La política industrial

Publicado en Ámbito Jurídico Año XV – No. 358; 12 al 25 de noviembre de 2012

La política industrial y la presunta desindustrialización siguen en el centro del debate. Las opiniones, propuestas y deseos abarcan un amplio espectro de posibilidades; en parte esto es “normal” en el campo de la economía, dado que no hay verdades reveladas ni concepciones únicas sobre muchos de los temas de estudio.

El problema tiene como punto de partida la definición misma de la política industrial. Para algunos autores, es cualquier intervención del gobierno que genera condiciones diferentes a las del mercado a un sector productivo. Otros elaboran más los argumentos y consideran que ella debe contar con elementos transversales –que impactan todas las actividades productivas (infraestructura, capital humano, etc.)– y elementos verticales ¬–que afectan sectores específicos–. Algunos proponen una “nueva” política industrial basada en acciones de tipo vertical. Incluso, en visiones como la recientemente planteada por Cepal, solo se considera política industrial la orientada al desarrollo de sectores intensivos en conocimientos.

Adicionalmente, la competitividad se puede entender como una forma específica de la política industrial. Es el caso de la UE, que en múltiples publicaciones la resalta como eje de su política industrial; por ejemplo, en 1994 expidieron el documento “An Industrial Competitiveness Policy for the European Union”.

Para complicar más el tema, la política se nombra de diversas formas. Además del escueto nombre de política industrial, se usan los de política de competitividad, desarrollo empresarial, desarrollo productivo, transformación productiva, innovación, etcétera.

Por último, las opiniones divergen con relación a si la política industrial se diseña solo para las empresas del sector industrial, o si se incluyen los servicios o en general todas las empresas, independientemente de su sector productivo.

Con todos estos elementos, es claro que el debate sobre la política industrial en gran medida radica en la diversidad de criterios, conceptos y formas de aproximación al tema. A algunos les convence lo que se está haciendo y a otros no les gusta nada; o consideran que habría que “modernizar” ciertos componentes; o elevar la jerarquía de esta política.

Lo que no es razonable es sostener a rajatabla que en Colombia no hay política industrial. Incluso la Coalición para la Industria Colombiana, que tuvo como punto de partida esa posición, ha reconocido públicamente que no es así.

Astrid Martínez y José Antonio Ocampo, en el libro “Hacia una nueva política industrial de nueva generación para Colombia”, basado en una investigación realizada para la Coalición, afirman: “En todo caso, en los últimos veinte años se han adoptado políticas de desarrollo productivo que combinan instrumentos verticales y horizontales y que acogen las iniciativas público-privadas para identificar actividades con potencial exportador. El andamiaje institucional se ha perfeccionado y se han superado parcialmente algunas dificultades como la carencia de indicadores y seguimiento. De hecho, en el contexto latinoamericano, Colombia es uno de los países que ha avanzado más en construir dicho andamiaje”.

Tampoco es razonable armar debates sobre una presunta “acelerada” desindustrialización de Colombia. Y no lo es, porque en el presente siglo no ha ocurrido ese fenómeno, a no ser que se califique como tal la pérdida de un punto de participación en el PIB entre 2000 y 2011, en una economía que sufrió los impactos de la recesión de Estados Unidos de 2001, la crisis mundial de 2008-2009 y el cierre del mercado venezolano para los productos colombianos. Además, el comportamiento de las exportaciones industriales y la participación de la industria en el empleo tampoco avalan esta presunción.

En el mejor de los casos el debate sería una reacción demasiado tardía a lo que ocurrió en las tres últimas décadas del siglo pasado. O tendría sentido si la discusión se plantea sobre el riesgo de reprimarización de Colombia, y en general de las economías en desarrollo, debido a las presiones de demanda de alimentos, energía y agua en las próximas décadas.

Lo peor de las discusiones sobre desindustrialización es que varios analistas replican los argumentos de otros sin la más mínima crítica de la información. Es injustificable, por ejemplo, leer críticos repitiendo que la pérdida de participación de la industria en el PIB se debe a que la minería aumentó su participación del 3% al 8% en la última década, cuando en realidad pasó del 7.9% en 2000 a 7.7% en 2011.

Es necesario un llamado para que todos los interesados en el debate tomen como referencia la sentencia de Dani Rodrik: “la forma correcta de pensar la política industrial es verla como un proceso de descubrimiento –un proceso en el que las empresas y el gobierno aprenden sobre los costos y oportunidades subyacentes, en un marco de coordinación estratégica”. Como complemento hay que dejar de lado el fatalismo, ser propositivos y usar cifras ciertas.