Publicado en Ámbito Juridico, Año XVIII – No. 414; 23 de marzo al 12 de abril de 2015
El precio del petróleo es una variable estratégica para la economía mundial. A raíz de su desplome desde niveles de US$110 por barril a menos de US$50 se viene generando una compleja cadena efectos globales, de los cuales Colombia no ha escapado.
La caída del precio internacional se precipitó por la simultánea confluencia de tres factores que generaron un excedente superior al millón de barriles por día (b/d): aumento de la oferta, reducción de la demanda y el juego de intereses geopolíticos.
La oferta creció en esencia por el desarrollo de la producción de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos. La producción que había bajado hasta menos de cuatro millones b/d ha repuntado a niveles que ya superan los nueve millones y se acercan a su máximo histórico de diez millones.
A ello hay que sumar la recuperación de la producción de petróleo de Libia. A raíz del conflicto interno originado con el derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011, la producción cayó de 1.6 millones b/d a 200 mil; pero durante el segundo semestre de 2014 se inició la recuperación hasta bordear el millón b/d, justo en el periodo en que empezó la caída del precio internacional. No obstante, está en duda la permanencia de esta mayor oferta, por la reciente agudización de la lucha interna por el poder.
Por el lado de la demanda el principal impacto proviene de la desaceleración de las economías emergentes, especialmente de China que ahora crece a niveles del 7% anual después de crecer a ritmos del 10% en las últimas décadas. A esto se suma la menor demanda de importaciones de Estados Unidos; estas bajaron desde 13.5 millones b/d en 2005 hasta 9.4 millones en el presente año, por la sustitución con la producción doméstica.
La geopolítica es otro componente importante de la coyuntura petrolera. En la práctica hoy el mundo está enfrentando una “guerra del petróleo” en la que los líderes visibles de cada bando son Arabia Saudita y Estados Unidos.
Arabia Saudita mantiene la férrea posición de no recortar la producción de los países de la OPEP por varias razones. En primer lugar porque busca que el precio se reduzca al punto que no sea rentable la producción de hidrocarburos no convencionales. Pareciera que este propósito lo está logrando parcialmente. La información de la firma Baker Hughes indica que el número de plataformas petroleras activas en el mundo se redujo en 684 entre septiembre de 2014 y febrero de 2015; el 84.4% de ellas las aporta Estados Unidos. No obstante, la producción norteamericana aún sigue creciendo.
En segundo lugar porque no está dispuesta a asumir el costo de ser el “swing producer”, en el que sus sacrificios en reducción de la oferta permiten a los demás productores aumentar su participación de mercado.
En el caso de Estados Unidos es vital posicionarse como el primer productor mundial de petróleo y gas y reducir la importancia estratégica del Medio Oriente. El presidente Obama lo expresó con fuerza en su discurso sobre el estado de la nación el pasado 20 de enero: “Somos más libres de las garras del petróleo extranjero de lo que hemos sido en casi 30 años… Confiamos en nuestra capacidad de reducir nuestra dependencia del petróleo extranjero y proteger nuestro planeta”.
Al interior de la OPEP se está gestado una creciente división, pues países como Nigeria, Irán y Venezuela no comparten la decisión de no recortar la oferta para frenar la caída de los precios. Además, Irán y Libia están en problemas económicos que los pueden forzar a disentir del cartel.
Otro componente geopolítico de interés es el debilitamiento de Rusia. Este país tiene una alta dependencia del petróleo por lo que la caída de ingresos por exportaciones se suma a los efectos de las sanciones que le impusieron Estados Unidos y la Unión Europea por el conflicto de Ucrania.
Una manifestación clara de la forma en que el desplome del precio está afectando la economía rusa es la drástica decisión de aumentar en 10.5 puntos la tasa de intervención del banco central para frenar la fuerte depreciación del rublo (corregido por error en la versión publicada). Otra es la entrada de la economía en recesión; el FMI bajó recientemente las proyecciones de crecimiento de la economía rusa en 2015 de un crecimiento de 0.5% a una contracción de -3.0%.
Es posible que el cierre de plataformas y la reducción de los presupuestos de inversión en exploración repercutan en una menor oferta, y que la esperada reactivación de la economía europea revitalice la demanda. Pero es evidente que las implicaciones geoestratégicas son las que tienen una mayor preponderancia en la actual coyuntura, lo que hace difícil una previsión sobre el tiempo que se mantendrán bajos los precios del hidrocarburo.
Inflación: ¿Malas nuevas?
viernes, 20 de marzo de 2015
Publicado en Portafolio el 20 de marzo de 2015
Uno de los efectos esperados del desplome de los precios internacionales del petróleo es la reducción de la inflación y el aumento del ritmo de crecimiento económico; menores precios de los combustibles incrementan el ingreso real de las familias, bajan los costos de producción por el rubro de transporte y abaratan los alimentos por la disminución de los precios de los fertilizantes.
En realidad, eso no está ocurriendo en aquellas economías en las que los gobiernos decidieron aprovechar la caída del precio del petróleo para reducir o eliminar los subsidios al consumo. En el caso de Colombia, el complejo cálculo del precio interno de los combustibles y la carga de impuestos han hecho que las disminuciones de sus precios se den a cuentagotas.
Contrario a lo esperado, la inflación se disparó en febrero al 4.4% anual, manteniendo la tendencia al alza por cinco meses consecutivos. Aun cuando hay una estacionalidad marcada en este indicador, también hay efectos preocupantes.
En concreto, mientras que la caída del precio del petróleo de más del 50% solo se transmite marginalmente a los precios de los combustibles, la depreciación del peso del orden del 36.5%, entre junio de 2014 y la primera semana de marzo de 2015, sí se está transmitiendo a la inflación.
Así quedó reconocido en las minutas de la última reunión de la Junta Directiva del Banco de la República: “La variación anual de transables se aceleró de 2,0% en diciembre a 2,3% en enero, reflejando el efecto de la depreciación acumulada del tipo de cambio… Hasta noviembre del año pasado no era evidente el efecto del encarecimiento del dólar sobre los precios de transables (sin alimentos ni regulados), pero a partir de diciembre se empezó a observar dicha trasmisión, la cual deberá extenderse por varios meses más”.
En la página de internet del Banco de la República hay una referencia más explícita a lo que viene por cuenta de la depreciación: “…Existe el riesgo de que la variación anual del grupo de transables sin alimentos ni regulados aumente más de lo proyectado. Una alta transmisión al grupo de transables podría afectar las expectativas y tener efectos más persistentes sobre la inflación”.
Esta percepción torna más compleja la situación de la economía colombiana en el presente año: Las proyecciones de crecimiento económico de los analistas nacionales e internacionales se redujeron a un rango entre 3.5% y 4.0% (solo el Gobierno la mantiene en 4.3%); el déficit en cuenta corriente está aumentando y es posible que supere el 6% del PIB; y el gobierno anunció un recorte de gasto de $6 billones. Aun así, se mantiene un optimismo moderado alimentado por los anuncios de los programas gubernamentales de construcción de vivienda e infraestructura, el potencial impulso de las exportaciones no minero energéticas por la mayor competitividad que les brinda la depreciación del peso, y la expectativa que se había generado sobre el posible descenso de la tasa de intervención del Banco de la República.
Pero si las presiones inflacionarias no son solo estacionales, la autoridad monetaria enfrentará un dilema, pues lo recomendable sería aumentar las tasas de interés; pero si la economía se desacelera más, lo aconsejable sería reducirlas. ¿Cuál será el camino a seguir?
Uno de los efectos esperados del desplome de los precios internacionales del petróleo es la reducción de la inflación y el aumento del ritmo de crecimiento económico; menores precios de los combustibles incrementan el ingreso real de las familias, bajan los costos de producción por el rubro de transporte y abaratan los alimentos por la disminución de los precios de los fertilizantes.
En realidad, eso no está ocurriendo en aquellas economías en las que los gobiernos decidieron aprovechar la caída del precio del petróleo para reducir o eliminar los subsidios al consumo. En el caso de Colombia, el complejo cálculo del precio interno de los combustibles y la carga de impuestos han hecho que las disminuciones de sus precios se den a cuentagotas.
Contrario a lo esperado, la inflación se disparó en febrero al 4.4% anual, manteniendo la tendencia al alza por cinco meses consecutivos. Aun cuando hay una estacionalidad marcada en este indicador, también hay efectos preocupantes.
En concreto, mientras que la caída del precio del petróleo de más del 50% solo se transmite marginalmente a los precios de los combustibles, la depreciación del peso del orden del 36.5%, entre junio de 2014 y la primera semana de marzo de 2015, sí se está transmitiendo a la inflación.
Así quedó reconocido en las minutas de la última reunión de la Junta Directiva del Banco de la República: “La variación anual de transables se aceleró de 2,0% en diciembre a 2,3% en enero, reflejando el efecto de la depreciación acumulada del tipo de cambio… Hasta noviembre del año pasado no era evidente el efecto del encarecimiento del dólar sobre los precios de transables (sin alimentos ni regulados), pero a partir de diciembre se empezó a observar dicha trasmisión, la cual deberá extenderse por varios meses más”.
En la página de internet del Banco de la República hay una referencia más explícita a lo que viene por cuenta de la depreciación: “…Existe el riesgo de que la variación anual del grupo de transables sin alimentos ni regulados aumente más de lo proyectado. Una alta transmisión al grupo de transables podría afectar las expectativas y tener efectos más persistentes sobre la inflación”.
Esta percepción torna más compleja la situación de la economía colombiana en el presente año: Las proyecciones de crecimiento económico de los analistas nacionales e internacionales se redujeron a un rango entre 3.5% y 4.0% (solo el Gobierno la mantiene en 4.3%); el déficit en cuenta corriente está aumentando y es posible que supere el 6% del PIB; y el gobierno anunció un recorte de gasto de $6 billones. Aun así, se mantiene un optimismo moderado alimentado por los anuncios de los programas gubernamentales de construcción de vivienda e infraestructura, el potencial impulso de las exportaciones no minero energéticas por la mayor competitividad que les brinda la depreciación del peso, y la expectativa que se había generado sobre el posible descenso de la tasa de intervención del Banco de la República.
Pero si las presiones inflacionarias no son solo estacionales, la autoridad monetaria enfrentará un dilema, pues lo recomendable sería aumentar las tasas de interés; pero si la economía se desacelera más, lo aconsejable sería reducirlas. ¿Cuál será el camino a seguir?
Ecuador: Salvaguardia y “Milagro económico”
jueves, 12 de marzo de 2015
Publicado en la revista MisiónPyme No. 82 de marzo de 2015
Al mejor estilo de Correa, el gobierno ecuatoriano rechazó la resolución de la Secretaria General de la CAN que tumbó la salvaguardia. Además de la apelación contra el fallo, anunció nuevas medidas, aun cuando se cuidó de señalar que no serán solo contra Colombia y Perú sino contra todo el mundo.
Resulta de interés entender por qué se cayó esa medida y por qué, si la economía ecuatoriana es supuestamente un “milagro” de crecimiento, se adoptan decisiones desesperadas sin argumentos técnicos.
La salvaguardia fallida
La salvaguardia de Ecuador contra Colombia y Perú nació muerta, por errores de procedimiento y por los endebles argumentos técnicos esgrimidos.
