Tasas de cambio e incertidumbre

 

Publicado en Portafolio el martes 24 de agosto de 2021.

Recientemente se incrementó la volatilidad de las tasas de cambio. Esta es una variable muy compleja y difícil de proyectar. Prueba de ello es que el Banco de la República no se compromete con proyecciones de la TRM entre las principales variables de pronóstico macroeconómico que publica periódicamente.

También lo prueban los expertos que negocian divisas y cuentan con sofisticadas herramientas de proyección. El Banco de la República les pregunta mensualmente cuáles son sus expectativas sobre la tasa de cambio; en agosto de 2020 proyectaron para agosto de 2021 una TRM de $3.669, pero el promedio observado en los primeros quince días fue de $3.900.

El futuro se caracteriza por la incertidumbre, pero ella puede ser de mayor o menor grado por choques difíciles de anticipar; en el caso de Colombia, en agosto de 2020 las expectativas no incorporaban la pérdida del grado de inversión. Por eso, entidades como el Banco Mundial, el FMI y el Banco de la República piden cautela en la lectura de sus proyecciones de 2021; incluso el FMI afirma que el mundo está viviendo un proceso de “recuperación inexplorada de una recesión sin precedentes”.

Son múltiples las variables que están alimentando la incertidumbre en 2021 y, como consecuencia, la volatilidad de las tasas de cambio. Una importante es el covid-19 en dos dimensiones. La primera, la enorme diferencia que hay en las campañas de vacunación entre las economías desarrolladas y el resto del mundo, que está incidiendo en dispares velocidades de reactivación. La segunda, la variante delta del coronavirus con una elevada tasa de contagio que está induciendo nuevas medidas de restricción.

Otra variable es el creciente temor a cambios en la política monetaria por la mayor inflación global, pese a que muchos banqueros centrales la ven como un fenómeno transitorio; ellos la explican por un efecto base, el desmonte de algunas políticas de apoyo para mitigar los impactos económicos y sociales, las interrupciones de algunas cadenas de valor y el fuerte incremento de los fletes por congestiones de varios puertos.

Pero en casos como Hungría, Rusia, Brasil, México y Chile los bancos centrales empezaron a aumentar sus tasas de política monetaria y los de Canadá e Inglaterra, anunciaron la reducción del ritmo de compras de títulos en los mercados; además hay analistas que esperan que la FED también anuncie la adopción de una medida similar desde comienzos de 2022.

También inciden las rebajas en la calificación de los bonos soberanos de numerosos países, junto con los problemas que enfrentan las economías para extender la política social y, simultáneamente, implementar programas de consolidación fiscal.

En síntesis, el mundo vive una época de incertidumbre originada en situaciones sin precedentes que están induciendo comportamientos que pueden seguir alimentando la volatilidad de los mercados.

Perdieron los pobres

 

Publicado en Portafolio el jueves 29 de junio de 2021

Los organizadores de las protestas se ufanan de sus victorias pese a que, paradójicamente, su gran logro es causarle perjuicios a la población más vulnerable, cuyos intereses supuestamente representan.

Los perjudican al destruir estaciones y buses del transporte masivo, pues reducen la oferta de este servicio esencial y los obligan a desplazarse en vehículos más congestionados; además, los recursos que se gastan en reposiciones y reparaciones deberían haberse destinado a otros bienes públicos. Los perjudican con los bloqueos que encarecen los productos de primera necesidad. Los perjudican con las aglomeraciones de las marchas que en parte explican la prolongación del pico de la pandemia, el alto riesgo de colapso del sistema de salud y la muerte de muchas personas por la covid-19.

De igual forma, la derrota de la reforma tributaria de Carrasquilla (RTC), que los voceros del paro proclamaron como una gran victoria, ni siquiera califica como pírrica, cuando se compara con lo que pierden los pobres frente al proyecto que el gobierno (PG) acaba de presentar al Congreso.

Para empezar, la RTC volvía permanente el programa de ingreso solidario, mientras que el PG solo lo mantiene hasta 2022. El primero tenía una cobertura para 18,8 millones de personas y el segundo para 9,8 millones.

