Publicado en el diario La República del jueves 23 de diciembre de 2010
Podríamos calificar el 2010 como un año crepúsculo, siguiendo la definición del famoso diccionario de María Moliner: “Claridad que precede a la salida del Sol y atenuación de la luz que sigue inmediatamente a su puesta”.
En efecto, el año comenzó con mucha claridad para la economía mundial, pues registró una sólida dinámica que generó la esperanza de un pronto retorno a las altas tasas de crecimiento observadas antes de la profunda crisis de 2008-2009. Pero aparecieron algunos nubarrones que oscurecieron el panorama: las dificultades de las naciones desarrolladas para consolidar la reactivación y el riesgo que ello implica para las emergentes.
Con la dinámica registrada en los primeros trimestres, el FMI proyectó para Estados Unidos un crecimiento del 3.2% en 2010, pero con la desaceleración posterior, la bajó a 2.6%. Los problemas de consolidación del crecimiento obedecen a la debilidad de la demanda privada, ocasionada por el alto nivel de desempleo, la menor demanda de crédito y el efecto riqueza negativo que produjo la caída de los precios de la vivienda.
El gobierno y la Reserva Federal siguen siendo los motores de la economía, pero eso plantea riesgos de sostenibilidad del crecimiento por la magnitud que alcance el déficit fiscal y las probabilidades de aparición de presiones inflacionarias.
La reactivación de la Unión Europea (UE) se frenó por la pérdida de confianza en los bonos soberanos, lo que desestabilizó los mercados financieros de todo el mundo desde comienzos del año. En algunos países (Irlanda y España) el problema se originó en las políticas fiscales expansionistas que se adoptaron para salir de la crisis mundial; en otros (Grecia, Portugal e Italia) la crisis agravó las dificultades que tenían de tiempo atrás para cumplir con los parámetros de convergencia: déficit fiscal menor al 3% del PIB y deuda externa inferior al 60% del PIB.
La UE ha tenido que tomarse remedios, hasta hace poco impensables, como la aceptación de financiación del FMI, la compra de bonos de los países de mayor riesgo por parte del Banco Central Europeo y el anuncio de drásticos ajustes fiscales que ya han generado manifestaciones de rechazo en varios países. Actualmente se debate la conveniencia de establecer una especie de “unión fiscal”, al estilo de la unión monetaria, para dar una solución integral a la crisis de la deuda; el tema es de gran sensibilidad y fuente de profundas diferencias, pero, en opinión del director del FMI, sería la vía para evitar una crisis de mayor envergadura y contener el contagio a otras regiones del mundo.
Aun cuando las economías emergentes están creciendo vigorosamente, lideradas por China e India, es evidente que la debilidad de la demanda de las economías desarrolladas puede tener un impacto negativo, dado que son uno de los principales destinos de las exportaciones de bienes y servicios de esos dos países. Además, el reciente anuncio de Estados Unidos de crecer su emisión monetaria en un monto de US$600 mil millones, fortalece las expectativas de apreciación de las monedas del resto del mundo.
El panorama cambiario se complica aún más con el aumento de los precios internacionales de los productos básicos y con la salida de capitales desde las economías desarrolladas hacia las emergentes, atraídos por mejores rentabilidades.
Se da por descontado que la economía mundial no caerá en otra crisis, pero la dinámica de crecimiento será relativamente baja y los ajustes fiscales pueden prolongar ese escenario. Aun cuando en las economías emergentes hay expectativas de mejor crecimiento, para realizarlas tendrán que sortear los efectos de la mayor apreciación de las monedas, conjurar los problemas de enfermedad holandesa y contener la aparición de presiones inflacionarias.
Aranceles y proteccionismo
jueves, 9 de diciembre de 2010
Publicado en el diario La República el 9 de diciembre de 2010.
A raíz de la reciente reforma arancelaria, se han generado algunas opiniones que cuestionan los fundamentos del gobierno para adoptarla. Se pone en duda el esperado efecto sobre la competitividad y sobre la tasa de cambio; se sugiere que el objetivo es acabar con el empleo productivo y con algunos sectores estratégicos de la economía. Además, se afirma que sectores como el agropecuario tienen menor protección que la que hay en otros países, especialmente desarrollados, dejando implícito que ese es un argumento suficiente para mantener o incluso fortalecer las barreras comerciales.
La crítica se fundamenta en la forma en que se mide el grado de protección. Se argumenta que al tomar sólo los aranceles se menosprecia el impacto de las ayudas internas que utilizan muchas economías, especialmente las desarrolladas.
