relevante la propuesta del proyecto de reforma tributaria de fortalecer el mecanismo de transferencias monetarias con el PIS. Se busca no solo incluir alrededor de 2,4 millones de hogares pobres que no recibían transferencias en 2019, sino también a los que cayeron en pobreza por la pandemia.

Es una excelente respuesta a la emergencia por la pandemia. Pero volver permanente el PIS demanda no solo estrictos mecanismos de graduación y la corrección de los problemas de focalización, sino otras reformas que rompan los incentivos a la informalidad que hoy bordea el 65% de la población ocupada. Se trata de reformas a la financiación del sistema de salud, una nueva arquitectura al sistema pensional y cambios en los parafiscales, como lo propone el equipo de Fedesarrollo liderado por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía.

¿Renovar el contrato social?

 

Publicado en Portafolio el viernes 26 de marzo de 2021

Renovar el contrato social es un tema de discusión mundial. Obviamente, su mención genera posiciones antagónicas; hay quienes lo encuentran indispensable; algunos ven peligros porque creen que implica abolir la Constitución; y otros lo consideran irrelevante.

La discusión se nutre de diferentes vertientes del conocimiento que tratan de explicar la inconformidad y el malestar social que hay en el mundo, y que recrudeció con los impactos de la pandemia sobre la desigualdad. En ese contexto, cabe tener como referencia la apreciación de los economistas Rafael Doménech y Vicente Montes: “El contrato social ha aportado estabilidad a las sociedades modernas y ha permitido a las mismas avanzar como nunca antes en la historia”.

En general, el contrato social se concibe como el acuerdo implícito sobre derechos y obligaciones en la relación entre los ciudadanos y el Estado; entre otras, el Estado tiene la obligación de asegurar a los ciudadanos frente a diversos riesgos, como los de pobreza, enfermedad, desempleo y desprotección en la vejez.

En el enfoque de Nicholas Barr sobre el estado de bienestar, este podría entenderse como el contrato social vigente desde de la Segunda Guerra Mundial, con las adaptaciones pertinentes a los cambios económicos, demográficos y sociales. The Economist (6 de marzo) plantea que “la pandemia ha obligado a una reevaluación del contrato social; en particular, cómo se deben dividir los riesgos entre las personas, los empleadores y el Estado… El covid-19 mostró que el estado del bienestar necesita una modernización. Nació en un orden social distinto y para protegerse de diferentes riesgos”.

En el caso de Colombia no se pueden desconocer los notables avances en materia social. Pero también es evidente que subsisten problemas que tienden a agravarse con el paso del tiempo y la postergación perpetua de las reformas, mientras el malestar social sigue creciendo.

La evaluación de los cuatro riesgos mencionados muestra la urgencia de las reformas. Según Fedesarrollo, la pobreza llegó a 42% en 2020, con un aumento de seis puntos porcentuales; el régimen subsidiado de salud incentiva la informalidad laboral, que supera el 60% de los ocupados; solo el 25% de las personas en edad de jubilación tiene una pensión; y no hay un seguro de desempleo que mitigue la interrupción de los ingresos al perderse el empleo.

Un estudio reciente de Fedesarrollo, liderado por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía, propone integrar en una sola reforma todos estos aspectos, sumando el fiscal, que es necesario para seguir haciendo frente a la pandemia, financiar los costos de los cambios y recuperar la capacidad redistributiva de la política fiscal. Winston Churchill decía: “¡Nunca desperdicies una buena crisis!”. Ahora, con la inconformidad creciendo, mal haríamos en perder la oportunidad de tramitar estas vitales reformas, basados en diagnósticos precisos y excelentes estudios técnicos.

Colombia: Mal en comercio

 

Publicado en Portafolio, el viernes 26 de febrero de 2021 

El Dane publicó recientemente los datos de exportaciones e importaciones de bienes en 2020. Las primeras cerraron con una variación anual de -21,4% y su valor (US$31.057 millones FOB) es el más bajo en 12 años; las segundas cayeron -17,5% y en valor (US$43.489 millones CIF) son las menores desde 2010. Desde luego, estos resultados son atribuibles al responsable de todo lo negativo que está ocurriendo en la economía desde comienzos de 2020: el covid-19.

