Publicado en la revista MisiónPyme No. 78, septiembre de 2014
Pues antes se sospechaba que tal vez... Pero desde la crisis financiera mundial se tiene la certeza de que sí es importante. Muchas personas naturales y jurídicas se embarcaron en el torbellino de compras y ventas de viviendas y de títulos derivados de hipotecas subprime, sin tener mayor conocimiento de lo que estaban haciendo y de los riesgos en que estaban incurriendo.
Los deudores no se cuestionaron cómo era posible que siendo clientes calificados subprime (cuyas características sintetizó Leopoldo Abadía en el acrónimo NINJA: no income, no job, no assets), pudieran recibir créditos por más del 100% del valor del inmueble, sin cuota inicial y además con unas mensualidades bajísimas.
Cuando los precios de la vivienda, que habían crecido como palmeras, cayeron como cocos, y las tasas de interés aumentaron, los saldos de la deuda subieron como espuma y superaron el valor del inmueble. El desenlace final, fue la quiebra de los deudores y de los tenedores de los títulos de hipotecas subprime.
Esa historia fue, ni más ni menos, la repetición en Estados Unidos de la historia de Colombia con la crisis del UPAC: Unos creativos financieros “inventaron” las cuotas supermínimas, pero ni ellos explicaron ni los compradores indagaron por qué tanta belleza. El secreto consistía en el rápido crecimiento que tendrían los pagos mensuales en los años siguientes; en el peor de los casos, creían que la deuda se pagaría con la venta de las viviendas valorizadas. Pero las mayores tasas de interés dispararon las cuotas, la demanda se contrajo, los precios de la vivienda cayeron y el saldo de las deudas aumentó.
Como pocos en el país entendieron ese galimatías y había que buscar un culpable, todos los males se le achacaron al UPAC. En consecuencia, la Corte Constitucional en su sabiduría declaró inconstitucional la capitalización de intereses para la financiación de vivienda.
Esta suma de hechos muestra las erradas decisiones que se pueden tomar y las graves consecuencias que pueden acarrear, por no tener competencias básicas en temas financieros.
El problema es que aún en las economías desarrolladas esos conocimientos son bajos. En un estudio de Anamaria Lusardi y Olivia Mitchell (“The Economic Importance of Financial Literacy”) formularon tres preguntas elementales para evaluar las competencias financieras en adultos; solo 53.2% de los encuestados en Alemania las respondió correctamente, el 30.2% en Estados Unidos y el 27.0% en Japón.
En Colombia, el resultado fue más desalentador. Según la firma Raddar (“Conocimiento financiero de los colombianos”) solo el 9.9% las respondió bien; nuestro consuelo son Rusia y Rumania, donde apenas 3.7% y 3.8% acertaron las tres respuestas. Esos hallazgos apoyan la hipótesis de que el último puesto del país en el módulo de competencias financieras de las pruebas PISA no fue un accidente.
El gobierno reaccionó lanzando el programa “Orientaciones pedagógicas para la Educación Económica y Financiera” que se debe incorporar en los currículos de los colegios “en concordancia con la autonomía escolar”; es decir, no hay garantía de implementación.
Pero, suponiendo que se implementara exitosamente, subsiste el problema de la gran masa de colombianos que tiene esa carencia. Y son ellos los que están vinculados a las empresas y diariamente toman decisiones que afectan los negocios, los hogares y la economía. ¿Qué hacer? Se oyen propuestas.
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