Publicado en la Revista de Fasecolda No. 163
Aun cuando no se cumplió la fecha del 23 de marzo para el cierre de las negociaciones de La Habana, se mantiene la esperanza de alcanzar el objetivo en el corto plazo. De ahí que haya tomado nueva fuerza el debate en torno a diversos aspectos del postconflicto, incluido el de la financiación.
En este artículo se revisan algunos aspectos que muestran la dificultad de aterrizar el tema, mientras no se precise con mayor detalle lo que se consideran costos del postconflicto para los que se requiere financiación, y que no fueron previstos ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria.
Concepto difícil
No deja de llamar la atención de los analistas nacionales e internacionales el hecho de que se esté hablando del postconflicto, como si la negociación ya hubiera terminado.
“La palabra postconflicto se ha instalado en el lenguaje oficial y en la diplomacia colombiana, lo cual no deja de ser una paradoja teniendo en cuenta que a… [pocos] meses de la fecha límite para la firma del acuerdo aún no se ha efectuado un cese al fuego bilateral. En este sentido, la diplomacia y el discurso público colombianos parecen excesivamente optimistas al dar ya por saldada la consecución de la paz en el país” (Rodríguez 2016; p. 2).
Esto plantea un primer interrogante sobre lo que se debe entender por posconflicto.
Según los especialistas, en el caso de conflictos internos no es fácil llegar a una definición de consenso: “Las hostilidades normalmente no se terminan bruscamente, para dar paso inmediato a la paz. Es posible que haya una "paz" acordada, pero que la lucha continúe, a menudo en un nivel bajo o de forma esporádica…” (Brown, et al 2011; p. 4).
Brown, et al (2011) sugieren que, en lugar de intentar una definición, se deberían tener en cuenta unos hitos básicos para determinar si un país está en la etapa del postconflicto. Esos hitos son la cesación de hostilidades y de la violencia; la firma de un acuerdo de paz; la desmovilización, desarme y reintegración; el retorno de desplazados y refugiados; el establecimiento de un Estado que funcione (reducción de la impunidad, fortalecimiento del estado de derecho y reducción de la corrupción, entre otros); el logro de la reconciliación y la integración social; y la recuperación de la economía.
Las medidas del postconflicto no necesariamente deben iniciarse al terminar el conflicto, pues cabe, e incluso es deseable, la opción de iniciarlas antes: “Por ejemplo, las políticas y programas para mejorar las condiciones socioeconómicas de los católicos en Irlanda del Norte, incluyendo una legislación laboral justa y el acceso a la vivienda pública, fueron llevadas a cabo durante la década de 1980, incluso mientras los "problemas" estaban todavía en curso, y, efectivamente, hicieron que la población católica estuviera más predispuesta a la paz” (Brown, et al 2011; p. 5).
A la luz de esta propuesta, Colombia apenas estaría cerca del primer hito, pues por ahora solo hay una decisión unilateral de la guerrilla de suspender las hostilidades. Ese enfoque también justificaría por qué se viene discutiendo sobre el postconflicto desde hace varios años y, más aun, por qué el Gobierno afirma que ya está haciendo gastos asociados al postconflicto. Según el Ministro de Hacienda, en el presupuesto general de la Nación de 2015 se destinaron recursos por $7.9 billones para atención, asistencia y reparación de víctimas (Cárdenas, 2015).
¿Qué abarca el postconflicto?
En ese contexto adquieren mayor vigencia las preguntas claves sobre el post-conflicto: ¿Qué actividades se involucran en ese concepto? ¿Cuánto durará? ¿Cuál es su costo? ¿Cómo se financiará?
Mucho se ha debatido y especulado sobre estos aspectos, pero nadie tiene una respuesta sólida. Para muchos, lo acordado en el primer punto de la negociación implica que el desarrollo agropecuario es un componente del postconflicto.
De igual forma, en el Plan Nacional de Desarrollo se vinculan al postconflicto programas de construcción de vías, de actividad física y deporte, de infraestructura de seguridad, y de oferta de salud, entre otros (DNP 2015).
Los analistas también mencionan temas que están relacionados de forma más directa: la reparación de víctimas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, las zonas de concentración, y la Jurisdicción Especial para la Paz, conformada por magistrados nacionales y extranjeros.
La realidad es que buena parte de los compromisos de las negociaciones consisten en la implementación de las políticas de desarrollo, que se tienen que hacer con o sin postconflicto; en algunos casos, como el de los derechos de propiedad sobre la tierra, son tareas que se han aplazado por décadas.
Por consiguiente, es importante la tarea de depurar el listado de actividades consideradas como parte del posconflicto, separando aquellas que son componentes de una política de desarrollo económico y social, de aquellas que son parte integral del proceso de paz. Entre las primeras, también es necesario discriminar las que ya cuentan con asignación de recursos en el presupuesto nacional de las que demandan recursos nuevos.
Mientras no haya esa precisión, será difícil para la sociedad entender las verdaderas dimensiones del postconflicto y más aún la magnitud de los costos que se deben asumir.
¿Cuánto cuesta el postconflicto?
Cabe preguntarse por qué es importante cuantificar el costo del postconflicto, pues hay analistas que piensan que el interrogante puede llevar a un debate absurdo: si el costo es muy alto, es mejor seguir como estamos.
Tales posiciones desvirtúan el objetivo de la estimación del costo. La experiencia muestra que en términos de la planeación económica es deseable contar con una cifra, a partir de la cual se pueda evaluar cómo se van a allegar esos recursos, cuál sería el plazo razonable de implementación de las políticas, y cuáles serían los programas y políticas prioritarios para la asignación de los presupuestos.
No es deseable generalizar posiciones como la de Francisco de Roux, quien, basado en su experiencia de trabajo con comunidades en zonas de conflicto, concluye que no debería haber asignaciones previas de recursos: “Es un error definir ex ante la cantidad de dinero que se va a asignar a un territorio, pues entre otras cosas, crea una rapiña política y social que rompe el proceso” (Tribuna, 2016; p. 19).
Sin demeritar que en algunos programas específicos se podría utilizar tal método a fin de controlar la corrupción, en el caso del postconflicto se trata de cifras cuantiosas y se requiere de cálculos detallados de los costos para acceder a cualquiera de las vías de financiación disponibles.
Pero, como no se cuenta con un inventario completo de los rubros que generarán compromisos de gasto, tampoco se puede valorar con precisión el costo. Además, tampoco hay claridad sobre la duración del postconflicto, lo que hace más difícil ese cálculo.
En una conferencia en marzo de 2015 el Ministro de Hacienda señaló: “la verdad es que no hay una cifra de cuál va a ser el costo del post-conflicto simple y llanamente… porque todo dependerá de cómo se logra ese acuerdo en las negociaciones de paz y esas negociaciones no han concluido” (Cárdenas, 2015).
También señaló el ministro que no es un costo único en un momento del tiempo: “El país seguramente va a tomarse un tiempo en implementar estos acuerdos, el post-conflicto lo vamos a tener que medir, en lustros, o en décadas porque no va a ser una transición inmediata”.
Por estas razones, las cifras que han lanzado diversos analistas se mueven en un rango amplio tanto de tiempo como de costo: Al Presidente Santos se le atribuye la cifra de $54 billones en reparación, en un periodo de 10 años (Semana, 2014). Para un periodo similar, Juan Camilo Restrepo calcula entre $80 y $100 billones solo para la zona rural. Fedesarrollo señala $80 billones; el Bank of America $187 billones, la firma Raddar $200 billones. Para un periodo de 20 años, la senadora Claudia López estima la cifra en $312 billones (Semana, 2014 y El Universal, 2015). Por último, el costo estimado para poner en marcha las recomendaciones de la Misión Rural, que están muy en la línea del primer punto de los acuerdos de La Habana, asciende a $195 billones, según el DNP en 15 años (Portafolio 2016).
Como ya se anotó, la dificultad con esas cifras es que no diferencian los programas de desarrollo ya financiados, los programas sectoriales adicionales y los gastos realmente nuevos que nacen del proceso de paz.
Hay casos como el de la reparación de víctimas, por ejemplo, que en aplicación de la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), ya cuenta con recursos del presupuesto y con avances en la solución del problema, como lo señaló el Ministro Cárdenas en la conferencia mencionada. De esta forma, el gasto nuevo que se derivaría de los acuerdos de La Habana por este concepto sería menor a lo que inicialmente se podría pensar.
Pero hay otros que surgen de las negociaciones, sobre los que aún no hay estimaciones o ellas son muy imprecisas. Es el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, que implicará vincular entre 1.600 y 3.000 funcionarios y podría tener un costo cercano a los dos billones de pesos; sin embargo, no se conoce cuál es la metodología de estimación de ese costo, ni el periodo de tiempo que se supone estará vigente esta Jurisdicción.
Algo similar ocurre con el tema de la desmovilización. Se habla de zonas de concentración, que podrían ser ocho, si prima la tesis del Gobierno, o 60 si se aplica la de las Farc. El problema es que habría que garantizar la financiación de los consumos básicos de alrededor de 36.000 desmovilizados (sumando los guerrilleros armados y los grupos de apoyo logístico) por un tiempo indefinido.
Fuentes de recursos
Las estimaciones mencionadas están en un rango entre 0.6% y 2% del PIB por año; aun cuando no se tiene la precisión deseada, se debe ir evaluando la forma de financiarlos. Hay tres fuentes básicas para hacerlo y, dadas las circunstancias, se tendrá que acudir a todas ellas.
La primera es el Presupuesto General de la Nación. Una posibilidad teórica es el aumento de la tributación; en la realidad hay poco margen para esta fuente, pues la reforma tributaria estructural que se está preparando, además de redistribuir la carga entre empresas y personas naturales, espera recaudar 2% del PIB con el fin de compensar la desaparición de la renta petrolera; un 1% adicional que requiere el Gobierno se deberá financiar con deuda.
La otra posibilidad es la re-priorización del gasto. Esta será la opción a la que acudirá el Gobierno, pero hay limitaciones como lo demuestran varias decisiones recientes. En el Pipe 2.0 se reorientaron recursos por cerca de $17 billones y los programas de austeridad de 2015 y 2016 recortaron básicamente recursos de inversión, porque los gastos de funcionamiento no son flexibles.
La segunda son los recursos de la cooperación internacional. Aquí la pregunta es qué tan dispuestos están los organismos internacionales a apoyar financieramente a Colombia, que no es un país pobre y en el que, hasta hace poco, en los escenarios internacionales se negaba la existencia de un conflicto.
Según Rodríguez (2016, p. 2), “El problema es que presentar los éxitos de Colombia como país emergente, candidato a la OCDE y graduado como país de renta media, se conjuga con dificultad con la necesidad de buscar recursos para financiar el postconflicto. En la última década la cooperación para el desarrollo ha ido retirándose de los países de renta media y de las regiones menos “problemáticas”, para concentrarse en los focos de tensión de la actualidad en Asia, África y la cuenca del Mediterráneo”.
Adicionalmente, regiones como la Unión Europea se han visto forzadas a utilizar ingentes recursos en la contención y solución del problema migratorio, disminuyendo las disponibilidades para apoyar procesos como el del postconflicto en Colombia.
Por último, están los créditos con organismos multilaterales en condiciones preferenciales. Esta fuente tiene alta probabilidad, por la tradición de cumplimiento de las obligaciones financieras que tiene el país, y por el prestigio de seriedad en el manejo macroeconómico.
Pero puede haber una restricción en el creciente endeudamiento que tiene el país. Según el exministro Alberto Carrasquilla (2016) “la deuda bruta del gobierno viene subiendo de manera gradual pero sostenida desde 2012 y ya supera el 53 por ciento del PIB. Esta es la más alta de la historia moderna si se incluyen los 11 puntos del PIB que habían sido emitidos hasta abril de 2015 bajo la figura igualmente onerosa de las vigencias futuras”.
