Aranceles y seguridad nacional

Publicado en Portafolio el 20 de abril de 2018

La seguridad nacional es uno de los muchos argumentos que se esgrimen para justificar las políticas proteccionistas. Precisamente a él acudió Trump para imponer aranceles adicionales a las importaciones de acero y aluminio.

Es un argumento controvertido porque no es claro su significado ni la forma en que la política comercial subsana los presuntos problemas de seguridad nacional.

El artículo XXI del GATT considera la seguridad nacional como una excepción al principio de nación más favorecida, según el cual un país no puede dar a otro miembro de la OMC un trato diferente al que da a los demás.

Diversas lecturas de ese artículo del GATT de 1947 se enfocan en la relación entre seguridad nacional y conflictos armados, porque se incluyó recién terminada la Segunda Guerra Mundial; por eso se interpreta que en caso de guerra es permitido adoptar medidas discriminatorias contra el comercio del contendor.

Pero en la práctica se puede exagerar su aplicación; por ejemplo, durante la guerra de las Malvinas, además del Reino Unido, varias economías desarrolladas no vinculadas al conflicto invocaron el artículo XXI para imponer restricciones al comercio de Argentina.

En Estados Unidos la visión sobre el tema va más allá del GATT, pues la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial se refiere a la amenaza que puedan ocasionar las importaciones sobre la seguridad nacional, haya o no un potencial conflicto armado.

Antes de 2018 se realizaron 26 investigaciones (la última fue en 2001); en la mayoría no se identificaron riesgos para la seguridad nacional y solo dos se concretaron en medidas específicas. La primera sobre petróleo con Libia, prohibió su importación desde ese país en 1982. La segunda, en 1983, fue sobre maquinas herramientas para trabajar metales, pero se acordó con Japón una restricción voluntaria de exportaciones.

En las Proclamaciones Presidenciales 9704 y 9705, mediante las cuales Trump impuso los aranceles adicionales al acero y el aluminio, exceptuaron a Canadá y México, dado el mutuo apoyo “para abordar las preocupaciones de seguridad nacional”. Posteriormente fueron excluidos Australia, Argentina, Corea del Sur, Brasil y la Unión Europea, porque “cada uno de estos países tiene una relación de seguridad importante con los Estados Unidos”.

Con esas exclusiones resulta muy débil el argumento de seguridad nacional. En el caso del acero los países mencionados representaron el 58.2% del volumen importado por Estados Unidos en 2017, mientras que las de China fueron el 2.2%; además, el 94% de las provenientes de este último país ya tenían gravámenes adicionales. En las importaciones de aluminio, cinco de los excluidos aportan el 48.6% del total y China el 8.9%; pero, el 95.6% de las chinas están sujetas a aranceles especiales.

Las cifras ponen en evidencia dos aspectos de la política de Trump: primero, el objetivo político de su guerra comercial es China, pero la norma carece de sentido por la baja participación en las importaciones y porque ya tienen gravámenes adicionales; y segundo, las economías pequeñas son las grandes damnificadas de una confrontación en la que no tienen nada que ver.

Lo cierto es que con los primeros disparos de la inminente guerra comercial se puede aplicar el dicho popular: “Cuando los elefantes pelean, quien sufre es la hierba”; y Colombia está ahí.