Seguro de desempleo

Publicado en Ámbito Jurídico, Año XVII – No. 406; 10 al 23 de noviembre de 2014

En la pasada Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, Miguel Urrutia, exgerente general del Banco de la República y profesor de la Universidad de los Andes, presentó una propuesta de seguro de desempleo. La propuesta es el resultado de un trabajo de investigación dirigido por él, con la participación de un grupo técnico de la Universidad de los Andes y de Fasecolda.

En ausencia de un seguro de desempleo, la pérdida del empleo ocasiona un drama a las familias: los ingresos caen, la educación de los hijos se suspende, desmejora la calidad de la alimentación, pierden el acceso al sistema de salud, aumentan el endeudamiento, se pone en riesgo el patrimonio y aumenta la probabilidad de entrar a la informalidad.

El Gobierno colombiano ha realizado diferentes intentos de proteger a los trabajadores frente a esa eventualidad, pero con poco éxito. El esquema más antiguo es el de cesantías; los empleadores están obligados a abonar anualmente en un fondo de cesantías, el equivalente a un mes de salario de cada empleado que devengue menos de 10 salarios mínimos legales (SMMLV). Además debe pagarle como intereses al trabajador el 12% del valor abonado.

Teóricamente esa cuenta individual debería constituir una reserva para ser utilizada como ingreso en caso de pérdida del empleo. Sin embargo, en la práctica no funciona así, pues la legislación permite al trabajador retirar total o parcialmente las cesantías para pagos de educación superior y compra o reparaciones de vivienda. Además, cuando un trabajador cambia de empresa, puede disponer del saldo acumulado.

De esta forma, las cesantías se volvieron parte del ingreso corriente de los trabajadores; más del 70% de ellas son retiradas en los meses siguientes al abono, por cualquiera de las razones señaladas. Por eso, si quedan desempleados, no disponen de las reservas suficientes para cubrir sus necesidades básicas mientras logran otro empleo.

En el presente año entró en funcionamiento el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), establecido mediante la Ley 1636 de 2013. El MPC cubre a todos los empleados afiliados a cajas de compensación y consiste en el pago de los aportes a salud y pensiones del trabajador por un periodo de seis meses, sobre la base de un salario mínimo.

De forma complementaria, los trabajadores del régimen de cesantías pueden inscribirse para ahorrar voluntariamente como mínimo el 10% de sus cesantías, en el caso que devenguen hasta dos SMMLV, o el 25% para los de salarios superiores a ese nivel. Cuando el trabajador pierde el empleo, además de los pagos a la seguridad social mencionados, recibe un subsidio del Gobierno del 20% del saldo ahorrado si sus ingresos son inferiores a dos SMMLV; ese porcentaje es decreciente para salarios superiores.

Es claro que el MPC cubre un gasto importante para las familias e incentiva la acumulación de cesantías. Sin embargo, queda abierta la puerta para suspender el ahorro cuando se quiera (perdiendo el derecho al subsidio), lo que, dada la arraigada práctica de retiro, repercutirá en baja acumulación de reservas. Adicionalmente, a pesar de la buena intención, no brinda los ingresos suficientes para cubrir los demás gastos.

La propuesta de Urrutia complementa los dos instrumentos mencionados y opera en sentido estricto como un seguro. Por el pago de una prima, cubierta con parte de los intereses de las cesantías, el trabajador que sea despedido sin justa causa podrá recibir el equivalente a tres salarios mensuales distribuidos de forma decreciente hasta por seis meses; para el efecto se toma como base el salario que devengaba al momento del despido y el seguro se activa después de transcurrido un periodo en el que se supone que el trabajador se debe financiar con sus cesantías.

El seguro y los otros dos instrumentos incentivarán al trabajador a retener sus cesantías de al menos tres periodos. Con ello se garantiza que sus ingresos no caerán a cero al perder el empleo, contará con aportes a pensiones y salud, y con el subsidio del gobierno por un periodo un poco superior al de la duración del desempleo, que Urrutia y sus colaboradores calculan en cerca de seis meses. Además, el decrecimiento de las mensualidades del seguro contribuye a que el trabajador se mantenga activo en la búsqueda de empleo.

En términos macroeconómicos el seguro de desempleo contribuye a retener mano de obra en el sector formal y aumenta los incentivos para reducir la informalidad laboral. Además, en periodos de desaceleración económica ayuda a moderar el ciclo al amortiguar la caída de la demanda agregada.

Cabe esperar que las ideas propuestas sean plasmadas en un proyecto de ley y que se logren poner en práctica. Los beneficiados serán no solo los trabajadores formales y sus familias, sino todo el país.