La pandemia frenó el comercio mundial; el cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad, las políticas proteccionistas sobre los bienes médicos esenciales y la confrontación entre Rusia y Arabia Saudita por el recorte de cuotas de producción de petróleo explican la caída del volumen y del valor transado.

Según la Unctad (“Global Trade Update”, February 2021), el comercio de bienes se contrajo en 2020 en -6,0%. De acuerdo con el CPB World Trade Monitor hasta noviembre el volumen de transacciones internacionales registraba una variación de -5,4% y los precios unitarios de -2,5%, calculadas sobre los promedios móviles de orden 12 de los respectivos índices. Por último, los datos acumulados hasta noviembre para las 74 economías a las que la OMC hace seguimiento mensual arrojaban una variación de -7,2% en el valor de las exportaciones y -8,6% en las importaciones.

Pero los resultados de Colombia son más malos. Los cálculos con los datos de la OMC indican que fue el noveno país con peor desempeño en valor de las importaciones (-19,1%) y el segundo peor en exportaciones (-22,6%).

Eso amerita explicaciones adicionales a la pandemia. La Unctad calcula un “índice general de desempeño de las exportaciones”, que tiene en cuenta el crecimiento de las exportaciones, la participación de mercado, la composición de la canasta exportadora y el desempeño de las exportaciones de los competidores directos. La conclusión que saca es contundente: “Venezuela, Arabia Saudita, Colombia y Nigeria obtuvieron los peores resultados”.

Esa percepción de la Unctad de baja competitividad se corrobora al calcular la participación de Colombia en las exportaciones del agregado de 74 economías de la serie de la OMC. En 2014 Colombia participaba con el 0,33% del total y bajó en los años siguientes hasta 0,19% en 2020; por contraste, los tres socios de la Alianza del Pacífico han mantenido su participación en el periodo (Chile) o la incrementaron (Perú y México).

Esto no es más que nueva evidencia de los graves problemas que enfrenta el comercio exterior de Colombia y que demandan una solución urgente. No tiene sentido soñar con cadenas globales de valor, “nearshoring”, o aprovechamiento de los TLC mientras persistan el sesgo antiexportador y las rígidas barreras de siempre. Difícil la tiene la Misión de Internacionalización para proponerle al país un paquete de soluciones efectivas y aplicables.

Nuevas olas de covid-19

 

Publicado en Portafolio el 22 de enero de 2021

En una entrevista en mayo de 2020 el historiador Nial Ferguson afirmó: “las pandemias toman un tiempo, por lo general de dos años. Suele haber más de una ola. A veces hasta tres, como en 1918-19, y mucho depende de si hay una vacuna en ese período”.

Esta observación pasó desapercibida porque Europa había superado la primera ola de covid-19, se creyó tener el control de la pandemia y creció la percepción de que “esta vez es diferente”. Se consideró improbable la repetición de la historia de las pandemias anteriores, especialmente por los grandes avances de la ciencia y la tecnología. Predominó la arrogancia del ser humano.

Faltó humildad para reconocer que muchos aspectos del virus siguen siendo un enigma para la ciencia, a pesar de las sofisticadas herramientas que no estaban disponibles en las grandes pandemias previas. La amplia gama de secuelas del covid-19 en muchos sobrevivientes, por ejemplo, sorprenden a los médicos, pero no son temas debatidos en los medios o en los informes técnicos; seguramente hay científicos tratando de entender este problema, pero sus voces no tienen mucho eco.

Entre tanto, los “expertos” recomiendan prácticas contradictorias que alimentan la confusión, restan credibilidad a las políticas sanitarias e incentivan la indisciplina social; lo ilustran el uso de tapabocas, el transporte masivo como fuente de contagio, el plazo en el que estarían disponibles las vacunas, y el uso de guantes y de tapetes con desinfectantes.

Comenzando el 2021 las palabras de Ferguson cobran vigencia en un mundo que ve crecer como la espuma los contagios y las muertes por el covid-19 y aumenta la incertidumbre en el año en que anhelábamos ver la reactivación de las economías junto con la vacunación masiva.

Ante la demanda de explicaciones por las nuevas olas de contagios abundan las respuestas: el verano en las economías desarrolladas con fuertes flujos de turistas entre países, la reapertura de las instituciones educativas, la mutación del virus, el cansancio de la población ante las medidas de restricción, la falsa percepción de los jóvenes sobre su inmunidad frente al virus, la conducta humana, etcétera.

