Publicado en Portafolio el 19 de diciembre de 2014
Pasó la Reforma Tributaria 2014 para financiar el hueco de 53 billones de pesos del periodo 2015-2018. Con ello se logró la solución a las urgencias presupuestales, pero no se avanzó ni un ápice hacia una estructura tributaria más acorde con el mundo en que vivimos.
La simple enumeración de las características más sobresalientes del sistema tributario de Colombia evidencia la necesidad de un cambio de fondo:
- La recaudación de impuestos es baja. Se estima en el 17 por ciento del PIB, mientras que en las economías de la Ocde supera el 30 por ciento.
- La tasa de tributación empresarial es la sexta más alta del mundo: 75,4 por ciento de las utilidades de una empresa mediana.
- Los umbrales del impuesto de renta son altos, por lo que apenas el 2 por ciento de la población lo paga. Según Christian Moller (2012), del Banco Mundial, en 2011 “solamente 640.000 personas pagaron el impuesto sobre la renta de entre una población adulta cercana a los 37 millones de personas”.
- El Banco Mundial (2012) calcula que las exenciones y exclusiones en renta e IVA representan el 4,5 por ciento del PIB (cerca de 32 billones de pesos en 2013).
- Según Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, la tasa de evasión del IVA es del 35 por ciento y la de renta del 50 por ciento, con lo que calcula que se dejan de recibir impuestos por un monto entre 35 y 40 billones de pesos.
- El efecto redistributivo del gasto público es bajo porque en Colombia se subsidia más a los ricos que a los pobres. El Gini antes y después de la política fiscal se mantiene en 0,54, mientras que en países como Gran Bretaña pasa de 0,52 a 0,34.
-Más de $40 billones se pagarán en pensiones en el 2015 con cargo al presupuesto nacional; casi lo mismo que vale el proyecto de autopistas 4G que será realizado en varios años.
-Steiner y Cañas (2014) reseñan que, en esas pensiones “el 97 por ciento de los subsidios va a los dos quintiles más ricos, mientras que los dos quintiles más bajos no reciben absolutamente nada”.
Con estos elementos, resulta más que obvia la síntesis que hizo la Ocde (‘Colombia: evaluación económica 2013’): “El sistema tributario colombiano recauda poco, crea distorsiones por medio de las diversas desgravaciones, regímenes especiales y tasas marginales relativamente altas, y la redistribución es baja o inexistente. Además, es un régimen complejo que genera altos costos administrativos y de cumplimiento, así como una amplia elusión y evasión de impuestos”.
Hay que entender que una cosa es esa estructura tributaria en la economía cerrada que seguimos siendo, como lo demostró un estudio reciente del Banco de la República, y otra muy distinta en la economía que por fin se está abriendo, por fuerza de los TLC; esas distorsiones se convierten en un lastre para la competitividad.
Si bien es cierto que una reforma estructural total no es viable de la noche a la mañana, también es verdad que dar un pasito cada cuatro años no es lo más afortunado; de seguir a ese ritmo, habrá que aplicar al país la famosa frase de Keynes: “en el largo plazo, todos estaremos muertos”.
Así que lo mejor será retomar la senda de las reformas estructurales, y entre más pronto, mejor.
Nuevo mundo petrolero
lunes, 15 de diciembre de 2014
Publicado en la revista MisiónPyme No. 81 de diciembre de 2014 - enero de 2015
Los cambios estructurales del mundo petrolero tendrán profundas repercusiones. La causa fundamental es la nueva tecnología de producción de petróleo y gas natural conocida como “fracturamiento hidráulico” o fracking, que permite la extracción de estos hidrocarburos que se encuentran “atrapados” en rocas de esquisto a grandes profundidades. De ahí que se mencionen como “gas de esquisto” y “petróleo de esquisto”.
Por ahora, los hidrocarburos de esquisto se están produciendo en EE.UU. y Canadá, pero también se han detectado grandes yacimientos en países como China, Brasil, Argentina y varios de Europa.
El auge de Estados Unidos
EE.UU. ya está viviendo la “revolución del shale”. La producción de crudo declinó continuamente de un máximo de 10 millones de barriles/día en 1970, a 4.5 millones en el segundo semestre de 2005. Con el petróleo de esquisto, la producción creció aceleradamente hasta 8.7 millones en agosto de 2014 y va camino a un nuevo récord en poco tiempo.
Las importaciones de ese país bajaron de 455 millones de barriles/mes en agosto de 2006 a 288 millones en agosto de 2014 (-36.7%) y se espera que en pocos años logre el autoabastecimiento.
La producción de gas alcanzó el nivel más alto de la historia de EE.UU. y recientemente desplazó a Rusia como primer productor mundial. Además, su precio bajó notablemente. Hasta hace unos pocos años el precio en el país norteamericano era superior al de Europa y Japón (en 2005 fue más alto en 47.2% y 24.4%, respectivamente). En 2014 es, en promedio, el 43.7% del europeo y 26.3% del japonés.
“Guerra del petróleo”
Desde junio de 2014 los precios del petróleo bajaron en picada y ya están por debajo de los US$80/barril, debido a la mayor oferta y a la baja reacción de la demanda. La oferta crece por el aumento de la producción de Estados Unidos, la recuperación de Libia y el bajo efecto de las sanciones a Rusia, por la dependencia que tiene la Unión Europea del petróleo y el gas de esa nación asiática.
El mundo esperaba recortes de la producción de la OPEP para contener la caída de los precios. Esa decisión no se ha tomado y, al parecer, se inició una “guerra del petróleo” en la que los miembros dominantes de esa organización buscan la caída de los precios hasta el nivel en que la producción de petróleo de esquisto no sea rentable.
La batalla no será fácil, pues cerca del 60% de la producción mundial es de los países no-OPEP, incluidos EE.UU., Rusia, Noruega, Canadá, Kazajstán, Azerbaiyán, México y Brasil, que son grandes productores. De ellos, solo EE.UU. no es un gran exportador de crudo, pero próximamente retornará a este mercado. De esta forma, la “guerra” puede llevar a un escenario que nadie preveía, con precios incluso inferiores a US$60.
Otras consecuencias
Como ocurre con diversas variables económicas, los cambios en el mundo petrolero tendrán implicaciones positivas para unos y negativas para otros.
Sin duda, el gran ganador es EE.UU. La reducción de los precios del petróleo y del gas baja los costos de producción de las empresas y mejora su competitividad relativa. El abaratamiento de los abonos y fertilizantes, repercute en menores precios de los alimentos a los consumidores. La consecuente moderación de los precios de manufacturas y alimentos, sumada a la contracción de los precios de la gasolina y el gas de uso doméstico, incrementan el ingreso disponible de las familias y consolidan la recuperación de la economía. Otros resultados de interés para este país son la reducción del déficit comercial y la pérdida de relevancia estratégica del Medio Oriente.
Varios de los beneficios mencionados se extenderán a todas las economías, especialmente a las importadoras de energía.
Los perdedores serán los exportadores de energía en los que la balanza de pagos y las finanzas públicas tienen alta dependencia de esos recursos. El impacto no solo lo sentirán los que exportan petróleo y gas, sino también los de carbón, pues está siendo sustituido por gas, que es más barato y menos contaminante.
Es alto el riesgo de inestabilidad fiscal en las economías dependientes de la producción y exportación de energía. Los principales miembros de la OPEP proyectaron sus presupuestos con precios del petróleo superiores a los US$90; incluso Venezuela lo hizo con US$120 e Irán con US$135.
Impactos probables en Colombia
Colombia tiene alta dependencia del petróleo en las exportaciones y en las cuentas fiscales; además las reservas dan para apenas seis o siete años. En carbón, pese a las altas reservas, se enfrenta un precio internacional bajo y la creciente sustitución por gas natural.
En 2013 los minero-energéticos representaron el 72% de las exportaciones totales. Es evidente que si se mantiene la tendencia a la baja de los precios de la energía, el déficit comercial tenderá a volverse estructural y será necesario un ajuste de las importaciones y de la tasa de cambio para mantenerlo en niveles razonables.
No es menospreciable el impacto fiscal de los bajos precios del petróleo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene un supuesto de US$98/barril para 2015 y estima que cada dólar de variación del precio impacta en $420.000 millones el presupuesto.
Un estudio reciente de Hernando José Gómez plantea un escenario pesimista con desplome del precio del petróleo a US$60. Esto propiciaría una caída del PIB de -2.6% en 2016, reducción de los ingresos fiscales de -1% del PIB anual, aumento del desempleo a 11.6% y crecimiento de la pobreza de 29% a 34%, entre otros.
Ese estudio es un campanazo de alerta para que las autoridades económicas prevean la reacción frente a un escenario que hace unos pocos meses se consideraba inviable, pero que hoy tiende a volverse realidad.
Afortunadamente, el buen manejo de las finanzas públicas y de la política monetaria es un patrimonio de la economía colombiana, que brinda la capacidad de respuesta para amortiguar esos impactos. Esperemos que primen los efectos positivos sobre los negativos.
Los cambios estructurales del mundo petrolero tendrán profundas repercusiones. La causa fundamental es la nueva tecnología de producción de petróleo y gas natural conocida como “fracturamiento hidráulico” o fracking, que permite la extracción de estos hidrocarburos que se encuentran “atrapados” en rocas de esquisto a grandes profundidades. De ahí que se mencionen como “gas de esquisto” y “petróleo de esquisto”.
Por ahora, los hidrocarburos de esquisto se están produciendo en EE.UU. y Canadá, pero también se han detectado grandes yacimientos en países como China, Brasil, Argentina y varios de Europa.
El auge de Estados Unidos
EE.UU. ya está viviendo la “revolución del shale”. La producción de crudo declinó continuamente de un máximo de 10 millones de barriles/día en 1970, a 4.5 millones en el segundo semestre de 2005. Con el petróleo de esquisto, la producción creció aceleradamente hasta 8.7 millones en agosto de 2014 y va camino a un nuevo récord en poco tiempo.
Las importaciones de ese país bajaron de 455 millones de barriles/mes en agosto de 2006 a 288 millones en agosto de 2014 (-36.7%) y se espera que en pocos años logre el autoabastecimiento.
La producción de gas alcanzó el nivel más alto de la historia de EE.UU. y recientemente desplazó a Rusia como primer productor mundial. Además, su precio bajó notablemente. Hasta hace unos pocos años el precio en el país norteamericano era superior al de Europa y Japón (en 2005 fue más alto en 47.2% y 24.4%, respectivamente). En 2014 es, en promedio, el 43.7% del europeo y 26.3% del japonés.
“Guerra del petróleo”
Desde junio de 2014 los precios del petróleo bajaron en picada y ya están por debajo de los US$80/barril, debido a la mayor oferta y a la baja reacción de la demanda. La oferta crece por el aumento de la producción de Estados Unidos, la recuperación de Libia y el bajo efecto de las sanciones a Rusia, por la dependencia que tiene la Unión Europea del petróleo y el gas de esa nación asiática.
El mundo esperaba recortes de la producción de la OPEP para contener la caída de los precios. Esa decisión no se ha tomado y, al parecer, se inició una “guerra del petróleo” en la que los miembros dominantes de esa organización buscan la caída de los precios hasta el nivel en que la producción de petróleo de esquisto no sea rentable.
La batalla no será fácil, pues cerca del 60% de la producción mundial es de los países no-OPEP, incluidos EE.UU., Rusia, Noruega, Canadá, Kazajstán, Azerbaiyán, México y Brasil, que son grandes productores. De ellos, solo EE.UU. no es un gran exportador de crudo, pero próximamente retornará a este mercado. De esta forma, la “guerra” puede llevar a un escenario que nadie preveía, con precios incluso inferiores a US$60.
Otras consecuencias
Como ocurre con diversas variables económicas, los cambios en el mundo petrolero tendrán implicaciones positivas para unos y negativas para otros.
Sin duda, el gran ganador es EE.UU. La reducción de los precios del petróleo y del gas baja los costos de producción de las empresas y mejora su competitividad relativa. El abaratamiento de los abonos y fertilizantes, repercute en menores precios de los alimentos a los consumidores. La consecuente moderación de los precios de manufacturas y alimentos, sumada a la contracción de los precios de la gasolina y el gas de uso doméstico, incrementan el ingreso disponible de las familias y consolidan la recuperación de la economía. Otros resultados de interés para este país son la reducción del déficit comercial y la pérdida de relevancia estratégica del Medio Oriente.
Varios de los beneficios mencionados se extenderán a todas las economías, especialmente a las importadoras de energía.
Los perdedores serán los exportadores de energía en los que la balanza de pagos y las finanzas públicas tienen alta dependencia de esos recursos. El impacto no solo lo sentirán los que exportan petróleo y gas, sino también los de carbón, pues está siendo sustituido por gas, que es más barato y menos contaminante.
Es alto el riesgo de inestabilidad fiscal en las economías dependientes de la producción y exportación de energía. Los principales miembros de la OPEP proyectaron sus presupuestos con precios del petróleo superiores a los US$90; incluso Venezuela lo hizo con US$120 e Irán con US$135.
Impactos probables en Colombia
Colombia tiene alta dependencia del petróleo en las exportaciones y en las cuentas fiscales; además las reservas dan para apenas seis o siete años. En carbón, pese a las altas reservas, se enfrenta un precio internacional bajo y la creciente sustitución por gas natural.