En relación con esas ideas, es necesario recordar que la teoría económica tiene sólidos argumentos sobre los efectos negativos del proteccionismo: distorsión en la asignación de recursos, sesgo antiexportador, ineficiencias productivas, baja innovación, rezago en la competitividad y pérdida de bienestar, al forzar a los consumidores a adquirir productos más onerosos y de menor calidad.
Además de los fundamentos teóricos, para la reforma reciente el gobierno realizó ejercicios estadísticos que demuestran su impacto positivo en el crecimiento económico y en la generación de empleos. También comprobó la eliminación de un buen número de casos de protecciones efectivas negativas y adoptó un tratamiento especial con los productos que se definieron como sensibles.
La discusión sobre la medición de la protección puede ser más compleja. La decisión del gobierno tomó como referencia el arancel nominal promedio, considerando que esa medida aproxima bien la posición relativa del país, como se muestra a continuación.
Si la protección sólo se fundamentara en el uso de medidas arancelarias, habría una base homogénea de comparación internacional, pues, a pesar de su variedad, se pueden expresar en términos equivalentes. El problema surge con la proliferación de medidas no arancelarias. ¿Cómo medir las barreras que impone un país al comercio cuando aplica aranceles ad valorem y específicos, cuotas, subsidios, ayudas internas y licencias previas de importación?
Con el fin de solucionar este problema, en las décadas recientes diferentes autores y organismos han trabajado en el desarrollo de índices de restricción al comercio. Recientemente fueron publicados los resultados de una investigación del Banco Mundial liderada por los economistas Hiau Looi Kee, Alessandro Nicita y Marcelo Olarreaga (“Estimating Trade Restrictiveness Indices”, The Economic Journal, January 2009). En ella calcularon el equivalente ad valorem de las diversas formas de protección, incluyendo las ayudas internas.
Los resultados indican que entre los 78 países para los que calcularon el índice, Colombia tiene el séptimo arancel total más alto (21%) y en el arancel para el sector agrícola, 41.7%, es el país 17.
Aun cuando hay algunas economías desarrolladas con arancel agrícola superior al de Colombia (Noruega, Suiza y Japón), el de la Unión Europea y el de Estados Unidos son menores. Este sorprendente resultado, según los autores, se debe a que las medidas no arancelarias imponen una mayor restricción a las importaciones que la que ocasionan las ayudas internas.
Según la Unctad, hasta este trabajo “nunca antes se habían calculado equivalentes ad valorem de forma tan sistemática y extensa”. Se trata, por lo tanto, de una propuesta técnica que está sujeta a debates y a mejoras. Pero en sus primeros resultados ratifica las percepciones y las razones del gobierno colombiano para adoptar la reciente reforma arancelaria.
A raíz de la reciente reforma arancelaria, se han generado algunas opiniones que cuestionan los fundamentos del gobierno para adoptarla. Se pone en duda el esperado efecto sobre la competitividad y sobre la tasa de cambio; se sugiere que el objetivo es acabar con el empleo productivo y con algunos sectores estratégicos de la economía. Además, se afirma que sectores como el agropecuario tienen menor protección que la que hay en otros países, especialmente desarrollados, dejando implícito que ese es un argumento suficiente para mantener o incluso fortalecer las barreras comerciales.
La crítica se fundamenta en la forma en que se mide el grado de protección. Se argumenta que al tomar sólo los aranceles se menosprecia el impacto de las ayudas internas que utilizan muchas economías, especialmente las desarrolladas.
En relación con esas ideas, es necesario recordar que la teoría económica tiene sólidos argumentos sobre los efectos negativos del proteccionismo: distorsión en la asignación de recursos, sesgo antiexportador, ineficiencias productivas, baja innovación, rezago en la competitividad y pérdida de bienestar, al forzar a los consumidores a adquirir productos más onerosos y de menor calidad.
Además de los fundamentos teóricos, para la reforma reciente el gobierno realizó ejercicios estadísticos que demuestran su impacto positivo en el crecimiento económico y en la generación de empleos. También comprobó la eliminación de un buen número de casos de protecciones efectivas negativas y adoptó un tratamiento especial con los productos que se definieron como sensibles.
La discusión sobre la medición de la protección puede ser más compleja. La decisión del gobierno tomó como referencia el arancel nominal promedio, considerando que esa medida aproxima bien la posición relativa del país, como se muestra a continuación.