En la coyuntura reciente las calificadoras y los analistas internacionales están haciendo un cuidadoso seguimiento de la situación fiscal y de la cuenta corriente de las economías emergentes. Por lo tanto, la posibilidad de uso de esta fuente estará en función del trámite de la reforma tributaria estructural y del ajuste que se pueda dar en la cuenta corriente.
Colofón
Se debe reiterar que la cuantificación de los costos del postconflicto no se puede interpretar como un dilema entre guerra y paz. La construcción de buenas decisiones económicas pasa por tener un alto grado de certeza sobre las magnitudes de las variables sobre las que se pretende incidir y ese es el objetivo de la medición.
De lo expuesto se colige que aún hay mucho que hacer en materia de cuantificación de los costos del postconflicto. Si bien es cierto que las negociaciones no han terminado, hay puntos acordados sobre los que debería existir ya una discriminación de gastos por tareas nuevas que surgen de los acuerdos, gastos nuevos en políticas de desarrollo económico y social, y gastos en programas ya incorporados en el presupuesto general de la nación.
Solo de esa forma se podrán definir las estrategias más realistas de financiación y evitar que la insuficiencia de recursos se convierta en un cuello de botella para la implementación de los acuerdos de paz.
Bibliografía
Brown, G.; Langer, A.; y Steward, F. (2011). “A Typology of Post-Conflict Environments”. CRPD Working Paper No. 1. Centre for Research on Peace and Development, University of Leuven, Belgium.
Cárdenas, M. (2015). “Análisis de los posibles costos del post-conflicto”. Transcripción de la conferencia en el foro “Análisis de los posibles costos del post-conflicto”, organizado por la Universidad del Rosario y el Consejo Nacional Profesional de Economía, en Bogotá. Marzo.
Carrasquilla, A. (25 de enero de 2016). “El ajuste fiscal ¿Por qué y cómo?”. Razón Pública. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/9176-el-ajuste-fiscal-por-que-y-como.html.
Departamento Nacional de Planeación (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Bogotá.
El Universal (21 de octubre de 2015). “Lo que podría costarle el posconflicto a Colombia”. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/lo-que-podria-costarle-el-posconflicto-colombia-209052.
Portafolio (12 de abril de 2016). “Poner en marcha la Misión Rural cuesta $195 millones”. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/mision-rural-cuesta-195-billones-493853.
Rodríguez, E. (2016). “El papel de la comunidad internacional tras la firma de los acuerdos de paz en Colombia”. ARI 12/2016. Real Instituto Elcano. Madrid.
Semana (11 de noviembre de 2014). “Las cuentas del posconflicto no dan”. Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuentas-del-posconflicto-no-dan/408351-3.
Tribuna (2016). “Cuáles son las grandes necesidades del gasto del posconflicto”. Tribuna Revista de Asuntos Públicos, No. 12, febrero. Universidad de los Andes.
Paz y crecimiento económico
viernes, 17 de junio de 2016
Publicado en Portafolio el 17 de junio de 2016
Una de las esperanzas generadas por las negociaciones de paz es un mayor crecimiento económico. La teoría pareciera sustentarla, pues enuncia que una guerra civil reduce el PIB per cápita y su terminación lo incrementa. No obstante, hay matices a considerar para no sobredimensionar el efecto esperado de la paz en Colombia.
Según un estudio del PNUD (Post-Conflict Economic Recovery. Enabling Local Ingenuity; 2008), los impactos económicos de las guerras civiles dependen de la proporción de la población involucrada en el conflicto, la duración, la extensión geográfica y el grado de debilitamiento del gobierno.
Casos como el de Uganda, en el que las zonas en conflicto fueron periféricas, afectaron poco la actividad económica, mientras que en Afganistán, Camboya y Mozambique los efectos fueron devastadores al abarcar todo el territorio.
El mismo estudio indica que la duración puede tener efectos dispares: entre más prolongado el conflicto, mayores serán los impactos negativos esperados; pero también puede generar resiliencia del crecimiento, por la adaptación de la población al entorno.
El PNUD encontró que 26 de las 29 economías analizadas registraron variaciones negativas del PIB per cápita durante el conflicto, con las únicas excepciones de Bosnia (3.6%), Papúa Nueva Guinea (1.7%) y Guatemala (0.9%). Colombia supera dos de ellas, pues su tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita fue 2.2% en los últimos 55 años.
En ese contexto, el caso colombiano (que no estudió el PNUD) se clasificaría, como marginal –por su cobertura geográfica y por la proporción de la población involucrada–, y como un conflicto de larga duración que generó resiliencia del crecimiento.
Según Paul Collier (“On the Economic Consequences of Civil War”; 1998), la caída del PIB per cápita “es explicada en parte porque la guerra reduce directamente la producción y en parte porque ella causa una gradual pérdida del stock de capital, debido a la destrucción, el desahorro y la migración de recursos al exterior”.
Cabría esperar, por lo tanto, que el crecimiento de la economía en el postconflicto proviniera en buena parte de la recuperación de la inversión. Pero, como señala Collier, “a pesar de los graves efectos de la guerra civil, la restauración de la paz no produce necesariamente un dividendo”, porque las condiciones económicas no vuelven a su normalidad de manera automática y, por el contrario, en los primeros años es alto el riesgo de recaer en el conflicto.
Por contraste, en Colombia, pese al conflicto, la inversión creció al 5.0% anual promedio en el periodo 1960-2014, y el coeficiente de inversión a PIB bordea el 30%, uno de los más altos de la región.
Hay estudios que atribuyen a la paz en Colombia un crecimiento del PIB que va entre 0.4 y 4.0 puntos porcentuales adicionales, pero varios de ellos no toman en cuenta los aspectos señalados. De igual forma, la comparación con otros conflictos pasa por alto que, en la mayoría, los acuerdos involucraron a todos los actores de la confrontación. En Colombia, después de cuatro años de negociación, es probable un acuerdo con las Farc; entre tanto, el Eln y las bacrim se enfrentan para “adueñarse” de los territorios hasta ahora dominados por las Farc.
Todos anhelamos la paz y esperamos impactos económicos positivos. Pero hay que aterrizar las expectativas.
Una de las esperanzas generadas por las negociaciones de paz es un mayor crecimiento económico. La teoría pareciera sustentarla, pues enuncia que una guerra civil reduce el PIB per cápita y su terminación lo incrementa. No obstante, hay matices a considerar para no sobredimensionar el efecto esperado de la paz en Colombia.
Según un estudio del PNUD (Post-Conflict Economic Recovery. Enabling Local Ingenuity; 2008), los impactos económicos de las guerras civiles dependen de la proporción de la población involucrada en el conflicto, la duración, la extensión geográfica y el grado de debilitamiento del gobierno.
Casos como el de Uganda, en el que las zonas en conflicto fueron periféricas, afectaron poco la actividad económica, mientras que en Afganistán, Camboya y Mozambique los efectos fueron devastadores al abarcar todo el territorio.
El mismo estudio indica que la duración puede tener efectos dispares: entre más prolongado el conflicto, mayores serán los impactos negativos esperados; pero también puede generar resiliencia del crecimiento, por la adaptación de la población al entorno.
El PNUD encontró que 26 de las 29 economías analizadas registraron variaciones negativas del PIB per cápita durante el conflicto, con las únicas excepciones de Bosnia (3.6%), Papúa Nueva Guinea (1.7%) y Guatemala (0.9%). Colombia supera dos de ellas, pues su tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita fue 2.2% en los últimos 55 años.
En ese contexto, el caso colombiano (que no estudió el PNUD) se clasificaría, como marginal –por su cobertura geográfica y por la proporción de la población involucrada–, y como un conflicto de larga duración que generó resiliencia del crecimiento.
Según Paul Collier (“On the Economic Consequences of Civil War”; 1998), la caída del PIB per cápita “es explicada en parte porque la guerra reduce directamente la producción y en parte porque ella causa una gradual pérdida del stock de capital, debido a la destrucción, el desahorro y la migración de recursos al exterior”.
Cabría esperar, por lo tanto, que el crecimiento de la economía en el postconflicto proviniera en buena parte de la recuperación de la inversión. Pero, como señala Collier, “a pesar de los graves efectos de la guerra civil, la restauración de la paz no produce necesariamente un dividendo”, porque las condiciones económicas no vuelven a su normalidad de manera automática y, por el contrario, en los primeros años es alto el riesgo de recaer en el conflicto.
Por contraste, en Colombia, pese al conflicto, la inversión creció al 5.0% anual promedio en el periodo 1960-2014, y el coeficiente de inversión a PIB bordea el 30%, uno de los más altos de la región.
Hay estudios que atribuyen a la paz en Colombia un crecimiento del PIB que va entre 0.4 y 4.0 puntos porcentuales adicionales, pero varios de ellos no toman en cuenta los aspectos señalados. De igual forma, la comparación con otros conflictos pasa por alto que, en la mayoría, los acuerdos involucraron a todos los actores de la confrontación. En Colombia, después de cuatro años de negociación, es probable un acuerdo con las Farc; entre tanto, el Eln y las bacrim se enfrentan para “adueñarse” de los territorios hasta ahora dominados por las Farc.
Todos anhelamos la paz y esperamos impactos económicos positivos. Pero hay que aterrizar las expectativas.
Los gorditos del TLC
viernes, 15 de abril de 2016
Publicado en Portafolio el 15 de abril de 2016
El TLC con EEUU aumenta la obesidad, según la novedosa y exótica hipótesis de un profesor de nutrición de la Universidad Nacional (John Bejarano “TLC aumenta malnutrición en los colombianos”. UN Periódico, No. 197).
Además de sorprendido, el lector queda perdido, pues desde el título en adelante no es claro si el artículo trata sobre hechos probables o realidades comprobadas. Sobre lo primero, el autor señala que la calidad de la dieta y “la composición corporal de los individuos… podría agudizarse con la entrada en vigor, hace cuatro años, del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos”.
Sobre lo segundo, afirma que “las estadísticas empiezan a comprobarlo”, pues “en el primer semestre de 2013, el DANE registró compras nacionales por valor de 238 millones de dólares en alimentos y bebidas, destinados al consumo de los hogares, y 874,8 millones de dólares en alimentos procesados”.
Esta afirmación carece de rigor académico: 1. Los datos corresponden a importaciones, por lo que no pueden ser “compras nacionales”, dado que no incluyen la producción doméstica. 2. Son datos puntuales desprovistos de valor económico por la ausencia de comparaciones. 3. Son cifras “viejas” y parciales (solo un semestre). Los datos del año pasado, 458 y 1.900 millones de dólares, evidencian caídas de 11.9% y 1.4% anuales, respectivamente. 4. Con las cifras, el autor sugiere implícitamente que “procesados” equivale a nocivos para la salud; es un error, pues el concepto técnico estadístico es “elaborados” y en ellos se incluyen, por ejemplo, arroz semielaborado, maíz dulce congelado, otras legumbres congeladas, aceite refinado de girasol y salmón, atún, arenque y bacalao fresco o refrigerado. 5. Por último, esas no son importaciones desde EE.UU. sino de todo el mundo, luego es imposible concluir algo sobre el TLC.
Dadas las falencias en el manejo de los argumentos económicos, cabría esperar sobrada solvencia en los relativos a nutrición. El autor presenta unas cifras sobre el aumento de la obesidad en Colombia en las décadas recientes, que, razonablemente, no atribuye al TLC.
Su demostración del impacto de los TLC la fundamenta en la experiencia de México, país en el que la obesidad aumentó en las mujeres “de 34% a 73%” y en los niños el 40% (no señala qué pasó con los hombres). Pero no aporta argumentos que demuestren la causalidad entre el tratado con EEUU (Nafta) y esos aumentos de obesidad.