Mientras la fracasada RTC buscaba incentivar el empleo de jóvenes mediante la exoneración de parafiscales y un subsidio a las contribuciones de pensiones y salud, el PG solo ofrece un subsidio parcial al pago de parafiscales. En la RTC ese mismo esquema se extendía a otros empleos, incluyendo el de mujeres mayores de 40 años; en cambio en el PG solo se subsidia para este grupo cerca del 40% de las contribuciones a la seguridad social.

Adicionalmente, con el programa de devoluciones de IVA y los programas de transferencias monetarias mejoraría el poder adquisitivo de los hogares de los deciles 1 y 2 en 68% y 25%; con el PG, según Benítez y Lora esas ganancias se reducen a 27% y 10%, respectivamente. Pero en el otro extremo, en la RTC se reduciría el poder adquisitivo de los deciles 9 y 10, en 2% y 4%, mientras que en el PG no cambia, es decir, saldrán beneficiados.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el de la pérdida del grado de inversión como consecuencia de la lectura que hacen las calificadoras sobre las debilidades fiscales del país. Esa pérdida incrementará el costo del endeudamiento en un monto cercano a los $4,0 billones por año, lo que implica la desviación de recursos que podrían atender necesidades básicas de la población.

Flaco favor el que le hacen los autoproclamados líderes del paro a las clases menos favorecidas del país: Lejos de solucionar los problemas que justifican el malestar social, lo que hacen es volverlos más complejos.

La ola Covid-Paro nacional

 

Publicado en Portafolio el viernes 18 de junio de 2021 

A la actual ola del coronavirus la deberíamos llamar “Covid-Paro nacional” en honor a la irresponsabilidad de los que han propiciado las aglomeraciones, el vandalismo y el saqueo, que, además de los graves daños a la economía y a la población más vulnerable, están dejando una peligrosa secuela en materia de salud pública.

Las cifras son contundentes. Entre el 28 de abril y el 10 de junio el número de casos nuevos diarios pasó de 388 a 622 por millón de habitantes. Entre las mismas fechas, el número de muertes diarias aumentó de 9,6 a 12,8 por millón de habitantes. Esos datos nos ubican entre los países con los peores indicadores de la pandemia el 10 de junio, solo superados por Uruguay en el caso de contagios, y por Perú, Uruguay, Argentina y Paraguay en el de muertes.

La protesta es un derecho y, sin duda, hay razones para hacerla. Pero ese derecho exige responsabilidades, que adquieren un carácter ético cuando el país se encuentra en el pico de una pandemia.

Los que fungen como líderes del paro deberían responder a la sociedad las preguntas básicas. ¿Dónde están en las marchas personas encargadas de velar por el uso de tapabocas y de mantener la distancia recomendada por los protocolos? ¿Han pensado en el impacto sanitario del contagio entre quienes marchan y la contaminación exponencial de sus familias y amistades? ¿Han reflexionado sobre los costos emocionales, económicos y sociales del aumento en el número de muertes por los casos de covid-19 que están generando? ¿Han considerado que sus acciones tienen al borde del colapso la infraestructura de salud y que ello puede acarrear muchas muertes que se hubieran podido evitar? ¿Los docentes que están involucrados en el paro sí habrán cavilado sobre la inconsecuencia de sus actos al negarse a volver a las clases presenciales, usando como pretexto el riesgo de contagios, al tiempo que contribuyen al agravamiento de la pandemia, especialmente entre los jóvenes, con las aglomeraciones en que participan y fomentan?

Así como no asumen responsabilidad por los enormes daños que están ocasionando en la producción, la infraestructura, la movilidad, la inflación y el empleo, menos estarán dispuestos a aceptar las funestas consecuencias del incremento en contagios y mortalidad. Deberían recordar cada día lo que el filósofo chileno Daniel Loewe afirma en su libro “Ética y coronavirus”: “lo problemático de que usted se contagie no es que se enferme, sino que al contagiarse se transforma en una amenaza para los otros: los puede contagiar y así dañarlos… Usted está incrementando directa (mediante el contagio) e indirectamente (mediante su aporte al colapso del sistema de atención de salud) la probabilidad estadística de morir de cada uno de los miembros de la sociedad y de los habitantes del mundo”.

