Publicado en Ámbito Jurídico, Año XV – No. 354; 17 al 30 de septiembre de 2012
En los debates a los tratados de libre comercio hay poca claridad sobre sus vínculos con la salud pública, en las áreas profesionales y académicas relacionadas con ella. Así lo he podido constatar en un foro reciente y en algunas publicaciones y programas radiales de centros académicos, en los que incluso destacados líderes de organizaciones que propenden por la mejora en las políticas gubernamentales de salud, incurren en notables imprecisiones.
En los debates se mezclan los problemas de acceso a medicamentos en el POS, los recobros, los abusos en los precios de algunos medicamentos, los altos precios de los medicamentos con patente, los monopolios en productos innovadores, las tutelas para acceder a tratamientos costosos y el presunto alargamiento del periodo de protección con patentes. Es natural que semejante mescolanza de salud pública con TLC, genere malestar en los auditorios y posiciones en contra de los tratados comerciales.
Es necesario establecer los linderos entre la política de salud pública y los tratados y establecer cuáles son los vínculos entre los dos y cuáles los potenciales efectos de los TLC.
Según el Ministerio de Salud, “Salud Pública, es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida”.
Los tratados de libre comercio son un componente de la política comercial, que definen las reglas de juego estables para el intercambio de bienes y servicios entre los países que negocian. Dos de esas reglas establecen el vínculo entre los dos temas: el acceso a mercados y la propiedad intelectual, especialmente en lo que se refiere a las patentes.
En acceso se eliminan los aranceles y las barreras no arancelarias a la importación de medicamentos y otros bienes relacionados. De igual forma, los medicamentos genéricos y otros productos que exporta Colombia, logran acceso sin obstáculos en los mercados de destino, lo que permite aumentar la producción y generar economías de escala. En ambos casos se espera una reducción de precios al consumidor.
La discusión sobre patentes debería comenzar con la “Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública”. En el artículo 16.13 del TLC con Estados Unidos se enuncia: “al tiempo que las Partes reiteran su compromiso con el presente Capítulo, afirman que éste puede y debe ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de cada una de las Partes de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos”.
Esto significa que ante situaciones excepcionales de salud pública prima ésta sobre los derechos de propiedad intelectual y en ningún momento se vulnera la soberanía del país con relación a las políticas de salud, como aseveran algunos críticos.
Con relación a las patentes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) las define como “un derecho exclusivo concedido a una invención… La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente”.
La principal consecuencia del “derecho exclusivo”, cuando el innovador comercializa su invención, es el establecimiento de condiciones similares a las del monopolio, pues la regla impide la existencia de competidores durante el tiempo de vigencia de la patente.
Es obvio que los monopolios generen rechazo, en particular cuando se trata de productos relacionados con la vida de las personas. Sin embargo, el impacto de las patentes no se debe medir exclusivamente con el costo económico, que es una consecuencia “normal” del “derecho exclusivo”.
Lo correcto son los análisis de costo-beneficio. En términos escuetos se trata de escoger entre dos alternativas: una, tener altos precios durante la vida útil de la patente, que en el caso de medicamentos es en promedio de diez años, y de ahí en adelante contar con más competidores, precios más bajos y menores tasas de morbilidad y mortalidad; dos, no asumir ese costo, pero en cambio mantener altos los niveles de morbilidad y mortalidad de la población, con los costos sociales y económicos que ello implica (recursos de salud pública asignados para tratamientos y caída de la productividad del país).
En ese análisis habría que incorporar los efectos positivos de las patentes sobre la investigación y la innovación. Un artículo reciente de The Economist menciona un estudio que “encontró que los beneficios públicos de la investigación y desarrollo duplican los beneficios privados”.
En síntesis se requieren mayores esfuerzos en la comprensión de la relación entre los tratados y la salud pública y quitarle ropajes ideológicos que no conducen a nada positivo. No quiere esto decir que el tema esté exento de debates; sólo que hay que darlos en los términos que realmente corresponden.
Sobre la desindustrialización
Pubicado en Portafolio el jueves 20 de septiembre de 2012
El Informe Semanal de Anif indica que Colombia se sigue desindustrializando. Afirma que la “relación Valor Agregado Industrial/PIB ha venido descendiendo de niveles del 24% hace tres décadas a uno del 15% hace una década y actualmente se perfila hacia tan sólo un 9%-12% en dicha relación en el período 2012-2020”. Además, señala que la participación de la industria en el empleo también ha caído desde 25% al 13%.
En parte la desindustrialización es atribuida a la bonanza minero-energética que Colombia ha vivido “durante el periodo 2003-2012”, lo que “explica que la participación del sector minero-energético dentro del PIB se haya incrementado del 3% a cerca del 8% durante la última década, teniendo como contrapartida el descenso en la participación agroindustrial antes señalada”.
Al respecto, cabe hacer varios comentarios. El primero se relaciona con la medición del PIB. Tal como Anif presenta la información, se colige que la industria ha perdido entre 12 y 15 puntos porcentuales de participación. Pero es ampliamente conocido que los cambios de base en la contabilidad nacional y las mejoras en las fuentes de información ocasionan variaciones en las participaciones de los sectores.
Este es un debate que ya se ha dado en el país con la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana. Astrid Martínez y José Antonio Ocampo en el libro “Hacia una política industrial de nueva generación en Colombia”, elaborado para la Coalición, realizaron un ejercicio de unificación de las series. Sus resultados indican que la participación máxima de la industria fue de 18.54% en 1974 y la menor de 12.52% en 1999; de esta forma, la pérdida de participación sería de seis puntos porcentuales, es decir, la mitad o menos de lo que sugiere Anif.
Este es un aporte importante para los debates sobre desindustrialización en Colombia, pues por primera vez se trata de descontar el efecto de los cambios metodológicos. Lo que queda pendiente es saber, de esos seis puntos, cuánto corresponde a las tendencias normales del desarrollo y cuánto es atribuible a fenómenos como los sugeridos por Anif.
El segundo comentario se relaciona con la minería. La serie desestacionalizada del PIB a precios constantes de 2005, muestra que este sector aportó el 7.9% del PIB en el año 2000; 6.7% en 2003 y 7.7% en 2011. Por lo tanto, no es cierta la afirmación de Anif sobre un incremento de cinco puntos.
El tercer comentario es sobre la diferencia en la evolución de la minería y de la industria. Anif sugiere que al tiempo que la minería incrementó su participación en el PIB –cosa que no es tan clara, como acabamos de mencionar–, la industria la perdió. Es un hecho indiscutible que hasta finales de los noventa este último sector disminuyó su peso relativo en el PIB; pero es discutible lo que ha ocurrido en el presente siglo.
De acuerdo con las series del Dane, la industria aportó 13.6% del PIB en el 2000 y 12.6% en 2011. Por lo tanto perdió un punto. Pero los extremos no muestran la historia completa de lo ocurrido entre los dos años. La realidad es que su participación creció hasta 14.2% en 2007 (¿reindustrialización?); y a partir de ese año disminuyó hasta la cifra citada.
¿Por qué disminuyó? Pueden surgir múltiples hipótesis, pero la más plausible es la de la crisis del sector como consecuencia de la crisis mundial y del cierre del mercado de Venezuela; cabe recordar que en 2007 el 38% de las exportaciones industriales iba a ese destino. Este doble impacto ocasionó una caída del valor agregado industrial en cinco trimestres consecutivos, mientras que la minería y el PIB total siguieron registrando tasas positivas.
El examen de las dinámicas de la industria y de la minería durante el presente siglo, muestra que el primer sector tuvo un mejor desempeño que el segundo justamente hasta 2007. De ahí en adelante registra mejor dinámica el segundo. Por lo tanto, no es muy clara la relación de causalidad entre auge minero-energético y “desindustrialización”.
El último comentario es sobre el empleo. De nuevo, es factible que la industria haya perdido participación en la generación de puestos de trabajo hasta finales del siglo pasado. Pero en el presente no es tan claro. La Gran Encuesta Integrada de Hogares muestra que en julio-septiembre de 2001 aportó el 13.0% del total de ocupados y en mayo-julio de 2012 el 12.5% (pero en los otros trimestres móviles del presente año participa con el 13.2% en promedio).
Se concluye que en el presente siglo la industria colombiana ha tenido un comportamiento diferente al de las décadas anteriores y no es evidente que esté sufriendo un proceso de desindustrialización acelerada, ni que esté perdiendo participación en el empleo. Eso lo muestran claramente las cifras oficiales.
El Informe Semanal de Anif indica que Colombia se sigue desindustrializando. Afirma que la “relación Valor Agregado Industrial/PIB ha venido descendiendo de niveles del 24% hace tres décadas a uno del 15% hace una década y actualmente se perfila hacia tan sólo un 9%-12% en dicha relación en el período 2012-2020”. Además, señala que la participación de la industria en el empleo también ha caído desde 25% al 13%.
En parte la desindustrialización es atribuida a la bonanza minero-energética que Colombia ha vivido “durante el periodo 2003-2012”, lo que “explica que la participación del sector minero-energético dentro del PIB se haya incrementado del 3% a cerca del 8% durante la última década, teniendo como contrapartida el descenso en la participación agroindustrial antes señalada”.
Al respecto, cabe hacer varios comentarios. El primero se relaciona con la medición del PIB. Tal como Anif presenta la información, se colige que la industria ha perdido entre 12 y 15 puntos porcentuales de participación. Pero es ampliamente conocido que los cambios de base en la contabilidad nacional y las mejoras en las fuentes de información ocasionan variaciones en las participaciones de los sectores.
Este es un debate que ya se ha dado en el país con la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana. Astrid Martínez y José Antonio Ocampo en el libro “Hacia una política industrial de nueva generación en Colombia”, elaborado para la Coalición, realizaron un ejercicio de unificación de las series. Sus resultados indican que la participación máxima de la industria fue de 18.54% en 1974 y la menor de 12.52% en 1999; de esta forma, la pérdida de participación sería de seis puntos porcentuales, es decir, la mitad o menos de lo que sugiere Anif.