En 2013 los minero-energéticos representaron el 72% de las exportaciones totales. Es evidente que si se mantiene la tendencia a la baja de los precios de la energía, el déficit comercial tenderá a volverse estructural y será necesario un ajuste de las importaciones y de la tasa de cambio para mantenerlo en niveles razonables.
No es menospreciable el impacto fiscal de los bajos precios del petróleo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene un supuesto de US$98/barril para 2015 y estima que cada dólar de variación del precio impacta en $420.000 millones el presupuesto.
Un estudio reciente de Hernando José Gómez plantea un escenario pesimista con desplome del precio del petróleo a US$60. Esto propiciaría una caída del PIB de -2.6% en 2016, reducción de los ingresos fiscales de -1% del PIB anual, aumento del desempleo a 11.6% y crecimiento de la pobreza de 29% a 34%, entre otros.
Ese estudio es un campanazo de alerta para que las autoridades económicas prevean la reacción frente a un escenario que hace unos pocos meses se consideraba inviable, pero que hoy tiende a volverse realidad.
Afortunadamente, el buen manejo de las finanzas públicas y de la política monetaria es un patrimonio de la economía colombiana, que brinda la capacidad de respuesta para amortiguar esos impactos. Esperemos que primen los efectos positivos sobre los negativos.
Reforma tributaria: ¿Coyuntural o estructural?
viernes, 21 de noviembre de 2014
Publicado en la Revista MisiónPyme No 80, noviembre de 2014
La reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso causó una sorpresa y generó debates por su justificación y su contenido. La sorpresa surge porque en la campaña presidencial que terminó en junio pasado ningún candidato mencionó el tema, pero, en cambio, varios expertos formularon la necesidad de una reforma tributaria.
Aun así fue sorpresa, porque mientras los estudiosos apuntaban a una reforma tributaria estructural, la presentada nace de problemas presuntamente coyunturales.
Justificación de la reforma
El Ministro de Hacienda justifica la reforma por tres razones: la necesidad de financiar gastos permanentes –el fortalecimiento de las fuerzas militares y los compromisos adquiridos en el paro agrario del año pasado– que se nutrían de impuestos temporales; la reducción de la renta petrolera por cuenta de la caída en la producción y la tendencia descendente de los precios internacionales; y la importancia de sostener la dinámica de la inversión pública en un entorno global de desaceleración.
No es razonable establecer gastos permanentes y financiarlos con impuestos temporales y anti-técnicos. Tampoco lo es que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), publicado en junio, no se mencione el problema esperado para 2015, toda vez que era conocido que la vigencia del impuesto al patrimonio terminaría a finales de 2014 y que el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) se desmontaría gradualmente entre 2015 y 2017.
Con relación al precio del petróleo, desde 2013 hay análisis sobre la probabilidad de caída como consecuencia de la creciente oferta de hidrocarburos no convencionales. Esa previsión se está cumpliendo con una rapidez y en una magnitud que pocos esperaban. En este punto el MFMP fue muy optimista al suponer un precio de US$98 para 2014 y US$99 para 2015.
Por último, es evidente que ante la nueva desaceleración que está enfrentando el mundo, hay que fortalecer la dinámica del mercado interno. En ese contexto son claves las autopistas 4G y la construcción de las 300 mil viviendas gratis y las 200 mil con subsidios para los estratos 1 y 2; pero, como lo enuncia el Ministro, estos rubros no tienen un impacto de corto plazo en el gasto público.
Las medidas propuestas
En esencia la reforma busca recaudar el faltante de $12.5 billones para 2015 mediante la extensión de la vigencia del GMF hasta el 2018 –posponiendo su desmonte para 2019-2021–; la creación del impuesto a la riqueza en reemplazo del impuesto al patrimonio; y una sobretasa de tres puntos al CREE entre 2015 y 2018, junto con el aumento permanente de ese impuesto del 8% al 9% a partir del periodo gravable 2016.
Varios puntos han generado la polémica. Primero, se busca financiar no solo el 2015 sino todo el periodo del actual Gobierno. Pero se siguen financiando con impuestos temporales los gastos permanentes.
Segundo, no hay nada en la reforma que solucione los problemas estructurales que tienen las finanzas públicas y que han sido diagnosticados en diversos estudios nacionales e internacionales.
Tercero, la prolongación del GMF a pesar de las distorsiones que ocasiona en el mercado financiero; este impuesto induce una alta preferencia por efectivo, que frena la profundización financiera y su potencial impacto en el desarrollo económico. Según la Asobancaria, “la alta demanda por este medio de pago favorece las actividades delictivas, la evasión tributaria y la informalidad, que son elevadas en el país. Además, constriñe el desarrollo de otros medios de pago que son unos vehículos eficaces de inclusión financiera”.
Cuarto, crea el impuesto a la riqueza, que es otro impuesto anti-técnico pues grava el patrimonio, que es el motor del crecimiento de las empresas. Un ejercicio de Fedesarrollo (Tendencia Económica No. 146) muestra que este gravamen castiga a las empresas intensivas en capital y a las que tienen baja rentabilidad patrimonial.
Un aspecto poco mencionado es el impacto de ese impuesto sobre las pyme. Al respecto, un estudio del FMI, de 1994, señaló: “Como las firmas más pequeñas tienden a mantener una baja proporción entre deuda y títulos, la distribución de las cargas tributarias entre firmas pequeñas y grandes se sesga en contra de las pequeñas en el caso de un impuesto al patrimonio neto”.
Reforma estructural
La OCDE, organización a la que Colombia está en proceso de adhesión, resume el problema fiscal en los siguientes términos: “El sistema tributario colombiano recauda poco, crea distorsiones por medio de las diversas desgravaciones, regímenes especiales y tasas marginales relativamente altas, y la redistribución es baja o inexistente. Además, es un régimen complejo que genera altos costos administrativos y de cumplimiento, así como una amplia elusión y evasión de impuestos”.
Adicionalmente un estudio del Banco Mundial muestra que los beneficios y exenciones a los impuestos de renta e IVA pasaron de 127 a 201 entre 2000 y 2011. Ellos tienen un costo fiscal del 4.5% del PIB.
Por último, Christian Moller, del Banco Mundial, afirma: “Mientras que los impuestos y las transferencias reducen la desigualdad en cerca de 12 puntos Gini en los países europeos de la OCDE, la política fiscal en Colombia no parece tener un impacto redistributivo importante”.
Los anteriores elementos muestran las razones que le asisten al Consejo Gremial Nacional para solicitar al Gobierno que el proyecto de reforma tributaria solo financie el faltante de 2015 y que se conforme un comité de expertos para diseñar una reforma estructural.
La reforma estructural es necesaria para sustituir la colcha de retazos que actualmente es el estatuto tributario. Con ella, la política fiscal se debe convertir en una herramienta efectiva para mejorar la distribución del ingreso, no generar distorsiones a la inversión privada y contar con el margen de maniobra para su uso contracíclico.
La reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso causó una sorpresa y generó debates por su justificación y su contenido. La sorpresa surge porque en la campaña presidencial que terminó en junio pasado ningún candidato mencionó el tema, pero, en cambio, varios expertos formularon la necesidad de una reforma tributaria.
Aun así fue sorpresa, porque mientras los estudiosos apuntaban a una reforma tributaria estructural, la presentada nace de problemas presuntamente coyunturales.
Justificación de la reforma
El Ministro de Hacienda justifica la reforma por tres razones: la necesidad de financiar gastos permanentes –el fortalecimiento de las fuerzas militares y los compromisos adquiridos en el paro agrario del año pasado– que se nutrían de impuestos temporales; la reducción de la renta petrolera por cuenta de la caída en la producción y la tendencia descendente de los precios internacionales; y la importancia de sostener la dinámica de la inversión pública en un entorno global de desaceleración.
No es razonable establecer gastos permanentes y financiarlos con impuestos temporales y anti-técnicos. Tampoco lo es que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), publicado en junio, no se mencione el problema esperado para 2015, toda vez que era conocido que la vigencia del impuesto al patrimonio terminaría a finales de 2014 y que el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) se desmontaría gradualmente entre 2015 y 2017.
Con relación al precio del petróleo, desde 2013 hay análisis sobre la probabilidad de caída como consecuencia de la creciente oferta de hidrocarburos no convencionales. Esa previsión se está cumpliendo con una rapidez y en una magnitud que pocos esperaban. En este punto el MFMP fue muy optimista al suponer un precio de US$98 para 2014 y US$99 para 2015.
Por último, es evidente que ante la nueva desaceleración que está enfrentando el mundo, hay que fortalecer la dinámica del mercado interno. En ese contexto son claves las autopistas 4G y la construcción de las 300 mil viviendas gratis y las 200 mil con subsidios para los estratos 1 y 2; pero, como lo enuncia el Ministro, estos rubros no tienen un impacto de corto plazo en el gasto público.
Las medidas propuestas
En esencia la reforma busca recaudar el faltante de $12.5 billones para 2015 mediante la extensión de la vigencia del GMF hasta el 2018 –posponiendo su desmonte para 2019-2021–; la creación del impuesto a la riqueza en reemplazo del impuesto al patrimonio; y una sobretasa de tres puntos al CREE entre 2015 y 2018, junto con el aumento permanente de ese impuesto del 8% al 9% a partir del periodo gravable 2016.
Varios puntos han generado la polémica. Primero, se busca financiar no solo el 2015 sino todo el periodo del actual Gobierno. Pero se siguen financiando con impuestos temporales los gastos permanentes.
Segundo, no hay nada en la reforma que solucione los problemas estructurales que tienen las finanzas públicas y que han sido diagnosticados en diversos estudios nacionales e internacionales.
Tercero, la prolongación del GMF a pesar de las distorsiones que ocasiona en el mercado financiero; este impuesto induce una alta preferencia por efectivo, que frena la profundización financiera y su potencial impacto en el desarrollo económico. Según la Asobancaria, “la alta demanda por este medio de pago favorece las actividades delictivas, la evasión tributaria y la informalidad, que son elevadas en el país. Además, constriñe el desarrollo de otros medios de pago que son unos vehículos eficaces de inclusión financiera”.
Cuarto, crea el impuesto a la riqueza, que es otro impuesto anti-técnico pues grava el patrimonio, que es el motor del crecimiento de las empresas. Un ejercicio de Fedesarrollo (Tendencia Económica No. 146) muestra que este gravamen castiga a las empresas intensivas en capital y a las que tienen baja rentabilidad patrimonial.
Un aspecto poco mencionado es el impacto de ese impuesto sobre las pyme. Al respecto, un estudio del FMI, de 1994, señaló: “Como las firmas más pequeñas tienden a mantener una baja proporción entre deuda y títulos, la distribución de las cargas tributarias entre firmas pequeñas y grandes se sesga en contra de las pequeñas en el caso de un impuesto al patrimonio neto”.
Reforma estructural
La OCDE, organización a la que Colombia está en proceso de adhesión, resume el problema fiscal en los siguientes términos: “El sistema tributario colombiano recauda poco, crea distorsiones por medio de las diversas desgravaciones, regímenes especiales y tasas marginales relativamente altas, y la redistribución es baja o inexistente. Además, es un régimen complejo que genera altos costos administrativos y de cumplimiento, así como una amplia elusión y evasión de impuestos”.
Adicionalmente un estudio del Banco Mundial muestra que los beneficios y exenciones a los impuestos de renta e IVA pasaron de 127 a 201 entre 2000 y 2011. Ellos tienen un costo fiscal del 4.5% del PIB.
Por último, Christian Moller, del Banco Mundial, afirma: “Mientras que los impuestos y las transferencias reducen la desigualdad en cerca de 12 puntos Gini en los países europeos de la OCDE, la política fiscal en Colombia no parece tener un impacto redistributivo importante”.
Los anteriores elementos muestran las razones que le asisten al Consejo Gremial Nacional para solicitar al Gobierno que el proyecto de reforma tributaria solo financie el faltante de 2015 y que se conforme un comité de expertos para diseñar una reforma estructural.
La reforma estructural es necesaria para sustituir la colcha de retazos que actualmente es el estatuto tributario. Con ella, la política fiscal se debe convertir en una herramienta efectiva para mejorar la distribución del ingreso, no generar distorsiones a la inversión privada y contar con el margen de maniobra para su uso contracíclico.
Seguro de desempleo
martes, 18 de noviembre de 2014
Publicado en Ámbito Jurídico, Año XVII – No. 406; 10 al 23 de noviembre de 2014
En la pasada Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, Miguel Urrutia, exgerente general del Banco de la República y profesor de la Universidad de los Andes, presentó una propuesta de seguro de desempleo. La propuesta es el resultado de un trabajo de investigación dirigido por él, con la participación de un grupo técnico de la Universidad de los Andes y de Fasecolda.
En ausencia de un seguro de desempleo, la pérdida del empleo ocasiona un drama a las familias: los ingresos caen, la educación de los hijos se suspende, desmejora la calidad de la alimentación, pierden el acceso al sistema de salud, aumentan el endeudamiento, se pone en riesgo el patrimonio y aumenta la probabilidad de entrar a la informalidad.