Si la protección sólo se fundamentara en el uso de medidas arancelarias, habría una base homogénea de comparación internacional, pues, a pesar de su variedad, se pueden expresar en términos equivalentes. El problema surge con la proliferación de medidas no arancelarias. ¿Cómo medir las barreras que impone un país al comercio cuando aplica aranceles ad valorem y específicos, cuotas, subsidios, ayudas internas y licencias previas de importación?
Con el fin de solucionar este problema, en las décadas recientes diferentes autores y organismos han trabajado en el desarrollo de índices de restricción al comercio. Recientemente fueron publicados los resultados de una investigación del Banco Mundial liderada por los economistas Hiau Looi Kee, Alessandro Nicita y Marcelo Olarreaga (“Estimating Trade Restrictiveness Indices”, The Economic Journal, January 2009). En ella calcularon el equivalente ad valorem de las diversas formas de protección, incluyendo las ayudas internas.
Los resultados indican que entre los 78 países para los que calcularon el índice, Colombia tiene el séptimo arancel total más alto (21%) y en el arancel para el sector agrícola, 41.7%, es el país 17.
Aun cuando hay algunas economías desarrolladas con arancel agrícola superior al de Colombia (Noruega, Suiza y Japón), el de la Unión Europea y el de Estados Unidos son menores. Este sorprendente resultado, según los autores, se debe a que las medidas no arancelarias imponen una mayor restricción a las importaciones que la que ocasionan las ayudas internas.
Según la Unctad, hasta este trabajo “nunca antes se habían calculado equivalentes ad valorem de forma tan sistemática y extensa”. Se trata, por lo tanto, de una propuesta técnica que está sujeta a debates y a mejoras. Pero en sus primeros resultados ratifica las percepciones y las razones del gobierno colombiano para adoptar la reciente reforma arancelaria.
Los TLC y los campesinos
lunes, 6 de diciembre de 2010
Publicado en el diario La República el jueves 25 de noviembre de 2010
Esta semana se presentó un libro sobre el impacto del tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos en la economía campesina, escrito por tres destacados investigadores nacionales.
El punto de partida es la visión negativa y pesimista que ellos tienen de los acuerdos comerciales. Después de anotar las limitaciones estadísticas de la investigación (no se sabe cuántos campesinos hay ni cuánto producen), señalan que el TLC afecta cultivos que cubren el 29% del área cosechada por la economía campesina y generan el 16% de sus ingresos brutos. En la ganadería el riesgo pesa sobre el 6% de los ingresos de los campesinos; y hay otro 22% en doble propósito, que así como puede enfrentar amenazas tiene oportunidades de exportación.
Por lo tanto, aun cuando los autores no lo hacen explícito, es claro que el 71% del área en agricultura y el 56% de los ingresos totales no se ven afectados, a lo cual habría que sumar el efecto neto de la ganadería de doble propósito.
Los ejercicios realizados por estos investigadores señalan que el ingreso de los campesinos se reduciría en 10% con el TLC y que los productos más afectados serían fríjol, carnes de cerdo y pollo, trigo, sorgo y maíz.
Es muy respetable el punto de partida de los autores, pues no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con los TLC. Pero hay aspectos del mundo real que, al ser menospreciados, impiden ver los efectos positivos que espera el gobierno.
Por ejemplo, ver el ATPDEA como sustituto del TLC, no tiene sentido. Esa preferencia unilateral ha sido positiva para Colombia, pero tiene limitaciones. El caso de Bolivia muestra que es temporal; en cambio el tratado asegura un acceso preferencial permanente. Además, no incluye los servicios, que son el sector más dinámico del comercio mundial, ni las medidas no arancelarias, que son el principal obstáculo para los productos del agro; ambos son parte del TLC.
No es razonable seguir incluyendo el trigo como una gran pérdida en los TLC. Desde hace muchas décadas se comprobó que no somos competitivos en ese producto, como no lo es ninguna economía del trópico. Actualmente se importa alrededor del 98% de lo que se consume y aún así ese producto tiene un arancel que paga el consumidor final. Con la entrada en vigencia del acuerdo CAN-Mercosur el cereal se está importando sin gravamen y desde el año entrante también podría ingresar desde Canadá con arancel cero.
Un aspecto que se debe tener en cuenta es la experiencia de otros países que ya tienen vigente su TLC con Estados Unidos o con otras economías desarrolladas. En México, Chile y el Triángulo Norte de Centroamérica no hay evidencias sólidas de la presunta destrucción de la economía campesina. En el primer país, hay debates sobre los efectos; pero en el caso emblemático del maíz, el volumen y los rendimientos han crecido tanto en la producción tradicional como en la de riego; y en la producción de maíz blanco, que es para el consumo humano, prácticamente se autoabastecen.