Este es un aporte importante para los debates sobre desindustrialización en Colombia, pues por primera vez se trata de descontar el efecto de los cambios metodológicos. Lo que queda pendiente es saber, de esos seis puntos, cuánto corresponde a las tendencias normales del desarrollo y cuánto es atribuible a fenómenos como los sugeridos por Anif.
El segundo comentario se relaciona con la minería. La serie desestacionalizada del PIB a precios constantes de 2005, muestra que este sector aportó el 7.9% del PIB en el año 2000; 6.7% en 2003 y 7.7% en 2011. Por lo tanto, no es cierta la afirmación de Anif sobre un incremento de cinco puntos.
El tercer comentario es sobre la diferencia en la evolución de la minería y de la industria. Anif sugiere que al tiempo que la minería incrementó su participación en el PIB –cosa que no es tan clara, como acabamos de mencionar–, la industria la perdió. Es un hecho indiscutible que hasta finales de los noventa este último sector disminuyó su peso relativo en el PIB; pero es discutible lo que ha ocurrido en el presente siglo.
De acuerdo con las series del Dane, la industria aportó 13.6% del PIB en el 2000 y 12.6% en 2011. Por lo tanto perdió un punto. Pero los extremos no muestran la historia completa de lo ocurrido entre los dos años. La realidad es que su participación creció hasta 14.2% en 2007 (¿reindustrialización?); y a partir de ese año disminuyó hasta la cifra citada.
¿Por qué disminuyó? Pueden surgir múltiples hipótesis, pero la más plausible es la de la crisis del sector como consecuencia de la crisis mundial y del cierre del mercado de Venezuela; cabe recordar que en 2007 el 38% de las exportaciones industriales iba a ese destino. Este doble impacto ocasionó una caída del valor agregado industrial en cinco trimestres consecutivos, mientras que la minería y el PIB total siguieron registrando tasas positivas.
El examen de las dinámicas de la industria y de la minería durante el presente siglo, muestra que el primer sector tuvo un mejor desempeño que el segundo justamente hasta 2007. De ahí en adelante registra mejor dinámica el segundo. Por lo tanto, no es muy clara la relación de causalidad entre auge minero-energético y “desindustrialización”.
El último comentario es sobre el empleo. De nuevo, es factible que la industria haya perdido participación en la generación de puestos de trabajo hasta finales del siglo pasado. Pero en el presente no es tan claro. La Gran Encuesta Integrada de Hogares muestra que en julio-septiembre de 2001 aportó el 13.0% del total de ocupados y en mayo-julio de 2012 el 12.5% (pero en los otros trimestres móviles del presente año participa con el 13.2% en promedio).
Se concluye que en el presente siglo la industria colombiana ha tenido un comportamiento diferente al de las décadas anteriores y no es evidente que esté sufriendo un proceso de desindustrialización acelerada, ni que esté perdiendo participación en el empleo. Eso lo muestran claramente las cifras oficiales.
Patentes: ¡Vuelve y juega!
Publicado en Portafolio el martes 28 de agosto de 2012
El pasado 23 de agosto el programa “La botica”, de la emisora de la Universidad Nacional, fue dedicado a responder a las críticas que hice en Portafolio (“Propiedad intelectual y medicamentos”; 18 de julio) a los resultados de una investigación de los químicos farmacéuticos Julián López y Edna Sánchez; también participó el químico farmacéutico Miguel Cortés.
En esencia, afirmaron que la propiedad intelectual afecta los precios de los medicamentos mediante las patentes y la protección de datos de prueba, porque generan monopolios; insistieron en que el TLC con Estados Unidos aceptó las patentes de segundos usos; y Cortés se “sorprendió negativamente” porque en mi artículo de Portafolio califico de amañada su lectura del tratado.
Es conveniente recordar que las patentes nacieron para incentivar la innovación otorgando al innovador un “derecho de exclusividad” temporal; este le permite disponer de su invento como lo considere y la racionalidad económica indica que si lo comercializa tratará de maximizar sus ganancias aprovechando que no tiene competencia.
Por lo tanto, a nadie debería escandalizar que un innovador se lucre de su invención y no se le pueden limitar los ingresos a la recuperación de sus costos de investigación (no obstante, tampoco puede abusar de la exclusividad). Ese es un costo social implícito en el mecanismo de las patentes. El dilema es si se asume ese costo o el de no contar con la innovación.
Según el nobel de economía Douglass North, mientras el mundo no contó con derechos de propiedad, la innovación (y la humanidad) avanzó muy lentamente, por la facilidad que tenían de copiar los inventos quienes no asumían los riesgos y costos de la investigación: “Si la índole de la industria impide que el innovador privado obtenga una parte más grande de la tasa social de retorno, por medio del secreto, el monopolio o las patentes, el aumento de productividad de esa industria se va a producir a un ritmo mucho más lento que en las demás industrias donde las ganancias se pueden absorber”.
Además, las patentes acarrean otros efectos. El primero es la obligación del innovador de hacer públicos los conocimientos que fundamentan su invento; el impacto inmediato es, por lo tanto, el enriquecimiento científico de la sociedad y la posibilidad de nuevos desarrollos de la ciencia.
El segundo es el aumento del bienestar de la sociedad, lo que es evidente en el caso de los medicamentos. Si una economía tiene que pagar el alto precio de un producto innovador que cura una enfermedad causante de altas tasas de mortalidad, durante 10 o 12 años (que es la vida útil promedio de una patente de productos farmacéuticos) ¿estará dispuesta a asumirlos, sabiendo que terminada la vigencia de la patente ese costo bajará por el aumento de la competencia? ¿O preferirá no otorgar el derecho de exclusividad y seguir asumiendo los costos sociales de la alta mortalidad (medicamentos ineficaces, médicos, hospitales, ausencias laborales y pérdidas de capital humano)?
Con relación a la protección de datos de prueba, ella está contemplada en el artículo 39.3 de los ADPIC. Como señala Carlos Correa: “De acuerdo con lo estipulado por el Artículo 1.2 del Acuerdo ADPIC, la protección de los datos de prueba es una categoría de “propiedad intelectual” igual que las patentes, derecho de autor y las marcas”. En tal sentido, tiene efectos similares a los de las patentes en precios y en bienestar.
Ahora, ¿es irrespetuoso decir que hay una amañada lectura del TLC? En su documento para Ifarma el señor Cortés, haciendo referencia a los criterios de patentabilidad, afirma sobre el nivel inventivo:
“El artículo 16.9.1 ratifica lo contenido en ADPIC al expresar que cada parte “podrá” considerar esta expresión como sinónimo de “no evidente”. Por tanto, en principio no implica ningún cambio a los estándares actuales. Sin embargo, la homologación de los términos hacia el estándar norteamericano hace prever la adopción del término “no evidente” en la legislación colombiana y con ella la adopción de una interpretación similar a la contenida en la legislación de los Estados Unidos, con niveles de exigencia más relajados”.
Es decir, admite que el TLC no cambió nada en esta materia, pero luego hace su particular interpretación y “estima” que eso le costará a Colombia US$241 millones en 2020. En el programa radial repitió el mismo argumento, pero sin reconocer que el TLC mantiene los estándares, y de ahí saltó a afirmar que este “relajamiento” permite patentes de segundos usos. Digan los lectores y radioyentes si esta es una lectura “cuidadosa” del tratado como la que él recomendó en La botica.
Por último, esta es una crítica respetuosa para algunos investigadores, no para la Universidad Nacional, mi alma mater, a la que tengo mucho que agradecer y por la que profeso gran respeto.
El pasado 23 de agosto el programa “La botica”, de la emisora de la Universidad Nacional, fue dedicado a responder a las críticas que hice en Portafolio (“Propiedad intelectual y medicamentos”; 18 de julio) a los resultados de una investigación de los químicos farmacéuticos Julián López y Edna Sánchez; también participó el químico farmacéutico Miguel Cortés.
En esencia, afirmaron que la propiedad intelectual afecta los precios de los medicamentos mediante las patentes y la protección de datos de prueba, porque generan monopolios; insistieron en que el TLC con Estados Unidos aceptó las patentes de segundos usos; y Cortés se “sorprendió negativamente” porque en mi artículo de Portafolio califico de amañada su lectura del tratado.
Es conveniente recordar que las patentes nacieron para incentivar la innovación otorgando al innovador un “derecho de exclusividad” temporal; este le permite disponer de su invento como lo considere y la racionalidad económica indica que si lo comercializa tratará de maximizar sus ganancias aprovechando que no tiene competencia.
Por lo tanto, a nadie debería escandalizar que un innovador se lucre de su invención y no se le pueden limitar los ingresos a la recuperación de sus costos de investigación (no obstante, tampoco puede abusar de la exclusividad). Ese es un costo social implícito en el mecanismo de las patentes. El dilema es si se asume ese costo o el de no contar con la innovación.
Según el nobel de economía Douglass North, mientras el mundo no contó con derechos de propiedad, la innovación (y la humanidad) avanzó muy lentamente, por la facilidad que tenían de copiar los inventos quienes no asumían los riesgos y costos de la investigación: “Si la índole de la industria impide que el innovador privado obtenga una parte más grande de la tasa social de retorno, por medio del secreto, el monopolio o las patentes, el aumento de productividad de esa industria se va a producir a un ritmo mucho más lento que en las demás industrias donde las ganancias se pueden absorber”.
Además, las patentes acarrean otros efectos. El primero es la obligación del innovador de hacer públicos los conocimientos que fundamentan su invento; el impacto inmediato es, por lo tanto, el enriquecimiento científico de la sociedad y la posibilidad de nuevos desarrollos de la ciencia.
El segundo es el aumento del bienestar de la sociedad, lo que es evidente en el caso de los medicamentos. Si una economía tiene que pagar el alto precio de un producto innovador que cura una enfermedad causante de altas tasas de mortalidad, durante 10 o 12 años (que es la vida útil promedio de una patente de productos farmacéuticos) ¿estará dispuesta a asumirlos, sabiendo que terminada la vigencia de la patente ese costo bajará por el aumento de la competencia? ¿O preferirá no otorgar el derecho de exclusividad y seguir asumiendo los costos sociales de la alta mortalidad (medicamentos ineficaces, médicos, hospitales, ausencias laborales y pérdidas de capital humano)?