El Gobierno colombiano ha realizado diferentes intentos de proteger a los trabajadores frente a esa eventualidad, pero con poco éxito. El esquema más antiguo es el de cesantías; los empleadores están obligados a abonar anualmente en un fondo de cesantías, el equivalente a un mes de salario de cada empleado que devengue menos de 10 salarios mínimos legales (SMMLV). Además debe pagarle como intereses al trabajador el 12% del valor abonado.
Teóricamente esa cuenta individual debería constituir una reserva para ser utilizada como ingreso en caso de pérdida del empleo. Sin embargo, en la práctica no funciona así, pues la legislación permite al trabajador retirar total o parcialmente las cesantías para pagos de educación superior y compra o reparaciones de vivienda. Además, cuando un trabajador cambia de empresa, puede disponer del saldo acumulado.
De esta forma, las cesantías se volvieron parte del ingreso corriente de los trabajadores; más del 70% de ellas son retiradas en los meses siguientes al abono, por cualquiera de las razones señaladas. Por eso, si quedan desempleados, no disponen de las reservas suficientes para cubrir sus necesidades básicas mientras logran otro empleo.
En el presente año entró en funcionamiento el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), establecido mediante la Ley 1636 de 2013. El MPC cubre a todos los empleados afiliados a cajas de compensación y consiste en el pago de los aportes a salud y pensiones del trabajador por un periodo de seis meses, sobre la base de un salario mínimo.
De forma complementaria, los trabajadores del régimen de cesantías pueden inscribirse para ahorrar voluntariamente como mínimo el 10% de sus cesantías, en el caso que devenguen hasta dos SMMLV, o el 25% para los de salarios superiores a ese nivel. Cuando el trabajador pierde el empleo, además de los pagos a la seguridad social mencionados, recibe un subsidio del Gobierno del 20% del saldo ahorrado si sus ingresos son inferiores a dos SMMLV; ese porcentaje es decreciente para salarios superiores.
Es claro que el MPC cubre un gasto importante para las familias e incentiva la acumulación de cesantías. Sin embargo, queda abierta la puerta para suspender el ahorro cuando se quiera (perdiendo el derecho al subsidio), lo que, dada la arraigada práctica de retiro, repercutirá en baja acumulación de reservas. Adicionalmente, a pesar de la buena intención, no brinda los ingresos suficientes para cubrir los demás gastos.
La propuesta de Urrutia complementa los dos instrumentos mencionados y opera en sentido estricto como un seguro. Por el pago de una prima, cubierta con parte de los intereses de las cesantías, el trabajador que sea despedido sin justa causa podrá recibir el equivalente a tres salarios mensuales distribuidos de forma decreciente hasta por seis meses; para el efecto se toma como base el salario que devengaba al momento del despido y el seguro se activa después de transcurrido un periodo en el que se supone que el trabajador se debe financiar con sus cesantías.
El seguro y los otros dos instrumentos incentivarán al trabajador a retener sus cesantías de al menos tres periodos. Con ello se garantiza que sus ingresos no caerán a cero al perder el empleo, contará con aportes a pensiones y salud, y con el subsidio del gobierno por un periodo un poco superior al de la duración del desempleo, que Urrutia y sus colaboradores calculan en cerca de seis meses. Además, el decrecimiento de las mensualidades del seguro contribuye a que el trabajador se mantenga activo en la búsqueda de empleo.
En términos macroeconómicos el seguro de desempleo contribuye a retener mano de obra en el sector formal y aumenta los incentivos para reducir la informalidad laboral. Además, en periodos de desaceleración económica ayuda a moderar el ciclo al amortiguar la caída de la demanda agregada.
Cabe esperar que las ideas propuestas sean plasmadas en un proyecto de ley y que se logren poner en práctica. Los beneficiados serán no solo los trabajadores formales y sus familias, sino todo el país.
En la pasada Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, Miguel Urrutia, exgerente general del Banco de la República y profesor de la Universidad de los Andes, presentó una propuesta de seguro de desempleo. La propuesta es el resultado de un trabajo de investigación dirigido por él, con la participación de un grupo técnico de la Universidad de los Andes y de Fasecolda.
En ausencia de un seguro de desempleo, la pérdida del empleo ocasiona un drama a las familias: los ingresos caen, la educación de los hijos se suspende, desmejora la calidad de la alimentación, pierden el acceso al sistema de salud, aumentan el endeudamiento, se pone en riesgo el patrimonio y aumenta la probabilidad de entrar a la informalidad.
El Gobierno colombiano ha realizado diferentes intentos de proteger a los trabajadores frente a esa eventualidad, pero con poco éxito. El esquema más antiguo es el de cesantías; los empleadores están obligados a abonar anualmente en un fondo de cesantías, el equivalente a un mes de salario de cada empleado que devengue menos de 10 salarios mínimos legales (SMMLV). Además debe pagarle como intereses al trabajador el 12% del valor abonado.
Teóricamente esa cuenta individual debería constituir una reserva para ser utilizada como ingreso en caso de pérdida del empleo. Sin embargo, en la práctica no funciona así, pues la legislación permite al trabajador retirar total o parcialmente las cesantías para pagos de educación superior y compra o reparaciones de vivienda. Además, cuando un trabajador cambia de empresa, puede disponer del saldo acumulado.
De esta forma, las cesantías se volvieron parte del ingreso corriente de los trabajadores; más del 70% de ellas son retiradas en los meses siguientes al abono, por cualquiera de las razones señaladas. Por eso, si quedan desempleados, no disponen de las reservas suficientes para cubrir sus necesidades básicas mientras logran otro empleo.
En el presente año entró en funcionamiento el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), establecido mediante la Ley 1636 de 2013. El MPC cubre a todos los empleados afiliados a cajas de compensación y consiste en el pago de los aportes a salud y pensiones del trabajador por un periodo de seis meses, sobre la base de un salario mínimo.
De forma complementaria, los trabajadores del régimen de cesantías pueden inscribirse para ahorrar voluntariamente como mínimo el 10% de sus cesantías, en el caso que devenguen hasta dos SMMLV, o el 25% para los de salarios superiores a ese nivel. Cuando el trabajador pierde el empleo, además de los pagos a la seguridad social mencionados, recibe un subsidio del Gobierno del 20% del saldo ahorrado si sus ingresos son inferiores a dos SMMLV; ese porcentaje es decreciente para salarios superiores.
Es claro que el MPC cubre un gasto importante para las familias e incentiva la acumulación de cesantías. Sin embargo, queda abierta la puerta para suspender el ahorro cuando se quiera (perdiendo el derecho al subsidio), lo que, dada la arraigada práctica de retiro, repercutirá en baja acumulación de reservas. Adicionalmente, a pesar de la buena intención, no brinda los ingresos suficientes para cubrir los demás gastos.
La propuesta de Urrutia complementa los dos instrumentos mencionados y opera en sentido estricto como un seguro. Por el pago de una prima, cubierta con parte de los intereses de las cesantías, el trabajador que sea despedido sin justa causa podrá recibir el equivalente a tres salarios mensuales distribuidos de forma decreciente hasta por seis meses; para el efecto se toma como base el salario que devengaba al momento del despido y el seguro se activa después de transcurrido un periodo en el que se supone que el trabajador se debe financiar con sus cesantías.
El seguro y los otros dos instrumentos incentivarán al trabajador a retener sus cesantías de al menos tres periodos. Con ello se garantiza que sus ingresos no caerán a cero al perder el empleo, contará con aportes a pensiones y salud, y con el subsidio del gobierno por un periodo un poco superior al de la duración del desempleo, que Urrutia y sus colaboradores calculan en cerca de seis meses. Además, el decrecimiento de las mensualidades del seguro contribuye a que el trabajador se mantenga activo en la búsqueda de empleo.
En términos macroeconómicos el seguro de desempleo contribuye a retener mano de obra en el sector formal y aumenta los incentivos para reducir la informalidad laboral. Además, en periodos de desaceleración económica ayuda a moderar el ciclo al amortiguar la caída de la demanda agregada.
Cabe esperar que las ideas propuestas sean plasmadas en un proyecto de ley y que se logren poner en práctica. Los beneficiados serán no solo los trabajadores formales y sus familias, sino todo el país.
Normalización monetaria, ¿y ahora qué?
viernes, 14 de noviembre de 2014
Publicado en Portafolio el 14 de noviembre de 2014
Finalmente la FED desmontó los estímulos monetarios (“Quantitative Easing” –QE) a partir de este mes. Cesa la heterodoxia sin precedentes y da paso a la ortodoxia de la política monetaria. Ahora las expectativas del mundo están en el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos.
Hay dos razones básicas para prever el aumento de las tasas de interés. La primera, las potenciales presiones inflacionarias derivadas de la enorme expansión de la base monetaria bajo el esquema del “QE”.
La segunda, es el riesgo de una nueva burbuja financiera, como parece indicarlo la evolución reciente de los precios de las acciones. Es la recuperación más rápida del S&P500 con relación a crisis anteriores, según lo muestra The Economist.
Pero, de otra parte, el aumento de las tasas de interés puede frenar la recuperación de la economía estadounidense. Por eso resultan cruciales el momento de adoptar la decisión y la magnitud del incremento.
Las variables decisivas son la tasa de desempleo y la inflación. Lo que se observa, y llama poderosamente la atención de los analistas, es que el desempleo bajó hasta 5.8%, pero la tasa de empleo no crece.
Una hipótesis explicativa es el cambio estructural relacionado con el envejecimiento de la población, que también se refleja en la caída continua de la tasa de participación. En este caso, se podría dar un compás de espera al aumento de las tasas.
Una hipótesis alternativa afirma que el mejor indicador no es el desempleo total sino el de corto plazo; según Martin Feldstein, este último empieza a generar presiones inflacionarias cuando se encuentra en un rango entre 4.0 y 4.5% y actualmente está en 4.2%. Cabría esperar, por lo tanto, que la FED iniciara el aumento de sus tasas de interés hacia marzo de 2015.
Con relación a la magnitud del cambio, diversos analistas creen que para finales de 2015 la FED habrá subido la tasa de interés a un rango entre 1.25 y 1.5%. Pero, como anota Feldstein, con una tasa de inflación de 2% anual, la tasa real sería negativa, lo que sería insuficiente para frenar las presiones inflacionarias e incluso las alimentaría; él sugiere que la tasa debe aumentar a 4.0%.
Para los países de la región la decisión de la FED es importante, porque puede generar turbulencias en los mercados financieros (salidas de capitales y dificultades de acceso al crédito) y mayores depreciaciones de las monedas.
Según la CEPAL, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia la región cayeron 23% en el primer semestre. También el IIF observó que los flujos de portafolio hacia las economías emergentes, que oscilaron alrededor de US$38 mil millones mensuales en el periodo mayo-julio de 2014, apenas llegaron a US$9 mil millones en agosto.
En ese contexto, Colombia sigue apareciendo como una notable excepción en la región. En el primer semestre los flujos de IED se incrementaron en 10%; las inversiones de portafolio se duplicaron; y el nivel de las reservas internacionales, sumado al crédito flexible con el FMI, da un margen de seguridad al país.
No obstante, no existe un blindaje total, por lo que no se puede bajar la guardia y es necesario un seguimiento estricto a las señales que dé la FED.
Finalmente la FED desmontó los estímulos monetarios (“Quantitative Easing” –QE) a partir de este mes. Cesa la heterodoxia sin precedentes y da paso a la ortodoxia de la política monetaria. Ahora las expectativas del mundo están en el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos.
Hay dos razones básicas para prever el aumento de las tasas de interés. La primera, las potenciales presiones inflacionarias derivadas de la enorme expansión de la base monetaria bajo el esquema del “QE”.
La segunda, es el riesgo de una nueva burbuja financiera, como parece indicarlo la evolución reciente de los precios de las acciones. Es la recuperación más rápida del S&P500 con relación a crisis anteriores, según lo muestra The Economist.
Pero, de otra parte, el aumento de las tasas de interés puede frenar la recuperación de la economía estadounidense. Por eso resultan cruciales el momento de adoptar la decisión y la magnitud del incremento.
Las variables decisivas son la tasa de desempleo y la inflación. Lo que se observa, y llama poderosamente la atención de los analistas, es que el desempleo bajó hasta 5.8%, pero la tasa de empleo no crece.
Una hipótesis explicativa es el cambio estructural relacionado con el envejecimiento de la población, que también se refleja en la caída continua de la tasa de participación. En este caso, se podría dar un compás de espera al aumento de las tasas.
Una hipótesis alternativa afirma que el mejor indicador no es el desempleo total sino el de corto plazo; según Martin Feldstein, este último empieza a generar presiones inflacionarias cuando se encuentra en un rango entre 4.0 y 4.5% y actualmente está en 4.2%. Cabría esperar, por lo tanto, que la FED iniciara el aumento de sus tasas de interés hacia marzo de 2015.
Con relación a la magnitud del cambio, diversos analistas creen que para finales de 2015 la FED habrá subido la tasa de interés a un rango entre 1.25 y 1.5%. Pero, como anota Feldstein, con una tasa de inflación de 2% anual, la tasa real sería negativa, lo que sería insuficiente para frenar las presiones inflacionarias e incluso las alimentaría; él sugiere que la tasa debe aumentar a 4.0%.