Brutalidad policial

 

Publicado el Portafolio el viernes 21 de mayo de 2021 

En Colombia existe el derecho a la protesta y no hay una política de Estado que tenga por objetivo acallarla. Aun así, medios extranjeros, congresistas norteamericanos, burócratas de multilaterales y de otros gobiernos censuran al país por violación de esos derechos y por la brutalidad policial.

La mayoría de los manifestantes son pacíficos, pero esos censuradores desconocen que también se infiltran peligrosos vándalos que no son controlados por los organizadores del paro. No son pacíficos aquellos que llevaban 12.614 armas cortopunzantes, 431 armas de fuego, 242 armas traumáticas y 77 explosivos decomisados hasta el 13 de mayo; tampoco los que lanzaron bombas incendiarias contra los CAI, las estaciones de transporte masivo y un hotel.

Es inadmisible que algunos policías se excedan, como ocurrió con el asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá y ha ocurrido en el paro reciente; por el primero ya hay condenas y por lo segundo hay 65 investigaciones disciplinarias en proceso. Lamentablemente esto se ve en muchos países, como lo ilustran la asfixia de George Floyd en Estados Unidos y las 20 personas que murieron en las protestas por su asesinato.

Un informe del Council on Foreign Relations resalta este como un problema global: “La brutalidad policial sigue siendo un problema en muchas democracias avanzadas. Los agentes de todo el mundo han utilizado medios agresivos, como balas de goma y gases lacrimógenos, para reprimir a los manifestantes, incluida la policía francesa, durante las protestas de los chalecos amarillos que comenzaron a fines de 2018... Estados Unidos supera con creces a la mayoría de las democracias ricas en muertes a manos de la policía. La policía estadounidense mató a unas 7.638 personas entre 2013 y 2019 (según la misma base de datos, mataron a otras 1.125 personas en 2020)”.

Pero es importante diferenciar entre excesos y cumplimiento del deber. Cabe recordar los cinco muertos en la toma del capitolio en Washington el pasado 6 de enero, varios de ellos por las balas de la policía ¿Eso fue brutalidad policial? En este caso, como en el de Colombia, debemos preguntarnos qué debería haber hecho la policía frente a los desmanes ¿Quizás dejarlos destruir el capitolio y “juzgar” a los congresistas que reconocieron a Biden como el nuevo presidente?

La mayoría de los policías no está usando sus armas de forma indiscriminada, ni disparando desde helicópteros y menos aun buscando dañarle los ojos a los protestantes, como dijeron algunos irresponsables a la prensa extranjera, que, como idiota útil, difundió esa “noticia”. Si los organizadores de las marchas no se sienten responsables de los destrozos ocasionados y no tienen formas de controlar a los vándalos que se infiltran en la protesta, las autoridades deben cumplir con su mandato constitucional de velar por el bien ciudadano y proteger el interés de las mayorías.

Los pobres y la reforma

 Publicado en Portafolio el viernes 23 de abril de 2021

En medio de la avalancha de críticas generada por el proyecto de ley de reforma tributaria que hace trámite en el Congreso, no se puede perder de vista el componente de política social.

Tal vez a fuerza de ver todos los días y por todas partes vendedores ambulantes y migrantes en actividades de rebusque y pidiendo ayuda, termina pareciendo normal que estén ahí. Pero se nos olvida que su situación es dramática y que antes de la pandemia se venían cocinando múltiples manifestaciones de inconformidad que siguen latentes, con el riesgo de explotar en cualquier momento. La pandemia ha tenido dos efectos sobre ellas; por un lado, las relegó a un segundo plano porque los debates están más en las olas de covid-19, en la ocupación de las UCI y en las vacunas; pero, por otro, hizo crecer la población vulnerable con los que perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos y cayeron en la pobreza.

La exposición de motivos del proyecto de ley contiene cifras que evidencian la magnitud del problema. Si bien los ingresos se redujeron en todos los deciles como consecuencia de la pandemia, los más afectados fueron los de la población pobre; en los deciles 1, 2 y 3 cayeron en -56,8%, -32,3% y -20,1%, respectivamente, en septiembre-diciembre de 2020 respecto a 2019.