Con relación a la protección de datos de prueba, ella está contemplada en el artículo 39.3 de los ADPIC. Como señala Carlos Correa: “De acuerdo con lo estipulado por el Artículo 1.2 del Acuerdo ADPIC, la protección de los datos de prueba es una categoría de “propiedad intelectual” igual que las patentes, derecho de autor y las marcas”. En tal sentido, tiene efectos similares a los de las patentes en precios y en bienestar.
Ahora, ¿es irrespetuoso decir que hay una amañada lectura del TLC? En su documento para Ifarma el señor Cortés, haciendo referencia a los criterios de patentabilidad, afirma sobre el nivel inventivo:
“El artículo 16.9.1 ratifica lo contenido en ADPIC al expresar que cada parte “podrá” considerar esta expresión como sinónimo de “no evidente”. Por tanto, en principio no implica ningún cambio a los estándares actuales. Sin embargo, la homologación de los términos hacia el estándar norteamericano hace prever la adopción del término “no evidente” en la legislación colombiana y con ella la adopción de una interpretación similar a la contenida en la legislación de los Estados Unidos, con niveles de exigencia más relajados”.
Es decir, admite que el TLC no cambió nada en esta materia, pero luego hace su particular interpretación y “estima” que eso le costará a Colombia US$241 millones en 2020. En el programa radial repitió el mismo argumento, pero sin reconocer que el TLC mantiene los estándares, y de ahí saltó a afirmar que este “relajamiento” permite patentes de segundos usos. Digan los lectores y radioyentes si esta es una lectura “cuidadosa” del tratado como la que él recomendó en La botica.
Por último, esta es una crítica respetuosa para algunos investigadores, no para la Universidad Nacional, mi alma mater, a la que tengo mucho que agradecer y por la que profeso gran respeto.
Vivir con US$2 diarios y ahorrar
miércoles, 22 de agosto de 2012
Publicado en la edición No. 54 de la Revista Misión Pyme, agosto de 2012
La definición internacional de pobreza adoptada por el Banco Mundial corresponde a personas que viven con menos de US$2 diarios y la de pobreza extrema a las que viven con menos de US$1.25 diarios.
A primera vista parece absurdo que eso pueda ser posible. Pero las estimaciones más recientes del Banco Mundial indican que en 2008 había 2.470 millones de pobres en el mundo y 7.2 millones en Colombia (en 2010); de ellas, estaban en pobreza extrema 1.290 millones y 3.7 millones, respectivamente.
Con ese criterio, una familia colombiana de cuatro personas con un solo ingreso, se clasifica como pobre si recibe menos de $432.000 por mes y pobre extrema si percibe menos de $216.000 mensuales. Se trata de ingresos inferiores al salario mínimo ($566.700).
Cuesta trabajo creer que una persona pueda siquiera alimentarse con semejantes ingresos, de forma que resulta descabellada la pregunta de si, además, puede ahorrar… Pero la respuesta es: ¡sí!
Así lo evidencia una investigación de Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford y Orlanda Ruthven realizada en Bangladesh, India y Suráfrica y publicada en el libro “Las finanzas de los pobres. Cómo viven los pobres del mundo con dos dólares al día”.
Observaron los autores que los ingresos pueden ser en promedio de dos dólares diarios por persona, pero en la realidad son muy inestables; así como hay días en que perciben una cifra superior, hay otros en que no perciben nada. Esto hace obligatorio el ahorro, para poder cubrir las necesidades básicas de la familia cada día y reducir el riesgo de pasar hambre. Y en ese contexto, tanto la retención de parte de los ingresos diarios, como el endeudamiento, se consideran ahorro.
Así lo señalan Collins y sus colegas: “tanto al pedir como al hacer préstamos, las familias han descubierto formas de lidiar con las fuerzas económicas, psicológicas y sociales que hacen que sea tan complicado reunir sumas considerables de dinero…. Si eres pobre, pedir prestado puede ser la forma más rápida de ahorrar”.
La investigación comprobó que aun en esos niveles de pobreza se utilizan múltiples instrumentos con el fin de allegar los recursos necesarios para costear un tratamiento médico, un funeral, la boda de una hija, o la entrada de los hijos al colegio. Cualquiera de esos gastos representa sumas enormes para la escala de ingresos.
Los autores documentan un caso en Suráfrica de una persona que recibía una pensión de US$115, con la cual se mantenían cinco personas; cuando murió tenía una deuda de US$108 con un tendero, contraída para pagar los gastos médicos. En esas circunstancias la familia tuvo que afrontar los costos del funeral que ascendieron a US$2.400; un poco más del 50% fue cubierto con seguros funerarios y sociedades de ahorros que tenía la difunta en su “cartera financiera”.
Las carteras financieras de los pobres son más complejas de lo que se cree: ahorro en efectivo en casa, dinero “depositado” con vecinos, “natilleras” o cadenas, pago a particulares por recaudar ahorro diario, depósitos en microfinancieras, préstamos sin intereses por vecinos o familiares, microcréditos, deuda con tenderos, créditos con agiotistas, seguros funerarios, compra de joyas, y préstamo de alimentos con vecinos, entre otros.
Estos conocimientos ayudarán a entender mejor cómo sobreviven tantos seres humanos con tan exiguos recursos y cómo afinar los instrumentos que se diseñen para combatir la pobreza.
La definición internacional de pobreza adoptada por el Banco Mundial corresponde a personas que viven con menos de US$2 diarios y la de pobreza extrema a las que viven con menos de US$1.25 diarios.
A primera vista parece absurdo que eso pueda ser posible. Pero las estimaciones más recientes del Banco Mundial indican que en 2008 había 2.470 millones de pobres en el mundo y 7.2 millones en Colombia (en 2010); de ellas, estaban en pobreza extrema 1.290 millones y 3.7 millones, respectivamente.
Con ese criterio, una familia colombiana de cuatro personas con un solo ingreso, se clasifica como pobre si recibe menos de $432.000 por mes y pobre extrema si percibe menos de $216.000 mensuales. Se trata de ingresos inferiores al salario mínimo ($566.700).
Cuesta trabajo creer que una persona pueda siquiera alimentarse con semejantes ingresos, de forma que resulta descabellada la pregunta de si, además, puede ahorrar… Pero la respuesta es: ¡sí!
Así lo evidencia una investigación de Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford y Orlanda Ruthven realizada en Bangladesh, India y Suráfrica y publicada en el libro “Las finanzas de los pobres. Cómo viven los pobres del mundo con dos dólares al día”.
Observaron los autores que los ingresos pueden ser en promedio de dos dólares diarios por persona, pero en la realidad son muy inestables; así como hay días en que perciben una cifra superior, hay otros en que no perciben nada. Esto hace obligatorio el ahorro, para poder cubrir las necesidades básicas de la familia cada día y reducir el riesgo de pasar hambre. Y en ese contexto, tanto la retención de parte de los ingresos diarios, como el endeudamiento, se consideran ahorro.
Así lo señalan Collins y sus colegas: “tanto al pedir como al hacer préstamos, las familias han descubierto formas de lidiar con las fuerzas económicas, psicológicas y sociales que hacen que sea tan complicado reunir sumas considerables de dinero…. Si eres pobre, pedir prestado puede ser la forma más rápida de ahorrar”.
La investigación comprobó que aun en esos niveles de pobreza se utilizan múltiples instrumentos con el fin de allegar los recursos necesarios para costear un tratamiento médico, un funeral, la boda de una hija, o la entrada de los hijos al colegio. Cualquiera de esos gastos representa sumas enormes para la escala de ingresos.
Los autores documentan un caso en Suráfrica de una persona que recibía una pensión de US$115, con la cual se mantenían cinco personas; cuando murió tenía una deuda de US$108 con un tendero, contraída para pagar los gastos médicos. En esas circunstancias la familia tuvo que afrontar los costos del funeral que ascendieron a US$2.400; un poco más del 50% fue cubierto con seguros funerarios y sociedades de ahorros que tenía la difunta en su “cartera financiera”.
Las carteras financieras de los pobres son más complejas de lo que se cree: ahorro en efectivo en casa, dinero “depositado” con vecinos, “natilleras” o cadenas, pago a particulares por recaudar ahorro diario, depósitos en microfinancieras, préstamos sin intereses por vecinos o familiares, microcréditos, deuda con tenderos, créditos con agiotistas, seguros funerarios, compra de joyas, y préstamo de alimentos con vecinos, entre otros.
Estos conocimientos ayudarán a entender mejor cómo sobreviven tantos seres humanos con tan exiguos recursos y cómo afinar los instrumentos que se diseñen para combatir la pobreza.
Exportaciones en bajada
viernes, 17 de agosto de 2012
Publicado en Portafolio el miércoles 15 de agosto de 2012
Las exportaciones colombianas en junio disminuyeron 1.9% con relación a junio de 2011. Aun cuando el acumulado del primer semestre mantiene una dinámica positiva (11.7% anual), es evidente la rápida desaceleración desde el cierre del año anterior (43% anual).
Un mes con variaciones negativas no se observaba desde octubre de 2009. En ese episodio las exportaciones cayeron durante doce meses consecutivos (entre noviembre de 2008 y octubre de 2009) por el impacto de la crisis mundial.
La agudización de la crisis con la quiebra de Lehman Brothers indujo una caída abrupta de las importaciones de las economías desarrolladas, con la consecuente contracción de los precios internacionales de los productos básicos. Así operó el canal comercial de transmisión de la crisis mundial desde las economías desarrolladas hacia las economías en desarrollo.
¿Qué explica la caída de las exportaciones colombianas en junio? ¿Es un caso aislado o, igual que en el episodio anterior, obedece a un problema internacional? ¿Estamos frente a una nueva activación del canal comercial que transmitirá los efectos de otra crisis al mundo en desarrollo?