Para los países de la región la decisión de la FED es importante, porque puede generar turbulencias en los mercados financieros (salidas de capitales y dificultades de acceso al crédito) y mayores depreciaciones de las monedas.
Según la CEPAL, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia la región cayeron 23% en el primer semestre. También el IIF observó que los flujos de portafolio hacia las economías emergentes, que oscilaron alrededor de US$38 mil millones mensuales en el periodo mayo-julio de 2014, apenas llegaron a US$9 mil millones en agosto.
En ese contexto, Colombia sigue apareciendo como una notable excepción en la región. En el primer semestre los flujos de IED se incrementaron en 10%; las inversiones de portafolio se duplicaron; y el nivel de las reservas internacionales, sumado al crédito flexible con el FMI, da un margen de seguridad al país.
No obstante, no existe un blindaje total, por lo que no se puede bajar la guardia y es necesario un seguimiento estricto a las señales que dé la FED.
La economía mundial en la encrucijada
jueves, 23 de octubre de 2014
Publicado en la revista MisiónPyme No. 79, octubre de 2014
La economía mundial sigue dando tumbos y no despega con la solidez que se espera. En varias ocasiones el FMI, el Banco Mundial y la OCDE han revisado a la baja el crecimiento proyectado para el 2014 y prácticamente se espera que sea similar al de 2013 (3.4% versus 3.2%).
Entre las economías desarrolladas, sólo Estados Unidos parece ir por la senda del crecimiento, mientras que la Unión Europea y Japón siguen estancadas. Entre las emergentes sobresalen India Colombia y China, aun cuando su crecimiento es menor al de la última década (7.4% frente al 10% promedio); la mayoría se están desacelerando rápidamente e incluso Brasil entró en recesión. Hay varios factores detrás de ese lento despegue.
Débil recuperación del comercio mundial
Según la OMC, las exportaciones mundiales crecieron 2.3% en el primer semestre de 2014 con relación a igual periodo de 2013, y las importaciones 2.1%. Aun cuando son variaciones positivas, distan de las tasas superiores al 20% de 2010 y 2011.
A ese crecimiento están aportando más las economías desarrolladas que las emergentes. Las exportaciones crecen débilmente en Estados Unidos (2.9%) y en la Unión Europea (4.4%), y registran caídas en Argentina, Brasil, Perú y Colombia; entre las economías grandes de la región, solo hay variaciones positivas en México (4.2%); en Chile presentan un modesto incremento del 0.1%. Incluso, China se desaceleró y sus exportaciones crecieron apenas 0.9% con relación al primer semestre de 2013.
Terminación del súper-ciclo de precios altos de los productos básicos
La reducción de la demanda internacional ocasionó la caída de los precios internacionales de los productos básicos, poniendo fin al periodo de buenos precios que comenzó a mediados de la década pasada y solo fue interrumpida por la crisis mundial.
Los precios de los alimentos, según el índice de la FAO, están en los niveles más bajos desde 2010 y, de seguir la tendencia descendente, pronto estarán por debajo de los de ese año. Los precios de la energía también se han contraído, aun cuando en proporción menor porque los del petróleo se mantienen relativamente estables alrededor de US$100 el barril. Estos hechos, sumados a la fuerte apreciación de las monedas, han repercutido en caída de los ingresos de los países exportadores.
El FMI proyecta que en los próximos años seguirá la tendencia descendente de los precios de estos productos, incluido el petróleo. Aun cuando es probable que las tasas de cambio logren niveles más competitivos, difícilmente compensarán el efecto negativo de los precios.
Cambios en la geografía mundial del petróleo
La producción de petróleo y gas no convencionales en Estados Unidos está generando cambios estructurales en el mapa energético mundial y tendrá profundas repercusiones sobre economías como la colombiana.
Estados Unidos ya es el principal productor mundial de petróleo y se proyecta que, después de 40 años de restricción, volverá al mercado de exportación de crudo. Como consecuencia viene disminuyendo las importaciones del hidrocarburo desde niveles de 5.000 millones de barriles por año en 2006 a menos de 3.500 millones en junio de 2014.
Aparejada a la producción de petróleo, la de gas de esquisto también viene creciendo y sus precios cayeron a un tercio de los de la Unión Europea y un quinto de los de Japón. La mayor oferta se está utilizando para sustituir al carbón en la producción de energía y tiene notables consecuencias en los costos de producción de la industria.
El impacto global de estos cambios será profundo, pues no solo mejora la competitividad de las empresas ubicadas en Estados Unidos, sino que para países como Colombia plantea el reto de reorientar sus exportaciones de petróleo y carbón a otros mercados y a precios más bajos.
Los dilemas de la política monetaria de Estados Unidos
Desde comienzos del presente año la FED inició el proceso conocido como “tapering” o normalización de la política monetaria. Este consiste en desmonte de la compra de bonos del tesoro y bonos hipotecarios desde montos de US$85 mil millones mensuales hasta cero en los próximos meses.
Con la normalización, se pone fin a la heterodoxa política monetaria implementada con el fin de estimular el crecimiento de la economía después de la crisis mundial de 2008-2009.
Aun cuando es un tema del manejo económico de Estados Unidos, sus repercusiones en el resto del mundo son importantes. Para comenzar, la laxitud en la oferta monetaria ocasionó la apreciación de las monedas de las economías emergentes. Ese fenómeno fue compensado en parte por los altos precios internacionales de los productos básicos; pero terminado ese ciclo alcista, impactó negativamente en la dinámica de las economías.
Ahora la normalización tendrá otros impactos pues es un hecho que la FED tendrá que subir las tasas de interés en algún momento próximo. Lo tiene que hacer porque el desmesurado aumento de la oferta de dinero inducirá fuertes presiones inflacionarias y porque los altos precios de las acciones han generado temores sobre una nueva burbuja financiera.
El problema es que ese aumento puede impactar negativamente en el crecimiento de las economías emergentes. Como un buen número de ellas se está desacelerando, los bancos centrales han bajado sus tasas de interés; si en ese contexto la FED sube sus tasas, es claro que habrá una migración de capitales hacia Estados Unidos, fuertes depreciaciones de las tasas de cambio y endurecimiento de los mercados de crédito.
En síntesis, la economía mundial está en una encrucijada que aumenta los grados de incertidumbre que enfrentan las economías emergentes. En ese contexto, las autoridades económicas del país se deben mover con prudencia, como lo han hecho hasta ahora. Y los empresarios deben estar alerta para reaccionar a tiempo frente a los cambios y para aprovechar las oportunidades que surgen incluso en escenarios complejos.
La economía mundial sigue dando tumbos y no despega con la solidez que se espera. En varias ocasiones el FMI, el Banco Mundial y la OCDE han revisado a la baja el crecimiento proyectado para el 2014 y prácticamente se espera que sea similar al de 2013 (3.4% versus 3.2%).
Entre las economías desarrolladas, sólo Estados Unidos parece ir por la senda del crecimiento, mientras que la Unión Europea y Japón siguen estancadas. Entre las emergentes sobresalen India Colombia y China, aun cuando su crecimiento es menor al de la última década (7.4% frente al 10% promedio); la mayoría se están desacelerando rápidamente e incluso Brasil entró en recesión. Hay varios factores detrás de ese lento despegue.
Débil recuperación del comercio mundial
Según la OMC, las exportaciones mundiales crecieron 2.3% en el primer semestre de 2014 con relación a igual periodo de 2013, y las importaciones 2.1%. Aun cuando son variaciones positivas, distan de las tasas superiores al 20% de 2010 y 2011.
A ese crecimiento están aportando más las economías desarrolladas que las emergentes. Las exportaciones crecen débilmente en Estados Unidos (2.9%) y en la Unión Europea (4.4%), y registran caídas en Argentina, Brasil, Perú y Colombia; entre las economías grandes de la región, solo hay variaciones positivas en México (4.2%); en Chile presentan un modesto incremento del 0.1%. Incluso, China se desaceleró y sus exportaciones crecieron apenas 0.9% con relación al primer semestre de 2013.
Terminación del súper-ciclo de precios altos de los productos básicos
La reducción de la demanda internacional ocasionó la caída de los precios internacionales de los productos básicos, poniendo fin al periodo de buenos precios que comenzó a mediados de la década pasada y solo fue interrumpida por la crisis mundial.
Los precios de los alimentos, según el índice de la FAO, están en los niveles más bajos desde 2010 y, de seguir la tendencia descendente, pronto estarán por debajo de los de ese año. Los precios de la energía también se han contraído, aun cuando en proporción menor porque los del petróleo se mantienen relativamente estables alrededor de US$100 el barril. Estos hechos, sumados a la fuerte apreciación de las monedas, han repercutido en caída de los ingresos de los países exportadores.
El FMI proyecta que en los próximos años seguirá la tendencia descendente de los precios de estos productos, incluido el petróleo. Aun cuando es probable que las tasas de cambio logren niveles más competitivos, difícilmente compensarán el efecto negativo de los precios.
Cambios en la geografía mundial del petróleo
La producción de petróleo y gas no convencionales en Estados Unidos está generando cambios estructurales en el mapa energético mundial y tendrá profundas repercusiones sobre economías como la colombiana.
Estados Unidos ya es el principal productor mundial de petróleo y se proyecta que, después de 40 años de restricción, volverá al mercado de exportación de crudo. Como consecuencia viene disminuyendo las importaciones del hidrocarburo desde niveles de 5.000 millones de barriles por año en 2006 a menos de 3.500 millones en junio de 2014.
Aparejada a la producción de petróleo, la de gas de esquisto también viene creciendo y sus precios cayeron a un tercio de los de la Unión Europea y un quinto de los de Japón. La mayor oferta se está utilizando para sustituir al carbón en la producción de energía y tiene notables consecuencias en los costos de producción de la industria.
El impacto global de estos cambios será profundo, pues no solo mejora la competitividad de las empresas ubicadas en Estados Unidos, sino que para países como Colombia plantea el reto de reorientar sus exportaciones de petróleo y carbón a otros mercados y a precios más bajos.
Los dilemas de la política monetaria de Estados Unidos
Desde comienzos del presente año la FED inició el proceso conocido como “tapering” o normalización de la política monetaria. Este consiste en desmonte de la compra de bonos del tesoro y bonos hipotecarios desde montos de US$85 mil millones mensuales hasta cero en los próximos meses.
Con la normalización, se pone fin a la heterodoxa política monetaria implementada con el fin de estimular el crecimiento de la economía después de la crisis mundial de 2008-2009.
Aun cuando es un tema del manejo económico de Estados Unidos, sus repercusiones en el resto del mundo son importantes. Para comenzar, la laxitud en la oferta monetaria ocasionó la apreciación de las monedas de las economías emergentes. Ese fenómeno fue compensado en parte por los altos precios internacionales de los productos básicos; pero terminado ese ciclo alcista, impactó negativamente en la dinámica de las economías.
Ahora la normalización tendrá otros impactos pues es un hecho que la FED tendrá que subir las tasas de interés en algún momento próximo. Lo tiene que hacer porque el desmesurado aumento de la oferta de dinero inducirá fuertes presiones inflacionarias y porque los altos precios de las acciones han generado temores sobre una nueva burbuja financiera.
El problema es que ese aumento puede impactar negativamente en el crecimiento de las economías emergentes. Como un buen número de ellas se está desacelerando, los bancos centrales han bajado sus tasas de interés; si en ese contexto la FED sube sus tasas, es claro que habrá una migración de capitales hacia Estados Unidos, fuertes depreciaciones de las tasas de cambio y endurecimiento de los mercados de crédito.
En síntesis, la economía mundial está en una encrucijada que aumenta los grados de incertidumbre que enfrentan las economías emergentes. En ese contexto, las autoridades económicas del país se deben mover con prudencia, como lo han hecho hasta ahora. Y los empresarios deben estar alerta para reaccionar a tiempo frente a los cambios y para aprovechar las oportunidades que surgen incluso en escenarios complejos.
Aguafiestas
martes, 14 de octubre de 2014
Publicado en Portafolio el viernes 10 de octubre de 2014
El Dane informó que el PIB creció 4.3% en el segundo trimestre. Según The Economist, con ese resultado Colombia se ubica como la sexta economía de mayor crecimiento entre las 49 que ya tienen resultados para ese periodo.
Este crecimiento sumado a los buenos registros de otras variables, fortalece el entusiasmo de gobierno, empresarios y analistas sobre las perspectivas positivas de la economía. Aun así, siendo aguafiestas, es sensato tomar en cuenta algunos riesgos que aparecen en el horizonte global.
En Estados Unidos los analistas coinciden en que la economía está creciendo; pero su dinámica es débil, como se deduce de la revisión de la proyección del FMI de 2.8% a 1.7%. En la Unión Europea la actividad económica se debilitó en el segundo trimestre y la OCDE revisó su estimativo de crecimiento de 1.2% a 0.8%. Japón tampoco levanta cabeza, por lo que ese organismo bajó su proyección de 1.2% a 0.9%. La mayor parte de las economías emergentes se ha desacelerado, incluyendo a Rusia, Suráfrica, Perú, Chile, México, Argentina y Brasil, que ya entró en recesión.
Los analistas achacan la desaceleración de las economías emergentes a la terminación del súper-ciclo de aumento de precios de los productos básicos. El bajón del crecimiento chileno, por ejemplo, se explica en un 70% por factores externos, según el economista Vittorio Corbo. Pero Colombia, que es un exportador altamente dependiente de esos productos, sigue como si nada.