La realidad es que la obesidad es reconocida como un problema de salud pública mundial. Ello porque los cambios estructurales en los hábitos de consumo, movilidad y actividad física están repercutiendo en aumento de la población con enfermedades graves originadas en el sobrepeso.
El International Food Policy Research Institute señala que “entre 2010 y 2014, ningún país [entre 193] registró una disminución del sobrepeso y la obesidad en los adultos”, a pesar de los compromisos internacionales en esa materia. Además, en países de la región, como Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay, que no tienen TLC con EEUU, la población obesa aumentó en el periodo más que en Colombia (2.0%) y en Ecuador el incremento fue similar (1.9%).
Conclusión: La sociedad necesita preservar el rigor académico que demanda el prestigio de la Universidad Nacional de Colombia. Yo lo pido en mi calidad de egresado.
El TLC con EEUU aumenta la obesidad, según la novedosa y exótica hipótesis de un profesor de nutrición de la Universidad Nacional (John Bejarano “TLC aumenta malnutrición en los colombianos”. UN Periódico, No. 197).
Además de sorprendido, el lector queda perdido, pues desde el título en adelante no es claro si el artículo trata sobre hechos probables o realidades comprobadas. Sobre lo primero, el autor señala que la calidad de la dieta y “la composición corporal de los individuos… podría agudizarse con la entrada en vigor, hace cuatro años, del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos”.
Sobre lo segundo, afirma que “las estadísticas empiezan a comprobarlo”, pues “en el primer semestre de 2013, el DANE registró compras nacionales por valor de 238 millones de dólares en alimentos y bebidas, destinados al consumo de los hogares, y 874,8 millones de dólares en alimentos procesados”.
Esta afirmación carece de rigor académico: 1. Los datos corresponden a importaciones, por lo que no pueden ser “compras nacionales”, dado que no incluyen la producción doméstica. 2. Son datos puntuales desprovistos de valor económico por la ausencia de comparaciones. 3. Son cifras “viejas” y parciales (solo un semestre). Los datos del año pasado, 458 y 1.900 millones de dólares, evidencian caídas de 11.9% y 1.4% anuales, respectivamente. 4. Con las cifras, el autor sugiere implícitamente que “procesados” equivale a nocivos para la salud; es un error, pues el concepto técnico estadístico es “elaborados” y en ellos se incluyen, por ejemplo, arroz semielaborado, maíz dulce congelado, otras legumbres congeladas, aceite refinado de girasol y salmón, atún, arenque y bacalao fresco o refrigerado. 5. Por último, esas no son importaciones desde EE.UU. sino de todo el mundo, luego es imposible concluir algo sobre el TLC.
Dadas las falencias en el manejo de los argumentos económicos, cabría esperar sobrada solvencia en los relativos a nutrición. El autor presenta unas cifras sobre el aumento de la obesidad en Colombia en las décadas recientes, que, razonablemente, no atribuye al TLC.
Su demostración del impacto de los TLC la fundamenta en la experiencia de México, país en el que la obesidad aumentó en las mujeres “de 34% a 73%” y en los niños el 40% (no señala qué pasó con los hombres). Pero no aporta argumentos que demuestren la causalidad entre el tratado con EEUU (Nafta) y esos aumentos de obesidad.
La realidad es que la obesidad es reconocida como un problema de salud pública mundial. Ello porque los cambios estructurales en los hábitos de consumo, movilidad y actividad física están repercutiendo en aumento de la población con enfermedades graves originadas en el sobrepeso.
El International Food Policy Research Institute señala que “entre 2010 y 2014, ningún país [entre 193] registró una disminución del sobrepeso y la obesidad en los adultos”, a pesar de los compromisos internacionales en esa materia. Además, en países de la región, como Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay, que no tienen TLC con EEUU, la población obesa aumentó en el periodo más que en Colombia (2.0%) y en Ecuador el incremento fue similar (1.9%).
Conclusión: La sociedad necesita preservar el rigor académico que demanda el prestigio de la Universidad Nacional de Colombia. Yo lo pido en mi calidad de egresado.
La debacle económica
viernes, 11 de marzo de 2016
Publicado en Portafolio el viernes 11 de marzo de 2016
La economía colombiana se está desacelerando. Lamentablemente esa coyuntura se está utilizando para endilgar culpas a hechos y decisiones no relacionados con el problema.
Hasta diciembre de 2015 la economía colombiana venía sorteando bien las turbulencias globales. Pero la economía mundial comenzó 2016 con tormentas que aumentaron los spreads de la deuda, depreciaron más las monedas y acentuaron el deterioro de las cuentas fiscales y de comercio exterior de numerosos países.
En Colombia la tasa de cambio nominal alcanzó niveles récord, cayó fuertemente el índice de confianza del consumidor, aumentaron las tasas de desempleo e inflación, y resurgió el fantasma del racionamiento por el incendio de Guatapé.
Algunos analistas retomaron el manido cuento de la apertura de Gaviria y la reforma arancelaria de 2010 para explicar el enorme déficit comercial de 2015.
Está más que demostrado que la apertura de Gaviria se quedó en el nombre; la reacción de los intereses particulares montó a Colombia en un carrusel de medidas no arancelarias que neutralizaron los menores aranceles. Un estudio de investigadores del Banco de la República muestra que en 1989 estaban vigentes 1.102 medidas no arancelarias; en 1995 su número llegó a 4.750 y en 2000 a 9.256. Más que la apertura, el deterioro de la balanza comercial es explicado por la recesión mundial de 1991, el rompimiento del Pacto Cafetero a finales de los ochenta y la revaluación del peso.
Con la reforma arancelaria de 2010, Colombia pasó del puesto 118 al 95 en el escalafón global de aranceles, lo que comprueba que seguimos siendo una economía cerrada. Más que los TLC, el deterioro de la balanza comercial hay que buscarlo en la caída de los precios internacionales de los productos básicos, que no es una variable que controle el Gobierno colombiano.
Otro tema de discusión es el del posible racionamiento en el que vinculan la venta de Isagén (en pesos) con la importación de energía (en dólares). ¿Alguien en el país pronosticó el incendio de Guatapé? Nadie, pues es imposible por tratarse de un hecho fortuito. Por eso, con o sin la venta de Isagén se hubiera tenido que importar energía eléctrica de Ecuador y, obviamente, pagarla en dólares. Por lo tanto, la crítica es infundada.
En los temas tributarios, se sugiere que el Gobierno miente: anuncia un faltante de 30 billones de pesos y luego señala que la presión fiscal aumentará del 15 al 20 por ciento del PIB, con lo que el faltante sería de 40 billones de pesos o más.
Ese argumento mezcla dos propuestas de reforma tributaria: La del informe de la Comisión de Expertos, que generaría recaudos por el 2 por ciento del PIB, y la del reciente estudio del BID de incrementar los recaudos en 5 por ciento del PIB, como uno de los requerimientos para crecer la economía al 6 por ciento anual. Pero, el Gobierno manifiesta que el proyecto que presentará se basa en el informe de la Comisión; y según Anif, quedaría un faltante del 1 por ciento del PIB, que se financiará con mayor austeridad y endeudamiento.
Es útil debatir los problemas actuales de la economía, pero sin desmarcarlos de la compleja coyuntura internacional que está golpeando numerosas economías, y sin generar confusiones mezclando propuestas que nacen de fuentes y propósitos distintos. Tampoco es el momento para añoranzas proteccionistas.
La economía colombiana se está desacelerando. Lamentablemente esa coyuntura se está utilizando para endilgar culpas a hechos y decisiones no relacionados con el problema.
Hasta diciembre de 2015 la economía colombiana venía sorteando bien las turbulencias globales. Pero la economía mundial comenzó 2016 con tormentas que aumentaron los spreads de la deuda, depreciaron más las monedas y acentuaron el deterioro de las cuentas fiscales y de comercio exterior de numerosos países.
En Colombia la tasa de cambio nominal alcanzó niveles récord, cayó fuertemente el índice de confianza del consumidor, aumentaron las tasas de desempleo e inflación, y resurgió el fantasma del racionamiento por el incendio de Guatapé.
Algunos analistas retomaron el manido cuento de la apertura de Gaviria y la reforma arancelaria de 2010 para explicar el enorme déficit comercial de 2015.
Está más que demostrado que la apertura de Gaviria se quedó en el nombre; la reacción de los intereses particulares montó a Colombia en un carrusel de medidas no arancelarias que neutralizaron los menores aranceles. Un estudio de investigadores del Banco de la República muestra que en 1989 estaban vigentes 1.102 medidas no arancelarias; en 1995 su número llegó a 4.750 y en 2000 a 9.256. Más que la apertura, el deterioro de la balanza comercial es explicado por la recesión mundial de 1991, el rompimiento del Pacto Cafetero a finales de los ochenta y la revaluación del peso.
Con la reforma arancelaria de 2010, Colombia pasó del puesto 118 al 95 en el escalafón global de aranceles, lo que comprueba que seguimos siendo una economía cerrada. Más que los TLC, el deterioro de la balanza comercial hay que buscarlo en la caída de los precios internacionales de los productos básicos, que no es una variable que controle el Gobierno colombiano.
Otro tema de discusión es el del posible racionamiento en el que vinculan la venta de Isagén (en pesos) con la importación de energía (en dólares). ¿Alguien en el país pronosticó el incendio de Guatapé? Nadie, pues es imposible por tratarse de un hecho fortuito. Por eso, con o sin la venta de Isagén se hubiera tenido que importar energía eléctrica de Ecuador y, obviamente, pagarla en dólares. Por lo tanto, la crítica es infundada.
En los temas tributarios, se sugiere que el Gobierno miente: anuncia un faltante de 30 billones de pesos y luego señala que la presión fiscal aumentará del 15 al 20 por ciento del PIB, con lo que el faltante sería de 40 billones de pesos o más.
Ese argumento mezcla dos propuestas de reforma tributaria: La del informe de la Comisión de Expertos, que generaría recaudos por el 2 por ciento del PIB, y la del reciente estudio del BID de incrementar los recaudos en 5 por ciento del PIB, como uno de los requerimientos para crecer la economía al 6 por ciento anual. Pero, el Gobierno manifiesta que el proyecto que presentará se basa en el informe de la Comisión; y según Anif, quedaría un faltante del 1 por ciento del PIB, que se financiará con mayor austeridad y endeudamiento.
Es útil debatir los problemas actuales de la economía, pero sin desmarcarlos de la compleja coyuntura internacional que está golpeando numerosas economías, y sin generar confusiones mezclando propuestas que nacen de fuentes y propósitos distintos. Tampoco es el momento para añoranzas proteccionistas.
Economía colombiana 2016: A capear el temporal
lunes, 29 de febrero de 2016
Publicada en la revista Misión Pyme, Edición 89, febrero-marzo de 2016
El panorama de la economía colombiana en 2016 preserva varios de los factores que generaron incertidumbre en 2015 y debilitaron su dinámica de crecimiento.
La economía mundial registra problemas de crecimiento y en el frente interno algunas variables clave han sido impactadas por los choques externos. No obstante, hay sectores que contribuirán a amortiguar los efectos adversos y harán que la economía colombiana siga registrando crecimientos aceptables.
Economía mundial complicada
Si bien las proyecciones del FMI para 2016 apuntan a una ligera recuperación del crecimiento mundial con relación al de 2015 (3.6% vs. 3.1%), es altamente probable que en los primeros meses se revisen a la baja.
Cada vez gana más fuerza la hipótesis del estancamiento secular, planteada por Larry Summers. Eso explicaría que en un escenario de políticas monetarias heterodoxas, con inflación baja y tasas de interés cercanas a cero, el crecimiento de las economías desarrolladas siga siendo inferior al registrado antes de la crisis mundial.