Es claro que la demora en la solución el problema de la deuda soberana en la zona euro está acentuando los problemas de las economías europeas y aumentando los temores sobre la debacle que podría ocasionar el potencial derrumbe de la unión monetaria. A ello se suman los problemas políticos del gobierno de Estados Unidos que impiden tomar las decisiones para fortalecer la demanda interna.
Lo cierto es que ya varias economías europeas están entrando en la zona de recesión. El PIB de Inglaterra, Bélgica, Grecia, Italia, Holanda, España, la República Checa y Hungría cayó en el primero y/o segundo trimestre de 2012. Y países como Francia y Dinamarca prácticamente no están creciendo.
El índice JP Morgan Global Manufacturing en junio y julio se ubicó por debajo de la línea de referencia de 50 puntos, lo que refleja las expectativas de los empresarios de contracción de la producción industrial. Niveles tan bajos no se registraban desde junio de 2009, cuando el sector estaba saliendo de la crisis mundial.
Además, las economías emergentes que venían actuando como motores de la economía mundial se han desacelerado. En el caso de China, el FMI proyecta un crecimiento de 8.0%, 1.2 puntos porcentuales menos que en 2011 (9.2%) y 2.4 puntos menos que en 2010 (10.4%). En el de India se espera un crecimiento de 6.1%, que contrasta con los dos años anteriores (7.1% y 10.8%). Y Brasil, que pasó de crecer 7.5% en 2010 a 2.7% en 2011, apenas crecerá 2.5% en el presente año.
Con el debilitamiento de la demanda, el comercio mundial perdió dinamismo. En las 70 economías a las que les hace seguimiento la OMC y que representan el 90% de las importaciones globales, se observaron caídas en abril y mayo del 0.8% y 1.7% anual y seguramente en junio también disminuyeron.
La Unión Europea, que responde por un tercio de las importaciones globales de bienes, ha registrado variaciones negativas en marzo, abril y mayo (-4.3%, -7.0% y -9.0%), y economías como Italia, Portugal y Grecia llevan ocho meses o más con reducciones.
Como consecuencia, América Latina está siendo afectada; en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Paraguay las exportaciones caen en los últimos dos o tres meses.
En ese contexto, los precios internacionales de los productos básicos están bajando, con la excepción de productos como el maíz, soya y el trigo, fuertemente afectados por la sequía en Estados Unidos. El Índice de Precios de Alimentos de la FAO registró en junio una reducción anual del 13.7%, con altas caídas en lácteos (-25.1% anual), azúcar (-19.0%) y aceites (-14.8%).
Volviendo al caso colombiano, la caída de US$87 millones está concentrada en petróleo y derivados (-US$172 millones), café (-US$56 millones) y flores (-US$52 millones). En los dos primeros predomina un efecto precio, pues los volúmenes tuvieron pequeños incrementos con relación a junio de 2011. En el tercero caen tanto los precios como el volumen.
Es válido entonces concluir que la contracción de las exportaciones en junio está asociada con el entorno internacional. Pero a diferencia de la situación registrada en la crisis de 2008-2009, ellas comenzaron a caer en el mismo mes que las exportaciones globales; en la situación actual han comenzado a hacerlo cuando las del mundo llevan tres meses en contracción. En el primer caso pasaron de un mes con variación de 20.3% a uno con -27.2%; en el segundo el aterrizaje fue gradual, pasando de 1.2% a -1.9%.
Es una realidad que las exportaciones pueden seguir cayendo, mientras no se solucione el problema de las economías desarrolladas. Sólo resta esperar que adopten pronto las medidas que se requieren y que, contra viento y marea, contengan el riesgo de otra crisis mundial.
Las exportaciones colombianas en junio disminuyeron 1.9% con relación a junio de 2011. Aun cuando el acumulado del primer semestre mantiene una dinámica positiva (11.7% anual), es evidente la rápida desaceleración desde el cierre del año anterior (43% anual).
Un mes con variaciones negativas no se observaba desde octubre de 2009. En ese episodio las exportaciones cayeron durante doce meses consecutivos (entre noviembre de 2008 y octubre de 2009) por el impacto de la crisis mundial.
La agudización de la crisis con la quiebra de Lehman Brothers indujo una caída abrupta de las importaciones de las economías desarrolladas, con la consecuente contracción de los precios internacionales de los productos básicos. Así operó el canal comercial de transmisión de la crisis mundial desde las economías desarrolladas hacia las economías en desarrollo.
¿Qué explica la caída de las exportaciones colombianas en junio? ¿Es un caso aislado o, igual que en el episodio anterior, obedece a un problema internacional? ¿Estamos frente a una nueva activación del canal comercial que transmitirá los efectos de otra crisis al mundo en desarrollo?
Es claro que la demora en la solución el problema de la deuda soberana en la zona euro está acentuando los problemas de las economías europeas y aumentando los temores sobre la debacle que podría ocasionar el potencial derrumbe de la unión monetaria. A ello se suman los problemas políticos del gobierno de Estados Unidos que impiden tomar las decisiones para fortalecer la demanda interna.
Lo cierto es que ya varias economías europeas están entrando en la zona de recesión. El PIB de Inglaterra, Bélgica, Grecia, Italia, Holanda, España, la República Checa y Hungría cayó en el primero y/o segundo trimestre de 2012. Y países como Francia y Dinamarca prácticamente no están creciendo.
El índice JP Morgan Global Manufacturing en junio y julio se ubicó por debajo de la línea de referencia de 50 puntos, lo que refleja las expectativas de los empresarios de contracción de la producción industrial. Niveles tan bajos no se registraban desde junio de 2009, cuando el sector estaba saliendo de la crisis mundial.
Además, las economías emergentes que venían actuando como motores de la economía mundial se han desacelerado. En el caso de China, el FMI proyecta un crecimiento de 8.0%, 1.2 puntos porcentuales menos que en 2011 (9.2%) y 2.4 puntos menos que en 2010 (10.4%). En el de India se espera un crecimiento de 6.1%, que contrasta con los dos años anteriores (7.1% y 10.8%). Y Brasil, que pasó de crecer 7.5% en 2010 a 2.7% en 2011, apenas crecerá 2.5% en el presente año.
Con el debilitamiento de la demanda, el comercio mundial perdió dinamismo. En las 70 economías a las que les hace seguimiento la OMC y que representan el 90% de las importaciones globales, se observaron caídas en abril y mayo del 0.8% y 1.7% anual y seguramente en junio también disminuyeron.
La Unión Europea, que responde por un tercio de las importaciones globales de bienes, ha registrado variaciones negativas en marzo, abril y mayo (-4.3%, -7.0% y -9.0%), y economías como Italia, Portugal y Grecia llevan ocho meses o más con reducciones.
Como consecuencia, América Latina está siendo afectada; en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Paraguay las exportaciones caen en los últimos dos o tres meses.
En ese contexto, los precios internacionales de los productos básicos están bajando, con la excepción de productos como el maíz, soya y el trigo, fuertemente afectados por la sequía en Estados Unidos. El Índice de Precios de Alimentos de la FAO registró en junio una reducción anual del 13.7%, con altas caídas en lácteos (-25.1% anual), azúcar (-19.0%) y aceites (-14.8%).
Volviendo al caso colombiano, la caída de US$87 millones está concentrada en petróleo y derivados (-US$172 millones), café (-US$56 millones) y flores (-US$52 millones). En los dos primeros predomina un efecto precio, pues los volúmenes tuvieron pequeños incrementos con relación a junio de 2011. En el tercero caen tanto los precios como el volumen.
Es válido entonces concluir que la contracción de las exportaciones en junio está asociada con el entorno internacional. Pero a diferencia de la situación registrada en la crisis de 2008-2009, ellas comenzaron a caer en el mismo mes que las exportaciones globales; en la situación actual han comenzado a hacerlo cuando las del mundo llevan tres meses en contracción. En el primer caso pasaron de un mes con variación de 20.3% a uno con -27.2%; en el segundo el aterrizaje fue gradual, pasando de 1.2% a -1.9%.
Es una realidad que las exportaciones pueden seguir cayendo, mientras no se solucione el problema de las economías desarrolladas. Sólo resta esperar que adopten pronto las medidas que se requieren y que, contra viento y marea, contengan el riesgo de otra crisis mundial.
La nueva economía
Publicado en Portafolio el 3 de agosto de 2012
La economía colombiana ha tenido profundas transformaciones en el presente siglo. Aun cuando persisten diversos y complejos problemas cuya solución es requisito indispensable para seguir avanzando en la senda del desarrollo, es importante valorar los cambios.
Al comenzar el siglo Colombia estaba ad portas de ser un “Estado fallido”. Como lo señaló el Presidente Santos, en un discurso en la ONU, “buena parte de nuestro territorio era ingobernable y vivíamos una guerra interna, con grupos terroristas que atemorizaban a los ciudadanos y los desplazaban de sus hogares. De un total de 1.100 alcaldes, cerca de 400 no podían despachar desde sus municipios por razones de seguridad”.
Adicionalmente, la crisis de finales del siglo pasado llevó el desempleo al 20.5% en el 2000, tasa sin precedentes en el país. Y la población viviendo con menos de US$2 diarios, pasó de 22.2% en 1996 a 32.7% en 2002.
Para completar, Colombia había perdido el grado de inversión en 1999; los inversionistas internacionales estaban en alerta por los potenciales problemas de sostenibilidad de la deuda pública bruta, que alcanzó una cota de 59% del PIB en 2002; y los flujos de inversión extranjera directa (IED) se redujeron, igual que la llegada de viajeros internacionales. Incluso dejamos de viajar por carretera, desanimados por las famosas “pescas milagrosas” de la guerrilla.
Hoy vemos el panorama con otra perspectiva. Entre 2001 y 2011 la tasa media de crecimiento de la economía fue del 4.2% anual, superando la observada en las décadas de los noventa (2.7%) y los ochenta del siglo pasado (3.6%). El resultado es notable si tenemos en cuenta que en el periodo sufrimos los impactos de la recesión de Estados Unidos en 2001 y de la crisis mundial en 2008-2009.