En realidad, hasta ahora hemos contado con suerte, pues los precios del petróleo se mantienen estables, los del café subieron, coincidiendo con la recuperación de la producción colombiana, y los de banano se estabilizaron en precios altos.
En ese contexto, el saldo negativo de la balanza comercial es un campanazo de alerta. Grosso modo el déficit acumulado a junio (-US$1.900 millones) se explica por la caída de las exportaciones de petróleo a Estados Unidos; sin ese país, el saldo comercial es positivo en US$362 millones. No obstante, el problema puede ser mayor de lo que aparenta, pues no es coyuntural.
Por ahora se logró reorientar las exportaciones de petróleo a otros destinos, como España, China y el Medio Oriente. Pero están ocurriendo cambios estructurales ante los cuales hay que reaccionar.
La producción de petróleo y gas no convencionales en Estados Unidos alteró el panorama global; ya es el primer productor mundial y en pocos años dejará de ser importador para pasar a ser exportador. Como complemento, está produciendo grandes cantidades de gas natural a precios bajos, que le permiten sustituir las importaciones y la producción local de energía con carbón.
Esto significa que el petróleo y el carbón colombianos enfrentan crecientes dificultades en ese mercado. El problema es que ellos representan en promedio el 65% y el 70% de las exportaciones al mundo y a Estados Unidos, respectivamente.
Es hora de poner polo a tierra. The Economist (“Emerging economies. Hold the catch-up”), refiriéndose al crecimiento del mundo emergente, señala que “el periodo de rápida convergencia parece haber terminado”. Frente a ese panorama, es necesario fortalecer la demanda interna, seguir en la línea de eliminar las barreras al comercio y lograr un salto en la diversificación de la canasta exportadora. Lo que no podemos hace es seguir soñando que el país podrá mantenerse como una isla.
El Dane informó que el PIB creció 4.3% en el segundo trimestre. Según The Economist, con ese resultado Colombia se ubica como la sexta economía de mayor crecimiento entre las 49 que ya tienen resultados para ese periodo.
Este crecimiento sumado a los buenos registros de otras variables, fortalece el entusiasmo de gobierno, empresarios y analistas sobre las perspectivas positivas de la economía. Aun así, siendo aguafiestas, es sensato tomar en cuenta algunos riesgos que aparecen en el horizonte global.
En Estados Unidos los analistas coinciden en que la economía está creciendo; pero su dinámica es débil, como se deduce de la revisión de la proyección del FMI de 2.8% a 1.7%. En la Unión Europea la actividad económica se debilitó en el segundo trimestre y la OCDE revisó su estimativo de crecimiento de 1.2% a 0.8%. Japón tampoco levanta cabeza, por lo que ese organismo bajó su proyección de 1.2% a 0.9%. La mayor parte de las economías emergentes se ha desacelerado, incluyendo a Rusia, Suráfrica, Perú, Chile, México, Argentina y Brasil, que ya entró en recesión.
Los analistas achacan la desaceleración de las economías emergentes a la terminación del súper-ciclo de aumento de precios de los productos básicos. El bajón del crecimiento chileno, por ejemplo, se explica en un 70% por factores externos, según el economista Vittorio Corbo. Pero Colombia, que es un exportador altamente dependiente de esos productos, sigue como si nada.
En realidad, hasta ahora hemos contado con suerte, pues los precios del petróleo se mantienen estables, los del café subieron, coincidiendo con la recuperación de la producción colombiana, y los de banano se estabilizaron en precios altos.
En ese contexto, el saldo negativo de la balanza comercial es un campanazo de alerta. Grosso modo el déficit acumulado a junio (-US$1.900 millones) se explica por la caída de las exportaciones de petróleo a Estados Unidos; sin ese país, el saldo comercial es positivo en US$362 millones. No obstante, el problema puede ser mayor de lo que aparenta, pues no es coyuntural.
Por ahora se logró reorientar las exportaciones de petróleo a otros destinos, como España, China y el Medio Oriente. Pero están ocurriendo cambios estructurales ante los cuales hay que reaccionar.
La producción de petróleo y gas no convencionales en Estados Unidos alteró el panorama global; ya es el primer productor mundial y en pocos años dejará de ser importador para pasar a ser exportador. Como complemento, está produciendo grandes cantidades de gas natural a precios bajos, que le permiten sustituir las importaciones y la producción local de energía con carbón.
Esto significa que el petróleo y el carbón colombianos enfrentan crecientes dificultades en ese mercado. El problema es que ellos representan en promedio el 65% y el 70% de las exportaciones al mundo y a Estados Unidos, respectivamente.
Es hora de poner polo a tierra. The Economist (“Emerging economies. Hold the catch-up”), refiriéndose al crecimiento del mundo emergente, señala que “el periodo de rápida convergencia parece haber terminado”. Frente a ese panorama, es necesario fortalecer la demanda interna, seguir en la línea de eliminar las barreras al comercio y lograr un salto en la diversificación de la canasta exportadora. Lo que no podemos hace es seguir soñando que el país podrá mantenerse como una isla.
Educación financiera: ¿Solo PISA?
lunes, 6 de octubre de 2014
Publicado en la revista de Fasecolda No. 157, octubre 2014
El último puesto entre los 18 países que presentaron el módulo de competencias financieras de las pruebas PISA, corrobora la carencia de formación financiera básica en el país. La propia Ministra de Educación consideró que el resultado “era previsible porque en Colombia «nunca se ha enseñado educación financiera»” (El Espectador, 2014).
Es apenas obvio que si no hay una política pública de educación financiera, sea alta la probabilidad de salir mal evaluados. Por eso, no tiene sentido haber hecho parte de ese módulo de PISA; mejor, hubiéramos sido observadores como prefirió la mayor parte de los miembros de la OCDE. Pero los resultados están y se deben aprovechar.
En este artículo se enfatiza en la importancia de la educación financiera, se muestran algunos resultados poco mencionados de PISA, se pasa revista a la situación en otros países y se enuncian los resultados de un estudio de Raddar (2014) para Colombia.
Sobre la educación en economía y finanzas
Según John Kenneth Galbraith (1981; p. 18), “comprender el funcionamiento de la actividad económica es comprender la mayor parte de nuestra vida”.
Aun cuando esa afirmación puede lucir un poco exagerada, lo cierto es que diversos temas financieros afectan cotidianamente a los ciudadanos. El incremento del patrimonio de las familias generalmente es financiado; el ahorro permite contar con una pensión para la vejez; los seguros protegen el patrimonio frente a eventos de la naturaleza, acciones delincuenciales y casos fortuitos; un seguro de desempleo mitiga la caída de ingresos mientras se logra otra vinculación laboral; etcétera.
Pero muchas personas no entienden cómo funciona un crédito; tampoco son conscientes de la necesidad de protegerse frente a los riesgos que pueden afectar su estabilidad económica y su patrimonio. De ahí la importancia de la educación para el desarrollo de competencias financieras.
Algunos resultados
El gráfico 1 muestra que en competencias financieras Colombia fue el único país con más del 50% de los estudiantes en el nivel de desempeño bajo y el de menor porcentaje de estudiantes en el nivel más alto.
Del gráfico 2 se colige que el 48.9% de los estudiantes colombianos está en instituciones educativas que incluyen temas financieros en sus currículos. Este es un porcentaje cercano a la media de la OCDE y superior a varios miembros de ese organismo, como Italia (34.7%) y España (15.8%). Para el caso de no disponibilidad también Colombia está cerca de la OCDE y con mejor indicador que España e Italia.
Según García (2012) a finales de los noventa se iniciaron los programas de educación financiera en Colombia, y se vienen implementando por iniciativa de entidades como el Banco de la República, Fasecolda y otros organismos públicos y privados. Se colige que, al no obedecer a una política pública y los colegios tener la opción de incluir o no el tema en los currículos, los impactos son moderados.
El gráfico 3 indica que el 59.0% de los estudiantes de Colombia está en instituciones educativas con profesores que no tienen formación específica en educación financiera; ese es un nivel cercano al de Shangái y al de la OCDE. En el otro extremo, solo el 15.7% de los estudiantes cuenta en sus colegios con más del 50% de los profesores con esa formación. En general, se encontró que “pocos profesores asisten a actividades de desarrollo profesional en competencias financieras, de acuerdo con el cuestionario de PISA para colegios” (OECD 2014; p. 40).
En síntesis, Colombia y la media de la OCDE no se diferencian sustancialmente en los porcentajes de estudiantes que tiene acceso a la educación financiera y de formación especializada de los profesores, pero nuestros resultados en las evaluaciones sí son muy inferiores al resto. Este sería un indicador de falencias en la orientación y en las habilidades que se pretende desarrollar en los estudiantes.
¿Es más educado el mundo desarrollado?
Según los resultados de PISA, en promedio el 50% de los estudiantes está en instituciones educativas que no imparten educación financiera. Aun cuando las economías desarrolladas han avanzado en la implementación de programas en ese tema desde hace varias décadas, la cobertura no es total (ver García (2012; p. 7-11) para el caso de Estados Unidos).
Sin embargo, la carencia de esta habilidad está recibiendo creciente atención, como consecuencia de la crisis económica mundial de 2008-2009, originada en el mercado de hipotecas subprime.
La mayor parte de la literatura sobre la crisis se enfoca en los problemas de supervisión y en el desarrollo de complejas innovaciones financieras que supuestamente diluían los riesgos (Avendaño, 2009). Pero recientemente se viene dando importancia al lado de la demanda, especialmente en el aspecto de la formación financiera de los agentes económicos.
Sin tener los conocimientos para valorar adecuadamente los sofisticados productos financieros desarrollados en las últimas décadas, personas naturales y jurídicas contribuyeron con su creciente demanda a la generación de la burbuja financiera que finalmente provocó la crisis.
Para el caso de Estados Unidos, Gerardi, Goette y Meier (2010) aplicaron una encuesta a deudores de créditos subprime en temas de competencias financieras, capacidad cognitiva y comprensión básica de economía; encontraron una fuerte correlación entre “un aspecto de las competencias financieras, la habilidad numérica, y las tasas de mora hipotecaria”. También comprobaron que “la iniciación de procesos judiciales era dos tercios más baja en el grupo de encuestados con mayor habilidad numérica, en comparación con el grupo con menor habilidad” (p. 29).
Lusardi y Mitchell (2014) recopilaron los resultados de las pruebas realizadas en varios países desarrollados, aplicando a personas adultas tres preguntas elementales diseñadas por ellas, con el propósito de evaluar la habilidad numérica en cálculos con tasas de interés, comprensión de la inflación y conocimientos sobre diversificación de riesgos.
En el gráfico 4 se observa que en los dos países mejor calificados (Alemania y Suiza), escasamente el 50% de los encuestados respondió correctamente las tres preguntas. En el otro extremo, Rusia y Rumania registraron los peores resultados.
Las autoras concluyen que “los bajos niveles de competencias financieras hallados para Estados Unidos, también prevalecen en otras partes, y no son específicos de un país dado o de una etapa del desarrollo económico”. También comprobaron que “la diversificación de riesgos es el concepto que la gente tiene mayor dificultad para comprender” (Lusardi y Mitchell 2014; p. 13).
En Colombia la firma Raddar (2014) hizo una encuesta a personas mayores en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, aplicando las preguntas de Lusardi y Mitchell. Los resultados indican que apenas el 9.9% de los encuestados respondió acertadamente las tres preguntas; el porcentaje más alto se registró en Bucaramanga (20.3%) y el más bajo en Barranquilla (0.9%). Por estratos socioeconómicos el mayor porcentaje lo obtuvo el estrato 4 (17.3%) y el menor el estrato 1 (2.9%).
Consideraciones finales
Es evidente que las competencias financieras de la población colombiana son deficientes y que ellas repercuten en la toma de decisiones fundamentales en la vida económica de los ciudadanos.
Hasta ahora, la educación financiera en Colombia no respondía a una política pública y descansaba en las iniciativas de entidades como el Banco de la República, Fasecolda y otros gremios y entidades privadas, así como en las decisiones autónomas de las instituciones educativas de incluirla en sus currículos.
En ese contexto, es positivo el anuncio del gobierno (MinEducación 2014) de una política de educación económica y financiera para ser implementada en los colegios “en concordancia con la autonomía escolar”; pero esto último deja dudas sobre la implementación.
Como complemento, se debe garantizar el acceso de los docentes a formación de calidad y aprovechar las infraestructuras y experiencias de los gremios del sector financiero y de las universidades con áreas de finanzas, para hacer de la educación financiera un verdadero propósito nacional.
Bibliografía
Avendaño Cruz, H. (2009). “De la crisis financiera a la crisis económica mundial”. Vox Populi No. 8, octubre de 2009; Universidad San Martín. Disponible en: http://www.sanmartin.edu.co/academicos_new/finanzas/revistas/vox_populi_8/Avendano.pdf
El Espectador (2014, 10 de Julio). “«Resultados de las pruebas Pisa eran previsibles»: Mineducación”. Recuperado el 2 de agosto de 2014 en: http://www.elespectador.com/noticias/educacion/resultados-de-pruebas-pisa-eran-previsibles-mineducacio-articulo-503511.