Los datos muestran que el aumento del desempleo repercutió en el incremento de la informalidad, especialmente en los deciles 3 a 7; es decir, en los segmentos de la clase media que perdieron sus empleos formales y están ahora en el rebusque. La respuesta del gobierno fue el aumento de los giros de transferencias monetarias (Familias en acción, Jóvenes en acción y Colombia Mayor), la puesta en marcha de forma anticipada de las devoluciones del IVA y la creación del Programa de Ingreso Solidario (PIS). Un análisis del investigador Jairo Nuñez comprobó que esta decisión contuvo parcialmente el aumento de la pobreza.

En ese contexto es relevante la propuesta del proyecto de reforma tributaria de fortalecer el mecanismo de transferencias monetarias con el PIS. Se busca no solo incluir alrededor de 2,4 millones de hogares pobres que no recibían transferencias en 2019, sino también a los que cayeron en pobreza por la pandemia.

Es una excelente respuesta a la emergencia por la pandemia. Pero volver permanente el PIS demanda no solo estrictos mecanismos de graduación y la corrección de los problemas de focalización, sino otras reformas que rompan los incentivos a la informalidad que hoy bordea el 65% de la población ocupada. Se trata de reformas a la financiación del sistema de salud, una nueva arquitectura al sistema pensional y cambios en los parafiscales, como lo propone el equipo de Fedesarrollo liderado por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía.

¿Renovar el contrato social?

 

Publicado en Portafolio el viernes 26 de marzo de 2021

Renovar el contrato social es un tema de discusión mundial. Obviamente, su mención genera posiciones antagónicas; hay quienes lo encuentran indispensable; algunos ven peligros porque creen que implica abolir la Constitución; y otros lo consideran irrelevante.

La discusión se nutre de diferentes vertientes del conocimiento que tratan de explicar la inconformidad y el malestar social que hay en el mundo, y que recrudeció con los impactos de la pandemia sobre la desigualdad. En ese contexto, cabe tener como referencia la apreciación de los economistas Rafael Doménech y Vicente Montes: “El contrato social ha aportado estabilidad a las sociedades modernas y ha permitido a las mismas avanzar como nunca antes en la historia”.

En general, el contrato social se concibe como el acuerdo implícito sobre derechos y obligaciones en la relación entre los ciudadanos y el Estado; entre otras, el Estado tiene la obligación de asegurar a los ciudadanos frente a diversos riesgos, como los de pobreza, enfermedad, desempleo y desprotección en la vejez.

En el enfoque de Nicholas Barr sobre el estado de bienestar, este podría entenderse como el contrato social vigente desde de la Segunda Guerra Mundial, con las adaptaciones pertinentes a los cambios económicos, demográficos y sociales. The Economist (6 de marzo) plantea que “la pandemia ha obligado a una reevaluación del contrato social; en particular, cómo se deben dividir los riesgos entre las personas, los empleadores y el Estado… El covid-19 mostró que el estado del bienestar necesita una modernización. Nació en un orden social distinto y para protegerse de diferentes riesgos”.

En el caso de Colombia no se pueden desconocer los notables avances en materia social. Pero también es evidente que subsisten problemas que tienden a agravarse con el paso del tiempo y la postergación perpetua de las reformas, mientras el malestar social sigue creciendo.

La evaluación de los cuatro riesgos mencionados muestra la urgencia de las reformas. Según Fedesarrollo, la pobreza llegó a 42% en 2020, con un aumento de seis puntos porcentuales; el régimen subsidiado de salud incentiva la informalidad laboral, que supera el 60% de los ocupados; solo el 25% de las personas en edad de jubilación tiene una pensión; y no hay un seguro de desempleo que mitigue la interrupción de los ingresos al perderse el empleo.

Un estudio reciente de Fedesarrollo, liderado por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía, propone integrar en una sola reforma todos estos aspectos, sumando el fiscal, que es necesario para seguir haciendo frente a la pandemia, financiar los costos de los cambios y recuperar la capacidad redistributiva de la política fiscal. Winston Churchill decía: “¡Nunca desperdicies una buena crisis!”. Ahora, con la inconformidad creciendo, mal haríamos en perder la oportunidad de tramitar estas vitales reformas, basados en diagnósticos precisos y excelentes estudios técnicos.