Desde luego, a ese resultado contribuyó de manera importante la dinámica de la economía mundial. No obstante, en 10 de los 11 años superamos el crecimiento del PIB global.
Un factor importante para el crecimiento fue el aumento de la inversión. Con la crisis de 1998-1999, ella había caído a los niveles más bajos en cincuenta años (14.5% del PIB); pero en el presente siglo, ha crecido al 10.4% anual promedio, hasta llegar al 27.1% del PIB, uno de los registros históricos más altos.
En el tema fiscal, el país espantó el fantasma de la insostenibilidad y se embarcó en reformas que permitieron la gradual reducción del déficit fiscal, al punto que entre 2005 y 2008 prácticamente se logró el equilibrio; además, la deuda pública bruta descendió al 43.4% del PIB. En esas condiciones el gobierno pudo implementar una política fiscal contracíclica en 2009 y 2010, para mitigar el impacto de la crisis mundial.
El marco normativo se fortaleció recientemente con la ley de regla fiscal, y los actos legislativos de sostenibilidad fiscal y reforma a las regalías. Esto permitirá un manejo prudente del boom minero energético y amortiguar los efectos de la potencial enfermedad holandesa.
En el manejo monetario son evidentes los beneficios de contar con una autoridad monetaria independiente. El país lleva más de una década con inflaciones de un dígito y la Junta Directiva del Banco de la República respondió a la crisis mundial con una rápida reducción de las tasas de interés y la expansión de la liquidez que permitió la adecuada provisión de crédito y contribuyó a la pronta reactivación de la demanda.
A la par con estos avances, el gobierno está implementando una activa política de internacionalización de la economía, orientada a la ampliación y diversificación de la oferta exportable y a la consecución del acceso preferencial permanente en los mercados de mayor interés; así se podrá aprovechar el potencial de crecimiento del comercio internacional.
Aun cuando las exportaciones son el segundo componente de la demanda con mayor dinámica después de la inversión, el país no ha aprovechado plenamente esa fuente de crecimiento; así lo evidencia su participación en el PIB que se mantiene alrededor del nivel registrado a finales de los ochenta.
El buen panorama de Colombia se complementa con la mejora en los indicadores de seguridad, la recuperación del grado de inversión, un sector financiero bien capitalizado y con alto coeficiente de solvencia, crecientes flujos de IED, y tendencias descendentes de la pobreza y las tasas de desempleo.
Colombia aprendió las lecciones de las décadas anteriores. Por eso tiene una nueva economía, menos vulnerable a los choques externos y con una red de TLC que, con un buen aprovechamiento, será un factor adicional de impulso al crecimiento sostenido de la economía.
Todos estos elementos llevaron a los analistas internacionales a calificar a Colombia como “una nueva estrella emergente”. Hay que aprovechar ese cuarto de hora para adelantar las reformas que faltan y avanzar en la solución de los problemas que hoy nos impiden un desarrollo más acelerado.
La economía colombiana ha tenido profundas transformaciones en el presente siglo. Aun cuando persisten diversos y complejos problemas cuya solución es requisito indispensable para seguir avanzando en la senda del desarrollo, es importante valorar los cambios.
Al comenzar el siglo Colombia estaba ad portas de ser un “Estado fallido”. Como lo señaló el Presidente Santos, en un discurso en la ONU, “buena parte de nuestro territorio era ingobernable y vivíamos una guerra interna, con grupos terroristas que atemorizaban a los ciudadanos y los desplazaban de sus hogares. De un total de 1.100 alcaldes, cerca de 400 no podían despachar desde sus municipios por razones de seguridad”.
Adicionalmente, la crisis de finales del siglo pasado llevó el desempleo al 20.5% en el 2000, tasa sin precedentes en el país. Y la población viviendo con menos de US$2 diarios, pasó de 22.2% en 1996 a 32.7% en 2002.
Para completar, Colombia había perdido el grado de inversión en 1999; los inversionistas internacionales estaban en alerta por los potenciales problemas de sostenibilidad de la deuda pública bruta, que alcanzó una cota de 59% del PIB en 2002; y los flujos de inversión extranjera directa (IED) se redujeron, igual que la llegada de viajeros internacionales. Incluso dejamos de viajar por carretera, desanimados por las famosas “pescas milagrosas” de la guerrilla.
Hoy vemos el panorama con otra perspectiva. Entre 2001 y 2011 la tasa media de crecimiento de la economía fue del 4.2% anual, superando la observada en las décadas de los noventa (2.7%) y los ochenta del siglo pasado (3.6%). El resultado es notable si tenemos en cuenta que en el periodo sufrimos los impactos de la recesión de Estados Unidos en 2001 y de la crisis mundial en 2008-2009.
Desde luego, a ese resultado contribuyó de manera importante la dinámica de la economía mundial. No obstante, en 10 de los 11 años superamos el crecimiento del PIB global.
Un factor importante para el crecimiento fue el aumento de la inversión. Con la crisis de 1998-1999, ella había caído a los niveles más bajos en cincuenta años (14.5% del PIB); pero en el presente siglo, ha crecido al 10.4% anual promedio, hasta llegar al 27.1% del PIB, uno de los registros históricos más altos.
En el tema fiscal, el país espantó el fantasma de la insostenibilidad y se embarcó en reformas que permitieron la gradual reducción del déficit fiscal, al punto que entre 2005 y 2008 prácticamente se logró el equilibrio; además, la deuda pública bruta descendió al 43.4% del PIB. En esas condiciones el gobierno pudo implementar una política fiscal contracíclica en 2009 y 2010, para mitigar el impacto de la crisis mundial.
El marco normativo se fortaleció recientemente con la ley de regla fiscal, y los actos legislativos de sostenibilidad fiscal y reforma a las regalías. Esto permitirá un manejo prudente del boom minero energético y amortiguar los efectos de la potencial enfermedad holandesa.
En el manejo monetario son evidentes los beneficios de contar con una autoridad monetaria independiente. El país lleva más de una década con inflaciones de un dígito y la Junta Directiva del Banco de la República respondió a la crisis mundial con una rápida reducción de las tasas de interés y la expansión de la liquidez que permitió la adecuada provisión de crédito y contribuyó a la pronta reactivación de la demanda.
A la par con estos avances, el gobierno está implementando una activa política de internacionalización de la economía, orientada a la ampliación y diversificación de la oferta exportable y a la consecución del acceso preferencial permanente en los mercados de mayor interés; así se podrá aprovechar el potencial de crecimiento del comercio internacional.
Aun cuando las exportaciones son el segundo componente de la demanda con mayor dinámica después de la inversión, el país no ha aprovechado plenamente esa fuente de crecimiento; así lo evidencia su participación en el PIB que se mantiene alrededor del nivel registrado a finales de los ochenta.
El buen panorama de Colombia se complementa con la mejora en los indicadores de seguridad, la recuperación del grado de inversión, un sector financiero bien capitalizado y con alto coeficiente de solvencia, crecientes flujos de IED, y tendencias descendentes de la pobreza y las tasas de desempleo.
Colombia aprendió las lecciones de las décadas anteriores. Por eso tiene una nueva economía, menos vulnerable a los choques externos y con una red de TLC que, con un buen aprovechamiento, será un factor adicional de impulso al crecimiento sostenido de la economía.
Todos estos elementos llevaron a los analistas internacionales a calificar a Colombia como “una nueva estrella emergente”. Hay que aprovechar ese cuarto de hora para adelantar las reformas que faltan y avanzar en la solución de los problemas que hoy nos impiden un desarrollo más acelerado.
Crisis
Publicado en Ámbito Jurídico No. 350, del 23 del julio al 5 de agosto de 2012
Como todas las crisis, la actual de la Eurozona apareció silenciosamente. Se fue gestando solapadamente y sólo cuando adquirió grandes proporciones salió al escenario.
A finales de 2009 y comienzos de 2010 el mundo se solazaba con la rápida salida de la crisis mundial de 2008-2009 y abundaban las felicitaciones por el éxito de las políticas heterodoxas implementadas tanto en economías desarrolladas como subdesarrolladas. Se había derrotado al fantasma de la Gran Depresión de los años treinta, con sus largos años de estancamiento, desempleo y pobreza. Ahora se anhelaba un pronto retorno a las altas tasas de crecimiento del periodo 2003- 2007, la reducción de las tasas de desempleo y la recuperación del valor de los activos fijos.
Sólo quedaban algunos casos aparentemente aislados, como las dificultades de Grecia para recuperarse, por el pesado lastre de su déficit fiscal, que por entonces se atribuía a las políticas contracíclicas. Pronto se puso en evidencia que detrás de esa situación había un grave problema de las finanzas de la Eurozona.
El FMI en su World Economic Outlook de abril de 2010, consideraba que las economías desarrolladas debían fortalecer aún más el gasto público porque su ritmo de recuperación aún era débil; no obstante, hacía una anotación sobre Grecia y la posibilidad de generación de un problema de la deuda soberana si no se adoptaban las medidas de austeridad requeridas. De igual forma, en el Global Financial Stability Report del mismo mes, llamaba la atención sobre el riesgo de una crisis de deuda soberana y aconsejaba acelerar los planes de consolidación fiscal, esto es, la reducción de los déficits fiscales heredados de la reciente crisis mundial.
Más contundente fue el estratega de inversiones Kiril Sokoloff, durante su visita a Colombia hace dos años. En declaraciones a la revista Dinero señaló tajantemente: “los mercados de bonos soberanos se convertirán en la próxima burbuja especulativa del mundo”.
Lamentablemente esa predicción se cumplió; no solo Grecia, sino también Irlanda, España e Italia se han visto forzados a aceptar los programas de rescate de la unión monetaria y el FMI. La crisis de la deuda soberana se volvió real y generó una crisis financiera que acentuó los debates al interior de la Eurozona sobre las medidas a adoptar y está alimentando la incertidumbre sobre el futuro de la unión monetaria. Pero, lo más grave es que hoy estamos al borde de una nueva crisis mundial.