Galbraith, J. K. y Salinger, N. (1981). Introducción a la economía: Una guía para todos (o casi). Editorial Crítica. Barcelona.
García, N. (2010). “El impacto de la educación económica y financiera en los jóvenes: el caso de Finanzas para el Cambio”. Banco de la República, Borradores de Economía, No. 687.
Gerardi, K.; Goette, L. y Meier, S. (2010). “Financial Literacy and Subprime Mortgage Delinquency: Evidence from a Survey Matched to Administrative Data”. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper Series No. 2010-10.
Lusardi, A. y Mitchell, O. (2014). “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence”. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44.
Ministerio de Educación Nacional (2014). “Mi Plan, Mi Vida, Mi Futuro. Orientaciones pedagógicas para la Educación Económica y Financiera”. Bogotá. Recuperado el 12 de agosto de 2014 en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-343482_archivo_pdf_Orientaciones_Pedag_Educ_Economica_y_Financiera.pdf
OECD (2014). PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century. Volume VI, PISA, OECD Publishing. Recuperado el 2 de agosto de 2014 en: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-vi.pdf.
Raddar Consumer Knowledge Group (2014). “Conocimiento financiero de los colombianos”.
El último puesto entre los 18 países que presentaron el módulo de competencias financieras de las pruebas PISA, corrobora la carencia de formación financiera básica en el país. La propia Ministra de Educación consideró que el resultado “era previsible porque en Colombia «nunca se ha enseñado educación financiera»” (El Espectador, 2014).
Es apenas obvio que si no hay una política pública de educación financiera, sea alta la probabilidad de salir mal evaluados. Por eso, no tiene sentido haber hecho parte de ese módulo de PISA; mejor, hubiéramos sido observadores como prefirió la mayor parte de los miembros de la OCDE. Pero los resultados están y se deben aprovechar.
En este artículo se enfatiza en la importancia de la educación financiera, se muestran algunos resultados poco mencionados de PISA, se pasa revista a la situación en otros países y se enuncian los resultados de un estudio de Raddar (2014) para Colombia.
Sobre la educación en economía y finanzas
Según John Kenneth Galbraith (1981; p. 18), “comprender el funcionamiento de la actividad económica es comprender la mayor parte de nuestra vida”.
Aun cuando esa afirmación puede lucir un poco exagerada, lo cierto es que diversos temas financieros afectan cotidianamente a los ciudadanos. El incremento del patrimonio de las familias generalmente es financiado; el ahorro permite contar con una pensión para la vejez; los seguros protegen el patrimonio frente a eventos de la naturaleza, acciones delincuenciales y casos fortuitos; un seguro de desempleo mitiga la caída de ingresos mientras se logra otra vinculación laboral; etcétera.
Pero muchas personas no entienden cómo funciona un crédito; tampoco son conscientes de la necesidad de protegerse frente a los riesgos que pueden afectar su estabilidad económica y su patrimonio. De ahí la importancia de la educación para el desarrollo de competencias financieras.
Algunos resultados
El gráfico 1 muestra que en competencias financieras Colombia fue el único país con más del 50% de los estudiantes en el nivel de desempeño bajo y el de menor porcentaje de estudiantes en el nivel más alto.
Del gráfico 2 se colige que el 48.9% de los estudiantes colombianos está en instituciones educativas que incluyen temas financieros en sus currículos. Este es un porcentaje cercano a la media de la OCDE y superior a varios miembros de ese organismo, como Italia (34.7%) y España (15.8%). Para el caso de no disponibilidad también Colombia está cerca de la OCDE y con mejor indicador que España e Italia.
Según García (2012) a finales de los noventa se iniciaron los programas de educación financiera en Colombia, y se vienen implementando por iniciativa de entidades como el Banco de la República, Fasecolda y otros organismos públicos y privados. Se colige que, al no obedecer a una política pública y los colegios tener la opción de incluir o no el tema en los currículos, los impactos son moderados.
El gráfico 3 indica que el 59.0% de los estudiantes de Colombia está en instituciones educativas con profesores que no tienen formación específica en educación financiera; ese es un nivel cercano al de Shangái y al de la OCDE. En el otro extremo, solo el 15.7% de los estudiantes cuenta en sus colegios con más del 50% de los profesores con esa formación. En general, se encontró que “pocos profesores asisten a actividades de desarrollo profesional en competencias financieras, de acuerdo con el cuestionario de PISA para colegios” (OECD 2014; p. 40).
En síntesis, Colombia y la media de la OCDE no se diferencian sustancialmente en los porcentajes de estudiantes que tiene acceso a la educación financiera y de formación especializada de los profesores, pero nuestros resultados en las evaluaciones sí son muy inferiores al resto. Este sería un indicador de falencias en la orientación y en las habilidades que se pretende desarrollar en los estudiantes.
¿Es más educado el mundo desarrollado?
Según los resultados de PISA, en promedio el 50% de los estudiantes está en instituciones educativas que no imparten educación financiera. Aun cuando las economías desarrolladas han avanzado en la implementación de programas en ese tema desde hace varias décadas, la cobertura no es total (ver García (2012; p. 7-11) para el caso de Estados Unidos).
Sin embargo, la carencia de esta habilidad está recibiendo creciente atención, como consecuencia de la crisis económica mundial de 2008-2009, originada en el mercado de hipotecas subprime.
La mayor parte de la literatura sobre la crisis se enfoca en los problemas de supervisión y en el desarrollo de complejas innovaciones financieras que supuestamente diluían los riesgos (Avendaño, 2009). Pero recientemente se viene dando importancia al lado de la demanda, especialmente en el aspecto de la formación financiera de los agentes económicos.
Sin tener los conocimientos para valorar adecuadamente los sofisticados productos financieros desarrollados en las últimas décadas, personas naturales y jurídicas contribuyeron con su creciente demanda a la generación de la burbuja financiera que finalmente provocó la crisis.
Para el caso de Estados Unidos, Gerardi, Goette y Meier (2010) aplicaron una encuesta a deudores de créditos subprime en temas de competencias financieras, capacidad cognitiva y comprensión básica de economía; encontraron una fuerte correlación entre “un aspecto de las competencias financieras, la habilidad numérica, y las tasas de mora hipotecaria”. También comprobaron que “la iniciación de procesos judiciales era dos tercios más baja en el grupo de encuestados con mayor habilidad numérica, en comparación con el grupo con menor habilidad” (p. 29).
Lusardi y Mitchell (2014) recopilaron los resultados de las pruebas realizadas en varios países desarrollados, aplicando a personas adultas tres preguntas elementales diseñadas por ellas, con el propósito de evaluar la habilidad numérica en cálculos con tasas de interés, comprensión de la inflación y conocimientos sobre diversificación de riesgos.
En el gráfico 4 se observa que en los dos países mejor calificados (Alemania y Suiza), escasamente el 50% de los encuestados respondió correctamente las tres preguntas. En el otro extremo, Rusia y Rumania registraron los peores resultados.
Las autoras concluyen que “los bajos niveles de competencias financieras hallados para Estados Unidos, también prevalecen en otras partes, y no son específicos de un país dado o de una etapa del desarrollo económico”. También comprobaron que “la diversificación de riesgos es el concepto que la gente tiene mayor dificultad para comprender” (Lusardi y Mitchell 2014; p. 13).
En Colombia la firma Raddar (2014) hizo una encuesta a personas mayores en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, aplicando las preguntas de Lusardi y Mitchell. Los resultados indican que apenas el 9.9% de los encuestados respondió acertadamente las tres preguntas; el porcentaje más alto se registró en Bucaramanga (20.3%) y el más bajo en Barranquilla (0.9%). Por estratos socioeconómicos el mayor porcentaje lo obtuvo el estrato 4 (17.3%) y el menor el estrato 1 (2.9%).
Consideraciones finales
Es evidente que las competencias financieras de la población colombiana son deficientes y que ellas repercuten en la toma de decisiones fundamentales en la vida económica de los ciudadanos.
Hasta ahora, la educación financiera en Colombia no respondía a una política pública y descansaba en las iniciativas de entidades como el Banco de la República, Fasecolda y otros gremios y entidades privadas, así como en las decisiones autónomas de las instituciones educativas de incluirla en sus currículos.
En ese contexto, es positivo el anuncio del gobierno (MinEducación 2014) de una política de educación económica y financiera para ser implementada en los colegios “en concordancia con la autonomía escolar”; pero esto último deja dudas sobre la implementación.
Como complemento, se debe garantizar el acceso de los docentes a formación de calidad y aprovechar las infraestructuras y experiencias de los gremios del sector financiero y de las universidades con áreas de finanzas, para hacer de la educación financiera un verdadero propósito nacional.
Bibliografía
Avendaño Cruz, H. (2009). “De la crisis financiera a la crisis económica mundial”. Vox Populi No. 8, octubre de 2009; Universidad San Martín. Disponible en: http://www.sanmartin.edu.co/academicos_new/finanzas/revistas/vox_populi_8/Avendano.pdf
El Espectador (2014, 10 de Julio). “«Resultados de las pruebas Pisa eran previsibles»: Mineducación”. Recuperado el 2 de agosto de 2014 en: http://www.elespectador.com/noticias/educacion/resultados-de-pruebas-pisa-eran-previsibles-mineducacio-articulo-503511.
Galbraith, J. K. y Salinger, N. (1981). Introducción a la economía: Una guía para todos (o casi). Editorial Crítica. Barcelona.
García, N. (2010). “El impacto de la educación económica y financiera en los jóvenes: el caso de Finanzas para el Cambio”. Banco de la República, Borradores de Economía, No. 687.
Gerardi, K.; Goette, L. y Meier, S. (2010). “Financial Literacy and Subprime Mortgage Delinquency: Evidence from a Survey Matched to Administrative Data”. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper Series No. 2010-10.
Lusardi, A. y Mitchell, O. (2014). “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence”. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44.
Ministerio de Educación Nacional (2014). “Mi Plan, Mi Vida, Mi Futuro. Orientaciones pedagógicas para la Educación Económica y Financiera”. Bogotá. Recuperado el 12 de agosto de 2014 en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-343482_archivo_pdf_Orientaciones_Pedag_Educ_Economica_y_Financiera.pdf
OECD (2014). PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century. Volume VI, PISA, OECD Publishing. Recuperado el 2 de agosto de 2014 en: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-vi.pdf.
Raddar Consumer Knowledge Group (2014). “Conocimiento financiero de los colombianos”.
¿Es importante la educación financiera?
viernes, 26 de septiembre de 2014
Publicado en la revista MisiónPyme No. 78, septiembre de 2014
Pues antes se sospechaba que tal vez... Pero desde la crisis financiera mundial se tiene la certeza de que sí es importante. Muchas personas naturales y jurídicas se embarcaron en el torbellino de compras y ventas de viviendas y de títulos derivados de hipotecas subprime, sin tener mayor conocimiento de lo que estaban haciendo y de los riesgos en que estaban incurriendo.
Los deudores no se cuestionaron cómo era posible que siendo clientes calificados subprime (cuyas características sintetizó Leopoldo Abadía en el acrónimo NINJA: no income, no job, no assets), pudieran recibir créditos por más del 100% del valor del inmueble, sin cuota inicial y además con unas mensualidades bajísimas.
Cuando los precios de la vivienda, que habían crecido como palmeras, cayeron como cocos, y las tasas de interés aumentaron, los saldos de la deuda subieron como espuma y superaron el valor del inmueble. El desenlace final, fue la quiebra de los deudores y de los tenedores de los títulos de hipotecas subprime.
Esa historia fue, ni más ni menos, la repetición en Estados Unidos de la historia de Colombia con la crisis del UPAC: Unos creativos financieros “inventaron” las cuotas supermínimas, pero ni ellos explicaron ni los compradores indagaron por qué tanta belleza. El secreto consistía en el rápido crecimiento que tendrían los pagos mensuales en los años siguientes; en el peor de los casos, creían que la deuda se pagaría con la venta de las viviendas valorizadas. Pero las mayores tasas de interés dispararon las cuotas, la demanda se contrajo, los precios de la vivienda cayeron y el saldo de las deudas aumentó.
Como pocos en el país entendieron ese galimatías y había que buscar un culpable, todos los males se le achacaron al UPAC. En consecuencia, la Corte Constitucional en su sabiduría declaró inconstitucional la capitalización de intereses para la financiación de vivienda.
Esta suma de hechos muestra las erradas decisiones que se pueden tomar y las graves consecuencias que pueden acarrear, por no tener competencias básicas en temas financieros.
El problema es que aún en las economías desarrolladas esos conocimientos son bajos. En un estudio de Anamaria Lusardi y Olivia Mitchell (“The Economic Importance of Financial Literacy”) formularon tres preguntas elementales para evaluar las competencias financieras en adultos; solo 53.2% de los encuestados en Alemania las respondió correctamente, el 30.2% en Estados Unidos y el 27.0% en Japón.
En Colombia, el resultado fue más desalentador. Según la firma Raddar (“Conocimiento financiero de los colombianos”) solo el 9.9% las respondió bien; nuestro consuelo son Rusia y Rumania, donde apenas 3.7% y 3.8% acertaron las tres respuestas. Esos hallazgos apoyan la hipótesis de que el último puesto del país en el módulo de competencias financieras de las pruebas PISA no fue un accidente.