Otro elemento que no incorpora el estudio es el cambio que se empezó a dar en Colombia como consecuencia de las negociaciones del TLC: la sustitución de protecciones en frontera por ayudas internas, mediante el programa Agro Ingreso Seguro (actualmente en reestructuración). La protección no desaparece y, mientras el Congreso de ese país aprueba el TLC, el sector agropecuario tiene el doble beneficio de aranceles y ayudas internas.
Loable el propósito de los autores desde el punto de vista académico, pero dejan sus pesimistas escenarios sin las recomendaciones de rigor. Sería importante conocer sus opiniones sobre los cambios institucionales que se están generando con los TLC y sobre la situación del consumidor en un escenario hipotético sin tratados.
Esta semana se presentó un libro sobre el impacto del tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos en la economía campesina, escrito por tres destacados investigadores nacionales.
El punto de partida es la visión negativa y pesimista que ellos tienen de los acuerdos comerciales. Después de anotar las limitaciones estadísticas de la investigación (no se sabe cuántos campesinos hay ni cuánto producen), señalan que el TLC afecta cultivos que cubren el 29% del área cosechada por la economía campesina y generan el 16% de sus ingresos brutos. En la ganadería el riesgo pesa sobre el 6% de los ingresos de los campesinos; y hay otro 22% en doble propósito, que así como puede enfrentar amenazas tiene oportunidades de exportación.
Por lo tanto, aun cuando los autores no lo hacen explícito, es claro que el 71% del área en agricultura y el 56% de los ingresos totales no se ven afectados, a lo cual habría que sumar el efecto neto de la ganadería de doble propósito.
Los ejercicios realizados por estos investigadores señalan que el ingreso de los campesinos se reduciría en 10% con el TLC y que los productos más afectados serían fríjol, carnes de cerdo y pollo, trigo, sorgo y maíz.
Es muy respetable el punto de partida de los autores, pues no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con los TLC. Pero hay aspectos del mundo real que, al ser menospreciados, impiden ver los efectos positivos que espera el gobierno.
Por ejemplo, ver el ATPDEA como sustituto del TLC, no tiene sentido. Esa preferencia unilateral ha sido positiva para Colombia, pero tiene limitaciones. El caso de Bolivia muestra que es temporal; en cambio el tratado asegura un acceso preferencial permanente. Además, no incluye los servicios, que son el sector más dinámico del comercio mundial, ni las medidas no arancelarias, que son el principal obstáculo para los productos del agro; ambos son parte del TLC.
No es razonable seguir incluyendo el trigo como una gran pérdida en los TLC. Desde hace muchas décadas se comprobó que no somos competitivos en ese producto, como no lo es ninguna economía del trópico. Actualmente se importa alrededor del 98% de lo que se consume y aún así ese producto tiene un arancel que paga el consumidor final. Con la entrada en vigencia del acuerdo CAN-Mercosur el cereal se está importando sin gravamen y desde el año entrante también podría ingresar desde Canadá con arancel cero.
Un aspecto que se debe tener en cuenta es la experiencia de otros países que ya tienen vigente su TLC con Estados Unidos o con otras economías desarrolladas. En México, Chile y el Triángulo Norte de Centroamérica no hay evidencias sólidas de la presunta destrucción de la economía campesina. En el primer país, hay debates sobre los efectos; pero en el caso emblemático del maíz, el volumen y los rendimientos han crecido tanto en la producción tradicional como en la de riego; y en la producción de maíz blanco, que es para el consumo humano, prácticamente se autoabastecen.
Otro elemento que no incorpora el estudio es el cambio que se empezó a dar en Colombia como consecuencia de las negociaciones del TLC: la sustitución de protecciones en frontera por ayudas internas, mediante el programa Agro Ingreso Seguro (actualmente en reestructuración). La protección no desaparece y, mientras el Congreso de ese país aprueba el TLC, el sector agropecuario tiene el doble beneficio de aranceles y ayudas internas.
Loable el propósito de los autores desde el punto de vista académico, pero dejan sus pesimistas escenarios sin las recomendaciones de rigor. Sería importante conocer sus opiniones sobre los cambios institucionales que se están generando con los TLC y sobre la situación del consumidor en un escenario hipotético sin tratados.
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