Colombia: Mal en comercio

 

Publicado en Portafolio, el viernes 26 de febrero de 2021 

El Dane publicó recientemente los datos de exportaciones e importaciones de bienes en 2020. Las primeras cerraron con una variación anual de -21,4% y su valor (US$31.057 millones FOB) es el más bajo en 12 años; las segundas cayeron -17,5% y en valor (US$43.489 millones CIF) son las menores desde 2010. Desde luego, estos resultados son atribuibles al responsable de todo lo negativo que está ocurriendo en la economía desde comienzos de 2020: el covid-19.

La pandemia frenó el comercio mundial; el cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad, las políticas proteccionistas sobre los bienes médicos esenciales y la confrontación entre Rusia y Arabia Saudita por el recorte de cuotas de producción de petróleo explican la caída del volumen y del valor transado.

Según la Unctad (“Global Trade Update”, February 2021), el comercio de bienes se contrajo en 2020 en -6,0%. De acuerdo con el CPB World Trade Monitor hasta noviembre el volumen de transacciones internacionales registraba una variación de -5,4% y los precios unitarios de -2,5%, calculadas sobre los promedios móviles de orden 12 de los respectivos índices. Por último, los datos acumulados hasta noviembre para las 74 economías a las que la OMC hace seguimiento mensual arrojaban una variación de -7,2% en el valor de las exportaciones y -8,6% en las importaciones.

Pero los resultados de Colombia son más malos. Los cálculos con los datos de la OMC indican que fue el noveno país con peor desempeño en valor de las importaciones (-19,1%) y el segundo peor en exportaciones (-22,6%).

Eso amerita explicaciones adicionales a la pandemia. La Unctad calcula un “índice general de desempeño de las exportaciones”, que tiene en cuenta el crecimiento de las exportaciones, la participación de mercado, la composición de la canasta exportadora y el desempeño de las exportaciones de los competidores directos. La conclusión que saca es contundente: “Venezuela, Arabia Saudita, Colombia y Nigeria obtuvieron los peores resultados”.

Esa percepción de la Unctad de baja competitividad se corrobora al calcular la participación de Colombia en las exportaciones del agregado de 74 economías de la serie de la OMC. En 2014 Colombia participaba con el 0,33% del total y bajó en los años siguientes hasta 0,19% en 2020; por contraste, los tres socios de la Alianza del Pacífico han mantenido su participación en el periodo (Chile) o la incrementaron (Perú y México).

Esto no es más que nueva evidencia de los graves problemas que enfrenta el comercio exterior de Colombia y que demandan una solución urgente. No tiene sentido soñar con cadenas globales de valor, “nearshoring”, o aprovechamiento de los TLC mientras persistan el sesgo antiexportador y las rígidas barreras de siempre. Difícil la tiene la Misión de Internacionalización para proponerle al país un paquete de soluciones efectivas y aplicables.

Nuevas olas de covid-19

 

Publicado en Portafolio el 22 de enero de 2021

En una entrevista en mayo de 2020 el historiador Nial Ferguson afirmó: “las pandemias toman un tiempo, por lo general de dos años. Suele haber más de una ola. A veces hasta tres, como en 1918-19, y mucho depende de si hay una vacuna en ese período”.

Esta observación pasó desapercibida porque Europa había superado la primera ola de covid-19, se creyó tener el control de la pandemia y creció la percepción de que “esta vez es diferente”. Se consideró improbable la repetición de la historia de las pandemias anteriores, especialmente por los grandes avances de la ciencia y la tecnología. Predominó la arrogancia del ser humano.

Faltó humildad para reconocer que muchos aspectos del virus siguen siendo un enigma para la ciencia, a pesar de las sofisticadas herramientas que no estaban disponibles en las grandes pandemias previas. La amplia gama de secuelas del covid-19 en muchos sobrevivientes, por ejemplo, sorprenden a los médicos, pero no son temas debatidos en los medios o en los informes técnicos; seguramente hay científicos tratando de entender este problema, pero sus voces no tienen mucho eco.

Entre tanto, los “expertos” recomiendan prácticas contradictorias que alimentan la confusión, restan credibilidad a las políticas sanitarias e incentivan la indisciplina social; lo ilustran el uso de tapabocas, el transporte masivo como fuente de contagio, el plazo en el que estarían disponibles las vacunas, y el uso de guantes y de tapetes con desinfectantes.