El choque petrolero golpeó fuertemente a las economías exportadoras, pero, contrario a lo esperado, no impulsó el crecimiento del PIB global. El mundo está viviendo una silenciosa guerra del petróleo, en la que la producción crece o se reduce muy poco, la demanda está frenada y los inventarios aumentan. En ese escenario, se espera que en 2016 los precios del petróleo se mantengan en el rango entre US$30 y US$50, con alta volatilidad.
Se esperaba que la apreciación del dólar, por el choque petrolero y el cambio en la posición de la política monetaria de Estados Unidos, permitiera a las demás economías un repunte de sus exportaciones. Esto no ocurrió ni en las economías desarrolladas ni en las emergentes. Por el contrario, el valor del comercio mundial está cayendo a ritmos de 12% anual, lo que evidencia el debilitamiento de la demanda agregada en la mayor parte de los países.
Estos elementos indican que en 2016 el comercio internacional no será el motor del crecimiento que fue hasta el comienzo de la crisis mundial de 2008-2009. De esta forma, en el crecimiento del PIB de la mayor parte de las economías pesará más la dinámica de su demanda interna.
Colombia no es ajena a ese entorno. La alta dependencia de las exportaciones y de los ingresos del gobierno central de los minero-energéticos, está pasando su cuenta de cobro. La balanza comercial registró en 2015 un déficit sin precedentes, el déficit en cuenta corriente aumentó hasta 6.5% del PIB, el más alto en lo corrido del siglo, y el déficit fiscal se proyectó al 3.0% del PIB, alejándose del déficit estructural proyectado de 2.2%.
¿Qué viene para Colombia en el 2016?
Con el escenario internacional descrito, es claro que las cuentas de comercio exterior seguirán con saldo en rojo, pero la magnitud del déficit puede ser menor al del 2015.
Si los precios del petróleo se mueven en el rango señalado y el volumen exportado no decrece, su impacto negativo en las exportaciones será menor. Con relación a las exportaciones no minero-energéticas, el esperado repunte seguirá dependiendo de la reactivación de la demanda agregada mundial.
De esta forma, la reducción del déficit comercial se dará por una mayor contracción de las importaciones y una menor caída o un ligero repunte de las exportaciones. El Ministerio de Hacienda proyecta que las exportaciones en 2016 se contraerán en 2.6% anual, mientras que las importaciones caerán en 5.6%; esto, sumado al aumento de ingresos por actividades como el turismo, permite proyectar un déficit en cuenta corriente de 5.8% del PIB.
En materia fiscal, el gobierno proyecta un déficit de 3.6% del PIB, ampliando la brecha con relación al déficit estructural (2.1%). Esto es consecuencia de la práctica desaparición de la renta petrolera por efecto de los precios internacionales; la renta pasó del 3.3% del PIB en 2013 al 0.3% en 2016, con una caída de más de $20 billones entre los dos años.
Aun cuando el déficit es compatible con la Ley de Regla Fiscal, el cierre de la brecha impone un reto para las finanzas públicas, por las restricciones para bajar los gastos de funcionamiento y por la reducción de algunos impuestos en los próximos años, como quedó establecido en la reforma tributaria de 2014.
En ese contexto, la anunciada reforma tributaria de 2016 debe cumplir simultáneamente con los objetivos de reducir la tasa efectiva de tributación de las empresas, avanzar en la recomposición estructural de los ingresos tributarios y generar mayor recaudo para el Gobierno. Pero también es necesario que se implementen las reformas necesarias para flexibilizar el gasto de funcionamiento y hacer grandes esfuerzos para disminuir la evasión y la elusión.
Puesto que la inflación está desbordada y, como lo reconoce la propia autoridad monetaria, en 2016 su nivel se mantendrá por encima del rango meta (2% al 4%), se espera que la tasa de intervención del Banco de la República siga aumentando.
Por lo tanto, ni el frente externo, ni la política fiscal, ni la política monetaria tienen margen de maniobra para impulsar la demanda agregada. Quedan por fortuna algunas variables sobre las que descansará la tarea de amortiguar los efectos adversos y mantener el crecimiento de la economía en niveles positivos.
Esas variables son las obras de infraestructura, los subsidios a la vivienda de clase media y el repunte de la actividad industrial, por la demanda del sector de construcción y por la actividad de refinación de petróleo (Reficar).
En síntesis, 2016 será un año de grandes retos para la economía colombiana. El débil mercado mundial, los ajustes en las finanzas públicas y la política antiinflacionaria tienden a frenar el crecimiento. Cabe esperar que ese impacto sea compensado por la construcción y la industria, para alcanzar la meta de crecimiento de 3.2% establecida por el Gobierno o, al menos, el 2.6% proyectado por los analistas privados.
El panorama de la economía colombiana en 2016 preserva varios de los factores que generaron incertidumbre en 2015 y debilitaron su dinámica de crecimiento.
La economía mundial registra problemas de crecimiento y en el frente interno algunas variables clave han sido impactadas por los choques externos. No obstante, hay sectores que contribuirán a amortiguar los efectos adversos y harán que la economía colombiana siga registrando crecimientos aceptables.
Economía mundial complicada
Si bien las proyecciones del FMI para 2016 apuntan a una ligera recuperación del crecimiento mundial con relación al de 2015 (3.6% vs. 3.1%), es altamente probable que en los primeros meses se revisen a la baja.
Cada vez gana más fuerza la hipótesis del estancamiento secular, planteada por Larry Summers. Eso explicaría que en un escenario de políticas monetarias heterodoxas, con inflación baja y tasas de interés cercanas a cero, el crecimiento de las economías desarrolladas siga siendo inferior al registrado antes de la crisis mundial.
El choque petrolero golpeó fuertemente a las economías exportadoras, pero, contrario a lo esperado, no impulsó el crecimiento del PIB global. El mundo está viviendo una silenciosa guerra del petróleo, en la que la producción crece o se reduce muy poco, la demanda está frenada y los inventarios aumentan. En ese escenario, se espera que en 2016 los precios del petróleo se mantengan en el rango entre US$30 y US$50, con alta volatilidad.
Se esperaba que la apreciación del dólar, por el choque petrolero y el cambio en la posición de la política monetaria de Estados Unidos, permitiera a las demás economías un repunte de sus exportaciones. Esto no ocurrió ni en las economías desarrolladas ni en las emergentes. Por el contrario, el valor del comercio mundial está cayendo a ritmos de 12% anual, lo que evidencia el debilitamiento de la demanda agregada en la mayor parte de los países.
Estos elementos indican que en 2016 el comercio internacional no será el motor del crecimiento que fue hasta el comienzo de la crisis mundial de 2008-2009. De esta forma, en el crecimiento del PIB de la mayor parte de las economías pesará más la dinámica de su demanda interna.
Colombia no es ajena a ese entorno. La alta dependencia de las exportaciones y de los ingresos del gobierno central de los minero-energéticos, está pasando su cuenta de cobro. La balanza comercial registró en 2015 un déficit sin precedentes, el déficit en cuenta corriente aumentó hasta 6.5% del PIB, el más alto en lo corrido del siglo, y el déficit fiscal se proyectó al 3.0% del PIB, alejándose del déficit estructural proyectado de 2.2%.
¿Qué viene para Colombia en el 2016?
Con el escenario internacional descrito, es claro que las cuentas de comercio exterior seguirán con saldo en rojo, pero la magnitud del déficit puede ser menor al del 2015.
Si los precios del petróleo se mueven en el rango señalado y el volumen exportado no decrece, su impacto negativo en las exportaciones será menor. Con relación a las exportaciones no minero-energéticas, el esperado repunte seguirá dependiendo de la reactivación de la demanda agregada mundial.
De esta forma, la reducción del déficit comercial se dará por una mayor contracción de las importaciones y una menor caída o un ligero repunte de las exportaciones. El Ministerio de Hacienda proyecta que las exportaciones en 2016 se contraerán en 2.6% anual, mientras que las importaciones caerán en 5.6%; esto, sumado al aumento de ingresos por actividades como el turismo, permite proyectar un déficit en cuenta corriente de 5.8% del PIB.
En materia fiscal, el gobierno proyecta un déficit de 3.6% del PIB, ampliando la brecha con relación al déficit estructural (2.1%). Esto es consecuencia de la práctica desaparición de la renta petrolera por efecto de los precios internacionales; la renta pasó del 3.3% del PIB en 2013 al 0.3% en 2016, con una caída de más de $20 billones entre los dos años.
Aun cuando el déficit es compatible con la Ley de Regla Fiscal, el cierre de la brecha impone un reto para las finanzas públicas, por las restricciones para bajar los gastos de funcionamiento y por la reducción de algunos impuestos en los próximos años, como quedó establecido en la reforma tributaria de 2014.
En ese contexto, la anunciada reforma tributaria de 2016 debe cumplir simultáneamente con los objetivos de reducir la tasa efectiva de tributación de las empresas, avanzar en la recomposición estructural de los ingresos tributarios y generar mayor recaudo para el Gobierno. Pero también es necesario que se implementen las reformas necesarias para flexibilizar el gasto de funcionamiento y hacer grandes esfuerzos para disminuir la evasión y la elusión.
Puesto que la inflación está desbordada y, como lo reconoce la propia autoridad monetaria, en 2016 su nivel se mantendrá por encima del rango meta (2% al 4%), se espera que la tasa de intervención del Banco de la República siga aumentando.
Por lo tanto, ni el frente externo, ni la política fiscal, ni la política monetaria tienen margen de maniobra para impulsar la demanda agregada. Quedan por fortuna algunas variables sobre las que descansará la tarea de amortiguar los efectos adversos y mantener el crecimiento de la economía en niveles positivos.
Esas variables son las obras de infraestructura, los subsidios a la vivienda de clase media y el repunte de la actividad industrial, por la demanda del sector de construcción y por la actividad de refinación de petróleo (Reficar).
En síntesis, 2016 será un año de grandes retos para la economía colombiana. El débil mercado mundial, los ajustes en las finanzas públicas y la política antiinflacionaria tienden a frenar el crecimiento. Cabe esperar que ese impacto sea compensado por la construcción y la industria, para alcanzar la meta de crecimiento de 3.2% establecida por el Gobierno o, al menos, el 2.6% proyectado por los analistas privados.
Tasa efectiva de tributación: el objetivo de la reforma tributaria del 2016
miércoles, 24 de febrero de 2016
Publicado en la Revista de Fasecolda No. 162, febrero de 2016
El año 2016 llega con la certeza de una nueva reforma tributaria que, según el ministro de Hacienda, podría ser presentada por el Gobierno a consideración del Congreso en el mes de marzo [el Gobierno anunció que la presentará en el segundo semestre]. Un gran interrogante genera ese hecho: ¿Primará una orientación fiscalista, o se logrará algún avance en la anhelada reforma estructural de las finanzas del Estado?
El riesgo fiscalista surge del notorio deterioro de las finanzas públicas como consecuencia del choque petrolero, que puso al Gobierno contra las cuerdas. El déficit fiscal se alejó de la ruta del déficit estructural definido en la Ley de la Regla Fiscal, por lo que el Gobierno se vio forzado a crecer el endeudamiento público y a poner en marcha un plan de austeridad en el que se está sacrificando esencialmente la inversión.
La esperanza de la reforma estructural proviene del compromiso que asumió el Gobierno durante el trámite de la última reforma tributaria; la base para ella serían los estudios elaborados por la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Colombiano, creada mediante el artículo 44 de la Ley 1739 de 2014.
Dado que la caída de los ingresos tiene carácter estructural (Avendaño, 2015), es necesario un ajuste tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos. En ese contexto, el objetivo de la reforma tributaria debería fijarse en el recaudo que el Gobierno requiere para acomodarse a la nueva realidad de menor gasto, a la recomposición de las fuentes tributarias y a la reducción de la tasa efectiva de tributación de las empresas.