Hay un elemento común en las apreciaciones de economistas como Krugman, Stiglitz y De Grauwe y es que las instituciones europeas cuentan con las herramientas para conjurar la crisis, pero los desacuerdos entre los países miembros están aumentando su probabilidad de ocurrencia.
Otro aspecto en el que coinciden varios analistas es en la necesidad de aplicar políticas heterodoxas como las que se adoptaron durante la crisis de 2008-2009; pero quienes se oponen argumentan que no es posible una expansión fiscal cuando se ha deteriorado la credibilidad en la solvencia de los gobiernos.
Krugman (“The Great Abdication”) afirma que el mundo está a punto de repetir la historia de Austria en 1931; la quiebra de su sector financiero, que se hubiera podido evitar con el apoyo de países como Francia y Estados Unidos, generó un pánico financiero con impacto mundial. Europa cuenta con las instituciones y los gobiernos que podrían solucionar de una vez por todas la crisis financiera de España asumiendo mayores riesgos, en lugar de otorgar créditos al gobierno, para inyectar capital a los bancos mediante financiación; esto no hace más que crecer la deuda del gobierno e incrementar su problema de credibilidad.
Para De Grauwe (“As the Eurozone hangs on the precipice…”) la semilla de la crisis está en la propia creación del euro, pues es una moneda sin país. “El miedo y el pánico son ahora las fuerzas directrices de la Eurozona, con una división en dos bloques de países, uno de los cuales se caracteriza por austeridad y recesión y otro por su buen equilibrio con capacidad de endeudarse casi sin costo”. Esta situación no la reconocen ni el Banco Central Europeo (BCE) ni la Comisión Europea y por eso dictaminan una política única de austeridad.
La propuesta de este economista es una intervención activa del BCE para poner un límite máximo a los spreads de los bonos de mayor riesgo; presionar la reducción del déficit en los países con problemas, mientras aumenta el gasto en los que tienen superávit; y dar los pasos necesarios para constituir la unión fiscal como complemento imprescindible de la unión monetaria.
Como señala De Grauwe la estrategia de los líderes de la Eurozona parece ser “esperar y mirar”. La inminencia de una nueva crisis mundial debe ser el acicate para cambiarla por una en línea con lo que sugiere Krugman: “asumir mayores riesgos y actuar rápidamente”.
Como todas las crisis, la actual de la Eurozona apareció silenciosamente. Se fue gestando solapadamente y sólo cuando adquirió grandes proporciones salió al escenario.
A finales de 2009 y comienzos de 2010 el mundo se solazaba con la rápida salida de la crisis mundial de 2008-2009 y abundaban las felicitaciones por el éxito de las políticas heterodoxas implementadas tanto en economías desarrolladas como subdesarrolladas. Se había derrotado al fantasma de la Gran Depresión de los años treinta, con sus largos años de estancamiento, desempleo y pobreza. Ahora se anhelaba un pronto retorno a las altas tasas de crecimiento del periodo 2003- 2007, la reducción de las tasas de desempleo y la recuperación del valor de los activos fijos.
Sólo quedaban algunos casos aparentemente aislados, como las dificultades de Grecia para recuperarse, por el pesado lastre de su déficit fiscal, que por entonces se atribuía a las políticas contracíclicas. Pronto se puso en evidencia que detrás de esa situación había un grave problema de las finanzas de la Eurozona.
El FMI en su World Economic Outlook de abril de 2010, consideraba que las economías desarrolladas debían fortalecer aún más el gasto público porque su ritmo de recuperación aún era débil; no obstante, hacía una anotación sobre Grecia y la posibilidad de generación de un problema de la deuda soberana si no se adoptaban las medidas de austeridad requeridas. De igual forma, en el Global Financial Stability Report del mismo mes, llamaba la atención sobre el riesgo de una crisis de deuda soberana y aconsejaba acelerar los planes de consolidación fiscal, esto es, la reducción de los déficits fiscales heredados de la reciente crisis mundial.
Más contundente fue el estratega de inversiones Kiril Sokoloff, durante su visita a Colombia hace dos años. En declaraciones a la revista Dinero señaló tajantemente: “los mercados de bonos soberanos se convertirán en la próxima burbuja especulativa del mundo”.
Lamentablemente esa predicción se cumplió; no solo Grecia, sino también Irlanda, España e Italia se han visto forzados a aceptar los programas de rescate de la unión monetaria y el FMI. La crisis de la deuda soberana se volvió real y generó una crisis financiera que acentuó los debates al interior de la Eurozona sobre las medidas a adoptar y está alimentando la incertidumbre sobre el futuro de la unión monetaria. Pero, lo más grave es que hoy estamos al borde de una nueva crisis mundial.
Hay un elemento común en las apreciaciones de economistas como Krugman, Stiglitz y De Grauwe y es que las instituciones europeas cuentan con las herramientas para conjurar la crisis, pero los desacuerdos entre los países miembros están aumentando su probabilidad de ocurrencia.
Otro aspecto en el que coinciden varios analistas es en la necesidad de aplicar políticas heterodoxas como las que se adoptaron durante la crisis de 2008-2009; pero quienes se oponen argumentan que no es posible una expansión fiscal cuando se ha deteriorado la credibilidad en la solvencia de los gobiernos.
Krugman (“The Great Abdication”) afirma que el mundo está a punto de repetir la historia de Austria en 1931; la quiebra de su sector financiero, que se hubiera podido evitar con el apoyo de países como Francia y Estados Unidos, generó un pánico financiero con impacto mundial. Europa cuenta con las instituciones y los gobiernos que podrían solucionar de una vez por todas la crisis financiera de España asumiendo mayores riesgos, en lugar de otorgar créditos al gobierno, para inyectar capital a los bancos mediante financiación; esto no hace más que crecer la deuda del gobierno e incrementar su problema de credibilidad.
Para De Grauwe (“As the Eurozone hangs on the precipice…”) la semilla de la crisis está en la propia creación del euro, pues es una moneda sin país. “El miedo y el pánico son ahora las fuerzas directrices de la Eurozona, con una división en dos bloques de países, uno de los cuales se caracteriza por austeridad y recesión y otro por su buen equilibrio con capacidad de endeudarse casi sin costo”. Esta situación no la reconocen ni el Banco Central Europeo (BCE) ni la Comisión Europea y por eso dictaminan una política única de austeridad.
La propuesta de este economista es una intervención activa del BCE para poner un límite máximo a los spreads de los bonos de mayor riesgo; presionar la reducción del déficit en los países con problemas, mientras aumenta el gasto en los que tienen superávit; y dar los pasos necesarios para constituir la unión fiscal como complemento imprescindible de la unión monetaria.
Como señala De Grauwe la estrategia de los líderes de la Eurozona parece ser “esperar y mirar”. La inminencia de una nueva crisis mundial debe ser el acicate para cambiarla por una en línea con lo que sugiere Krugman: “asumir mayores riesgos y actuar rápidamente”.
Informalidad nefasta
Publicado en la edición de julio de la revista MisiónPyme
Según el Dane, la tasa de informalidad laboral en Colombia para enero–marzo de 2012 fue del 50.4%. La encuesta de informalidad empresarial no se volvió a publicar, pero el último resultado era de 39% medida por no llevar contabilidad y de 57% por no tener registro mercantil.
Esos niveles son muy altos y el país como un todo tiene que asumir el compromiso de combatirlos, pues son un lastre que genera impactos negativos sobre los trabajadores y sus familias, las propias empresas, el gobierno y, en general, toda la economía. Ahora analizamos el lastre y en la próxima columna las acciones del gobierno.
A los trabajadores informales los afecta porque sus remuneraciones son inestables y en muchos casos inferiores al salario mínimo; carecen de ahorro pensional y de prestaciones sociales; no tienen acceso a los servicios financieros y, por lo tanto, a la posibilidad de adquirir activos como la vivienda mediante crédito. Una de las consecuencias más graves es la reducción de opciones de educación a los niños, lo que tiende a perpetuar la situación de pobreza de estas familias.
Las empresas informales también encuentran difícil tener crédito, lo que las condena a las garras de los agiotistas que limitan su crecimiento; y no pueden participar en licitaciones públicas, ni beneficiarse de los programas gubernamentales de fomento a la modernización empresarial.
Pero también las empresas formales son afectadas, pues la competencia desleal de las informales les impide crecer. Por ejemplo, un almacén de confecciones difícilmente se expandirá y se proyectará como cadena, cuando al frente hay trabajadores informales con productos similares, en muchas ocasiones de contrabando o pirateados; además, los venden a precios inferiores porque ellos no pagan servicios ni prestaciones sociales, o son empresas que no tributan. Por si fuera poco, las formales son objeto de crecientes cargas tributarias, para compensar la elusión y evasión de la informalidad.
El gobierno sufre las consecuencias tanto en los ingresos como en los gastos. Los impuestos recaudados son menores, las pérdidas de las empresas de servicios públicos se incrementan y los gastos en subsidios de salud, educación, vivienda, servicios públicos y transporte aumentan más de lo que realmente sería necesario para atender a la población necesitada.
El balance es una asignación inadecuada de porciones significativas de los ingresos y los gastos públicos, que bien podrían ser utilizados en la provisión de bienes públicos, con mayor impacto en el bienestar de los más pobres y en el crecimiento de la economía.
Debemos considerar que en el régimen subsidiado de salud hay un alto porcentaje de población informal y que a futuro muchos de ellos ocasionarán más gastos en pensiones y en apoyos gubernamentales a la población adulta desprotegida. Esos son costos que asumimos todos los colombianos.
La economía en su conjunto también sufre las consecuencias por la menor provisión de bienes públicos, que mejoren la infraestructura o el capital humano o la movilidad, y por la baja productividad. Las estimaciones de McKinsey muestran que la productividad de la mano de obra informal es equivalente al 6% de la de un trabajador de Estados Unidos, lo que arrastra hacia abajo la de todo el país.
Todos estos elementos muestran que los costos de la informalidad la pagamos todos los colombianos. Y evidencian la importancia de las políticas del gobierno para combatirla.