Comenzando el 2021 las palabras de Ferguson cobran vigencia en un mundo que ve crecer como la espuma los contagios y las muertes por el covid-19 y aumenta la incertidumbre en el año en que anhelábamos ver la reactivación de las economías junto con la vacunación masiva.

Ante la demanda de explicaciones por las nuevas olas de contagios abundan las respuestas: el verano en las economías desarrolladas con fuertes flujos de turistas entre países, la reapertura de las instituciones educativas, la mutación del virus, el cansancio de la población ante las medidas de restricción, la falsa percepción de los jóvenes sobre su inmunidad frente al virus, la conducta humana, etcétera.

Lo que no se menciona es que las autoridades de muchos países se volvieron complacientes como consecuencia de los erráticos mensajes provenientes de las autoridades multilaterales de salud, de los intereses políticos para no perder votos en las campañas electorales, del relajamiento en la implementación de las políticas de rastreo y de señales poco claras sobre la aplicación de otros controles, como lo ilustra el debate sobre la exigencia de pruebas PCR a los viajeros que llegan de otros países.

La complacencia se refleja en permisividad con la informalidad, los domiciliarios, las celebraciones futbolísticas, las festividades navideñas y la indisciplina social, en parte auspiciada por la falta de controles. Para la plaza pública los alcaldes anuncian programas de rigurosa aplicación de los protocolos de bioseguridad en las actividades informales; pero la realidad son aglomeraciones sin distanciamiento social y sin las medidas mínimas de protección.

Hay que pensar como Ferguson, que la pandemia durará como mínimo dos años, que la sociedad tendrá que adaptarse a nuevas formas de organización y que los gobiernos enfrentan un problema económico y social de grandes proporciones, más agudo entre más restricciones se tengan que imponer.

Salario mínimo y crisis

 

Publicado en Portafolio, el viernes 18 de diciembre de 2020

En la negociación del salario mínimo (SM), el país debe tener en cuenta aspectos que siempre se han pasado por alto, como la carencia de representación de gran parte de los trabajadores, y otros que son producto de la crisis ocasionada por la pandemia, como el deterioro social.

La tasa de desempleo es alta. Alcanzamos niveles similares a los de comienzos del siglo (20%); en esa época tomó 10 años volver a tasas de un dígito, a pesar del auge económico por la bonanza de precios de los productos básicos. La OCDE proyecta para 2022 una tasa de desempleo del 13%, que revela un lento ajuste hacia tasas menores del 10%.

También es alta la tasa de informalidad. Medida por afiliación al sistema pensional, fue del 62,5% en el trimestre agosto-octubre; 12,7 millones de trabajadores son informales, mientras que 7,6 son formales. Ese grupo sumado a los desempleados totalizan 16,5 millones de personas y son el 68,4% de la población económicamente activa; ellos no están representados en las negociaciones del SM, pero sí son afectados por sus decisiones.

Según la OCDE “el elevado salario mínimo contribuye a la informalidad”; Ese organismo incluye cinco economías de la región (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México) y Rusia en el cálculo del SM real en dólares a precios de paridad; entre ellos Colombia tiene el segundo más alto. Por contraste, las estimaciones de la OIT indican que, en ese grupo, Colombia tiene la más baja productividad real en dólares a precios de paridad.

Adicionalmente, el SM equivale al 90% del salario mediano –una de las relaciones más altas del mundo–, lo que muestra su baja aplicación en el país. En el estudio “Colombia: Economic Assessment 2013”, la OCDE encontró que solo en Bogotá el salario mediano es superior al SM; en las demás regiones, especialmente en las más pobres y menos productivas, es igual o inferior.

La población que se ve forzada al rebusque en la informalidad hace trabajos de baja productividad, sin protección social y con menores remuneraciones. Según el Dane, en el periodo enero-octubre el 48,6% de los trabajadores ganó menos del 0,9 del SM, mientras que solo el 22,5% obtuvo entre 0,8 y 1,1 SM; además, un estudio de la Universidad de los Andes afirma que, por la pandemia, “la proporción de hogares que reportaron cero ingresos laborales pasó de 1% a 10%” (“La afectación efectiva del empleo en la pandemia”).