Con relación a la tasa efectiva de tributación empresarial, la percepción general es que su nivel es muy alto e impacta negativamente la competitividad. Esto se comprueba en la última edición del Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial (Schwab, 2015); los empresarios manifestaron que la tasa de impuestos es el principal problema que afecta el entorno de los negocios en el país, lo que contrasta con el informe del año anterior, en el que esta variable fue reportada en el sexto lugar (Schwab, 2014).
De esta forma, es claro que la reforma que se avecina no tiene margen para aumentar el recaudo mediante incrementos en las tarifas aplicadas a las empresas. Por el contrario, es crucial su reducción y la sustitución por otras fuentes, como la que el Gobierno ha sugerido sobre las entidades sin ánimo de lucro, o la mayor contribución de las personas naturales.
Aun cuando hay acuerdo en la percepción sobre las altas tasas efectivas de tributación empresarial en Colombia, no hay una medición única en los análisis recientes.
En este artículo se muestra por qué es importante la reducción de la tasa efectiva de tributación, para lo cual se parte de hacer precisión sobre el concepto, se revisan los estudios recientes que la han medido para Colombia, se hace una comparación internacional y se sugiere un rango como objetivo para reducir los problemas de competitividad que representa la elevada carga tributaria para las empresas.
Tasa efectiva de tributación
La tasa efectiva de tributación se define como el cociente entre los impuestos pagados por una empresa y sus utilidades antes de impuestos y beneficios tributarios.
Esta definición parte del principio de que las empresas no solo pagan impuestos del orden nacional, sino también departamental y municipal; de igual forma, también pueden beneficiarse de exenciones o de incentivos de diversa índole regional.
Si bien el concepto es sencillo, plantea dificultades cuando se trata de hacer una medición real. En el numerador es complejo incluir la totalidad de los impuestos y contribuciones territoriales; según Quiñones Cruz (2015; p. 32) actualmente hay 101 tributos territoriales, entre los cuales se incluyen 28 impuestos y 84 estampillas.
En el denominador, el concepto contable de utilidad antes de impuestos ya está afectado por el pago de diversas contribuciones e impuestos. Como señala Ávila (2015, p. 6) “este agregado ya ha deducido las contribuciones a la seguridad social, los aportes parafiscales, los impuestos predial y de industria y comercio, el 50% del gravamen a los movimientos financieros y en algunos casos el 40% ó 30% de la inversión en activos fijos productivos, de conformidad con los contratos de estabilidad jurídica vigentes”. Adicionalmente, la situación de las empresas que arrojan pérdidas plantea interrogantes respecto a su inclusión o exclusión en los ejercicios de cálculo.
Estas son algunas de las fuentes de discrepancia en las mediciones que han hecho los analistas en el periodo reciente. A ellas hay que sumar las relacionadas con la metodología empleada para la recopilación de la información. Aun así, la tasa efectiva de tributación sigue siendo un buen indicador de la carga de impuestos que soportan las empresas y, cuando la metodología lo permite, se pueden hacer comparaciones con otros países, para colegir los efectos en la competitividad internacional del sector productivo.
Medición con encuesta
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) aplicó en 2014 una encuesta entre sus afiliados, con el objetivo de calcular la tasa efectiva de tributación; abarcó empresas de todos los sectores, regiones y tamaños. La respondieron 253 empresas que reportaron sus pagos de impuestos tanto directos como indirectos por los siguientes conceptos:
Los resultados indican que la tasa efectiva de tributación fue en promedio para el año 2013 de 68.1% y, al excluir los pagos de seguridad social y parafiscales, de 64.9%. Se registró una amplia dispersión sectorial, con una tasa mínima de 42.9% para el sector de electricidad y una máxima de 77.2% para la industria (gráfico 1). Sin pagos de seguridad social y parafiscales, la mínima correspondió a otros servicios (33.4%) y la máxima al resto de sectores y a la industria (72.7% y 72.4%, respectivamente).
Estos resultados son importantes porque reflejan la carga tributaria en empresas que cumplen con sus obligaciones con los fiscos de los niveles nacional, departamental y municipal. Sin embargo, podrían estar subestimando el valor real, al calcular la tasa efectiva tomando en el cociente las utilidades antes de impuestos, pues varios de los gravámenes reportados ya están pagos al llegar a ese concepto.
Medición con declaraciones de renta y balances
El estudio de Gómez y Steiner (2014) se basó en los balances y estados de resultados de 2013 reportados por las empresas a la Superintendencia de Sociedades y/o a la Superintendencia Financiera. Después de aplicar diferentes filtros, realizaron los cálculos con 17.263 empresas; entre los filtros destaca el de tener valores positivos en las siguientes variables: utilidades antes de impuestos, patrimonio y pago declarado de impuesto de renta.
Los datos de impuestos fueron tomados de las cuentas del PUC correspondientes a impuesto de renta y otros impuestos. A ellos sumaron las contribuciones relacionadas con la nómina, estimados como el 36.6% de los gastos en sueldos. Adicionalmente calcularon un “complemento” que recoge otros impuestos no registrados en otras cuentas específicas del PUC, como son el gravamen a los movimientos financieros y el de patrimonio; los autores reconocen que este cálculo puede sobrestimar el pago de impuestos, al incluir otros gastos que no se pudieron desagregar (Gómez y Steiner; 2014, p. 7).
Los resultados son presentados como un rango, por el problema que genera el cálculo del “complemento”. En promedio, la tasa efectiva de tributación está entre 52.2% y 59.6%. Pero al diferenciarla por tamaños de empresas, se evidencia un sesgo de la tributación contra las pequeñas empresas (gráfico 2); como los autores presentan los diferentes componentes de impuestos, se comprueba que las principales diferencias en las tasas efectivas de tributación por tamaño de empresa surgen del “resto de impuestos” (que incluye los impuestos de industria y comercio, timbre, propiedad raíz, y valorización, entre otros) y de las “contribuciones”.
Una conclusión muy importante que derivan Gómez y Steiner (2014; p. 8) es la relación entre la altísima tasa efectiva de tributación de las empresas pequeñas y la persistencia de la informalidad, que a su vez repercute en la competitividad y el potencial de crecimiento.
El estudio de Ávila (2015) toma como fuente de información las declaraciones de renta del universo de empresas, e incluye los siguientes impuestos para el año gravable 2013:
A diferencia del estudio de Gómez y Steiner (2014) y de la encuesta de la ANDI (2014), el análisis de Ávila incluye en sus cálculos las empresas que arrojaron pérdidas. Adicionalmente, tiene en cuenta que en la utilidad antes de impuestos ya se han pagado algunos impuestos; por esta razón, toma las utilidades netas del conjunto de empresas. La estimación de la utilidad neta es el resultado de la renta líquida menos la pérdida de renta líquida más las deducciones de origen fiscal que modifican las utilidades empresariales (Ávila, 2015, p. 13). El resultado obtenido es una tasa efectiva de tributación de 61% como promedio para el total de empresas (gráfico 3); 37 puntos porcentuales corresponden a impuestos nacionales, 14 a las contribuciones de la seguridad social, 7 impuestos locales y 4 a los aportes parafiscales (Ávila, 2015, p. 14).
Ávila (2015) presenta una conclusión sorprendente relacionada con el impacto de la evasión en la tasa efectiva de tributación:
Este argumento es muy discutible. De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, para una empresa hipotética de tamaño mediano a la que se le aplican todos los tributos, deducciones y exenciones establecidos en el estatuto tributario de Colombia, la tasa efectiva de tributación es del 69.7% (World Bank, 2015). Se da por hecho que el Banco Mundial no incluye la evasión o la elusión de impuestos en sus cálculos. Pero el argumento de Ávila (2015) da pie para presumir lo contrario; esto es, que en efecto las elevadas tasas efectivas de tributación inducen a la evasión y a la informalidad, como explícitamente lo sugieren Gómez y Steiner (2014). Esto implica que si la tasa efectiva de tributación se reduce, también podría descender la evasión, la elusión y la informalidad.
Medición con empresas hipotéticas
El Doing Business del Banco Mundial realiza anualmente una medición de la carga de impuestos de las empresas de 189 países. Para ello se fundamenta en una empresa hipotética de tamaño mediano del sector industrial o comercial; creada en 2013 como sociedad limitada en la mayor ciudad del país y no recibe incentivos a la inversión. Se adoptan supuestos sobre los socios, el número de empleados, los activos, la facturación, distribución de beneficios, margen de utilidad, etc. (World Bank, 2015, p. 145).
El ejercicio incluye todos los impuestos y contribuciones relevantes a nivel nacional, regional y local. Entre ellos incluye:
La tasa de impuesto total es medida como el coeficiente entre el total de impuestos pagados desde el segundo año de operación de la empresa y las utilidades obtenidas; el total de impuestos es neto de las deducciones y exenciones que correspondan.
El informe más reciente estimó en 69.7% la tasa efectiva de tributación de Colombia (World Bank, 2015, p. 195). Esa tasa es la décima más alta entre el total de países incluidos en el estudio.
Cabe anotar que la tasa registrada el año anterior era mayor (75.4%), y se ubicaba como la sexta más alta del mundo; la mejora en la posición se debe al efecto de la eliminación de los parafiscales del Sena y el ICBF con la reforma tributaria de 2012. Sin embargo, no hay una tendencia a mejorar, pues la reforma tributaria de 2014 siguió aumentando la carga tributaria de las empresas. A esa conclusión llegan Gómez y Steiner (2014, p. 13): “Para las empresas medianas y grandes, la reforma tributaria propuesta dispara las tarifas efectivas de tributación. A pesar de que el impuesto a la riqueza se va reduciendo año a año, el incremento de la sobretasa al CREE compensa y rebasa el recaudo hecho por esta nueva forma de impuesto al patrimonio”.
Comparación internacional
Las metodologías implementadas en los estudios de la ANDI (2014), Gómez y Steiner (2014) y Ávila (2015) no permiten una comparación directa con otros países.
No obstante, Gómez y Steiner (2014) hicieron un ejercicio con una metodología diferente, acercándose a la usada por el Banco Mundial, para comparar la carga tributaria de Colombia con la de los socios de la Alianza del Pacífico. Para el efecto, definieron las características de una empresa prototipo de tamaño mediano a la cual le aplicaron la regulación tributaria de cada país; para el caso colombiano tomaron la estructura tributaria con los impactos estimados de la reforma tributaria de 2013 [corrección 2014].
Los resultados comprueban que en las empresas de Colombia la tasa efectiva de tributación de las empresas medianas es la más alta entre los cuatro países. Al ampliar el ejercicio para otros tamaños de empresas, también se comprueba que es la mayor tasa efectiva de tributación (gráfico 4).
Las estimaciones del Banco Mundial son comparables porque tienen una metodología común. Como ya se indicó la tasa efectiva de tributación de Colombia es una de las más altas del mundo. Con el fin de tener una referencia de cuál debería ser una tasa objetivo para el país, se tomaron varios países de la región, dos de Asia y el promedio de la OCDE. El gráfico 5 muestra la gran diferencia que hay entre Colombia y esas economías con las que compite en los mercados internacionales.
Al hacer la comparación con México, el principal aporte a la diferencia proviene de los impuestos municipales y el gravamen a los movimientos financieros (GMF) en Colombia. Con Perú, las diferencias más notables están en la seguridad social, los impuestos municipales y el GMF. Con Ecuador, surgen del impuesto de renta y los impuestos ya mencionados.
A partir de la distribución de países por la tasa efectiva de tributación que se presenta en el gráfico 6, sería deseable que Colombia se ubicara en el rango de tasas entre mayor o igual a 30% y menor a 40%, que es donde se encuentra la mayor parte de las economías. En este rango están países como Vietnam, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay, Taiwán, Corea, Ecuador e Israel, entre otras.