Lo que no se menciona es que las autoridades de muchos países se volvieron complacientes como consecuencia de los erráticos mensajes provenientes de las autoridades multilaterales de salud, de los intereses políticos para no perder votos en las campañas electorales, del relajamiento en la implementación de las políticas de rastreo y de señales poco claras sobre la aplicación de otros controles, como lo ilustra el debate sobre la exigencia de pruebas PCR a los viajeros que llegan de otros países.

La complacencia se refleja en permisividad con la informalidad, los domiciliarios, las celebraciones futbolísticas, las festividades navideñas y la indisciplina social, en parte auspiciada por la falta de controles. Para la plaza pública los alcaldes anuncian programas de rigurosa aplicación de los protocolos de bioseguridad en las actividades informales; pero la realidad son aglomeraciones sin distanciamiento social y sin las medidas mínimas de protección.

Hay que pensar como Ferguson, que la pandemia durará como mínimo dos años, que la sociedad tendrá que adaptarse a nuevas formas de organización y que los gobiernos enfrentan un problema económico y social de grandes proporciones, más agudo entre más restricciones se tengan que imponer.

Salario mínimo y crisis

 

Publicado en Portafolio, el viernes 18 de diciembre de 2020

En la negociación del salario mínimo (SM), el país debe tener en cuenta aspectos que siempre se han pasado por alto, como la carencia de representación de gran parte de los trabajadores, y otros que son producto de la crisis ocasionada por la pandemia, como el deterioro social.

La tasa de desempleo es alta. Alcanzamos niveles similares a los de comienzos del siglo (20%); en esa época tomó 10 años volver a tasas de un dígito, a pesar del auge económico por la bonanza de precios de los productos básicos. La OCDE proyecta para 2022 una tasa de desempleo del 13%, que revela un lento ajuste hacia tasas menores del 10%.

También es alta la tasa de informalidad. Medida por afiliación al sistema pensional, fue del 62,5% en el trimestre agosto-octubre; 12,7 millones de trabajadores son informales, mientras que 7,6 son formales. Ese grupo sumado a los desempleados totalizan 16,5 millones de personas y son el 68,4% de la población económicamente activa; ellos no están representados en las negociaciones del SM, pero sí son afectados por sus decisiones.

Según la OCDE “el elevado salario mínimo contribuye a la informalidad”; Ese organismo incluye cinco economías de la región (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México) y Rusia en el cálculo del SM real en dólares a precios de paridad; entre ellos Colombia tiene el segundo más alto. Por contraste, las estimaciones de la OIT indican que, en ese grupo, Colombia tiene la más baja productividad real en dólares a precios de paridad.

Adicionalmente, el SM equivale al 90% del salario mediano –una de las relaciones más altas del mundo–, lo que muestra su baja aplicación en el país. En el estudio “Colombia: Economic Assessment 2013”, la OCDE encontró que solo en Bogotá el salario mediano es superior al SM; en las demás regiones, especialmente en las más pobres y menos productivas, es igual o inferior.

La población que se ve forzada al rebusque en la informalidad hace trabajos de baja productividad, sin protección social y con menores remuneraciones. Según el Dane, en el periodo enero-octubre el 48,6% de los trabajadores ganó menos del 0,9 del SM, mientras que solo el 22,5% obtuvo entre 0,8 y 1,1 SM; además, un estudio de la Universidad de los Andes afirma que, por la pandemia, “la proporción de hogares que reportaron cero ingresos laborales pasó de 1% a 10%” (“La afectación efectiva del empleo en la pandemia”).

Las consecuencias son mayor pobreza y menor bienestar. La encuesta “Pulso Social” del Dane evidencia que un creciente número de hogares redujo el consumo de alimentos. Antes de la cuarentena 6,7 millones de hogares en 23 ciudades consumían tres comidas al día; en octubre lo hicieron 5,4 millones. En cambio, los hogares que consumían dos comidas o menos aumentaron de un millón a 2,3 millones.

En síntesis, urge reducir rápidamente el desempleo y generar ingresos y protección social para el 68,4% de los trabajadores que no tienen representación en la negociación del SM. Por eso tiene mucho sentido el plan de emergencia planteado por exministros, empresarios y académicos, en el que se propone permitir temporalmente la creación de nuevos puestos de trabajo con remuneración del 80% del SM, con aportes a salud y ARL.