El gobierno del vecino país se saltó todos los procedimientos establecidos para aplicar el Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena, que es invocado en la motivación de la Resolución 50 de 2014 del Comité de Comercio Exterior de Ecuador.
El Acuerdo establece que el país afectado por una devaluación monetaria de otro país miembro “podrá plantear el caso a la Secretaría General, la que deberá pronunciarse breve y sumariamente… dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud”. El gobierno ecuatoriano solicitó tal pronunciamiento mediante oficio remitido el 24 de diciembre de 2014, y la Resolución 50 fue expedida el 29, es decir, un día hábil después, dado que el 25 y el 26 fueron festivos en Ecuador.
De esta forma, el gobierno de Correa incurrió en tres errores de procedimiento. Uno: la CAN no recibió formalmente el oficio mencionado, porque estaba en vacaciones. Dos: la resolución no se podía expedir sin el concepto de la Secretaría General. Tres: el personal de la Secretaría regresó de vacaciones el 6 de enero, es decir, un día después de la entrada en vigencia de la salvaguardia.
En los argumentos técnicos de la resolución ecuatoriana hay una falencia, al sugerir la intención de los gobiernos de Colombia y de Perú de devaluar sus monedas intencionalmente. El artículo 98 alude específicamente a la “devaluación monetaria” y no a la depreciación de una moneda. Mientras que la primera corresponde a una decisión en un régimen de tasa de cambio fija, las depreciaciones, como lo menciona la Resolución 1762, recién expedida por la Secretaría General de la CAN, “son normalmente movimientos endógenos” en un régimen flexible de tasas de cambio.
Además, la evolución de la tasa real bilateral de cambio de Ecuador desde enero de 2012 muestra que el “dólar ecuatoriano” se apreció más con Brasil, Argentina y Japón que con Colombia.
Si sólo se evalúa el periodo más reciente (diciembre de 2013 a diciembre de 2014), fuera de Colombia, el “dólar ecuatoriano” se apreció más del 10% con otros 10 países. Pero contra ninguno de ellos se adoptaron salvaguardias.
La resolución de la CAN demuestra claramente la debilidad de los argumentos expuestos por Ecuador para la imposición de la salvaguardia: “…Se concluye que, para el periodo analizado, no existe relación causal entre el deterioro de la balanza comercial y la depreciación del peso colombiano y el nuevo sol peruano que explique el déficit de su Balanza Comercial, el cual es explicado por el déficit que mantiene con China”.
El “milagro económico”
En los años recientes el desempeño económico de Ecuador fue bueno, además de sorprender al mundo con su notable avance de 30 puestos en el índice de competitividad del World Economic Forum. De ahí que una revista lo calificara como el “milagro ecuatoriano”.
En el periodo 2001-2013 el crecimiento promedio del PIB de Ecuador fue del 4.5% anual, sus progresos en infraestructura son noticia internacional, la mejora en el control fiscal triplicó los ingresos tributarios, se elogia la revolución educativa en desarrollo, la distribución del ingreso mejoró, el desempleo es bajo, se ha reducido la pobreza, la inflación está controlada y los salarios reales crecen.
Además, la balanza de pagos al tercer trimestre de 2014 muestra un superávit del 0.6% del PIB en la cuenta corriente, y un saldo de reservas internacionales de US$6.689 millones que mantiene la tendencia ascendente de los últimos tres años.
En cambio, poco ha hecho la economía ecuatoriana en materia de diversificación. En 1962, Ecuador tenía el sexto índice más alto de concentración, y le superaban El Salvador, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Venezuela. Según los datos de la nueva base de exportaciones del FMI, en 2010 Ecuador fue el segundo país de América Latina con mayor concentración de sus exportaciones, después de Venezuela. Sus políticas para mejorar la estructura exportadora han tenido menor impacto que las de otros países del vecindario.
Esto evidencia que la debilidad de la economía ecuatoriana se encuentra en su comercio exterior, en el cual los productos primarios representaron el 93.3% del total en 2013 y los manufacturados el 6.7%. De ahí que el desplome del precio del petróleo haya prendido las alarmas.
Pero el problema se acentúa con la dolarización de la economía, que le quita margen de maniobra para adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno internacional. Como lo señala el FMI: “La capacidad para hacer frente a estos riesgos está limitada dadas la ausencia de una política monetaria en una economía plenamente dolarizada y la escasa capacidad para reaccionar en el ámbito fiscal”.
Tal vez, como lo afirma el analista Alberto Bernal, el “milagro” está montado sobre bases endebles, pues no hay estabilidad en las reglas de juego ni políticas amigables con el mercado.
Así se entiende que, de la misma forma que repudiaron el pago de la deuda externa, interpretando las mayores tasas de interés de EEUU como un ataque a Ecuador y no como una decisión de política anti-inflacionaria, ahora pretendan achacarle a una supuesta devaluación “competitiva” de Colombia y Perú el deterioro de su crecimiento económico.
Al mejor estilo de Correa, el gobierno ecuatoriano rechazó la resolución de la Secretaria General de la CAN que tumbó la salvaguardia. Además de la apelación contra el fallo, anunció nuevas medidas, aun cuando se cuidó de señalar que no serán solo contra Colombia y Perú sino contra todo el mundo.
Resulta de interés entender por qué se cayó esa medida y por qué, si la economía ecuatoriana es supuestamente un “milagro” de crecimiento, se adoptan decisiones desesperadas sin argumentos técnicos.
La salvaguardia fallida
La salvaguardia de Ecuador contra Colombia y Perú nació muerta, por errores de procedimiento y por los endebles argumentos técnicos esgrimidos.
El gobierno del vecino país se saltó todos los procedimientos establecidos para aplicar el Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena, que es invocado en la motivación de la Resolución 50 de 2014 del Comité de Comercio Exterior de Ecuador.
El Acuerdo establece que el país afectado por una devaluación monetaria de otro país miembro “podrá plantear el caso a la Secretaría General, la que deberá pronunciarse breve y sumariamente… dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud”. El gobierno ecuatoriano solicitó tal pronunciamiento mediante oficio remitido el 24 de diciembre de 2014, y la Resolución 50 fue expedida el 29, es decir, un día hábil después, dado que el 25 y el 26 fueron festivos en Ecuador.
De esta forma, el gobierno de Correa incurrió en tres errores de procedimiento. Uno: la CAN no recibió formalmente el oficio mencionado, porque estaba en vacaciones. Dos: la resolución no se podía expedir sin el concepto de la Secretaría General. Tres: el personal de la Secretaría regresó de vacaciones el 6 de enero, es decir, un día después de la entrada en vigencia de la salvaguardia.
En los argumentos técnicos de la resolución ecuatoriana hay una falencia, al sugerir la intención de los gobiernos de Colombia y de Perú de devaluar sus monedas intencionalmente. El artículo 98 alude específicamente a la “devaluación monetaria” y no a la depreciación de una moneda. Mientras que la primera corresponde a una decisión en un régimen de tasa de cambio fija, las depreciaciones, como lo menciona la Resolución 1762, recién expedida por la Secretaría General de la CAN, “son normalmente movimientos endógenos” en un régimen flexible de tasas de cambio.
Además, la evolución de la tasa real bilateral de cambio de Ecuador desde enero de 2012 muestra que el “dólar ecuatoriano” se apreció más con Brasil, Argentina y Japón que con Colombia.
Si sólo se evalúa el periodo más reciente (diciembre de 2013 a diciembre de 2014), fuera de Colombia, el “dólar ecuatoriano” se apreció más del 10% con otros 10 países. Pero contra ninguno de ellos se adoptaron salvaguardias.
La resolución de la CAN demuestra claramente la debilidad de los argumentos expuestos por Ecuador para la imposición de la salvaguardia: “…Se concluye que, para el periodo analizado, no existe relación causal entre el deterioro de la balanza comercial y la depreciación del peso colombiano y el nuevo sol peruano que explique el déficit de su Balanza Comercial, el cual es explicado por el déficit que mantiene con China”.
El “milagro económico”
En los años recientes el desempeño económico de Ecuador fue bueno, además de sorprender al mundo con su notable avance de 30 puestos en el índice de competitividad del World Economic Forum. De ahí que una revista lo calificara como el “milagro ecuatoriano”.
En el periodo 2001-2013 el crecimiento promedio del PIB de Ecuador fue del 4.5% anual, sus progresos en infraestructura son noticia internacional, la mejora en el control fiscal triplicó los ingresos tributarios, se elogia la revolución educativa en desarrollo, la distribución del ingreso mejoró, el desempleo es bajo, se ha reducido la pobreza, la inflación está controlada y los salarios reales crecen.
Además, la balanza de pagos al tercer trimestre de 2014 muestra un superávit del 0.6% del PIB en la cuenta corriente, y un saldo de reservas internacionales de US$6.689 millones que mantiene la tendencia ascendente de los últimos tres años.
En cambio, poco ha hecho la economía ecuatoriana en materia de diversificación. En 1962, Ecuador tenía el sexto índice más alto de concentración, y le superaban El Salvador, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Venezuela. Según los datos de la nueva base de exportaciones del FMI, en 2010 Ecuador fue el segundo país de América Latina con mayor concentración de sus exportaciones, después de Venezuela. Sus políticas para mejorar la estructura exportadora han tenido menor impacto que las de otros países del vecindario.
Esto evidencia que la debilidad de la economía ecuatoriana se encuentra en su comercio exterior, en el cual los productos primarios representaron el 93.3% del total en 2013 y los manufacturados el 6.7%. De ahí que el desplome del precio del petróleo haya prendido las alarmas.
Pero el problema se acentúa con la dolarización de la economía, que le quita margen de maniobra para adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno internacional. Como lo señala el FMI: “La capacidad para hacer frente a estos riesgos está limitada dadas la ausencia de una política monetaria en una economía plenamente dolarizada y la escasa capacidad para reaccionar en el ámbito fiscal”.
Tal vez, como lo afirma el analista Alberto Bernal, el “milagro” está montado sobre bases endebles, pues no hay estabilidad en las reglas de juego ni políticas amigables con el mercado.
Así se entiende que, de la misma forma que repudiaron el pago de la deuda externa, interpretando las mayores tasas de interés de EEUU como un ataque a Ecuador y no como una decisión de política anti-inflacionaria, ahora pretendan achacarle a una supuesta devaluación “competitiva” de Colombia y Perú el deterioro de su crecimiento económico.
Consejos para la inmovilidad urbana
viernes, 20 de febrero de 2015
Publicado en Portafolio, 20 de febrero de 2015
La experiencia bogotana en materia de inmovilidad es útil para los burgomaestres de otras urbes del país y del mundo que aspiren a clasificarse entre los mejores alcaldes del planeta. Los siguientes son algunos consejos que les pueden orientar sobre cómo generar colapsos y atascos monumentales en sus ciudades.
No construya vías. En una ciudad con un parque automotor que crece entre 100 y 150 mil vehículos anuales, y pocos se chatarrizan, hay que minimizar el crecimiento de las vías nuevas.
Reduzca vías. Con el argumento de defensa de las mayorías, es genial la idea de “peatonalizar” vías importantes. Además sirve para aumentar la popularidad en ciertos estratos, pues, casi que automáticamente, los espacios que antes ocupaban los automóviles son llenados por la informalidad (favor ilustrarse dándose un “septimazo”).
