Informalidad nefasta

Publicado en la edición de julio de la revista MisiónPyme

Según el Dane, la tasa de informalidad laboral en Colombia para enero–marzo de 2012 fue del 50.4%. La encuesta de informalidad empresarial no se volvió a publicar, pero el último resultado era de 39% medida por no llevar contabilidad y de 57% por no tener registro mercantil.

Esos niveles son muy altos y el país como un todo tiene que asumir el compromiso de combatirlos, pues son un lastre que genera impactos negativos sobre los trabajadores y sus familias, las propias empresas, el gobierno y, en general, toda la economía. Ahora analizamos el lastre y en la próxima columna las acciones del gobierno.

A los trabajadores informales los afecta porque sus remuneraciones son inestables y en muchos casos inferiores al salario mínimo; carecen de ahorro pensional y de prestaciones sociales; no tienen acceso a los servicios financieros y, por lo tanto, a la posibilidad de adquirir activos como la vivienda mediante crédito. Una de las consecuencias más graves es la reducción de opciones de educación a los niños, lo que tiende a perpetuar la situación de pobreza de estas familias.

Las empresas informales también encuentran difícil tener crédito, lo que las condena a las garras de los agiotistas que limitan su crecimiento; y no pueden participar en licitaciones públicas, ni beneficiarse de los programas gubernamentales de fomento a la modernización empresarial.

Pero también las empresas formales son afectadas, pues la competencia desleal de las informales les impide crecer. Por ejemplo, un almacén de confecciones difícilmente se expandirá y se proyectará como cadena, cuando al frente hay trabajadores informales con productos similares, en muchas ocasiones de contrabando o pirateados; además, los venden a precios inferiores porque ellos no pagan servicios ni prestaciones sociales, o son empresas que no tributan. Por si fuera poco, las formales son objeto de crecientes cargas tributarias, para compensar la elusión y evasión de la informalidad.

El gobierno sufre las consecuencias tanto en los ingresos como en los gastos. Los impuestos recaudados son menores, las pérdidas de las empresas de servicios públicos se incrementan y los gastos en subsidios de salud, educación, vivienda, servicios públicos y transporte aumentan más de lo que realmente sería necesario para atender a la población necesitada.

El balance es una asignación inadecuada de porciones significativas de los ingresos y los gastos públicos, que bien podrían ser utilizados en la provisión de bienes públicos, con mayor impacto en el bienestar de los más pobres y en el crecimiento de la economía.

Debemos considerar que en el régimen subsidiado de salud hay un alto porcentaje de población informal y que a futuro muchos de ellos ocasionarán más gastos en pensiones y en apoyos gubernamentales a la población adulta desprotegida. Esos son costos que asumimos todos los colombianos.

La economía en su conjunto también sufre las consecuencias por la menor provisión de bienes públicos, que mejoren la infraestructura o el capital humano o la movilidad, y por la baja productividad. Las estimaciones de McKinsey muestran que la productividad de la mano de obra informal es equivalente al 6% de la de un trabajador de Estados Unidos, lo que arrastra hacia abajo la de todo el país.

Todos estos elementos muestran que los costos de la informalidad la pagamos todos los colombianos. Y evidencian la importancia de las políticas del gobierno para combatirla.