Covid-19: Del dicho al hecho

 

Publicado en Portafolio, el viernes 20 de noviembre de 2020

Hay buenas políticas que fracasan por las actitudes de algunos ejecutores. Se esperaría que todas las políticas contra el Covid-19 y muy especialmente las sanitarias tuvieran pronta y plena aplicación para frenar los contagios. Lamentablemente hay casos de parsimonia y desinterés de ciertos agentes en el cumplimiento de sus funciones. Aun cuando vemos frecuentes denuncias en los medios, bueno es insistir y lo haré con un episodio que conocí de cerca.

Una persona comienza con síntomas de gripa. De acuerdo con una circular del Ministerio de Salud, debería quedarse en casa; pero hay patronos que exigen a todos los trabajadores hacer presencia en la empresa, aun con esos síntomas.

Como precaución, llama a la EPS, describe los síntomas y solicita la prueba de Covid-19. Le responden que en efecto la sintomatología corresponde a un probable contagio, pero que no pueden dar una respuesta inmediata porque la persona vive en un municipio cercano a Bogotá y les tomará tiempo buscar un laboratorio aliado.

Ante la persistencia de los síntomas, la persona paga de su bolsillo la prueba en un laboratorio privado y corrobora el diagnóstico de Covid-19. Entonces, se aísla en su vivienda.

Llama a la EPS para informar el resultado de la prueba y solicitar la incapacidad. Ante esto, la entidad dice que primero hará la prueba (ahora sí “encontraron” un laboratorio aliado). Al día siguiente van a la vivienda y toman la muestra solo a él y no a la esposa porque no tiene síntomas (desechan la posibilidad de que ella sea asintomática y haya contagiado al esposo). Además, le informan que el resultado tarda ¡alrededor de 10 días! Suertudo, pues en los medios exponen mayores demoras.

Aun cuando el gobierno diseñó una estrategia para romper la cadena de contagios (PRASS), que está contenida en un documento CONPES, y en ella se incluye el rastreo, a la persona en ningún momento le preguntaron sobre sus contactos recientes, ni le recomendaron aislamiento. ¿Cuántos contagios podría ocasionar sin aislamiento y sin el diagnóstico de la EPS?

Veamos lo que está ocurriendo en Europa con la segunda ola, como lo destaca The Economist: “Solo el 23% de los examinados en Inglaterra durante la semana hasta el 22 de octubre recibieron resultados en 24 horas, frente al 93% a fines de junio. Y solo el 45% de los que dieron positivo recibieron una llamada de un rastreador de contactos el mismo día de su diagnóstico, en comparación con alrededor del 80% durante el verano”.

Con el tortuguismo de algunos empleados de las EPS, la inaudita demora en dar los resultados y el menosprecio por el rastreo estratégico no es de extrañarnos si los contagios de Covid-19 crecen nuevamente.

Cuando solo prima la preocupación por las aglomeraciones y la indisciplina social y no por los diagnósticos rápidos, el rastreo eficiente y la responsabilidad de la burocracia de las EPS, se está buscando la fiebre en las sábanas. La sociedad admira y aplaude la abnegada labor de médicos y enfermeras que dan la batalla contra el virus, pero también debe criticar y sancionar a quienes son ineficientes en su labor para romper la cadena de contagios. En fin, hay que velar porque las buenas políticas implementadas tengan cabal cumplimiento.

Covid-19 a domicilio

 

Publicado en Portafolio el 23 de octubre de 2020

Bogotá fue una de las ciudades que cerró la economía por más tiempo; según la alcaldesa, “primero la vida y la salud” que “privilegiar los intereses económicos”. Ese criterio explica la demora en la aprobación de los protocolos sanitarios y la dosificación de los días en que podían funcionar las empresas. Además, estableció horarios de entrada de los trabajadores para no sobrepasar del 35% el uso de Transmilenio porque eso podría desbocar la pandemia; sin embargo, en las declaraciones más recientes asegura que el transporte masivo no es un foco de contagios. A pesar de esos argumentos, la capital registra la mayor tasa de incidencia del covid-19 y la tercera de mortalidad en Colombia.

La alcaldesa olvidó que la capital no es una isla y que los procesos productivos funcionan en cadenas que integran diversas regiones del país y del mundo. Como consecuencia, la economía bogotana es la más postrada entre las principales ciudades del país. La tasa de desempleo de Colombia en el trimestre junio-agosto fue de 18,9% y la de Bogotá 24,1%; mientras la caída en el número de ocupados nacional fue de 16,2% respecto al mismo trimestre de 2019, en la capital cayeron en 21,0%.