Reducir al mínimo el mantenimiento vial. Esto genera un flujo vehicular más lento, deterioro acelerado de los vehículos y mayor demanda de reparaciones (en talleres con montones de trabajadores informales); también se alimenta el mercado informal e incluso ilegal de repuestos. Un magnífico ejemplo, entre los muchos que abundan en la ciudad, es la calle 19 entre la Caracas y la tercera.
No hay que tapar los huecos, basta con pintar los bordes de un lindo color amarillo, que da un toque exótico a la ciudad. En su defecto, usar las controvertidas máquinas tapahuecos, pues dejan tantas irregularidades en el pavimento, que dan a la ciudad un aire europeo por la similitud con el “pavé” francés.
No sincronice los semáforos; así, aun cuando una vía esté relativamente despejada, los conductores no podrán avanzar más de dos cuadras sin tener que parar.
Invente “embudos”, disminuyendo el número de carriles. Abundan en la ciudad. Un ejemplo: Las carreras séptima y décima entre las calles 26 y 32; estas dos importantes vías confluyen hasta tener cinco carriles a la altura de la 27; pero desde la 30 se vuelve de solo dos carriles hacia el norte.
Ponga semáforos peatonales debajo de los puentes peatonales. Un excelente ejemplo es la Avenida Circunvalar frente a la Universidad Distrital. Cumple la magnífica labor de frenar el tráfico en las horas pico, crear trancones y permitir a los ladrones romper los vidrios de los carros o atracar a los pasajeros con mayor facilidad.
Hágase el de la vista gorda con los vehículos de carga, los transportadores de valores y los automóviles que se parquean en vías principales, en especial si lo hacen sobre el carril izquierdo. Así se generan embudos flotantes, pues las vías de tres carriles, como la carrera 13 o la 15, con frecuencia se ven reducidos a uno.
No hay que molestar a los conductores de vehículos varados que se toman la vía pública como taller de mecánica.
No se debe importunar a los escoltas de los personajes de la vida pública que hacen peligrosas piruetas con sus motocicletas para llegar al siguiente semáforo y arbitrariamente bloquear la circulación hasta que su protegido cruza.
Lamentablemente el espacio no permite recopilar más consejos. Pero los invito a que vengan a la capital; en cuestión de horas aprenderán múltiples acciones (¿o inacciones?) para inmovilizar su ciudad. La gran ventaja de Bogotá es que lleva tres administraciones con la misma hoja de ruta.
La experiencia bogotana en materia de inmovilidad es útil para los burgomaestres de otras urbes del país y del mundo que aspiren a clasificarse entre los mejores alcaldes del planeta. Los siguientes son algunos consejos que les pueden orientar sobre cómo generar colapsos y atascos monumentales en sus ciudades.
No construya vías. En una ciudad con un parque automotor que crece entre 100 y 150 mil vehículos anuales, y pocos se chatarrizan, hay que minimizar el crecimiento de las vías nuevas.
Reduzca vías. Con el argumento de defensa de las mayorías, es genial la idea de “peatonalizar” vías importantes. Además sirve para aumentar la popularidad en ciertos estratos, pues, casi que automáticamente, los espacios que antes ocupaban los automóviles son llenados por la informalidad (favor ilustrarse dándose un “septimazo”).
Reducir al mínimo el mantenimiento vial. Esto genera un flujo vehicular más lento, deterioro acelerado de los vehículos y mayor demanda de reparaciones (en talleres con montones de trabajadores informales); también se alimenta el mercado informal e incluso ilegal de repuestos. Un magnífico ejemplo, entre los muchos que abundan en la ciudad, es la calle 19 entre la Caracas y la tercera.
No hay que tapar los huecos, basta con pintar los bordes de un lindo color amarillo, que da un toque exótico a la ciudad. En su defecto, usar las controvertidas máquinas tapahuecos, pues dejan tantas irregularidades en el pavimento, que dan a la ciudad un aire europeo por la similitud con el “pavé” francés.
No sincronice los semáforos; así, aun cuando una vía esté relativamente despejada, los conductores no podrán avanzar más de dos cuadras sin tener que parar.
Invente “embudos”, disminuyendo el número de carriles. Abundan en la ciudad. Un ejemplo: Las carreras séptima y décima entre las calles 26 y 32; estas dos importantes vías confluyen hasta tener cinco carriles a la altura de la 27; pero desde la 30 se vuelve de solo dos carriles hacia el norte.
Ponga semáforos peatonales debajo de los puentes peatonales. Un excelente ejemplo es la Avenida Circunvalar frente a la Universidad Distrital. Cumple la magnífica labor de frenar el tráfico en las horas pico, crear trancones y permitir a los ladrones romper los vidrios de los carros o atracar a los pasajeros con mayor facilidad.
Hágase el de la vista gorda con los vehículos de carga, los transportadores de valores y los automóviles que se parquean en vías principales, en especial si lo hacen sobre el carril izquierdo. Así se generan embudos flotantes, pues las vías de tres carriles, como la carrera 13 o la 15, con frecuencia se ven reducidos a uno.
No hay que molestar a los conductores de vehículos varados que se toman la vía pública como taller de mecánica.
No se debe importunar a los escoltas de los personajes de la vida pública que hacen peligrosas piruetas con sus motocicletas para llegar al siguiente semáforo y arbitrariamente bloquear la circulación hasta que su protegido cruza.
Lamentablemente el espacio no permite recopilar más consejos. Pero los invito a que vengan a la capital; en cuestión de horas aprenderán múltiples acciones (¿o inacciones?) para inmovilizar su ciudad. La gran ventaja de Bogotá es que lleva tres administraciones con la misma hoja de ruta.
A diversificar
martes, 10 de febrero de 2015
Publicado en la revista MisiónPyme No. 82, febrero de 2015
Como era de esperarse, con la terminación del superciclo alcista de los precios internacionales de los bienes básicos resurge el debate sobre diversificación de la oferta exportable de Colombia.
Ante el alto peso de los minero- energéticos (71% del total exportado en octubre de 2012), algunos analistas concluyen que la política de diversificación de exportaciones fracasó. Aunque el país sigue siendo una economía cerrada, no por eso hay que desconocer los avances en las políticas ni fortalecer la tendencia pesimista que a veces contagia los análisis.
Lo mejor es acudir a las frías cifras y a las comparaciones internacionales para tener un balance objetivo de partida. Así se pueden evaluar mejor los instrumentos, detectar las fallas y adoptar los correctivos necesarios.
Oferta exportable
Una mirada de largo plazo indica que Colombia avanzó en la diversificación de la oferta exportable. Esto lo demuestra la nueva base de datos del FMI (Export Diversification and Quality Databases), que construyó índices de Theil de 187 países para el periodo 1962-2010.
El Índice de Diversificación de Exportaciones (IDE) del país tiene una tendencia descendente en el periodo de análisis, lo que indica mejoras en la diversificación. En 1962 el IDE de Colombia (5.3) era mayor a la media mundial (4.1) y a la de las economías emergentes (4.6); pero entre 1990 y 2010 se ubicó por debajo de esos dos grupos.
La construcción de un índice de evolución del IDE permite observar que Colombia es uno de los países del mundo con mayor avance entre los 139 que tienen información completa del periodo 1962-2010. En 2010 ocupa el puesto 32 entre ellos y el cuarto en América Latina, después de Guatemala, El Salvador y Brasil. Esto significa que el desempeño en diversificación es mejor que el del resto de la región.
El IDE, además, evidencia avances tanto en el margen extensivo (nuevos productos y mercados) como en el margen intensivo (mejor distribución entre los productos y mercados existentes). En particular en este último, Colombia se ubica en el puesto 15 entre los países del mundo con mayor avance.
Pero a diferencia de los progresos en diversificación, el índice de calidad de las exportaciones del FMI muestra que Colombia no ha tenido un buen desempeño y, por el contrario, refleja una tendencia al deterioro para el total exportado. Según los análisis del FMI, este aspecto limita la diversificación exportadora, impide un mayor efecto del comercio internacional en el crecimiento y limita las posibilidades de competir en mercados más sofisticados.
Los no minero-energéticos
La base del FMI es importante porque muestra que las exportaciones totales de Colombia sí han tendido a la diversificación en el largo plazo, aun cuando los productos básicos, en especial los minero-energéticos, tienen una elevada participación.
El análisis debe complementarse examinando lo ocurrido con las exportaciones no minero-energéticas durante los años recientes:
Recientemente la Ministra de Comercio, Industria y Turismo planteó una meta para las exportaciones no minero-energéticas de US$30 mil millones en 2018. Esto implica un aumento promedio de US$3.400 millones anuales, lo que no tiene antecedentes en la historia comercial del país.
En apariencia es una meta difícil, pero no imposible. Para alcanzarla hay que cosechar la siembra de los años anteriores.
Esto significa que es hora de evaluar, por ejemplo, cuáles han sido los logros efectivos del Programa de Transformación Productiva y cuántos de los 20 sectores y cadenas productivas registraron cambios significativos para crecer sus exportaciones de forma exponencial ahora que hay una tasa de cambio más favorable.
Aunque falta camino por recorrer, el país cuenta hoy con mejores carreteras, se eliminaron diversas trabas regulatorias al desarrollo de algunos sectores y, en general, mejoró el clima para los negocios al punto que en el Doing Business 2015 Colombia es la primera economía de la región y la número 34 en el mundo. Además, se han suprimido las barreras de acceso de muchos productos a los mercados de los principales socios comerciales.
La economía cerrada de Colombia está dando pasos en firme hacia una economía abierta con la entrada en vigencia de los TLC. Ahora los empresarios tienen menos margen de maniobra para gestionar barreras no arancelarias y han tenido el tiempo suficiente y las opciones para financiar aumentos de productividad.
No tiene sentido seguir argumentando que el país no está preparado y que hay que esperar a tener la infraestructura perfecta, el capital humano ideal y la mejor competitividad del mundo para poder abrir la economía. Ese discurso lleva más de 60 años y no ha dado frutos.
Los retos están en acelerar el paso en la diversificación productiva y exportadora. Es importante fortalecer la entrada de nuevos productos y mejorar la calidad de las exportaciones. También lo es el seguir cerrando las brechas de productividad y aprovechar el acceso preferencial que brindan los TLC
Como era de esperarse, con la terminación del superciclo alcista de los precios internacionales de los bienes básicos resurge el debate sobre diversificación de la oferta exportable de Colombia.
Ante el alto peso de los minero- energéticos (71% del total exportado en octubre de 2012), algunos analistas concluyen que la política de diversificación de exportaciones fracasó. Aunque el país sigue siendo una economía cerrada, no por eso hay que desconocer los avances en las políticas ni fortalecer la tendencia pesimista que a veces contagia los análisis.
Lo mejor es acudir a las frías cifras y a las comparaciones internacionales para tener un balance objetivo de partida. Así se pueden evaluar mejor los instrumentos, detectar las fallas y adoptar los correctivos necesarios.
Oferta exportable
Una mirada de largo plazo indica que Colombia avanzó en la diversificación de la oferta exportable. Esto lo demuestra la nueva base de datos del FMI (Export Diversification and Quality Databases), que construyó índices de Theil de 187 países para el periodo 1962-2010.
El Índice de Diversificación de Exportaciones (IDE) del país tiene una tendencia descendente en el periodo de análisis, lo que indica mejoras en la diversificación. En 1962 el IDE de Colombia (5.3) era mayor a la media mundial (4.1) y a la de las economías emergentes (4.6); pero entre 1990 y 2010 se ubicó por debajo de esos dos grupos.