Según el Dane, la tasa de informalidad laboral en Colombia para enero–marzo de 2012 fue del 50.4%. La encuesta de informalidad empresarial no se volvió a publicar, pero el último resultado era de 39% medida por no llevar contabilidad y de 57% por no tener registro mercantil.
Esos niveles son muy altos y el país como un todo tiene que asumir el compromiso de combatirlos, pues son un lastre que genera impactos negativos sobre los trabajadores y sus familias, las propias empresas, el gobierno y, en general, toda la economía. Ahora analizamos el lastre y en la próxima columna las acciones del gobierno.
A los trabajadores informales los afecta porque sus remuneraciones son inestables y en muchos casos inferiores al salario mínimo; carecen de ahorro pensional y de prestaciones sociales; no tienen acceso a los servicios financieros y, por lo tanto, a la posibilidad de adquirir activos como la vivienda mediante crédito. Una de las consecuencias más graves es la reducción de opciones de educación a los niños, lo que tiende a perpetuar la situación de pobreza de estas familias.
Las empresas informales también encuentran difícil tener crédito, lo que las condena a las garras de los agiotistas que limitan su crecimiento; y no pueden participar en licitaciones públicas, ni beneficiarse de los programas gubernamentales de fomento a la modernización empresarial.
Pero también las empresas formales son afectadas, pues la competencia desleal de las informales les impide crecer. Por ejemplo, un almacén de confecciones difícilmente se expandirá y se proyectará como cadena, cuando al frente hay trabajadores informales con productos similares, en muchas ocasiones de contrabando o pirateados; además, los venden a precios inferiores porque ellos no pagan servicios ni prestaciones sociales, o son empresas que no tributan. Por si fuera poco, las formales son objeto de crecientes cargas tributarias, para compensar la elusión y evasión de la informalidad.
El gobierno sufre las consecuencias tanto en los ingresos como en los gastos. Los impuestos recaudados son menores, las pérdidas de las empresas de servicios públicos se incrementan y los gastos en subsidios de salud, educación, vivienda, servicios públicos y transporte aumentan más de lo que realmente sería necesario para atender a la población necesitada.
El balance es una asignación inadecuada de porciones significativas de los ingresos y los gastos públicos, que bien podrían ser utilizados en la provisión de bienes públicos, con mayor impacto en el bienestar de los más pobres y en el crecimiento de la economía.
Debemos considerar que en el régimen subsidiado de salud hay un alto porcentaje de población informal y que a futuro muchos de ellos ocasionarán más gastos en pensiones y en apoyos gubernamentales a la población adulta desprotegida. Esos son costos que asumimos todos los colombianos.
La economía en su conjunto también sufre las consecuencias por la menor provisión de bienes públicos, que mejoren la infraestructura o el capital humano o la movilidad, y por la baja productividad. Las estimaciones de McKinsey muestran que la productividad de la mano de obra informal es equivalente al 6% de la de un trabajador de Estados Unidos, lo que arrastra hacia abajo la de todo el país.
Todos estos elementos muestran que los costos de la informalidad la pagamos todos los colombianos. Y evidencian la importancia de las políticas del gobierno para combatirla.
Medicamentos y propiedad intelectual
jueves, 19 de julio de 2012
Publicado en Portafolio el 18 de julio de 2012
En el artículo “Se agudiza el monopolio de los medicamentos” (UN Periódico, No. 157, 8 de julio de 2012) los investigadores Julián López y Edna Sánchez arremeten contra el capítulo de propiedad intelectual del TLC de Colombia con Estados Unidos.
Los debates sobre estos temas son convenientes, en particular cuando surgen desde la academia. En este artículo, justamente por provenir de un centro de investigación, y no cualquiera sino de una de las mejores universidades del país, los análisis deberían caracterizarse por el rigor académico. Lamentablemente no es así y el artículo está viciado de apreciaciones sin sustento técnico y de errores en la lectura de los textos del tratado.
Afirman los autores que el TLC “relaja los criterios de patentabilidad (por ejemplo otorgando patentes a segundos usos), extiende su duración, establece un vínculo entre esta licencia y el registro sanitario y fortalece la protección de los datos con exclusividad”.
Es falso que el tratado contemple la patentabilidad de segundos usos. Hasta un estudio de Ernesto Cortés para Ifarma, basado en una lectura amañada del TLC, cita una reunión del Presidente de Colombia con el USTR en la que ese organismo precisó el tema: “Dentro del marco del tratado quedó claro que Colombia no estaría obligada a patentar métodos de uso o segundos usos”.
La presunta extensión de la duración de las patentes, según los autores, se da por la compensación por demoras injustificadas en su aprobación. Aquí los autores incurren en un error protuberante, pues el texto del protocolo modificatorio excluyó los medicamentos de esa obligación: “Cada Parte proporcionará los medios para compensar… por retrasos irrazonables en la emisión de una patente, con excepción de una patente para un producto farmacéutico…”.
Los autores no comprenden cabalmente la obligación de compensación en productos diferentes a los medicamentos. Supongamos que López y Sánchez solicitan una patente y la autoridad competente, por su ineficiencia, se demora diez años en aprobarla; eso significa que el aprovechamiento efectivo del derecho exclusivo se limitaría a diez años, porque los veinte años cuentan desde la fecha de solicitud de la patente.
¿Si son compensados con cinco años, se está extendiendo el plazo de la patente? Evidentemente no, porque el aprovechamiento efectivo sería de 15 años y no de 25 como lo interpretan quienes confunden compensación con “extender la duración”. También es obvio que si la autoridad competente mejora su eficiencia, no habrá necesidad de compensar.
Además de estas imprecisiones, hay varios juicios de valor. Por ejemplo, en torno a los veinte años de plazo de las patentes dicen: “Se ha demostrado que la inversión se libra, en promedio, en tres años, por lo que el resto del periodo efectivo de la licencia se traduce en utilidades”.
Primero, los autores no citan un solo estudio de respaldo. Segundo, hay un amplio debate sobre el costo de desarrollo de un medicamento innovador, pero ningún acuerdo en torno a una cifra. Tercero, el derecho exclusivo no está limitado a que el innovador recupere sus costos de investigación.
Sobre el linkage, dicen: “Esta medida vulnera en gran medida el acceso a los medicamentos, pues no permite que un competidor ingrese al mercado inmediatamente después del vencimiento de la patente, lo que amplía el monopolio”. Esta afirmación es falsa; contrario a esta percepción, el tratado introduce la “excepción bolar”, que permite adelantar los procesos y los trámites que aseguran el ingreso de los medicamentos genéricos al día siguiente del vencimiento de una patente. El linkage se refiere a un mecanismo de protección del derecho exclusivo del innovador frente a posibles violaciones de él; la aspiración inicial de EEUU era establecer un vínculo entre la autoridad de patentes y la autoridad sanitaria; a cambio se acordó un mecanismo de transparencia.
No hay nada que fortalezca “la protección de los datos con exclusividad”. En este punto los autores se ponen a divagar sobre el decreto 2085 de 2002 sin analizar el contenido del TLC. Deberían partir de indicar al lector que ese es un instrumento orientado a atraer al país medicamentos que no tienen patente en Colombia y que no son fabricados en el territorio nacional.
Adicionalmente deberían señalar que en el tratado se incluyó la figura del “agotamiento”. Esto significa que el periodo de protección de datos corre desde el momento en que un medicamento nuevo obtiene su registro sanitario en EEUU; si la solicitan en el país dos años después, solo tendrán derecho a tres años. Como consecuencia, es posible que lleguen al país productos innovadores que no tienen patente en Colombia con mayor rapidez de lo que ocurriría sin el TLC.
Como suele ocurrir con otros críticos, se enceguecen en su afán de satanizar el capítulo de propiedad intelectual del TLC, pero pierden rigor académico y carecen de propuestas alternativas serias.
En el artículo “Se agudiza el monopolio de los medicamentos” (UN Periódico, No. 157, 8 de julio de 2012) los investigadores Julián López y Edna Sánchez arremeten contra el capítulo de propiedad intelectual del TLC de Colombia con Estados Unidos.
Los debates sobre estos temas son convenientes, en particular cuando surgen desde la academia. En este artículo, justamente por provenir de un centro de investigación, y no cualquiera sino de una de las mejores universidades del país, los análisis deberían caracterizarse por el rigor académico. Lamentablemente no es así y el artículo está viciado de apreciaciones sin sustento técnico y de errores en la lectura de los textos del tratado.
Afirman los autores que el TLC “relaja los criterios de patentabilidad (por ejemplo otorgando patentes a segundos usos), extiende su duración, establece un vínculo entre esta licencia y el registro sanitario y fortalece la protección de los datos con exclusividad”.
Es falso que el tratado contemple la patentabilidad de segundos usos. Hasta un estudio de Ernesto Cortés para Ifarma, basado en una lectura amañada del TLC, cita una reunión del Presidente de Colombia con el USTR en la que ese organismo precisó el tema: “Dentro del marco del tratado quedó claro que Colombia no estaría obligada a patentar métodos de uso o segundos usos”.
La presunta extensión de la duración de las patentes, según los autores, se da por la compensación por demoras injustificadas en su aprobación. Aquí los autores incurren en un error protuberante, pues el texto del protocolo modificatorio excluyó los medicamentos de esa obligación: “Cada Parte proporcionará los medios para compensar… por retrasos irrazonables en la emisión de una patente, con excepción de una patente para un producto farmacéutico…”.
Los autores no comprenden cabalmente la obligación de compensación en productos diferentes a los medicamentos. Supongamos que López y Sánchez solicitan una patente y la autoridad competente, por su ineficiencia, se demora diez años en aprobarla; eso significa que el aprovechamiento efectivo del derecho exclusivo se limitaría a diez años, porque los veinte años cuentan desde la fecha de solicitud de la patente.
¿Si son compensados con cinco años, se está extendiendo el plazo de la patente? Evidentemente no, porque el aprovechamiento efectivo sería de 15 años y no de 25 como lo interpretan quienes confunden compensación con “extender la duración”. También es obvio que si la autoridad competente mejora su eficiencia, no habrá necesidad de compensar.