La producción industrial de Bogotá cayó en agosto -17,4%; solo la supera Bucaramanga (-26,0%), pero mientras la primera explica el 26% de la caída nacional, la segunda aporta el 3%. El empleo industrial en la capital se contrajo en 12,7% ese mes, superó las ocho ciudades con las que el Dane la compara y aportó el 39% de la reducción total de Colombia. En comercio minorista las ventas reales se redujeron en 20,2%, la mayor contracción respecto a las principales regiones y explica el 42,5% del resultado del país.

Las consecuencias de esa debacle económica se apreciarán en mayor pobreza de la población bogotana. Esperemos que esos resultados no sean atribuidos por la alcaldesa al gobierno nacional, como ya se le volvió costumbre.

Lo curioso es que mientras le puso muchas trabas a la actividad económica formal para la reapertura de sus negocios, se ha hecho la de la “vista gorda” con los informales y los domiciliarios. Hace meses viene anunciando medidas para controlar las aglomeraciones y el incumplimiento del distanciamiento social en las ventas callejeras, pero hasta la fecha todo sigue igual o peor. ¿No percibirá la alcaldía que ese puede ser un factor explicativo de la concentración de contagios y muertes por covid-19 en los estratos de menores ingresos?

Por si fuera poco, los miles de trabajadores que sobreviven con las entregas a domicilio se están convirtiendo en un problema adicional sin que se tomen medidas para evitar las aglomeraciones, los basureros que generan y el uso del espacio público como sanitario. Las empresas de servicios domiciliarios se habían comprometido a establecer sitios de tránsito en los que estas personas tuvieran unas condiciones mínimas de espera, de acceso a servicios sanitarios y de higiene básica, pero tampoco han cumplido. ¿La alcaldesa que le impuso fecha de apertura, días y horarios de operación a las empresas formales no podrá obligar a las de domicilios a proteger estos trabajadores y con ello a la población bogotana crecientemente expuesta a contagios de coronavirus por la forma en que operan tales negocios?

¿Y dónde está la alcaldesa?

 

Publicado en Portafolio el viernes 25 de septiembre de 2020

Mientras la ciudad era vandalizada a raíz del asesinato de Javier Ordoñez, la alcaldesa Claudia López echaba culpas al gobierno, denunciaba a la policía ante las Naciones Unidas y regañaba al presidente Duque porque «él como "comandante en jefe" de la institución debía ordenar a los uniformados no usar "armas de fuego en protestas sociales ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia"» (Portafolio, septiembre 18).

La alcaldesa se olvidó del artículo 315 de la Constitución que establece que “el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio”. Según Semana (septiembre 13), “le faltó asumir que ella es la primera autoridad de la ciudad y no la oposición al Gobierno”.

No es la primera vez que la alcaldesa busca culpables en lugar de afrontar las situaciones. En junio, refiriéndose a los contagios y la falta de disciplina social en Corabastos, afirmó que “esa central es responsabilidad del Gobierno” (Portafolio, junio 5). Unas semanas antes, dijo que los migrantes venezolanos también son un problema del Gobierno (El Tiempo, abril 2). Afirmó que el coronavirus llegó a Bogotá porque el presidente no quiso cerrar antes el aeropuerto; sin embargo, en las recientes noticias sobre reapertura de El Dorado es ella la que sale autorizando la operación.

Pero hay problemas como el de las aglomeraciones de vendedores informales que inundaron las calles violando las cuarentenas y ante eso no dijo ni hizo nada. ¿Qué diferencia hay entre los miles de personas que se aglomeran alrededor de Corabastos, buscando cualquier oportunidad de ganarse unos pesos y los miles que salieron a las calles al rebusque? ¿No crean focos de contagio al no usar tapabocas y no aplicar el distanciamiento? ¿No deberían estar en casa si son beneficiarios de las transferencias monetarias del gobierno y la alcaldía?

Hay decisiones acertadas de la alcaldesa en pro de la ciudad; se ha anticipado al gobierno en varias ocasiones y ha manifestado sensibilidad por la situación de la población vulnerable. Pero esa cantinela de culpar al gobierno de temas que debería afrontar la alcaldía deja la sensación de que no tenemos piloto.