Pero se podría plantear un proceso gradual, en el que en una primera etapa el objetivo fuera moverse hacia el rango entre mayor o igual a 40% y menor a 50%; ahí se encuentran economías como Malasia, Turquía, Uruguay, República Dominicana, Filipinas, Honduras y Rusia, entre otros. Lamentablemente, por los efectos de la reforma tributaria de 2013 [corrección 2014], volverá a moverse al rango de mayor o igual a 70%, en el cual estuvo el año anterior.
Comentarios finales
Todos los estudios recientes verifican que Colombia tiene una tasa efectiva de tributación muy alta, que se ubica por encima del 50%.
En todos los estudios, con la excepción del de Ávila (2015), hay una posible sobrestimación de la carga tributaria, al utilizar en el cociente las utilidades después de impuestos.
El estudio de Ávila (2015) tiene la ventaja de tener acceso a las declaraciones de renta de las empresas, pero hay una posible subestimación en los resultados por no incluir sino unos pocos gravámenes departamentales y municipales que, como lo muestra la medición del Banco Mundial, tienen un impacto elevado en la tasa efectiva de tributación.
Pero, por otra parte, en ese estudio también puede haber una sobrestimación de los resultados al incluir las empresas que registraron pérdidas. Aun cuando el tema es complejo, si el objetivo es medir la forma en que los múltiples tributos inciden en la carga tributaria de las empresas, no tiene mucho sentido incluirlas, pues de todos modos hay varios gravámenes que debe pagar la empresa independientemente de su estado de resultados. Como las utilidades netas son menores para el conjunto de empresas al tener en cuenta las pérdidas, el cociente resultante tiende a ser mayor.
Las diversas metodologías reseñadas no permiten la comparación internacional, con excepción de la diseñada por el Banco Mundial, pues está construida sobre bases homogéneas. También tiene la ventaja de ofrecer una serie que permite ver la evolución de la carga tributaria.
Para la reforma tributaria que viene, el Gobierno debería fijar entre sus objetivos reducir la tasa efectiva de tributación de las empresas, en una primera etapa a un rango entre 40% y 50%, con una mira en el largo plazo de ubicarla entre 30% y 40%.
La reducción de la carga tributaria es esencial por tres razones básicas: 1. Restablecer la competitividad perdida frente a competidores internacionales que tienen menor tasa efectiva de tributación. 2. Reducir la evasión y la elusión. 3. Coadyuvar al propósito de reducir la informalidad, que es un lastre para la productividad del país.
Bibliografía
Andi (2014). “Encuesta tasa tributaria efectiva 2014: ¿Cuánto pagan las empresas colombianas en impuestos?”. Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Disponible en: http://www.andi.com.co/SalPren/Documents/Encuesta%20tasa%20tributaria%20efectiva%202014.pdf.
Avendaño, H. (26 de octubre de 2015). “La reforma estructural ya comenzó”. Portafolio. Disponible en: http://articuloshernanavendano.blogspot.com.co/2015/10/la-reforma-estructural-ya-comenzo.html.
Ávila, J. (2015). “Tarifas efectivas promedio de las personas jurídicas. Año 2013”. DIAN, Documento Web No. 058, septiembre.
Gómez, H.J. y Steiner, R. (2014). “La reforma tributaria y su impacto sobre la tasa efectiva de tributación de las firmas en Colombia”. Fedesarrollo, diciembre.
Quiñones Cruz Abogados (2015). “Tributación territorial en Colombia”. Documento no publicado.
Schwab, K. (Ed.) (2015). The Global Competitiveness Report 2015–2016. World Economic Forum, Geneva.
Schwab, K. (Ed.) (2014). The Global Competitiveness Report 2014–2015. World Economic Forum, Geneva.
World Bank (2015). Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. The World Bank Group. Washington.
El año 2016 llega con la certeza de una nueva reforma tributaria que, según el ministro de Hacienda, podría ser presentada por el Gobierno a consideración del Congreso en el mes de marzo [el Gobierno anunció que la presentará en el segundo semestre]. Un gran interrogante genera ese hecho: ¿Primará una orientación fiscalista, o se logrará algún avance en la anhelada reforma estructural de las finanzas del Estado?
El riesgo fiscalista surge del notorio deterioro de las finanzas públicas como consecuencia del choque petrolero, que puso al Gobierno contra las cuerdas. El déficit fiscal se alejó de la ruta del déficit estructural definido en la Ley de la Regla Fiscal, por lo que el Gobierno se vio forzado a crecer el endeudamiento público y a poner en marcha un plan de austeridad en el que se está sacrificando esencialmente la inversión.
La esperanza de la reforma estructural proviene del compromiso que asumió el Gobierno durante el trámite de la última reforma tributaria; la base para ella serían los estudios elaborados por la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Colombiano, creada mediante el artículo 44 de la Ley 1739 de 2014.
Dado que la caída de los ingresos tiene carácter estructural (Avendaño, 2015), es necesario un ajuste tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos. En ese contexto, el objetivo de la reforma tributaria debería fijarse en el recaudo que el Gobierno requiere para acomodarse a la nueva realidad de menor gasto, a la recomposición de las fuentes tributarias y a la reducción de la tasa efectiva de tributación de las empresas.
Con relación a la tasa efectiva de tributación empresarial, la percepción general es que su nivel es muy alto e impacta negativamente la competitividad. Esto se comprueba en la última edición del Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial (Schwab, 2015); los empresarios manifestaron que la tasa de impuestos es el principal problema que afecta el entorno de los negocios en el país, lo que contrasta con el informe del año anterior, en el que esta variable fue reportada en el sexto lugar (Schwab, 2014).
De esta forma, es claro que la reforma que se avecina no tiene margen para aumentar el recaudo mediante incrementos en las tarifas aplicadas a las empresas. Por el contrario, es crucial su reducción y la sustitución por otras fuentes, como la que el Gobierno ha sugerido sobre las entidades sin ánimo de lucro, o la mayor contribución de las personas naturales.
Aun cuando hay acuerdo en la percepción sobre las altas tasas efectivas de tributación empresarial en Colombia, no hay una medición única en los análisis recientes.
En este artículo se muestra por qué es importante la reducción de la tasa efectiva de tributación, para lo cual se parte de hacer precisión sobre el concepto, se revisan los estudios recientes que la han medido para Colombia, se hace una comparación internacional y se sugiere un rango como objetivo para reducir los problemas de competitividad que representa la elevada carga tributaria para las empresas.
Tasa efectiva de tributación
La tasa efectiva de tributación se define como el cociente entre los impuestos pagados por una empresa y sus utilidades antes de impuestos y beneficios tributarios.
Esta definición parte del principio de que las empresas no solo pagan impuestos del orden nacional, sino también departamental y municipal; de igual forma, también pueden beneficiarse de exenciones o de incentivos de diversa índole regional.
Si bien el concepto es sencillo, plantea dificultades cuando se trata de hacer una medición real. En el numerador es complejo incluir la totalidad de los impuestos y contribuciones territoriales; según Quiñones Cruz (2015; p. 32) actualmente hay 101 tributos territoriales, entre los cuales se incluyen 28 impuestos y 84 estampillas.
En el denominador, el concepto contable de utilidad antes de impuestos ya está afectado por el pago de diversas contribuciones e impuestos. Como señala Ávila (2015, p. 6) “este agregado ya ha deducido las contribuciones a la seguridad social, los aportes parafiscales, los impuestos predial y de industria y comercio, el 50% del gravamen a los movimientos financieros y en algunos casos el 40% ó 30% de la inversión en activos fijos productivos, de conformidad con los contratos de estabilidad jurídica vigentes”. Adicionalmente, la situación de las empresas que arrojan pérdidas plantea interrogantes respecto a su inclusión o exclusión en los ejercicios de cálculo.
Estas son algunas de las fuentes de discrepancia en las mediciones que han hecho los analistas en el periodo reciente. A ellas hay que sumar las relacionadas con la metodología empleada para la recopilación de la información. Aun así, la tasa efectiva de tributación sigue siendo un buen indicador de la carga de impuestos que soportan las empresas y, cuando la metodología lo permite, se pueden hacer comparaciones con otros países, para colegir los efectos en la competitividad internacional del sector productivo.
Medición con encuesta
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) aplicó en 2014 una encuesta entre sus afiliados, con el objetivo de calcular la tasa efectiva de tributación; abarcó empresas de todos los sectores, regiones y tamaños. La respondieron 253 empresas que reportaron sus pagos de impuestos tanto directos como indirectos por los siguientes conceptos:
En impuestos nacionales se incluyó el impuesto neto de renta, el valor causado de CREE, el impuesto de ganancias ocasionales, el total de IVA que constituye costo o gasto, el IVA sobre activos fijos, la cuota del año 2013 del impuesto al patrimonio, los aranceles en importaciones de inventarios, el gravamen a los movimientos financieros, las regalías y compensaciones, el impuesto al consumo nacional, el impuesto a la gasolina y al ACPM (se tuvo en cuenta que el 35% es descontable de IVA), el impuesto de registro y la contribución a las Superintendencias.
En los gravámenes regionales se incluyó el impuesto de industria y comercio y de avisos y tableros, la contribución de valorización, el impuesto predial, el impuesto al consumo territorial cuando es asumido por la empresa, los impuestos por publicidad exterior visual, el alumbrado público, estampillas y vehículos.
También se tuvieron en cuenta los impuestos específicos del sector, si estos son asumidos por el contribuyente; los pagos a cargo de la empresa por seguridad social y por parafiscales y por último, se dejó un renglón para otros impuestos (ANDI, 2014).
Los resultados indican que la tasa efectiva de tributación fue en promedio para el año 2013 de 68.1% y, al excluir los pagos de seguridad social y parafiscales, de 64.9%. Se registró una amplia dispersión sectorial, con una tasa mínima de 42.9% para el sector de electricidad y una máxima de 77.2% para la industria (gráfico 1). Sin pagos de seguridad social y parafiscales, la mínima correspondió a otros servicios (33.4%) y la máxima al resto de sectores y a la industria (72.7% y 72.4%, respectivamente).
Estos resultados son importantes porque reflejan la carga tributaria en empresas que cumplen con sus obligaciones con los fiscos de los niveles nacional, departamental y municipal. Sin embargo, podrían estar subestimando el valor real, al calcular la tasa efectiva tomando en el cociente las utilidades antes de impuestos, pues varios de los gravámenes reportados ya están pagos al llegar a ese concepto.
Medición con declaraciones de renta y balances
El estudio de Gómez y Steiner (2014) se basó en los balances y estados de resultados de 2013 reportados por las empresas a la Superintendencia de Sociedades y/o a la Superintendencia Financiera. Después de aplicar diferentes filtros, realizaron los cálculos con 17.263 empresas; entre los filtros destaca el de tener valores positivos en las siguientes variables: utilidades antes de impuestos, patrimonio y pago declarado de impuesto de renta.
Los datos de impuestos fueron tomados de las cuentas del PUC correspondientes a impuesto de renta y otros impuestos. A ellos sumaron las contribuciones relacionadas con la nómina, estimados como el 36.6% de los gastos en sueldos. Adicionalmente calcularon un “complemento” que recoge otros impuestos no registrados en otras cuentas específicas del PUC, como son el gravamen a los movimientos financieros y el de patrimonio; los autores reconocen que este cálculo puede sobrestimar el pago de impuestos, al incluir otros gastos que no se pudieron desagregar (Gómez y Steiner; 2014, p. 7).
Los resultados son presentados como un rango, por el problema que genera el cálculo del “complemento”. En promedio, la tasa efectiva de tributación está entre 52.2% y 59.6%. Pero al diferenciarla por tamaños de empresas, se evidencia un sesgo de la tributación contra las pequeñas empresas (gráfico 2); como los autores presentan los diferentes componentes de impuestos, se comprueba que las principales diferencias en las tasas efectivas de tributación por tamaño de empresa surgen del “resto de impuestos” (que incluye los impuestos de industria y comercio, timbre, propiedad raíz, y valorización, entre otros) y de las “contribuciones”.