La construcción de un índice de evolución del IDE permite observar que Colombia es uno de los países del mundo con mayor avance entre los 139 que tienen información completa del periodo 1962-2010. En 2010 ocupa el puesto 32 entre ellos y el cuarto en América Latina, después de Guatemala, El Salvador y Brasil. Esto significa que el desempeño en diversificación es mejor que el del resto de la región.
El IDE, además, evidencia avances tanto en el margen extensivo (nuevos productos y mercados) como en el margen intensivo (mejor distribución entre los productos y mercados existentes). En particular en este último, Colombia se ubica en el puesto 15 entre los países del mundo con mayor avance.
Pero a diferencia de los progresos en diversificación, el índice de calidad de las exportaciones del FMI muestra que Colombia no ha tenido un buen desempeño y, por el contrario, refleja una tendencia al deterioro para el total exportado. Según los análisis del FMI, este aspecto limita la diversificación exportadora, impide un mayor efecto del comercio internacional en el crecimiento y limita las posibilidades de competir en mercados más sofisticados.
Los no minero-energéticos
La base del FMI es importante porque muestra que las exportaciones totales de Colombia sí han tendido a la diversificación en el largo plazo, aun cuando los productos básicos, en especial los minero-energéticos, tienen una elevada participación.
El análisis debe complementarse examinando lo ocurrido con las exportaciones no minero-energéticas durante los años recientes:
- El total exportado registró una tendencia creciente entre 1991 y 2008, cuando alcanzó un máximo de US$18 mil millones. Luego cayó por la crisis mundial y el cierre del mercado venezolano.
- Las exportaciones al resto del mundo se recuperaron y superaron el nivel pre-crisis, pero las de Venezuela siguen deprimidas.
- El problema con Venezuela no está relacionado con la competitividad de las empresas colombianas, sino con la decisión política adoptada por el régimen de Chávez de cerrar el mercado a Colombia. Luego se sumaron la pérdida de reservas internacionales de ese país y la creciente desconfianza de los empresarios sobre el pago de sus exportaciones.
- La diversificación de las exportaciones no minero-energéticas ha mejorado. Según la Oficina de Estudios Económicos del MinCIT, su IHH bajó de 426 en 2011 a 304 en 2013.
Recientemente la Ministra de Comercio, Industria y Turismo planteó una meta para las exportaciones no minero-energéticas de US$30 mil millones en 2018. Esto implica un aumento promedio de US$3.400 millones anuales, lo que no tiene antecedentes en la historia comercial del país.
En apariencia es una meta difícil, pero no imposible. Para alcanzarla hay que cosechar la siembra de los años anteriores.
Esto significa que es hora de evaluar, por ejemplo, cuáles han sido los logros efectivos del Programa de Transformación Productiva y cuántos de los 20 sectores y cadenas productivas registraron cambios significativos para crecer sus exportaciones de forma exponencial ahora que hay una tasa de cambio más favorable.
Aunque falta camino por recorrer, el país cuenta hoy con mejores carreteras, se eliminaron diversas trabas regulatorias al desarrollo de algunos sectores y, en general, mejoró el clima para los negocios al punto que en el Doing Business 2015 Colombia es la primera economía de la región y la número 34 en el mundo. Además, se han suprimido las barreras de acceso de muchos productos a los mercados de los principales socios comerciales.
La economía cerrada de Colombia está dando pasos en firme hacia una economía abierta con la entrada en vigencia de los TLC. Ahora los empresarios tienen menos margen de maniobra para gestionar barreras no arancelarias y han tenido el tiempo suficiente y las opciones para financiar aumentos de productividad.
No tiene sentido seguir argumentando que el país no está preparado y que hay que esperar a tener la infraestructura perfecta, el capital humano ideal y la mejor competitividad del mundo para poder abrir la economía. Ese discurso lleva más de 60 años y no ha dado frutos.
Los retos están en acelerar el paso en la diversificación productiva y exportadora. Es importante fortalecer la entrada de nuevos productos y mejorar la calidad de las exportaciones. También lo es el seguir cerrando las brechas de productividad y aprovechar el acceso preferencial que brindan los TLC
Y Latinoamérica ¿para dónde va?
viernes, 30 de enero de 2015
Publicado en Ámbito Jurídico Año XVIII - No. 410, 26 de enero al 8 de febrero de 2015
Desde mediados del año anterior las economías en desarrollo se empezaron a desacelerar. Latinoamérica es la región que más rápido redujo su dinámica, al punto que las proyecciones de crecimiento apenas llegan al 1% para el 2014 –la tasa más baja desde la crisis mundial– y al 2% para el 2015.
La desaceleración obedece a diversos factores de la coyuntura internacional y a decisiones de política económica de cada economía. El problema es que los primeros, al parecer, no variarán en el mediano plazo y no dependen de las autoridades económicas de la región. Las segundas, que podrían moderar los impactos del entorno externo, enfrentan un reducido margen de maniobra en varios países por las erráticas decisiones de años recientes.
Entre los factores de la coyuntura internacional cabe destacar la caída de los precios internacionales de los productos básicos, el desplome del precio internacional del petróleo, la desaceleración de China y la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Los precios internacionales de los productos básicos, según el FMI, cayeron 29.2% en 2014. En estos productos se observan tres comportamientos distintos: 1) los que empezaron a caer desde 2012, que incluyen alimentos, metales, carbón y gas; 2) los que demoraron su caída hasta 2014, como el petróleo; y 3) los que siguen registrando notables crecimientos como café, harina de pescado y carne de bovino.
El impacto de los menores precios en la región varía con el peso relativo de cada producto básico en las exportaciones (como la alta participación del cobre en Chile y Perú). Sin duda, el más fuerte será la caída del petróleo, por su efecto directo sobre las economías de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y México. Dependiendo de la diversificación de su estructura productiva y sus exportaciones, el impacto negativo sobre la cuenta corriente, las finanzas públicas y el PIB, será diferente en cada país. Los casos más complejos son los de Venezuela y Ecuador, que ya empezaron a adoptar medidas desesperadas para evitar una mayor reducción del crecimiento y el incumplimiento del servicio de la deuda pública.
Aun cuando los países no petroleros se benefician por el menor gasto en importaciones y la reducción de las presiones inflacionarias, enfrentarán, como todas las economías latinoamericanas, el endurecimiento de los mercados financieros internacionales y el riesgo de salidas de capitales que presionen más la depreciación de las monedas.
El cambio en los mercados financieros refleja, de un lado, la terminación de los estímulos monetarios y la expectativa de aumento de la tasa de interés en Estados Unidos y, de otro, la reducción de la oferta de petrodólares por las necesidades de liquidez de las economías exportadoras del hidrocarburo.
La dependencia que algunas economías tienen de la dinámica de China complica el panorama. La Cepal (“Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2013”) menciona una estimación según la cual la reducción de un punto en su crecimiento ocasionará una contracción de 0.5 puntos porcentuales del PIB latinoamericano y afectará especialmente a Brasil y Chile, para los cuales China es el principal socio comercial.
Es probable que la desaceleración de la economía china no sea temporal y que difícilmente retorne a los ritmos del 10% anual, observados en las últimas décadas. The Economist Intelligence Unit, proyecta para China una tasa de crecimiento del 6.3% anual en el periodo 2014-2020 y del 4.1% para 2021-2030.
Este complejo panorama tendrá impactos diferenciados en la región. Un estudio de Brookings y Ceres (Ernesto Talvi (2014) “Macroeconomic Vulnerabilities in an Uncertain World. One Region, Three Latin Americas”) clasifica las principales economías latinoamericanas en tres grupos: 1) las que tienen fundamentos macroeconómicos débiles: Venezuela (con crecimiento proyectado de 1.3% promedio entre 2014-2018) y Argentina (2.0%); 2) fundamentos mixtos: Brasil (2.2%); y 3) fundamentos fuertes: México (3.7%), Chile (4.0%), Colombia (4.7%) y Perú (5.4%).
Este último grupo es el que menos vulnerabilidades macroeconómicas enfrentará en los próximos años: tiene altos niveles de liquidez internacional, sólida posición fiscal y bajas presiones inflacionarias.
Aun cuando los países de la Alianza del Pacífico cuentan con mejores condiciones, no están exentos de riesgos. El ejemplo de la injustificada salvaguardia que recientemente impuso Ecuador a Colombia y Perú es una muestra de los problemas que se pueden generar por las dificultades macroeconómicas de los vecinos.
En síntesis, terminó el ciclo de auge y, si bien no se ve una crisis latinoamericana en el mediano plazo, sí hay efectos diferenciados que pueden hacer más tortuoso el camino del crecimiento de la región en los próximos años. La calidad de las políticas macroeconómicas en los años recientes y en los venideros será determinante para capotear la volatilidad que ya llegó.
Desde mediados del año anterior las economías en desarrollo se empezaron a desacelerar. Latinoamérica es la región que más rápido redujo su dinámica, al punto que las proyecciones de crecimiento apenas llegan al 1% para el 2014 –la tasa más baja desde la crisis mundial– y al 2% para el 2015.
La desaceleración obedece a diversos factores de la coyuntura internacional y a decisiones de política económica de cada economía. El problema es que los primeros, al parecer, no variarán en el mediano plazo y no dependen de las autoridades económicas de la región. Las segundas, que podrían moderar los impactos del entorno externo, enfrentan un reducido margen de maniobra en varios países por las erráticas decisiones de años recientes.
Entre los factores de la coyuntura internacional cabe destacar la caída de los precios internacionales de los productos básicos, el desplome del precio internacional del petróleo, la desaceleración de China y la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Los precios internacionales de los productos básicos, según el FMI, cayeron 29.2% en 2014. En estos productos se observan tres comportamientos distintos: 1) los que empezaron a caer desde 2012, que incluyen alimentos, metales, carbón y gas; 2) los que demoraron su caída hasta 2014, como el petróleo; y 3) los que siguen registrando notables crecimientos como café, harina de pescado y carne de bovino.
El impacto de los menores precios en la región varía con el peso relativo de cada producto básico en las exportaciones (como la alta participación del cobre en Chile y Perú). Sin duda, el más fuerte será la caída del petróleo, por su efecto directo sobre las economías de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y México. Dependiendo de la diversificación de su estructura productiva y sus exportaciones, el impacto negativo sobre la cuenta corriente, las finanzas públicas y el PIB, será diferente en cada país. Los casos más complejos son los de Venezuela y Ecuador, que ya empezaron a adoptar medidas desesperadas para evitar una mayor reducción del crecimiento y el incumplimiento del servicio de la deuda pública.
Aun cuando los países no petroleros se benefician por el menor gasto en importaciones y la reducción de las presiones inflacionarias, enfrentarán, como todas las economías latinoamericanas, el endurecimiento de los mercados financieros internacionales y el riesgo de salidas de capitales que presionen más la depreciación de las monedas.
El cambio en los mercados financieros refleja, de un lado, la terminación de los estímulos monetarios y la expectativa de aumento de la tasa de interés en Estados Unidos y, de otro, la reducción de la oferta de petrodólares por las necesidades de liquidez de las economías exportadoras del hidrocarburo.