Además de estas imprecisiones, hay varios juicios de valor. Por ejemplo, en torno a los veinte años de plazo de las patentes dicen: “Se ha demostrado que la inversión se libra, en promedio, en tres años, por lo que el resto del periodo efectivo de la licencia se traduce en utilidades”.
Primero, los autores no citan un solo estudio de respaldo. Segundo, hay un amplio debate sobre el costo de desarrollo de un medicamento innovador, pero ningún acuerdo en torno a una cifra. Tercero, el derecho exclusivo no está limitado a que el innovador recupere sus costos de investigación.
Sobre el linkage, dicen: “Esta medida vulnera en gran medida el acceso a los medicamentos, pues no permite que un competidor ingrese al mercado inmediatamente después del vencimiento de la patente, lo que amplía el monopolio”. Esta afirmación es falsa; contrario a esta percepción, el tratado introduce la “excepción bolar”, que permite adelantar los procesos y los trámites que aseguran el ingreso de los medicamentos genéricos al día siguiente del vencimiento de una patente. El linkage se refiere a un mecanismo de protección del derecho exclusivo del innovador frente a posibles violaciones de él; la aspiración inicial de EEUU era establecer un vínculo entre la autoridad de patentes y la autoridad sanitaria; a cambio se acordó un mecanismo de transparencia.
No hay nada que fortalezca “la protección de los datos con exclusividad”. En este punto los autores se ponen a divagar sobre el decreto 2085 de 2002 sin analizar el contenido del TLC. Deberían partir de indicar al lector que ese es un instrumento orientado a atraer al país medicamentos que no tienen patente en Colombia y que no son fabricados en el territorio nacional.
Adicionalmente deberían señalar que en el tratado se incluyó la figura del “agotamiento”. Esto significa que el periodo de protección de datos corre desde el momento en que un medicamento nuevo obtiene su registro sanitario en EEUU; si la solicitan en el país dos años después, solo tendrán derecho a tres años. Como consecuencia, es posible que lleguen al país productos innovadores que no tienen patente en Colombia con mayor rapidez de lo que ocurriría sin el TLC.
Como suele ocurrir con otros críticos, se enceguecen en su afán de satanizar el capítulo de propiedad intelectual del TLC, pero pierden rigor académico y carecen de propuestas alternativas serias.
Nuevo pico y placa
Publicado en el diario La República el 5 de julio de 2012
El alcalde de Bogotá propuso durante la campaña la eliminación gradual del pico y placa. La nueva modalidad que entró a funcionar esta semana pareciera ir en contravía de esa propuesta.
El esquema de pares e impares lo vendieron como una reducción de la situación extrema que impuso el anterior alcalde. El pico y placa que rigió hasta el 30 de junio era de 14 horas diarias dos días a la semana, es decir, 112 horas mensuales. Con el nuevo, se reduce a 70 horas mensuales, pues aun cuando aplica un mayor número de días por mes, son solo siete horas diarias (de 6 am a 8:30 am y de 3 pm a 7:30 pm).
¿Realidad o fantasía? Supongamos que usted es un empleado y que su empresa tiene un horario de entrada a las 8 am y de salida a las 5:30 pm. ¿Utiliza su vehículo en día de restricción? En la práctica, no; salvo que “voluntariamente” extienda cuatro horas su jornada, desde las 6 am hasta las 7:30 pm.
Ahora supongamos que usted es un pequeño negociante o que su empleo es, por ejemplo, visitador médico, lo que le permite una mayor flexibilidad en su horario de trabajo. ¿Qué hará los dos o tres días de restricción por semana? ¿Salir a trabajar a las 8:30 am y regresar a su casa a las 3 pm, con una jornada laboral de alrededor de cuatro horas, teniendo en cuenta los tiempos de desplazamiento y almuerzo? De nuevo, en la práctica su restricción es de todo el día.
Si bien un grupo de población podrá aprovechar la flexibilización del pico y placa, este será pequeño, con lo cual el gobierno distrital habrá metido un golazo. A la vez que brinda una restricción menos drástica, saca más vehículos de circulación, no solo por pasar de cuatro a cinco números de placas (120 mil vehículos según sus estimativos), sino porque el tiempo de “libertad” solo será usado parcialmente.
Pero ese golazo puede ser peligroso si no se dan señales convincentes en la dirección del compromiso de la campaña, y no se acelera el desarrollo de los sistemas de transporte masivo, tanto en cantidad como en calidad y eficiencia. Las experiencias anteriores indican que hay un efecto positivo efímero, que una vez diluido fortalece los incentivos a comprar el segundo vehículo o, en este caso, a cambiar el que “no quedó sirviendo” con las nuevas reglas.
Las estadísticas de la Secretaría de Movilidad evidencian el efecto negativo de este tipo de incentivos, que los alcaldes se niegan a ver. El número de vehículos particulares matriculados en la ciudad se multiplicó por 2.5 entre 2002 y 2011. Pero en realidad son más, pues estas cifras no tienen en cuenta la cantidad de vehículos matriculados en otras poblaciones del país, que circulan en Bogotá; en los estudios técnicos para modificar el pico y placa se limitan a suponer que representan un 20% más.
Uno de los efectos más negativos ha sido el incentivo al uso de motocicletas. El número de estos vehículos matriculados en Bogotá creció 16 veces en el periodo mencionado; el problema es que aumentan la accidentalidad y mortalidad tanto de conductores como de peatones, y la mayoría de los motociclistas ignora las reglas de tránsito, lo que agudiza el caos en la movilidad.
Además es muy claro el impacto de la restricción Moreno: la variación absoluta de matrículas de motocicletas, que había disminuido entre 2006 y 2009, creció en 2010 y 2011 al 63.1% anual promedio. Y en 2011 la variación absoluta en el número de automóviles, motocicletas, camionetas y el total de particulares fue el más alto desde 2002.
A la vista de todos está que la prolongada vigencia del pico y placa y su gradual endurecimiento, no ha cambiado la tendencia de reducción de la velocidad promedio de circulación. De 32.3 kilómetros por hora en 2003, pasamos a 23.3 en 2011. ¿Seguirán insistiendo los alcaldes en que esa es una solución?
El alcalde de Bogotá propuso durante la campaña la eliminación gradual del pico y placa. La nueva modalidad que entró a funcionar esta semana pareciera ir en contravía de esa propuesta.
El esquema de pares e impares lo vendieron como una reducción de la situación extrema que impuso el anterior alcalde. El pico y placa que rigió hasta el 30 de junio era de 14 horas diarias dos días a la semana, es decir, 112 horas mensuales. Con el nuevo, se reduce a 70 horas mensuales, pues aun cuando aplica un mayor número de días por mes, son solo siete horas diarias (de 6 am a 8:30 am y de 3 pm a 7:30 pm).
¿Realidad o fantasía? Supongamos que usted es un empleado y que su empresa tiene un horario de entrada a las 8 am y de salida a las 5:30 pm. ¿Utiliza su vehículo en día de restricción? En la práctica, no; salvo que “voluntariamente” extienda cuatro horas su jornada, desde las 6 am hasta las 7:30 pm.
Ahora supongamos que usted es un pequeño negociante o que su empleo es, por ejemplo, visitador médico, lo que le permite una mayor flexibilidad en su horario de trabajo. ¿Qué hará los dos o tres días de restricción por semana? ¿Salir a trabajar a las 8:30 am y regresar a su casa a las 3 pm, con una jornada laboral de alrededor de cuatro horas, teniendo en cuenta los tiempos de desplazamiento y almuerzo? De nuevo, en la práctica su restricción es de todo el día.
Si bien un grupo de población podrá aprovechar la flexibilización del pico y placa, este será pequeño, con lo cual el gobierno distrital habrá metido un golazo. A la vez que brinda una restricción menos drástica, saca más vehículos de circulación, no solo por pasar de cuatro a cinco números de placas (120 mil vehículos según sus estimativos), sino porque el tiempo de “libertad” solo será usado parcialmente.
Pero ese golazo puede ser peligroso si no se dan señales convincentes en la dirección del compromiso de la campaña, y no se acelera el desarrollo de los sistemas de transporte masivo, tanto en cantidad como en calidad y eficiencia. Las experiencias anteriores indican que hay un efecto positivo efímero, que una vez diluido fortalece los incentivos a comprar el segundo vehículo o, en este caso, a cambiar el que “no quedó sirviendo” con las nuevas reglas.
Las estadísticas de la Secretaría de Movilidad evidencian el efecto negativo de este tipo de incentivos, que los alcaldes se niegan a ver. El número de vehículos particulares matriculados en la ciudad se multiplicó por 2.5 entre 2002 y 2011. Pero en realidad son más, pues estas cifras no tienen en cuenta la cantidad de vehículos matriculados en otras poblaciones del país, que circulan en Bogotá; en los estudios técnicos para modificar el pico y placa se limitan a suponer que representan un 20% más.
Uno de los efectos más negativos ha sido el incentivo al uso de motocicletas. El número de estos vehículos matriculados en Bogotá creció 16 veces en el periodo mencionado; el problema es que aumentan la accidentalidad y mortalidad tanto de conductores como de peatones, y la mayoría de los motociclistas ignora las reglas de tránsito, lo que agudiza el caos en la movilidad.
Además es muy claro el impacto de la restricción Moreno: la variación absoluta de matrículas de motocicletas, que había disminuido entre 2006 y 2009, creció en 2010 y 2011 al 63.1% anual promedio. Y en 2011 la variación absoluta en el número de automóviles, motocicletas, camionetas y el total de particulares fue el más alto desde 2002.
A la vista de todos está que la prolongada vigencia del pico y placa y su gradual endurecimiento, no ha cambiado la tendencia de reducción de la velocidad promedio de circulación. De 32.3 kilómetros por hora en 2003, pasamos a 23.3 en 2011. ¿Seguirán insistiendo los alcaldes en que esa es una solución?
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