El gobierno reaccionó lanzando el programa “Orientaciones pedagógicas para la Educación Económica y Financiera” que se debe incorporar en los currículos de los colegios “en concordancia con la autonomía escolar”; es decir, no hay garantía de implementación.
Pero, suponiendo que se implementara exitosamente, subsiste el problema de la gran masa de colombianos que tiene esa carencia. Y son ellos los que están vinculados a las empresas y diariamente toman decisiones que afectan los negocios, los hogares y la economía. ¿Qué hacer? Se oyen propuestas.
Pues antes se sospechaba que tal vez... Pero desde la crisis financiera mundial se tiene la certeza de que sí es importante. Muchas personas naturales y jurídicas se embarcaron en el torbellino de compras y ventas de viviendas y de títulos derivados de hipotecas subprime, sin tener mayor conocimiento de lo que estaban haciendo y de los riesgos en que estaban incurriendo.
Los deudores no se cuestionaron cómo era posible que siendo clientes calificados subprime (cuyas características sintetizó Leopoldo Abadía en el acrónimo NINJA: no income, no job, no assets), pudieran recibir créditos por más del 100% del valor del inmueble, sin cuota inicial y además con unas mensualidades bajísimas.
Cuando los precios de la vivienda, que habían crecido como palmeras, cayeron como cocos, y las tasas de interés aumentaron, los saldos de la deuda subieron como espuma y superaron el valor del inmueble. El desenlace final, fue la quiebra de los deudores y de los tenedores de los títulos de hipotecas subprime.
Esa historia fue, ni más ni menos, la repetición en Estados Unidos de la historia de Colombia con la crisis del UPAC: Unos creativos financieros “inventaron” las cuotas supermínimas, pero ni ellos explicaron ni los compradores indagaron por qué tanta belleza. El secreto consistía en el rápido crecimiento que tendrían los pagos mensuales en los años siguientes; en el peor de los casos, creían que la deuda se pagaría con la venta de las viviendas valorizadas. Pero las mayores tasas de interés dispararon las cuotas, la demanda se contrajo, los precios de la vivienda cayeron y el saldo de las deudas aumentó.
Como pocos en el país entendieron ese galimatías y había que buscar un culpable, todos los males se le achacaron al UPAC. En consecuencia, la Corte Constitucional en su sabiduría declaró inconstitucional la capitalización de intereses para la financiación de vivienda.
Esta suma de hechos muestra las erradas decisiones que se pueden tomar y las graves consecuencias que pueden acarrear, por no tener competencias básicas en temas financieros.
El problema es que aún en las economías desarrolladas esos conocimientos son bajos. En un estudio de Anamaria Lusardi y Olivia Mitchell (“The Economic Importance of Financial Literacy”) formularon tres preguntas elementales para evaluar las competencias financieras en adultos; solo 53.2% de los encuestados en Alemania las respondió correctamente, el 30.2% en Estados Unidos y el 27.0% en Japón.
En Colombia, el resultado fue más desalentador. Según la firma Raddar (“Conocimiento financiero de los colombianos”) solo el 9.9% las respondió bien; nuestro consuelo son Rusia y Rumania, donde apenas 3.7% y 3.8% acertaron las tres respuestas. Esos hallazgos apoyan la hipótesis de que el último puesto del país en el módulo de competencias financieras de las pruebas PISA no fue un accidente.
El gobierno reaccionó lanzando el programa “Orientaciones pedagógicas para la Educación Económica y Financiera” que se debe incorporar en los currículos de los colegios “en concordancia con la autonomía escolar”; es decir, no hay garantía de implementación.
Pero, suponiendo que se implementara exitosamente, subsiste el problema de la gran masa de colombianos que tiene esa carencia. Y son ellos los que están vinculados a las empresas y diariamente toman decisiones que afectan los negocios, los hogares y la economía. ¿Qué hacer? Se oyen propuestas.
Formal versus informal
miércoles, 17 de septiembre de 2014
Publicado en Ámbito Jurídico, Año XVII – No. 402; 15 al 28 de septiembre de 2014
Cuando uno logra conseguir un taxi libre y el conductor está de buen humor y va para donde uno necesita ir, se suelen establecer enriquecedoras conversaciones mientras se disfrutan los trancones de Bogotá. Ellos son una especie de termómetro del país; tienen su particular visión sobre el acontecer político, la actualidad deportiva, los problemas de la economía, el escándalo del momento, las “genialidades” del alcalde, etc.
En esos ocasionales coloquios indago sobre su vida en la informalidad laboral. Una pregunta obligada es cómo hacen para vivir con ingresos inferiores al salario mínimo; no hay respuesta porque ganan más del mínimo.
La mayoría de los taxistas trabaja mediante convenios verbales que parecen sacados de la época feudal o de los albores de la revolución industrial. El dueño del vehículo lo presta a los taxistas por turnos de 12 horas a cambio de una renta del orden de los $60.000; terminada esa jornada, deben entregarlo recién lavado y con el tanque del combustible lleno. El sueldo de los taxistas comienza ahí; todo lo que obtengan por encima de esos pagos, constituye su ingreso.
Salvo un ahorro forzoso para cubrir eventuales daños, generalmente el dueño se desentiende de cualquier otro compromiso laboral con el taxista. No paga ni caja de compensación ni salud, ni riesgos laborales, ni aportes para pensión. En pocas palabras, se trata de un servicio público abiertamente informal.
En promedio, el taxista puede obtener entre $50.000 y $70.000 libres en esas extremas jornadas, contando con la buena suerte de no enfermarse, o tener un accidente. Se colige que sin esas vicisitudes, el ingreso bruto puede oscilar entre 2.1 y 2.8 salarios mínimos mensuales vigentes.
Otro interrogante es si con ese ingreso bruto hacen aportes para salud o cómo logran afrontar enfermedades y tratamientos médicos de ellos, la esposa y los hijos. La respuesta es negativa al primer tema y la segunda es "papá gobierno": el Sisben es el “paganini”; o mejor, todos los contribuyentes formales les pagamos.
Por poner otro tema, surge el de la educación de los hijos; pero ahí tampoco hay problema, pues para eso están las escuelas y colegios públicos, que no cobran y tienen programas de alimentación gratuita para combatir la desnutrición infantil.
Y si viven en estratos 1 y 2, cosa que también es frecuente, tienen la lotería de la Bogotá Humana que les regala los primeros seis metros cúbicos de agua por mes, es decir, el 60% del consumo mensual familiar estimado en esos estratos.
Una última pregunta, con la que uno espera ponerlos a reflexionar, es si hacen ahorro pensional. La respuesta es contundente en la mayoría de los casos: no.
Algunos hicieron unos pocos aportes a un fondo de pensiones, pero les pareció que eso era tirar el dinero a la basura y ya no aportan. Aun cuando muchos no lo saben, finalmente la carga de su vejez también la asumiremos los empleados formales, mediante los diversos programas del gobierno para el adulto mayor.
Este es un balance muy positivo para los taxistas, que han servido de ejemplo, pero también para otros grupos informales. Primero, no se mueren de hambre, porque sus ingresos superan los que normalmente nos imaginamos. Segundo, no pagan impuestos ni contribuyen a su seguridad social y el gobierno les subsidia salud, educación, agua y alimentación a los hijos, por lo que no tienen ningún incentivo a la formalidad. Tercero, todos los ciudadanos formales les transferimos esos recursos y, por si fuera poco, tendremos que pagarles su vejez.
Adicionalmente, hay leyes que los empresarios incumplen y ningún gobierno les obliga a aplicarlas, por lo que terminan siendo cómplices de la informalidad. Por ejemplo, en el caso de los transportadores, el artículo 34 de la Ley 336 de 1996 establece que “las empresas de transporte público están obligadas a vigilar y constatar que los conductores de sus equipos cuenten con la Licencia de Conducción vigente y apropiada para el servicio, así como su afiliación al sistema de seguridad social según los prevean las disposiciones legales vigentes sobre la materia”.
Son loables las políticas de redistribución del ingreso mediante apoyos a la población más vulnerable. Pero es necesario neutralizar los efectos no deseados, excluir los grupos que no los necesitan y enfocarse realmente en los más pobres. El gobierno debe salir de esa trampa en la que cayó adoptando medidas para reducir la informalidad, al tiempo que otorga los subsidios que inducen comportamientos poco proclives a la formalidad.
No hacerlo, condena al país al atraso, pues desestimula la inversión, la generación de empleos dignos y el aumento de la productividad. Y día a día resulta más oneroso ser formales, por las crecientes cargas que les imponen para alimentar la informalidad.
Cuando uno logra conseguir un taxi libre y el conductor está de buen humor y va para donde uno necesita ir, se suelen establecer enriquecedoras conversaciones mientras se disfrutan los trancones de Bogotá. Ellos son una especie de termómetro del país; tienen su particular visión sobre el acontecer político, la actualidad deportiva, los problemas de la economía, el escándalo del momento, las “genialidades” del alcalde, etc.
En esos ocasionales coloquios indago sobre su vida en la informalidad laboral. Una pregunta obligada es cómo hacen para vivir con ingresos inferiores al salario mínimo; no hay respuesta porque ganan más del mínimo.
La mayoría de los taxistas trabaja mediante convenios verbales que parecen sacados de la época feudal o de los albores de la revolución industrial. El dueño del vehículo lo presta a los taxistas por turnos de 12 horas a cambio de una renta del orden de los $60.000; terminada esa jornada, deben entregarlo recién lavado y con el tanque del combustible lleno. El sueldo de los taxistas comienza ahí; todo lo que obtengan por encima de esos pagos, constituye su ingreso.
Salvo un ahorro forzoso para cubrir eventuales daños, generalmente el dueño se desentiende de cualquier otro compromiso laboral con el taxista. No paga ni caja de compensación ni salud, ni riesgos laborales, ni aportes para pensión. En pocas palabras, se trata de un servicio público abiertamente informal.
En promedio, el taxista puede obtener entre $50.000 y $70.000 libres en esas extremas jornadas, contando con la buena suerte de no enfermarse, o tener un accidente. Se colige que sin esas vicisitudes, el ingreso bruto puede oscilar entre 2.1 y 2.8 salarios mínimos mensuales vigentes.
Otro interrogante es si con ese ingreso bruto hacen aportes para salud o cómo logran afrontar enfermedades y tratamientos médicos de ellos, la esposa y los hijos. La respuesta es negativa al primer tema y la segunda es "papá gobierno": el Sisben es el “paganini”; o mejor, todos los contribuyentes formales les pagamos.
Por poner otro tema, surge el de la educación de los hijos; pero ahí tampoco hay problema, pues para eso están las escuelas y colegios públicos, que no cobran y tienen programas de alimentación gratuita para combatir la desnutrición infantil.
Y si viven en estratos 1 y 2, cosa que también es frecuente, tienen la lotería de la Bogotá Humana que les regala los primeros seis metros cúbicos de agua por mes, es decir, el 60% del consumo mensual familiar estimado en esos estratos.
Una última pregunta, con la que uno espera ponerlos a reflexionar, es si hacen ahorro pensional. La respuesta es contundente en la mayoría de los casos: no.
Algunos hicieron unos pocos aportes a un fondo de pensiones, pero les pareció que eso era tirar el dinero a la basura y ya no aportan. Aun cuando muchos no lo saben, finalmente la carga de su vejez también la asumiremos los empleados formales, mediante los diversos programas del gobierno para el adulto mayor.
Este es un balance muy positivo para los taxistas, que han servido de ejemplo, pero también para otros grupos informales. Primero, no se mueren de hambre, porque sus ingresos superan los que normalmente nos imaginamos. Segundo, no pagan impuestos ni contribuyen a su seguridad social y el gobierno les subsidia salud, educación, agua y alimentación a los hijos, por lo que no tienen ningún incentivo a la formalidad. Tercero, todos los ciudadanos formales les transferimos esos recursos y, por si fuera poco, tendremos que pagarles su vejez.
Adicionalmente, hay leyes que los empresarios incumplen y ningún gobierno les obliga a aplicarlas, por lo que terminan siendo cómplices de la informalidad. Por ejemplo, en el caso de los transportadores, el artículo 34 de la Ley 336 de 1996 establece que “las empresas de transporte público están obligadas a vigilar y constatar que los conductores de sus equipos cuenten con la Licencia de Conducción vigente y apropiada para el servicio, así como su afiliación al sistema de seguridad social según los prevean las disposiciones legales vigentes sobre la materia”.
Son loables las políticas de redistribución del ingreso mediante apoyos a la población más vulnerable. Pero es necesario neutralizar los efectos no deseados, excluir los grupos que no los necesitan y enfocarse realmente en los más pobres. El gobierno debe salir de esa trampa en la que cayó adoptando medidas para reducir la informalidad, al tiempo que otorga los subsidios que inducen comportamientos poco proclives a la formalidad.
No hacerlo, condena al país al atraso, pues desestimula la inversión, la generación de empleos dignos y el aumento de la productividad. Y día a día resulta más oneroso ser formales, por las crecientes cargas que les imponen para alimentar la informalidad.