La dependencia que algunas economías tienen de la dinámica de China complica el panorama. La Cepal (“Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2013”) menciona una estimación según la cual la reducción de un punto en su crecimiento ocasionará una contracción de 0.5 puntos porcentuales del PIB latinoamericano y afectará especialmente a Brasil y Chile, para los cuales China es el principal socio comercial.
Es probable que la desaceleración de la economía china no sea temporal y que difícilmente retorne a los ritmos del 10% anual, observados en las últimas décadas. The Economist Intelligence Unit, proyecta para China una tasa de crecimiento del 6.3% anual en el periodo 2014-2020 y del 4.1% para 2021-2030.
Este complejo panorama tendrá impactos diferenciados en la región. Un estudio de Brookings y Ceres (Ernesto Talvi (2014) “Macroeconomic Vulnerabilities in an Uncertain World. One Region, Three Latin Americas”) clasifica las principales economías latinoamericanas en tres grupos: 1) las que tienen fundamentos macroeconómicos débiles: Venezuela (con crecimiento proyectado de 1.3% promedio entre 2014-2018) y Argentina (2.0%); 2) fundamentos mixtos: Brasil (2.2%); y 3) fundamentos fuertes: México (3.7%), Chile (4.0%), Colombia (4.7%) y Perú (5.4%).
Este último grupo es el que menos vulnerabilidades macroeconómicas enfrentará en los próximos años: tiene altos niveles de liquidez internacional, sólida posición fiscal y bajas presiones inflacionarias.
Aun cuando los países de la Alianza del Pacífico cuentan con mejores condiciones, no están exentos de riesgos. El ejemplo de la injustificada salvaguardia que recientemente impuso Ecuador a Colombia y Perú es una muestra de los problemas que se pueden generar por las dificultades macroeconómicas de los vecinos.
En síntesis, terminó el ciclo de auge y, si bien no se ve una crisis latinoamericana en el mediano plazo, sí hay efectos diferenciados que pueden hacer más tortuoso el camino del crecimiento de la región en los próximos años. La calidad de las políticas macroeconómicas en los años recientes y en los venideros será determinante para capotear la volatilidad que ya llegó.
Salvaguardia a la ecuatoriana
viernes, 23 de enero de 2015
Publicado en Portafolio el 23 de enero de 2015
El año comenzó con malas noticias para los empresarios colombianos que exportan al Ecuador. De forma subrepticia el gobierno de Correa impuso una salvaguardia a las importaciones desde Colombia y Perú, del 21% y del 7%, respectivamente, “por la alteración de las condiciones de competencia causada por las devaluaciones monetarias del peso colombiano y sol peruano”.
Cabe preguntarse qué razones objetivas sustentan esa decisión y si las corroboran las cifras del comercio y de tasa de cambio de Ecuador.
Según el Banco Central la balanza comercial de Ecuador fue deficitaria en US$124 millones en enero-noviembre de 2014, mejorando el saldo de -US$1.291 millones de noviembre de 2013. El resultado se obtuvo a pesar del deterioro en el superávit petrolero (-9.5%), que la autoridad monetaria atribuye “a una disminución en el valor unitario promedio del barril exportado”.
Al saldo mencionado contribuyó la reducción del déficit no petrolero en 21.5% anual, resultante del incremento de 16.8% en las exportaciones y la disminución de las importaciones en -1.9% (por el contrario, las importaciones petroleras crecieron 8.5%).
Las exportaciones de Ecuador a Colombia aumentaron 4.7% en el acumulado a noviembre de 2014, mientras que las importaciones cayeron en 5.9%; la balanza comercial fue deficitaria para los ecuatorianos (US$1.072 millones), pero se redujo en US$161 millones. Las exportaciones a Perú cayeron en 16%, las importaciones en 11% y el superávit disminuyó en US$170.
El mayor déficit comercial de Ecuador es con China (-US$2.637 millones), y en 2014 se incrementó en US$162 millones. A su vez, el principal superávit lo tiene con Estados Unidos, pero disminuyó en US$620 millones.
Por lo tanto, es mayor el “daño” ocasionado en la balanza comercial por China y Estados Unidos que el ocasionado por Perú. Con Colombia el resultado es claramente favorable para Ecuador.
La tasa de cambio real de Ecuador se revaluó 3.4% entre diciembre de 2014 y diciembre de 2013. La tasa real bilateral con Colombia se apreció 17.4%, y con Perú 6.3%. Pero el dólar “ecuatoriano” también se revaluó más del 10% con otros 10 países, de los cuales siete contribuyeron a crecer el déficit (Japón, España, Bélgica, Italia, Francia, Holanda y Argentina).
Un análisis completo no debe enfocarse solo en el corto plazo. Las cifras de Colombia, comprueban que el peso se apreció 22% en términos reales frente al dólar “ecuatoriano” entre 2003 y 2014. Eso significa que la competitividad de las empresas colombianas se debilitó frente a las de Ecuador durante ese periodo.
Además, a pesar de la depreciación reciente del peso –que no es una decisión del gobierno sino que refleja las condiciones del mercado, por el sistema de flotación que rige en el país–, aún no se ha recuperado el nivel de 2003; es decir, que sigue siendo favorable a las empresas ecuatorianas.
En conclusión, las cifras ecuatorianas no sustentan la salvaguardia discriminatoria contra Colombia y Perú, que anula la CAN por la puerta de atrás. Si se atendieran las causas reales (dolarización, incumplimiento de la deuda, desplome del precio del petróleo y fortalecimiento del dólar), las medidas deberían ser universales; pero el gobierno de Correa estaría en aprietos para demostrar el daño en su economía. Y el mundo le recordaría los años que disfrutaron con la depreciación del dólar.
El año comenzó con malas noticias para los empresarios colombianos que exportan al Ecuador. De forma subrepticia el gobierno de Correa impuso una salvaguardia a las importaciones desde Colombia y Perú, del 21% y del 7%, respectivamente, “por la alteración de las condiciones de competencia causada por las devaluaciones monetarias del peso colombiano y sol peruano”.
Cabe preguntarse qué razones objetivas sustentan esa decisión y si las corroboran las cifras del comercio y de tasa de cambio de Ecuador.
Según el Banco Central la balanza comercial de Ecuador fue deficitaria en US$124 millones en enero-noviembre de 2014, mejorando el saldo de -US$1.291 millones de noviembre de 2013. El resultado se obtuvo a pesar del deterioro en el superávit petrolero (-9.5%), que la autoridad monetaria atribuye “a una disminución en el valor unitario promedio del barril exportado”.
Al saldo mencionado contribuyó la reducción del déficit no petrolero en 21.5% anual, resultante del incremento de 16.8% en las exportaciones y la disminución de las importaciones en -1.9% (por el contrario, las importaciones petroleras crecieron 8.5%).
Las exportaciones de Ecuador a Colombia aumentaron 4.7% en el acumulado a noviembre de 2014, mientras que las importaciones cayeron en 5.9%; la balanza comercial fue deficitaria para los ecuatorianos (US$1.072 millones), pero se redujo en US$161 millones. Las exportaciones a Perú cayeron en 16%, las importaciones en 11% y el superávit disminuyó en US$170.
El mayor déficit comercial de Ecuador es con China (-US$2.637 millones), y en 2014 se incrementó en US$162 millones. A su vez, el principal superávit lo tiene con Estados Unidos, pero disminuyó en US$620 millones.
Por lo tanto, es mayor el “daño” ocasionado en la balanza comercial por China y Estados Unidos que el ocasionado por Perú. Con Colombia el resultado es claramente favorable para Ecuador.
La tasa de cambio real de Ecuador se revaluó 3.4% entre diciembre de 2014 y diciembre de 2013. La tasa real bilateral con Colombia se apreció 17.4%, y con Perú 6.3%. Pero el dólar “ecuatoriano” también se revaluó más del 10% con otros 10 países, de los cuales siete contribuyeron a crecer el déficit (Japón, España, Bélgica, Italia, Francia, Holanda y Argentina).
Un análisis completo no debe enfocarse solo en el corto plazo. Las cifras de Colombia, comprueban que el peso se apreció 22% en términos reales frente al dólar “ecuatoriano” entre 2003 y 2014. Eso significa que la competitividad de las empresas colombianas se debilitó frente a las de Ecuador durante ese periodo.
Además, a pesar de la depreciación reciente del peso –que no es una decisión del gobierno sino que refleja las condiciones del mercado, por el sistema de flotación que rige en el país–, aún no se ha recuperado el nivel de 2003; es decir, que sigue siendo favorable a las empresas ecuatorianas.
En conclusión, las cifras ecuatorianas no sustentan la salvaguardia discriminatoria contra Colombia y Perú, que anula la CAN por la puerta de atrás. Si se atendieran las causas reales (dolarización, incumplimiento de la deuda, desplome del precio del petróleo y fortalecimiento del dólar), las medidas deberían ser universales; pero el gobierno de Correa estaría en aprietos para demostrar el daño en su economía. Y el mundo le recordaría los años que disfrutaron con la depreciación del dólar.
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Precios productos básicos,
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Wealth Tax
viernes, 16 de enero de 2015
Publicado en la Revista Fasecolda No. 158 - diciembre 2014
“El sistema tributario de un país afecta los ingresos del gobierno pero también tiene amplias repercusiones económicas y sociales” (European Commission 2014; p. 11). Por eso es grande la sensibilidad a cualquier modificación que se proponga en esta materia.
Colombia no es una excepción, como lo evidencian las reacciones suscitadas por el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno Nacional presentó a finales de 2014. Sin duda, uno de los temas más controvertidos fue la extensión de la vigencia del impuesto al patrimonio, con los nombres de “impuesto a la riqueza”, al comienzo, e “impuesto contra la pobreza”, al final.
Aun cuando el impuesto “temporal” al patrimonio rige desde 2003, su vigencia se había prolongado en dos ocasiones. La propuesta de mantenerlo hasta 2018 generó reacciones en contra, pues aumenta la probabilidad de volverlo permanente y acrecienta los temores por sus impactos negativos en la inversión y la producción.
El concepto de Wealth Tax
Según el Gobierno, el nombre de impuesto a la riqueza se tomó de la denominación internacional “Wealth Tax”. Aun cuando los dos conceptos son equivalentes en una traducción literal, en el campo de la política fiscal se demanda mayor precisión.
El impuesto a la riqueza no es único; hay una amplia gama de tributos que hacen parte de ese concepto y, de igual forma, hay diversos criterios para su clasificación (Evans 2013; p.1. European Commission 2014; p. 110 y De Cesare y Lazo 2008; p. 15). En términos generales se pueden clasificar en los siguientes grupos:
a) Los impuestos a la transferencia de riqueza o patrimonio, como las herencias, las donaciones y las transacciones financieras.
b) Los impuestos a la revalorización del capital, como el impuesto de plusvalía.
c) Los impuestos a la tenencia de riqueza o impuestos recurrentes sobre el patrimonio, como el impuesto sobre propiedades y el impuesto a la riqueza neta (patrimonio o riqueza total menos pasivos).
d) Impuestos sobre la propiedad de otros activos, como joyas, ganado, autos, etcétera.
Dos aspectos se destacan de los impuestos a la riqueza. El primero, que son utilizados en muchos países del mundo, dada la amplia diversidad de tributos incluidos bajo la sombrilla del “Wealth Tax”.
