Publicado en Portafolio el viernes 22 de junio de 2018
El principal problema económico que recibe el nuevo gobierno es la situación fiscal. El panorama es cada vez más lóbrego, tanto en los ingresos como en los gastos.
La complejidad del problema se refleja en los cambios que introdujo recientemente la Comisión Consultiva de la Regla Fiscal (CCRF), al permitir un mayor déficit fiscal como meta para los próximos años y aplazar su convergencia al déficit estructural de -1.0% del PIB desde 2020 hasta 2027.
En el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, el Gobierno reconoce que a pesar de la caída del PIB potencial, como consecuencia de la contracción de la inversión, la recuperación de la economía ha sido más lenta de la esperada y, como consecuencia, se amplió la brecha negativa del producto.
Lógicamente, el menor crecimiento del PIB repercute en ingresos tributarios más bajos que los proyectados y generan dificultades para financiar el presupuesto. Pero la presión era mayor a la estimada, porque se suponía una elasticidad unitaria de los ingresos tributarios no petroleros, cuando en realidad es mayor, como lo reconoció la CCRF al adoptar ahora una elasticidad de 1.15. Esto explicaría parte de las afugias del Gobierno para alcanzar las metas de 2017 y 2018.
A pesar de estos ajustes al déficit fiscal, Fedesarrollo sostiene que los menores ingresos esperados harán muy difícil el logro de las metas revisadas, y, si no se adoptan los correctivos necesarios, el déficit será muy superior.
Es este el panorama que las calificadoras de riesgo están siguiendo con mucha atención. Según Mauro Leos, de Moody’s, el “espacio fiscal” de Colombia ha tendido a agotarse en los años recientes; esto, porque la deuda gubernamental como porcentaje del PIB aumentó en más de 10 puntos y, además, el pago de intereses como porcentaje de los ingresos también está creciendo.
El nivel del “espacio fiscal” de Colombia no corresponde al de las otras economías de la región que tienen grado de inversión, sino a las que tienen grado especulativo. En semejante escenario, el nuevo Gobierno tiene muy poco margen de maniobra para permitirse la ampliación del déficit y su financiación con deuda.
La opción sería una fuerte reducción de gastos, aún más drástica que la implementada desde el choque petrolero, pero su rigidez le pone límites. Leos señala que el 85% del presupuesto de Colombia está amarrado a gastos “obligatorios” y que en el Índice de Flexibilidad del Gasto sólo superamos a Costa Rica y Brasil, países que tienen grado especulativo. Además, a la inversión pública, que ha sido el comodín del ajuste en los programas de austeridad, ya no le queda mucho margen para mayores recortes, a lo cual habría que sumar su efecto negativo en el PIB potencial.
En síntesis, la única opción viable es tramitar una reforma estructural, para cambiar el balance de la carga tributaria entre empresas y personas naturales, y las reformas al gasto, que aumenten su flexibilidad y mejoren su eficiencia. Los pasos a seguir están planteados en los informes de las Comisiones de Expertos y del Gasto y en numerosos documentos técnicos de expertos nacionales y extranjeros.
No aprovechar el capital político al comienzo del Gobierno para hacer las reformas, puede tener funestas consecuencias para Colombia en el mediano plazo.
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