Una conclusión muy importante que derivan Gómez y Steiner (2014; p. 8) es la relación entre la altísima tasa efectiva de tributación de las empresas pequeñas y la persistencia de la informalidad, que a su vez repercute en la competitividad y el potencial de crecimiento.
El estudio de Ávila (2015) toma como fuente de información las declaraciones de renta del universo de empresas, e incluye los siguientes impuestos para el año gravable 2013:
Impuesto de renta, CREE, impuesto de patrimonio, Gravamen a los Movimientos Financieros (4*1000), IVA no deducible a los bienes de capital, impuesto predial, impuesto de industria y comercio, contribuciones a la seguridad social y aportes parafiscales (p. 7).
A diferencia del estudio de Gómez y Steiner (2014) y de la encuesta de la ANDI (2014), el análisis de Ávila incluye en sus cálculos las empresas que arrojaron pérdidas. Adicionalmente, tiene en cuenta que en la utilidad antes de impuestos ya se han pagado algunos impuestos; por esta razón, toma las utilidades netas del conjunto de empresas. La estimación de la utilidad neta es el resultado de la renta líquida menos la pérdida de renta líquida más las deducciones de origen fiscal que modifican las utilidades empresariales (Ávila, 2015, p. 13). El resultado obtenido es una tasa efectiva de tributación de 61% como promedio para el total de empresas (gráfico 3); 37 puntos porcentuales corresponden a impuestos nacionales, 14 a las contribuciones de la seguridad social, 7 impuestos locales y 4 a los aportes parafiscales (Ávila, 2015, p. 14).
Ávila (2015) presenta una conclusión sorprendente relacionada con el impacto de la evasión en la tasa efectiva de tributación:
Estos cálculos asumen que las utilidades declaradas están libres de evasión. Sin embargo, la evasión se convierte en un vehículo para reducir las tarifas efectivas. Así por ejemplo, si la tasa de evasión promedio de la economía fuera del 30%, la tasa promedio efectiva general ya no sería del 61% sino del 43% (p. 20).
Este argumento es muy discutible. De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, para una empresa hipotética de tamaño mediano a la que se le aplican todos los tributos, deducciones y exenciones establecidos en el estatuto tributario de Colombia, la tasa efectiva de tributación es del 69.7% (World Bank, 2015). Se da por hecho que el Banco Mundial no incluye la evasión o la elusión de impuestos en sus cálculos. Pero el argumento de Ávila (2015) da pie para presumir lo contrario; esto es, que en efecto las elevadas tasas efectivas de tributación inducen a la evasión y a la informalidad, como explícitamente lo sugieren Gómez y Steiner (2014). Esto implica que si la tasa efectiva de tributación se reduce, también podría descender la evasión, la elusión y la informalidad.
Medición con empresas hipotéticas
El Doing Business del Banco Mundial realiza anualmente una medición de la carga de impuestos de las empresas de 189 países. Para ello se fundamenta en una empresa hipotética de tamaño mediano del sector industrial o comercial; creada en 2013 como sociedad limitada en la mayor ciudad del país y no recibe incentivos a la inversión. Se adoptan supuestos sobre los socios, el número de empleados, los activos, la facturación, distribución de beneficios, margen de utilidad, etc. (World Bank, 2015, p. 145).
El ejercicio incluye todos los impuestos y contribuciones relevantes a nivel nacional, regional y local. Entre ellos incluye:
El impuesto sobre las ganancias o el impuesto sobre los ingresos de las empresas, las contribuciones a la seguridad social e impuestos laborales correspondientes al empleador, los impuestos sobre la propiedad, sobre la transmisión de la propiedad, sobre los dividendos, sobre las ganancias de capital y sobre las transacciones financieras, así como los impuestos de recolección de residuos, de vehículos y de circulación, y otros impuestos o tasas de menor cuantía (World Bank, 2015, p. 144).
La tasa de impuesto total es medida como el coeficiente entre el total de impuestos pagados desde el segundo año de operación de la empresa y las utilidades obtenidas; el total de impuestos es neto de las deducciones y exenciones que correspondan.
El informe más reciente estimó en 69.7% la tasa efectiva de tributación de Colombia (World Bank, 2015, p. 195). Esa tasa es la décima más alta entre el total de países incluidos en el estudio.
Cabe anotar que la tasa registrada el año anterior era mayor (75.4%), y se ubicaba como la sexta más alta del mundo; la mejora en la posición se debe al efecto de la eliminación de los parafiscales del Sena y el ICBF con la reforma tributaria de 2012. Sin embargo, no hay una tendencia a mejorar, pues la reforma tributaria de 2014 siguió aumentando la carga tributaria de las empresas. A esa conclusión llegan Gómez y Steiner (2014, p. 13): “Para las empresas medianas y grandes, la reforma tributaria propuesta dispara las tarifas efectivas de tributación. A pesar de que el impuesto a la riqueza se va reduciendo año a año, el incremento de la sobretasa al CREE compensa y rebasa el recaudo hecho por esta nueva forma de impuesto al patrimonio”.
Comparación internacional
Las metodologías implementadas en los estudios de la ANDI (2014), Gómez y Steiner (2014) y Ávila (2015) no permiten una comparación directa con otros países.
No obstante, Gómez y Steiner (2014) hicieron un ejercicio con una metodología diferente, acercándose a la usada por el Banco Mundial, para comparar la carga tributaria de Colombia con la de los socios de la Alianza del Pacífico. Para el efecto, definieron las características de una empresa prototipo de tamaño mediano a la cual le aplicaron la regulación tributaria de cada país; para el caso colombiano tomaron la estructura tributaria con los impactos estimados de la reforma tributaria de 2013 [corrección 2014].
Los resultados comprueban que en las empresas de Colombia la tasa efectiva de tributación de las empresas medianas es la más alta entre los cuatro países. Al ampliar el ejercicio para otros tamaños de empresas, también se comprueba que es la mayor tasa efectiva de tributación (gráfico 4).
Las estimaciones del Banco Mundial son comparables porque tienen una metodología común. Como ya se indicó la tasa efectiva de tributación de Colombia es una de las más altas del mundo. Con el fin de tener una referencia de cuál debería ser una tasa objetivo para el país, se tomaron varios países de la región, dos de Asia y el promedio de la OCDE. El gráfico 5 muestra la gran diferencia que hay entre Colombia y esas economías con las que compite en los mercados internacionales.
Al hacer la comparación con México, el principal aporte a la diferencia proviene de los impuestos municipales y el gravamen a los movimientos financieros (GMF) en Colombia. Con Perú, las diferencias más notables están en la seguridad social, los impuestos municipales y el GMF. Con Ecuador, surgen del impuesto de renta y los impuestos ya mencionados.
A partir de la distribución de países por la tasa efectiva de tributación que se presenta en el gráfico 6, sería deseable que Colombia se ubicara en el rango de tasas entre mayor o igual a 30% y menor a 40%, que es donde se encuentra la mayor parte de las economías. En este rango están países como Vietnam, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay, Taiwán, Corea, Ecuador e Israel, entre otras.
Pero se podría plantear un proceso gradual, en el que en una primera etapa el objetivo fuera moverse hacia el rango entre mayor o igual a 40% y menor a 50%; ahí se encuentran economías como Malasia, Turquía, Uruguay, República Dominicana, Filipinas, Honduras y Rusia, entre otros. Lamentablemente, por los efectos de la reforma tributaria de 2013 [corrección 2014], volverá a moverse al rango de mayor o igual a 70%, en el cual estuvo el año anterior.
Comentarios finales
Todos los estudios recientes verifican que Colombia tiene una tasa efectiva de tributación muy alta, que se ubica por encima del 50%.
En todos los estudios, con la excepción del de Ávila (2015), hay una posible sobrestimación de la carga tributaria, al utilizar en el cociente las utilidades después de impuestos.
El estudio de Ávila (2015) tiene la ventaja de tener acceso a las declaraciones de renta de las empresas, pero hay una posible subestimación en los resultados por no incluir sino unos pocos gravámenes departamentales y municipales que, como lo muestra la medición del Banco Mundial, tienen un impacto elevado en la tasa efectiva de tributación.
Pero, por otra parte, en ese estudio también puede haber una sobrestimación de los resultados al incluir las empresas que registraron pérdidas. Aun cuando el tema es complejo, si el objetivo es medir la forma en que los múltiples tributos inciden en la carga tributaria de las empresas, no tiene mucho sentido incluirlas, pues de todos modos hay varios gravámenes que debe pagar la empresa independientemente de su estado de resultados. Como las utilidades netas son menores para el conjunto de empresas al tener en cuenta las pérdidas, el cociente resultante tiende a ser mayor.
Las diversas metodologías reseñadas no permiten la comparación internacional, con excepción de la diseñada por el Banco Mundial, pues está construida sobre bases homogéneas. También tiene la ventaja de ofrecer una serie que permite ver la evolución de la carga tributaria.
Para la reforma tributaria que viene, el Gobierno debería fijar entre sus objetivos reducir la tasa efectiva de tributación de las empresas, en una primera etapa a un rango entre 40% y 50%, con una mira en el largo plazo de ubicarla entre 30% y 40%.
La reducción de la carga tributaria es esencial por tres razones básicas: 1. Restablecer la competitividad perdida frente a competidores internacionales que tienen menor tasa efectiva de tributación. 2. Reducir la evasión y la elusión. 3. Coadyuvar al propósito de reducir la informalidad, que es un lastre para la productividad del país.
Bibliografía
Andi (2014). “Encuesta tasa tributaria efectiva 2014: ¿Cuánto pagan las empresas colombianas en impuestos?”. Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Disponible en: http://www.andi.com.co/SalPren/Documents/Encuesta%20tasa%20tributaria%20efectiva%202014.pdf.
Avendaño, H. (26 de octubre de 2015). “La reforma estructural ya comenzó”. Portafolio. Disponible en: http://articuloshernanavendano.blogspot.com.co/2015/10/la-reforma-estructural-ya-comenzo.html.
Ávila, J. (2015). “Tarifas efectivas promedio de las personas jurídicas. Año 2013”. DIAN, Documento Web No. 058, septiembre.
Gómez, H.J. y Steiner, R. (2014). “La reforma tributaria y su impacto sobre la tasa efectiva de tributación de las firmas en Colombia”. Fedesarrollo, diciembre.
Quiñones Cruz Abogados (2015). “Tributación territorial en Colombia”. Documento no publicado.
Schwab, K. (Ed.) (2015). The Global Competitiveness Report 2015–2016. World Economic Forum, Geneva.
Schwab, K. (Ed.) (2014). The Global Competitiveness Report 2014–2015. World Economic Forum, Geneva.
World Bank (2015). Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. The World Bank Group. Washington.
Brasil: ¡qué mal ejemplo!
viernes, 12 de febrero de 2016
Publicado en Portafolio el 12 de febrero de 2016
Con la flaca memoria que nos caracteriza, pocos recordarán que aquellos que vienen sosteniendo que en Colombia no hay política industrial proponían a Brasil como el ejemplo a seguir.
Aun cuando nunca lo aceptaron abiertamente, lo que en el fondo deseaban era fortalecer las políticas proteccionistas, pues esa es la base de la política industrial brasileña. Hoy, los resultados de tales políticas están a la vista. Según The Economist: “Brasil ha protegido a sus empresas de la competencia internacional. Esa es una razón por la cual, entre 41 países cuyo desempeño fue medido por la Ocde, su productividad manufacturera es la cuarta más baja”.
La economía brasileña viene enfrentando la recesión más prolongada de su historia (The Economist); la variación del PIB en el 2015 fue -3,8 por ciento y para el 2016 se proyecta en -3,5 por ciento. Aun cuando hay factores coyunturales, como la caída de los precios internacionales de los productos básicos y la depreciación del real, estos fueron acentuados por problemas de fondo, como la calidad de las políticas macroeconómicas y la corrupción que recientemente se empezó a ventilar.