El segundo, que el gravamen usado en Colombia con los nombres de “impuesto al patrimonio”, “impuesto a la riqueza” e “impuesto contra la pobreza”, corresponde específicamente al “Net Wealth Tax” o “impuesto a la riqueza neta” (IRN).
El IRN en el mundo
El IRN fue ampliamente utilizado en Europa hasta comienzos del presente siglo, pero gradualmente lo eliminaron y solo subsistió en Suiza, Francia y Noruega.
La crisis de la deuda soberana en la Zona Euro obligó a la adopción de reformas tributarias y programas de austeridad del gasto con el fin de reducir los elevados déficits fiscales y el endeudamiento público. En ese contexto surgió en varias economías de la Unión Europea la posibilidad de usar el IRN, pero solo lo reimplantaron, de forma temporal, en España e Islandia.
Según Musgrave y Musgrave (1992; p. 531) “el impuesto sobre el patrimonio neto se relaciona con la capacidad de pago. Por lo tanto debería aplicarse a los individuos y no a las sociedades”.
Este planteamiento es razonable porque en sentido estricto las personas jurídicas no son “ricas” y el gravamen a las empresas limita el fortalecimiento del patrimonio y el desarrollo empresarial.
En concordancia con esa formulación, en Europa el IRN se aplicó a las personas y quedaron expresamente excluidos los activos de las empresas. Ese mismo principio se conserva en los países europeos que hoy lo siguen aplicando, con la excepción de Suiza y Noruega.
En Suiza el IRN se viene reduciendo, porque se ha dado mayor énfasis al impuesto de renta de las empresas (Swiss Federal Tax Administration 2014; p. 6). En Noruega excluyen las sociedades anónimas y el IRN aplica solo para algunas instituciones, como compañías mutuales de seguros, bancos de ahorro, cooperativas, asociaciones de crédito hipotecario, entre otras.
En América Latina, se aplica tanto a empresas como a personas en Colombia, Argentina, Uruguay, Panamá y Honduras, (Kreston 2014). También se grava a las empresas en India; pero las normas excluyen del impuesto a la riqueza los activos productivos e incluyen los yates, aeronaves, autos y joyas entre otros.
Se colige de lo anterior, que el IRN es poco utilizado en el mundo; más rara aun es la aplicación del gravamen a las empresas.
Balance tributario
Varias razones aducen quienes defienden el uso del IRN. De Pablos (2007) destaca las siguientes: a) criterios de equidad, en la medida en que el patrimonio es un índice de la capacidad de pago; b) posible contribución a la mejor asignación de recursos en la economía, si de forma simultánea se baja el impuesto sobre la renta; c) instrumento reductor de las grandes fortunas, como complemento al impuesto de sucesiones.
Aun cuando en la mayor parte de los casos el IRN se aplica a personas, que es lo recomendado, diversos estudios llaman la atención sobre sus efectos negativos.
En España, De Pablos (2007) encuentra que el efecto del impuesto a la riqueza neta individual en España sobre la distribución no es destacable. En el gráfico se observa que los coeficientes de Gini calculados para tres variables registraron alguna tendencia positiva en unos años pero en los más recientes aumentó la concentración.
En el caso de Noruega, que es un país con una distribución equitativa del ingreso, el impuesto fue considerado por el Gobierno en una reforma en 2006 como un instrumento para mejorar la eficiencia y el perfil redistributivo del sistema tributario. Un documento reciente del Ministerio de Finanzas comprueba que la distribución del ingreso y la composición de la riqueza no han variado como resultado de esos ajustes, en los que se asignó un papel importante al IRN (Royal Ministry of Finance 2014; p. 20-22).
Adicionalmente, en un reporte al Parlamento, el Ministerio de Finanzas menciona el posible efecto negativo del impuesto en la inversión: “El impuesto a la riqueza puede limitar la oferta de capital a las empresas que están obligadas a recurrir al mercado de capitales noruego” (Royal Ministry of Finance 2013; p. 25-26).
En el caso de Francia, Moore (2006) menciona varios empresarios que optaron por migrar sus inversiones a otros países como consecuencia del IRN. El profesor Eric Pichet (2007), afirma que el impuesto posiblemente ocasionó una reducción del crecimiento del PIB de 0.2% anual; además propició una salida de capitales que estima en más de 200 mil millones de euros desde 1998.
Juan Carlos Peirano (1994; p. 136) destaca que el escaso uso del impuesto al patrimonio obedece a los impactos negativos sobre el ahorro y la inversión y por los efectos desfavorables que tiene para el país que lo implementa cuando se encuentra en un proceso de integración económica.
En términos generales, los estudios empíricos señalan que la razón principal esgrimida en varios países para la derogación del impuesto a la riqueza neta fue su impacto negativo en la actividad económica; otras razones han sido su poca eficiencia y la existencia de impuestos, como el de renta, que son preferibles.
Síntesis: a pesar de los supuestos atractivos del IRN, la experiencia mundial muestra que no cumple las expectativas ideales de la tributación. Pero, como sirve para recaudar, en Colombia se mantiene el empeño de prolongar la vigencia en su forma más exótica y quizás más perjudicial: gravar el patrimonio de las empresas.
Bibliografía
De Cesare, C. y Lazo J.F. (2008). “Impuestos a los patrimonios en América Latina”. Cepal, Serie Macroeconomía del Desarrollo No. 66.
De Pablos, L. (2007). “Objetivos e incidencia de la imposición personal sobre la riqueza en España”. Seminarios de Economía Pública. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. Recuperado el 7 de diciembre de 2014.
European Commission (2014). “Tax Reforms in EU Member States. Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability”. European Commission Directorate-General Taxation and Customs Union. Brussels. Recuperado el 7 de diciembre de 2014.
Evans, C. (2013). “Wealth taxes: problems and practice around the world”. Briefing Paper. Centre on Household Assets and Savings Management, Birmingham University. Recuperado el 6 de diciembre de 2014.
Kreston RM S.A. (2014) “Impuestos Iberoamérica”. Recuperado el 8 de diciembre de 2014.
Moore, M. (July 16, 2006). “Old Money, New Money Flee France and Its Wealth Tax”. The Washington Post. Recuperado el 8 de diciembre de 2014.
Musgrave, R. y Musgrave, P. (1992). Hacienda pública teórica y aplicada. Quinta edición. McGraw-Hill. Madrid.
Peirano, J.C. (1994) “La imposición al patrimonio de las empresas y de las personas físicas”. Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario; Vol. 27, diciembre.
Pichet, E. (2007). “The Economic Consequences of the French Wealth Tax (ISF)”. La Revue de Droit Fiscal, N° 14 - 5 avril. Recuperado el 8 de diciembre de 2014.
Royal Ministry of Finance (2013) “Report No. 11 to the Storting. Evaluation of the 2006 Tax Reform”. Recuperado el 6 de diciembre de 2014.
Royal Ministry of Finance (2014). “The Norwegian tax system. Main Features and Developments”. Recuperado el 7 de diciembre de 2014.
Swiss Federal Tax Administration (2014). “Federal, Cantonal and Communal Taxes. An Outline on the Swiss System of Taxation”. Berne.
“El sistema tributario de un país afecta los ingresos del gobierno pero también tiene amplias repercusiones económicas y sociales” (European Commission 2014; p. 11). Por eso es grande la sensibilidad a cualquier modificación que se proponga en esta materia.
Colombia no es una excepción, como lo evidencian las reacciones suscitadas por el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno Nacional presentó a finales de 2014. Sin duda, uno de los temas más controvertidos fue la extensión de la vigencia del impuesto al patrimonio, con los nombres de “impuesto a la riqueza”, al comienzo, e “impuesto contra la pobreza”, al final.
Aun cuando el impuesto “temporal” al patrimonio rige desde 2003, su vigencia se había prolongado en dos ocasiones. La propuesta de mantenerlo hasta 2018 generó reacciones en contra, pues aumenta la probabilidad de volverlo permanente y acrecienta los temores por sus impactos negativos en la inversión y la producción.
El concepto de Wealth Tax
Según el Gobierno, el nombre de impuesto a la riqueza se tomó de la denominación internacional “Wealth Tax”. Aun cuando los dos conceptos son equivalentes en una traducción literal, en el campo de la política fiscal se demanda mayor precisión.
El impuesto a la riqueza no es único; hay una amplia gama de tributos que hacen parte de ese concepto y, de igual forma, hay diversos criterios para su clasificación (Evans 2013; p.1. European Commission 2014; p. 110 y De Cesare y Lazo 2008; p. 15). En términos generales se pueden clasificar en los siguientes grupos:
a) Los impuestos a la transferencia de riqueza o patrimonio, como las herencias, las donaciones y las transacciones financieras.
b) Los impuestos a la revalorización del capital, como el impuesto de plusvalía.
c) Los impuestos a la tenencia de riqueza o impuestos recurrentes sobre el patrimonio, como el impuesto sobre propiedades y el impuesto a la riqueza neta (patrimonio o riqueza total menos pasivos).
d) Impuestos sobre la propiedad de otros activos, como joyas, ganado, autos, etcétera.
Dos aspectos se destacan de los impuestos a la riqueza. El primero, que son utilizados en muchos países del mundo, dada la amplia diversidad de tributos incluidos bajo la sombrilla del “Wealth Tax”.
El segundo, que el gravamen usado en Colombia con los nombres de “impuesto al patrimonio”, “impuesto a la riqueza” e “impuesto contra la pobreza”, corresponde específicamente al “Net Wealth Tax” o “impuesto a la riqueza neta” (IRN).
El IRN en el mundo
El IRN fue ampliamente utilizado en Europa hasta comienzos del presente siglo, pero gradualmente lo eliminaron y solo subsistió en Suiza, Francia y Noruega.
La crisis de la deuda soberana en la Zona Euro obligó a la adopción de reformas tributarias y programas de austeridad del gasto con el fin de reducir los elevados déficits fiscales y el endeudamiento público. En ese contexto surgió en varias economías de la Unión Europea la posibilidad de usar el IRN, pero solo lo reimplantaron, de forma temporal, en España e Islandia.
Según Musgrave y Musgrave (1992; p. 531) “el impuesto sobre el patrimonio neto se relaciona con la capacidad de pago. Por lo tanto debería aplicarse a los individuos y no a las sociedades”.
Este planteamiento es razonable porque en sentido estricto las personas jurídicas no son “ricas” y el gravamen a las empresas limita el fortalecimiento del patrimonio y el desarrollo empresarial.
En concordancia con esa formulación, en Europa el IRN se aplicó a las personas y quedaron expresamente excluidos los activos de las empresas. Ese mismo principio se conserva en los países europeos que hoy lo siguen aplicando, con la excepción de Suiza y Noruega.
En Suiza el IRN se viene reduciendo, porque se ha dado mayor énfasis al impuesto de renta de las empresas (Swiss Federal Tax Administration 2014; p. 6). En Noruega excluyen las sociedades anónimas y el IRN aplica solo para algunas instituciones, como compañías mutuales de seguros, bancos de ahorro, cooperativas, asociaciones de crédito hipotecario, entre otras.
En América Latina, se aplica tanto a empresas como a personas en Colombia, Argentina, Uruguay, Panamá y Honduras, (Kreston 2014). También se grava a las empresas en India; pero las normas excluyen del impuesto a la riqueza los activos productivos e incluyen los yates, aeronaves, autos y joyas entre otros.