Las consecuencias son mayor pobreza y menor bienestar. La encuesta “Pulso Social” del Dane evidencia que un creciente número de hogares redujo el consumo de alimentos. Antes de la cuarentena 6,7 millones de hogares en 23 ciudades consumían tres comidas al día; en octubre lo hicieron 5,4 millones. En cambio, los hogares que consumían dos comidas o menos aumentaron de un millón a 2,3 millones.

En síntesis, urge reducir rápidamente el desempleo y generar ingresos y protección social para el 68,4% de los trabajadores que no tienen representación en la negociación del SM. Por eso tiene mucho sentido el plan de emergencia planteado por exministros, empresarios y académicos, en el que se propone permitir temporalmente la creación de nuevos puestos de trabajo con remuneración del 80% del SM, con aportes a salud y ARL.

Covid-19: Del dicho al hecho

 

Publicado en Portafolio, el viernes 20 de noviembre de 2020

Hay buenas políticas que fracasan por las actitudes de algunos ejecutores. Se esperaría que todas las políticas contra el Covid-19 y muy especialmente las sanitarias tuvieran pronta y plena aplicación para frenar los contagios. Lamentablemente hay casos de parsimonia y desinterés de ciertos agentes en el cumplimiento de sus funciones. Aun cuando vemos frecuentes denuncias en los medios, bueno es insistir y lo haré con un episodio que conocí de cerca.

Una persona comienza con síntomas de gripa. De acuerdo con una circular del Ministerio de Salud, debería quedarse en casa; pero hay patronos que exigen a todos los trabajadores hacer presencia en la empresa, aun con esos síntomas.

Como precaución, llama a la EPS, describe los síntomas y solicita la prueba de Covid-19. Le responden que en efecto la sintomatología corresponde a un probable contagio, pero que no pueden dar una respuesta inmediata porque la persona vive en un municipio cercano a Bogotá y les tomará tiempo buscar un laboratorio aliado.

Ante la persistencia de los síntomas, la persona paga de su bolsillo la prueba en un laboratorio privado y corrobora el diagnóstico de Covid-19. Entonces, se aísla en su vivienda.

Llama a la EPS para informar el resultado de la prueba y solicitar la incapacidad. Ante esto, la entidad dice que primero hará la prueba (ahora sí “encontraron” un laboratorio aliado). Al día siguiente van a la vivienda y toman la muestra solo a él y no a la esposa porque no tiene síntomas (desechan la posibilidad de que ella sea asintomática y haya contagiado al esposo). Además, le informan que el resultado tarda ¡alrededor de 10 días! Suertudo, pues en los medios exponen mayores demoras.

Aun cuando el gobierno diseñó una estrategia para romper la cadena de contagios (PRASS), que está contenida en un documento CONPES, y en ella se incluye el rastreo, a la persona en ningún momento le preguntaron sobre sus contactos recientes, ni le recomendaron aislamiento. ¿Cuántos contagios podría ocasionar sin aislamiento y sin el diagnóstico de la EPS?

Veamos lo que está ocurriendo en Europa con la segunda ola, como lo destaca The Economist: “Solo el 23% de los examinados en Inglaterra durante la semana hasta el 22 de octubre recibieron resultados en 24 horas, frente al 93% a fines de junio. Y solo el 45% de los que dieron positivo recibieron una llamada de un rastreador de contactos el mismo día de su diagnóstico, en comparación con alrededor del 80% durante el verano”.

Con el tortuguismo de algunos empleados de las EPS, la inaudita demora en dar los resultados y el menosprecio por el rastreo estratégico no es de extrañarnos si los contagios de Covid-19 crecen nuevamente.

Cuando solo prima la preocupación por las aglomeraciones y la indisciplina social y no por los diagnósticos rápidos, el rastreo eficiente y la responsabilidad de la burocracia de las EPS, se está buscando la fiebre en las sábanas. La sociedad admira y aplaude la abnegada labor de médicos y enfermeras que dan la batalla contra el virus, pero también debe criticar y sancionar a quienes son ineficientes en su labor para romper la cadena de contagios. En fin, hay que velar porque las buenas políticas implementadas tengan cabal cumplimiento.