De igual forma podría el gobierno nacional preguntarle a la alcaldesa de quién es la responsabilidad del metro para Bogotá. Y si es de la ciudad, ¿por qué tiene la Nación que poner cuantiosas sumas de dinero que, en lugar de destinarlas a los “ricos” de la capital, podría asignarlas a mejorar las condiciones de vida de los pobres de Chocó o de La Guajira?

Ahora que vuelven las congestiones de tráfico, hay menos kilómetros de vías para los automotores, porque los volvieron ciclorrutas (una solución “hechiza” y riesgosa para los ciclistas, en lugar de hacer construcciones con diseños técnicos). Como consecuencia, los trancones serán mayores y habrá que pensar en cómo castigar a los propietarios de carros particulares; por contraste, en las economías desarrolladas incentivan el uso de los carros para no atiborrar el transporte masivo, por el mayor riesgo de contagios. La alcaldesa debe estarse preguntando cómo echarle la culpa de los problemas de movilidad capitalina al gobierno.

Reactivación y recuperación

 

Publicado en Portafolio el 28 de agosto de 2020

La caída de -15.7% del PIB de Colombia en el segundo trimestre confirmó los temores sobre los impactos negativos de la pandemia y las medidas de contención. Se esperan mejores resultados en lo que resta del año, para lo cual son cruciales las medidas de política económica.

En esta materia es importante la diferenciación que establecen Carmen y Vincent Reinhart entre reactivación y recuperación (“The Pandemic Depression. The Global Economy Will Never Be the Same”. Foreign Affairs, Vol. 99 No. 5). Es posible que algunas economías empiecen a mostrar variaciones positivas (como ya se observa en China), pero volver al valor del PIB precovid-19 tomará más tiempo; lo primero corresponde a la reactivación, producto de la reapertura de sectores y las políticas fiscales y monetarias expansivas, mientras que lo segundo se refiere a la recuperación. Según estos autores, “en todas las peores crisis financieras desde mediados del siglo XIX, el PIB per cápita tardó un promedio de ocho años en volver al nivel anterior a la crisis”.

El problema es que la “depresión pandémica”, como la denominan los Reinhart, tiene una naturaleza regresiva porque afecta más a las economías en desarrollo y dentro de ellas a los más pobres. Las economías desarrolladas cuentan con sólidas redes de seguridad social y mayor capacidad de uso de la política fiscal, mientras que las economías en desarrollo carecen de esas redes o son muy débiles y el margen fiscal es reducido, cuando no está ya copado.

En todos los países las empresas pequeñas son las más golpeadas y ellas son la fuente de empleo de una gran cantidad de trabajadores que son remunerados con bajos salarios. Pero hay una gran diferencia en el peso relativo de estas empresas entre países; Marcela Eslava muestra que las empresas de menos de 10 trabajadores ocupan cerca del 15% de los trabajadores de Estados Unidos, mientras que en Colombia ocupan el 70% (“El empleo y los cierres por COVID19”).

De lo anterior se colige la importancia de contar con políticas que aceleren la recuperación, pero hay que dar prioridad a las de corto plazo para impulsar la reactivación. El gobierno ha implementado políticas acertadas y oportunas, pero urge fortalecer algunas de ellas.

Por ejemplo, al cierre de julio se habían entregado subsidios a la nómina (PAEF) por un monto de $2,4 billones, otorgados a 132.537 empleadores, que emplean 3,2 millones de trabajadores. Teniendo en cuenta que los empleados formales son alrededor de nueve millones, se deduce que solo el 36% de los trabajadores potenciales tuvo acceso. Y si suponemos que en Colombia hay unos dos millones de empresas y que el 50% son formales, la cobertura hasta el momento es de apenas el 13%; con 86 mil microempresas y 35.000 pequeñas beneficiadas, es evidente que la mayoría de estos segmentos empresariales no ha tenido acceso.

Son justamente las micro y pequeñas las más afectadas por la regresividad de la depresión pandémica; la consecuente destrucción del tejido empresarial repercutirá en formidables retos para restablecer el empleo y mitigar el impacto en la pobreza. Por eso, urge hacer un balance entre hacer mayores esfuerzos focalizados en esas empresas en el corto plazo o asumir los onerosos costos económicos y sociales de un largo proceso de recuperación.