Se colige de lo anterior, que el IRN es poco utilizado en el mundo; más rara aun es la aplicación del gravamen a las empresas.
Balance tributario
Varias razones aducen quienes defienden el uso del IRN. De Pablos (2007) destaca las siguientes: a) criterios de equidad, en la medida en que el patrimonio es un índice de la capacidad de pago; b) posible contribución a la mejor asignación de recursos en la economía, si de forma simultánea se baja el impuesto sobre la renta; c) instrumento reductor de las grandes fortunas, como complemento al impuesto de sucesiones.
Aun cuando en la mayor parte de los casos el IRN se aplica a personas, que es lo recomendado, diversos estudios llaman la atención sobre sus efectos negativos.
En España, De Pablos (2007) encuentra que el efecto del impuesto a la riqueza neta individual en España sobre la distribución no es destacable. En el gráfico se observa que los coeficientes de Gini calculados para tres variables registraron alguna tendencia positiva en unos años pero en los más recientes aumentó la concentración.
En el caso de Noruega, que es un país con una distribución equitativa del ingreso, el impuesto fue considerado por el Gobierno en una reforma en 2006 como un instrumento para mejorar la eficiencia y el perfil redistributivo del sistema tributario. Un documento reciente del Ministerio de Finanzas comprueba que la distribución del ingreso y la composición de la riqueza no han variado como resultado de esos ajustes, en los que se asignó un papel importante al IRN (Royal Ministry of Finance 2014; p. 20-22).
Adicionalmente, en un reporte al Parlamento, el Ministerio de Finanzas menciona el posible efecto negativo del impuesto en la inversión: “El impuesto a la riqueza puede limitar la oferta de capital a las empresas que están obligadas a recurrir al mercado de capitales noruego” (Royal Ministry of Finance 2013; p. 25-26).
En el caso de Francia, Moore (2006) menciona varios empresarios que optaron por migrar sus inversiones a otros países como consecuencia del IRN. El profesor Eric Pichet (2007), afirma que el impuesto posiblemente ocasionó una reducción del crecimiento del PIB de 0.2% anual; además propició una salida de capitales que estima en más de 200 mil millones de euros desde 1998.
Juan Carlos Peirano (1994; p. 136) destaca que el escaso uso del impuesto al patrimonio obedece a los impactos negativos sobre el ahorro y la inversión y por los efectos desfavorables que tiene para el país que lo implementa cuando se encuentra en un proceso de integración económica.
En términos generales, los estudios empíricos señalan que la razón principal esgrimida en varios países para la derogación del impuesto a la riqueza neta fue su impacto negativo en la actividad económica; otras razones han sido su poca eficiencia y la existencia de impuestos, como el de renta, que son preferibles.
Síntesis: a pesar de los supuestos atractivos del IRN, la experiencia mundial muestra que no cumple las expectativas ideales de la tributación. Pero, como sirve para recaudar, en Colombia se mantiene el empeño de prolongar la vigencia en su forma más exótica y quizás más perjudicial: gravar el patrimonio de las empresas.
Bibliografía
De Cesare, C. y Lazo J.F. (2008). “Impuestos a los patrimonios en América Latina”. Cepal, Serie Macroeconomía del Desarrollo No. 66.
De Pablos, L. (2007). “Objetivos e incidencia de la imposición personal sobre la riqueza en España”. Seminarios de Economía Pública. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. Recuperado el 7 de diciembre de 2014.
European Commission (2014). “Tax Reforms in EU Member States. Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability”. European Commission Directorate-General Taxation and Customs Union. Brussels. Recuperado el 7 de diciembre de 2014.
Evans, C. (2013). “Wealth taxes: problems and practice around the world”. Briefing Paper. Centre on Household Assets and Savings Management, Birmingham University. Recuperado el 6 de diciembre de 2014.
Kreston RM S.A. (2014) “Impuestos Iberoamérica”. Recuperado el 8 de diciembre de 2014.
Moore, M. (July 16, 2006). “Old Money, New Money Flee France and Its Wealth Tax”. The Washington Post. Recuperado el 8 de diciembre de 2014.
Musgrave, R. y Musgrave, P. (1992). Hacienda pública teórica y aplicada. Quinta edición. McGraw-Hill. Madrid.
Peirano, J.C. (1994) “La imposición al patrimonio de las empresas y de las personas físicas”. Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario; Vol. 27, diciembre.
Pichet, E. (2007). “The Economic Consequences of the French Wealth Tax (ISF)”. La Revue de Droit Fiscal, N° 14 - 5 avril. Recuperado el 8 de diciembre de 2014.
Royal Ministry of Finance (2013) “Report No. 11 to the Storting. Evaluation of the 2006 Tax Reform”. Recuperado el 6 de diciembre de 2014.
Royal Ministry of Finance (2014). “The Norwegian tax system. Main Features and Developments”. Recuperado el 7 de diciembre de 2014.
Swiss Federal Tax Administration (2014). “Federal, Cantonal and Communal Taxes. An Outline on the Swiss System of Taxation”. Berne.
La reforma tributaria del futuro
viernes, 19 de diciembre de 2014
Publicado en Portafolio el 19 de diciembre de 2014
Pasó la Reforma Tributaria 2014 para financiar el hueco de 53 billones de pesos del periodo 2015-2018. Con ello se logró la solución a las urgencias presupuestales, pero no se avanzó ni un ápice hacia una estructura tributaria más acorde con el mundo en que vivimos.
La simple enumeración de las características más sobresalientes del sistema tributario de Colombia evidencia la necesidad de un cambio de fondo:
- La recaudación de impuestos es baja. Se estima en el 17 por ciento del PIB, mientras que en las economías de la Ocde supera el 30 por ciento.
- La tasa de tributación empresarial es la sexta más alta del mundo: 75,4 por ciento de las utilidades de una empresa mediana.
- Los umbrales del impuesto de renta son altos, por lo que apenas el 2 por ciento de la población lo paga. Según Christian Moller (2012), del Banco Mundial, en 2011 “solamente 640.000 personas pagaron el impuesto sobre la renta de entre una población adulta cercana a los 37 millones de personas”.
- El Banco Mundial (2012) calcula que las exenciones y exclusiones en renta e IVA representan el 4,5 por ciento del PIB (cerca de 32 billones de pesos en 2013).
- Según Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, la tasa de evasión del IVA es del 35 por ciento y la de renta del 50 por ciento, con lo que calcula que se dejan de recibir impuestos por un monto entre 35 y 40 billones de pesos.
- El efecto redistributivo del gasto público es bajo porque en Colombia se subsidia más a los ricos que a los pobres. El Gini antes y después de la política fiscal se mantiene en 0,54, mientras que en países como Gran Bretaña pasa de 0,52 a 0,34.
-Más de $40 billones se pagarán en pensiones en el 2015 con cargo al presupuesto nacional; casi lo mismo que vale el proyecto de autopistas 4G que será realizado en varios años.
-Steiner y Cañas (2014) reseñan que, en esas pensiones “el 97 por ciento de los subsidios va a los dos quintiles más ricos, mientras que los dos quintiles más bajos no reciben absolutamente nada”.
Con estos elementos, resulta más que obvia la síntesis que hizo la Ocde (‘Colombia: evaluación económica 2013’): “El sistema tributario colombiano recauda poco, crea distorsiones por medio de las diversas desgravaciones, regímenes especiales y tasas marginales relativamente altas, y la redistribución es baja o inexistente. Además, es un régimen complejo que genera altos costos administrativos y de cumplimiento, así como una amplia elusión y evasión de impuestos”.
Hay que entender que una cosa es esa estructura tributaria en la economía cerrada que seguimos siendo, como lo demostró un estudio reciente del Banco de la República, y otra muy distinta en la economía que por fin se está abriendo, por fuerza de los TLC; esas distorsiones se convierten en un lastre para la competitividad.
Si bien es cierto que una reforma estructural total no es viable de la noche a la mañana, también es verdad que dar un pasito cada cuatro años no es lo más afortunado; de seguir a ese ritmo, habrá que aplicar al país la famosa frase de Keynes: “en el largo plazo, todos estaremos muertos”.
Así que lo mejor será retomar la senda de las reformas estructurales, y entre más pronto, mejor.
Pasó la Reforma Tributaria 2014 para financiar el hueco de 53 billones de pesos del periodo 2015-2018. Con ello se logró la solución a las urgencias presupuestales, pero no se avanzó ni un ápice hacia una estructura tributaria más acorde con el mundo en que vivimos.
La simple enumeración de las características más sobresalientes del sistema tributario de Colombia evidencia la necesidad de un cambio de fondo:
- La recaudación de impuestos es baja. Se estima en el 17 por ciento del PIB, mientras que en las economías de la Ocde supera el 30 por ciento.
- La tasa de tributación empresarial es la sexta más alta del mundo: 75,4 por ciento de las utilidades de una empresa mediana.
- Los umbrales del impuesto de renta son altos, por lo que apenas el 2 por ciento de la población lo paga. Según Christian Moller (2012), del Banco Mundial, en 2011 “solamente 640.000 personas pagaron el impuesto sobre la renta de entre una población adulta cercana a los 37 millones de personas”.
- El Banco Mundial (2012) calcula que las exenciones y exclusiones en renta e IVA representan el 4,5 por ciento del PIB (cerca de 32 billones de pesos en 2013).
- Según Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, la tasa de evasión del IVA es del 35 por ciento y la de renta del 50 por ciento, con lo que calcula que se dejan de recibir impuestos por un monto entre 35 y 40 billones de pesos.
- El efecto redistributivo del gasto público es bajo porque en Colombia se subsidia más a los ricos que a los pobres. El Gini antes y después de la política fiscal se mantiene en 0,54, mientras que en países como Gran Bretaña pasa de 0,52 a 0,34.
-Más de $40 billones se pagarán en pensiones en el 2015 con cargo al presupuesto nacional; casi lo mismo que vale el proyecto de autopistas 4G que será realizado en varios años.
-Steiner y Cañas (2014) reseñan que, en esas pensiones “el 97 por ciento de los subsidios va a los dos quintiles más ricos, mientras que los dos quintiles más bajos no reciben absolutamente nada”.
Con estos elementos, resulta más que obvia la síntesis que hizo la Ocde (‘Colombia: evaluación económica 2013’): “El sistema tributario colombiano recauda poco, crea distorsiones por medio de las diversas desgravaciones, regímenes especiales y tasas marginales relativamente altas, y la redistribución es baja o inexistente. Además, es un régimen complejo que genera altos costos administrativos y de cumplimiento, así como una amplia elusión y evasión de impuestos”.
Hay que entender que una cosa es esa estructura tributaria en la economía cerrada que seguimos siendo, como lo demostró un estudio reciente del Banco de la República, y otra muy distinta en la economía que por fin se está abriendo, por fuerza de los TLC; esas distorsiones se convierten en un lastre para la competitividad.
Si bien es cierto que una reforma estructural total no es viable de la noche a la mañana, también es verdad que dar un pasito cada cuatro años no es lo más afortunado; de seguir a ese ritmo, habrá que aplicar al país la famosa frase de Keynes: “en el largo plazo, todos estaremos muertos”.
Así que lo mejor será retomar la senda de las reformas estructurales, y entre más pronto, mejor.