Balanza comercial y TLC
lunes, 1 de septiembre de 2014
Publicado en la Revista Portafolio No. 14, agosto-septiembre de 2014
La balanza comercial de Colombia, que era superavitaria desde 2008, registró a mayo un saldo de -US$1.135 millones. Cabe preguntarse por la fuente de ese cambio de signo y especialmente por el impacto de los tratados de libre comercio.
En el conjunto de países con TLC la balanza comercial colombiana a mayo fue deficitaria en US$1.827 millones, como consecuencia del incremento de las importaciones en 2.6% anual y la caída de las exportaciones en 14.7%. Con el resto de países el saldo es superavitario (US$693 millones) y el crecimiento de las exportaciones duplica el de las importaciones (17.5% y 8.7% anual, respectivamente).
Estos resultados parecieran dar la razón a los críticos. Pero eso sería desconocer diversos hechos que hay detrás del saldo negativo, como son la terminación del ciclo de altos precios internacionales de los productos básicos, el cambio estructural en el abastecimiento de petróleo y gas en Estados Unidos, las dificultades cambiarias de Venezuela y las medidas proteccionistas en varias economías de la región.
En el análisis de los TLC vigentes sobresale la mejora en la balanza comercial de Colombia con la Unión Europea, cuyo superávit se multiplicó por cuatro, especialmente por el repunte de las exportaciones a España. También es destacable la reducción del déficit con Mercosur, México y Canadá.
En el comercio con la CAN, Venezuela, Chile y el Triángulo Norte de Centroamérica se mantiene el superávit, pero en niveles inferiores a los del año anterior. De los factores mencionados, en este grupo impactaron las medidas proteccionistas de Ecuador y los problemas de pagos de Venezuela, país que, a pesar del desabastecimiento, redujo sus compras de ganado en pie (-96.2%) y carne de res (-59.4%) colombianos.
El mayor deterioro de la balanza comercial se observa con Estados Unidos y es explicado en gran parte por la caída de las exportaciones de petróleo en US$2.250 millones (-40.6%), y oro en US$465 millones (-49.1%). Sin esos dos productos, las demás exportaciones crecieron 12.9% anual.
Es conocido el efecto que está generando en Estados Unidos la explotación de hidrocarburos no convencionales, que en poco tiempo llevarán a este país no solo al autoabastecimiento sino a convertirse en exportador neto. Sus importaciones de petróleo, que llegaron a 5.000 millones de barriles en 2006, han bajado continuamente hasta 3.500 millones anuales en mayo de 2014.
Los minero-energéticos, causa importante del déficit comercial reciente, no son el foco de los TLC negociados. Pero sí lo son los productos de mayor valor agregado, que se vienen diversificando gradualmente, como lo indica el descenso del índice Herfindahl-Hirschman de no minero-energéticos de 426 en 2011 a 304 en 2013. Además, las exportaciones industriales, a destinos diferentes a Venezuela, registran una tendencia creciente y ya superaron el nivel precrisis mundial.
Es necesario enfatizar que los acuerdos comerciales no dan resultados en el corto plazo, sino en el mediano y largo, porque los ajustes en la producción y la diversificación de la canasta exportadora no se logran de la noche a la mañana. Lo importante es que los empresarios mantienen su empeño en aprovechar las ventajas del acceso preferencial permanente.
Lo anterior muestra la equivocada percepción de quienes atribuyen a los TLC el deterioro de la balanza comercial de Colombia.
La balanza comercial de Colombia, que era superavitaria desde 2008, registró a mayo un saldo de -US$1.135 millones. Cabe preguntarse por la fuente de ese cambio de signo y especialmente por el impacto de los tratados de libre comercio.
En el conjunto de países con TLC la balanza comercial colombiana a mayo fue deficitaria en US$1.827 millones, como consecuencia del incremento de las importaciones en 2.6% anual y la caída de las exportaciones en 14.7%. Con el resto de países el saldo es superavitario (US$693 millones) y el crecimiento de las exportaciones duplica el de las importaciones (17.5% y 8.7% anual, respectivamente).
Estos resultados parecieran dar la razón a los críticos. Pero eso sería desconocer diversos hechos que hay detrás del saldo negativo, como son la terminación del ciclo de altos precios internacionales de los productos básicos, el cambio estructural en el abastecimiento de petróleo y gas en Estados Unidos, las dificultades cambiarias de Venezuela y las medidas proteccionistas en varias economías de la región.
En el análisis de los TLC vigentes sobresale la mejora en la balanza comercial de Colombia con la Unión Europea, cuyo superávit se multiplicó por cuatro, especialmente por el repunte de las exportaciones a España. También es destacable la reducción del déficit con Mercosur, México y Canadá.
En el comercio con la CAN, Venezuela, Chile y el Triángulo Norte de Centroamérica se mantiene el superávit, pero en niveles inferiores a los del año anterior. De los factores mencionados, en este grupo impactaron las medidas proteccionistas de Ecuador y los problemas de pagos de Venezuela, país que, a pesar del desabastecimiento, redujo sus compras de ganado en pie (-96.2%) y carne de res (-59.4%) colombianos.
El mayor deterioro de la balanza comercial se observa con Estados Unidos y es explicado en gran parte por la caída de las exportaciones de petróleo en US$2.250 millones (-40.6%), y oro en US$465 millones (-49.1%). Sin esos dos productos, las demás exportaciones crecieron 12.9% anual.
Es conocido el efecto que está generando en Estados Unidos la explotación de hidrocarburos no convencionales, que en poco tiempo llevarán a este país no solo al autoabastecimiento sino a convertirse en exportador neto. Sus importaciones de petróleo, que llegaron a 5.000 millones de barriles en 2006, han bajado continuamente hasta 3.500 millones anuales en mayo de 2014.
Los minero-energéticos, causa importante del déficit comercial reciente, no son el foco de los TLC negociados. Pero sí lo son los productos de mayor valor agregado, que se vienen diversificando gradualmente, como lo indica el descenso del índice Herfindahl-Hirschman de no minero-energéticos de 426 en 2011 a 304 en 2013. Además, las exportaciones industriales, a destinos diferentes a Venezuela, registran una tendencia creciente y ya superaron el nivel precrisis mundial.
Es necesario enfatizar que los acuerdos comerciales no dan resultados en el corto plazo, sino en el mediano y largo, porque los ajustes en la producción y la diversificación de la canasta exportadora no se logran de la noche a la mañana. Lo importante es que los empresarios mantienen su empeño en aprovechar las ventajas del acceso preferencial permanente.
Lo anterior muestra la equivocada percepción de quienes atribuyen a los TLC el deterioro de la balanza comercial de Colombia.
Aquel Transmilenio
jueves, 21 de agosto de 2014
Publicado en Portafolio, el 22 de agosto de 2014
El anhelo bogotano de tener un sistema masivo de transporte moderno y eficiente, parece una quimera. Se viene desdibujando por la pérdida de controles, el desinterés del Gobierno distrital y la tendencia al deterioro de la cultura, entre otros males.
Vienen a mi mente las imágenes de aquel Transmilenio recién estrenado: estaciones y buses limpios y en muy buen estado; orientación a los usuarios para entender la enrevesada nomenclatura de las rutas; ausencia de rancheras y música guasca a todo volumen; una nueva cultura ciudadana, con pasajeros respetuosos de las sillas azules, y puntualidad en los recorridos, era lo que me permitía desplazarme en 25 minutos hasta mi trabajo. Estos factores invitaban a usar menos el automóvil.
Pero todo cambió. Los 25 minutos de mi recorrido ya no existen, ahora son alrededor de 60. Uno, por el pésimo estado de las vías; la mal llamada autopista y la Avenida Caracas son una interminable colección de losas rotas y parches de asfalto. Dos, por el deterioro de numerosos buses al circular por esas trochas. Tres, porque con inusitada frecuencia el servicio es interrumpido por bloqueos de grupúsculos que protestan por cualquier cosa (ocasionalmente por el mal servicio).
La cultura ciudadana que se estaba gestando tiende a desaparecer. Desafiantes adolescentes se adueñan de las sillas azules y se hacen los zombis cuando alguien las solicita. El ‘toque toque’ de algunos depravados, aprovechando las aglomeraciones, llevó a la vergonzosa decisión de crear un ‘apartheid’ femenino.
La ‘viveza’ de la que tanto nos ufanamos, también pisotea la cultura ¿Por qué pagar el pasaje si otros no pagan? Mejor, ‘hacer conejo’, saltar por encima de la registradora o ‘colarse’ por las puertas habilitadas para entrar y salir de los buses.
Los costos, que finalmente asumimos todos los residentes de Bogotá, son enormes. Se estima que, diariamente, hay 70.000 ‘colados’; así se pierden ingresos superiores a 30 mil millones de pesos por año, equivalentes a la reparación de más de 9.000 losas. Esos gastos suben por el arreglo de las puertas averiadas al forzarlas para entrar o salir.
Además, están los costos de las vidas humanas que, por no pagar 1.700 pesos, terminan bajo las ruedas de un bus.
Por último, la inacción de la Bogotá Humana está fortaleciendo la informalidad en las estaciones, haciéndonos evocar las viejas terminales de las flotas. En los alrededores y dentro de las estaciones hay vendedores de toda clase de alimentos y chucherías; los buses se llenaron de artistas frustrados, que van desde ruidosos raperos hasta destemplados baladistas; y cuando ellos se apean en una estación, los sustituyen los lastimeros cuentos chinos de una variopinta tropa de mendigos.
Todos los aspectos enumerados no son más que una verificación de la teoría de los vidrios rotos. La falta de decisiones de las autoridades, la permisividad frente a los desmadres de diversa índole, la escasa vigilancia y la falta de sanciones rigurosas están generando la ley de la selva en Transmilenio.
Solo la reacción efectiva de las autoridades distritales, la concientización de los ciudadanos, la recuperación de la infraestructura y el desarrollo de las obras represadas por los últimos gobiernos harán posible retornar a aquel Transmilenio del comienzo. De lo contrario, solo quedará para las remembranzas de los proyectos fallidos de modernización.
El anhelo bogotano de tener un sistema masivo de transporte moderno y eficiente, parece una quimera. Se viene desdibujando por la pérdida de controles, el desinterés del Gobierno distrital y la tendencia al deterioro de la cultura, entre otros males.
Vienen a mi mente las imágenes de aquel Transmilenio recién estrenado: estaciones y buses limpios y en muy buen estado; orientación a los usuarios para entender la enrevesada nomenclatura de las rutas; ausencia de rancheras y música guasca a todo volumen; una nueva cultura ciudadana, con pasajeros respetuosos de las sillas azules, y puntualidad en los recorridos, era lo que me permitía desplazarme en 25 minutos hasta mi trabajo. Estos factores invitaban a usar menos el automóvil.
Pero todo cambió. Los 25 minutos de mi recorrido ya no existen, ahora son alrededor de 60. Uno, por el pésimo estado de las vías; la mal llamada autopista y la Avenida Caracas son una interminable colección de losas rotas y parches de asfalto. Dos, por el deterioro de numerosos buses al circular por esas trochas. Tres, porque con inusitada frecuencia el servicio es interrumpido por bloqueos de grupúsculos que protestan por cualquier cosa (ocasionalmente por el mal servicio).
La cultura ciudadana que se estaba gestando tiende a desaparecer. Desafiantes adolescentes se adueñan de las sillas azules y se hacen los zombis cuando alguien las solicita. El ‘toque toque’ de algunos depravados, aprovechando las aglomeraciones, llevó a la vergonzosa decisión de crear un ‘apartheid’ femenino.
La ‘viveza’ de la que tanto nos ufanamos, también pisotea la cultura ¿Por qué pagar el pasaje si otros no pagan? Mejor, ‘hacer conejo’, saltar por encima de la registradora o ‘colarse’ por las puertas habilitadas para entrar y salir de los buses.
Los costos, que finalmente asumimos todos los residentes de Bogotá, son enormes. Se estima que, diariamente, hay 70.000 ‘colados’; así se pierden ingresos superiores a 30 mil millones de pesos por año, equivalentes a la reparación de más de 9.000 losas. Esos gastos suben por el arreglo de las puertas averiadas al forzarlas para entrar o salir.
Además, están los costos de las vidas humanas que, por no pagar 1.700 pesos, terminan bajo las ruedas de un bus.
Por último, la inacción de la Bogotá Humana está fortaleciendo la informalidad en las estaciones, haciéndonos evocar las viejas terminales de las flotas. En los alrededores y dentro de las estaciones hay vendedores de toda clase de alimentos y chucherías; los buses se llenaron de artistas frustrados, que van desde ruidosos raperos hasta destemplados baladistas; y cuando ellos se apean en una estación, los sustituyen los lastimeros cuentos chinos de una variopinta tropa de mendigos.
Todos los aspectos enumerados no son más que una verificación de la teoría de los vidrios rotos. La falta de decisiones de las autoridades, la permisividad frente a los desmadres de diversa índole, la escasa vigilancia y la falta de sanciones rigurosas están generando la ley de la selva en Transmilenio.
Solo la reacción efectiva de las autoridades distritales, la concientización de los ciudadanos, la recuperación de la infraestructura y el desarrollo de las obras represadas por los últimos gobiernos harán posible retornar a aquel Transmilenio del comienzo. De lo contrario, solo quedará para las remembranzas de los proyectos fallidos de modernización.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)