En el frente fiscal hay serios problemas. El déficit fiscal aumentó de 2,0 a 10 por ciento del PIB entre el 2010 y el 2015, la deuda pública es el 70 por ciento del PIB, y su servicio alcanza al 7 por ciento del PIB. En su afán por reducir este desbalance, el gobierno viene aumentando la carga tributaria de las empresas, a costa de su competitividad.
Según el Doing Business 2016, Brasil tiene la décima primera tasa efectiva de tributación empresarial más alta del mundo (69,2 por ciento), ligeramente menor a la de Colombia (69,7 por ciento) que es la décima. Según la Ocde, el 88,4 por ciento del recaudo de impuestos directos proviene de las empresas y solo el 11,6 por ciento de las personas.
Por si fuera poco, Brasil es el país del mundo en el que los empresarios gastan más tiempo para pagar sus tributos: ¡2.600 horas/año! En comparación, la media de América Latina es 360 horas, y en Colombia, 239 horas.
La inflación está en 11,3 por ciento anual, por lo que el banco central subió la tasa de interés al 14,25 por ciento. Pero, dado que el banco no es autónomo, el ajuste de su tasa de intervención a los niveles requeridos le plantea un dilema, por sus impactos sobre el servicio de la deuda pública.
El sistema pensional es una bomba de tiempo. The Economist destaca cómo Brasil, con una población joven, gasta más recursos en pensiones (cerca del 12 por ciento del PIB) que Japón, que tiene una población más vieja y es una economía más rica. Las edades de retiro son bajas, los trabajadores públicos, los militares y los políticos pueden acumular varias pensiones y, como en Colombia, la pensión mínima es igual al salario mínimo.
Para completar ese complejo panorama macroeconómico, según The Economist, alrededor del 90 por ciento del gasto público está protegido contra los recortes, por la Constitución y las leyes.
En ese contexto, es muy complejo realizar los ajustes que la economía necesita para retornar a la senda de crecimiento que registró a comienzos del siglo. Por eso las calificadoras le quitaron el grado de inversión.
En síntesis, es evidente que Brasil no es un modelo de desarrollo económico para seguir en Colombia.
Con la flaca memoria que nos caracteriza, pocos recordarán que aquellos que vienen sosteniendo que en Colombia no hay política industrial proponían a Brasil como el ejemplo a seguir.
Aun cuando nunca lo aceptaron abiertamente, lo que en el fondo deseaban era fortalecer las políticas proteccionistas, pues esa es la base de la política industrial brasileña. Hoy, los resultados de tales políticas están a la vista. Según The Economist: “Brasil ha protegido a sus empresas de la competencia internacional. Esa es una razón por la cual, entre 41 países cuyo desempeño fue medido por la Ocde, su productividad manufacturera es la cuarta más baja”.
La economía brasileña viene enfrentando la recesión más prolongada de su historia (The Economist); la variación del PIB en el 2015 fue -3,8 por ciento y para el 2016 se proyecta en -3,5 por ciento. Aun cuando hay factores coyunturales, como la caída de los precios internacionales de los productos básicos y la depreciación del real, estos fueron acentuados por problemas de fondo, como la calidad de las políticas macroeconómicas y la corrupción que recientemente se empezó a ventilar.
En el frente fiscal hay serios problemas. El déficit fiscal aumentó de 2,0 a 10 por ciento del PIB entre el 2010 y el 2015, la deuda pública es el 70 por ciento del PIB, y su servicio alcanza al 7 por ciento del PIB. En su afán por reducir este desbalance, el gobierno viene aumentando la carga tributaria de las empresas, a costa de su competitividad.
Según el Doing Business 2016, Brasil tiene la décima primera tasa efectiva de tributación empresarial más alta del mundo (69,2 por ciento), ligeramente menor a la de Colombia (69,7 por ciento) que es la décima. Según la Ocde, el 88,4 por ciento del recaudo de impuestos directos proviene de las empresas y solo el 11,6 por ciento de las personas.
Por si fuera poco, Brasil es el país del mundo en el que los empresarios gastan más tiempo para pagar sus tributos: ¡2.600 horas/año! En comparación, la media de América Latina es 360 horas, y en Colombia, 239 horas.
La inflación está en 11,3 por ciento anual, por lo que el banco central subió la tasa de interés al 14,25 por ciento. Pero, dado que el banco no es autónomo, el ajuste de su tasa de intervención a los niveles requeridos le plantea un dilema, por sus impactos sobre el servicio de la deuda pública.
El sistema pensional es una bomba de tiempo. The Economist destaca cómo Brasil, con una población joven, gasta más recursos en pensiones (cerca del 12 por ciento del PIB) que Japón, que tiene una población más vieja y es una economía más rica. Las edades de retiro son bajas, los trabajadores públicos, los militares y los políticos pueden acumular varias pensiones y, como en Colombia, la pensión mínima es igual al salario mínimo.
Para completar ese complejo panorama macroeconómico, según The Economist, alrededor del 90 por ciento del gasto público está protegido contra los recortes, por la Constitución y las leyes.
En ese contexto, es muy complejo realizar los ajustes que la economía necesita para retornar a la senda de crecimiento que registró a comienzos del siglo. Por eso las calificadoras le quitaron el grado de inversión.
En síntesis, es evidente que Brasil no es un modelo de desarrollo económico para seguir en Colombia.
Turbio panorama mundial
viernes, 15 de enero de 2016
Publicado en Portafolio el 15 de enero de 2016
Si el desempeño de la economía mundial en 2015 fue complejo, todo parece indicar que el de 2016 lo será aún más. El bajo dinamismo del PIB desde la crisis de 2008-2009, se ha relacionado con diversos aspectos coyunturales. Pero también hay analistas que vienen insistiendo en la existencia de problemas estructurales que, de no ser reconocidos por las autoridades económicas, prolongarán el estancamiento global.
Estados Unidos crece a un ritmo sostenido pero bajo; Japón entró nuevamente en recesión; en la Unión Europea se crece a diversas velocidades y persiste el riesgo de deflación; los BRICS, con excepción de la India, se desaceleraron y Rusia y Brasil están en crisis, y las economías exportadoras de productos básicos frenaron su crecimiento por la terminación de la bonanza de precios.
En 2016 no se espera un cambio de tendencia en los precios de los productos básicos. En lo referente al petróleo las cotizaciones seguirán bajas por la persistencia de la sobreoferta y la débil demanda; en el mejor de los casos, los precios fluctuarán en un rango entre 20 y 50 dólares por barril.
La decisión de la FED de incrementar su tasa de intervención tendrá repercusiones en el mundo en desarrollo, al sumarse al choque de precios de los productos básicos. Es posible que se registren mayores salidas de capitales, depreciaciones adicionales de las monedas y reducción de la liquidez de los mercados financieros internacionales.
La contracción del comercio mundial se prolongará durante el presente año, pues como lo destacan diversos analistas, la postración de la demanda agregada impide un mayor crecimiento.
En China sigue la tendencia a la desaceleración y la demora en sus ajustes estructurales hace prever que no volverá a crecer a niveles del 10 por ciento. Por el contrario, podría más bien converger a tasas de crecimiento del 2 por ciento, similares a las de Estados Unidos.
La economista Carmen Reinhart advierte que “desde un punto de vista histórico, las economías emergentes parecen encaminadas hacia una gran crisis”, como consecuencia de los profundos cambios que están ocurriendo en la economía mundial (“¿Un año de incumplimientos soberanos?”, Project Syndicate, diciembre 31 del 2015).
Esa posibilidad nace del impacto de las depreciaciones monetarias sobre los elevados endeudamientos contraídos en los años de monedas fuertes y bajas tasas de interés; a ello se suma el efecto de los choques de los precios internacionales sobre los déficits de la cuenta corriente y de las finanzas públicas, el aumento de las tasas de interés de la FED y el endurecimiento de los mercados de capitales.
Por último, Larry Summers afirma que “por desgracia, la experiencia (…) ha tendido a confirmar la hipótesis del estancamiento secular” (“My views and the Fed’s views on secular stagnation”; diciembre 22 del 2015). En el marco de esa hipótesis, la normalización de la política monetaria por parte de la FED es una decisión errónea y no sostenible, de forma que en el mediano plazo la desaceleración de la economía forzará la baja de la tasa de intervención.
En síntesis, el tránsito del 2016 luce espinoso. En esas turbias aguas tendrán que tomar decisiones las autoridades económicas de cada país, para protegerse de los choques adversos, fortalecer la dinámica de la demanda interna y buscar el mayor crecimiento posible.
Si el desempeño de la economía mundial en 2015 fue complejo, todo parece indicar que el de 2016 lo será aún más. El bajo dinamismo del PIB desde la crisis de 2008-2009, se ha relacionado con diversos aspectos coyunturales. Pero también hay analistas que vienen insistiendo en la existencia de problemas estructurales que, de no ser reconocidos por las autoridades económicas, prolongarán el estancamiento global.
Estados Unidos crece a un ritmo sostenido pero bajo; Japón entró nuevamente en recesión; en la Unión Europea se crece a diversas velocidades y persiste el riesgo de deflación; los BRICS, con excepción de la India, se desaceleraron y Rusia y Brasil están en crisis, y las economías exportadoras de productos básicos frenaron su crecimiento por la terminación de la bonanza de precios.
En 2016 no se espera un cambio de tendencia en los precios de los productos básicos. En lo referente al petróleo las cotizaciones seguirán bajas por la persistencia de la sobreoferta y la débil demanda; en el mejor de los casos, los precios fluctuarán en un rango entre 20 y 50 dólares por barril.
La decisión de la FED de incrementar su tasa de intervención tendrá repercusiones en el mundo en desarrollo, al sumarse al choque de precios de los productos básicos. Es posible que se registren mayores salidas de capitales, depreciaciones adicionales de las monedas y reducción de la liquidez de los mercados financieros internacionales.
La contracción del comercio mundial se prolongará durante el presente año, pues como lo destacan diversos analistas, la postración de la demanda agregada impide un mayor crecimiento.
En China sigue la tendencia a la desaceleración y la demora en sus ajustes estructurales hace prever que no volverá a crecer a niveles del 10 por ciento. Por el contrario, podría más bien converger a tasas de crecimiento del 2 por ciento, similares a las de Estados Unidos.
La economista Carmen Reinhart advierte que “desde un punto de vista histórico, las economías emergentes parecen encaminadas hacia una gran crisis”, como consecuencia de los profundos cambios que están ocurriendo en la economía mundial (“¿Un año de incumplimientos soberanos?”, Project Syndicate, diciembre 31 del 2015).
Esa posibilidad nace del impacto de las depreciaciones monetarias sobre los elevados endeudamientos contraídos en los años de monedas fuertes y bajas tasas de interés; a ello se suma el efecto de los choques de los precios internacionales sobre los déficits de la cuenta corriente y de las finanzas públicas, el aumento de las tasas de interés de la FED y el endurecimiento de los mercados de capitales.
Por último, Larry Summers afirma que “por desgracia, la experiencia (…) ha tendido a confirmar la hipótesis del estancamiento secular” (“My views and the Fed’s views on secular stagnation”; diciembre 22 del 2015). En el marco de esa hipótesis, la normalización de la política monetaria por parte de la FED es una decisión errónea y no sostenible, de forma que en el mediano plazo la desaceleración de la economía forzará la baja de la tasa de intervención.
En síntesis, el tránsito del 2016 luce espinoso. En esas turbias aguas tendrán que tomar decisiones las autoridades económicas de cada país, para protegerse de los choques adversos, fortalecer la dinámica de la demanda interna y buscar el mayor crecimiento posible.
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