Nuevo mundo petrolero
lunes, 15 de diciembre de 2014
Publicado en la revista MisiónPyme No. 81 de diciembre de 2014 - enero de 2015
Los cambios estructurales del mundo petrolero tendrán profundas repercusiones. La causa fundamental es la nueva tecnología de producción de petróleo y gas natural conocida como “fracturamiento hidráulico” o fracking, que permite la extracción de estos hidrocarburos que se encuentran “atrapados” en rocas de esquisto a grandes profundidades. De ahí que se mencionen como “gas de esquisto” y “petróleo de esquisto”.
Por ahora, los hidrocarburos de esquisto se están produciendo en EE.UU. y Canadá, pero también se han detectado grandes yacimientos en países como China, Brasil, Argentina y varios de Europa.
El auge de Estados Unidos
EE.UU. ya está viviendo la “revolución del shale”. La producción de crudo declinó continuamente de un máximo de 10 millones de barriles/día en 1970, a 4.5 millones en el segundo semestre de 2005. Con el petróleo de esquisto, la producción creció aceleradamente hasta 8.7 millones en agosto de 2014 y va camino a un nuevo récord en poco tiempo.
Las importaciones de ese país bajaron de 455 millones de barriles/mes en agosto de 2006 a 288 millones en agosto de 2014 (-36.7%) y se espera que en pocos años logre el autoabastecimiento.
La producción de gas alcanzó el nivel más alto de la historia de EE.UU. y recientemente desplazó a Rusia como primer productor mundial. Además, su precio bajó notablemente. Hasta hace unos pocos años el precio en el país norteamericano era superior al de Europa y Japón (en 2005 fue más alto en 47.2% y 24.4%, respectivamente). En 2014 es, en promedio, el 43.7% del europeo y 26.3% del japonés.
“Guerra del petróleo”
Desde junio de 2014 los precios del petróleo bajaron en picada y ya están por debajo de los US$80/barril, debido a la mayor oferta y a la baja reacción de la demanda. La oferta crece por el aumento de la producción de Estados Unidos, la recuperación de Libia y el bajo efecto de las sanciones a Rusia, por la dependencia que tiene la Unión Europea del petróleo y el gas de esa nación asiática.
El mundo esperaba recortes de la producción de la OPEP para contener la caída de los precios. Esa decisión no se ha tomado y, al parecer, se inició una “guerra del petróleo” en la que los miembros dominantes de esa organización buscan la caída de los precios hasta el nivel en que la producción de petróleo de esquisto no sea rentable.
La batalla no será fácil, pues cerca del 60% de la producción mundial es de los países no-OPEP, incluidos EE.UU., Rusia, Noruega, Canadá, Kazajstán, Azerbaiyán, México y Brasil, que son grandes productores. De ellos, solo EE.UU. no es un gran exportador de crudo, pero próximamente retornará a este mercado. De esta forma, la “guerra” puede llevar a un escenario que nadie preveía, con precios incluso inferiores a US$60.
Otras consecuencias
Como ocurre con diversas variables económicas, los cambios en el mundo petrolero tendrán implicaciones positivas para unos y negativas para otros.
Sin duda, el gran ganador es EE.UU. La reducción de los precios del petróleo y del gas baja los costos de producción de las empresas y mejora su competitividad relativa. El abaratamiento de los abonos y fertilizantes, repercute en menores precios de los alimentos a los consumidores. La consecuente moderación de los precios de manufacturas y alimentos, sumada a la contracción de los precios de la gasolina y el gas de uso doméstico, incrementan el ingreso disponible de las familias y consolidan la recuperación de la economía. Otros resultados de interés para este país son la reducción del déficit comercial y la pérdida de relevancia estratégica del Medio Oriente.
Varios de los beneficios mencionados se extenderán a todas las economías, especialmente a las importadoras de energía.
Los perdedores serán los exportadores de energía en los que la balanza de pagos y las finanzas públicas tienen alta dependencia de esos recursos. El impacto no solo lo sentirán los que exportan petróleo y gas, sino también los de carbón, pues está siendo sustituido por gas, que es más barato y menos contaminante.
Es alto el riesgo de inestabilidad fiscal en las economías dependientes de la producción y exportación de energía. Los principales miembros de la OPEP proyectaron sus presupuestos con precios del petróleo superiores a los US$90; incluso Venezuela lo hizo con US$120 e Irán con US$135.
Impactos probables en Colombia
Colombia tiene alta dependencia del petróleo en las exportaciones y en las cuentas fiscales; además las reservas dan para apenas seis o siete años. En carbón, pese a las altas reservas, se enfrenta un precio internacional bajo y la creciente sustitución por gas natural.
En 2013 los minero-energéticos representaron el 72% de las exportaciones totales. Es evidente que si se mantiene la tendencia a la baja de los precios de la energía, el déficit comercial tenderá a volverse estructural y será necesario un ajuste de las importaciones y de la tasa de cambio para mantenerlo en niveles razonables.
No es menospreciable el impacto fiscal de los bajos precios del petróleo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene un supuesto de US$98/barril para 2015 y estima que cada dólar de variación del precio impacta en $420.000 millones el presupuesto.
Un estudio reciente de Hernando José Gómez plantea un escenario pesimista con desplome del precio del petróleo a US$60. Esto propiciaría una caída del PIB de -2.6% en 2016, reducción de los ingresos fiscales de -1% del PIB anual, aumento del desempleo a 11.6% y crecimiento de la pobreza de 29% a 34%, entre otros.
Ese estudio es un campanazo de alerta para que las autoridades económicas prevean la reacción frente a un escenario que hace unos pocos meses se consideraba inviable, pero que hoy tiende a volverse realidad.
Afortunadamente, el buen manejo de las finanzas públicas y de la política monetaria es un patrimonio de la economía colombiana, que brinda la capacidad de respuesta para amortiguar esos impactos. Esperemos que primen los efectos positivos sobre los negativos.
Los cambios estructurales del mundo petrolero tendrán profundas repercusiones. La causa fundamental es la nueva tecnología de producción de petróleo y gas natural conocida como “fracturamiento hidráulico” o fracking, que permite la extracción de estos hidrocarburos que se encuentran “atrapados” en rocas de esquisto a grandes profundidades. De ahí que se mencionen como “gas de esquisto” y “petróleo de esquisto”.
Por ahora, los hidrocarburos de esquisto se están produciendo en EE.UU. y Canadá, pero también se han detectado grandes yacimientos en países como China, Brasil, Argentina y varios de Europa.
El auge de Estados Unidos
EE.UU. ya está viviendo la “revolución del shale”. La producción de crudo declinó continuamente de un máximo de 10 millones de barriles/día en 1970, a 4.5 millones en el segundo semestre de 2005. Con el petróleo de esquisto, la producción creció aceleradamente hasta 8.7 millones en agosto de 2014 y va camino a un nuevo récord en poco tiempo.
Las importaciones de ese país bajaron de 455 millones de barriles/mes en agosto de 2006 a 288 millones en agosto de 2014 (-36.7%) y se espera que en pocos años logre el autoabastecimiento.
La producción de gas alcanzó el nivel más alto de la historia de EE.UU. y recientemente desplazó a Rusia como primer productor mundial. Además, su precio bajó notablemente. Hasta hace unos pocos años el precio en el país norteamericano era superior al de Europa y Japón (en 2005 fue más alto en 47.2% y 24.4%, respectivamente). En 2014 es, en promedio, el 43.7% del europeo y 26.3% del japonés.
“Guerra del petróleo”
Desde junio de 2014 los precios del petróleo bajaron en picada y ya están por debajo de los US$80/barril, debido a la mayor oferta y a la baja reacción de la demanda. La oferta crece por el aumento de la producción de Estados Unidos, la recuperación de Libia y el bajo efecto de las sanciones a Rusia, por la dependencia que tiene la Unión Europea del petróleo y el gas de esa nación asiática.
El mundo esperaba recortes de la producción de la OPEP para contener la caída de los precios. Esa decisión no se ha tomado y, al parecer, se inició una “guerra del petróleo” en la que los miembros dominantes de esa organización buscan la caída de los precios hasta el nivel en que la producción de petróleo de esquisto no sea rentable.
La batalla no será fácil, pues cerca del 60% de la producción mundial es de los países no-OPEP, incluidos EE.UU., Rusia, Noruega, Canadá, Kazajstán, Azerbaiyán, México y Brasil, que son grandes productores. De ellos, solo EE.UU. no es un gran exportador de crudo, pero próximamente retornará a este mercado. De esta forma, la “guerra” puede llevar a un escenario que nadie preveía, con precios incluso inferiores a US$60.
Otras consecuencias
Como ocurre con diversas variables económicas, los cambios en el mundo petrolero tendrán implicaciones positivas para unos y negativas para otros.
Sin duda, el gran ganador es EE.UU. La reducción de los precios del petróleo y del gas baja los costos de producción de las empresas y mejora su competitividad relativa. El abaratamiento de los abonos y fertilizantes, repercute en menores precios de los alimentos a los consumidores. La consecuente moderación de los precios de manufacturas y alimentos, sumada a la contracción de los precios de la gasolina y el gas de uso doméstico, incrementan el ingreso disponible de las familias y consolidan la recuperación de la economía. Otros resultados de interés para este país son la reducción del déficit comercial y la pérdida de relevancia estratégica del Medio Oriente.
Varios de los beneficios mencionados se extenderán a todas las economías, especialmente a las importadoras de energía.
Los perdedores serán los exportadores de energía en los que la balanza de pagos y las finanzas públicas tienen alta dependencia de esos recursos. El impacto no solo lo sentirán los que exportan petróleo y gas, sino también los de carbón, pues está siendo sustituido por gas, que es más barato y menos contaminante.
Es alto el riesgo de inestabilidad fiscal en las economías dependientes de la producción y exportación de energía. Los principales miembros de la OPEP proyectaron sus presupuestos con precios del petróleo superiores a los US$90; incluso Venezuela lo hizo con US$120 e Irán con US$135.
Impactos probables en Colombia
Colombia tiene alta dependencia del petróleo en las exportaciones y en las cuentas fiscales; además las reservas dan para apenas seis o siete años. En carbón, pese a las altas reservas, se enfrenta un precio internacional bajo y la creciente sustitución por gas natural.
En 2013 los minero-energéticos representaron el 72% de las exportaciones totales. Es evidente que si se mantiene la tendencia a la baja de los precios de la energía, el déficit comercial tenderá a volverse estructural y será necesario un ajuste de las importaciones y de la tasa de cambio para mantenerlo en niveles razonables.
No es menospreciable el impacto fiscal de los bajos precios del petróleo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene un supuesto de US$98/barril para 2015 y estima que cada dólar de variación del precio impacta en $420.000 millones el presupuesto.
Un estudio reciente de Hernando José Gómez plantea un escenario pesimista con desplome del precio del petróleo a US$60. Esto propiciaría una caída del PIB de -2.6% en 2016, reducción de los ingresos fiscales de -1% del PIB anual, aumento del desempleo a 11.6% y crecimiento de la pobreza de 29% a 34%, entre otros.
Ese estudio es un campanazo de alerta para que las autoridades económicas prevean la reacción frente a un escenario que hace unos pocos meses se consideraba inviable, pero que hoy tiende a volverse realidad.
Afortunadamente, el buen manejo de las finanzas públicas y de la política monetaria es un patrimonio de la economía colombiana, que brinda la capacidad de respuesta para amortiguar esos impactos. Esperemos que primen los efectos positivos sobre los negativos.
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